Otras publicaciones:

9789871867479-frontcover

9789871354894_frontcover-224x344

Otras publicaciones:

DT_Jablonka_Katz_13x20_OK1

Book cover

3 Contexto socioeconómico y la transformación del mercado de trabajo en la Argentina en el período 1990-2015

3.1. El valor del trabajo en el capitalismo liviano y su relación con la exclusión sociolaboral 

Zygmunt Bauman (2006) marca una vía contraria a la ética del trabajo de la era de la modernidad sólida del fordismo; en la modernidad líquida del postfordismo el trabajo no puede ser pensado como fundamento ético de la sociedad o de la vida individual. En su análisis, afirma que ya casi nunca se considera que el trabajo “ennoblezca o que haga mejores seres humanos a sus ejecutores y rara vez se lo admira o elogia por esa razón”; cuestionando el valor del trabajo como base de la inclusión social. [1]

El valor del trabajo como factor de identidad y reconocimiento social se va contrayendo. Como afirma Beatriz Wehle (2003):  

[…] en la era de la globalización y del capital humano, la flexibilización laboral y la desprotección social -sumadas al desempleo de gran parte de la población económicamente activa- reducen las posibilidades de inserción social a través del trabajo.

La noción de exclusión social en el capitalismo liviano, como eje opositor a la esperada inclusión sociolaboral liderada por el empleo fordista, estuvo asociada primero con estudios sobre el desempleo de largo plazo y luego con investigaciones realizadas por la OIT en países en desarrollo.

La exclusión social se define como el debilitamiento o la ruptura de los vínculos que unen al individuo con la sociedad, que lo hacen pertenecer al campo social y mantener una identidad con éste. Esos vínculos operan entre los individuos y el sistema económico comprendiendo el mercado de trabajo, el social y el cultural. Exclusión e integración social forman parte de procesos abiertos que pueden ser modificado por los gobiernos y los agentes sociales (Rogers, et al (1995), citado por Buxedas, 2002, p. 2).

En la modernidad el debate sobre el término exclusión social no se relaciona con el crecimiento económico y la riqueza sino con la distribución y acceso a ella que determinan el dualismo social entre los que pueden gozar o no de sus beneficios: los incluidos o los excluidos.

Mediante un proceso dinámico que remeda un espiral, la exclusión parte de diferentes vías como el desempleo y la precariedad laboral asociado al funcionamiento global de la sociedad.  El fenómeno avanza acumulando una serie de rupturas de las formas esenciales de la vida en sociedad y una gran dificultad para acceder a derechos sociales como salud, educación y vivienda (Wehle, 1998, p.183, 187).

Hace medio siglo los desempleados formaban parte de una reserva que aguardaba en la retaguardia del mundo laboral una oportunidad. Ahora, en cambio, se habla de excedentes. Cuantos menos trabajadores haya mejor funciona la economía con intenciones de reformar y reeducar en un anhelado espacio en orden gobernado por reglas que prohíben y excluyen; aunque para la ley lo exento no es asunto suyo, no hay ley para los excluidos y desempleados: gente superflua o residuos humanos de la globalización (Bauman, 2005)

Robert Castel (1995) partió del concepto de marginalidad, relacionado con las situaciones sociales inestables del mayo francés de 1968, consecuencia del interés por las actitudes de ruptura con el “sistema”. Luego profundizó en la denominación de “desafiliación” como la desconexión respecto de las regulaciones a través de las cuales la vida social se reproduce y se renueva como una de las sendas por las cuales algo nuevo ocurre en la historia; pero que también presenta su cara negativa y oscura representada por el vagabundeo y una precariedad colectiva. Estarán excluidosdesafiliados aquellos que no participan de ninguna manera en esos intercambios regulados.

Se asiste sin duda a la crisis y debilitamiento de las grandes instituciones de integración social de la modernidad que refuerza los procesos de individualización y en su aspecto negativo deja a los individuos angustiados sin soportes protectores, particularmente, en el marco de modelos sociopolíticos liberales. La exclusión social se asocia con una situación de desafiliación institucional asociados a la condición de tener empleo y seguridad social o no en la segunda parte del siglo XX.

Si para autores como Marx y Bauman, históricamente la fuerza productiva fue social e inclusiva ¿desde qué concepción habría que analizar el desempleo en la modernidad?: ¿Cómo marginalidad?, ¿desafiliación?, ¿vulnerabilidad?, ¿precariedad?, ¿exclusión social?

Es posible que los autores citados acuerden en una causalidad socioeconómica de la exclusión en la modernidad -que excede las miradas morales y religiosas de los antecedentes históricos de exclusión social mencionadas en el capítulo 1- con consecuencias subjetivas para las “víctimas colaterales, imprevistas y no deseadas del progreso económico”, como los denominó Marx en el siglo XIX.

3. 2. Efectos de la transformación macroeconómica en la organización y condiciones del trabajo

       Para especificar los efectos de la transformación macroeconómica y del mercado de trabajo en la Argentina en la década del ’90 fue necesario ubicar su antecedente de mayor cercanía en la crisis del modelo de producción capitalista de la década del ´70 del siglo XX en Estados Unidos con repercusiones globales.

En 1973 la Organización de países árabes exportadores de petróleo decidió suspender dicha exportación a países que habían apoyado a Israel durante la guerra de yom kipur. El aumento del precio y la gran dependencia del mundo industrializado tuvo como consecuencia una reducción del crecimiento económico a nivel mundial con pleno empleo que utilizaba materias primas y energías abundantes. Se produjeron reconversiones industriales y descentralización productiva. El mercado laboral se transformó y expulsó a los colectivos más débiles a los que también les fue más difícil entrar en él; con altos niveles de desempleo (Estivil 2003, p.8).

