Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
La memoria apunta hasta matar
A los pueblos que la callan
Y no la dejan volar
Libre como el viento
León Gieco

Debates en foros internacionales

Entendemos que la creación del AH, que se propuso brindar acceso universal y gratuito a los contenidos emitidos por el canal público a lo largo de su historia, constituye un capítulo más de la larga lucha por la democratización de las comunicaciones. Desde la génesis del proyecto se puede leer la influencia de los debates internacionales acerca de la necesidad de crear sistemas comunicacionales más democráticos.

Para analizar nuestro objeto de estudio desde esta perspectiva, haremos un breve racconto de los debates internacionales sobre los procesos de comunicación haciendo especial énfasis en los conceptos de acceso, participación y políticas públicas y en el rol asignado al Estado, el mercado y la tecnología en cada etapa. Este recorrido nos permitirá analizar de qué manera las teorías y conceptos surgidos de estos debates influyeron en la toma de decisiones de quienes estuvieron a cargo del proyecto.

Siguiendo a Diego de Charras (2006) identificamos tres etapas en la historia de los debates internacionales sobre la información y la comunicación: una inicial, durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial; la segunda, que transcurre durante de la década del setenta y se caracteriza por la consolidación de los principales conceptos analíticos; y por último, la etapa neoliberal, momento de consolidación de la llamada Sociedad de la Información. De estas, la segunda y la tercera serán las más relevantes para nuestro análisis.

Un derecho individual

La primera etapa transcurre durante la época de posguerra. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal por los Derechos Humanos. En el artículo 19 de esta declaración se señalaba que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.^[1] En este gesto, el acto de emitir y recibir información se reconoce por primera vez como un derecho en el ámbito de los organismos internacionales^[2] y se siembra el germen de los conceptos que se formularán en la etapa siguiente.

Del NOMIC al Informe MacBride

La segunda etapa tiene lugar en la década del 70, momento de un intenso debate en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se centra en la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), vinculado a un Nuevo Orden Económico Internacional. Durante esta etapa se consolida la base conceptual de la comunicación democrática (Mastrini & De Charras, 2004).

Gran parte de los debates acerca del rol de la comunicación en el desarrollo de la sociedad se dan en el ámbito de los organismos multilaterales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular la Unesco, lugar donde los países no alineados podían expresarse con mayor peso que en otros organismos o discusiones bilaterales.

En 1976, San José de Costa Rica fue el escenario de la Conferencia Interguberna­mental sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina y el Caribe, donde tuvo lugar un arduo debate en el que se enfrentaron las posiciones que defendían el libre flujo de información (o la visión de la cultura como mercancía) y las posiciones pro–intervencionistas (o que entendían la cultura como derecho) (De Charras, 2006). Ante la imposibilidad de saldar el debate, la Unesco convocó a la conformación de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación, desde donde se elaboró el informe MacBride, que fue aprobado en la XXI Conferencia General de la Unesco, ocurrida en Belgrado en 1980. En este informe, que se planteó como un análisis de los problemas que atañen a la información y la comunicación y las medidas necesarias para construir un nuevo orden (NOMIC), se condensaron las principales líneas y ejes de pensamiento de toda la década. El informe puso el foco en analizar el rol de la comunicación en los diferentes contextos sociales, detectar desequilibrios de los flujos informativos y las fuentes de información, situaciones de concentración, la relación entre comunicación y política, y asoció el NOMIC a un nuevo orden económico internacional.

Es en el proceso de este largo debate que surge la necesidad de diseñar políticas que promuevan la democratización de las comunicaciones al interior de cada país (Roncagliolo, 1995). Esta premisa está explicitada en el informe surgido de la Reunión de Expertos sobre la Planificación y las Políticas de la Comunicación en América Latina realizada en 1974 en Bogotá, donde se define una política nacional de comunicación (PNC) como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales; organizadas en un conjunto coherente de principios de actuación y normas aplicables a los procesos o actividades de comunicación de un país” (Unesco, 1974). En este mismo documento se plantea la necesidad de la intervención del Estado ya que, al tratarse de regular un ámbito en el que se encuentran intereses enfrentados, “se necesita una autoridad central para poder lograr la integración y conciliación de puntos de vista contrapuestos”.

