Presentación
Crecí y viví en un barrio popular de la ciudad de Bogotá. Mi familia, al igual que muchas de las que lo habitaron y lo habitan en la actualidad, proviene de pueblos y ciudades pequeñas, y arribaron a la capital en busca de mejores opciones laborales y profesionales.
En este contexto, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, al no tener opciones públicas ni privadas para el cuidado de sus hijos e hijas, las mujeres del barrio se organizaron e iniciaron la conformación de un gran movimiento llamado Casas Vecinales, un hito fundante de los espacios de cuidado de los niños y niñas más pobres de la ciudad. Mi madre fue parte de este movimiento social y, junto con otras mujeres del barrio, fundó la Casa Vecinal del Verbenal.
A este espacio asistí desde los 4 años, fui parte también en mi adolescencia y juventud, no solo porque luego del colegio todos los días yo almorzaba allí y hacía mis tareas escolares, sino porque alrededor del cuidado de los niños y niñas pequeños estas mujeres crearon un sinnúmero de procesos comunitarios de los que también hice parte: cineclubes, grupo de danzas, biblioteca, microempresa para las mujeres y grupos juveniles. Más tarde, las Casas Vecinales fueron apoyadas y acogidas por el Estado, y a finales de los años noventa fueron reguladas –contratadas– por este, convirtiéndose en una modalidad de la educación inicial. Sin embargo, poco a poco sus contratos fueron dejados sin efecto; entre estos, el de la casa vecinal en la que crecí, lo cual la llevó a su final. Ocurrido esto, algunas de las mujeres –quienes se habían profesionalizado y formado– pasaron a ser maestras en jardines públicos de la ciudad; entre ellas, mi madre, quien siguió siendo maestra de niños y niñas hasta su jubilación.
Crecer y hacer parte de este espacio generó preguntas y reflexiones, por un lado, sobre las mujeres que se organizaron para garantizar el cuidado de hijos e hijas propios y ajenos, además de generar un espacio laboral y político para sí mismas; y, por otro, sobre las prácticas y relaciones cotidianas que se establecían entre las cuidadoras y los niños y niñas.
No es entonces fortuito que mi trayectoria laboral y profesional se haya desarrollado en el campo de lo que actualmente se denomina primera infancia, no solo como investigadora, sino como parte de los equipos e instituciones que lideran políticas y programas para esta población en Colombia. He sido trabajadora de y por la primera infancia desde el año 2004, desde distintos niveles y sectores, con diversidad de tareas. Por ende, esta investigación está atravesada por mi propia biografía y recorrido profesional, por las lecturas, discusiones, encuentros y desencuentros con autores, por las propias políticas y programas de los que he hecho parte.
Este documento no es más que un ejercicio para sistematizar, organizar y dar un marco de sentido conceptual y metodológico a mis propias búsquedas y preguntas –siempre anudadas al cuidado de niños y niñas, desde el nivel institucional y programático como desde el nivel cotidiano–, para tratar de comprender las formas como desde el Estado y las interacciones cotidianas construimos la primera infancia y su bienestar.
Planteamiento del problema
Los niños y niñas, especialmente en sus primeros años, requieren de los otros para su supervivencia; esos otros son responsables de preservar sus vidas, de sostenerlas a través de relaciones y prácticas de cuidado que tienen lugar en contextos específicos, ya sea en el ámbito privado o público. Es sobre estas prácticas y relaciones de cuidado que se configura el bienestar de la infancia del que habla esta investigación; prácticas y relaciones mediadas por sujetos, contextualizadas en escenarios específicos, enmarcadas en políticas e instituciones.
La primera infancia[1] adquiere un lugar especial desde la última década del siglo XX[2], puesto que existe un sinnúmero de eventos, congresos y documentos que la ratifican, además de varios compromisos globales que hacen mención específica de su cuidado y educación[3], lo que la convierte en un tema prioritario tanto de la agenda de política pública como académica de la región. Estas intervenciones se sustentan en investigaciones y estudios basados en evidencia que demuestran la importancia de la implementación de políticas y programas para el desarrollo no solo de los niños y niñas, sino de los países (Berlinski y Schady, 2015; Kagan y Cohen, 1996; Myers, 2003; Peralta y Fujimoto, 1998; Unesco, 2010a; Young y Fujimoto, 2012).
