Pablo Volkind^[1]

Introducción

La estructura primario-exportadora que modelaron las clases dominantes, entre fines del siglo XIX y los inicios de la Primera Guerra Mundial, tuvo a la producción agrícola como uno de sus pilares fundamentales. En este proceso, la incorporación de nueva maquinaria agrícola se transformó en un elemento imprescindible ya que permitió incrementar la productividad del trabajo y cultivar parcelas de mayores dimensiones. Los titulares de las explotaciones agropecuarias, en diverso grado y medida, pudieron acceder a la compra de arados, rejas, rastras y segadoras. No sucedió lo mismo con las trilladoras cuyo precio y amortización las transformaron en bienes prácticamente inalcanzables para los pequeños y medianos chacareros. Dado que ellas resultaban imprescindibles para finalizar las labores y obtener un grano embolsado y listo para su comercialización, un núcleo de empresarios con capital suficiente para adquirirlas comenzó a ofrecer el servicio de trilla a aquellos agricultores.

Estos contratistas tuvieron un papel clave en el período y dieron forma a un universo heterogéneo donde coexistieron diversos sujetos sociales que transitaron derroteros desiguales. Todos compartieron una serie de características: eran dueños de medios de producción, contrataban un número elevado de trabajadores asalariados que accionaban las trilladoras, no participaban del proceso productivo y su ganancia se originaba en la explotación de los obreros. De este modo, se convirtieron en una de las clásicas personificaciones de la burguesía agraria pampeana. Un porcentaje de estos sujetos valorizaba su capital fundamentalmente a través de este servicio y tuvo un recorrido zigzagueante producto de la competencia y los vaivenes de las cosechas. También existió otro sector que, conformado por acopiadores/almaceneros y terratenientes que arrendaban una proporción significativa de su tierra, desplegó esta tarea como un negocio complementario de su principal fuente de ingresos y tuvo condiciones más ventajosas para prevalecer en el mercado.

En el capítulo buscamos aportar elementos para avanzar en la comprensión sobre quiénes estuvieron en condiciones de transformarse en contratistas de cosecha, por qué tuvieron un papel clave en el proceso productivo y cuáles fueron los mecanismos que pusieron en juego para incrementar sus niveles de rentabilidad. De este modo, no solo aspiramos a reponer la centralidad que tuvieron en la estructura social agraria de aquella etapa sino también a reflexionar sobre las continuidades y rupturas que se evidencian en un actor central hasta el presente.

La trilla: momento clave del proceso productivo

Para comprender la relevancia de los contratistas de cosecha durante la etapa agroexportadora resulta ineludible sintetizar qué lugar ocupaba el momento de la trilla en el proceso productivo, qué implementos se requerían y cómo evolucionó esta labor entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

A lo largo de este período, la cosecha de granos finos se realizaba en dos etapas. Primero, mediante el uso de segadoras, atadoras o espigadoras, se recolectaba y emparvaba el trigo, lino o avena. Luego, llegaba el turno de separar el grano de la paja y obtener un producto limpio, seco y embolsado, listo para su comercialización. Así finalizaba el proceso de producción en la agricultura pampeana que se había iniciado unos diez meses antes.

Para poder llevar adelante esta última tarea, resultaba imprescindible utilizar otro tipo de máquinas más complejas, pesadas y costosas: las trilladoras. Las primeras se registraron en la década de 1860. Eran implementos más pequeños que procesaban –término medio– 80 quintales por día, requerían de nueve trabajadores y estaban accionadas por fuerza animal. Su escasa difusión se explica por lo elevado del costo, la calidad de la labor y la cuantiosa pérdida de granos. Hacia fines del siglo XIX, cuando la Argentina se incorporó plenamente al mercado mundial como país dependiente y consolidó su estructura económica agroexportadora, resultó imprescindible disponer de las nuevas máquinas accionadas por motores a vapor que permitían obtener un trabajo más regular y continuo y un producto de mejor calidad. Estas procesaban aproximadamente entre 300 y 400 quintales de trigo, lino o avena por día. De este modo, si bien dependía del tamaño del cilindro y de las condiciones en las que estaba emparvado el producto, en 3 o 4 días se podía trillar la cosecha de 100 hectáreas.^[2] El motor, que en general tenía entre 8 y 10 caballos de fuerza, era denominado en la época “locomóvil”. Se trataba de calderas tubulares montadas en carros que, a través de extensas y pesadas poleas (construidas con cuero de camello que requerían de 15 a 20 personas para colocarlas), accionaban la trilladora (Conti, 1917; Frank, 2002; Volkind, 2011; Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010; Sartelli, 2022).

Según los registros y testimonios de aquel período, el costo de las trilladoras era muy elevado si se lo compara con el resto de los implementos agrícolas. Si en 1890-1895, un arado de dos surcos tenía un valor de $100 a $130 moneda nacional (m/n) y una segadora-atadora iba de $650 a $750 (m/n), una trilladora se cotizaba entre 1900 a 2000 pesos oro y un monto relativamente similar salía un motor a vapor. De ese modo, el equipo completo rondaba, en moneda local, los $6.500 a $7.000 pesos, diez veces más que una segadora y 65 veces más que un arado (Seguí, 1898, pp. 62-63; Miatello, 1904, p. 493).^[3] Este tipo de instrumentos no se fabricaba en el país y la totalidad de las trilladoras y motores se importaban. En principio predominaron las fabricadas en Inglaterra, aunque entrado el siglo XX, los implementos europeos fueron desplazados por los norteamericanos que eran más sofisticadas, livianos y fáciles de accionar. Así, la trilladora se transformó en una máquina clave a la que solo pudo acceder un universo acotado de personas vinculas con el trabajo agrícola que contaban con el capital suficiente para adquirirlas y disponer de repuestos que provenían del exterior.

