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1 Contexto sociohistórico del problema y marco de antecedentes

1.1. El valor del trabajo en los procesos de inclusión social

Para Zygmunt Bauman el trabajo fue la actividad a la que estuvo abocado el conjunto de la humanidad mientras construía su historia, más por su naturaleza y destino, que por su propia elección. 

[…] y el trabajo […] fue el esfuerzo colectivo en el que cada uno de los miembros de la humanidad debió tomar parte […)] el supuesto valor del aporte del propio trabajo da a la labor de toda la especie una función primordial entre las actividades humanas, la de conducir a la autosuperación moral y a la elevación de todos los niveles éticos de la sociedad (2006, p. 146).

Marx y Engels consideraron el producto del trabajo como la exteriorización u objetivación de una intención humana pero también como realización personal; relación con la exterioridad y relación con la identidad dado que el trabajo es un hecho fundamentalmente social en su carácter relacional con los otros.

El capitalismo definió como norma de vida la ética del trabajo que naturalizó la necesidad de trabajar en función de dos premisas: reproducir el capital burgués y como forma de supervivencia para el proletariado.

El trabajo fue elevado a la categoría de máximo valor en los tiempos modernos.  Su función clave fue dar forma a lo informe para subordinar, doblegar y colonizar el futuro; para reemplazar el caos por el orden y la contingencia por una secuencia predecible – y por lo tanto controlable- de acontecimientos.

En cada uno de los méritos que se le asignan, afirma Bauman, subyace su contribución a la construcción de ese orden; al gesto histórico de poner a la especie humana a cargo de su propio destino.

De todos modos, persisten diferentes consideraciones y posturas como la de Locke para quien el valor del trabajo es fuente de toda propiedad, de toda riqueza para Smith y de toda productividad para Marx (Arendt 1958, p. 113, 114).

El campo del trabajo es un lugar privilegiado con un valor específico para la inclusión social. Se constituye en el ámbito de representaciones colectivas, que se refuerzan con el aprendizaje y pueden operar como espacio de resocialización (Wehle, 1999a).

Bauman y Bourdieu (1980) comparten la idea del trabajo como regulador y ordenador de la vida social. En este punto existiría una relación entre la ética del deber ser trabajador como valor de inclusión social esperada y consensuada. Su contraparte, los obstáculos al acceso al trabajo, originarían procesos de exclusión social y laboral.

1. 2. La salud de los trabajadores 

    Para este apartado se dispuso una revisión de la conceptualización teórica en perspectiva histórica de los efectos del trabajo en la salud de los trabajadores. 

Se considera que desde los inicios de la especie humana el trabajo fue el modo de satisfacer la necesidad de alimentarse y proveerse medios de subsistencia. Pero también trajo como consecuencia el desgaste de la fuerza de trabajo, sufrimiento e incapacidad para llevarlo a cabo. 

El concepto hecho traumático, utilizado para esta investigación, condensa las consecuencias negativas de los procesos laborales que comprenden los accidentes de trabajo, en situación de trabajo, in itinerario -trayecto desde y hacia el trabajo- y las enfermedades profesionales. La construcción de este concepto se constituyó en un eje que permitió analizar la percepción de los entrevistados sobre la causalidad del hecho, los efectos subjetivos y el impacto en el recorrido laboral y la vida cotidiana de los asalariados como fundamento para el análisis de los relatos.

Los primeros datos acerca de la salud de los trabajadores remontan a cuatrocientos años A.C. cuando Hipócrates, conocido popularmente como el padre de la medicina, realizó las primeras anotaciones sobre enfermedades laborales. Quinientos años después un médico romano llamado Plinio “el viejo” hizo referencia a los peligros inherentes al manejo del zinc y del azufre y desarrolló el primer EPP (elemento de protección personal) respiratorio fabricado con vejigas de animales que se colocaban sobre la boca para impedir la inhalación de polvos.

Ulrich Ellembog (1473) escribió sobre las enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo prevenirlos he hizo renacer el interés de esta área. En 1556, el metalógrafo Georgious Agrícola publicó De re metálica relacionado con los riesgos asociados con la minería que hacía sugerencias para mejorar la ventilación en las minas y fabricar máscaras que protejan efectivamente a los mineros; los accidentes de mineros y sus causas fueron ampliamente discutidos. También describió los defectos del pie de trinchera como una enfermedad producida por la prolongada exposición de los pies a la humedad de las minas y a la silicosis, enfermedad producida en los pulmones y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. En sus informes pueden encontrarse descripciones de las consecuencias del trabajo en los mineros de arsénico negro de los montes Cárpatos donde describía:

[…] las manos y las piernas se carcomen hasta los huesos. Los alfareros para vitrificar la arcilla de las piezas usaban plomo calcinado y caliente, cuyos humos y vapores eran absorbidos por la mucosa nasal y la piel; al poco tiempo empezaba un temblor de las manos, más tarde parálisis de los miembros y finalmente se volvían caquécticos, desdentados y era raro no encontrar un alfarero con rostro cadavérico y plúmbeo (Agrícola, citado por Pavese, 1992; Ramazzini, 1701).

En las culturas de la antigüedad, debido a que el trabajo físico nunca era aceptable para quienes tenían derecho a los cuidados médicos, sólo se asistía a los esclavos y a los siervos para conservar la inversión o para garantizar la productividad.

En el discurso médico oficial anterior al S. XVIII no se afirmaba una relación clara entre salud y trabajo. El capitalismo y la medicina enlazaron estos dos conceptos a partir del tratado De morbis artificum diatriba (1701) – Disertación acerca de las enfermedades de los trabajadores – de Bernardo Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo y denominado Hipócrates III, que expuso las primeras entidades nosológicas específicas al relacionar el trabajo con los efectos sobre la salud (Garcia 1983, p.5).

