El presente libro tiene como objetivo transmitir el trabajo final constituido como tesis de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Se propone como aporte a una vacancia en los estudios cualitativos sobre el campo de los trabajadores con incapacidad laboral permanente adquirida en el empleo dentro del mercado de capitales privados en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 1990-2015. [1]
El estudio se abocó a analizar la percepción subjetiva que generó en los actores la adquisición de una incapacidad laboral permanente, la posterior exclusión del campo del trabajo asalariado y el impacto en sus recorridos laborales y su vida cotidiana. El periodo seleccionado abordó la etapa 1990-2015, inicio y continuidad de la flexibilización del modo de producción y relación contractual del mercado formal de trabajo y la seguridad social relacionada a los riesgos del trabajo en la Argentina. En esta etapa se consolidó la instalación de una cultura organizacional que trascendió programas de gobierno con distintas orientaciones ideológicas con respecto al mercado de trabajo.
La problemática que motiva esta investigación se relaciona con la situación y la percepción subjetiva de los asalariados con dictamen de incapacidad laboral parcial permanente obrera menor al 66 % que fueron desvinculados de sus empleos, cuyas voces fueron y son silenciadas por las estadísticas, incluso por el subregistro u omisión en estas.
Las consecuencias inmediatas sobre los recorridos laborales y la vida cotidiana de estos trabajadores fue la pérdida de su condición de asalariados y la seguridad social que los contenía.
La normativa vigente en la Ley de Contrato de Trabajo 20744/76 (art 212, 245 y 247) facilita la exclusión del mercado asalariado con quitas del 50 % en las indemnizaciones por despido si el empleador no cuenta con un puesto optativo para la reubicación laboral (equiparable a despido por fuerza mayor). La Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95, por su parte, prevé para esos casos la inducción al trabajo informal o precario de los damnificados.
La complejidad del tema abordado propulsó el buceo en las aristas históricas, legales, económicas y sociales que desnudaron la continuidad de la exclusión de los trabajadores que no cumplieran o no podrían cumplir con los standards de productividad previstos por el mercado de trabajo asalariado.
Para construir el estado del arte se acudió a los buscadores Google académico, redalyc.org, Refseek, SpringerLink, Scielo, Dialnet, academia.edu, Base, HighBeam y Eric. También se obtuvo material de páginas web institucionales, portales y bases de datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales), la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) entre otras.
Se consultó la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, textos sugeridos por la directora de tesis y de la biblioteca personal.
La relevancia teórica del presente estudio se basa en analizar los recorridos laborales en perspectiva diacrónica, destacando los proyectos biográficos laborales, los puntos de inflexión y las bifurcaciones posteriores desde una perspectiva cualitativa, ya que la tradición de la investigación en riesgos del trabajo en nuestro país estuvo apoyada históricamente en datos cuantitativos en relación al tipo y cantidad de siniestros, índice de incapacidad, rubro laboral, edades y condiciones económicas enfocadas primordialmente a las primas por seguro y costos por indemnización.
La prevalencia de estudios relacionados con la temática consultados sobre riesgos del trabajo que surgen del campo de la prevención, el derecho, la economía y las investigaciones históricas se refieren al marco y las modificaciones contextuales, pero no dan cuenta del impacto subjetivo en los actores afectados por los dos ejes analizados que presentaron mayor afinidad a los escritos sociológicos y psicológicos.
Esta investigación pretende iluminar a través de la narración en primera persona, los hechos y las circunstancias que afectaron el recorrido laboral y la vida cotidiana de los asalariados que valorizaron el “deber ser trabajador” en el mercado formal de trabajo como modo de inclusión social, pero obtuvieron resultados opuestos a sus expectativas, ya que fueron las consecuencias no esperadas del trabajo la que los excluyó transformándolos en incapacitados para trabajar.
Incapacidad devenida por efecto del desgaste de su salud asociado al puesto, con requerimientos de mayor productividad y exposición relacionados con los cambios en los modos de organización característica de la reconversión productiva implementada en la Argentina a partir de la década del ´90.
Para la construcción de la perspectiva histórica, el marco conceptual y el contexto socioeconómico de la Argentina en la etapa 1990-2015 se seleccionó bibliografía que atravesara el entrecruzamiento entre los conceptos trabajo y salud, discapacidad e incapacidad para trabajar e incapacidad laboral y empleo. También se buscaron los entrecruzamientos entre incapacidad laboral permanente y el impacto en las trayectorias laborales de asalariados para confrontarlo con los conceptos de discapacidad, mercado laboral e impacto en los recorridos laborales.
Este ítem se complementó con basamento estadístico y su sesgo ideológico crítico de tipo discriminatorio con respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad y los asalariados con incapacidad laboral adquirida.
En Argentina, los estudios que abordan las relaciones entre trabajo y salud provienen de tres disciplinas: la Psicología, la Sociología y la Economía. Algunas de esas investigaciones convergen en torno a las siguientes problemáticas: las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) y los riesgos psicosociales del mismo.
El CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales) dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) desde comienzos de la década de 1980 lleva a cabo diversas investigaciones en sectores específicos de actividad en el país como las emprendidas por Silvia Korinfeld, Nora Mendizabal, Christophe Dejours y Julio César Neffa, entre otros autores citados en esta investigación.
Desde una posición tomada sobre la salud ocupacional, su objetivo centrado en la prevención y su articulación interdisciplinaria, esta línea de pensamiento se enfrenta al tradicional modelo médico de corte positivista manifiesto en el baremo de medición de la incapacidad laboral de la Ley 24557/95 (LRT), decreto 659/96. El modelo médico, por otra parte, complementa la concepción jurídica argentina sobre el análisis de la causalidad de los riesgos del trabajo, mostrando un vínculo de tensión entre los preventores que utilizan el árbol de procedimientos multicausal para analizar los accidentes de trabajo y los referentes económicos responsables de compensar -en especies y en forma dineraria- las secuelas de la capacidad laboral obrera perdida dentro del campo de los riesgos del trabajo tarifados.
Al especificar la búsqueda bibliográfica sobre empleo e incapacidad laboral se descartaron, en primera instancia, los escritos y videos institucionales sobre la prestación en especie de recalificación profesional de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95, Resolución SRT 216/03 -proceso de reinclusión laboral de damnificados con desventaja laboral-. Este material presentaba una visión positiva y superficial de la problemática a partir de la propaganda oficial de buenas prácticas y testimonios guionados de los damnificados entrevistados por entes públicos como la Súper Intendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Se consideraron pertinentes, en cambio, los antecedentes de investigaciones cuantitativas que fueron desarrollados en su mayoría por terapeutas ocupacionales argentinos dedicados a la recalificación profesional. Entre otros objetivos se centraron en buscar los factores que determinaron la exclusión laboral.
Boschero y Rajz analizaron una población de 59 trabajadores siniestrados en proceso de recalificación profesional que fueron despedidos en la ciudad de Rosario y aledaños. Concluyeron que en el 74% de los casos fueron desvinculados por decisión empresarial donde la edad, puestos de trabajo, la formación laboral y académica, tipo de accidente, el diagnóstico y el índice de incapacidad dictaminado no influyeron en la continuidad laboral (2003, p. 4).
Tampoco se demostró la incidencia del nivel del índice de incapacidad laboral permanente en las causas de desvinculación en una investigación basada en la evidencia sobre 39 casos de trabajadores desvinculados por causa de limitación adquirida a lo largo de quince años en diferentes regiones de explotación agrícola y derivados en la Argentina. El resultado arrojó un índice promedio del 10% (Sbriller y Barrera, 2012).
En suma, estos estudios dieron cuenta que la desvinculación tuvo basamento en aspectos de discriminación (Aguilar et al, 2008, p. 6); políticas empresariales (Boschero et al, 2003; Sbriller et al, 2012); imposibilidad de reubicar a los trabajadores en otros puestos de las empresas basadas en monotareas manuales de tipo repetitivas -fundamentalmente en PyMES (pequeñas y medianas empresas)-, actores ausentes como los representantes sindicales o variables que afectan a los trabajadores en general referidos a los cambios en la organización y las restricciones de las ofertas de empleo del mercado. Las conclusiones de estas investigaciones coincidieron con algunos de los factores explicitados en los relatos de los entrevistados para esta investigación que incidieron en la exclusión laboral.
Con respecto a las investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre trayectorias laborales en la Argentina del siglo XXI las temáticas de interés se centraron en los efectos de la reestructuración productiva y el desempleo, itinerarios de jóvenes y trayectorias de mujeres y migrantes.