En los ´80 el Estado abandonó su rol en el desarrollo económico y lo delegó en el mercado. El costo social del crecimiento económico pasó a tener un rol secundario provocando mayor exclusión laboral.

La década concluyó con la caída del muro de Berlín y el fin de la economía bipolar. Finalizó un ciclo político-económico que marcó el colapso del socialismo y dio lugar al neoliberalismo como pensamiento único.  Estos hechos profundizaron el debate sobre el fin del trabajo asalariado como necesidad humana de carácter antropológico y como categoría histórica que había primado en los treinta años gloriosos después de la segunda guerra mundial, resumido por De la Garza en cuatro tesis argumentales (De La Garza (1999), citado por Neffa, 2000).

1. La decadencia de la industria versus los servicios y el cambio en la estructura de las ocupaciones. La extensión de empleos atípicos y trabajos precarios incrementaron la heterogeneidad en las normas, valores y actitudes de los trabajadores

2. El fin de la centralidad del trabajo en la conformación de identidades colectivas. 

3. La pérdida de la importancia del trabajo en su función de generador de valor.

4. La crisis del trabajo constituyó un problema político que mostró que la clase obrera perdió su lucha a partir de los ‘80. Esto provocó una dinámica de descolectivización y de reindividualización que dejó a muchos trabajadores sin las regulaciones y la seguridad social del empleo estable que pasaron a formar parte del mercado informal.

La globalización del mercado fomentó la desterritorialización que agravó la cobertura legal y las condiciones y medio ambiente del trabajo (Marcia De Paula-Leite, 2009; Oscar Ermida Uriarte, 1999, 2009; Enrique De la Garza, 2005: 6). Esta descentralización productiva provocó modificaciones en la organización laboral con incorporación de nueva tecnología y flexibilidad de los procesos de trabajo; con cambios en las calificaciones y competencias requeridas como los roles polivalentes y sustituibles, con disminución de la cantidad de personal incorporado, preferentemente jóvenes sin experiencia (Wehle, 1999, 2002).

En Argentina como en la mayoría de los países de Latinoamérica, con antecedentes en los gobiernos de factos de la década del ´70, el ajuste tuvo lugar en el Período de la convertibilidad que abarcó toda la década del ´90. La modificación en el mercado de trabajo a partir de un paquete de reformas estructurales del sector privado y sus condiciones jurídico-económicas junto a la privatización, tercerización y precarización de las empresas del Estado, que lesionó la tradicional estabilidad en el empleo público, se inició durante el mandato de Carlos Menem (1989-1999).

La política de su gobierno impulsó la profundización de la apertura externa, la desregulación de amplios sectores de la actividad económica y la liberalización del sistema financiero. Estas políticas estuvieron en línea con las recomendaciones realizadas desde los organismos multilaterales de crédito -Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional- que, al igual que en el resto de los países de América Latina, se enmarcaron en el denominado Consenso de Washington (Arceo, 2008).

El proceso de reestructuración del Estado estuvo marcado por las cinco R: reestructuración, reingeniería, reinversión, realineación, reconceptualización. La desregulación y la privatización impactaron en la calidad y alcance de los servicios provocando una mayor polarización y desigualdad poblacional (Svampa, 2005).

La modificación del mercado del trabajo argentino signado por la recontractualización incluyó procesos de tercerización, despidos, retiros voluntarios del personal que no se adaptaría a las nuevas tecnologías y medios de comunicación (Murillo, 1997; Bisio, 1999; Frenkel, et al; Marshall, 2004; De la Garza, 2010). [2]

La implementación de la flexibilización en el empleo impactó en el mercado de trabajo a través de la restricción de contratos temporales, reforma de pensiones, reducción de impuestos y la legislación que distinguió despidos voluntarios de involuntarios promoviendo un aumento del mercado informal y una disminución de los salarios reales.  

El sostenido crecimiento de la tasa de desempleo, los cambios en la estructura ocupacional y las modificaciones en las regulaciones del mercado de trabajo provocaron un alto grado de movilidad y un aumento de la intensidad de la rotación laboral. Sin embargo, la dinámica de estas variables no fue homogénea entre los distintos estratos socioeconómicos y grupos etarios. 

La implementación de la Ley Nacional de Empleo (LNE) 24013/91 y más tarde la Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95 (LRT) que apuntaron a un ordenamiento económico de los contratos laborales de tiempo determinado, propulsaron el aumento la rotación externa de asalariados y los cambios en la seguridad social; marcaron un camino sin retorno de la transformación del mercado de trabajo.

La continuidad de la legislación y sus modificatorias mantuvieron el espíritu original de su sanción y atravesaron los gobiernos posteriores de Fernando de la Rúa (1999-2001), los gobiernos de transición, el de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer y segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) independientemente de la tasa de desempleo y de la concepción ideológica. 

En el período 1990-2015 se produjeron grandes cambios en la estructura laboral argentina con un aumento del formato PyMES modificando la relación numérica entre empleadores y empleados. 

Esta modificación se volcó en las estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). En el ítem 3.1.1. Trabajadores, empleadores, masa salarial y cuotas del sistema se puede analizar el aumento progresivo de la cantidad de empresas declaradas en el Ministerio de Trabajo que contrataron una ART y empleados cubiertos desde el 01/07/1996 – implementación de la LRT -.

A modo de ejemplo se tomaron las estadísticas de 4 años: 1) al implementarse el sistema (1996); 2) el año de mayor recesión económica (2002); 3) repercusiones de la implementación de políticas económicas anticíclicas (2008) y 4) el año 2013, previo al inicio de los programas de subvención económica a las empresas privadas para evitar los despidos -REPRO, entre otros-.

