Un balance historiográfico

Florencia Rodríguez Vázquez^[1] y Federico Martocci^[2]

Introducción

Los proyectos tendientes a “modernizar” y tecnificar el agro conjugaron el interés de instituciones estatales, y de ciertos actores privados, desde finales del siglo XIX en Latinoamérica. Dichas temáticas concitaron el interés de la historiografía en diferentes países desde fines del siglo XX.^[3] En Argentina se detecta el aporte del Departamento de Agricultura (1871), devenido en Ministerio (1898), que diseñó políticas sectoriales para fomentar el desarrollo agropecuario en las diversas regiones que componen el país y tuvo un desempeño significativo durante la primera mitad del siglo XX. Ese devenir institucional reveló dificultades para atender las problemáticas de un territorio tan extenso. Es así que se evidencian los aportes de diferentes instituciones para atender las demandas en torno a la generación de conocimientos agrícolas mediante ensayos experimentales y a la formación de recursos humanos orientados al agro.

Una más reciente línea de trabajo destaca las instancias de intercambio entre productores, y de estos últimos y las diversas instituciones y entidades sectoriales. Esas propuestas develan el papel de agencias estatales específicas y sectores privados en la realización de ensayos y la producción de conocimiento, así, permiten revisitar aquellos planteos centrados en instituciones y ponderar la circulación de saberes, el rol de los actores involucrados y las conexiones con otros procesos trasnacionales. Sin lugar a duda, una de las instituciones estatales que mayores pesquisas ameritó es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una relevancia central desde su inauguración, a mediados del siglo XX. Este último ha concentrado buena parte de las investigaciones en materia de ciencia y tecnología para el agro, aunque es notorio que algunas de ellas se enfocaron en aspectos institucionales y, además, se lo concibió al INTA en términos disruptivos, sin tener debidamente en cuenta los antecedentes, lo que resiente las interpretaciones generales.

Estos temas han sido desplegados desde enfoques disímiles. Tal vez por ello, hace falta una presentación crítica de esa heterogénea literatura, a la que se suman los aportes de la sociología, la antropología rural y la historiografía, por mencionar los más salientes. El objetivo central de este capítulo es proponer un balance historiográfico sobre la temática en Argentina, para consignar los principales aportes y demarcar una potencial agenda de trabajo. Es válido señalar, además, que a pesar del recorte espacial centrado en el plano nacional, la problemática en cuestión guarda estrecha relación con el ámbito americano, a través del cual se identifican interesantes vinculaciones. Debido a que la temática experimentó una profusa atención, como indicábamos previamente, aquí recuperaremos algunos de los principales trabajos debido al valor que tienen en términos teórico-metodológicos, así como también a las vetas que habilitan para potenciales análisis. Estamos así ante un conjunto de estudios que se incluyen en el corpus de trabajos que renovaron las historias agrarias en América Latina (Van Ausdal, 2013), razón por la cual es pertinente un racconto de lo realizado para delinear una posible agenda a futuro que explore las iniciativas estatales en la materia, pero sin desatender las acciones desplegadas por los sectores privados, entre ellos los propios productores. Ello resulta estimulante con vistas a renovar la agenda de investigación de la historia agraria, al incorporar, por ejemplo, la tecnología y su relación histórica con el medio ambiente (Míguez, 2017).

Un tema clásico, Estado y modernización capitalista: un enfoque desde las ciencias agrícolas (siglos XIX y XX)

La conformación de Argentina como economía agroexportadora requirió del Estado como resorte fundamental. Entre las numerosas políticas públicas implementadas desde el último cuarto del siglo XIX, el fomento de las producciones agropecuarias y su relación con la generación y difusión de conocimientos se instaló como un tópico central de la dirigencia política y de ciertos especialistas extranjeros, convocados por el Departamento Nacional de Agricultura (DNA) para desempeñar diversas funciones, tales como la enseñanza agrícola (Di Filippo, 1984; Djenderedjian, 2014b).^[4] Algunos de ellos también conformaron los planteles de enseñanza de las noveles facultades de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata (1883) (Graciano, 1998) y la Universidad de Buenos Aires (1909).

Desde esos espacios sentaron las bases institucionales iniciales para el desarrollo de las ciencias agronómicas y veterinarias en el país, siendo el Ministerio de Agricultura de la Nación (MAN) un cimiento fundamental en ese entramado (Babini, 1986; Graciano, 2003 y 2004), que habría de consolidarse a partir de 1908, con la organización de la Dirección General de Enseñanza Agrícola.^[5] En ese contexto, cobró centralidad la promoción de las carreras agrícolas, en sus diversos niveles (ingenieros agrónomos, peones agrícolas, técnicos), así como el diseño de un proyecto estatal/institucional de desarrollo productivo para las diferentes regiones que conformaban el país, a partir de las oportunidades ganaderas y agrícolas de sus territorios. Se plasmó, así, un intento primigenio por vincular ciencia, economía y agricultura, aunque de forma muy endeble.

Las instituciones para la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento técnico

Las múltiples aristas de este proyecto cristalizaron en un sistema de enseñanza agrícola, por un lado, para la formación de recursos humanos que se volcarían a las actividades agroindustriales y, por el otro, para la experimentación y estudio de las condiciones locales de producción.^[6] Con posterioridad se incorporarían objetivos de divulgación, a través de la figura del agrónomo regional.

El derrotero institucional de escuelas agrícolas radicadas en la región pampeana y en las economías regionales durante la primera mitad del siglo XX concentró la atención de diversos estudios (Gutiérrez, 2007a; Plencovich, Costantini y Bocchicchio, 2009; Rodríguez Vázquez, 2012; Cian, 2018 y 2020; Moyano, 2019; Hirschegger, 2020). Identificaron los esfuerzos de los gobiernos, nacional y provincial, para la formación de recursos técnicos, en diversos niveles, el desempeño de sus graduados en la dirección de explotaciones agrícolas y en cuadros burocráticos provinciales, y de qué manera su desempeño impactó, o no, en la resolución de los problemas derivados de la modernización agroindustrial, en diversos espacios y períodos sociopolíticos y económicos. A su vez, asociaron la capacitación de los jóvenes radicados en zonas rurales a una estrategia de los sectores dirigentes para evitar las migraciones rural-urbanas, y remediar las situaciones de abandono de niños y jóvenes de zonas urbanas mediante su inserción en establecimientos ubicados en la campaña. Asimismo, la “vuelta al campo” que caracterizó las políticas económicas del primer peronismo significaron un renovado impulso a estos establecimientos, con una marcada impronta de las gestiones de jurisdicción local (Navarro, 2012; Hirschegger, 2017). No obstante las deficiencias presupuestarias y de infraestructura, así como la imposibilidad de garantizar solución de continuidad para algunos de los proyectos, estos establecimientos educativos oficiaron como espacios de actualización.