Estos estudios proporcionaron insumo para analizar con mayor detenimiento la relación entre la incapacidad laboral permanente y su impacto en los recorridos laborales de asalariados dentro de un contexto de flexibilización y precariedad del mercado de trabajo que promueve la fragmentación de los recorridos y la exclusión del campo socio laboral.
Algunos ejemplos pueden encontrarse en las investigaciones sobre la movilidad laboral de trabajadores despedidos (Rebón, 2000); los estudios sobre el impacto de la reestructuración productiva de empresas privatizadas en las trayectorias de sus ex trabajadores (Cicciari, 2003); las trayectorias de los asalariados del sector privado (Castillo, et al 2005); las trayectorias laborales de desempleados del sector formal (Belvedere et al, 2000; Salvia et al, 2002; Lucero, 2003; Frassa, 2005) y los numerosos trabajos realizados a partir de paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (Muñiz Terra, 2012, p. 53).
Asimismo, existen numerosos trabajos que aplican el concepto de trayectoria a los estudios de género (Cutuli, 2009; Freidin, 1996; Gallart, et al, 1992; Salvia, 2009; Torillo, 2009; Cragnolino, 2003); a los procesos de movilidad sociolaboral y condiciones de vida (Gabrinetti, 2005; Goren, 2002; Graciano, 2003; Porcu, 2003); de identidad laboral y cultura obrera (Graffigna, 2002, 2005); de estrategias socio‐ocupacionales de trabajadores informales (Chávez Molina y Raffo, 2003).
Los estudios de trayectoria citados mostraron la centralidad y utilidad del enfoque para el análisis de los procesos de flexibilización del empleo y estratificación del mercado de trabajo, tanto al nivel de las posiciones objetivas como en el plano de las identidades laborales (Muñiz Terra, 2006; Longo, 2009; Jacinto, 2010; Maceira, 2010; Comas, et al, 2016, p. 235).
Para el presente estudio, las investigaciones sobre trayectorias se tomaron como antecedentes del impacto de la problemática socioeconómica de la etapa analizada, sin embargo, dadas las características del tipo de análisis abordado se optó por el concepto de recorrido laboral que se desarrollará en el capítulo II.
En la búsqueda de investigaciones específicas sobre los ejes incapacidad laboral permanente y trayectoria laboral se presentó una problemática semántica que asoció los campos de los trabajadores con incapacidad laboral adquirida con el de las personas con discapacidad que dieron cuenta de una tradición tan histórica como cuestionada.
Si bien los estudios sobre la temática tienden a solapar ambos campos, estos difieren en su tratamiento en los aspectos jurídicos, de salud, de seguridad social, económico y especialmente en lo atinente al derecho a la inclusión y permanencia laboral a partir de un punto que marca la divisoria de aguas: la certificación de la causalidad directa con el trabajo -culpable- o no causada por el trabajo -inculpable-.
Para la Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95 solo puede considerarse que un trabajador presenta incapacidad laboral permanente cuando es consecuencia directa de las condiciones de trabajo. Esto implica reconocer un mecanismo de producción del hecho y sus consecuencias para abordar la recuperación de las secuelas, la compensación en especies e indemnización dineraria y definir la continuidad o no de la trayectoria laboral posterior en la empresa donde adquirió la incapacidad.
La asociación entre los dos campos también se constituyó como un obstáculo para el análisis de las estadísticas relacionadas con la causa de la incapacidad o de la discapacidad para la inclusión laboral o permanencia en el mercado laboral, aspecto que no permitió discriminar el objeto de estudio de esta investigación dentro de la masa de datos estadísticos.
Esta asociación indiscriminada aparece también en las estadísticas emanadas de fuentes oficiales sobre discapacidad y mercado laboral en las que puede configurarse la problemática sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La Encuesta Mundial de Salud (2011) afirma que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y generalmente ganan menos cuando trabajan. Las tasas de empleo son menores entre los varones y mujeres discapacitados (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y mujeres no discapacitados (65% y 30%, respectivamente). En el año 2010 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) comprobó en 27 países que las personas con discapacidad en edad de trabajar, en comparación con sus homólogas no discapacitadas, experimentaban desventajas significativas en el mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En promedio su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin discapacidad (75%) (OMS, 2011, p.1).
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) participó en junio de 2018 en la 11ª Conferencia de Estados Parte de la CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) bajo el lema general “No dejar a nadie atrás mediante la plena implementación de la CDPD en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
La Conferencia subrayó la importancia de la desagregación de la información del mercado laboral por situación de discapacidad utilizando las preguntas del Grupo de Washington para su medición. La desagregación permitiría a los países medir adecuadamente su progreso en el logro de la inclusión laboral utilizando contralores institucionales externos y exponiendo la vigencia de la problemática trabajo y discapacidad en forma independiente a su causalidad.
Tanto en la Encuesta Mundial de Salud como en la Conferencia la exclusión de la causa que originó la condición de discapacidad en la medición, como perspectiva superadora del modelo médico que promueve la Convención, no permitiría discriminar la incidencia de los riesgos del trabajo; tema central de interés de esta investigación.
Al relacionar las estadísticas internacionales sobre inclusión laboral de personas con discapacidad con las cifras oficiales emanadas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2017) se evidencia que el total de los trabajadores con incapacidad laboral permanente adquirida que ameritan la condición de personas con discapacidad sumaron un 0,1%. Estas cifras generan un interrogante sobre la magnitud de la problemática de la exclusión del empleo de trabajadores que no cumplen con las condiciones para ser considerados personas con discapacidad.
A nivel local, la estadística presentada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018) con el objetivo de conocer la causa que da origen a la dificultad supone la posibilidad de apreciar el impacto de aquellas de orden biológico y ambiental. Los resultados arrojaron que para un 44,8% de la población de 6 años y más, la principal causa de origen de la primera dificultad es la enfermedad, predominio que se mantiene para ambos sexos. La segunda corresponde a los accidentes (de tránsito, domésticos, laborales, deportivos, etc.) con un 16,7%. La causa conocida con menor representación corresponde a los problemas en el parto o enfermedad de la madre durante el embarazo con un 6,5%. Finalmente, un 4,9% de la población de 6 años y más con dificultad ignora sus causas.
Mientras que los varones presentan el mayor porcentaje de dificultades causadas en accidentes (23,0%) y problemas en el parto o por una enfermedad de la madre durante el embarazo (8,6%) las mujeres muestran la mayor proporción de dificultades causadas por problemas de la vejez y enfermedades o síndromes.
Las causas expuestas dan cuenta de un amplio abanico en el que predominan las enfermedades y el inicio en la niñez. Los resultados no discriminan si los accidentes laborales corresponden al campo de los asalariados con programas de prevención monitoreados por el Ministerio de Trabajo y Producción o si corresponden a trabajadores que se desempeñan en tareas precarias o informales sin controles estatales sobre la prevención. La falta de discriminación de los datos impide incorporar la referencia a esta investigación.
Un sesgo en estas estadísticas fue señalado por Miguel Ángel Malo al afirmar que la discapacidad se constituye como una autoselección. Solo se inscriben en los registros para pasar por los filtros y ser declarados discapacitados los sujetos que esperan un derecho a una prestación económica en dinero o en especie. No es una obligación inscribirse sino un derecho (2007, p. 412).
Este aspecto también puede contener un sesgo de autojustificación: una persona que no está trabajando puede declarar en una encuesta que no lo hace porque está discapacitado; generando un problema estadístico. O un sesgo en sentido contrario: no declarar la discapacidad si se vive como un estigma. Estos hechos hacen imposible el papel de las autoevaluaciones para contabilizar las personas con discapacidad. También pueden aparecer valores subjetivos relacionados al trabajo y al ocio ya que las personas pueden darle mayor o menor importancia a su discapacidad en función de la tarea que realizan.
Definir la discapacidad como incapacidad para trabajar es un problema que también se extiende a ciertas encuestas utilizadas para analizar la relación entre discapacidad y participación laboral. Este último es el caso de la encuesta norteamericana HRS (Health and Retirement Survey) que obtiene la información sobre discapacidad a partir de la siguiente pregunta: Do you have any impairment or health problem that limits the amount of paid work you can do? If so, does this limitation keep you from working altogether? (¿Tiene alguna deficiencia o problema de salud que limite la cantidad de trabajo remunerado que usted puede realizar? Si es así, ¿esa limitación le lleva en general a no trabajar?)