De acuerdo con este punto de vista, las PNC están vinculadas o deben estarlo con el desarrollo de los países y una de sus tareas principales deberá ser la promoción del acceso y la participación por parte de la población en los sistemas de comunicación. En el reporte final del encuentro organizado por la Unesco en Belgrado en 1977, que se tituló “Autogestión, acceso y participación en la comunicación” (Unesco, 1977) se analizaron en detalle la forma y los niveles en que los ciudadanos pueden participar de los procesos de comunicación. En dicho documento, el acceso es definido como la “posibilidad del público de acercarse al sistema de comunicación” en dos niveles:

• La elección, es decir, las oportunidades de que dispone el público para elegir una variedad de programas relevantes, que incluye el derecho individual a los contenidos de la comunicación, el derecho a escuchar o ver los programas deseados, cuando y donde la persona quiera, la disponibilidad de una mayor variedad de contenido, cuya elección esté en manos del público en lugar de ser impuesta por las organizaciones productoras, y la transmisión de contenidos requerido por el público.
• La retroalimentación (feedback), que es la interacción entre los productores y los receptores de los mensajes, y la participación directa de la audiencia en los programas. Esto implica la interacción entre los productores y los receptores de los mensajes; la participación directa de la audiencia durante la transmisión de los programas; el derecho a comentar y criticar; y los medios para estar en contacto con productores, administradores y gerentes de las organizaciones de comunicación.

Siguiendo con lo planteado en el informe de Belgrado en 1977, la participación implica un nivel más alto de involucramiento de los usuarios. Es entendida como la intervención del público en la producción y gestión de los sistemas de comunicación, y también opera en diferentes niveles:

• La producción, que incluye la posibilidad sin restricciones del público (individuos o grupos) de producir programas, tener acceso a ayuda profesional, medios técnicos y recursos para la producción.
• La toma de decisiones, en cuanto a programación, contenido y duración de los programas; y la gestión, administración y financiamiento de las organizaciones de comunicación.
• La planificación, que involucra el derecho del público a contribuir con la formulación de los planes y políticas de los proyectos de comunicación, la definición de objetivos, principios de gestión y programación futura, y la formulación de planes de comunicación a nivel nacional, regional y local.
• La autogestión, que es el nivel más alto de participación, en la que el público ejerce el poder de tomar decisiones en los proyectos de comunicación y está completamente involucrado en la formulación de políticas y planes de comunicación.

De los documentos se deduce que en esta etapa el acceso no es solamente un derecho individual, ya que en las propuestas de acción se reclama también el derecho de los países en desarrollo a acceder al conocimiento producido en el denominado primer mundo y a participar con mayor equidad en la producción y circulación de la información. Además, la profundización en el desarrollo de los conceptos permite diferenciar los distintos niveles de acceso y participación de la sociedad en los sistemas de comunicación. Se trata de un momento muy prolífico en cuanto al desarrollo de conceptos y planes de acción, que centró su análisis de los medios en la relación que estos tienen con la realidad política y económica de las sociedades en las que se desarrollan. El carácter político de sus propuestas tuvo un lugar central en todo el período, en el que se reconoce al Estado como el agente capaz de llevarlas adelante.

La Sociedad de la Información como respuesta económica y política

A partir de la década del ochenta se produjo un cambio de época en los debates internacionales en torno a la comunicación. El origen de estos cambios puede situarse en la respuesta que dio el capitalismo a la crisis de acumulación de la década del 70, que tuvo como núcleo central el desarrollo de tecnologías vinculadas a la informática (informatización) y la automatización de la producción, que a su vez dieron lugar al surgimiento de las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). En este nuevo escenario, la información tendrá un lugar central en el proceso productivo mismo. A partir de este desarrollo, se instala con fuerza la premisa de que estamos viviendo en una Sociedad de la Información. Este proceso es analizado por Martín Becerra en su libro Sociedad de la Información: proyecto, convergencia y divergencia, quién señala:

Un nuevo modo de desarrollo, el informacional, nace en los años setenta al calor del salto tecnológico consolidado durante la crisis del modelo keynesiano en los países centrales, como una apuesta histórica de generación de una nueva lógica de crecimiento y acumulación del capital. Este modelo, que se expresa con el proyecto de la Sociedad de la Información, está basado en tres ideas fuerza: la liberalización, la desregulación y la competitividad internacional, y tiene efecto principalmente corrosivo sobre los beneficios sociales consagra­dos durante la anterior etapa del Estado de Bienestar. (Becerra, 2003: 19–20)

Siguiendo a Becerra, consideramos que la Sociedad de la Información no es un concepto teórico sino una propuesta política, ideológica, económica y programática de Estados Unidos y Europa ante la crisis del capitalismo.