Sobre la generación local de conocimientos, su abordaje institucional respondió a diversos elementos contextuales. Por un lado, una respuesta estatal a las crisis productivas, tal el caso de la plaga del mosaico en Tucumán (1914-1915) (Moyano, Campi y Lenis, 2011), así como la sobreproducción por las deficitarias condiciones de vinificación en Mendoza (1901-1903) (Rodríguez Vázquez, 2013). En forma complementaria, los problemas de la modernización agroindustrial en ciertas localidades, así como la insuficiencia de este tipo de establecimientos, animaron en 1912, la creación de estaciones experimentales en Concordia (Entre Ríos) (Cian, 2019) y Guatraché (Territorio Nacional de La Pampa) (Martocci, 2011).^[7] De modo que evidenciaron la necesidad de una respuesta institucional a los problemas técnicos locales mediante la creación de estaciones agronómicas y experimentales dirigidas, inicialmente, por especialistas extranjeros y, poco después, por graduados en el país. Este recorrido, por un lado, corrobora la existencia de nodos institucionales de innovación que afrontaron tempranamente los desafíos de la tecnificación y modernización agrícolas. Por otro lado, estos aportes enriquecen los enfoques previos sobre la creación del INTA, en 1956.

Es indudable que desde entonces la situación institucional se complejizó, entre otros aspectos porque el notable incremento de los recursos presupuestarios facilitó que sus diversas agencias y técnicos alcanzaran una cobertura territorial más homogénea respecto de la que había logrado el MAN en decenios anteriores. Existen numerosas investigaciones sobre la incidencia del INTA en el mejoramiento productivo, la divulgación de prácticas culturales, herramientas y maquinarias para el agro y, en especial, el despliegue de políticas específicas orientadas a la extensión rural. Este último aspecto ha concitado un interés extraordinario, al punto que es difícil referenciar todos los avances en ese sentido por razones de economía de texto. Más aún, recientes estudios dan cuenta de los cambios y continuidades en materia de extensión antes y durante la última dictadura cívico militar, período que afectó notoriamente al INTA en términos de proyectos como de persecución política (Gárgano, 2011, 2015 y 2017). Hay más abordajes que centran la mirada en el INTA, algunos para revisar (desde perspectivas disímiles) su contexto fundacional (Lara Sanches y de Campos, 2020), algún centro experimental específico (Núñez y López, 2014) o las actividades de extensión (Landini, 2013; de Arce y Salomón, 2018), otros avanzan en comparaciones con otras instituciones científicas del país en un período determinado (Spivak L’Hoste y Gárgano, 2014) y otros se focalizan en el contexto de emergencia del INTA para dar cuenta de ciertas continuidades institucionales (León y Losada, 2002) o para caracterizar el despliegue de instituciones estatales y el rol asumido por sus técnicos en espacios situados, con ciertas dificultades en términos productivos (Martocci, 2018a).^[8]

Pero si tenemos en cuenta las “etapas del cambio tecnológico” en el agro, como se las ha denominado, es elocuente que (explícita o implícitamente) la creación del INTA asumió un peso central en los recortes analíticos de algunas investigaciones clásicas. Por cierto, al analizar la transformación tecnológica de la agricultura pampeana, Edith Obschatko (1988a) partía de la década de 1950 y prestaba escasa atención a los decenios anteriores. En un trabajo que resumía sus principales postulados, incluido en un libro de gran impacto en las discusiones sobre estas temáticas, la autora señalaba que la producción agrícola pampeana permitía distinguir cuatro períodos:

Desde principios del siglo [XX] hasta 1930, el sector agrario se expandió rápidamente y se convirtió en el elemento central alrededor del cual creció el resto de la economía nacional. El nivel alcanzado hasta 1930 se mantuvo a lo largo de esa década, si bien con fuertes oscilaciones. La segunda etapa, entre 1940 y fines de la década del cincuenta está marcada por la violenta caída de la producción agrícola, acompañada de una leve expansión de la ganadería que no alcanza a compensarla. El tercer período comprende la década del sesenta y marca la recuperación de los niveles de la década de 1930. Finalmente, el cuarto período, iniciado con los años setenta, se caracteriza por la aceleración en la tasa de crecimiento y la creciente importancia del componente tecnológico en la producción (Obschatko, 1988b, 118-119).

Y en estrecha vinculación con este tipo de planteos, al abordar el mejoramiento de semillas y su incidencia en la producción agrícola, Marta Gutiérrez advertía:

La creación y difusión de semillas mejoradas comenzó hacia la década de 1920 bajo el impulso de políticas implementadas desde el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, es recién a comienzos de la década de 1960 cuando el impacto creciente de su utilización empieza a hacerse sentir sobre la productividad agrícola. El fenómeno se manifiesta con mayor intensidad durante los años setenta y comienzos de los ochenta, caracterizando lo que hemos denominado la tercera etapa del cambio tecnológico en el sector agrícola pampeano (Gutiérrez, 1988, 176).