La mayoría de los agricultores debía contratar el servicio de un contratista que se movilizaba de chacra en chacra con su trilladora, el motor, los operarios y una casilla. Dichas casillas funcionaban como los almacenes ambulantes donde los empresarios guardaban los alimentos y bienes que les vendían a los trabajadores. También eran utilizadas como habitación del contratista o del encargado de dirigir la actividad, quien contaba con un lugar para guarecerse por las noches. Este convoy era desplazado por un número elevado de animales de tiro que completaba la inversión imprescindible para participar en ese mercado.

Ese movimiento de chacra en chacra, en el mejor de los casos, se prolongaba de 40 a 60 días por campaña y podía llegar a alcanzar los tres meses: entre enero y marzo. Dependía de las características agroecológicas de cada zona, de la extensión de la superficie cultivada y de los vínculos que detentaban los sujetos que ofrecían el servicio. La importación de las primeras cosechadoras, en la década de 1900, no implicó una real competencia para las trilladoras. Si bien realizaba el corte y trilla simultáneamente, garantizaba las dos operaciones con un solo aparato y sólo requería de tres personas para garantizar todas las tareas, su difusión se topó con una serie de dificultades de diversa naturaleza. Por un lado, esta máquina necesitaba para su buen funcionamiento de terrenos regulares y limpios. Además, los trigos debían estar secos y no se podía trabajar en parcelas donde el cultivo estuviese volcado. Por otro lado, era imprescindible una gran pericia del maquinista y la disponibilidad de repuestos accesibles para solucionar los recurrentes imperfectos.^[4] Como si fuera poco, el tiro de los animales no era parejo y eso generaba importantes pérdidas de granos en el rastrojo; la manivela o rueda con que se bajaba y se levantaba el peine no obedecía tan rápidamente como las necesidades lo requerían; el peine se atascaba fácilmente si el tiempo estaba húmedo; las zarandas se empachaban o el ventilador no podía limpiar el grano si no se regulaba correctamente. A su vez, los factores que limitaron la difusión de la cosechadora no se circunscribían sólo a los aspectos técnicos y productivos; existían fuertes intereses empeñados en que el uso de esta máquina no se generalizara en la zona del trigo. Así sucedía con los comerciantes que veían reducidas sus ventas por la merma en los consumos durante la cosecha, en tanto este implemento requería una menor dotación de mano de obra y realizaba la tarea en menos tiempo, o con los colonizadores y dueños de trilladoras (que muchas ocasiones eran los mismos comerciantes) que al no contratarse más la trilla perdían el negocio y el control de una fase fundamental del proceso productivo. Por eso, estas cosechadoras se ofrecían a precios muy elevados y a los agricultores que no podían abonarlas en un pago y al contado, les exigían intereses usurarios. Producto de estas limitaciones técnicas, económicas y políticas, una investigación realizada en 1913 sobre un total de 2000 colonos en el núcleo triguero de la provincia de Buenos Aires indicaba que el uso de cosechadoras era muy acotado (Renom, 1913, pp. 9-26).^[5]

Recién para la década de 1920, la introducción de la cosechadora de cuchilla comenzó a desplazar lentamente a la trilladora. Era una máquina más grande que las primeras de este tipo, cortaba las espigas en lugar de arrancarlas, realizaba un trabajo más preciso y eficiente y permitía un incremento de la productividad. A pesar de estas ventajas, la renovación tecnológica fue progresiva y todavía para 1928 un informe elaborado por especialistas afirmaba que dos tercios de la cosecha de trigo en Buenos Aires se había procesado con trilladora (Conti, 1929, p. 4). Es necesario tener presente que, para ese momento, un número mayor de productores estuvo en condiciones de adquirirla. Cierta recuperación en la demanda de granos, mayor acceso al crédito bancario oficial y la vigencia –aunque con efectos limitados– de la Primera Ley de Arrendamiento, incidieron en que un sector de medianos productores pudiera comprar una trilladora, tal como se evidencia en Tres Arroyos, uno de los epicentros de la expansión triguera en la zona sur bonaerense (Relevamiento de chacras y estancias de Tres Arroyos, 1931). Sin embargo, en otras latitudes, persistió la cosecha en dos etapas y los grandes propietarios de tierras, que a su vez proveían el servicio de trilla, mantuvieron su posición de privilegio frente a los agricultores. Al respecto el periódico de la Federación Agraria Argentina, La Tierra, denunciaba que “los colonos se guardan muy bien de vender el cereal a otro y trillar con otras máquinas, porque saben perfectamente, que se exponen a persecuciones y represalias de toda índole, por parte de los que manejan la propiedad del suelo”.^[6]

De este modo se puede advertir que, a lo largo de la etapa agroexportadora, el servicio que prestaban los contratistas de cosecha tuvo un papel clave en el proceso productivo. Al disponer de trilladoras y motores a vapor, controlaron una fase imprescindible para obtener el grano embolsado y listo para su comercialización. La situación se modificó durante la década de 1930, momento en que se extendió el uso de nuevas máquinas que requerían menos mano de obra y realizaban la recolección y procesamiento del producto en un solo paso.

¿Quiénes estaban en condiciones de adquirir estas máquinas y brindar el servicio de cosecha?

El conjunto de los productores agropecuarios, en diverso grado y medida, poseía arados, rastras y sembradoras, aunque sólo los titulares de las explotaciones más extensas y algunos almaceneros de ramos generales solían contar con la maquinaria más costosa: la trilladora y el motor a vapor. Su precio y amortización las transformaban en casi inalcanzables para los pequeños y medianos agricultores, particularmente para el universo mayoritario de arrendatarios que solían abonar un elevado porcentaje de su producción en concepto de alquiler de la tierra.