Tabla 3: Datos obtenidos de la tabla de Estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en el ítem 3.1.1. Trabajadores, empleadores, masa salarial y cuotas del sistema (2013)

Fecha Estadísticas

Empleadores

Empleados

01/07/1996

344.479

3.557.013

01/07/2002

416.721

4.399.378

01/07/2008

744.215

7.766.102

01/07/2013

923.518

8.758.361

Otra de las consecuencias de la transformación macroeconómica de los ‘90 fue el incremento del mercado informal y precario a través de formatos como el del trabajo domiciliario con división de estilo taylorista, talleres clandestinos, cooperativas formadas por la propia empresa madre que pasaban a ser subcontratadas con el objetivo de evitar las obligaciones legales hacia los trabajadores. La subcontratación trajo aparejada empleos de baja calidad en seguridad, alimentación y limpieza; reducción de puestos en sectores productores de bienes, administración y supervisión.

Beatriz Wehle (1999, p.88) y Agustín Salvia (2000, p.123) coinciden en que la recuperación de la actividad económica y el aumento del PBI (Producto Bruto Interno) -post crisis hiperinflacionaria de finales del ´80 – no redundó en la creación de puestos de trabajo en la misma proporción y calidad que los que la apertura y la modernización destruían, independientemente de la capacidad de focalización e intervención de los programas sociales, de empleo o de la reconversión laboral. 

Como consecuencia, cuando el nivel de empleo disminuye las exigencias y selectividad para el ingreso y permanencia en el mercado de trabajo formal son mayores convirtiéndolo en un bien escaso. El mercado de trabajo argentino se movía inexorablemente desde el sector formal al informal y precario. [3]

El sostenimiento y continuidad de la convertibilidad impuesta y el descenso de los niveles de empleo atravesó el gobierno de Fernando de la Rúa y los gobiernos de transición posteriores (2001-2003) desencadenando en esa etapa una agresiva recesión económica que profundizó el proceso de exclusión laboral iniciado en la década del ’90. [4]

Entre los años 2003 y 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la mayor intervención del Estado en la economía se dio en la inversión en infraestructura de obra pública, la recuperación de empresas (reestatización) como Aerolíneas Argentinas (AA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que tuvieron incidencia en el producto bruto interno (PBI). La demanda global ascendente de productos alimenticios propiciada principalmente por el crecimiento de países emergentes como China e India contribuyó a la consolidación de una posición externa superavitaria. Complementariamente se reguló la entrada y salida de capitales de corto plazo (Marin, 2012, p. 16).

La postconvertibilidad se inició a partir de la depreciación del tipo de cambio. La devaluación favoreció al sector productor de bienes transables y disminuyó el costo laboral; se desarrolló el sector exportador y el sector industrial productor de bienes sustitutivos de la importación que permitió la incorporación de más trabajadores al mercado. Se incorporaron alrededor de 125 mil nuevas empresas privadas en la industria, comercio y servicios durante el período comprendido entre 2003 y 2009 que significó un incremento cercano al 36% y se consolidaron las empresas existentes Palomino- Trajtemberg, 2006; De la Garza – Toledo, 2010).

El descenso de la desocupación que alcanzó el 11,4% en 2006 frente a los picos del 20% en 1995 y 2001 fue acompañado por el fenómeno de la informalidad: el 44,3% de los puestos de trabajo no eran registrados. El costo laboral disminuyó un 30% respecto del 2001 mientras que la precarización se profundizó en el mercado formal. Por otro lado, las brechas económicas y sociales se consolidaron ampliándose en un 35% en relación a la década anterior (Svampa, 2006).

En el año 2007 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social arrojaba un aumento de los niveles de empleo relacionado con el ritmo y tipo de crecimiento económico. Para Salvia, el resultado de estas cifras reflejó más el producto de una caída en las tasas de desempleo y subocupación horaria, que una verdadera superación de las causas de precarización y exclusión laboral. Está visión es compartida por Porta, F., Santarcangelo, J. y Schteingart, D. (2014)   que consideran que el incremento de un 41% en la generación de puestos de trabajo en el período 2002-08 no fue consecuencia del aumento de la producción industrial sino de la puesta en marcha de la capacidad ociosa

Hacia finales del año 2008, la crisis financiera internacional provocada por la caída de Lehman Brothers Holding Inc, tuvo repercusión en la economía argentina principalmente a través del comercio exterior con desaceleración de la demanda externa y caída temporal de los precios de las commodities. La caída en las exportaciones y en la inversión llevó a una brusca desaceleración del crecimiento económico, el PBI pasó de registrar tasas de crecimiento del 8% a presentar un crecimiento del 0,9% en el 2009, mientras que el empleo asalariado privado formal pasó de crecer a una tasa promedio del 9% entre los años 2003 y 2008 a contraerse a un 1,8%.

La caída del empleo se debió, fundamentalmente, a que las incorporaciones de personal se fueron reduciendo hasta alcanzar un volumen menor a las desvinculaciones cuya tasa cayó progresivamente entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Los despidos sin causa mostraron un comportamiento levemente creciente: se mantuvieron en el 0,4% en toda la fase expansiva (desde 2003 hasta 2008) que pasó a un 0,5% en abril de 2009 y se mantuvo en ese valor hasta el final de la fase contractiva. El incremento de sólo 0,1 punto porcentual en este indicador refleja que el volumen de despidos creció moderadamente durante la crisis y que el impacto de este fenómeno en la variación neta del empleo terminó siendo muy acotado (Castillo, et al 2012, p.149).