Así planteado, las valiosas experiencias que (tal como sabemos ahora) tuvieron lugar entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX para adaptar variedades de trigo en zonas cada vez más desafiantes en términos agroecológicos para el cultivo de secano (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010; Martocci, 2014a y 2014b), quedan como meros datos anecdóticos a pesar de que insumieron ingentes esfuerzos estatales, pero también de los propios agricultores y de otros actores privados. Más aún, nada se decía en estos estudios clásicos respecto de la innovación biológica en el cultivo de la vid o la caña de azúcar, y en la actualidad sabemos que las estaciones experimentales del MAN y ciertos actores privados tuvieron un desempeño central al respecto en el período agroexportador en Argentina (Rodríguez Vázquez, 2013; Moyano 2014). De este modo, se recupera mejor el aporte de estas instituciones en ese momento, pero también se evidencia claramente la significación de los ensayos, experiencias y las iniciativas para acceder a información sobre resultados obtenidos en otras regiones o países con cultivos similares. Ello coloca en el centro de la escena a la circulación de saberes, un tema que adquirió gran relevancia en las ciencias sociales en Argentina (Salvatore, 2007; Bacolla y Caravaca, 2017; Caravaca, Daniel y Plotkin, 2018), con investigaciones que revisaron y complejizaron los estudios sobre el Estado, punto este en el que nos detendremos enseguida. Estos nuevos abordajes se nutrieron de los ya conocidos planteos del sociólogo Pierre Bourdieu (1999), así como también de novedosas perspectivas historiográficas que priorizan la escala global y transnacional.

Es perceptible que las instituciones estatales encargadas de formar recursos humanos y generar tecnología aplicable a las actividades agrícolas recibieron un mayor tratamiento si se lo compara con el que tuvieron las iniciativas privadas en este último aspecto. No obstante, existen trabajos sobre las acciones de productores y colonizadores privados entre fines del siglo XIX e inicios del XX para expandir la frontera agrícola mediante el cultivo de cereales en diversas zonas de la pampa húmeda (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010) y aportes más acotados sobre el rol de las empresas ferroviarias en materia de asesoramiento técnico y experimentación agrícola en espacios regionales en las primeras décadas del siglo XX (Martocci, Moyano y Rodríguez Vázquez, 2023). Además, son menos abundantes los estudios abocados a revisar las iniciativas de instituciones y técnicos privados luego de 1930. La etapa de crecimiento hacia afuera concentró una mayor atención, pero la que se abre entre las décadas de 1940 y 1950, caracterizadas durante mucho tiempo por la noción de estancamiento (cuya incidencia se hizo patente, en especial, en la producción de granos), constituye todavía un desafío. Por cierto, la mayor parte de los análisis que hacen foco en la segunda mitad del siglo pasado se concentran en el Estado (a la luz de lo que sucedía en el INTA), mientras que el peso del sector privado amerita una mirada más atenta. Sin embargo, investigaciones en clave sociológica contemplan el desempeño, por ejemplo, de AACREA y AAPRESID en materia de asesoramiento técnico y fomento de tecnologías (Gras y Hernández, 2016), otras indagan en las relaciones entre algunos actores privados y los ingenieros agrónomos en el marco de la “nueva agricultura” en la provincia de Santa Fe (Grosso y Albaladejo, 2009), a la vez que existen también las que abordan las iniciativas estatales y privadas sobre la difusión de la siembra directa en Argentina entre la segunda mitad del siglo XX y los albores del XXI (Alapin, 2008).

El heterogéneo conjunto de trabajos citados tiene en común la reconstrucción y ponderación de la formación de recursos humanos y la producción de conocimientos especializados como una política pública del Estado, en sus diversas escalas, y su repercusión en el área científico-técnica de los sistemas locales y regionales. De manera que la vinculación con los abordajes históricos sobre la tecnología es una arista que renueva y enriquece estas investigaciones. A su vez, algunos de los enfoques más recientes coinciden en que la relación entre saberes y tecnologías no se agotó en la perspectiva institucional, sino que se amplió y complejizó a través de las relaciones de las instituciones públicas y sus técnicos con el sector privado. No obstante, persisten vacíos considerables en torno a estas problemáticas, en muchos casos no existe un diálogo fluido entre quienes trabajan en líneas similares y ello amerita redoblar los esfuerzos para, por un lado, ampliar el arco temporal de las investigaciones y, por otro lado, que la multiplicidad de perspectivas teóricas y metodológicas puedan capitalizarse y promover una interacción polifónica y dialógica.

Las trayectorias profesionales en esas instituciones

Dichas cuestiones nos derivan, casi inevitablemente, al rol de los actores, ya sea que nos concentremos en los expertos de las diversas instituciones estatales; que abordemos los profesionales graduados de escuelas especializadas o de facultades de Agronomía y su inserción laboral en el ámbito estatal o privado; que nos focalicemos en las elites intelectuales que diseñaban políticas públicas orientadas al agro, e incluso que pongamos en la lente a las burocracias estatales que intervenían en el despliegue de dichas políticas o actuaban en algún área específica del MAN, el INTA u otras dependencias de los estados provinciales. Estos actores pasaron prácticamente desapercibidos en los aportes sobre la “transferencia” de tecnología al agro, algunos de los cuales continúan siendo de consulta obligada a pesar de la lectura lineal que ofrecieron de dicho proceso (por ejemplo, Ras et al., 1994). Y esa falta de atención resulta aún más curiosa al advertir que quienes realizaron ese tipo de estudios eran, por lo general, funcionarios, investigadores y/o docentes que se desempeñaban en instituciones de formación de recursos humanos con orientación agropecuaria, o bien en organismos nacionales e internacionales que promovían la mejora científico-técnica en el campo.

De un tiempo a esta parte, los actores que intervinieron en la gestión de las instituciones educativas, experimentales y de extensión han adquirido mayor relevancia en los estudios sociales. El desempeño de estos profesionales, así como el de los primeros graduados de diferentes escuelas agrícolas y casas de estudios, se hizo palpable desde múltiples vertientes: por un lado, en el desarrollo de investigaciones aplicadas cuyos resultados servirían de sustento para el diseño de políticas públicas, a través de diversas propuestas acerca del derrotero del heterogéneo mundo rural argentino (Girbal-Blacha, 1992); por otro, mediante su accionar en las economías regionales a partir de su modernización capitalista (Moyano, 2014; Rodríguez Vázquez, 2013) y, sobre todo a partir de la década de 1920, en los ex Territorios Nacionales (Martocci, 2011 y 2014a; Almirón, 2017).