La denominación primera infancia encierra una doble connotación: por un lado, se refiere a los niños y niñas más pequeños, pues alude a un recorte etario que corresponde a una primera etapa de desarrollo planteada por la psicología evolutiva; y, por otro, se trata de un campo de acción amplio y heterogéneo que comprende intervenciones en las que se incluyen diferentes actores, intereses, sentidos y acciones, y en el que disciplinas como la pedagogía, la medicina, la psicología y la economía han tenido una fuerte incidencia. Es decir, se trata de una categoría que condensa términos y definiciones, bajo la cual se comprende a niños y niñas y las formas en que el Estado y la sociedad se relacionan con ellos y sus familias.
La visibilización y priorización de los niños y niñas más pequeños se soporta en “argumentos” que desde la década del noventa se posicionan como un marco consensuado en toda la región y permanecen en la actualidad integrando nuevas demandas y categorías de la cuestión social. Por ejemplo, ya no se habla de las intervenciones como alternativa de lucha contra la pobreza –argumento central que en las décadas de los ochenta y noventa permitió priorizar el tema–, sino como estrategias para la superación de la desigualdad y la fragmentación social (Unesco, 2010a), o como instrumentos para promover la igualdad y la equidad (Berlinski y Schady, 2015).
Estos argumentos comprenden distintos actores y funciones, por lo que se retomará la organización realizada por Peralta y Fujimoto (1998) alrededor de tres grupos: el primero, en función de los niños y niñas; el segundo, en función de las familias y comunidades; y el tercero, en función de la sociedad en general. Se incluirán algunas transformaciones que con el paso del tiempo se han integrado a los argumentos ya “clásicos”, así como algunas aristas problematizadoras.
Los argumentos organizados en función de los niños y niñas abordan temas de crecimiento, desarrollo y aprendizaje que en gran medida están soportados en evidencia científica, donde las neurociencias y la psicología tienen un peso fundamental, y se aglutinan en torno a dos ideas fuerza: la primera alude a la infancia como período de mayor vulnerabilidad, mientras que la segunda apunta a una etapa de mayor y mejor aprovechamiento de sus capacidades. Generalmente, se afirma que las intervenciones en los niños y niñas más pequeños tendrán un impacto positivo para su vida posterior (Unesco, 2010a). Más recientemente, dentro este grupo de argumentos se incluyen aquellos que hacen alusión al reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y se considera a la primera infancia un período esencial para alcanzarlos.
Además de esto, se hace referencia de forma especial a los niños y niñas que tienen mayores desventajas. Esto evidencia un deslizamiento y, por momentos, un traslapamiento entre los fines de las intervenciones –lograr un mayor desarrollo de capacidades en los niños y niñas– y las acciones de tipo compensatorio. Esta doble intención aparecerá como una constante en las modalidades de atención a la primera infancia, lo que generará tensiones entre las políticas educativas y las políticas sociales para los niños y niñas menores de 5 años (Reveco, 2005), así como ambigüedades frente al sentido de las modalidades de atención –lucha contra la pobreza, cuidado, educación y enseñanza, por enumerar algunos– y sobre quiénes reposa la responsabilidad de estas atenciones –familias, padres, madres, sector salud, sector educación, sector social, entre otros–.
Un segundo grupo de argumentos se desarrolla en función de las familias y comunidades, ya que gira alrededor del rol aglutinador o el poder de convocatoria de aquellos temas que tienen que ver con los niños, además de la posibilidad de introducir y legitimar prácticas adecuadas para el cuidado y la crianza. Igualmente, incluye la consideración de estas intervenciones como opción para que las mujeres –algunas, no todas–[4] puedan salir de su casa y hacer parte del mercado laboral.
Existe un amplio reconocimiento sobre la importancia de la familia y la comunidad en la atención y cuidado de la primera infancia. No obstante, esta participación se ha entendido de manera muy diversa, con frecuencia se circunscribe al aporte de recursos materiales o hacer presencia en actividades educativas más que a una participación activa en las decisiones que afectan a sus hijos, o en la definición y desarrollo de políticas y programas (Unesco, 2010a).