De este modo, se fue conformando un núcleo de empresarios que además de procesar su propia producción agrícola operaban como contratistas de trilla en otras unidades (Bialet Massé, 1985, pp. 139-140). En algunas oportunidades, eran terratenientes que brindaban el servicio a “sus” arrendatarios mientras que, en otras, eran productores que las utilizaban en los campos que cultivaban y luego realizaban el trabajo en explotaciones ajenas. También un núcleo de acopiadores y almaceneros de ramos generales se incorporó al negocio.

En este sentido, el análisis de los datos provistos por las cédulas censales del Censo Económico-Social –sección agricultura– de 1895, nos permiten aproximarnos a ciertas características de los dueños de trilladoras en los inicios de la expansión agrícola.^[7] Si bien en las planillas se registró la maquinaria existente en cada explotación, el entrecruzamiento con los datos provistos por informes del Ministerio de Agricultura y publicaciones periódicas, permiten concluir que esos titulares de unidades productivas eran los dueños de esos medios de producción.

Para captar las particularidades de estos sujetos focalizamos la atención en un número acotado de partidos bonaerenses que fueron epicentro, con distintas temporalidades, de la producción agrícola en la provincia. Para el caso del sur, futuro núcleo triguero, recortamos el universo en Tres Arroyos, Puan, Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Coronel Suarez. Allí se registraron, para 1895, 32 máquinas que pertenecían a 22 titulares, de los cuales 13 eran propietarios, 8 eran arrendatarios de campos y sólo uno medianero. En los distritos seleccionados en el norte de la provincia (Salto, Pergamino, Arrecifes, Rojas, San Pedro y General Arenales), había 72 trilladoras que se distribuían entre 23 propietarios, 24 arrendatarios, dos medieros y un titular que operaba dos explotaciones propias y una arrendada. Esta disparidad radica en que en la zona norte, espacio poblado desde la época colonial, el cultivo de la tierra estaba más extendido mientras en el área meridional, esa actividad era incipiente y florecería en las próximas décadas.

Al desagregar la información se advierte que, entre los propietarios del norte bonaerense, Enrique Caprile –de Arenales– poseía 2.688 hectáreas, una trilladora y su motor; Federico Roth –de Pergamino- tenía 800 hectáreas y el mismo equipo, así como Santiago Maggio que disponía de 568 hectáreas en Rojas. En esta zona resulta llamativo el número de arrendatarios que contaban con estas complejas y costosas máquinas. Entre los mismos se destacaban: Ángel Garroti que alquilaba 1.733 hectáreas en Arenales y poseía una trilladora y un motor; Juan Ceriane que arrendaba 252 hectáreas en Bartolomé Mitre y contaba con dos máquinas y dos motores y José Amirotti, que en el mismo partido operaba sobre 160 hectáreas y tenía dos trilladoras y un motor. Estos dos últimos casos, parecerían personificar al contratista de servicios estricto que completaba las labores en su explotación en muy poco tiempo y lo principal de sus ingresos provenía del trabajo a terceros. Lamentablemente, no contamos con más datos que confirmen esta hipótesis o aporten otros elementos de juicio sobre estos sujetos: ¿poseían tierra en otros partidos?, ¿eran parte de un negocio más amplio que incluía el acopio y comercio de granos?, ¿las máquinas eran de ellos o del dueño del campo donde se censaron? Resultan interrogantes que quedan abiertos, aunque los datos dan cuenta de la diversidad de situaciones que se presentaban en los inicios de la expansión agrícola.

En el caso del partido de San Pedro, los datos presentan ciertas particularidades dignas de atención dado que un reducido número de titulares concentraba una elevada cantidad de trilladoras: Carlos Diehl era dueño de 2.200 hectáreas y cuatro máquinas mientras que Enrique Letiche figuraba como propietario de dos campos, tres trilladoras y como arrendatario de una tercera parcela. Situaciones similares se observan con el caso de la firma Genaud, Benvenuto, Martelli y Cía., propietaria de dos explotaciones (cuyas dimensiones no fueron registradas en el censo) y tres trilladoras. También de Edmundo Homps, quien fue registrado como propietario de una parcela de dimensiones indefinidas y titular de cinco máquinas. De este modo, solo 4 personas controlaban 22 trilladoras, lo que indica una diferencia con respecto a los otros partidos y da cuenta de la existencia de un sector más poderoso, en términos de propiedad de tierras y máquinas, que controlaba un servicio clave en el proceso productivo. Incluso, al cruzar los datos de los distritos seleccionados advertimos que Carlos Diehl, además, arrendaba 2.247 hectáreas en Arrecifes donde fue registrada otra trilladora.

Entre los propietarios del sur bonaerense se destacaban Diosinio Guglielmetti –de Tres Arroyos– que poseía 2.500 hectáreas, dos trilladoras a vapor y dos motores; Miguel Villanueva –de Coronel Dorrego– que titularizaba 2150 hectáreas, siete máquinas y tres motores a vapor, y José Tamburini –de Puán– que tenía 5.000 hectáreas, una trilladora y un motor. En el partido de Tres Arroyos, Domingo Vázquez y Teófilo Gomila también poseían estos medios de producción. Se trata de sujetos que titularizaban campos extensos y un elevado número de implementos. Resulta más llamativa la situación de Ignacio Botet (Bahía Blanca) con 20 hectáreas y José Lacome (Tres Arroyos) con 60 hectáreas, que a pesar de figurar como los dueños de estas pequeñas explotaciones ostentaban las herramientas más complejas y costosas.