Las políticas anticíclicas implementadas en el año 2008 fueron orientadas a contener los despidos en las empresas de baja movilidad y para atender a las personas despedidas. Operaron sobre algunas de las causas que determinaron la contracción del empleo. Se incentivaron los programas de sostenimiento del empleo como el REPRO (recuperación productiva) que había surgido por el decreto 24013/91 a partir de un programa de emergencia para empresas en crisis.  Se presentó como un procedimiento preventivo para evitar despidos mediante un trámite administrativo como instancia de negociación con los sindicatos. [5]

Como resultado, la evolución de la tasa de desempleo manifestó un importante descenso. Luego de alcanzar un valor de 21,5% (2,9 millones de trabajadores, mayo de 2002) la tasa de desocupación bajó hasta ubicarse en el 7,3% (1,2 millones de trabajadores el segundo trimestre de 2011).

Cabe aclarar que este periodo estuvo marcado por una alta rotación laboral a partir de contratos de corta duración que trascendió el período de convertibilidad hasta convertirse en parte de la cultura de empresa avalados por la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, la articulación de las diversas problemáticas laborales como el desempleo, el empleo no registrado, el cuentapropismo precario y algunos casos de inactividad impuso la necesidad de incluir en el diseño de las políticas tanto a la inestabilidad laboral como a la alta rotación. El análisis de esta problemática, basado en registros administrativos de la seguridad social, mostró que alrededor del 40% de los trabajadores que se incorporó al empleo formal en cada año se desvinculó antes de finalizar el primer trimestre y cerca del 60% no alcanzó a cumplir el primer año de antigüedad.

Resultados similares pueden observarse en años como 1997, 2007 y 2009 caracterizados por contextos económicos y modelos productivos diferentes, un hecho que marca una constante consolidada en la dinámica del mercado de trabajo argentino.

Durante el período 1996-2010 los asalariados con menos de un año de antigüedad representaron el 30% del total y concentraron el 60% de las desvinculaciones. Para Victoria Castillo (2012) estas dinámicas de adecuación de los niveles de empleo prevalecieron durante las fases contractivas de los años 2001-2002 y 2008-2009.

Los programas de regularización del trabajo decente implementados durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los incentivos para su sostenimiento a través de subsidios estatales convivieron con las cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, economía de subsistencia y el incremento de los trabajadores autónomos y monotributistas que permitieron la liberación de los empleadores del pago de impuestos laborales y el aumento de los contratos por tiempo determinado, tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública. La transformación operada por la Ley Nacional de Empleo implementada en el año 1991 persistió.

Hasta el año 2011 los aumentos salariales se compensaron con un aumento de la actividad que operó sobre el incremento de la productividad acorde a los lineamientos heredados del gobierno menemista. La caída de la productividad a partir de ese momento produjo un amesetamiento en el 2012. Comenzaron los problemas de generación de empleo que se estancó luego de las mejoras registradas en el período 2003-11.

Para IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) entre 2011 y 2014 la tasa de empleo se estancó induciendo menores tasas de actividad laboral y mayor informalidad lo que implicó caída de ingresos para muchos hogares a la que se sumó la erosión que produce la inflación sobre todas las remuneraciones reales. Este proceso tuvo costos sociales con una desaceleración económica relacionada fundamentalmente por el aumento de los costos laborales por encima de lo que las empresas podían incrementar por productividad debido a la irracional presión impositiva, la burocracia estatal y la conflictividad laboral (IDESA, 2014).

A partir de 2012 disminuyeron las oportunidades laborales debido a la escasa creación de empleos de calidad y empeoró en el sector industrial. Para la Unión Industrial Argentina (UIA) entre los años 2002 y 2013 el salario del trabajo registrado en la industria creció un 1258%, situación que amplió la brecha con los trabajadores informales que aumentaron un 790%. La industria manufacturera local creció un 234% entre los años 2003 y 2013, el equipo durable de producción asociado a la actividad manufacturera se incrementó un 296% (UIA, 2014, p. 2, Ministerio de Trabajo, 2020).

En contraposición al achicamiento del Estado implementado por Carlos Menem, el mercado asalariado se incrementó en el sector público fundamentalmente durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, en cuya plataforma política presidencial apuntó al incremento de la obra pública y el aumento de la contratación de empleados estatales. [6]

Para concluir, la transformación del mercado de empleo puede analizarse en diferentes etapas. En el menemismo se apuntó a la reducción y privatización de la administración pública, en el gobierno de Néstor Kirchner a la recuperación del sector ocioso y el incremento del sector privado a partir de la sustitución de importaciones y en los dos mandatos de Cristina Fernández al aumento progresivo del empleo público no exento de precarización.

En el periodo 1990-2015 el mercado formal del sector privado adoptó y profundizó la rotación y selección de personal como parte de su cultura de empresa que requería menor cantidad de personal para su funcionamiento y que observaba su contraparte: el incremento del mercado informal y precario.

3. 3. Los cambios en la conformación sindical

       Cuando Karl Marx (1867) describió el proceso de producción en equipo, en un mismo lugar y de modo planificado se refería a la cooperación, la fuerza de masas -concours des forces– para levantar un peso, hacer girar un manubrio o quitar del medio un obstáculo. 

El contacto social genera activación de los espíritus vitales –animal spirits– que acrecientan la capacidad individual de rendimiento. Obedece esto a que el Hombre es por naturaleza, como afirmaba Aristóteles, un miembro de la ciudad, un animal político, en todo caso social y esta fuerza productiva social del trabajo aparece como la forma específica del proceso capitalista de producción.

Este proceso de producción constitutivo de la acción e interacción que se dan entre ellos transcurre en escenarios espaciotemporales en el que el trabajo se realiza moldeando las biografías y trayectorias personales y grupales. Compartir experiencias alude a la interacción social y la pertenencia a una comunidad de sentido que puede ser la fábrica, la familia o el sindicato. Tanto convivir como pertenecer son fenómenos que forman parte de los procesos de constitución/consolidación de ciertos rasgos implicados en las identidades individuales, colectivas y políticos (Salles, 1999, p. 24).