En general, los Estados han incluido a las familias en las intervenciones para la primera infancia a través de programas de formación para padres y madres –especialmente para estas últimas–, lo que abre un nuevo espectro de razones para sustentarlas y deja ver a trasluz cómo este tipo de injerencia pública en los primeros años de vida consolida formas específicas de prescripción sobre lo que deben hacer y elegir los padres y madres, con la idea de “contribuir a encauzar” sus decisiones (Berlinski y Schady, 2015). En este punto se ubican dos aristas problemáticas: por una parte, comprender estas intervenciones como modalidades de educación infantil; y, por otra, analizar estos programas como estrategias de moralización de las familias pobres (Rosemberg, 2009).
Dentro de este grupo de argumentos, el concepto que se tiene sobre la familia cobra un valor fundamental. Se puede observar que el modelo familiar tradicional es el que prevalece a la hora de la formulación de políticas para la infancia (Salazar, Jiménez y Wanderley, 2010; Unesco, 2010a) y quedan invisibilizadas las responsabilidades que tiene cada integrante frente a sus miembros dependientes, lo que no solo oculta la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que incluso se naturaliza dentro de los programas al contar con el tiempo de ellas y al evocar la relación supuestamente natural mujer/madre-niños. De esta manera, la definición de primera infancia está soportada en imágenes de familia, de madre y de maternidad con impactos tanto para las mujeres como para los niños.
En última instancia, el tercer grupo se constituye en función de la sociedad, ya que se reúnen los argumentos respecto a las ganancias que tendría la sociedad en general frente a las intervenciones y la priorización de la primera infancia, y tiene como idea fuerza la inversión social y su alto retorno en el futuro (Berlinski y Schady, 2015). Se afirma que la atención integral a la primera infancia será la clave para el desarrollo de los países, con una mejor distribución de ingresos y trabajadores más calificados y productivos (Fujimoto y Peralta, 1998).
Estas proposiciones han tenido una enorme potencia en la región para el posicionamiento del tema. Sin embargo, la promesa de un mejor futuro para los niños pequeños con la cual se sustentó su priorización[5] dentro de la agenda política, económica[6] y académica, contrasta con la situación actual de la infancia, cuando se reconoce que:
a pesar de configurarse un panorama alentador, la región no ha podido aún superar desigualdades estructurales de larga data que han generado sociedades altamente fragmentadas en el acceso a bienes sociales, culturales y económicos. Consecuentemente las condiciones de vida de los niños durante la primera infancia reflejan inevitablemente aquellas desigualdades. (Unesco, 2010a, p. 25)
Es así como frente a la evidencia de una promesa aún no cumplida se identifica una transformación en los argumentos iniciales, los que estuvieron circunscritos al “por qué” priorizar e invertir en la primera infancia, para pasar a una ampliación de estos, en los que se incluyen discusiones en torno a qué tipo de intervenciones son mejores, es decir, a los “cómo” más pertinentes. Las formas de implementación adquieren un lugar protagónico: “los retornos esperados de inversiones más grandes dependerán en gran parte de las características de los programas ampliados” (Berlinski y Schady, 2015, p. 180). De ahí que se abra una nueva línea argumentativa tanto para los estudios como para las intervenciones, la llamada “calidad” de las atenciones.
Como bien lo afirman Dahlberg, Moss y Pence (2005), se ha posicionado en el campo de las intervenciones en primera infancia un lenguaje en el que predomina la naturaleza técnica, administrativa o gerencial que busca disponer de mecanismos que aseguren la estandarización, la predicción y el control, lo que genera un discurso uniforme y compacto que no solo invisibiliza las tensiones y contradicciones que se presentan en las implementaciones, sino en el que se asume “que existe un ente o una esencia de la calidad que es una verdad cierta, objetiva y cognoscible que aguarda ‘ahí afuera’ a que alguien la descubra y la describa” (p. 151).