Entre los arrendatarios del sur se destacaban Ángel y Cayetano Zibechi, también de Tres Arroyos, que alquilaban 1848 hectáreas para cultivar únicamente trigo y poseían una trilladora y la Compañía González Costa que arrendaba 500 hectáreas y contaban con dos trilladoras y sus respectivos motores. Dentro del arco de pequeños y medianos agricultores que no detentaban la propiedad de la tierra, también existían algunos que disponían de trilladoras y que, probablemente, se dedicaran a ofrecer el servicio a otros productores para amortizar el costo de la máquina. Ese podía ser el caso de Irene Peton de Pringles, con 50 hectáreas, o de Pedro Haugaart, que cultivaba 170 hectáreas de trigo y tenía una trilladora, aunque este último no figura como poseedor de un motor, lo que podría señalar la existencia y funcionamiento de máquinas más antigua que se accionaban con fuerza animal.

Este universo heterogéneo de propietarios de trilladoras se incrementó al calor de la expansión agrícola pampeana. Un informe del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (sobre la cosecha 1895/96), resaltaba que para 1881 se habían registrado 66 máquinas, en 1888 habían ascendido a 327, en 1895 se contabilizaron 726 y en el siguiente ciclo (1895/96) alcanzaron la cifra de 892 máquinas en territorio bonaerense. De ese modo, en solo 15 años, se verificaba un aumento mayor al 1400%. Al mismo tiempo, dicho informe permite advertir que el número de máquinas superaba al de propietarios, lo que ratifica la existencia de empresarios que poseían más de una trilladora. En toda la provincia habían registrado 892 trilladoras y 739 dueños, tendencia que se agudizaría con el correr de los años (Cilley Vernet, 1896, pp. 56-60). Si entre 1890 y 1900 ingresaron al país 3150 máquinas, en la etapa 1901-1911 los informes registraron la entrada de 8786. La importación se frenó durante la Primera Guerra Mundial y a partir del decenio de 1920 se reactivó, aunque en menores proporciones a lo sucedido en las primeras décadas del siglo.

La dinámica del mercado asociado con la actividad de estos contratistas presentaba sus particularidades. Como referimos anteriormente, una proporción de estos sujetos no solo ofrecía sus servicios en los campos contiguos, sino que –guiados por los pronósticos de cosecha– se trasladaban entre diferentes zonas, a veces bastante distantes.^[8] Para el caso del territorio bonaerense, en algunas oportunidades, se movilizaban desde el sur de Santa Fe y en otras, entre partidos cercanos. En San Pedro, durante la campaña 1895/96, habían trabajado tres trilladoras que venían de Baradero, una de Bragado, una de Arrecifes, dos de Chacabuco y una de Salto; mientras que en Pergamino habían funcionado dos máquinas de General Sarmiento, una de San Antonio de Areco, una de Marcos Paz, una de Merlo y otra de Morón. Por el contrario, en Chivilcoy la totalidad de las máquinas que operaron pertenecían al mismo partido. Con respecto a la disponibilidad de estos medios de producción en los distintos espacios y la posibilidad de abastecer la demanda en un período acotado de tiempo, desde el Ministerio de Obras Públicas se subrayaba que

las trilladoras están distribuidas en la Provincia, en forma muy variable, no guardando relación con las exigencias locales; aunque considerando en conjunto una región, no resulte así. Se observa este hecho en la región Norte, por ejemplo, que tiene la mayor extensión de tierra cultivada, donde se encuentran localidades con un reducido número de estas máquinas que no bastan a llenar las necesidades de la misma (Cilley Vernet, 1896, p. 54).

De este modo, si bien teóricamente se contaba con la cantidad necesaria de máquinas para procesar toda la producción, se evidenciaban una serie de problemáticas derivadas de su desigual disponibilidad en cada uno de los distritos. Por un lado, como refería Bialet Massé, en algunas localidades existía una elevada proporción de contratistas de trilla y su competencia impactaba en una caída de los precios al que podrían ofrecer el servicio. Esta situación derivaba en serias dificultades para un sector de estos empresarios que sólo lograba que el negocio fuera rentable en años de cosechas abundantes (Bialet Massé, 1984, p. 139). Por el contrario, en aquellos lugares donde sólo había una máquina, los agricultores no tenían alternativas. Así lo ilustra el caso de José Ariaudo –propietario de la estancia San José ubicada en la colonia Dean Funes (provincia de Córdoba)–, quien poseía la única trilladora de la zona. Él proveía de este servicio tanto a los medieros que trabajan dentro de sus tierras como a los agricultores de las inmediaciones (Massei, 2010, p. 148). Una tercera situación era la que detentaban terratenientes y acopiadores que, independientemente de la cantidad de trilladoras disponibles en las inmediaciones, podían imponer el uso de sus implementos a determinados núcleos de agricultores arrendatarios. De este modo, se garantizaban un mercado cautivo en el cual no lograban incidir aquellos contratistas de menores dimensiones. Así sucedía, por ejemplo, en la estancia Dos Hermanas de Ramón Santamarina, donde los siete productores que alquilaban una parcela debían contratar su servicio de trilla. Para Santamarina, este tipo de actividad representaba un porcentaje menor de sus ingresos anuales dado que lo principal giraba en torno a la percepción de la renta por las extensas propiedades que acumulaba: poseía más de 280.000 hectáreas solo en la provincia de Buenos Aires (Reguera, 2006, pp. 27 y 92-98).

A un fenómeno similar aludía el periódico socialista La Vanguardia en 1918. Denunciaba que en San Antonio de Areco, algunas máquinas sólo trabajaron 12 días mientras que otras habían operado durante 2 meses: “eso se debe a que los señores Pazzaglía y Speroni, que tienen grandes colonias y 7 máquinas entre ambos, trillan las principales chacras y luego recién van a sus extensos campos, en los cuales a ninguna otra máquina se les permite trillar”.^[9] Estos casos grafican una situación caracterizada por una marcada diversidad y polaridad no sólo entre los proveedores de este servicio sino también en la estructura social agraria. Al respecto, el Tercer Censo Nacional de 1914 registró, en la región pampeana, la existencia de 113.609 explotaciones agrícolas mientras que sólo se contabilizaron 7.596 trilladoras. De este modo, tal como subrayaban los periódicos que reflejaban sus reclamos, una elevada proporción de pequeños y medianos productores localizados en partidos con un volumen menor de este tipo de maquinarias y en zonas alejadas de los caminos, solían tener mayores dificultades para finalizar el proceso productivo y garantizar la reproducción de sus unidades económicas.