Tras publicar La salute dei Príncipe años antes, dedicado a Francesco d´ Este y las responsabilidades de las personas de dirección, Ramazzini se basó en los preceptos hipocráticos sobre la medicina “que también cura gratis y socorre al pobre” para luego incorporar en la anamnesis la ocupación del examinado; hecho que le permitió describir la patología ocupacional de su época.

Débese confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan: donde operaban recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que se habían dedicado en tanto se van alejando del mundo de los vivos (1701, p.16).

La relación entre el trabajo, sus efectos sobre la salud y el desgaste de la fuerza de trabajo fueron investigados con los paradigmas científicos de cada época. No estuvieron ausentes las posiciones e intereses políticos, económicos y sociales para reconocer o no las diferentes entidades nosológicas que surgían.

Karl Heinrich Marx estableció en El Capital (1867) la relación entre la enfermedad vista como un fenómeno social y el modo de producción capitalista como generador de las condiciones de vida y de trabajo adversas a la salud. 

Basado en estudios empíricos, junto a Friedrich Engels, demostraron los efectos de la explotación capitalista en la clase obrera de Inglaterra del siglo XIX como el hacinamiento, la desnutrición y la intensidad del proceso de trabajo (Rojas Soriano, 1988, p. 25).

La relación entre trabajo y salud podría resumirse en la siguiente sentencia: 

[…] el capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que pueda movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y para conseguir este rendimiento máximo no tiene inconveniente en abreviar la vida de la fuerza de trabajo (Marx, 1867).

Para Saúl Agudelo la salud es el máximo desarrollo de las potencialidades del Hombre acorde al grado de avance logrado por la sociedad en un período histórico determinado. Afirma, en tanto, que en el capitalismo el trabajador no puede desplegar todas sus potencialidades en el grado que sería factible según el desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, su crecimiento físico y mental es coartado a sus posibilidades:

[…] cuando no existen las condiciones objetivas y subjetivas para que el trabajo sea estímulo de las potencialidades se convierte en un producto de enfermedad (1986, p. 17).

En la Argentina, desde fines del siglo XIX las necesidades colectivas de atención médica de los trabajadores y de sus familias se organizaron en asociaciones de ayuda mutua y sus fondos se destinaron siempre al menos a dos tipos de rubros: “uno para huelgas y paros laborales y otro para la atención médica y gastos funerarios; no solo para trabajadores industriales sino también rurales” (Menéndez, 2005, p. 21).

Los padecimientos que los trabajadores más relacionaban con su trabajo eran los accidentes generados durante el proceso productivo los cuales, dadas las escasas condiciones de seguridad dominantes en las fábricas y en las minas, se caracterizaban por su frecuencia y gravedad. Y fue para estos cuadros que la biomedicina evidenció mayor eficacia a través del avance de las técnicas quirúrgicas, de elementos de apoyo diagnóstico como los rayos x, del descubrimiento de anestésicos y del desarrollo de condiciones de asepsia. Estos avances favorecieron la percepción positiva y el incremento de la demanda biomédica por parte de los sectores subalternos.

La desocupación cíclica y la imposibilidad de trabajar por enfermedad constituyeron dos de los más graves problemas de las familias trabajadoras urbanas durante el siglo XIX y parte del siglo XX. La desocupación conducía a la espera, al multichambismo, a la migración, a la prostitución e inclusive a la pequeña delincuencia hasta que se generara una nueva demanda laboral. Pero la enfermedad debía ser rápidamente solucionada a través de la intervención médica con un condicionamiento económico/ocupacional del tiempo; ya que enfermarse afectaba directamente la supervivencia del trabajador y de su familia. La restauración de la salud o la reparación de la enfermedad debían ser inmediatas para poder retornar a trabajar en el mercado libre laboral.

Esto no significaba ignorar la existencia de otras formas de atención comunitaria a través de hueseros y curanderos o de la aplicación familiar de ventosas, cataplasmas, rodajas de papa en la frente o bolsas de agua y fomentos relacionados con padeceres directamente vinculados a esfuerzos laborales.

A principios del siglo XX el médico y abogado Juan Bialet Massé, precursor de la regulación de las condiciones de trabajo, elaboró el Informe sobre el Estado de las clases obreras en el interior de la República (1904) cuyos tres tomos constituyeron una obra de relevancia histórica para la Argentina. Bialet Massé planteó cuestiones como el trabajo de mujeres y niños, la inspección de los trabajos prohibidos, los conflictos con la patronal y los incipientes sindicatos; la inserción en el mercado laboral de inmigrantes, criollos e indígenas.

Investigaciones posteriores sobre el estudio del trabajo y la salud como las de Cristina Asa Laurell (1978) sostienen que el trabajo es una categoría social y por eso debe ser tratado como tal en sus determinaciones múltiples y no sólo como un factor de riesgo ambiental. Dado el lugar central que el trabajo ocupa en cualquier sociedad parece innegable que tiene que ser un concepto clave en cualquier intento estructurado de explicar los orígenes sociales de la enfermedad.

El estudio del objeto de trabajo debe tomar en cuenta sus propiedades físicas, químicas y biológicas dado que pueden ser riesgos serios para la salud. La transformación de un objeto en un objeto de trabajo es socialmente determinada y las exigencias de la producción capitalista pueden convertir en objetos de trabajo objetos que son peligrosos para la salud; sin más consideraciones que las de la ganancia.

Alain Wisner (1988) destacó que puede demostrarse en forma estadística la diferencia de esperanza de vida entre las diferentes categorías sociales. No se trata solamente de la muerte precoz en trabajadores agrícolas o industriales, sino que la aparición de las dolencias y enfermedades se producen a edades menores. La disminución de la edad jubilatoria en ciertas profesiones u oficios no restituye la salud perdida ni alarga la esperanza de vida ya que muchas enfermedades continúan su evolución luego de suspender la exposición a factores de riesgo.