Con una pregunta como ésta aparece el mismo tipo de problema señalado: se considerarían discapacitados precisamente aquellos individuos que no pueden trabajar por tener una cierta característica. ¿Cómo analizar entonces la influencia de dicha característica sobre la probabilidad de trabajar si inactividad y discapacidad están conceptualmente unidas debido a la forma de hacer la pregunta?
Algunos de los cuestionamientos aparecen en la sentencia: si una persona puede participar en el mercado de trabajo entonces no estaría discapacitado en el sentido anterior y si puede llegar a integrarse en un futuro más o menos cercano entonces esa integración laboral significaría que deja de ser discapacitado.
En la Argentina también existen antecedentes que equiparan discapacidad e incapacidad para trabajar como en la encuesta de Desarrollo Social, implementada por el SIEMPRO-INDEC en 1997 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC en su versión continua a partir del 2003. La encuesta de Desarrollo Social no ha publicado la información obtenida y la EPH continua, si bien incluye en los “cuestionarios del hogar” una pregunta sobre personas con discapacidad que forman parte de él, solo utiliza este dato para tipificar la población económicamente no activa.
En las bases de la EPH continua se aplica la información de personas con discapacidad para conformar la variable “categoría de inactividad”, según consta en el Diseño de registro y estructura para las bases preliminares “Hogar y personas” de la Dirección Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC en junio del 2007 (Acuña et al, 2010, p. 76).
La encuesta comete el mismo error que destaca Malo en las estadísticas españolas que dificultan la contabilización de las personas con discapacidad y al mismo tiempo los incluyen en la categoría de inactividad laboral.
Es destacable el estudio sobre políticas aplicadas a la discapacidad en la Argentina publicado por Carlos Acuña y Luis Bulit Goñi (2010). Los autores se centraron en una población de 0 a 49 años (38,7% del total de las personas con discapacidad censadas en 2001, es decir, 842.042 personas) que dependen de políticas para la discapacidad.
Los autores aclaran que el recorte del universo a explorar no incluyó la discapacidad por accidentes de trabajo y/o por complicaciones propias de la tercera edad porque ambos subgrupos cuentan en las políticas de seguridad social, laboral y para adultos mayores con estrategias de política específica.
Con respecto al campo de los asalariados con incapacidad laboral permanente adquirida, en cambio, los sujetos no se inscriben voluntariamente en un registro como las personas con discapacidad, sino que son incorporados por la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y contabilizados por el Departamento de Estudios y Estadísticas de la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
A modo de ejemplo, las estadísticas publicadas por la SRT dan cuenta que en el año 2013 se registraron 67048 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. La incidencia de este tipo de secuelas fue de 7,6 casos cada 1000 trabajadores cubiertos; un 9% por encima del año anterior (Informe SRT, 2013, p. 8).
Los accidentes constituyeron la principal causa de incapacidad en el 73% de los varones y el 69% de las mujeres que se ubican entre el 11 y el 20% de incapacidad y el 0,3% tienen valores por encima del 50%.
Con respecto a las EP (enfermedades profesionales) en ese año se notificaron 25.193 casos, con un índice de incidencia de 1,8 casos cada mil trabajadores con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.
Las industrias manufactureras concentraron el 41 % de los casos y los servicios sociales (31%) seguidos por los trabajadores de explotación de minas y canteras y electricidad, gas y agua. Entre los agentes causantes las posiciones forzadas y los gestos repetitivos ocupan el 29% seguidos por el ruido (25%) y la sobrecarga del uso de la voz (23%).
El tratamiento de los conceptos incapacidad para trabajar y discapacidad en forma unificada también se concentraron en las investigaciones españolas halladas sobre el impacto de la discapacidad en las biografías laborales, los tiempos de espera para la reincorporación laboral, los cambios en el status socioeconómico y el acceso a la seguridad social entre otros.
En La inserción laboral de las personas con discapacidad (Pereda, 2003) los resultados de la investigación arrojaron que el 30% de las personas en edad laboral tuvo que modificar su actividad u ocupación debido al padecimiento de alguna discapacidad. Estos cambios afectaron mucho más a los hombres (38%) que a las mujeres (21%) ya que la actividad que se ve más comprometida es el empleo remunerado donde los hombres estaban más presentes, mientras que apenas repercutió en el trabajo doméstico; ocupación más habitual de las mujeres españolas.
La principal actividad que abandonaron a causa de la discapacidad fue el empleo remunerado (93,2%). La mayoría de las personas pasaron a la situación de pensionista o jubilado (55%) mientras que el 30% pasó a clasificarse como incapacitado para trabajar; segmentos menores pasaron a la situación de “parados” o desocupados (6%), a emplearse en las tareas del hogar (2%) o a otras situaciones (7%). Por grupos de edad los cambios en relación con la actividad fueron tres veces más frecuentes después de los 50 años que antes de los 30. En general, la tendencia principal de estos cambios fue a pasar de empleos cualificados a otros menos cualificados.
La Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social de España ha sido estudiada por varios autores. Javier Durán Jordá (2014) analizó la trayectoria laboral e incapacidad permanente y contabilizó los años de vida laboral perdidos, en especial, la relación entre las condiciones de empleo y la salida prematura del mercado de trabajo por IP (incapacidad permanente). Consideró que la IP es un fenómeno que pone en crisis la sostenibilidad del sistema de protección social y debilita el mercado de trabajo. Las categorías de trabajadores no cualificadas (en especial las manuales) y las trayectorias laborales caracterizadas por la alta inseguridad y alta flexibilidad presentaron, en mayor medida, un abandono prematuro del mercado de trabajo medido en términos de APVLP (Años Potenciales de Vida Laboral Perdidos). Sin embargo, observó que las trayectorias caracterizadas por una alta flexibilidad compensada con una baja inseguridad suponen un retraso en la salida prematura del mercado de trabajo por IP. El estudio concluyó que una política de relaciones laborales que favorezca la flexiseguridad podría ayudar a retrasar la salida prematura del mercado de trabajo.
La investigación cuantitativa de Juvés (2010) sobre la misma muestra permitió una exploración más detallada de la evolución de la vida laboral de las personas con discapacidad sin especificar las situaciones en que fue adquirida la condición. Analizó la pérdida de capacidad laboral como consecuencia de una incapacidad permanente (IP) que no implica necesariamente que el individuo no esté capacitado o no se pueda capacitar para un empleo productivo. Como otros investigadores acude al concepto de discriminación del mercado de trabajo ya que la salida del mercado no se explicaría únicamente por diferencias en la productividad.
Para conocer la magnitud del impacto que tiene en la vida laboral de los individuos la probabilidad de que sufran una incapacidad permanente la investigadora estimó el efecto de: 1) las relaciones contractuales anómalas (temporalidad, trabajo a tiempo parcial) que marcaron diferencias en la estabilidad laboral; 2) el grado de autonomía y cualificación de un trabajo; 3) la exposición a riesgo de accidente y enfermedad reconocidos como laborales y 4) el nivel de ingresos.
Las probabilidades que un individuo se reincorpore al mercado de trabajo incluyó diferentes factores como por ejemplo el grado de incapacidad reconocido. Pero también influyeron la educación y la situación familiar, así como las circunstancias de trabajo y la historia laboral del individuo.
En cuanto a las características del trabajo, es relativamente más frecuente que permanezcan en el mercado de trabajo aquellos que tenían situaciones laborales peores en el momento de incapacitarse (contrato temporal, trabajo poco cualificado y/o trabajo de riesgo). En cambio, el porcentaje de autónomos y empleados -con mayor resguardo legal en el empleo- disminuye. Estos datos transferidos a la dinámica del mercado argentino considerarían que los trabajadores precarizados presentan mayores probabilidades de continuidad laboral en puestos similares que los asalariados.
Para Juvés son pocas las personas que permanecen en el mercado de trabajo después de una IP (cerca de un 10%) y puede afirmarse que pasan a tener menores niveles de ingreso. Es probable que los supuestos desincentivos al empleo procedan también del lado del mercado de trabajo, un aspecto que pudo corroborarse con los estudios cuantitativos de terapistas ocupacionales argentinas sobre incapacidad laboral adquirida citados en esta introducción.
Los resultados de la investigación permitieron concluir que no solo los riesgos de enfermedad y accidente laboral, ya ampliamente reconocidos, implican mayores tasas de discapacidad (entendido como incapacidad para trabajar). El trabajo poco cualificado y la inestabilidad en el empleo (contratos temporales) se asocian también con mayores riesgos de discapacidad y su impacto es mayor entre los más jóvenes.