Los datos y ejemplos referidos a la situación de los contratistas de cosecha ilustran la existencia de un universo heterogéneo donde coexistían sujetos con una desigual incidencia en materia económica, social y política. Por un lado, se advierte que un porcentaje disponía de una sola trilladora y contrataba un número más acotado de obreros mientras que otro sector detentaba un número más elevado de máquinas y explotaba decenas de asalariados. Al mismo tiempo, algunos obtenían lo principal de su ganancia a través de esta actividad y para otros, resultaba un negocio complementario dado que sus ingresos fundamentales provenían de la renta de la tierra o de la comercialización de distintos bienes. A pesar de las diferencias, todos requerían adquirir una mercancía muy particular sin la cual resultaba imposible desplegar ningún tipo de tarea.

Las máquinas no funcionan solas: los obreros contratados para la trilla

Comparado con la preparación del suelo, la siembra, el cuidado de los cultivos y la recolección, la tarea de trillar los granos requería un número más elevado de trabajadores que se encargaban, en un escaso período de tiempo, de separar, embolsar y disponer de un trigo listo para su comercialización. Para ello, el dueño de la máquina debía contratar a los obreros que estarían bajo su mando a lo largo de esa campaña. Entre ellos se destacaban el maquinista y el foguista que eran los operarios más calificados y quienes estaban a cargo de la principal inversión del contratista. Debían tener conocimientos sobre dónde atracar la trilladora en función de los vientos y como nivelarla. También controlaban la presión de la caldera y el nivel del agua para mantener un funcionamiento continuo y evitar las explosiones. Para eso, además, había que evitar que se acumulara aire. El maquinista debía revisar los mecanismos de la trilladora, aceitar los que fuera necesario, graduar el aparato trillador de manera tal que no salieran espigas sin desgranar, cuidar y verificar el trabajo de los ventiladores de las máquinas y, finalmente, escoger y regular correctamente las zarandas (Conti, 1917, pp. 32 y 79; Instrucciones prácticas para la trilla, 1924). La forma de contratación de estos obreros era diferente al del resto. En algunos casos ellos mismos ofrecían sus servicios a través de publicaciones en los periódicos o podían tener un trato preferencial en las agencias de colocación que ofertaban peones para la cosecha.^[10] Por el papel que cumplían en la trilla, era común que –al igual que en la actualidad– los empresarios los contrataran a partir de un cierto conocimiento previo. Los trabajadores que desarrollaban esta tarea podían llegar a entablar una relación más estrecha con el propietario de este medio de producción, quien depositaba en las manos del asalariado una costosa inversión.

Además de maquinista y foguista, se requerían otros 18 a 20 operarios para hacer funcionar las trilladoras: dos embocadores, dos plancheros y 6 a 8 horquilleros. Estos doce últimos tenían como misión alimentar la máquina con las gavillas de trigo. El “yuguero” era el encargado de retirar la paja de la cola de la máquina. También se encontraba el “rondador”, que se ocupaba del cuidado de los animales. Completaban la cuadrilla el embolsador y el cosedor, un cocinero y el aguatero. Este último debía acarrear el agua necesaria para la caldera del motor a vapor y de la cuadrilla, incluido la del cocinero. Para llevar los recipientes usaba un carro tirado por caballos que se desplazaban desde la aguada más cercana del campo (molino y/o tanque australiano) hasta el lugar donde se realizaba la trilla. Los granos, luego de almacenarse temporariamente en la máquina, eran embolsados a través de aperturas de tolvas reguladas a mano y ubicados a un costado de la trilladora. Una vez que las bolsas estaban llenas (generalmente tenían una capacidad de 65 a 70 kilogramos) eran cosidas a mano por el cosedor y apiladas por el bolsero para su posterior pesaje, transporte y almacenamiento.

La mayor parte de estos jornaleros conseguían trabajo a través de las mencionadas agencias de colocación o en los almacenes de los pueblos rurales donde se acercaban los propietarios de maquinarias para completar sus planteles.^[11] Era una práctica extendida entre los dueños de trilladoras contratar a un número menor de horquilleros –que en consecuencia debían realizar un trabajo mucho más esforzado– con el objetivo de disminuir el denominado costo salarial.^[12] A su vez, en reiteradas oportunidades, algunas de las tareas de menor complejidad –pajero, apuntador, bolsero y cosedor– eran efectuadas por miembros del grupo familiar del agricultor, lo que le permitía a este último abaratar el precio de esta operación (Raña, 1904, p. 143; Miatello, 1921, p. 262; Bialet Massé, 1988, p. 152).

Las características de esta actividad, donde se utilizaban máquinas movidas a vapor y se contrataba a una elevada proporción de trabajadores asalariados que realizaban su tarea de manera coordinada, evocaba al periodista francés Jules Huret, con tono apologético, la imagen de una “fábrica de cereales” (Huret, 1988, p. 205). Si bien existía un amplio y marcado abanico de diferencias que distinguían a la producción agrícola de la industrial, esta fase del proceso es la que presentaba más puntos de contacto entre ambas. De ahí, que sea en la trilla de granos donde puede identificarse con mayor precisión a una de las personificaciones del empresariado del agro. Estos sujetos adquirían medios de producción y explotaban fuerza de trabajo con el propósito de valorizar su capital. Persiguiendo este objetivo, se valieron de todos los mecanismos a su alcance para incrementar la tasa de ganancia.