En esta época también se produce un crecimiento exponencial de las industrias culturales, especialmente las vinculadas con el audiovisual, empresas multinacionales de alcance global que ejercerán un fuerte lobby para que sus productos (objetos culturales) sean incorporados en los acuerdos de libre comercio gestionados primero desde el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y luego en la OMC (Organización Mundial del Comercio). Es justamente en estos ámbitos donde se dan los debates en torno a la comunicación. Diego de Charras (2006) explica que:

(…) de allí en más, la estrategia de EE. UU. fue llevar las discusiones en torno a los flujos informativos, las industrias culturales y los medios a terrenos más proclives a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales: la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (…). El avance del neoliberalismo durante las décadas de los 80 y 90 (…) llevaron a un completo abandono de los términos políticos de análisis de los fenómenos vinculados a la información, la comunicación y la cultura para pasar a un planteo que articula el avance tecnológico con la globalización económica en las promesas de nuevas economías y nuevas democracias contenidas en el término Sociedad de la Información. (De Charras, 2006, p. 5)

Mientras que en la etapa anterior los fuertes debates dentro de la ONU dieron lugar al abandono del organismo por parte de Estados Unidos y sus aliados, en esta ocasión las negociaciones se dieron en términos económicos y condujeron a acuerdos bilaterales donde los países más fuertes pudieron imponer sus condiciones a los más débiles, que priorizaron en muchos casos la necesidad de capitales dispuestos a invertir en sus economías al cuidado del capital cultural de cada país.^[3]

Recién en 2001 estos debates, cargados del sentido adquirido durante el auge del neoliberalismo, llegaron a las Naciones Unidas. En diciembre de ese año, la Asamblea General dará impulso a una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo que nuclea a 93 países miembros, entidades del sector privado e instituciones académicas, y convocará a una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. La cumbre reunirá representantes gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil, y tendrá lugar en dos fases, Ginebra (2003) y Túnez (2005). En los documentos surgidos de estos encuentros se pueden identificar, ya consolidados, los rasgos principales de este desarrollo.

Uno de los elementos que se destacan es el lugar otorgado a la tecnología como herramienta para el desarrollo y la resolución de conflictos. En la Declaración de Principios “Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio”, documento publicado en mayo de 2004 luego del encuentro en Ginebra, este aspecto se expresa en el punto dos, donde se manifiesta:

Nuestro desafío es aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio, a saber, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y establecer alianzas mundiales para el desarrollo con miras a lograr un mundo más pacífico, justo y próspero. (Organización de las Naciones Unidas, 2004)

Por otro lado, se reconoce al mercado como el agente central para ordenar el desarrollo económico y social, y al capital privado como el único capaz de desarrollar la infraestructura necesaria para promover el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. En el punto 23 de la Declaración se recomienda:

(…) se deberían desarrollar y aplicar políticas que creen un clima favorable para la estabilidad, previsibilidad y competencia leal a todos los niveles, de tal forma que se atraiga más inversión privada para el desarrollo de infraestructura de TIC, y que al mismo tiempo permita atender al cumplimiento de las obligaciones del servicio universal en regiones en que las condiciones tradicionales del mercado no funcionen correctamente. En las zonas desfavorecidas, el establecimiento de puntos de acceso público a las TIC en lugares como oficinas de correos, escuelas, bibliotecas y archivos, puede ser el medio eficaz de garantizar el Acceso universal a la infraestructura y los servicios de la Sociedad de la Información. (Organización de las Naciones Unidas, 2004)