Sobre los ingenieros agrónomos graduados en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y su perfil profesional, así como también la posterior inserción en la esfera estatal y el papel que asumieron en la definición de políticas específicas, existen una multiplicidad de aportes (Graciano, 1998 y 2001; Ascolani, 2014). En tanto que el conocimiento científico se erigió como parte constitutiva de la gestión de la agricultura, se avanzó en el estudio del despliegue de las ciencias agronómicas y veterinarias en la Argentina durante la etapa agroexportadora, con énfasis en lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Graciano, 2003 y 2004), y, posteriormente, su desempeño en el MAN, sobre todo entre 1880 y 1930 (González Bollo, 2010; Barros Meira y Campi, 2020). Para esos años se detectaron las trayectorias descollantes de agrónomos como Ezequiel Ramos Mexía –quien ocupó la jefatura de la agencia– y Carlos D. Girola (Girbal, 2007). A su vez, Ricardo Huergo, Tomás Amadeo (Gutiérrez, 2007b), Mario Estrada, Pedro Marotta desplegaron activos itinerarios en torno a la enseñanza y experimentación agrícola, tareas que alternaron con el rol docente en universidades públicas y escuelas agrícolas o con la labor de publicistas. Entre esos recorridos se destacan también los de especialistas extranjeros que actuaron en instituciones argentinas para hacer más eficientes las producciones regionales, como el caso de los ingleses Guillermo Backhouse y Juan Williamson, contratados por el MAN para trabajar sobre la genética del trigo a comienzos del siglo XX (Martocci, 2011), el español Francisco Roca Sanz y el químico de origen alemán Federico Schickendantz y su relación con la producción azucarera tucumana (Moyano, 2011), o las actuaciones de los técnicos Aaron Pavlovsky, Pierre Cazenave y Arminio Galanti, formados en Francia e Italia, quienes tuvieron un rol destacado en la modernización vitivinícola mendocina (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2013 y 2020). También fue relevante el papel de ciertos saberes especializados en las primeras décadas del siglo XX, como por ejemplo aquellos vinculados con la genética vegetal (Graciano, 2017). Si bien la formación de recursos humanos y el perfil de profesionales con orientación agraria continúan en la agenda de investigación (Cap, 2010), e incluso se avanzó en lo que respecta a las propuestas para formar profesionales para el agro en las décadas iniciales de casas de altos estudios en el interior del país (Moyano, 2019; Martocci, 2020), los mayores esfuerzos se concentraron en la primera mitad del siglo XX, mientras que el período posterior resulta menos explorado.

Asimismo, se reconstruyeron trayectorias individuales y colectivas que permitieron un acercamiento interesante al desempeño de actores en la creación y consolidación de instituciones científicas y educativas (Rodríguez Vázquez, 2013; Ascolani, 2014; Martocci, 2018b y 2020) y se desarrollaron investigaciones específicas con injerencia a nivel sudamericano (Vessuri, 2005). Inclusive, se contempló el rol de graduados en instituciones locales que luego hicieron carrera profesional y académica en diferentes instancias estatales y fueron clave en la definición de políticas públicas orientadas al sector agrario (Barrio y Rodríguez Vázquez, 2016; Graciano y Martocci, 2021). Cabe agregar, además, que desde otra perspectiva teórica y metodológica se avanzó en el estudio del despliegue y consolidación de campos científicos en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX (Kreimer, 2016); en ese marco, se revisó lo ocurrido con la genética vegetal, aunque queda pendiente un mayor diálogo con estudios historiográficos sobre ese tema.

En lo que respecta al siglo XX, el estudio de las trayectorias de ingenieros agrónomos permite establecer vinculaciones entre su formación en establecimientos públicos y su posterior desempeño en dependencias estatales; y conocer cómo las discusiones técnicas fueron luego insumos para el diseño de políticas públicas; así como la vinculación con centros de investigación extranjeros estimuló un proceso de circulación de saberes en torno a la cuestión agrícola. Intercambio que replicó en la rotación de esos profesionales por dependencias técnicas e instituciones de enseñanza y experimentación a escala nacional, o incluso en la administración de escuelas agropecuarias de jurisdicción nacional y provincial.

Estas contribuciones son centrales para aportar una mirada compleja e integral del fenómeno estatal y sus agentes en diversos ciclos políticos y económicos. En efecto, al ubicar la lente en las economías regionales detectamos ya en los inicios de la etapa de modernización capitalista la participación de profesionales, primero extranjeros y luego argentinos, en el diseño de políticas públicas, la dirección de establecimientos de enseñanza y experimentación o la participación en dependencias estatales (Mateu y Stein, 2006; Rodríguez Vázquez, 2012; Ascolani, 2014; Moyano, 2014; Barrio y Rodríguez Vázquez, 2020). A partir de la década de 1920, cobró vigor su actuación en los Territorios Nacionales (Martocci, 2014a; Almirón, 2017). Más aún, algunos trabajos reconstruyeron el significativo impacto de los graduados de las escuelas agrícolas en los espacios regionales, portadores de un conocimiento especializado y ajustado a requerimientos específicos (Barrio y Rodríguez Vázquez, 2016). La revisión de trayectorias individuales permite identificar redes de interacción y de colaboración–inter e intrainstitucionales–, así como la alternancia entre instituciones provinciales con similares objetivos, lo cual demanda un trabajo en conjunto para conocer cabalmente la repercusión de esas experiencias. Sirven de ejemplo los casos de Domingo Simois, quien tras dirigir la Escuela de Vitivinicultura de Mendoza se trasladó a la Escuela de Sacarotecnia de Tucumán. Similar recorrido hizo José Alazraqui, al frente de las Estaciones Enológicas de Mendoza, Concordia y Cafayate (Rodríguez Vázquez y Cian, 2024). Esta red se podrá enriquecer aún más con futuros aportes para otras zonas del país, cuyas escuelas agrícolas o estaciones agronómicas todavía no han sido estudiadas.

Estos abordajes tienen en común la reconstrucción y ponderación de la formación de recursos humanos especializados como una política pública del Poder Ejecutivo Nacional y de los gobiernos provinciales, como así también su repercusión en el área tecnológica de los sistemas locales y regionales. Dichos aportes también coinciden en que la relación entre saberes y tecnologías no se agotó en la perspectiva institucional, sino que a su vez moduló la vinculación de esas instituciones públicas con el sector privado, como desarrollaremos más adelante.