Los contratistas de trilla y el secreto de la rentabilidad empresaria

En informes del período e investigaciones posteriores existen escasas referencias sobre la rentabilidad de esos contratistas. En general, se calculan sus ganancias en función del precio al que ofrecían su servicio. Se cobraba un monto fijo por quintal procesado (100 kilos) que se abonaba una vez finalizada y pesada la cosecha. Esa tarifa debía cubrir el costo de las bolsas, en el caso de que fueran provistas por el contratista, el seguro de la trilladora -si el empresario lo había adquirido-, y el sueldo y los jornales de sus empleados.

Tal como referimos anteriormente, existían empresarios que solo poseían una máquina mientras que otros contaban con varias trilladoras y consumían la fuerza de trabajo de decenas de obreros. Estos disponían de una multiplicidad de mecanismos para garantizarse elevadas utilidades por su actividad tal como sucedía con el mencionado José Ariaudo. Al respecto, luego de analizar las cuentas de este terrateniente contratista, Alejandra Massei afirma que la trilla “era un servicio de alta rentabilidad” dado que le reportó una tasa de ganancia en torno al 66% durante casi 15 años (Massei, 2010, pp. 148-150). Sin duda que resulta un porcentaje llamativo que, en parte, se explica porque Ariaudo detentaba el monopolio del servicio en su zona.

Este tipo de situaciones incidieron en el volumen de los ingresos de estos empresarios, aunque estos factores operaban sobre la base de un elemento determinante de los niveles de rentabilidad que se obtenían con este negocio: nos referimos al grado de explotación de la fuerza de trabajo.

Al respecto, los obreros contratados para la trilla debían realizar grandes esfuerzos que se prolongaban a lo largo de jornadas agotadoras que parecían interminables (Sartelli, 2022; Ascolani, 2009). A esto se sumaba la impericia de una elevada proporción de contratistas que –por desconocer el modo adecuado de su funcionamiento– exponían al peón a un ritmo feroz, con un gran peligro físico (Pisano, 1907). Al respecto, y sin perjuicio del sesgo de la fuente citada, algunas imágenes resultan sumamente sugestivas:

He visto en días calurosos –y en verano lo son casi todos– caerse los hombres boca abajo, echando sangre por la boca, y temblando, decir con voz desfallecida: -¡Patrón no puedo más, estoy enfermo! Y no para allí. Si a aquel hombre se le diera un refresco cualquiera, un vaso de agua con vinagre o caña sería más perdonable, más ¡ay! No es así. Cuando a los jefes de la máquina les queda un átomo de instinto humano –lo que difícilmente se ve- le permiten a ese desgraciado que se muera o se cure debajo de la casilla, sin tomarse la molestia de darle un vaso de pseudo agua o mejor dicho de lodo que es lo que se toma en las máquinas; sino, al contrario, se le echa de la máquina por inútil y haragán.^[13]

Con un tono más mesurado, desde el periódico La Prensa se afirmaba que estos trabajadores estaban sometidos a una jornada extenuante y que “muchos que no aguantan en las máquinas –como horquilleros o plancheros– por el trabajo enteramente pesado, al que lo hacen aún más insoportable las exigencias de los patrones, abandonan el trabajo dirigiéndose algunos a sus hogares para dedicarse a sus ocupaciones habituales”.^[14] Inclusive, desde La Nación, diario que expresaba las concepciones de un sector de las clases dominantes, se reconocía que las tareas en la trilla se realizaban “al raso, soportando los rayos abrasadores del sol de diciembre, enero y febrero y trabajando hasta 16 horas de las 24 que tiene el día”.^[15] Se iniciaban hacia las 4 de la mañana y se extendían durante 13, 14 o 15 horas con escasos intervalos para “desayunar”, almorzar y tomar algo por la tarde.^[16] La alimentación era escasa, muy pobre en proteínas y ni siquiera les proveían agua limpia y fresca. Por lo general, el empresario les vendía los productos que transportaba en su casilla a un precio exorbitante, aprovechándose de la situación de relativo aislamiento en que realizaban sus labores.^[17] La vivienda constituía otro de los problemas que soportaban los trabajadores ocupados en la cosecha triguera que solían permanecer por unos pocos días en cada parcela: no contaban ni con una lona para protegerse durante la noche y debían dormir a la intemperie. Esta precaria situación era testimoniada incluso por personajes insospechados de obrerismo: “en todos los [establecimientos] encontrarán galpones, algunas veces magníficos, para alojar padrillos o vacas finas, y en ninguno, casi, una casa higiénicamente distribuida para alojar a los peones” (Daireaux, 1908, p. 329). Si tenían suerte, dormían “en una habitación de barro de 4 por 4 y unas chapas tendidas desde las pajas del rancho hasta afirmarse en unos tirantillos de 2 por 3, sostenidos por montones de césped”.^[18]

Por otra parte, esta operación encerraba dos peligros muy importantes: la posible explosión del motor a vapor y el incendio de la trilladora, que en general traía aparejada la muerte de varios trabajadores.^[19] Al respecto, un testigo de aquella época relataba que

una noche vimos el reflejo de un incendio sobre el horizonte. El boyero cabalgó hacia allí y a la mañana siguiente trajo la noticia que una parva se había incendiado durante la trilla, quemándose también la trilladora de madera y la casilla del contratista. Hacia la noche llegaron a nuestro campamento los trabajadores que se habían quedado sin trabajo y pidieron permiso para comer con nosotros y dormir, ya que se encontraban en camino hacia el pueblo donde esperaban encontrar otro trabajo […] (Frank, 2002, p. 31).

La cita ejemplifica el nivel de precariedad bajo el cual trabajaban los jornaleros rurales. Carecían de leyes que regularan la actividad, no contaban con ningún mecanismo o medida para resguardar su integridad física y ante situaciones como las descriptas, quedaban absolutamente desamparados.