Aquí se puede leer también lo que se espera del Estado. Mientras que en la etapa anterior se lo reconocía como el agente con el poder necesario para formular políticas que afectasen intereses contrapuestos, en esta etapa su lugar será completamente subsidiario y su principal función será eliminar cualquier obstáculo que interfiera en el libre flujo comercial. Porque no se reconocen desigualdades en las diferencias. El limitado papel que le queda al Estado también se puede leer en el punto 39 de dicha declaración, donde se aclara que:

Los gobiernos deben intervenir, según proceda, para corregir los fallos del mercado, mantener una competencia leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender a las prioridades nacionales. (Organización de las Naciones Unidas, 2004)

Es interesante identificar cómo todos estos cambios no dejaron fuera del debate el concepto de acceso sino que, por el contrario, adquirió un lugar central aunque con un sentido completamente diferente. En materia de comunicación, el acento estuvo puesto en el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), a las que se asignó un poder democratizador en sí mismo.

En esta etapa, el acceso refiere al “acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC” (Organización de las Naciones Unidas, 2004) y su promoción se materializa en el desarrollo de programas que promueven el acceso a Internet aumentando el tendido de redes y distribuyendo computadoras, entre otros. Por otra parte, el riesgo que se identifica, según el informe Bangemann^[4] “reside en la creación de una sociedad de dos velocidades, compuesta por los que tienen y los que no tienen nada, en la cual solo una parte de la población tenga acceso a la nueva tecnología, la maneje con soltura y goce plenamente de sus beneficios” (Comisión Europea, 1994).

La constatación de la desigualdad en el acceso entre los países más o menos desarrollados y entre los diferentes segmentos de la población, dio lugar al concepto de brecha digital. En el Compromiso de Túnez, publicado como resultado de la reunión realizada en dicha ciudad en 2005, se manifiesta que el proceso de conformación de la Sociedad de la Información:

(…) se puede mejorar eliminando las barreras que impiden el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la información. Subrayamos la importancia de eliminar estas barreras con el fin de colmar la brecha digital, especialmente las que impiden alcanzar el pleno desarrollo económico, social y cultural de los países y el bienestar de su gente, en particular, en los países en desarrollo. (Organización de las Naciones Unidas, 2006)

Fueron muchos los autores que problematizaron esta brecha que, si bien en principio traza una línea entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no, implica muchos otros aspectos. Manuel Martínez Nicolás señala que:

(…) el debate académico y las políticas públicas en torno al derecho de acceso a las NTIC han ido expandiéndose extraordinariamente en las últimas décadas, y abarca ahora al menos tres ámbitos de análisis e intervención: el acceso a las infraestructuras tecnológicas; el acceso a las competencias necesarias para utilizarlas; y el acceso a los servicios en red. (2010: 6)

Por otra parte, el concepto de participación, fuertemente desarrollado en la etapa anterior, no tiene un lugar destacado en los debates relativos a la Sociedad de la Información. Cuando aparece, lo hace desde dos lugares diferentes aunque complementarios. Por un lado, la participación se entiende como la expresión de ideas y opiniones en los medios, especialmente a través de Internet. Esta forma de participación es esencialmente individual y se trata en realidad del uso de las plataformas brindadas por las grandes compañías que operan en la red para expresarse en los espacios ya previstos para ello. Espacios diseñados de forma unilateral, guiados, controlados, moderados e incluso censurados por estas compañías sin ningún tipo de injerencia por parte de la sociedad civil.

Por otro lado, algunos autores de esta corriente entienden la participación en los medios, sobre todo los digitales, como una forma novedosa de hacer política, llegando a proponer que las NTIC permiten nuevas formas de organización, difusión y expresión. Más allá del optimismo subyacente en esta concepción, la participación no se entiende más allá del uso individual de la tecnología provista por otros, siempre y cuando se pueda acceder a ella y se tengan los conocimientos necesarios para utilizarla. La posibilidad de que los usuarios participen de algún modo en el diseño de las plataformas tecnológicas o el planeamiento e implementación de políticas públicas de comunicación estuvo completamente fuera del escenario.