La etapa 1990-2015 mostró diferentes conformaciones de los representantes de los trabajadores aliados a las políticas de los diferentes gobiernos que se sucedieron.

La transformación del mercado de trabajo argentino iniciada en la década del ´90 tuvo consecuencias en la desinstitucionalización de los sindicatos que dejaron de constituir espacios privilegiados para la formación de la identidad obrera y del sentido de pertenencia de los trabajadores. Se descentralizaron las negociaciones colectivas, se redujo la representación sindical y aumentó la desprotección de los trabajadores (Buxedas, 2002, p. 5; Salles, 1999, p.101).

El gobierno de Carlos Menem (1989-1999) logró romper la alianza entre el sindicalismo y el peronismo basado en el proteccionismo económico, políticas keynesianas y alta regulación del mercado laboral. Los postulados neoliberales se orientaron a destruir el colectivo de trabajadores orientándolos hacia una relación individual y desregulada, sin intervención del Estado, aunque con apariciones acotadas en contra de los trabajadores como la eliminación de la acción sindical, la negociación colectiva o la prohibición de la huelga (Ermida Uriarte, 1999, p. 5).

Los efectos de la transformación macroeconomía se presentaron en forma drástica en los despidos masivos como resultado de la privatización de empresas estatales, contracción del personal contratado, implementación de tecnología o quiebras económicas que generaron diferentes manifestaciones colectivas mediante huelgas y marchas reivindicativas a través de cortes de rutas y caminos, tomas de empresas y movilizaciones en reclamo de la recuperación de las fuentes de trabajo.  Por otro, lado surgieron respuestas solidarias como la constitución de empresas recuperadas integradas por los trabajadores despedidos, cooperativas y otras formas de reorganización sociolaboral autogestiva. 

La simultaneidad de la circunstancia revivió la solidaridad de los despedidos como cuerpo social, productores y productos de una misma historia individual y colectiva a partir de un interés común: la recuperación del trabajo que los condujo en muchos casos a conformar agrupaciones. 

Tras divisiones y reunificaciones, los reclamos de la C.G.T.- Confederación General del Trabajo-, se redujeron al pedido por la estabilidad en el empleo (Marshall: 2004, p. 411, 412; Bisio, et al, 1999, p. 135, 137, 141, 155; Murillo 1997, p. 428; Fernández et al, 1999, citado por De la Garza-Neffa 2010; De la Garza- Neffa 2010, p. 279, 280, 284).

Hugo Moyano, líder de la Federación Nacional de Camioneros, recuperó el poder en el año 2003 con la tradición verticalista clásica del sindicalismo argentino vinculado a la C.G.T. organizado por ramas y no por oficios o profesiones. Logró construir un entramado organizativo que favoreció la interacción intersindical que promovió cambios en la pertenencia sindical.

El resurgimiento del movimiento sindical con la nueva representación peronista reactivó los C.C.T. -Convenios colectivos de trabajo- y logró incorporar a la agenda el salario mínimo vital y móvil. En una alianza de poder con el gobierno de Néstor Kirchner, la C.G.T. pasó de ser metropolitana e industrial a nacional y de servicios; acorde a la continuidad de las modalidades de trabajo fuertemente instaladas en los ´90 (Levesque et al (2004) citado por Senen).

Una representación para un mercado de trabajo que evolucionó en el periodo 1990-2015 hacia el achicamiento progresivo de las empresas y a la disminución del campo de los asalariados del sector privado.

3. 4.  La reforma legislativa de la seguridad social y de los riesgos del trabajo

    El control de costos sobre la seguridad social y la regulación de los riesgos del trabajo del mercado asalariado también formaron parte del contexto de las transformaciones macroeconómicas y reformas estructurales del gobierno. 

Durante el gobierno de Carlos Menem, la C.G.T., dio el consentimiento para la flexibilización y precarización de las relaciones laborales y la privatización de la seguridad social con creación de un mercado de capitales y nuevos negocios en el área social: privatización de los fondos previsionales, las A.F.J.P. -Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones-, implementación de las A.R.T. -Aseguradoras de riesgos del trabajo- y desregulación de las Obras Sociales (Salvia, 2000). [7]

En 1991, en respuesta al “contexto catástrofe” construido a partir de la alianza entre los empresarios, los medios de comunicación y el gobierno, se sancionó la Ley 24.028 que, a pesar de reducir considerablemente la responsabilidad del empleador, no obtuvo los resultados esperados.

La Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (LRT) fue promulgada al 3/10/1995. Si bien conserva algunos de los institutos de la legislación de 1915 como la Caja de Garantía, puede afirmarse que se constituyó en una nueva ley de siniestros laborales. Nacieron las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.; LRT, art 26) que fueron autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) y la Superintendencia de Seguros. 

El antecedente en el derecho comparado puede encontrarse en la legislación chilena aunque con algunas diferencias.  La Ley 16.744/68 (art 8, 11 y 15) de Chile establece un seguro social obligatorio para accidente de trabajo y enfermedades profesionales dependiente del Servicio Nacional de Salud donde el empleador debe depositar una cotización básica y una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa. Los empleadores pueden organizar mutuales sin propósito de lucro que se hagan cargo de la mencionada contingencia y de administrar el seguro. La L.R.T argentina, en cambio, creó las A.R.T constituidas como entidades de derecho privado que obligó a los empleadores a contratar un seguro obligatorio (LRT, art.3°).

Para crear el Sistema de Riesgos del Trabajo se movilizaron táctica de recursos jurídicos en el marco de una estrategia que propulsó y defendió la reforma legislativa a partir de la desregulación en un sentido neoliberal, con un alineamiento pragmático de normas y principios jurídicos que pretendió al mismo tiempo organizar la gestión de los riesgos laborales de acuerdo a un programa de protección del trabajo asalariado (Haidar, 2009).