Por estas razones, el concepto de salud de los trabajadores que enmarca esta investigación se relaciona con el proceso social capitalista de producción que deviene en un desgaste de la fuerza de trabajo y se manifiesta en el desmejoramiento prematuro de la salud y la reducción precoz de las fuerzas relacionada con los riesgos y peligros de las condiciones de trabajo. 

Ya en el siglo XXI, Byung-Chul Han (2014 b, p.11, 12, 19) retomó en La sociedad del rendimiento el concepto homónimo en Marx y analizó las transformaciones de dominación, la sociedad dominada por el verbo modal poder que formula prohibiciones y utiliza el verbo deber. A partir de un determinado punto de productividad la palabra deber se topa pronto con su límite. Para el incremento de la producción es sustituida por el vocablo poder. La llamada a la motivación, a la iniciativa y al proyecto es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria como en las descripciones de Foucault -hospitales psiquiátricos, cárceles, fábricas – sino una sociedad del rendimiento: gimnasios, centros comerciales, laboratorios genéticos (Han 2012, p. 25).

Desde Ramazzini hasta la actualidad se han reconocido técnica, científica y legalmente variadas enfermedades profesionales por exposición a riesgos detectados y comprobados entre los que se incluyen las posiciones forzadas o gestos repetitivos estudiados por la Ergonomía desde la década del ´50. Sin embargo, este reconocimiento es siempre imperfecto ya que el número de factores de exposición por impulso del progreso tecnológico es siempre más rápido que las investigaciones pertinentes, la sanción legal y la forma de prevenirlos.

En la salud de los trabajadores conviven aún hoy diferentes posturas, el paradigma etiopatogénico como modelo biologicista de causa-efecto y el modelo social de la salud ocupacional que considera las condiciones y medio ambiente del trabajo, los contextos de pobreza, desnutrición y déficit en la educación para la salud. 

La enfermedad y la atención de ésta constituyen hechos estructurales en toda sociedad; expresan no sólo fenómenos de tipo epidemiológico y clínico, sino que también expresan las condiciones sociales, económicas y culturales que toda sociedad inevitablemente procesa a través de sus formas de enfermar, curar y morir. Desde esta perspectiva los procesos y relaciones laborales constituyen la parte central de las condiciones sociales que afectan los procesos de salud/enfermedad; por lo tanto, la exclusión del trabajo de la descripción y explicación de los procesos personales y colectivos de enfermedad aparece como una clara característica ideológica de la mayoría de las investigaciones, reflexiones e intervenciones actual sobre la salud de los sujetos y grupos sociales.

Las gestiones, reclamos y luchas que los propios trabajadores han hecho en función de preservar su salud laboral a lo largo del tiempo han tenido diferentes orientaciones. Negociar su salud: primas por trabajos riesgosos, salario por horas extras, condiciones de trabajo y otros derechos que constan en los apartados de las convenciones colectivas de trabajo; mejorar los recursos sanitarios gremiales: atención médica, rebajas en la compra de medicamentos, mejoras sanitarias en las viviendas, el tipo de alimentación en comedores fabriles; o constituir una presión conjunta para mejorar la prevención de los riesgos del trabajo.

El trabajo constituye todavía el principal articulador de la vida de los que trabajan; siendo los ordenadores de los tiempos de trabajo y no trabajo; marcan las posibilidades de contacto cotidiano con la familia. Por lo tanto, las condiciones de trabajo afectan no sólo la salud del trabajador sino también las condiciones de vida de los miembros del grupo familiar, ya que efectuar un análisis desde la perspectiva de la salud laboral como proceso social posibilita acceder a la articulación entre trabajo y vida cotidiana.

1. 2. 3. El debate abierto sobre la causalidad de los accidentes de trabajo

       Como se explicitó en el apartado anterior, las consecuencias negativas del trabajo sobre la salud se reflejan en el desgaste de la fuerza de trabajo, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

Ana Puy Rodríguez (1994) plantea dos enfoques para estudiar los riesgos del trabajo: en primer lugar, el enfoque técnico-cuantitativo que calcula probabilidades de ocurrencia y estima consecuencias. En El factor humano (1998), Christophe Dejours atribuye esta postura a los técnicos e ingenieros que analizan las causales de los accidentes laborales; también es utilizado en el campo de la salud, el derecho y la economía para estimar las pérdidas y consecuencias (ver Capítulo III).

En segundo lugar, Puy describe el enfoque sociocultural y multidimensional que atiende aspectos cualitativos relacionados con la construcción social del riesgo permitiendo considerar diferentes significados en función de la percepción individual (ver Capítulo IV, “La percepción en el propio cuerpo”) y en relación con los contextos socioculturales en que se producen -percepción colectiva -.

Estas percepciones pueden estar condicionadas por factores como el valor que conceden los trabajadores a la salud -significación-, la inquietud que provoca la posibilidad de sufrir un daño y sus consecuencias -incertidumbre- o las expectativas de control del riesgo -confianza -. La actitud frente al riesgo más que errores cognitivos debería analizarse desde el punto de vista de su naturaleza social -significados, valores, motivaciones o normas sociales que lo sustentan- y del contexto en que se producen -estrategias empresariales, coyuntura de empleo y respaldo sindical-.

Ambos enfoques presentan antecedentes históricos en investigaciones sobre la génesis de los accidentes laborales y la determinación de la posición del trabajador en relación al hecho y la responsabilidad-culpa de los actores implicados.

En Psicopatología de la vida cotidiana, Sigmund Freud (1901) expuso su teoría sobre los actos de término erróneo, torpezas, actos fallidos combinados y olvidos diversos que tienen un sentido y un significado determinado por el inconsciente de los cuales los accidentes no serían ajenos.