Es destacable que las condiciones del contrato que aseguran la continuidad laboral en la misma muestra han tenido lecturas opuestas. En el estudio de Durán Jordá (2014) los resultados arrojaron mayor abandono del mercado laboral en las categorías no cualificadas y alta inseguridad, en cambio para Juvés (2010), el abandono mayor aparece en los asalariados.
En función de las referencias arriba mencionadas, para esta investigación se consideró la pertinencia del objeto de estudio y diferenciación de los campos a partir de las siguientes premisas:
1. La incapacidad para trabajar (incapacidad laboral permanente, parcial o total) en un puesto no presupone discapacidad.
2. La discapacidad no es una enfermedad ni presupone incapacidad para trabajar. Es una condición de la persona.
La diferenciación entre los conceptos de discapacidad e incapacidad para trabajar no remite solo a una diferenciación semántica en el objeto y el campo de estudio, sino que se asienta en la defensa del derecho a la inclusión laboral del colectivo de las personas con discapacidad que tuvo antecedentes en el reclamo de los veteranos de la primera y segunda guerra mundial.
Esta lucha por el derecho a la inclusión sociolaboral de las clases minoritarias se profundizó con los movimientos sociales de la década del `60, mencionados en los artículos de Eduardo Joly (2008) y Eduardo Joly y María Pía Venturiello (2012). El primer autor historiza la relación entre trabajo y discapacidad señalando su variabilidad en función de los modos en que las sociedades organizaron sus sistemas de producción. En relación al derecho al trabajo –“ganarse la vida trabajando”- de las personas con discapacidad, Joly acuña la expresión “el derecho a ser explotados”, en alusión a un doble movimiento de exclusión y expulsión que ubica a la discapacidad como condición de no explotación o en ocasiones de superexplotación situando el contexto del capitalismo como gestor del concepto de discapacidad en tanto se presenta como incapacidad para el trabajo productivo, incapacidad para ser explotados y producir ganancias para los empresarios.
En esta misma línea Joly y Venturiello (2012) analizan el desempleo estructural que caracteriza a las personas con discapacidad desde una perspectiva social, económica y política. Los autores sostienen que mientras las personas con discapacidad continúen siendo definidas como incapaces de realizar trabajo productivo, seguirán siendo condenadas a la pobreza, mendicidad, dependencia y una vida sin proyectos a cumplir. Los autores realizan un recorrido histórico por las organizaciones políticas de las personas con discapacidad en Argentina que luchan por ejercer sus derechos entre los cuales se encuentra el derecho al empleo asalariado.
En palabras de Jacqueline C. de las Carreras, presidenta y fundadora de la Fundación Par, al recordar que en veinte años la fundación promocionó a 2500 personas con discapacidad hacia un trabajo digno y en igualdad de condiciones:
Desde nuestra tarea hemos podido despertar conciencias centrando el enfoque sobre la capacidad de la persona y no sobre su discapacidad. E ir cambiando el paradigma que asocia discapacidad con la incapacidad (de las Carreras, citada por Eroles, 2008, p. 9)
Por su parte, Subirats hace mención sobre las nuevas formas de estratificación caracterizadas por la dualidad entre incluidos y excluidos. La discapacidad constituye un posible factor de exclusión considerándolo de diferentes maneras según el ámbito al que afecta: dependencia (en el ámbito económico), incapacidad e imposibilitación (en el ámbito laboral), enfermedades y discapacidades graves o estigmatizadas que provocan exclusión social, así como enfermedades que sufren los colectivos excluidos (ámbito sociosanitario) y barreras a la movilidad (en el contexto espacial) (Subirats, 2005, citado por Velázquez Díaz, 2011).
Pero tal vez el concepto de exclusión es insuficiente, pues a pesar de que puedan existir condiciones desiguales en la estructura social en función de si se tiene o no una discapacidad, no existe una exclusión total del colectivo; aunque esta característica pueda considerarse factor de exclusión o de vulnerabilidad. Es por ello que el autor considera que se debe hablar de desigualdad por motivo de discapacidad.
La desigualdad social sería más el factor condicionante de la estructura social que origina tanto los procesos como las situaciones de exclusión que experimentan determinados grupos sociales o miembros de determinados colectivos que sufren con más gravedad la desigualdad social existente (Díaz Velázquez, et al:160).
Para las personas con discapacidad, la integración laboral constituye un paso fundamental para su adecuada integración social, más aún cuando el tener una discapacidad no va a suponer necesariamente una incapacidad para trabajar (Cazallas Alcaide 2005, p. 147).
Al analizar aquellos aspectos del mercado de trabajo para el colectivo de las personas con discapacidad el origen de las desigualdades se refleja en una mayor tasa de desempleo y una menor tasa de actividad resulta de suma importancia no relacionar la discapacidad con la incapacidad para trabajar ya que, entonces, si es discapacitado no tendría relación con el mercado de trabajo o si en un momento dado se incorpora a la actividad laboral dejaría de ser una persona con discapacidad. De ahí que se deba entender la discapacidad según se ha definido con el significado de déficit.
Cazallas Alcaide acuerda con la recomendación de OIT y el análisis crítico de Malo (2007) para que los encuestados puedan definirse como persona con discapacidad en función de varias preguntas pero que no sean concluyentes de incapacidad para trabajar; de tal manera que el entrevistado no pueda recurrir a este concepto para autojustificar su baja o nula actividad.
Tener una discapacidad va a suponer unas mayores dificultades de participación en el mercado de trabajo, pero no necesariamente una incapacidad para trabajar, con lo que parte del colectivo se va a mostrar inactivo. Asimismo, quienes deciden participar en el mercado ya sea buscando un empleo o en el desempeño de uno pueden experimentar diferencias salariales atribuibles tanto a diferencias de productividad como a otros factores no relacionados a priori con la oferta de trabajo.
Puede considerarse que desde los colectivos de las personas con discapacidad existe una intencionalidad de diferenciarse de los trabajadores con incapacidad para trabajar como:
[…] la preeminencia del mito de la inempleabilidad inherente, el cual parece ser una consecuencia de la preeminencia y naturalización de perspectivas médico-biológicas sobre la discapacidad (Mareño Sempertegui, 2015, p. 29).
Del mismo modo existen intereses legales y económicos para que los asalariados con incapacidad laboral adquirida no se equiparen como personas con discapacidad; sujetos de derecho.
En esta breve introducción pueden aventurarse los intereses históricos, sociales y legales que se desarrollarán en el marco teórico en perspectiva histórica y que justifican profundizar la pesquisa en el campo de los asalariados con incapacidad laboral permanente adquirida, el impacto subjetivo que tuvieron los hechos y el contexto citado en sus recorridos laborales y su vida cotidiana.
Problema de investigación
El problema de investigación se focaliza en el impacto subjetivo en el recorrido laboral de trabajadores que adquirieron su incapacidad laboral permanente en el sector privado de la economía formal dentro del contexto de la reforma macroeconómica, la flexibilización del mercado de trabajo y de la seguridad social implementados en la República Argentina a partir de la década del ´90 y su continuidad como mecanismo de acción de la lógica empresarial en la etapa estudiada (1990-2015).
Esta problemática implica restricciones para el acceso y permanencia en el mercado laboral asalariado de estos trabajadores cuya situación es ocultada en las estadísticas oficiales que pueden descomponerse en los siguientes aspectos:
a. Los límites impuestos en el derecho a la continuidad laboral. La generación de una legislación diferencial para la cobertura de la seguridad social incluyó cambios que permitieron identificar las necesidades específicas de los damnificados de los riesgos del trabajo, generar un sistema de salud y responder a la reparación económica propia, pero al mismo tiempo, modificó y limitó los derechos a la continuidad en el campo asalariado tras el hecho traumático.
b. El ocultamiento en los registros oficiales. Estos asalariados no fueron contabilizados en los registros oficiales de excluidos económicos en la Argentina debido a que no fueron desagregados los datos específicos sobre la incidencia de los riesgos del trabajo e incapacidad laboral permanente en las causas de la desvinculación, constituyéndose como subgrupo de la exclusión selectiva y progresiva del campo formal de trabajo de la población en general. Sólo se hallaron estadísticas en investigaciones de terapistas ocupacionales dedicados a la recalificación profesional de trabajadores con desventajas laborales que fueron víctimas de los riesgos del trabajo; pero la cantidad de casos analizados no lograron conformar una muestra representativa de la dimensión del problema.
c. El aumento de los obstáculos para la reinclusión en el mercado de trabajo. Las modificaciones de la Ley Nacional de Empleo (LNE) 24013-91 en vigencia y el incremento de los requerimientos de calificaciones y competencias del mercado de trabajo generaron mayores obstáculos para la inclusión, reinclusión y permanencia en el mercado asalariado del sector privado de la economía para los trabajadores que adquirieron incapacidad laboral permanente en el empleo.
d. Las dificultades para acceder al objeto de estudio. Los trabajadores con incapacidad laboral permanente (parcial y total) no constituyen un colectivo en sí mismo, aspecto que limitó las posibilidades de efectuar un estudio cerrado y de tipo cuantitativo. Por las circunstancias del hecho tampoco fue posible asociar estos trabajadores con otros colectivos con rasgos similares en común como la incapacidad para trabajar de las personas que fueron víctimas de tragedias colectivas y los trabajadores desvinculados por despidos masivos. Con respecto a las personas con discapacidad no atribuibles al trabajo, las entidades que los agrupan consultadas eludieron la información sobre la causalidad de la misma.