La reforma se logró a partir de una alianza del presidente Carlos Menem con dirigentes sindicales, empresariales, cuadros de otros partidos políticos, organismos transnacionales y expertos. El Estado logró numerosos acuerdos con diversos sectores de interés (la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio entre otros) que hicieron posible la gobernabilidad durante el menemismo  y más profundamente la implementación de reformas “estructurales” que estuvieron condicionadas por la previa movilización de las lealtades históricas del sindicalismo con los gobiernos peronistas y por la asunción de compromisos recíprocos entre esa dirigencia y las autoridades del gobierno nacional. Esto explica que la cúpula sindical de la CGT haya prestado el consentimiento para la flexibilización y precarización de las relaciones laborales y la privatización de la seguridad social, suscribiendo en 1994, conjuntamente al Poder Ejecutivo y organizaciones empresariales, el denominado “Acuerdo Marco para la Productividad, el Empleo y la Equidad Social” que autorizó al gobierno a implementar medidas que reducirían la protección del trabajo asalariado. 

Este acuerdo, que fue impulsado por el ministro de trabajo Armando Caro Figueroa, tuvo como objetivo la negociación previa entre los principales grupos de interés en la reforma antes de enviar los proyectos al Congreso. El Poder Ejecutivo veía en esta modalidad de negociación una estrategia para lograr la aprobación de las leyes laborales en el Congreso que eran resistidas. La C.G.T logró, a partir de su participación en esa negociación, frenar la desregulación del sector salud y obtener compensaciones monetarias para las obras sociales sindicales.

El paquete de medidas consensuadas con los sindicatos nucleados en la C.G.T., los empresarios y el gobierno de Menem se movilizó para “reducir el costo laboral”, para eliminar las rigideces inherentes a ese mercado y en consecuencia reducir el desempleo que había alcanzado un pico de 18,4% en 1995 (Lindemboim et al, 2004). Los altísimos índices de desempleo junto con la de pobreza fueron los dos nodos que organizaron el debate en torno de la cuestión social durante la década. 

Otra de las causas no explicitadas de la modificación legislativa estuvo relacionada con el avance de los juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales hacia organismos del Estado que se encontraban en procesos de privatización y recaerían en los nuevos empleadores.

Finalmente, la ley cubrió en especies y en forma dineraria los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (L.R.T, art 6) y recalificación profesional de los damnificados que presentaran desventajas para la continuidad laboral. 

Se creó un Comité Consultivo Permanente (LRT, art 40, apartado 3) que se constituyó como un organismo paritario integrado por cuatro representantes del gobierno, cuatro representantes de la C.G.T. y cuatro representantes de las organizaciones de empleadores, dos de los cuales representaban a las PYMES y fue presidido por el ministro de trabajo. 

Las modificaciones subsiguientes como la Ley 24.028/91 disminuyeron la responsabilidad empresarial en relación a el incremento de las indemnizaciones causadas por la inflación heredada de la década de los ’80 y de una auténtica industria del juicio en su contra; la reforma de 2012 -Ley 26773/12, Art 4-, eliminó la doble vía indemnizatoria que obligó al trabajador al cobro en forma excluyente por vía ejecutiva o judicial y la modificación complementaria de la L.R.T. La Ley 27348/17 determinó la obligatoriedad de la actuación de comisiones médicas jurisdiccionales -Ley 24241, art. 51- con el objeto de prevenir las demandas judiciales fraudulentas. Las reformas efectuadas mostraron la continuidad de las preocupaciones gubernamentales y empresariales sobre la racionalidad económica. 

Para Gustavo Morón (2016) la implementación de la L.R.T. en 1996 significó un cambio sustantivo en el ordenamiento jurídico argentino que pasó de un esquema basado en la responsabilidad individual a un subsistema de seguridad social. De acuerdo a datos oficiales las tasas de accidentes y enfermedades profesionales -excluyendo los accidentes in itinere, no controlables por las empresas-, disminuyó entre 1996 y 2015 de 122 a 71 casos cada 1000 trabajadores (Coatz et al, 2016).

Esta línea descendente persistió aún en los momentos de mayor incremento del desempleo como durante la crisis del 2001. Su contraparte fue el incremento de la judicialización, aspecto que generó la creación del sistema y corre el riesgo de destruirlo.

Las zonas oscuras del sistema aparecen al contabilizarse en 2016 que un tercio de los trabajadores argentinos no se encontraban registrados, por lo tanto, carecían de cobertura y aquellos, afectados por una subdeclaración de sus salarios, se verían perjudicados en los montos de sus indemnizaciones. Esta privación evidencia la persistencia de la precarización laboral (Martinez, 2016).

A partir de los datos obtenidos para esta investigación pudo observarse que no todos los trabajadores incluidos en el sector formal tenían cobertura de salud y seguridad acorde a lo previsto por la L.R.T. Tampoco estaban cubiertos los programas de prevención mostrando aspectos disidentes entre el espíritu de la Ley y la praxis cotidiana; entre el discurso oficial y el relato de los actores.

3. 5. Efectos de la transformación del mercado de trabajo sobre las trayectorias laborales

     La transformación del mercado de trabajo se manifestó en las trayectorias laborales a través de la pérdida del sentido del futuro y la promesa de progreso; actualmente bajo cuestión. 

La imagen ausente del futuro expresa la inseguridad y la precariedad, traducidas en trayectorias temblorosas, hechas de búsquedas inquietas para arreglárselas día por día. La pérdida de horizontes futuros trasluce el quiebre, la imprevisibilidad y el riesgo de los actuales itinerarios laborales.