Los técnicos en el campo: una perspectiva global

Para retomar lo que señalábamos en el apartado anterior en cuanto al reciente dinamismo de las investigaciones acerca de las instituciones educativas y científico-técnicas orientadas al campo, basta recordar que, en un excelente estado del arte, dos referentes de los estudios sobre el agro a comienzos del siglo XXI identificaban solo a los citados estudios de Di Filippo y Graciano en lo que refiere al despliegue de las disciplinas agronómicas en el ámbito universitario, con lo cual es evidente el avance analítico actual en ese plano. Además, detectaban trabajos sobre el desarrollo tecnológico entre la Gran Guerra y 1930, ya sea que focalizaran en la incorporación de maquinarias en dicha etapa o en el fitomejoramiento y la producción de semillas en las décadas posteriores. Asimismo, planteaban que las décadas de 1960 a 1980 habían recibido un tratamiento significativo que demostraba con claridad la relevancia que había tenido la incorporación de tecnología en el agro (especialmente pampeano), proceso posible, entre otras cosas, por la disponibilidad de crédito a tasas accesibles y por la tarea realizada desde el INTA. Ello había permitido la consolidación de un “peculiar paradigma distinto del vigente hasta inicios del siglo XX”, puesto que en la etapa que se abría allí la incorporación de tecnología permeaba “a todo el espectro de productores” (Barsky y Djenderedjian, 2006, pp. 253-261). Muchas de estas interpretaciones, según destacaban los especialistas, habían sido compiladas por Barsky et. al. (1988); también remitían a trabajos sobre procesos que eran aún más contemporáneos para ese entonces, como por caso el desarrollo tecnológico que habilitaron los transgénicos y sus relaciones con la aplicación de nuevas técnicas (Trigo et. al., 2003). Lo que no aparecía todavía en el horizonte investigativo a inicios del siglo XXI, era el rol de los técnicos en el campo, ni la interacción entre estos y los agricultores. Casi impensado era aprehender las sinergias, su incidencia en la circulación de literatura especializada para afrontar las actividades agrícolas, su desempeño en la divulgación de cultivos, implementos o prácticas agrícolas específicas en diferentes regiones argentinas. Menos aún se habían explorado las potenciales relaciones entre la formación educativa (sea en escuelas, institutos o centros universitarios) de estos técnicos y su posterior inserción laboral en la órbita estatal, a excepción de los trabajos pioneros mencionados.

Como ya demostramos, se avanzó bastante en estas últimas cuestiones desde hace poco más de quince años, pero todavía quedan lagunas importantes al respecto. Por esa razón, vale al menos hacer un breve punteo de los aspectos que conocemos hasta el momento. Djenderedjian (2008) llevó a cabo un abordaje minucioso (con base en fuentes originales) sobre la incorporación de tecnologías agrícolas en la primera mitad del siglo XIX, y mostró las posibilidades y limitaciones de la puesta en producción de nuevas tierras alejadas de las costas de los ríos, en las que los productores debieron introducir nuevas formas de labranza y ensayar con otras variedades de trigo (como el Barletta). Esto último, al mismo tiempo, colocó en un primer plano la relevancia de las innovaciones biológicas (y no ya solo mecánicas), un tópico atendido en otros países pero no en Argentina. En segundo término, se revisó la expansión agrícola y la colonización en diferentes zonas de la región pampeana durante la segunda mitad del siglo XIX (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010). Si bien en la primera mitad de esa centuria los técnicos no cumplían un papel destacado por razones evidentes (la falta de instituciones estatales consolidadas), la situación en el tercio final del siglo XIX se fue modificando progresivamente. Además, fue intenso el accionar de empresarios colonizadores y agricultores para encontrar alternativas para subvertir las deficiencias productivas causadas por limitaciones agroecológicas, el accionar de plagas, los períodos de intensas sequías, la necesidad de adaptar nuevas variedades o de usar prácticas agrícolas novedosas para la época. Otros aportes, a su vez, demostraron que las exposiciones nacionales e internacionales fueron espacios propicios para que (ante la falta de agencias estatales) los actores compartieran información, observaran experiencias, probaran maquinaria, testearan la situación de la demanda y publicitaran productos (Djenderedjian, 2009), así como también el desempeño de las nóveles oficinas e instituciones del Estado en la recopilación de información y el asesoramiento técnico entre fines del siglo XIX y los albores del XX (Djenderedjian, 2014b).

Los estudios de Osvaldo Graciano, junto con los de Di Filippo (1984) y Girbal-Blacha (1992), exploraron la formación académica de especialistas en materia agronómica con perfiles específicos y relevancia en la definición de políticas para el agro. Graciano (1998 y 2001) se centró en la educación universitaria de los ingenieros agrónomos en La Plata en los inicios del siglo XX y en la conformación de un espacio profesional vinculado a dicha disciplina entre las postrimerías del siglo XIX y las primeras décadas del XX en la UNLP y la UBA, sin desatender las propuestas gestadas por esos profesionales para intervenir en el agro con acciones concretas. Luego avanzó también en el abordaje del desarrollo disciplinar de la agronomía y la veterinaria en un período temporal más amplio (que se retrotraía a las últimas cuatro décadas del siglo XIX), con lo cual ofreció un panorama completo de la relevancia de esas ciencias en el despliegue de una economía agroexportadora (Graciano, 2004). Esos egresados luego se insertaron no solo en la burocracia del Estado, sino además en los cargos jerárquicos de diferentes escuelas del MAN, como funcionarios de dicha cartera o en centros e institutos orientados a experimentar y estudiar distintos cultivos. En este sentido, el mismo autor mostró la preeminencia de algunos de ellos en el desarrollo de la genética vegetal en el país (Graciano, 2017), a la vez que otras investigaciones detectaron la circulación de varios de ellos en las diversas dependencias del DNA, el MAN o en instancias estatales de provincias y/o Territorios Nacionales en espacios productivamente disímiles como Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires o los Territorios Nacionales de La Pampa y el Chaco (Gutiérrez, 2007a; Moyano, 2007, 2014; Martocci, 2011; Rodríguez Vázquez, 2013; Almirón, 2017; Cian, 2020; Cicirello, 2021; Silvestro, 2023). También se detectaron, posteriormente, los derroteros de otros profesionales con gran influencia a escalas local/regional, entre ellos Domingo Simois, José González, Conrado Martín Uzal, Saturnino Zemborain, Agustín Silvani Gómez, José Vidal, Domingo Dávila, Jorge A. Pico, Enrique Hollmann, Carlos Alberto Muello y Moisés Glombovsky, para citar solo algunos.