En contraposición a la formulación freudiana, Herbert W. Heinrich en su libro Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach (1931) sostenía que el 98% de los accidentes eran evitables si se controlaba el comportamiento observable y cognoscible de los trabajadores -el 2% restante correspondería a los accidentes causados por desastres naturales-. En la teoría del acto inseguro o error humano los trabajadores son considerados culpables por los efectos de “una exposición al riesgo que, sin embargo, les fue impuesta mediante decisiones sobre la forma de organizar el trabajo y la producción en las que no participaron” (Rodríguez, en Boix, 2001, p.7, 27).

La lógica de la falla humana posee un basamento en la observación de las conductas predecibles, conforme a un modelo tradicional reduccionista y muy cuestionado que entiende los riesgos como inherentes e indisolubles al proceso mismo de trabajar. En esta concepción se atribuye la responsabilidad y culpabilidad a quienes son alcanzados por los riesgos debido a la ignorancia, imprudencia y negligencia del trabajador o por no usar los elementos de protección personal (Neffa 1995, p. 2; 2018, p. 10).

Una tercera posición es postulada por Dejours (1988) a partir de la concepción de la psicología, las ciencias sociales y las escuelas de relaciones humanas que admiten que hay que darle lugar:

[…] no solo a lo incidental eventualmente predecible sino también a lo imprevisible, lo no ya conocido que lleva a los actores a tomar decisiones en situaciones inéditas, fuera del resultado lógico y con diagnóstico exacto que no pueden ser explicadas científicamente y tienen una dimensión estrictamente humana.

Tanto en el concepto del acto fallido como en el del error humano el trabajador sería culpable, inconsciente o conscientemente, del hecho traumático. El análisis de Dejours, en cambio, alude a lo imprevisible que desligaría al trabajador de la culpa sobre el hecho.

Para los científicos inocular la culpa por el hecho traumático al mismo trabajador desligaría de responsabilidad al poder del capital. El hecho traumático impactaría en primera instancia en la fragmentación del cuerpo del trabajador y aumentaría las probabilidades de adquirir una incapacidad laboral de la cual la salud, el derecho y la economía parecen desligarse de responsabilidad.

En los accidentes de trabajo pueden aparecer también otros aspectos relacionados con el impacto que tiene en la vida del trabajador el trauma psíquico.

Moty Benyacar -psicólogo, psiquiatra y psicoanalista que actuó clínicamente en cinco conflictos bélicos- plantea que cuando una situación externa al psiquismo impacta en él, provocando una alteración de su homeostasis, se está ante un acontecimiento disruptivo que provoca un quiebre en la capacidad y posibilidad de procesamiento mental. Lo traumático no es un evento fáctico o una situación sino un proceso psíquico producido por un evento o entorno disruptivo (2016, p.7, 8, 13).

Las consecuencias del hecho traumático marcarán la limitación o no de la capacidad de trabajo que se construye en forma conjunta y circunstancial con el contexto social; en tanto cuestiona la concepción del cuerpo-cosa como pura materia a-histórica. El hecho traumático, como acontecimiento disruptivo, marcará un hito en la biografía de trabajadores comunes que será tipificado como incapacidad laboral permanente.

Las posturas científicas y los avances normativos iniciados en 1915, en especial la LRT (1995), que atiende las consecuencias del siniestro sin preguntarse sobre la responsabilidad del trabajador; los convenios y recomendaciones de OIT para humanizar el trabajo y el análisis de las condiciones y medio ambiente del trabajo no parecen eximir de la percepción subjetiva de culpa a los damnificados que fue corroborada por los entrevistados para esta investigación.

La imputabilidad del siniestro al propio damnificado sigue condicionando subjetivamente la percepción de culpa en los trabajadores.

1. 3. La relación histórica entre la exclusión sociolaboral, la salud de los trabajadores y la incapacidad para trabajar

       El concepto de exclusión social posee una larga historia detrás. Se puede afirmar que exclusión y excluidos han existido desde que los hombres y las mujeres han vivido colectivamente y han querido darle un sentido a esta vida en comunidad. 

Algunos de los ejemplos pueden encontrarse en el ostracismo en Atenas, la proscripción en Roma, las castas inferiores en la India, las múltiples formas de esclavismo, de exilio y destierro, de ghettoización y de excomunión como formas del rechazo con las que cada sociedad ha tratado a los indeseables, a los no reconocidos y a los proscritos de la tierra. Estos modos de exclusión no eran reconocidos como tales, sino que entraban en el orden humano o religioso imperantes y se aceptaban moralmente (Estivil 2003, p. 6).

Robert Castel (1995) analizó el término en perspectiva histórica que remitió a las poblaciones cuyo modo de vida estaba marcada por el vagabundeo, la mendicidad, la criminalidad y los oficios infames. Menciona a los gueux franceses, rogues ingleses, abenteurer alemanes, pícaros españoles, tunantes, bellacos, goufaniers, mendigos, rufianes, truhanes, bribones, malabaristas, comediantes, rivaldas, libertinas y putas que poblaron territorios mal señalizados, aunque ocuparon un gran lugar en el espacio social.

Cabe mencionar también en este apartado a Michel Foucault (1964) con su obra Historia de la locura en la época clásica en la que demostró la causalidad religiosa, moral y política de la exclusión en las motivaciones del Gran Encierro de los locos, rameras y adversarios políticos en cuarteles militares e iglesias en los estadios previos a la revolución francesa de 1789. Luego llegaría el médico revolucionario Philippe Pinel para diferenciar y certificar la exclusión sólo para los locos e implementó el tratamiento moral.