Objetivo general
Describir y analizar el impacto subjetivo en los recorridos laborales de asalariados con dictamen de incapacidad laboral permanente que fueron excluidos del mercado del sector privado de la economía en el área metropolitana de Buenos Aires en el período 1990-2015.
La presentación de los ejes que guiaron esta investigación fueron los asalariados con incapacidad laboral permanente adquirida, la exclusión del campo formal de trabajo y el impacto subjetivo en sus recorridos laborales y en sus vidas cotidianas.
Objetivos específicos
a. Describir la perspectiva de los actores sociales sobre la construcción del proyecto biográfico laboral.
b. Describir y analizar la percepción subjetiva de los actores sobre el impacto de la adquisición de la incapacidad laboral permanente y la exclusión del mercado asalariado en sus recorridos laborales y en sus vidas cotidiana. [2]
c. Describir y analizar las tácticas implementadas por los actores sociales para reconstruir su recorrido laboral y las características de las bifurcaciones laborales posteriores al hecho traumático y la exclusión laboral.
Dimensiones seleccionadas para analizar las trayectorias laborales
a. El itinerario ocupacional: se observaron las ocupaciones recurrentes o trabajos monótonos y la alternancia ocupacional en la biografía ocupacional, trabajos o tareas que han variado a lo largo de sus vidas o si nunca han “rotado”, es decir, si bien han cambiado de lugar y condiciones de trabajo siempre han realizado las mismas tareas u ocupaciones. La alternancia ocupacional o rotación externa implica una mejora transitoria de la posición en el mercado de trabajo (mejor ingreso, mayor estabilidad, mayores beneficios sociales, menor carga horaria, etc.) o un deterioro. Algunas veces estas alternancias responden a las oportunidades reales del mercado. En los itinerarios también se consideró la dimensión trabajos rurales o urbanos.
b. La relación laboral: se consideraron las propiedades asalariado, informal, precario y autoempleo o trabajo autónomo.
c. En el proyecto biográfico laboral se consideró el momento del ciclo vital en el que se incorporaron en el mundo del trabajo, con ingresos más tempranos o tardíos. Para aquellos con menos oportunidades se configuran las “constelaciones de desventajas” entendidas como las complejas relaciones entre los factores socioeconómicos, institucionales e individuales.
d. Para analizar el punto de inflexión se consideraron las dimensiones de continuidad o discontinuidad de la vida laboral en términos de interrupciones y retornos que se presentó como un período de prueba o transición que permitió observar los recorridos más sensibles a circunstancias familiares, aspectos de salud o articuladas con circunstancias relacionadas con el mercado de trabajo (pérdida del puesto de trabajo por cierre, cesantía o aspectos de salud e incapacidad para trabajar). Se consideraron aspectos específicos de factores referidos a los tiempos de productividad e improductividad, hitos históricos (hecho traumático y desvinculación) y tiempo muerto como al impasse de espera impuesto para la recuperación de la salud y de la resolución de la relación contractual.
e. La dimensión valor del trabajo o qué lugar ocupa en sus vidas como espacio simbólico estuvo presente en todo el recorrido y en especial ante diferentes situaciones de discontinuidad en su recorrido laboral.
f. La articulación del tiempo y el espacio en los itinerarios ocupacionales en tensión con los aspectos objetivos y subjetivos de la biografía. Cada uno de estos ejes se presenta a su vez en niveles macro, meso y micro. El nivel macrotemporal puede referir a la temporalidad de la sociedad o comunidad en que se desarrolla la carrera o trayectoria, el nivel meso‐temporal puede aludir al tiempo construido por los espacios laborales en los que tiene lugar el itinerario ocupacional y el nivel microtemporal puede estar vinculado tanto con el ciclo vital en que se encuentran los actores sociales como con las múltiples representaciones que éstos tienen respecto del tiempo de su vida cotidiana (tiempo de trabajo o familiar). Con el eje del tiempo se señala la relevancia del pasado, el presente y el futuro, se desentrañan y se devela su articulación y/o tensión diacrónica. Para esta investigación las propiedades de la dimensión tiempo estuvieron marcadas por los recorridos previos, los puntos de inflexión (el hecho traumático y la exclusión laboral), el tiempo muerto y el tiempo de reconstrucción del recorrido laboral (bifurcación). Considerar las expectativas laborales futuras reviste un interés especial en tanto permite comprender con mayor profundidad las percepciones que posee cada actor respecto a sus perspectivas laborales y a su vida cotidiana. En cuanto al espacio, desde un punto de vista macroespacial se hace referencia al espacio regional en que tiene lugar el recorrido laboral; desde una mirada meso al espacio en donde se desarrolla la actividad laboral (el espacio de trabajo propiamente dicho); el enfoque microespacial que se vincula con las percepciones espaciales que tienen los actores sociales con su espacio familiar, laboral o de ocio. A partir del primer eje se recupera tanto la estructura de oportunidades del mundo externo (niveles macro y meso‐sociales) que condiciona a los sujetos como el conjunto de disposiciones y capacidades que éstos ponen en juego en sus recorridos (nivel micro). Para esta investigación se consideraron los espacios macrosociales relacionados al contexto socioeconómico y la dinámica del mercado de trabajo. El contexto meso-espacial referido al intercambio entre permanecer dentro o fuera de la empresa y los espacios microsociales comprendidos por el familiar, relaciones significativas próximas y los espacios dedicados a la atención de la salud.
Metodología
Para el propósito de esta investigación basada en la metodología cualitativa se seleccionó el método biográfico a partir de las entrevistas en profundidad como forma de investigación de los recorridos laborales de los actores sociales seleccionados ya que este método como forma de investigación:
[…] se nutre de la reflexión individual sobre eventos específicos de la historia de una sociedad analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos sobre la vida individual y familiar de los participantes y de otros actores sociales. Esta perspectiva abre la posibilidad de visiones y comprensiones múltiples en la historia social (Mallimacci, 2013, p. 178, en Vasilachis, 2013).
La entrevista biográfica realizada en el marco de una investigación cualitativa resulta una de las técnicas más apropiadas para conocer en profundidad las representaciones que los actores sociales tienen de su recorrido laboral a lo largo de los años. Permitir articular el relato que produce el sujeto sobre su propia vida con un análisis del contexto sociohistórico considerando los factores “objetivos” que condicionan los trayectos individuales y el espacio que encuentra para su libre accionar (Frassa, 2004, p. 273).
Su principal ventaja es la profundidad temporal porque permite estudiar tiempos amplios, pero su gran inconveniente es el olvido en la memoria de las personas ya que la reconstrucción de experiencias supone, como advierte Sautú (1998), una selección consciente e inconsciente de recuerdos, de sucesos o situaciones en las cuales participó directa o indirectamente y su interpretación mediada por las experiencias posteriores. Es decir, una selección y evaluación de la propia realidad.
La importancia de aplicar el concepto de recorridos laborales reside en su utilidad para vislumbrar la relación entre tiempo biográfico y tiempo histórico-social. El análisis de la interacción de factores de distinto orden permite comprender los procesos de cambio que se dan en el plano estructural a través de su expresión a nivel micro: la vida cotidiana de los sujetos. De este modo posibilita abordar los procesos microsociales en su conexión con el ámbito estructural y la dimensión subjetiva de los fenómenos laborales. Es decir, analizar las dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad social en su articulación temporal. El trabajo es concebido en un sentido amplio que incluye un conjunto de interrelaciones a nivel individual, organizacional y societal.