En síntesis, se trató de la construcción de una sociedad basada en la información y las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar el desarrollo económico, social y político de todos los países. En los debates desarrollados en torno a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se asignó un rol clave a las nuevas tecnologías, al mercado y los capitales privados como agentes de cambio. El Estado quedó relegado a un rol subsidiario. El único problema detectado fue el acceso desigual a las NTIC, llamada brecha digital, y la solución propuesta para este problema fue el fomento de la inversión en infraestructura, la producción de contenidos asequibles a todos los pueblos del mundo, y la creación de capacidades. Por último, se reconoció la necesidad de que la sociedad civil participe en el desarrollo de la SI pero en la práctica la participación se limitó a un uso individual de las tecnologías.

La puesta en práctica de los conceptos

Hecho este recorrido, creemos que las reflexiones y los conceptos desarrollados como indicadores para medir el nivel de democratización de un sistema de medios nos pueden resultar de utilidad para analizar de qué forma el AH entendió y propuso su propia democratización. Edmondson señala que “la democratización efectiva [de un archivo] podrá medirse siempre en función de este criterio básico: el grado de participación y acceso con respecto al archivo, así como a su constitución y su interpretación” (Edmondson, 2004: 6). De este modo, entiende que la apertura va más allá del acceso a los contenidos e incluye también el involucramiento de los usuarios en la gestión de los archivos. Veremos a continuación de qué modo esto se puso en práctica en el AH.

Tecnología y Brecha Digital

La tecnología ocupó un lugar central en el proyecto de puesta en valor y democratización del acervo de RTA. Este lugar fue concreto y material, en la medida en que se percibía a la tecnología como un instrumento para alcanzar determinados fines, pero también fue simbólico, en tanto se depositaron en ella altas expectativas, en algunos casos quizás por encima de sus posibilidades reales. Hay una situación que resulta icónica (en un sentido literal y también metafórico) que es el descubrimiento, en el acto de inauguración del sitio web Archivo Prisma, del mural realizado en el edificio de Canal 7 por el artista plástico Daniel Santoro. En él se puede apreciar una línea histórica que comienza con la primera transmisión del canal el 17 de octubre de 1951, y culmina con una imagen del satélite Arsat, “nuestro Arsat, símbolo de soberanía nacional”, dirá Tristán Bauer durante el acto^[5]. La tecnología atraviesa todo el mural, toda la historia del canal, acompaña sus transformaciones, para finalmente aparecer en lo alto, materializada en un satélite, como promesa de futuro y de soberanía.

Dijimos que la tecnología fue el medio que permitió materializar los objetivos que se propuso el Archivo Histórico en cada uno de los ejes analizados. La adquisición del transfer de digitalización fue una de las primeras –y más urgentes– inversiones que se realizaron, y que permitió comenzar un proceso de transposición de contenidos con el fin de preservarlos. Al interior del archivo, la digitalización era considerada la solución definitiva para la preservación de los documentos audiovisuales:

De lo histórico, ahora se está haciendo todo un relevamiento y se está tratando de digitalizar todo. Están rescatándolo (…) Esto es un U–matic. Este, gracias a Dios, ya está salvado. Mirá, para nosotros, que trabajamos con esto, la digitalización es bárbara (…) Porque si vos comprás una memoria externa, lo volcás, lo digitalizás y ya está, salvado para siempre.^[6]

La tecnología permitió también potenciar la función de acopio, en particular la posesión del transfer de digitalización, que funcionaba como “moneda de cambio” para realizar convenios con otras instituciones, y así incorporar nuevos materiales al acervo:

Había una potencia de nuestro archivo que era genial, la potencia de que podías utilizar el transfer, que era el único que había en funcionamiento en Argentina, no comercial. Entonces, vos agarrabas material de Tucumán, lo digitalizabas y nosotros lo que hacíamos con el convenio era tener una copia que podíamos subir [al sitio web Archivo Prisma].^[7]

Incluso en lo relativo a la catalogación, se posaron amplias expectativas en relación con lo que las nuevas tecnologías permitían proyectar. Mateo Gómez Ortega señalaba que:

Inclusive el concepto de catalogación, tal como la vemos hoy, donde uno toma la unidad y llena campos, creo que hoy [en el mundo digital] está ampliamente superado. Porque ese material puesto en circulación, puesto en una red, usado de una forma o de otra… Nos gustaría mucho empezar a trazar la cartografía de lo que el canal ha puesto en circulación. Tenemos la hipótesis de que es más importante esa cartografía de las cosas puestas en circulación que los campos que alguien pueda haber imaginado para una pieza audiovisual. (ReHiMe, 2011: 168)