Con el advenimiento del modo de producción capitalista, la exclusión social se manifestó en la selección de la fuerza de trabajo y las primeras señales de la incapacidad para trabajar en estas nuevas condiciones del mercado.

Cuando Adam Smith (1776) sentenció “la riqueza de una nación depende exclusivamente de dos factores: la destreza del trabajo y la proporción entre el número de trabajadores útiles e inútiles” abrió las puertas para que el mercado de trabajo impusiera dos condiciones básicas para la inclusión laboral: la condición de salud y las calificaciones -en el siglo XX se incorporaron las competencias- requeridas en cada etapa histórica  que fueron modificándose acorde a la evolución de los procesos de trabajo y la tecnología aplicada (Meda, 1995, p. 51).

En función de estas dos condiciones la fuerza de trabajo fue reclasificada, incluida o excluida del campo laboral y los conceptos de capacidad e incapacidad para trabajar -atribuibles o no al trabajo- se relacionaron directamente con la posibilidad de enfrentar los nuevos desafíos de la revolución industrial en los países desarrollados.  

La industria que demandó una división técnica del trabajo dio surgimiento al empleo de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Una relación en la cual los propietarios de los medios de producción procuraron contratar sólo a quienes consideraban capaces de realizar tareas repetitivas durante largas horas de trabajo en condiciones que demostraron ser infrahumanas.

La exclusión de los no aptos como inválidos, incapaces de trabajar fue asociado al disvalor e improductividad (Chávez Penilla, 2011).

Los no aptos incluyeron tanto a los que no podían adaptarse a las exigencias fabriles como a las víctimas de las condiciones relacionadas con los procesos de producción, el carácter nocivo de los materiales y las posturas forzadas. En este punto el origen de la incapacidad/ineptitud – atribuible o no al trabajo – carecería de importancia.

La selección para la inclusión laboral se basó en la capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Para determinarla se requirió el conocimiento científico de las categorías médicas que avalarían la desviación negativa con respecto a un supuesto patrón de normalidad funcional, es decir, una condición “individual” resultado de una deficiencia de las personas considerada como una “enfermedad”; ocultando las causas sociolaborales de la exposición (Ferreira, 2017, p.21, 23).

La historia natural de la enfermedad de la cual la historia social de los padecimientos quedaba excluida o convertida en variables bioecológicas fue posibilitada por el biologismo. En la historia del MM (modelo médico o MMH modelo médico hegemónico) la salud de los trabajadores no se explicaba por los ritmos, tiempos o características de los procesos productivos sino por la naturaleza biológica y ecológica de la enfermedad que a través del darwinismo social desarrolló una de sus principales propuestas ideológicas que justificaron la explotación y estigmatización de los trabajadores a través de criterios socio-racistas. El mercantilismo del modelo médico se ligó a un desarrollo capitalista que considera todo bien, incluidas la salud y la enfermedad, como valor de cambio.

Potencialmente este modelo cumple cuatro funciones básicas: a) curativo/preventiva, b) normatizadora, c) de control y d) de legitimación. Las funciones de normatización y de control forman parte intrínseca del trabajo médico, el establecimiento de un diagnóstico o la aplicación de medidas preventivas potencialmente normatizan y/o controlan comportamientos. La función de legitimación es utilizada para evidenciar la preocupación y eficacia de los sistemas económico/políticos dominantes, ya sea regímenes políticos capitalistas liberales, fascistas, socialdemócratas, comunistas o populistas; tanto a nivel de países centrales como dependientes a través del establecimiento de políticas de salud centradas en mejorar la salud de los trabajadores y de sus familias (Menéndez, 2005, p. 16, 17).

En esta medicalización del cuerpo, las instituciones especializadas que se fueron incorporando intentaron por medio de una ortopedia de los cuerpos “humanizar la alteración deficiente” según la perspectiva de “bienestar” y el “poder de normalización”, descripto por Foucault en Los anormales (1975).

El cuerpo fragmentado del trabajador como consecuencia del hecho traumático disminuiría su fuerza de trabajo y afectaría su vida cotidiana.

Como afirma Hanna Arendt (1958, p. 75) “ya vivimos en condiciones donde la propiedad más segura es nuestra habilidad”; coincide con Marx en que ser poseedor de un cuerpo es la indisputable propiedad de la fuerza de trabajo.

Para Marx (1867) y Han (2017) se trataría de un cuerpo-cosa que Bourdieu (1999) definió como un cuerpo naturalizado como mera materia orgánica sin memoria, sentimientos, sin habilidades prácticas, un cuerpo desocializado y objeto-mercancía del capitalismo.

Otros investigadores consultados presentan diferentes posturas para explicar las causas de la exclusión sociolaboral de los trabajadores con incapacidad para trabajar.

Para Castel los inválidos poseen un permiso social para no trabajar, otorgado históricamente, que osciló entre la mendicidad tolerada y la caridad devenida en seguridad social. Como Smith en el siglo XVIII, Castel también alude al concepto de ineptos para el trabajo y caridad para los inválidos de todo tipo al describir a la masa de miserables que no tendrán lugar en la sociedad. De ese modo distingue la mendicidad tolerable y los indigentes válidos pero ociosos. El destino, asevera, será la caridad y las políticas de asistencia o la represión y criminalización de la ociosidad (Castel 1995, p. 246, 247).

Bauman marca, en cambio, los temores de la sociedad líquida con respecto a la invalidez y la vejez. Ya no son los otros los incapaces: todos estamos expuestos. Por lo tanto, todos corremos el riesgo de ser excluidos.

En sintonía con el origen económico de la exclusión en el capitalismo liviano descriptos por Bauman, Han muestra en sus publicaciones La Sociedad de la transparencia y La Exclusión de lo distinto, los parámetros que utiliza la sociedad de consumo del siglo XXI para eliminar todo carácter distintivo y destacable que trabe la libre circulación e intercambio entre iguales (Han, 2013a, 2013b).