Estas interpretaciones fueron estimuladas por las mencionadas perspectivas en los estudios sobre el Estado, como así por el creciente interés que mostraron las ciencias sociales en el abordaje de las burocracias estatales (Di Liscia y Soprano, 2017). Pero, vale agregar, es mucho menos prolífica la producción científica sobre este tipo de técnicos estatales que trabajaban en el campo y diseñaban políticas para el sector en distintos escenarios productivos del país, al menos si los comparamos cuantitativamente con otros perfiles profesionales (como médicos, economistas, ingenieros o abogados, entre otros). Asimismo, hacen falta más estudios sobre trayectorias individuales y colectivas (no hay hasta ahora prosopografías sobre estos actores) y sería muy provechoso avanzar en análisis de este tipo para, en primer lugar, identificar cuáles han sido los itinerarios en diferentes instituciones (educativas, experimentales, agronomías regionales) y, en segundo lugar, explorar sus conexiones con especialistas extranjeros e instituciones de otros países americanos o europeos. Ello permitiría un tratamiento de las lógicas institucionales, pero al mismo tiempo de las políticas científicas y tecnológicas desplegadas hacia el sector agrícola, que privilegie no solo el plano regional o nacional, sino también el transnacional. Hay información sobre técnicos europeos arribados a Mendoza, Tucumán o la región pampeana para mejorar ciertos cultivos, evaluar rendimientos, ensayar soluciones para afrontar plagas, enfermedades o trabajar en la adaptación de variedades de cañas de azúcar, uvas o trigos, pero no se avanzó todavía en estudios que indaguen estas cuestiones desde una perspectiva global. Es decir, se carece de trabajos que integren el accionar de estos actores en ciertas oficinas estatales (o privadas), la relevancia de sus conocimientos adquiridos en su etapa formativa o mediante el contacto con especialistas de otras regiones argentinas o del exterior y las relaciones con los propios agricultores (que no eran actores pasivos, un aspecto que retomaremos luego). Tal como señalamos, existen aportes que avanzan en ese sentido, pero la falta de masa crítica impide una mirada general.

En las últimas décadas ha cobrado interés, por un lado, el complejo y decisivo rol de los expertos (para recuperar la categoría empleada por Federico Neiburg y Mariano Plotkin, 2004) y de técnicos que intervenían en el campo argentino como “representantes” de las agencias nacionales y provinciales o de empresas privadas orientadas a mejorar la producción primaria en el país. Y, por otro lado, se ha enfocado en los esfuerzos de los productores para aportar soluciones creativas y adaptaciones a los desafíos, lo que denota la intensidad que alcanzó la circulación del conocimiento y la divulgación de ensayos por diversos medios desde fines del siglo XIX y en el XX (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010; Martocci, 2014a). Ello fue vital para explicar la puesta a punto de nuevas prácticas agrícolas y la expansión de algunos cultivos. Estas últimas cuestiones, habían sido descuidadas en gran medida por la literatura que (entre la década de 1980 e inicios de los 2000) se concentró en la innovación agrícola y la “transferencia” de tecnología en el agro argentino. En consecuencia, no solo hacen falta más exploraciones regionales, sino que además sería prioritario avanzar en la etapa signada por la Revolución Verde, que también comenzó a ser estudiada como “un proceso de circulación global” en el que los intercambios (de plantas, prácticas y personas) adquirieron una significación preponderante (Harwood, 2018). Pero esta última perspectiva habilita además abordajes sobre iniciativas y prácticas de épocas pretéritas, razón por la cual es fundamental conocer la formación de recursos, su despliegue en el agro y tareas de extensión desde el siglo XIX y hasta mediados del XX.

En tal sentido, cobran gran interés los agrónomos regionales del MAN, quienes desde inicios de la centuria pasada divulgaban conocimientos, tecnologías y también bibliografía editada desde dicha cartera por el extenso “campo” argentino. Si bien en ocasiones estos actores eran mencionados como antecedentes (casi remotos) de la actual extensión rural, no hay que perder de vista la significación que tenían para orientar a los productores. Recientes estudios mostraron la relevancia de esos técnicos estatales en Argentina (Gutiérrez, 2007a, Rodríguez Vázquez, 2013; Martocci, 2011, 2014a; Cian, 2020) y advierten las ventajas y limitaciones de los agrónomos, así como también las tensiones y conflictos entre ellos y los agricultores (Cian, 2020). Sus tareas se complementaban en el sector privado (contratados por compañías colonizadoras, empresas ferroviarias, productores particulares, dueños de ingenios o de bodegas, entre otros), y en definitiva da cuenta del interés por modernizar las diversas explotaciones y el activo intercambio entre una multiplicidad de actores interesados por incorporar criterios de racionalización y eficiencia en las explotaciones (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010; Rodríguez Vázquez, 2013; Moyano, 2014; Martocci, 2014b). Finalmente, esta política dinamizada por la agencia nacional encontró, en algunos casos, réplicas en las administraciones provinciales.

Una denominación recuperada en los análisis sociales es la de “burócratas de la calle”, de Michael Lipsky, puesto que permite abordar a individuos que, investidos con cierto esprit de corps, se vinculaban de manera directa y estrecha con los ciudadanos (Di Liscia y Soprano, 2017, p. 20). No habría que descartar la potencialidad de dicha categoría para estos análisis, pero concibiéndolos como una burocracia de terreno (Martocci, 2021). En definitiva, queda clara la importancia de atender las diversas experiencias que tuvieron lugar con la emergencia de instancias estatales en el país, en cuanto a la proliferación de prácticas de asesoramiento a productores y divulgación de adelantos científicos y técnicos en el campo argentino. De ese modo, no solo pierde validez la idea (muy vigente en ciertos ámbitos hasta la actualidad) de que todo comenzó al promediar el siglo XX con las acciones impulsadas por el INTA, sino que además es más factible identificar los cambios y las continuidades, e incluso las ventajas y limitaciones del sistema de extensión que emergió con la creación de ese organismo. El análisis del INTA generó ríos de tinta, pero aún son escasos los abordajes sobre las relaciones entre técnicos del INTA y productores en el proceso de innovación agrícola. A su vez, constituye un vacío el lugar que ocupó (y ocupa) ese organismo en la historia global de la ciencia, opción de enorme interés para avanzar en una historia regional de la ciencia pero también para desmontar los modelos difusionistas (McCook, 2013), vigentes durante mucho tiempo en las interpretaciones sobre la ciencia y la tecnología agrícola en Argentina.