De este modo, un elemento central identificado en los tres grupos de argumentos es convertir a los niños y niñas más pequeños no solo en uno de los “recursos” sociales más preciados, sino en una “promesa” de un mejor futuro. De ahí que planteemos que la primera infancia condensa en argumentos, políticas, programas e intervenciones formas específicas de entender –definir– y de relacionarnos con los niños y niñas, quienes dentro de esta denominación adquieren un “valor social especial”, lo que actualmente hace de ella una de las categorías más fuertes en el campo de las intervenciones para la infancia y la más concentradora de recursos en la región.
A este despliegue que se ha dado de la atención a las necesidades de los niños y niñas más pequeños[7], desde corrientes críticas feministas, se le ha denominado estado de inversión social (Lister, 2006). Diversas autoras señalan que se ha sostenido sobre un marcado enfoque instrumentalista que genera políticas y programas que han divorciado al niño de su familia y que han ocasionado una “iconización” de su imagen, lo que paradójicamente lo ha eclipsado en su condición de niño, dado que se sustentan en lo que se espera que este sea en el futuro (Fonseca, 2011; Lister, 2006; Molyneux, 2006; Rasavi, 2007).
Además de esto, se plantea que centrar las necesidades en grupos específicos de niños ha restado importancia a determinantes estructurales de clase económica y social, y ha posicionado la cuestión social de la infancia como una responsabilidad en el ámbito familiar y personal, como afirma Lister (2006), pasando por alto discusiones fundamentales frente a la responsabilidad y al papel del Estado respecto a los niños y niñas, como la asignación de presupuestos y la articulación de las políticas de infancia con políticas macroeconómicas.
Este hecho ha expulsado del debate la desigualdad y la pobreza, perpetuando inequidades de género y ocultando las dominaciones de raza, clase y edad (Rosemberg, 2003), lo que genera una despolitización de las necesidades y problemáticas de los niños y niñas, las desarticula de los determinantes estructurales a los que obedecen y desdibuja su carácter relacional respecto de las necesidades de sus familias y comunidades.
De esta forma, se han instaurado construcciones específicas sobre lo que es el bienestar de la primera infancia y, por esta misma vía, sobre sus familias y especialmente sobre las mujeres, ya que las intervenciones se soportan en imágenes y concepciones sobre infancia, familia y mujer. En este sentido, las dos líneas críticas centrales plantean, por un lado, que se trata de una instrumentalización de los derechos de los niños y niñas, lo que pasa a ser meramente una vía para lograr un tipo de ciudadano adulto en un futuro; y, por otro, que las formas de interpelación a las mujeres en tanto madres –vehículos de implementación de los programas– agrega conflictos entre los derechos de las mujeres y los de los niños, y trata las necesidades y demandas de aquellas como subsidiarias a las necesidades infantiles, en el mejor de los casos. Es decir, se contraponen las necesidades y derechos de los niños y las mujeres, y no se toman como lo que son: elementos interdependientes.
De manera muy sintética se podría decir que los abordajes sobre las intervenciones para la primera infancia se organizan en tres líneas de trabajo. En primer lugar, desde una perspectiva técnico-administrativa que promueve la aplicación de mejores prácticas, especialmente desde los organismos internacionales (BID, Unicef, Unesco, OEA, OECD), a través de publicaciones y transferencias metodológicas que indican la importancia de intervenir en esta franja etaria en función de los argumentos ya mencionados, además de dar directrices para la formulación de políticas, programas y proyectos adecuados y eficientes. En segundo lugar, desde el campo educativo que reconoce la educación para la primera infancia con un sentido y características propias, y que avanza en discusiones y reflexiones que permiten la construcción de currículos y lineamientos pedagógicos, modelos y didácticas especiales pertinentes. Y, en tercer lugar, desde las teorías del desarrollo infantil que se enfocan en dos líneas centrales: alrededor de los estudios de vínculo o apego y sobre los procesos de medición y valoración de dicho desarrollo a través de instrumentos o escalas.