La sociedad actual no admite lo distinto. Conceptos como diversidad y su gestión para el abordaje de grupos minoritarios muestran las formas que la sociedad tiene para aceptar la diferencia a partir de la diferencia compartida que constituiría, finalmente, un conjunto de igualdades presentadas como diversas. 

Los factores económicos y de productividad como causa de exclusión guían los estudios de Bauman, Castel y de Han en coincidencia con economistas como Livermore (2000) [1]

Para insumo de esta investigación podría inferirse que todos los sujetos que se presenten distintos a los parámetros productivos esperados por el mercado de trabajo del capitalismo en sus diferentes estadios se igualarán en el momento de la exclusión sociolaboral; independientemente de las causas.

En el caso de los asalariados con dictamen de incapacidad laboral permanente podría presentarse una identificación con el estigma asociado a las personas con discapacidad y el prejuicio asociado a dicho colectivo con respecto a su incapacidad para trabajar. Prejuicios que conjugan el estigma social con la tipificación impuesta por el modelo médico.[2]

En este sentido, el sujeto estigmatizado pareciera quedar sin posibilidad de incluirse en un nosotros normalizado, se configurarían como una alteridad excluida de cuerpos que ya se perciben como improductivos para el sistema capitalista (Míguez Passada, 2007, p. 65).

En el concepto de exclusión de lo distinto propuesto por Han y la afirmación de Míguez Passada sobre la alteridad impuesta por el mercado de trabajo, convalidado por el modelo médico, que promueven la exclusión se configurarían las bases de un denodado esfuerzo por fundamentar objetivamente la supuesta improductividad de la no normalidad sin considerar los efectos objetivos y subjetivos sobre la trayectoria laboral y la vida cotidiana de los sujetos.

1. 4. Los antecedentes legales en el tratamiento de los riesgos del trabajo 

      En el contexto de la Revolución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII también pueden hallarse los antecedentes de la legislación de los riesgos del trabajo. Como se describió en el punto 1.2 de este capítulo, este periodo se caracterizó por el acrecentamiento de las enfermedades y la mortalidad provenientes del trabajo fabril y las agotadoras jornadas carentes de condiciones mínimas de seguridad e higiene de una masa de obreros que no distinguía género ni edad.

Los principios del liberalismo económico y jurídico se regían con la ficción de la igualdad ante la ley pero no la igualdad de oportunidades cuya expresión máxima fue el Código de Napoleón. Esto impedía una legislación tuitiva -protectora- que consagrara derechos elementales a una clase desprotegida consagrando en las comunidades europeas el principio de la autonomía contractual como la panacea (Baños, 1998).

En la oposición a la alta tasa de mortalidad de los obreros participaron los socialistas utópicos primero, los científicos después, los levantamientos de las Comunas de París en 1848 y 1870, las organizaciones obreras de carácter internacional y la presencia de los pensadores católicos franceses que permitió la introducción en la legislación de sus respectivos países de las normas que regularían los siniestros de trabajo.

Recién con la aparición de la doctrina de Josserand que consagraba la responsabilidad objetiva, es decir la responsabilidad sin culpa, se pudieron dictar las primeras leyes tuitivas sobre accidentes de trabajo.  Este criterio tenía en consideración el riesgo producido por la industria y dejaba de lado la culpa del trabajador. Fue adoptado por la legislación francesa y luego por la belga pasando más tarde a los demás países del continente europeo y posteriormente a América.

En la teoría consagrada por Josserand sobre el riesgo objetivo el dueño del taller era responsable del siniestro por haber creado el riesgo. Pero la reparación no fue integral, solamente se reparaba el daño hasta un determinado monto; la reparación era tarifada.   [3]

La Alemania unificada por el Canciller de Hierro Bismark entre los años 1880 a 1890 no utilizó la reparación tarifada. El Canciller hizo votar al parlamento alemán una serie de leyes que consagraban los seguros obligatorios para los supuestos de accidentes, enfermedades y muertes de los trabajadores que padecían patologías y otras consecuencias provenientes de infortunios laborales.

La legislación laboral argentina tuvo sus orígenes a principios del siglo XX. Según el ordenamiento realizado por Alejandro M. Unsain en “Ordenamiento de las leyes obreras argentinas” (1947) se inició en 1904 con la Ley 4349 sobre jubilaciones y pensiones de empleados civiles de la Nación para continuar con la Ley 4.661 sobre descanso dominical en la Capital Federal (1905). En 1907 se promulgó la Ley 8.999 que creó el Departamento Nacional del Trabajo y el 29 de septiembre de 1915 se dictó la Ley 9.688 sobre accidentes del trabajo.

La incipiente industrialización producida recién entrada la mitad del siglo XIX, como así también el numeroso caudal de inmigrantes que ingresó apoyada por las leyes de colonización, dictadas bajo amparo constitucional, hicieron que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la denominada cuestión obrera y la seguridad social ya se instalara en su seno.  Con la aparición de los primeros nucleamientos sindicales y las primeras manifestaciones de huelga hicieron necesaria una legislación obrera que diera respuesta a las necesidades planteadas por esta clase social como las problemáticas vinculadas con la sanidad y la salud pública, la vivienda y la criminalidad urbana. 

La consolidación del movimiento obrero se nutría de las corrientes ideológicas que desafiaban en Europa a las instituciones políticas conformadas por el liberalismo a las que se añadían los debates en torno al género y al papel que le correspondía a la mujer en su carácter de trabajadora y/o de madre y a la cuestión indígena (Suriano, 2000, citado por Maddalena, 2013).