En un contexto de ascenso de la incertidumbre, el futuro como temporalidad a largo plazo se desvanece frente a las profundas transformaciones producidas en las relaciones que los sujetos mantienen con el trabajo (Castel 1995, p. 473).

Convertido en algo precario, flexible, intermitente, con duración, horarios y salarios variables, el empleo deja de estructurar el tiempo cotidiano, semanal, anual y las edades de la vida; deja de ser el zócalo sobre el cual cada uno puede construir su proyecto de vida (Longo, 2003, p. 20).

Desde ese lugar, diferentes posturas señalan que se está produciendo una desinstitucionalización del curso de la vida; las normas que organizan la vida social ceden su lugar frente al fenómeno de la individualización. Entre sus consecuencias se destaca la pérdida del aspecto predecible y seguro de la vida.

El proceso de individualización, que se constituye en uno de los rasgos esenciales y definitorios de la nueva modernidad, consiste precisamente en un resquebrajamiento de las “biografías normales”; un debilitamiento de los patrones biográficos tradicionales socialmente sancionados y pautados (Saraví, 2006). 

La individualización institucionalizada supone un nuevo factor de riesgo y vulnerabilidad en el proceso de construcción biográfica. Frente a las transformaciones apuntadas, los factores subjetivos poseen un gran peso explicativo a la hora de comprender la heterogeneidad en la que se desenvuelven los itinerarios laborales contemporáneos. La revaloración de la dimensión biográfica trasluce la complejidad y variabilidad de los recorridos actuales que lejos de ser lineales, son fluctuantes, personalizados e imprevisibles. 

Las transformaciones operadas en la estructura social y en el mercado de trabajo argentino abrieron el camino a un nuevo tiempo histórico-social. En este contexto perdió vigencia la noción de “carrera” (Sennett, 2000; Dubar, 2001a) y de “trayectorias lineales” (Machado Pais, 2007) asociadas a un camino recto y claramente trazado en la vida laboral de los sujetos pasible de predicción y de movilidad ascendente. Por el contrario, se delinea un conjunto de recorridos impregnados de rupturas, de novedad y de estrategias diversas que encuentra su mayor expresión en las múltiples formas que asumen las prácticas laborales en condiciones de precariedad y segregación (Roberti,2012, p. 268).

La finalización de la escolaridad y el ingreso a un trabajo, cuyo oficio o profesión se conservaba hasta la jubilación aparece como un modelo caduco. El capitalismo flexible ha bloqueado la linealidad tradicional de las carreras profesionales.

Las secuencias de las trayectorias vitales están sujetas a una menor planificación, reflejo de la pérdida de sus marcos normativos e institucionales. La reversibilidad de los actos y la incertidumbre de los estados evocan a sujetos más flexibles para adaptarse al proceso de desinstitucionalización del curso de vida. La relevancia de la perspectiva de las trayectorias es que atiende las dinámicas que afectan al orden y a las secuencias del ciclo vital de todo actor (Frassa et al, 2004, p. 275).

3. 6. El impacto subjetivo de la exclusión sociolaboral en el itinerario laboral 

     Para los trabajadores la flexibilidad en el empleo implicó denigrar el status de trabajador y hacerlo más líquido para poder despedirlo de un día para el otro (Lamarche, 2017); arruinar la previsión de futuro y deshacer el sentido de la carrera profesional y de la experiencia acumulada, entre otros aspectos de inseguridad (Vásquez Rocca, 2008, p. 3). 

La exclusión del campo formal de trabajo, como operación que se produce en el interior de un orden social, posee una dimensión subjetiva. Tiene estrecha relación con la producción de subjetividades porque el orden social produce subjetividad en su interior a través de mecanismos disciplinarios propios. La exclusión, de ese modo, es una operación subjetivadora que ocurre dentro del orden.

El pasaje del capitalismo pesado al liviano abrió para la sociedad moderna un escenario de libertad, pero al mismo tiempo generó miedos y descontentos ante los peligros que amenazan el orden social del que depende la supervivencia, en el caso de invalidez y vejez, los peligros que amenazan el lugar de las personas en el mundo (jerarquía e identidad de clase) y la inmunidad ante la degradación y la exclusión social (Bauman, 2007).

Para algunos trabajadores, el éxito consistió en la liberación de los reglamentos y controles burocráticos, pero para otras categorías la falta de soportes colectivos o recursos de base soportaron la amenaza de la invalidación social, con imposibilidad de hacerse cargo de su propia trayectoria (Castel, et al).

La insuficiencia biográfica del yo en la época del neoliberalismo, planteada por Bauman, se presenta como la narrativa precarizada de la propia vida y, de manera especial, la sensación de ser culpable de las diferencias que se enfrentan -la propia pobreza, la imposibilidad del acceso, el sistema educativo, el desempleo-, lo que desplaza la responsabilidad de las instituciones, depositando en los individuos aislados y fragmentados el peso de la crisis.

Apartar la culpa de las instituciones y ponerla en la inadecuación del yo ayuda a “desactivar la ira potencialmente perturbadora” y trasladarla a la autocensura y el desprecio de uno mismo o incluso a recanalizarla hacia la violencia contra el propio cuerpo (Reguillo, 2007, p.100, 101).

En este aspecto, reintroyectar la culpa del propio destino del excluido en el capitalismo liviano, coincide con el análisis de los teóricos de la causalidad del hecho traumático. La víctima siempre sería designada como culpable de su condición actual.

Los trabajadores desvinculados del campo formal sufren, a partir de ese momento, cambios de posición en la estructura social que describen trayectorias de movilidad descendente, no sólo manifestada en las modificaciones de los aspectos materiales de la vida de los sujetos, sino en los efectos desestructurantes para el entramado social y para la subjetividad, en tanto desgarra los significados y sentidos que articulan biografía e historia, individuo y sociedad (Comas, 2006, p. 4).