Ciencia, empiria e innovación en el agro argentino: nuevos enfoques y… ¿cuáles son las vacancias?

Al menos desde 1870 detectamos esfuerzos estatales para avanzar en la generación y transferencia de conocimientos. Boletines, folletos, manuales de autores extranjeros y revistas agrícolas de edición nacional, junto con el trabajo del entonces flamante Departamento de Agricultura son indicios de la conformación de una cadena informativa que versaba sobre una infinidad de temáticas, aunque con modestos resultados. El accionar gubernamental colaboró para la conformación de un corpus de saberes útiles para el avance tecnológico y en la divulgación de este último a través de recetas prácticas y accesibles (Djenderedjian, 2014b). La importación de maquinarias y equipamientos fue uno de los aspectos de la innovación registrada en las agroindustrias durante la etapa de modernización e incorporación al esquema agroexportador y mercado-internista, pero también complementaron ese proceso actividades de adaptación y generación de técnicas.

De este intercambio también comenzaron a participar agricultores preocupados por potenciar sus explotaciones y mejorar sus rendimientos en diferentes regiones y cultivos, integraron núcleos de discusión técnica, prepararon publicaciones ad hoc sobre las condiciones de producción locales (Richard-Jorba, 1994) y concursaron en exposiciones internacionales (Djenderedjian, 2009; Martocci, 2014b), en donde obtuvieron importantes reconocimientos. De modo que la innovación era una preocupación presente entre empresarios y agricultores, así como en un Estado que buscaba atender e institucionalizar esas demandas.

Es posible, así, detectar una multiplicidad de procesos de cambio e innovación en el plano técnico a lo largo y ancho del heterogéneo mundo agrario, que no operaron mediante rupturas sino a través de aportes incrementales. Se registran significativos avances para las explotaciones cerealeras (Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010; Martocci, 2014a) y ganaderas,^[9] y en menor medida para las agroindustrias vitivinícolas y azucareras (Richard-Jorba, 1994; Campi, Moyano y Teruel, 2017) a partir de la introducción de técnicas por parte de los inmigrantes, las vinculaciones propiciadas por las empresas ferroviarias y la imitación de casos exitosos; y que fueron importantes contribuciones en un período previo a la institucionalización de las ciencias agrícolas y la progresiva profesionalización de los recursos humanos. También, hay que considerar la incorporación intensiva de tecnología y bienes de capital procedentes de las principales casas europeas y norteamericanas que proveían equipamiento en diversas economías regionales, en las que los distintos actores involucrados adaptaron e inventaron equipos e implementos de acuerdo con los requerimientos productivos locales. Las contribuciones evidencian la enorme importancia de la prueba y error en los procesos productivos, así como también la significación de los conocimientos informales. Sin embargo, quedan pendientes otros sectores objeto de modernización técnica desde fines del siglo XIX y durante el XX.

En efecto, las posibilidades de innovación tecnológica no se agotan en el sistema formal de enseñanza ni dependen exclusivamente de la esfera estatal. Ello implica prestar atención a la interacción de los agricultores con la información procedente de países europeos de tradición vitivinícola, por ejemplo, a través de profesionales que visitaban la región, de los inmigrantes portadores de técnicas heredadas y del accionar de los comerciantes introductores de implementos y equipos. No obstante, hacen falta muchos trabajos que coloquen el foco en estas cuestiones y habiliten interpretaciones más densas en lo que respecta a la adopción de tecnologías sin perder de vista la enorme significación que tuvieron las tradiciones y prácticas de los agricultores, tema que se analizó para otros lugares del mundo (Moon, 2020; Fernández Prieto, Soto-Fernández y Esperante, 2023.

Vale destacar, asimismo, que la discusión teórica en torno al proceso de innovación en el agro ha ganado terreno en Argentina, pero resta mucho por hacer en tal sentido. Djenderedjian (2011) desafió las interpretaciones focalizadas en las grandes rupturas para abordar la relación entre innovación y crecimiento económico. Uno de los autores en los que se apoyó es Stuart Kauffman, quien acuñó la idea de “adyacentes posibles” y le atribuyó un rol central a la discontinuidad de los cambios (que suelen juzgarse de menor valía), ya que su carácter acumulativo (o incremental) da lugar a objetos novedosos que, mediante innovaciones pequeñas y originales combinaciones de factores, habilitan procesos significativos. Es posible, así, un acercamiento más capilar a los procesos de innovación, que supera interpretaciones previas enfocadas en la inversión de capital como clave de bóveda para explicar dichos procesos. En esas nuevas interpretaciones, esto último constituye un elemento más y a ello se suman muchos otros, como por ejemplo la interacción entre los actores involucrados y la creación de nodos de innovación, en los que se ponen a prueba los saberes, se ensayan, contrastan resultados, adaptan implementos, intercambian sus opiniones y, en definitiva, asumen un rol activo. En sintonía con esa propuesta, otros abordaron áreas marginales de la región pampeana (Martocci, 2014a, 2014b, 2020), por lo que sería muy útil avanzar en otros espacios para obtener un panorama más acabado de los actores involucrados y los rubros productivos impactados por los procesos innovativos.

Desde luego, otro teórico recuperado en las últimas décadas para estudiar estas problemáticas es Joseph A. Schumpeter. Un estudio pionero que recupera sus postulados para explicar el mejoramiento ganadero en la segunda mitad del siglo XIX es el de Carmen Sesto (2005). Sin embargo, la teoría evolucionista neoschumpeteriana es objeto de interés para múltiples investigaciones, que lejos están de ser exclusivas de los estudios sobre el agro, tal como se puede observar en compilaciones recientes que la retoman y discuten para abordar la innovación y el cambio tecnológico en términos generales (Barletta, Robert y Yoguel, 2014 y 2019). Esta línea teórica también fue considerada para explorar el desarrollo agrario pampeano en el largo plazo (Campi, 2011), y hay quienes discutieron con ella desde otras posturas interpretativas para dar cuenta de sus debilidades, aunque la crítica se enfoca en los procesos más contemporáneos del agro, en especial los que tuvieron lugar a partir de las últimas décadas del siglo XX (García Bernado, 2018).