Para comprender por qué un núcleo de estos empresarios consiguió elevados niveles de rentabilidad no alcanza con ponderar la duración de la jornada de trabajo de los obreros de trilladoras, la alimentación que recibían, la transitoriedad y estacionalidad de la tarea que realizaban y el ritmo laboral que les imponían los contratistas. Resulta imprescindible indagar sobre los montos que percibían las diversas categorías de operarios a lo largo del período por el que eran contratados. Al respecto, los datos disponibles permiten advertir una marcada segmentación del mercado de fuerza de trabajo que se reflejaba en los salarios y jornales de los obreros. Los mismos presentaban una marcada variabilidad que dependía no sólo de las tareas para las que eran contratados sino también de las zonas y el tipo de cultivo. Los mejores pagos eran maquinistas y foguistas. Además de su salario mensual, percibían un porcentaje cada 100 kilogramos de trigo que se procesaba. A través de esta combinación de ingreso fijo y a destajo, el empresario buscaba incentivar un trabajo más cuidado, una prolongación de la jornada y un distanciamiento entre estos operarios y el resto de los obreros a la hora de efectuar reclamos gremiales. Luego estaban los medio foguistas que también cobraban un salario mensual, al igual que el cocinero.^[20] El resto de los trabajadores que hacían posible el funcionamiento de estas máquinas –horquilleros, bolseros, embocadores o coleros– recibían un jornal inferior por día trabajado.

A pesar de la disparidad y la precariedad de los datos disponibles, el análisis de la evolución de dichos ingresos permite advertir que durante el período de mayor expansión de la superficie sembrada (1900-1910) los obreros perdieron poder de compra. En Buenos Aires, la remuneración promedio de las diversas ocupaciones agrícolas si bien sufrieron reiteradas oscilaciones no presentan aumentos significativos a lo largo de 10 años, mientras que los precios tendieron a subir en mayores proporciones.^[21] A su vez, al contrastar los datos oficiales con otras fuentes del período resulta que para 1903/04 las Estadísticas del Ministerio de Agricultura informaba que los peones de trilla recibían $3 por día, mientras que La Protesta denunciaba que los plancheros y coleros percibían sólo $2 y los horquilleros $1,50.^[22] Esta disparidad en los datos fue ratificada por el estudio de Juan Alsina, quien en 1905 denunció que los jornales efectivamente abonados a los trabajadores resultaban inferiores –en muchas oportunidades– a lo publicado oficialmente por el Ministerio de Agricultura (Alsina, 1905, pp. 292-293).

En el mismo sentido, desde el periódico socialista de Pergamino –Palanca– se denunciaba la diferencia que existía entre los ingresos de un empresario de trilla y los de un obrero que participaba en esa tarea: mientras que el primero acumulaba (devengados los gastos) unos $12.350 por campaña, el trabajador podía cobrar $180 por 60 días de trabajo que apenas le alcanzaban para cubrir los gastos de alquiler, comida, carbón y ropa.^[23]

A su vez, el monto efectivo recibido en mano, una vez concluida la tarea, estaba mediado y condicionado por diversos procedimientos puestos en práctica por los dueños de trilladoras y almaceneros de ramos generales –a veces personificados en el mismo sujeto- mediante los cuales retaceaban los jornales.^[24] Al respecto, publicaciones del período denunciaban que los peones “deben proveerse de lo que necesitan en el negocio instalado en el mismo lugar de trabajo, con lo que el patrón recupera buena parte de lo que pagó en salarios. Es indudable que allí se les hace víctimas de una vulgar estafa, cobrándoseles diez lo que vale uno” (Rodríguez Tarditti, 1926, p. 387). A la hora de calcular el salario que debía recibir cada trabajador se le realizaban los descuentos correspondientes a los objetos consumidos durante las semanas que duraban las labores y que eran provistos por el dueño de la máquina: “alpargatas, tabaco, vino, calzoncillos, comida o bien adelantos en efectivo” que le permitían al empresario (que monopolizaba el abastecimiento de bienes para sus obreros) embolsar mayores ganancias debido a los elevados precios a los que vendía los bienes (Massei, 2010, p. 149). Los trabajadores protestaban contra estas medidas y en los pliegos de reivindicaciones incluían reclamos que iban en ese sentido: “lo que se venda en las casillas de la máquina no se podrá cobrar más que los precios corrientes”; y también se exigía la “abolición de los vales” y que el pago se hiciese en la trilladora o en la chacra en dinero.^[25] La utilización de estos “vales” era otra práctica recurrente que utilizaban aquellos contratistas que además eran dueños de grandes estancias, de comercios de ramos generales y/o acopiadores de granos.

Incluso, autoridades políticas de diversas localidades también operaban como dueños de trilladoras, lo que les permitía contar con la convivencia de la policía y la justicia a la hora de resolver los conflictos con los obreros. Tal fue el caso de la huelga de fines de 1918 en San Antonio de Areco, donde Fernando Speroni y Antonio Pazzaglia se valieron de sus cargos públicos para frenar las protestas de los obreros de trilladoras e imponer las condiciones laborales.^[26]

De este modo, la relación entre la extensión de la jornada laboral y la remuneración, los mecanismos para acotar la entrega de dinero en efectivo, la ausencia de lugares para guarecerse, la magra alimentación y los vínculos que detentaba el núcleo fundamental de estos contratistas incidieron en la tasa de ganancia que embolsaron por esta actividad a lo largo de varias décadas.