Estos abordajes, cuya relevancia no se pondrá en cuestión aquí, han eclipsado otras discusiones y procesos centrales de las intervenciones para la primera infancia. Me refiero a que estas últimas se soportan en sesgos y supuestos –sobre las familias, las mujeres y los niños– que se convierten en implícitos de los programas y políticas, lo cual lleva a la naturalización de ciertas prácticas de cuidado y vela las relaciones de poder y subordinación que existen allí.
Tales sesgos y supuestos se transmiten a través de sentidos y relaciones que configuran lo que entendemos por bienestar infantil. Se lo asume, entonces, como una construcción que comprende las tensiones entre protección y agencia, las relaciones de poder entre género y generaciones, las disputas y multiplicidad de sentidos que vehiculizan dichas políticas y programas, las cuales se manifiestan en los espacios cotidianos.
En esta línea, se asume que las construcciones sobre bienestar infantil son siempre políticas e ideológicas, prescriben no solo lo que deberían ser los niños y niñas, sino también sus familias –padres y madres–, y particularmente las mujeres como protagonistas centrales de los procesos de cuidado en todos los niveles de intervención –funcionarias, cuidadoras, beneficiarias–.
Las políticas públicas no son neutrales, se soportan en supuestos e implícitos que se materializan en programas, leyes e instituciones, en donde convergen posiciones morales, políticas, ideológicas y científicas que, por un lado, configuran lo apropiado para los sujetos sociales –en este caso, los niños pequeños y sus familias– y, por otro, las relaciones entre tales sujetos.
En este marco y con el propósito de visibilizar los procesos centrales de la construcción social del bienestar de la primera infancia, se retoma de las corrientes feministas el concepto de cuidado como un prisma de análisis, específicamente dentro de las intervenciones para los niños y niñas más pequeños. Además de ello, se busca aportar conocimiento al campo de estudios de la infancia al dar una mirada particular a las políticas en las cuales esta población es tomada como objeto de intervención.
Al posicionar como categoría central de análisis el cuidado infantil retomando los planteamientos feministas, se considera un eje analítico que poco se ha utilizado en este campo y que, como ningún otro, atraviesa las relaciones entre los géneros y las generaciones. En efecto, el análisis de las políticas de primera infancia a la luz de la categoría de cuidado permite poner el foco en las relaciones de poder asimétricas que sustentan tales políticas y condensar discusiones fundamentales frente a la desigualdad y su reproducción. En esta medida, se problematizan implícitos y estereotipos que se reproducen a través de políticas y programas y que impactan la vida de los sujetos.
El interés en posicionar el cuidado como eje central de las políticas y programas para la primera infancia se sustenta en cuatro premisas fundamentales. La primera es que se trata de un componente fundamental de las políticas sociales y de bienestar que poco se ha utilizado en el campo de los estudios de la infancia, en donde ha sido un concepto mayoritariamente implícito, definido parcamente y que la mayoría de las veces ha aparecido como subsidiario de otros conceptos, tales como crianza o educación, socavándose así su dimensión política.
De esta forma, se ha velado su potencia como categoría analítica en el campo de la infancia, la cual permite examinar las distintas dimensiones de las intervenciones o formas específicas que toma la gestión de la infancia, que se mantienen implícitas dentro de políticas y programas y que son vehiculizadas no solo a través de documentos programáticos –dimensión prescriptiva y discursiva de la política–, sino del propio Estado y sus agentes. Nos estamos refiriendo a las prácticas, sentidos, acuerdos, negociaciones, omisiones, límites, afectos y emociones inherentes al cuidado, esto es, las dimensiones relacional y simbólica de las políticas.
Entonces, establecer el cuidado como categoría analítica permite reposicionar las dimensiones relacional, simbólica y discursiva de las políticas, iluminando parte de los intereses, conflictos y, a su vez, formas de negociación o gestión que se dan entre cuidadores y sujetos cuidados, en este caso, entre los adultos y los niños.
En segundo lugar, se quiere problematizar el lugar de los niños, su voz y su agencia dentro de los procesos de cuidado infantil, visualizarlos como sujetos no solo receptores, sino productores y reproductores, que contestan y transforman espacios y relaciones a través de sus propias acciones. Niños y niñas tensionan y problematizan las relaciones que despliegan los adultos, así como las construcciones e imágenes que tenemos sobre ellos.