Los partidos políticos y el movimiento anarquista venían denunciando, entre otras cuestiones, las pésimas condiciones de higiene y laborales en las fábricas que traían como consecuencia enfermedades y accidentes que constituían uno de los aspectos visibles de una relación basada en la explotación y que sólo apuntaba a aumentar los márgenes de la ganancia capitalista. Ante estas denuncias y las huelgas los organismos estatales decidieron intervenir, reconocer ciertos derechos y organizar un soporte institucional (Ramacciotti, 2011, p. 267).

El interés por la higiene y seguridad en el trabajo tenía como referentes tanto la legislación e ideas previas como diagnósticos internacionales. Desde fines de siglo XIX y principios del XX la radical Elvira Rawson (segunda médica en Argentina) y los socialistas Juan B. Justo, Augusto Bunge, José Ingenieros, Ángel Giménez y Enrique Dickman habían enunciado la importancia de resguardar los ambientes de trabajo (Bialet Massé, 1904).

En 1907 se creó el D. N. T. (Departamento Nacional del Trabajo) una agencia del Estado creada con la finalidad de estudiar la situación de los obreros, recolectar datos y producir registros estadísticos sobre el mundo del trabajo. Su objetivo era atender las demandas del movimiento obrero para mejorar las condiciones laborales y considerar las discusiones legislativas que buscaban erigir un corpus jurídico que mitigara la conflictividad social imperante. La mayor parte de los datos con los que se confeccionaba las estadísticas eran provistos por la Policía, la Prefectura y por los hospitales con la intermediación de la Municipalidad y las gobernaciones del interior del país. Las aseguradoras también proporcionaban sus indicadores acerca de los accidentados cubiertos por las pólizas que emitían. 

Estos aspectos dan una pauta sobre la razón por la que los informes en materia de accidentes de trabajo se caracterizaban por un perfil cuantitativo y estadístico que se alejaba de todo análisis complementario en sus aspectos cualitativos y de alguna manera repercutieron en las proclamas legislativas.

Hasta la sanción de la Ley de Accidentes del Trabajo 9688/15 el vacío legal era cubierto por el Código Civil. En ese sentido, la responsabilidad de indemnización sólo se veía fundada en los casos en que se demostrara dolo o intencionalidad de parte del causante del daño o en las ocasiones en que éste se enriqueciera. El Código dejaba en claro que si los hechos eran involuntarios no originaban una responsabilidad que debía traducirse en la acción indemnizatoria.  En 1904 Juan Bialet Massé había publicado un nuevo artículo, esta vez en su carácter de abogado, bajo el nombre La responsabilidad civil en el derecho argentino en el que sugería la insuficiencia del Código Civil en el tratamiento de los accidentes de trabajo que establecía en el Art. 900 que los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.

Los intentos por regular las relaciones del trabajo encontraron su punto más álgido en el Proyecto de Ley Nacional del Trabajo impulsado por el ministro del interior Dr. Joaquín V. González.  Los fundamentos que acompañaban al texto de la ley detallaban con claridad que:

[…] cada norma dictada sobre la cuestión social en distintas regiones del mundo ha sido la consecuencia de una honda convulsión revolucionaria y de sangrientas sacudidas que han perturbado la paz de los pueblos y obligado a los partidos conservadores a ceder y ampliar el campo de expansión de los derechos y de la vida de las clases trabajadoras (DSCD, 1904, p. 65). 

En referencia a las huelgas que en 1902 habían paralizado las actividades agroexportadoras del país y temían que volviesen a ocurrir; los beneficios que se promovían a favor de los trabajadores, si bien tenían un fin último de preservar el orden social, surgían como consecuencia de la presión ejercida por el movimiento obrero.

El Anteproyecto de Código de Trabajo de J. V. González (1904) fue propiciado por el presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca (en su segunda presidencia).

En el título V (arts. 89 a 122) se regulaban los Accidentes de Trabajo dentro de la teoría del Riesgo Objetivo por Industria Peligrosa que consagraba una indemnización tarifada y la posibilidad de establecer un seguro optativo por parte del empleador. El mismo no tuvo sanción legislativa.

Entre 1906 y 1907 se presentaron dos proyectos de ley por dos sectores, en principio, antagónicos: la Unión Industrial Argentina y el Partido Socialista por medio de Alfredo Palacios como su representante en la Cámara Baja. La asociación patronal intentaba minimizar los montos de las indemnizaciones, delimitar cuáles serían las industrias a las que referiría la ley y ampliar los regímenes de excepciones. La propuesta de Palacios apoyaba el resarcimiento obrero en toda ocasión en que sufriera daño contando como excepción única los casos de intencionalidad de la víctima.

La aceptación de la patronal se puede entender como una sesión ante la presión del movimiento obrero y como un desvío de la atención ante otras exigencias de fondo cuya implementación los industriales consideraban más perjudicial a sus intereses. 

El Proyecto de la Unión incorporaba como aspecto novedoso la obligatoriedad del seguro contra accidentes como una manera de resguardar el capital empresario; sin embargo, la presentación de Palacios también daba cuenta de ello, quizás como una búsqueda por garantir que la indemnización se concretara al repercutir la responsabilidad resarcitoria en una aseguradora creada a tales fines específicos.

Entre junio y agosto de 1912 los diputados Adrián Escobar (conservador), Alfredo Palacios (socialista) y Rogelio Araya (radical) presentaron cada uno sus proyectos para legislar sobre los accidentes laborales. Ese año marcó un hito en la competencia por impulsar avances en materia social. La reforma electoral promovida por la Ley Sáenz Peña que trajo como novedad el voto obligatorio y secreto promovió la disputa de los partidos políticos para conseguir el sufragio de una masa de votantes que había permanecido excluida de tal derecho como lo era la clase trabajadora.