Otro de los factores que incidió en la rentabilidad de la actividad estuvo asociada con los condicionamientos que impusieron a una extensa proporción de agricultores. Para el sector que era propietario de su tierra o disponía del dinero suficiente y podía alquilar parcelas de mayores dimensiones, el costo de la trilla dependía de la lejanía de la chacra, la competencia entre proveedores del servicio y el estado de los caminos. En cambio, para los pequeños y medianos arrendatarios que constituían el porcentaje mayoritario de los titulares de explotaciones en la región pampeana, el problema tomaba otras dimensiones. El porcentaje mayoritario de sus contratos de alquiler estipulaban con quién se debía trillar y a quien se tenía que vender el producto. Así, quedaban atados con determinados contratistas que generalmente eran los mismos dueños de la tierra y estaban en condiciones de definir unilateralmente el valor del servicio. Al respecto, el diario La Prensa informaba que en la recordada protesta de agricultores de 1912, el denominado Grito de Alcorta, éstos exigían libertad para elegir con que máquinas trillar.^[27]

Incluso, cuando el servicio era provisto por el acopiador de granos de la zona, la situación también resultaba complicada para el agricultor. Dichos acopiadores iniciaban el circuito adelantando dinero al colono para que pudiera levantar la cosecha a cambio de la firma de un boleto de venta de sus granos.^[28] También le imponía las máquinas con las que debía trillar. De este modo, controlaban la finalización del proceso productivo e incrementaban sus ganancias fijando importes más elevados que los ofrecidos por otros contratistas. A esta situación se sumaba la manipulación en el pesaje de las bolsas, con la que también se timaba a los chacareros. La Federación Agraria Argentina denunciaba que los dueños de las trilladoras y desgranadoras contrataban los obreros apuntadores (aquellos que se encargaban de pesar los recipientes llenos de granos) que mejor supiesen manejar y “preparar” las balanzas y que recibían un “sobresueldo de $1 a $1,2 por cada bolsa de cereal que puedan sustraerle al colono sin pesar, operación que realizan con la mayor naturalidad y al menor descuido del chacarero…”.^[29] Tal era el caso de la firma Genou, Benvenuto y Martelli, que eran uno de los principales cerealistas del norte de la provincia de Buenos Aires, poseían tierras (tal como se puede advertir en el censo de 1895) y eran dueños de una elevada cantidad de máquinas.

En definitiva, se puede advertir que un porcentaje de los propietarios de trilladoras pudo de imponer una serie de condiciones tanto a los trabajadores asalariados como a los pequeños y medianos agricultores arrendatarios que les permitieron obtener una elevada rentabilidad por el servicio.

Reflexiones finales

El análisis de las características y particularidades de los contratistas de trilla nos permite advertir y precisar diversos aspectos. En primer lugar, se puede destacar la relevancia que alcanzaron en el mundo rural como resultado de las nuevas demandas generadas por la expansión de la superficie cultivada y la exportación hacia el mercado externo. Se transformaron en un eslabón fundamental del proceso productivo, dado que detentaban la propiedad de las máquinas que permitían procesar un elevado volumen de granos en un tiempo relativamente acotado. Así, se lograba obtener un producto limpio, embolsado y listo para su comercialización. Incluso, la paulatina incorporación de cosechadoras de cuchilla en la década de 1920, si bien ganó terreno, no logró desplazar a la trilladora de su lugar protagónico.

Un segundo elemento, vinculado con el anterior, es que a pesar de la centralidad que tenía la labor, el costo de la trilladora y su motor resultaba casi inalcanzable para la mayoría de los pequeños y medianos productores que constituían el porcentaje mayoritario de los agricultores. Estos debían pactar el servicio provisto por el heterogéneo universo de empresarios de cosecha que se ensanchó con el correr de los años. En dicho universo coexistían realidades y trayectorias diferentes. Por un lado, estaban aquellos que se desempeñaban fundamentalmente como contratistas, dependían de los resultados de cada ciclo agrícola y estaban sujetos a la competencia en el mercado. Por el otro, es posible identificar un núcleo conformado por terratenientes, comerciantes y acopiadores que disponían de una o más trilladoras y realizaban este negocio como un complemento de su actividad principal.

Este segundo grupo, aquellos que podríamos denominar los “grandes” contratistas de cosecha, presentaban características particulares. En el caso de los terratenientes, sus ingresos principales provenían de la renta de la tierra y podían desplegar una serie de mecanismos para mantener una clientela cautiva. Es decir que detentaban de un repertorio mucho más amplio de instrumentos para imponer sus condiciones tanto a los obreros como a los agricultores, lo que les aseguraba una rentabilidad más elevada. En relación con los trabajadores, la extensión de las jornadas, el monto de las remuneraciones, la calidad de la comida y las deducciones que efectuaban por los adelantos realizados les permitían incrementar la tasa de ganancia. Por otro lado, la correlación de fuerzas con respecto a los chacareros los habilitaba a fijar tarifas y monopolizar el servicio a través del articulado de los contratos de arrendamiento o de los adelantos para la cosecha que dejaban al colono atado con determinado acopiador o comercio. De este modo, se evidencia, una vez más, que el libre fluir de la oferta y la demanda no regía los destinos en esta actividad, dado que estos empresarios quedaban al margen de la competencia en el sector. Así, la explotación de los asalariados y la expoliación de los agricultores operaron como factores fundamentales del “secreto” de la competitividad de la agricultura pampeana.

Entrada la década de 1930, con el incremento de la importación de cosechadoras, los dueños de trilladoras perdieron relevancia. La posibilidad de acceder a nuevas máquinas que aceleraban la tarea, la abarataban, requerían un volumen menor de fuerza de trabajo y les permitían, a quienes estuvieran en condiciones de adquirirlas, no depender de terceros para procesar el grano, alteró la fase final de proceso productivo. De este modo, se abrieron nuevos horizontes donde quedaron relegados aquellos sujetos que supieron gozar de un lugar protagónico. Los contratistas del agro reaparecerían con fuerza hacia fines del siglo XX, personificados por otros sujetos, en un contexto caracterizado por una situación económico-social muy distinta, aunque con algunas problemáticas comunes.

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