Menor incidencia alcanzaron, hasta ahora, las propuestas que abrevan en los sistemas nacionales de innovación para estudios que pretender aprehender los procesos de cambio agrícola, aunque no es poca su injerencia en otras disciplinas, al menos si nos atenemos a la reciente traducción de trabajos centrales en ese sentido.^[10] Al igual que esta última perspectiva teórica, ha tenido hasta el momento un nulo peso analítico (para tratar los tópicos aquí revisados) la posición que, desde la historia, se enfoca en la tecnología en uso, que en el plano conceptual ofrece una alternativa no solo al término tecnología, sino también a los de invención e innovación (Edgerton, 2007). Esto último llama la atención, debido a que esa propuesta ya cuenta con sólidos aportes que hace años fueron traducidos al castellano. En la apretada síntesis que realizamos aquí, como suele ocurrir, quedan interesantes abordajes en el camino,^[11] pero al menos queríamos dejar planteadas las líneas teóricas desplegadas en los últimos años, así como también mencionar las que tienen cierto potencial. Lo que queda en evidencia es que, en casi todos los planteos citados, se avanza en torno a proposiciones que rebaten postulados difusionistas, con los beneficios para explicar la tecnología agrícola y sus dinámicas.

En estas nuevas miradas, los intercambios adquieren una extraordinaria significación, sea entre agricultores y técnicos (estatales y privados), entre expertos y empresarios o entre los propios agricultores. Lejos de significar una transferencia lineal de tecnologías, esos vínculos implicaron procesos de adaptación progresiva de técnicas y equipamientos a condiciones ambientales de regiones disímiles, e inclusive, en algunos casos, se llegó a la fabricación de prototipos locales (Richard-Jorba y Pérez Romagnoli, 1994; Djenderedjian, Bearzotti y Martirén, 2010) para proveer las soluciones técnicas que se adaptaran a las condiciones ambientales y de mercado. Advertido este proceso de construcción colectiva e innovación en el diverso agro argentino, resta entonces avanzar en aportes que atiendan las escalas regionales/locales y permitan comprender debidamente las generalidades y regularidades.

Balance y agenda pendiente

A partir del balance crítico sobre los actores e instituciones que coadyuvaron en los procesos de innovación, adaptación y cambios tecnológicos en el agro argentino, en las páginas anteriores destacamos los principales aportes. También resulta enriquecedor esbozar a continuación los lineamientos sobre los que resta profundizar.

La producción historiográfica en las últimas décadas puso en tensión la consolidada idea de que la extensión rural fue un fenómeno privativo de la segunda mitad del siglo XX, así como también que previamente la divulgación de innovaciones agropecuarias se dejaba por completo al arbitrio de la iniciativa privada. En tal sentido, a partir de la base de sólidos aportes elaborados mediante una profusa masa documental, ya no es posible pensar la creación del INTA como una invención institucional disruptiva, sino más bien como el corolario de un proceso que coaguló, formalmente, en un contexto que propició la inauguración de este tipo de organismos. Pero dicha cristalización no se explica sin tener en consideración el entramado institucional y los nodos de innovación existentes desde las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, ya que en muchos casos las oficinas y dependencias experimentales del INTA se instalaron en instituciones preexistentes y, más específicamente, adoptaron agendas de trabajo en curso y heredaron la masa crítica que se había acumulado antes de 1956. Sin embargo, es necesario conocer con mayor profundidad esa situación en diferentes espacios regionales y, además, se sabe menos de las escuelas prácticas del MAN en comparación con otras dependencias estatales.

Respecto de los expertos y profesionales, categorías que en los últimos decenios han sido muy utilizadas por las ciencias sociales en Argentina,^[12] hay una profusión de trabajos que exploran el período comprendido entre fines del siglo XIX y 1930, pero restan estudios de mayor amplitud temporal para complejizar la agenda de investigación en torno a la segunda mitad del siglo XX. A su vez, esto sería importante para calibrar la relevancia del asesoramiento público y privado en las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI. Para ello, sería preciso ahondar en estudios que den cuenta de los perfiles profesionales y las instituciones en las que se formaban los recursos humanos con orientación agropecuaria a partir de la década de 1950, en un contexto caracterizado por la ampliación del sistema universitario y la complejización científica, aunque también por la inestabilidad política y la persecución ideológica.

No menos importante que lo señalado arriba es la necesidad de repensar las temporalidades y cronologías del complejo científico-técnico. Los años 1871 y 1898 reflejan el comienzo de trayectorias que marcaron el devenir de entidades nacionales como el DNA y el MAN, con diferentes dependencias; de 1908 es la ley de enseñanza agrícola y el fortalecimiento de instituciones regionales con despliegue territorial; en 1944 se organizó el Instituto de Suelos y Agrotecnia en el seno del MAN, una agencia esencial en materia de conservación del suelo; en 1956 fueron sentadas las bases del INTA, en una etapa signada a nivel internacional por la denominada Revolución Verde. Existen muchos otros momentos de enorme significación si enfocamos la mirada en el plano regional; y sería enriquecedor revisar la segunda mitad del siglo XX con las perspectivas metodológicas y teóricas que se aplicaron para el siglo XIX e inicios del XX.

Podríamos agregar, finalmente, que resultaría oportuno atender al desarrollo de tecnologías agrícolas locales y regionales, no solo para dar cuenta del equipamiento en maquinaria sino también para abordar las técnicas e innovaciones biológicas (mucho menos analizadas que las innovaciones mecánicas en Argentina), un tema que adquirió relevancia para aprehender los procesos de expansión agrícola y mejoramiento ganadero en otros países, ya sea de Europa o América. Dichas innovaciones, no en pocas oportunidades, impactaron de manera notoria en el medio o bien se aplicaron para resolver problemas ambientales generados por los procesos productivos, con lo cual los diálogos con la historia ambiental ofrecen enorme potencial para futuras pesquisas.

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