En 1914 se volvieran a presentar tres proyectos legislativos (Palacios, Araya y Bas de la Unión Nacional) y recién en setiembre de 1915 se sancionó -a libro cerrado- la primera Ley de Accidentes de Trabajo 9688/15 que tuvo como base un proyecto presentado por los diputados socialistas Marco y Palacios y fue promulgada por el vicepresidente de la Nación a cargo de la presidencia (por muerte del Dr. Roque Sáenz Peña) el Dr. Victorino de la Plaza. Tenía como antecedente en el derecho comparado a la ley francesa sobre accidentes y como antecedentes locales, entre otros, el anteproyecto del Dr. Joaquín V. González.

La ley se focalizó en el riesgo objetivo que amparaba a los siniestrados en industrias peligrosas siendo el Poder Ejecutivo el que, por vía reglamentaria, indicaba cuáles industrias eran consideradas como tales. Consagraba una indemnización tarifada y permitía que el dueño de la industria peligrosa pudiera asegurar el riesgo por intermedio de una compañía aseguradora. También se creó la Caja de Accidentes que debía cubrir el riesgo en los supuestos casos de insolvencia patronal. 

La indemnización que pautaba la legislación se relacionaba directamente con el grado del daño sufrido pero también con el salario percibido por el trabajador; la misma se efectivizaría luego del depósito del patrón o en su defecto del asegurador en la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Los seguros resultarían facultativos y las compañías aseguradoras serían controladas por el Estado; en los casos en que el patrón no las contratase y se declarase insolvente una Caja de Garantías pagaría las indemnizaciones (Ramacciotti, et al). [4]

La Ley 9688/15 y sus reformas dieron origen a diversas interpretaciones del fuero laboral e innumerables litigios como por ejemplo las “enfermedades accidentes”, aquellas patologías que el trabajador tiene en su organismo, pero que el trabajo actuando en forma de nexo casual o concausal, llega a acelerar o despertar. 

Tanto la Ley 9.688/15, reformada por la Ley 23.643/88 como la Ley 24.028/91 que introdujo modificaciones sustanciales a la doctrina, reparaban las siguientes contingencias producidas al trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo o por accidente “in itinere”: a) muerte de la víctima y pago de un subsidio por entierro; b) incapacidad absoluta; c) incapacidad parcial y permanente; d) incapacidad temporaria. Además cubría los gastos médicos, farmacéuticos, prótesis y recambio de las mismas.

La sanción de la Ley 24557/95, que se analizará en el capítulo III, no surgió de un reclamo obrero y una disputa política por obtener el voto de la clase trabajadora sino como parte de un entramado de acuerdos entre los poderes políticos, económicos y sindicales para implementar en el país una transformación macroeconómica radical.


  1.  Los aspectos que afectan tanto a la oferta como a la demanda de trabajo de las personas con discapacitados tiene que ver con los costos adicionales (transporte, rehabilitación, asistencia técnica o personal); los costos directos de búsqueda de empleo y su menor esperanza de vida en algunos casos reduce la participación a la que se suma la percepción de los empresarios que la asocia con baja productividad, ausentismo y costos adicionales como adaptación del medio de trabajo. (Livermore 2000, citado por Dávila Quintana, 2002: 4). 
  2.  El sociólogo canadiense Erving Goffman define el Stigma (1963) como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la “identidad normal”. Reconoce tres formas de estigma: la imposición de una enfermedad mental (o la experiencia del diagnóstico psiquiátrico), una forma de deformidad o una diferenciación no deseada y la asociación a una determinada raza, creencia, religión o ausencia de esta. Ciertos atributos de las personas sirven para ser reconocidas inmediatamente como parte de un grupo social, pero cuando estos atributos provocan descrédito o desvaloración, estamos en presencia del estigma. Se trata de un proceso cognitivo y también de un proceso de control social que se manifiesta en tres aspectos del comportamiento social: estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos son estructuras de conocimiento social que permiten generar rápidamente impresiones y expectativas acerca de personas que pertenecen a un grupo. Cuando la persona apoya un estereotipo con una valoración, generalmente negativa y eso genera una respuesta emocional, estamos en presencia de un prejuicio que implica contenidos evaluativos y afectivos. Esto conduce a la discriminación, que es una reacción de comportamiento. Las conductas discriminatorias afectan gravemente la vida de las personas con padecimiento mental y sus familias (Ottati, 2005). La experiencia del diagnóstico como estigma se asocia a la alienación que provoca la tipificación impuesta como uno de los motivos básicos de la experiencia subjetiva de discriminación en la vida cotidiana (Barber, 2001). 
  3.  La teoría de la culpa, en cambio, predominó en el derecho civil argentino cercana a la postura defendida por Bialet Massé previo al surgimiento del derecho laboral. La víctima debía demostrar con pruebas de un hecho, de una negligencia, omisión o mala fe la causa del accidente que había ocurrido en su trabajo. Este aspecto fue cuestionado por resultar anacrónico a principios del siglo XX (ver Capítulo I) y constituyó una de las razones fundamentales por la cual los obreros no denunciaban los accidentes produciendo alteraciones en las estadísticas (Stagnaro 2016, p. 120, 121, 123). 
  4.  El Tratado de Versailles así como el Preámbulo de la Constitución de la OIT, ambos de 1919, reconocieron la urgencia de asegurar “la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes resultantes del trabajo” y establecieron el amplio principio de que “el bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores asalariados es de una importancia esencial desde el punto de vista internacional”. En 1944 la Declaración de Filadelfia incluyó entre las obligaciones de la OIT la de “fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan […] proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones”. Tres de las seis Recomendaciones de la OIT que se adoptaron durante la 1a Conferencia Internacional del Trabajo (Washington, 1919), versaban sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) (Bueno, 2019, p. 91). 


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