Las consecuencias implican una dimensión objetiva que se traduce estadísticamente y una dimensión subjetiva que liga la posición que se ocupa en la estructura social con las aspiraciones y expectativas de los individuos.

En una cultura que acentúa los valores del igualitarismo como garante del éxito personal la movilidad ascendente tiene significativos efectos sobre la imagen popular de las oportunidades en una sociedad; mientras que la descendente confronta con el fracaso a quienes no logran ajustar sus condiciones personales a las exigencias del sistema.

En lo cotidiano la experiencia individual de movilidad descendente exige la ardua tarea de resignificar un estilo de vida, hábitos y pautas de consumo que se traducen en existencias con vivencias de inseguridad e incertidumbre que debilitan la capacidad de acción de los individuos ante la percepción de un destino trágico. La aparición de la culpa, la vergüenza y los sentimientos de fracaso suelen reforzar el aislamiento y la desubicación social.

Cuando se transforma el escenario de la sociabilidad y se pierden las referencias identitarias a nivel subjetivo se generan contradicciones y se reaviva el sentimiento de injusticia. El desgarramiento expone a los individuos a situaciones de vulnerabilidad material, psíquica y social. [8]

Si tenemos en cuenta que la desafiliación de la sociedad salarial expuesta por Castel produce un impacto en la construcción del tiempo y el espacio de los trabajadores, podemos comprender la referencia al cambio de ritmo de la vida cotidiana que produce una resignificación del estar como forma de el ser. 

La pérdida del horizonte de la certidumbre asociado al empleo impacta de lleno en la percepción de la vulnerabilidad. El sujeto se encuentra desamparado ya que las consecuencias inciden en dos planos: económicamente por la pérdida del ingreso y simbólicamente por la caída de una referencia identitaria. 


  1.  La diferencia entre el capitalismo pesado (fordismo) y el liviano (postfordismo) es que el primero, a pesar de ser una fuerza destinada a la acumulación y regulación adquiere reglas establecidas que se podrían protestar metafóricamente ante el capitán del barco; mientras que en el soft capitalism, como lo denominó Nigel Thrift en su Non-representations theory, no hay reglas establecidas para los que están dentro del avión sin piloto.    Para Bauman y Thrift el discurso caótico del génesis prevalece cada vez más en la actualidad y reemplazó al discurso bíblico de Josué sobre orden social impuesto (Thrift, (2007), citado por Rodriguez Montes, 2017).  
  2.  Autores como De la Garza (2010, p.269) y Murillo (1997, p. 425) afirman que este proceso fue avalado por la LNE, -Ley Nacional de Empleo 24013/91- que tuvo el objetivo explícito de promover el empleo, especialmente el de los jóvenes para compensar las altas tasas de desempleo que se generaban por las políticas implementadas. El plan de convertibilidad económica, que equiparó el valor del peso argentino al dólar estadounidense, impuso un congelamiento de salarios que sólo podían ser modificados a partir de aumentar la productividad, es decir, incrementar las horas de trabajo.  
  3.  La inserción laboral en uno u otro sector de la economía determina diferentes posibilidades de desarrollo. En el sector formal se encuentran los puestos mejor pagos, estables, con seguridad en el empleo y posibilidades de movilidad social, cobertura social y regulación normativa. El sector informal, en cambio, se caracteriza por menores remuneraciones, inestables y sin carrera laboral; con frecuentes suspensiones, despidos o caída de la actividad. Sus bajos incentivos generan también una elevada rotación externa voluntaria (Salvia y Pla, 2012, p.3). 
  4.  En 1999 Juan Somavia, Director General de la OIT, en la 87a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, incorporó el concepto de “trabajo decente” como acceso al empleo en condiciones de libertad y reconocimiento de derechos a la satisfacción de las necesidades básicas y protección social (Rodriguez, 2009, p.20). Este concepto recién fue incorporado en la Argentina en la Ley de Reordenamiento Laboral, Ley 25.877/04, art 7 (Maurizio, 2009, p.97; Gimenez, 2007, p.34). 
  5.  Mediante el REPRO, el Estado Nacional subsidió parte del salario de los trabajadores que se encontraban en empresas en situación crítica que alcanzó una cobertura en el año 2009 a más de 143 mil trabajadores pertenecientes a un total de 2.769 establecimientos de los cuales el 77% eran empresas PyMES con menos de 50 empleados. Se favorecieron 91% de las empresas grandes como el sector frigorífico, automotrices y los servicios para empresas tercerizadas. 
  6.  De acuerdo a los datos provistos por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) al final del segundo mandato de Cristina Fernández (2015) el porcentaje de empleados del Estado a nivel nacional, provincial y municipal en relación al total de trabajadores era del 18,1%. (En //bit.ly/3hn1Tof//, 18- 11- 2017). 
  7.  En el año 2008, el Senado de la Nación sancionó la reforma del Sistema previsional argentino (Ley 26425/08) que marcó la desaparición de las jubilaciones privadas y las AFJP. Los riesgos del trabajo, en cambio, continuaron a cargo de las ART con diferentes constituciones de capitalización y de las empresas autoaseguradas. 
  8. Irene Vasilachis en su investigación sobre Trabajo e identidad (2001) afirma que la definición de identidad laboral aparece junto con la familiar, social, religiosa y política: “en lo que llamamos la identidad grupal como diferente a la identidad personal”.  En las conclusiones, la investigadora señala que la finalidad última del trabajo, está más puesta en responder a los intercambios de las relaciones afectivas, de gratuidad que en satisfacer una necesidad personal o de realización identitaria; de allí la relación que los entrevistados de la investigación citada establecieron entre la pérdida de trabajo y el debilitamiento de los lazos familiares. 


Deja un comentario