Permite, también, analizar las transformaciones sociales de las últimas décadas como el surgimiento de la nueva fase trasnacional del capitalismo, las reformas estructurales implementadas en los países latinoamericanos y la pérdida de marcos sociales que impactaron en “las biografías normales” -predecibles y socialmente pautadas- afectando en particular la esfera laboral de las personas” (Frassa, 2004, p. 274).
Esta perspectiva caracterizada por ser diacrónica emplea para el desarrollo de una investigación cualitativa las entrevistas en profundidad considerando especialmente las representaciones y los significados que los actores sociales le atribuyen a sus acciones y decisiones a lo largo del tiempo. De esta forma, los estudios cualitativos tienen la particularidad de permitir reconstruir en la temporalidad caminos ocupacionales, los procesos de decisión y “los contextos históricos, sociales, temporales y espaciales en que las trayectorias tienen lugar” (Muñiz Terra, 2012, p. 17).
Para esta investigación se implementó la modalidad de estudio retrospectivo para permitir reconstruir la vida laboral de los actores sociales a posteriori del proceso y se interrogó sobre el itinerario anterior al hecho traumático y la exclusión laboral dando preeminencia al relato de sus recorridos pasados. La metodología aplicada permitió aprehender la gran cantidad de dimensiones que atraviesa la construcción de las biografías laborales y su compleja articulación a lo largo del tiempo.
En primer lugar, se seleccionó este tipo de estudio porque su aplicación permite conocer cómo se fueron encadenando los acontecimientos en el pasado suponiendo que ese encadenamiento puede ayudar a comprender el presente. Asimismo, permite analizar las rupturas (puntos de inflexión) y su influencia para reconducir el recorrido laboral.
En segundo lugar, con un propósito teórico, se buscó elaborar un mapa conceptual adecuado a los objetivos enunciados en función de vincular los datos obtenidos con el debate sobre la influencia de la incapacidad laboral permanente adquirida en los procesos de exclusión laboral que se evidenciaron en la Argentina a partir de la década del ‘90.
- Unidad de análisis: recorrido laboral de un trabajador del sector privado de la economía con dictamen de incapacidad laboral permanente adquirida en el empleo emitida por Comisión Médica (SRT) que fue desvinculado en el periodo 1990-2015 en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Para definir la unidad de análisis se consideró el recorrido biográfico laboral que en su globalidad está constituido por la sucesión de situaciones ocupadas por los individuos en el campo laboral y por la historia de las diversas configuraciones sucesivas que estructuran la articulación entre el campo laboral y la vida cotidiana de los actores. “Esta historia pone en juego dos niveles de realidad: por un lado, los hechos objetivos u objetivables (fechas, actores y eventos) y por otro lado las percepciones, representaciones e interpretaciones subjetivas” (Muñiz Terra 2012, p. 39). Se seleccionó el término compuesto incapacidad laboral permanente como resultante de un dictamen de Comisión Médica según consta en la Ley de Riesgos del Trabajo 24557/96; adquirida en alusión de las circunstancias del hecho acaecido en el puesto de trabajo y en el empleo en función de la relación contractual de asalariados de los entrevistados dentro del contexto del mercado formal de trabajo y centralizado en el sector privado de la economía. En la selección de los términos se privilegió el consenso legal de los mismos, aspecto no exento de análisis y cuestionamientos (ver capítulos II y III). Cabe aclarar que en varios pasajes de esta investigación se utilizó el constructo incapacidad para trabajar para especificar la situación de los entrevistados y diferenciarlo de la condición de personas con discapacidad.
- Tipo de muestra: para esta investigación se dispuso una muestra intencional (Maxwell, 1999, p.169) que Le Compte y Preissle (1993, p. 69) llaman selección basada en criterios. Consiste en una estrategia en la cual los escenarios, personas o acontecimientos son escogidos deliberadamente para “proveer información importante como testigos privilegiados de un suceso y poder describirlos en profundidad, promoviendo la comprensión del contexto particular dentro del cual actúan o actuaron los participantes y la influencia que éste tuvo sobre sus acciones” (Maxwell, 1996, p. 41). El punto de referencia para elegir a cada participante fue la experiencia común de los entrevistados en relación con el núcleo temático al que apunta la investigación. Se estudió un número relativamente pequeño de actores y se preservó la individualidad de cada uno de éstos en sus análisis en lugar de recolectar datos de grandes muestras. De este modo se pudo comprender cómo se configuraron los acontecimientos, acciones y significados en las circunstancias únicas en la que ocurrieron en la biografía laboral de cada actor. La T.F. (Teoría fundamentada) tiene tres reglas básicas que la diferencian de otros métodos: el muestreo teórico, la comparación teórica y la codificación teórica. El muestreo teórico está dirigido por el desarrollo de la teoría que determina la selección de los siguientes casos o incidentes que se van a recolectar. El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos basado en la codificación y el análisis de la información (Glaser, 1967, p. 45, 62; Corbin, 2002, p. 219; Strauss, 1987, p. 21, 47). Se diferencia del muestreo estadístico en que el primero se utiliza para descubrir las categorías y sus propiedades e identificar las interrelaciones dentro de una teoría mientras que el segundo se hace para obtener evidencias exactas sobre la distribución de la población con relación a unas categorías que buscan descripciones o verificaciones. Dado que la perspectiva de los recorridos laborales concibe a los actores sociales como sujetos contextualizados biográfica y estructuralmente, “la principal virtud que la misma posee para complejizar los estudios de los recorridos laborales de los actores sociales escogidos estriba en su propuesta de articulación de elementos subjetivos y objetivos, temporales y espaciales” (Muñiz Terra, 2013, p. 73). Para el muestreo teórico de esta investigación se incluyeron trabajadores asalariados del sector privado de la economía a partir de dos criterios:
a. Fueron categorizados como trabajadores con incapacidad laboral obrera permanente (parcial o total) por una comisión médica (SRT) como consecuencia de las secuelas de un accidente laboral o enfermedad profesional durante la jornada laboral, en situación de trabajo o en el trayecto desde o hacia su trabajo – in itinere – dentro del período 1990 y 2015 que marcó un hito en su recorrido laboral.
b. Fueron desvinculados de sus empleos a posteriori del hecho traumático. [3]
El propósito principal del muestreo teórico es generar mayores opciones de comparación teórica entre incidentes (comparación teórica) para determinar los grados de variación de una categoría en término de sus propiedades y dimensiones.
Por último, Strauss propone la codificación teórica como otro elemento que diferencia a la T.F. de los métodos tradicionales de análisis cualitativo. Este tipo de codificación va más allá de la clasificación o de la descripción de fenómenos porque desarrolla conceptos teóricos con carácter explicativo ya que “codificar incluye la generación de preguntas y respuestas provisionales (hipótesis) acerca de las categorías y sus relaciones” (Strauss, 1987, p. 20).
Con respecto a la saturación teórica, como en cualquier investigación de corte cualitativo, se debe determinar cuántos casos van a ser analizados y hasta dónde se va a llevar el análisis de datos. En la T.F. existe un momento en el que el investigador detiene la recolección de datos porque considera que su teoría ya está construida y los datos adicionales en vez de aportar al desarrollo de la teoría sólo incrementan el volumen de los mismos, es decir, la información recopilada no aporta nada nuevo al desarrollo de las propiedades y dimensiones de las categorías de análisis (Glaser et al, 1967, p. 61, 62, 111, p. 112; Glaser, 1978, p. 124, 126; Strauss, 1987, p. 21, 35; Corbin et al, 2002, p 174,178, 231, 232).
Ardila Suarez y Rueda Arenas afirman que la posibilidad de alcanzar la saturación teórica en las investigaciones sociales corresponde a “un proceso subjetivo de delimitación de la investigación. En ese momento se alcanza la saturación y se detiene el muestreo teórico” (2013, p. 93).
Como regla general esto significa que a) no haya datos nuevos importantes que parezcan estar emergiendo en una categoría; b) la categoría esté bien desarrollada en términos de sus propiedades y dimensiones; demostrando variación y c) las relaciones entre las categorías estén bien establecidas y validadas. Hasta que todas las categorías estén saturadas la teoría no se desarrollará de manera uniforme y carecerá de densidad y precisión (Corbin et al, 2002, p. 231, 232).