También Javier Trímboli da cuenta de esta expectativa, aunque una vez más, las posi­bilidades que la tecnología habilita necesitan de un contexto político cuyos objetivos estén en sintonía con esa capacidad:

Nosotros teníamos la idea de construir un catalogador general, un catalogador que nos permitiera unificar Envasados, el archivo del Noticiero […] Me acuerdo de Bauer volviéndolo loco a Maximiliano Toco, que era el que tenía la promesa de que estaba ideándolo, pero en verdad no era un problema de idearlo, era un problema político. Entonces, nosotros tirábamos la pelota para adelante, todo el material que nosotros colocábamos online era un material que sí ya teníamos catalogado. Y a la vez, junto con el material que teníamos online, teníamos la misma cantidad en reserva. Y esa reserva también la teníamos catalogada. Pero eso así y todo era un 4%.^[8]

Las nuevas tecnologías fueron el eje de la puesta en estado público del acervo del archivo: los contenidos digitalizados, alojados en YouTube, disponibles en el sitio web Archivo Prisma, a través de Internet. Y si bien fueron muy optimistas respecto de las posibilidades de las nuevas tecnologías, también fueron conscientes de todo lo que ello implicaba, como los debates en torno al uso de YouTube, el desarrollo de códecs propios y la adaptación de la catalogación a nuevos criterios de usos y búsqueda. Entonces, si el objetivo era alcanzar un acceso universal y gratuito, esta elección por las nuevas tecnologías planteaba, necesariamente, la pregunta por la brecha digital.

El Archivo Histórico puso en práctica algunas medidas que tenían la intención de facilitar el acceso y, de este modo, achicar la brecha. Los contenidos fueron subidos en baja calidad, no solo para impedir su uso comercial, sino también para que fueran visibles desde cualquier dispositivo conectado a la red, sin necesidad de contar con un servicio de Internet especialmente óptimo. Por otro lado, el diseño del sitio web Archivo Prisma era sencillo, ágil y de fácil recorrido. Los contenidos estaban divididos en secciones, acompañados de textos de contexto para facilitar la lectura y la forma de búsqueda era a través de décadas, temas o palabras claves, un método sencillo sin las complicaciones de un ordenamiento archivístico^[9].

Cabe señalar que superar la brecha digital implicaba acciones y capacidades que excedían las del canal y del archivo, orientadas a eliminar la desigualdad en el acceso a las NTIC en tres niveles: acceso a las infraestructuras tecnológicas, acceso a las competencias necesarias para utilizarlas y acceso a los servicios en red. La respuesta a esta cuestión está en el hecho de que el AH formó parte de una política de comunicación más amplia que incluyó inversión en infraestructura en comunicación, distribución de netbooks, así como distintos programas de inclusión digital y promoción de saberes vinculados con el uso de las NTIC.

Por otra parte, la tecnología posibilitó federalizar el acceso a los contenidos y, desde la perspectiva de quienes llevaron adelante el proyecto del AH, cambió la forma de pensar la preservación, el guardado y la difusión de los documentos audiovisuales. Así lo señalaba Mateo Gómez Ortega:

Lo primero que estamos tratando de revertir ahí es la palabra “custodiar”, que entiendan que hoy, en el paradigma del mundo digital, custodiar es que circule, no que esté guardado. Porque en el concepto analógico, donde ésa es LA copia y por lo tanto si esa copia la tengo yo, no la tenés vos y si te la presto no sé si va a volver. Eso en el mundo digital cambió, y entonces cuidar el material quiere decir ponerlo en circulación. (ReHiMe, 2011: 176)

En síntesis, y en función del análisis realizado, consideramos que la tecnología ocupó un lugar central en el proyecto como sostén de la promesa de puesta en valor y democratización del acervo del AH.

Acceso y participación

En el sitio web Archivo Prisma y en la página del canal, en el decreto que le dio entidad jurídica, en cada declaración en medios periodísticos, en los discursos del acto de inauguración, en las entrevistas realizadas para esta investigación, en todos ellos hay un denominador común: la insistencia en que el AH se propuso democratizar el acceso a sus acervos, de manera universal y gratuita.