En tercer lugar, el cuidado permite ver a trasluz cómo estas políticas sociales producen y promueven actitudes morales que no solo impactan en las imágenes y representaciones de infancia, sino también, y particularmente, en las representaciones de las familias, de lo que se supone debe ser “el buen cuidador” y que muy fácilmente se desplazan a la definición de lo que debe ser una “buena cuidadora”, es decir, a las imágenes y las definiciones en torno a la maternidad.
Como afirma Villalta (2010), no se puede comprender disociada la intervención estatal sobre la infancia de la intervención estatal sobre las familias; a lo que agrego que, dentro de la familia, especialmente, la intervención sobre las mujeres. Las políticas para la infancia posibilitan y constriñen, así como promueven y excluyen ideas particulares sobre las necesidades de los niños y sus familias –específicamente, sobre las mujeres–, legitiman prácticas y formas de relacionarnos con ellos.
En cuarto lugar, y retomando las tres premisas anteriores, se evidencia la necesidad de crear marcos comprensivos, más allá de los técnico-administrativos, para examinar políticas y programas para la infancia. Marcos relacionales y simbólicos desde los que se analicen los procesos sociales y las complejas formas y configuraciones que tiene el Estado, a través de sus políticas y sus agentes, de gestionar y producir infancia, así como entender que su orientación en la búsqueda del bienestar infantil se soporta en un entramado de definiciones, sentidos, contradicciones, afectos y actitudes morales.
Así, la categoría de cuidado como eje analítico brinda la posibilidad de problematizar, por un lado, las definiciones sobre mujer, madre, maternidad, paternidad, infancia y familia que están implícitas y que se vehiculizan en las intervenciones para la primera infancia; y, por otro, la división de las esferas pública y privada, así como los roles que se han construido a partir de estas. Esto implica posicionar el cuidado como un asunto público, político, en el que el Estado tiene un papel fundamental en su definición, en qué se entiende por este, quiénes intervienen y su organización social. No se trata de un asunto neutro o subsidiario de la educación el cual anteponer en una falsa antinomia que le resta su carácter vital, político y cultural.
Al considerar el bienestar como una categoría central, por un lado, para la organización de la provisión estatal y, por otro, para la construcción de la categoría de infancia, la pregunta que orientó esta investigación fue: ¿cómo se construye el bienestar infantil, en el marco de las prácticas y relaciones de cuidado, en una implementación del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)? Interrogante que implica responder preguntas específicas tales como: ¿cuáles son los sentidos e implícitos sobre el cuidado e infancia que se vehiculizan a través del programa? ¿Cómo se configuran las relaciones y prácticas de cuidado entre los adultos y los niños dentro del programa? ¿Cuáles son las tensiones y los conflictos inherentes a estas prácticas? ¿Qué lugar tienen los afectos en la configuración de las relaciones con los niños y niñas y su bienestar? ¿Cuáles son las tensiones entre agencia y dependencia infantil?
Con este horizonte, el objetivo general de este estudio fue analizar las construcciones del bienestar de la infancia –procesos y mecanismos– en el marco de las prácticas y relaciones de cuidado, dentro de una implementación del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y se plantearon como objetivos específicos los siguientes:
- Reconstruir y describir la intervención estatal sobre la primera infancia en Colombia desde el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB), ubicando su génesis, permanencias y transformaciones.
- Describir y analizar el rol de las cuidadoras, especificando el lugar que han tenido las madres comunitarias en el país, sus condiciones laborales y la forma en que ellas significan el cuidado.
- Analizar las prácticas y discursos sobre el cuerpo infantil presentes en las relaciones de cuidado.
- Analizar los discursos afectivos y morales que vehiculizan las prácticas y las relaciones de cuidado dentro de una implementación del programa.
Estructura del documento
La presentación de la investigación consta de tres partes. En principio, se expone el marco conceptual desde el cual se comprende la primera infancia, se evidencia cómo las políticas de infancia han construido el bienestar infantil y las tensiones que se observan al posicionar al cuidado como un prisma analítico para comprenderlo. Asimismo, se presenta el diseño metodológico, se describen las razones por las cuales se enmarca en un enfoque cualitativo y las fases que permitieron identificar las dimensiones analíticas que guiaron la producción y análisis de los datos.