Muñiz Terra comparte con otros autores como Ardila Suárez y Rueda Arenas (2012) que la cantidad de relatos de vida recolectados es una decisión que toma el investigador en función de sus objetivos.
Se puede afirmar que la búsqueda de la saturación corresponde realmente a un proceso de delimitación subjetiva de la investigación y no al agotamiento sistemático de un objeto de estudio en las ciencias sociales […] es el investigador el que debe tomar una serie de decisiones metodológicas, influenciado por los conocimientos previos, sus intereses investigativos y la naturaleza del objeto de estudio que desee abordar (2013, p. 110).
Para finalizar, Bertaux (1993) afirma que la saturación es un proceso que no opera en el plano de la observación (porque si lo hiciera estaríamos afirmando que lo que se satura son las realidades sociales) sino en el de la representación que los investigadores construyen poco a poco de su objeto de estudio, es decir, se satura la construcción de unos seres humanos sobre una realidad o realidades que se construyen a partir de la interacción de otros seres humanos; algo irremediablemente subjetivo (citado por Ardila Suarez, et al).
3. Accesibilidad al terreno: Las entrevistas fueron realizadas en escenarios neutrales salvo en un caso que, por las limitaciones de desplazamiento propias del trabajador, se efectuó en su domicilio particular con su consentimiento.
4. Limitaciones del estudio: Se encontraron en la esencia misma de los casos a evaluar, en particular el entrecruzamiento de intereses legales y económicos tanto como los prejuicios y reparos de los intermediarios para llegar a identificarlos; encontrándose también excluidos de las instituciones laborales y sindicales. La búsqueda requirió aproximadamente dos años.
El plan de trabajo original se centralizó en un grupo de asalariados con enfermedades profesionales que fueron despedidos de una gran empresa avícola en el año 2014 en el conurbano bonaerense. El nexo era una vinculación profesional con un sesgo peligroso relacionado con la confidencialidad de los datos. La inminencia de la quiebra económica producto de la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de limitar las exportaciones y la toma de los galpones por parte de los operarios y sus representantes sindicales hizo inviable el acceso a los actores sociales. En segundo lugar, para superar este intento fallido, se amplió la búsqueda hacia trabajadores con rasgos en común con el objeto de estudio en relación a la probable incapacidad parcial o total para la reinserción laboral como las víctimas de tragedias colectivas, de despidos masivos y personas con discapacidad. En esta ampliación no se concretó la obtención de actores para entrevistar, pero se obtuvo un avance positivo a nivel teórico ya que permitió la delimitación y focalización del objeto de estudio. En tercer lugar, ante la escasez de casos hallados, se intentó modificar los atributos iniciales como desistir del ítem “exclusión laboral” pero esta decisión hubiera velado la posibilidad de analizar los modos de reconstrucción de los recorridos laborales y los cambios subjetivos operados en los trabajadores. Finalmente se sostuvieron los dos criterios originales para la selección.
El intento fallido de obtener una muestra en la gran empresa avícola citada también tuvo consecuencias en el margen temporal previsto inicialmente. Fue necesario modificar el periodo original tomando como referencia la continuidad lineal de la legislación laboral y de la seguridad social con respecto a los riesgos del trabajo y su influencia en el mercado de trabajo, aún con gobiernos del mismo partido político, pero con rasgos ideológicos diferenciados (ver capítulo III).
El ocultamiento de la relación incapacidad laboral permanente-exclusión laboral se evidenciaron en tal medida que fue necesario ampliar el circuito de búsqueda de trabajadores para entrevistar en tres direcciones: 1) Institucionales: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Consultoras de Recalificación Profesional, agrupaciones, partidos políticos; Obras Sociales y Sindicatos; 2) Profesionales: abogados, terapeutas ocupacionales, médicos laboralistas y sociólogos; y 3) Contactos personales: colegas, compañeros de trabajo, alumnos y amistades personales. Para los puntos 1 y 2 se efectuó una muestra selectiva y representativa de las instituciones y profesionales relacionados con los ejes de la investigación. Con respecto a los contactos institucionales, las A.R.T. consultadas mostraron reparos sobre la confidencialidad de los datos personales de los damnificados previendo conflictos de intereses económicos y probabilidades de litigios a partir de las entrevistas. Lo mismo ocurrió con las consultoras prestadoras de servicios de rehabilitación para A.R.T., en especial las dedicadas a la Recalificación Profesional de trabajadores con desventaja laboral. Se efectuaron comunicaciones telefónicas y vía mail a organismos no gubernamentales dedicados a reinserción laboral de desocupados y a la inclusión laboral de personas con discapacidad (colectivo afín). Ninguno de los consultados pudo explicitar la causa que motivó la pérdida del empleo de los integrantes de la institución. Una red de discapacidad en el año 2015 informó que salvo los casos de evidente origen peri o post natal desconocían la causalidad de la discapacidad de sus afiliados adultos, es decir, si era atribuible o no al trabajo por lo tanto no podían colaborar. Tanto las instituciones para personas con discapacidad como las que se dedican a personas en situación de exclusión laboral consultadas desconocían si existía alguna relación entre la discapacidad/incapacidad y la exclusión laboral de sus integrantes. Se entabló contactos con agrupaciones y partidos políticos que actuaron como apoyo de trabajadores entre los años 2013 y 2014 en hechos de despidos masivos en empresas de autopartes. Tomaron nota de la investigación, pero nunca se comunicaron. Se consultó a tres obras sociales y dos sindicatos la respuesta fue unánime: meses después de la desvinculación el trabajador pierde su pertenencia y contacto institucional. No manifestaron interés en el tema.
En conclusión: se obtuvieron resultados negativos de los sindicatos, obras sociales y partidos políticos. Los asalariados desvinculados tras adquirir una incapacidad laboral permanente en el empleo no tienen existencia física ni estadística para estas instituciones.
En segundo lugar, fueron consultados diferentes referentes profesionales. Se recurrió a clientela de abogados laboralistas para los que no aparecerían los conflictos de intereses mencionados por las ART. Se obtuvo respuesta positiva de dos abogados interesados en la investigación y la docencia que intercedieron como abrepuertas. Se tomó contacto también con bouffets de abogados dedicados a accidentes de trabajo, asesoría a A.R.T y docencia en Derecho del trabajo y de la seguridad social con resultados negativos. El último de los interlocutores posibles fue un reconocido docente de post grado en derecho laboral de la Universidad de Buenos Aires que formuló el siguiente análisis:
(…) ante el infortunio laboral se aprovecha el alta para dar la baja, entonces se aprovecha el infortunio para aprovechar la jubilación por invalidez (…) cuando la incapacidad es absoluta se aprovecha el art 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, con indiferencia de la concausa (…) la baja laboral es la base de los altos fueros laborales (…)
Su opinión contradice las estadísticas oficiales de Super Intendencia de Riesgos del Trabajo (2018) consultados para esta investigación, que arrojan un resultado del 0,1 % en el rango de 50 a 66 % de incapacidad parcial permanente, es decir, los casos desvinculados no computaban el 66% de incapacidad laboral obrera requerida para obtener una jubilación por incapacidad. Tampoco se encontraban dentro de los parámetros de la incapacidad absoluta.
(…) Esta investigación que usted quiere hacer es peligrosa si logra demostrar que hay una relación entre la incapacidad y la desvinculación (…)
Tras una prolongada entrevista telefónica no aportó casos para entrevistar. Tampoco explicitó para quién o quiénes sería peligroso demostrar una relación entre incapacidad y desvinculación motivando la curiosidad y el desafío de la investigadora.
Otros profesionales consultados fueron los terapeutas ocupacionales con mayor contacto con víctimas de riesgos del trabajo y las secuelas de desventaja profesional, una socióloga y un médico integrantes de un departamento de salud ocupacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; también con resultados negativos como abrepuertas.
Tres casos fueron provistos por contactos personales informales (madre de, exalumno de) a partir de comentarios casuales sobre la temática a investigar y preguntas como: “¿conoces a alguien que haya tenido un accidente laboral y lo despidieron?” El último caso fue aportado por una colega dedicada a riesgos del trabajo, pero también a partir de una relación personal.
La comunicación directa con los damnificados fue fallida (catorce personas en total) ya que se negaron a la misma por diferentes razones como estar muy ocupados. Incluso un trabajador mostró su decisión deliberada de no recordar los hechos. En otros casos no cumplían con los dos requisitos para integrar la muestra.
Las actitudes de los interlocutores tuvieron relación directa con la problemática tratada. Se obtuvieron manifestaciones de aliento a la investigación y conductas de temor, prejuicio, ocultamiento o falta de compromiso para mediar con los posibles entrevistados.
No fue posible hallar estadísticas fehacientes para fundamentar la magnitud de la problemática. Se efectuaron consultas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que no cuenta con datos de acceso público sobre la cantidad de asalariados con incapacidad laboral permanente que fueron desvinculados luego del alta médica. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no discrimina la causa de la baja de asalariados. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo, cuyas estadísticas de litigiosidad comprenden datos genéricos sobre cantidad de sentencias tampoco permiten desglosar el ítem incapacidad laboral permanente adquirida como causa de despido. La inexistencia de estadísticas a disposición del público impidió determinar cuántos trabajadores tras el alta médica continuaron desempeñándose en su puesto habitual, fueron reubicados o desvinculados, aunque se infiere por datos extraoficiales que el 80 % de los casos se concentran en el tercer ítem, donde la mayor prevalencia se ubica en empresas privadas (Recalificart, 2015). En suma, estos asalariados se encuentran por fuera de las estadísticas para determinar la incidencia de la incapacidad laboral permanente en los procesos de exclusión laboral y la prevalencia de desempleados con antecedentes de incapacidad laboral permanente adquirida. La ausencia de documentación estadística de acceso público muestra un dato objetivo para la invisibilización y ocultamiento de la problemática ya que la falta de datos es un dato en sí mismo.
5. Problemas éticos: Con respecto a los aspectos éticos se preservó la identidad de los informantes. Se respetaron los convenios de confidencialidad invocados por los diferentes organismos y profesionales consultados.
6. Técnicas para recabar datos: Se implementaron las entrevistas individuales en profundidad con el objeto de generar datos descriptivos a partir de las propias palabras de las personas y la conducta observable que permitieron establecer la experiencia subjetiva de los entrevistados. Se comenzó con interrogatorios vagamente formulados, para poder describir el escenario y las personas desde una perspectiva holística en una interacción de forma natural y no intrusiva. Se comenzó con una entrevista de carácter abierto que partió de una pregunta generadora amplia que buscó un primer relato no sesgado que sirvió de base para la profundización ulterior. Se consideró, en tal sentido, que la propia estructura con que la persona entrevistada presentó su relato fue portadora en ella misma de ciertos significados que no deben ser alterados por la dirección del investigador. Esta técnica se justificó en la medida que permitió estudiar acontecimientos del pasado dado que no era posible acceder al escenario específico (Glaser y Strauss 1967, et al p. 22; Maxwell, 1996, et al p. 41; Taylor y Bogdan, 1987, et al p.16, 22, 100). Los métodos humanistas implementados apuntaron al aspecto humano de la vida social, conocerlos en lo personal y a experimentar lo que ellos sintieron en sus hechos cotidianos permitiendo permanecer próximos al mundo empírico. Al escuchar a las personas se obtuvo un conocimiento directo de la vida social no filtrado por conceptos, definiciones operacionales o escalas clasificatorias.
7. Tipo de análisis; Para el desarrollo de esta investigación se implementó el diseño flexible en una investigación inductiva que se relacionó con la secuencia ininterrumpida de la recolección, codificación y análisis de los datos obtenidos desde el principio del estudio en forma simultánea (Mendizabal, 2013, p. 68, 88, 89; Soneira, 2013, p. 160, 161; en Vasilachis, 2013). Mediante el método cualitativo, se intentó comprender la realidad simbólica que los actores tuvieron de sus experiencias a través de los hechos y acontecimientos en los que interaccionaron a partir del hecho traumático y enmarcar la influencia del contexto sobre su accionar para lograr desarrollar explicaciones causales y dinámicas que relacionaran un hecho con otro (Maxwell 2004, p. 260; Vasilachis 1992, p. 57; 2013, p. 48, 49). La elección de la metodología inductiva se justificó a partir de la posibilidad de analizar los recorridos laborales desde la subjetividad de los actores, la dinámica de la transición y los posibles quiebres, con el objetivo de comprender el sentido de la acción y de las interacciones sociales que tuvieron lugar en el contexto y poder reinterpretar la situación para poder desarrollar explicaciones causales y dinámicas en relación a la influencia de un suceso sobre otro en forma contextualizada, ya que la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente (Vasilachis, 1992, p. 153; 2013, p. 7, 48, 49; Maxwell, 1996, et al p.17, 20).
El desarrollo fue diseñado en cuatro capítulos:
En el primero se abordó el contexto sociohistórico de los no aptos para trabajar que permitió indagar en el marco de antecedentes del concepto de salud laboral, el debate en tensión sobre la causalidad de los accidentes de trabajo, la incapacidad para trabajar y la exclusión sociolaboral asociado a los inicios del modo de producción capitalista. Se expusieron también las bases y antecedentes históricos de la legislación argentina sobre riesgos del trabajo.
El segundo capítulo se destinó a elaborar el marco conceptual. Se definieron, analizaron y fundamentaron las relaciones entre los conceptos de incapacidad laboral permanente como objeto de estudio de la investigación y el de recorrido laboral. La presentación se complementó con cuadros comparativos entre las continuidades y quiebres entre los conceptos de trabajadores con incapacidad laboral permanente adquirida y personas con discapacidad.
El tercero se destinó a la salud de los trabajadores y la incapacidad laboral permanente en el contexto socioeconómico y la transformación del mercado de trabajo en la Argentina en el período 1990-2015. Se describieron los antecedentes de la implementación de las políticas neoliberales de la década del ´70 a nivel internacional y su influencia en los procesos de inclusión/exclusión sociolaboral en el mercado de trabajo flexible a nivel global. Solo fue posible interpretar críticamente los efectos en nuestro país y su incorporación a la cultura empresarial argentina en la década del ‘90 a partir de la lectura y análisis de los cambios producidos en la legislación laboral, la seguridad social, los riesgos del trabajo, su gestión e implementación para comprender el impacto en los recorridos laborales y la vida cotidiana de los entrevistados.
En el capítulo cuatro se desarrolló el foco de análisis central de la investigación en una interrelación constante entre la dinámica objetiva y la percepción subjetiva de los actores entre los tres ejes principales: “recorrido laboral”, “incapacidad laboral permanente adquirida” y “exclusión del mercado de trabajo asalariado”. Los hechos implicados se expusieron a partir de la posición subjetiva adoptada por los trabajadores, la relación con sus familiares, compañeros de trabajo, representantes sindicales, empleadores, el Estado y otros actores como los representantes de la salud y el derecho. El análisis de casos fue presentado en forma diacrónica en tres etapas: el proyecto biográfico laboral, el punto de inflexión y las bifurcaciones en el recorrido laboral. Está división temporal permitió observar la continuidad de las dimensiones de los objetivos específicos planteados como el valor del trabajo y sus variaciones a lo largo de las narraciones.
En el final del libro se presenta una síntesis de los resultados obtenidos del análisis, las conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones en la problemática analizada.
- El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la zona urbana común que conforman la CABA y los siguientes 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate (Buenos Aires ciudad, 2020).↵
- Pichón y Pampliega (1990) entienden la vida cotidiana como el espacio y el tiempo en los que se manifiestan, de manera inmediata, las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en función de sus necesidades en un tiempo, un ritmo y un espacio donde las complejas relaciones sociales que regulan la vida en una época histórica determinada configuran las condiciones concretas de existencia. A cada época y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana que le es propia que se expresa como un conjunto de hechos, actos, objetos, relaciones y actividades que se presentan como acción en el mundo o como prácticas sociales (…) estos hechos son condición de existencia y desde allí constituyente y condicionante a su vez de toda experiencia. De este modo, las experiencias concretas, la acción y la práctica determinan la subjetividad y no viceversa (citado por Palacios Tolvett, 2016, p. 64).↵
- Si bien la problemática de género en el mercado de trabajadores no fue considerada dentro de los objetivos de esta investigación, cabe aclarar que tres mujeres y un hombre ocupaban la posición de único sostén económico familiar durante la secuencia de los hechos que se analizaron. Sin embargo, no se destacaron influencias particulares en relación a género y posición dentro de la familia ya que el valor del trabajo y su pérdida para los seis casos entrevistados tuvo consecuencias subjetivas similares. Las tácticas y estrategias de exclusión operaron en forma similar independientemente de la condición jerárquica dentro de la empresa, el género, pertenencia étnica, social, religiosa o nacionalidad ↵