La segunda parte se enfoca en la presentación de los resultados de la investigación a partir de un análisis de la intervención estatal realizada desde el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB), cuyo punto de partida es la manera en que se ha visibilizado históricamente el bienestar infantil en el programa y el rol de las madres comunitarias, en relación con las comprensiones de cuidado que le subyacen.
En la tercera parte, se describe la forma como se configura y produce el niño como sujeto a partir del análisis de prácticas y discursos sobre el cuerpo infantil, así como del lugar de los afectos en las relaciones con los niños. Y, por último, se resaltan los principales hallazgos en torno a los mecanismos y procesos en la construcción del bienestar de la primera infancia.
- Dentro del campo de la infancia, se trata de una categoría que ha cobrado un gran valor, especialmente en políticas y programas, y que está circunscrita a una franja etaria –en el caso colombiano, niños y niñas entre 0 y 6 años–. Se utilizará para efectos del planteamiento, mas se sabe que se trata de una categoría que se irá discutiendo a lo largo de este trabajo con la intención de desnaturalizarla. ↵
- Se identifican algunos hitos claves a finales del siglo XX que reactivan y movilizan los debates frente a la primera infancia: a) la Convención sobre los Derechos del Niño [CDN] (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989); b) la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Unesco, 1990); c) la reafirmación de los acuerdos de Jomtien de Educación para Todos a través del Marco de Acción de Dakar (Unesco, 2000); d) los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2000-2015 (ONU, 2000).↵
- En lo corrido del siglo XXI, el tema se posiciona aún con fuerza, lo que queda evidenciado en varios compromisos globales: a) la Observación General No. 7 de la CDN, aprobada en 2005, recoge una serie de discusiones en torno a lo que significa el ejercicio de derechos durante los primeros años de vida y presenta líneas generales sobre las dimensiones que deben contemplar los países para garantizar el adecuado desarrollo de los niños y niñas desde su nacimiento; b) el Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, suscrito por los ministros de Educación de los Estados miembros de la OEA en noviembre de 2007; c) el Marco de Acción de Moscú (Unesco, 2010b), que consagra los compromisos de los Estados durante la Primera Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia; d) la XX Cumbre Iberoamericana, realizada en Argentina en el año 2010, en la que los Estados se comprometieron a incrementar la oferta de atención integral a la primera infancia y garantizar su calidad; e) las Metas Educativas 2021: “La educación que queremos para la generación de los bicentenarios”, propuestas por la OEI, incluyen garantizar el acceso e incrementar significativamente los servicios educativos para niños de 3 a 6 años. ↵
- El cuidado de los niños y niñas de aquellas mujeres que pueden pagarlo está a cargo de las mujeres más pobres, generalmente de zonas rurales, indígenas o negras. Es así como dentro de la organización social de los cuidados se reproducen las desigualdades no solo de género, sino también de clase y raza. ↵
- No podemos pasar por alto que estos argumentos son parte de una agenda global que surge en Gran Bretaña en 1999, cuando, como política de lucha contra la pobreza, se afirmó que los niños son el cien por ciento de nuestro futuro, lo que genera que se asigne un valor especial a esta franja etaria en contraposición a la inversión en otra (Lister, 2006). ↵
- Aunque en la última década ha aumentado el gasto en primera infancia, sigue siendo inferior al de la franja de niños de 6 a 12 años (Berlinski y Schady, 2015).↵
- No obstante, como lo afirma Lister (2006), no “todos” los niños tendrán el mismo valor; por ejemplo, no han sido priorizados de la misma forma dentro de las atenciones los niños con alguna discapacidad. Como caso, para el año 2010, en las políticas dirigidas a la primera infancia, Unesco identificaba que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la atención a los niños con discapacidad entre 0 y 3 años estaba centrada en programas de salud y estimulación temprana, más que en su inclusión en programas educativos, y varios países ni siquiera los mencionaban (Unesco, 2010a).↵