Para ello, se creó la plataforma web Archivo Prisma que brindó acceso a una selección de los contenidos^[10]. Los videos fueron alojados en YouTube, decisión que tuvo que ver con la imposibilidad presupuestaria de desarrollar una plataforma propia y también con la apuesta por alcanzar a un usuario masivo, no necesariamente especializado o habituado a la consulta de archivos. El acceso a través de Internet, en baja calidad (pero codificado para que se vea de forma óptima en una pantalla de computadora), permitía la consulta en forma remota, lo que reforzó el carácter federal del proyecto. Los contenidos estaban ordenados en secciones y destacados según temáticas o tópicos de interés. Se ofrecían fragmentos de los videos más largos y cada uno contaba con una sinopsis para facilitar la lectura de las imágenes.

Esto fue lo que hizo el Archivo Histórico al momento de pensar de qué forma concretar ese acceso universal y gratuito que perseguía. Nos queda por delante preguntarnos en qué medida este acceso tiene vinculación con los conceptos de acceso y participación desarrollados en los debates internacionales por la democratización de las comunica­ciones.

Como vimos en el apartado anterior, el informe “Autogestión, acceso y participación en la comunicación” publicado por la Unesco luego del encuentro realizado en Belgrado en 1977, detalla los diferentes niveles en que los ciudadanos pueden participar de los procesos de comunicación. Allí se define acceso como la “posibilidad del público de acercarse al sistema de comunicación” en dos niveles: la elección, que son las oportu­nidades de que dispone el público para elegir una variedad de programas relevantes, y la retroalimentación, que implica la interacción entre los productores y los receptores de los mensajes, y la participación directa de la audiencia en los programas.

De acuerdo con esta categorización, encontramos que la única forma de acceso que ofrecía el AH era a los contenidos, cuando y donde la persona lo requiriera. La dispo­nibilidad estaba sujeta a la selección realizada por el archivo, que no podemos conocer ni evaluar, ya que no hemos tenido acceso a las bases completas de sus acervos. Tampoco encontramos espacios donde se haya realizado una comunicación efectiva, de ida y vuelta, entre quienes gestionaron el archivo y sus usuarios. El derecho a comentar y criticar sí se hacía efectivo a través del espacio de comentarios disponibles debajo de cada video.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que entre el momento de definición de este concepto y la puesta en práctica del AH pasaron años de enormes desarrollos tecnológicos. Eso nos obliga a pensar si es necesaria una actualización conceptual para analizar una nueva realidad. Rossi (2016) así lo entiende y plantea, junto con Bolaño, que “el aspecto más interesante de Internet es su aspecto potencialmente democratizador de la información y promotor de una comunicación horizontalizada” (Rossi, 2016: 31). En ese sentido, si entendemos el acceso de la forma en que fue planteado en la Declaración de Principios “Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio” publicada luego del encuentro en Ginebra realizado en 2003, vemos que la forma en que se refiere al acceso, “universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC”, tiene mucho más que ver con la forma planteada por el AH.

• Universal: accesible a todas las personas que quieran ver los contenidos, sin ningún tipo de distinción ni condicionamiento (en la medida en que solo quieran ver, no así producir con esas imágenes).
• Ubicuo: accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento y para todos al mismo tiempo.
• Equitativo: accesible para todas las personas por igual, sin interponer condiciones ni aranceles para un acceso privilegiado.
• Asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC: a través de Internet y en baja calidad, para una descarga más rápida y simple.

En este punto, vemos necesario acentuar la palabra “potencial”, señalada en la cita anterior, clave para entender la manera en que la NTIC pueden ayudar o no a la democratización del archivo. En ese sentido, Rossi (2016) alerta sobre las argumentaciones basadas en el optimismo difusionista que no ven más allá del acceso a través de las redes a la hora de pensar la relación, en este caso, con los usuarios, ya que considera que “en ocasiones se asigna a las redes desmesurada importancia como plataformas de intervención en los procesos de democratización política” (Rossi, 2016: 30). La utilización de las redes que puso en práctica el AH tuvo que ver con un acceso orientado a un público amplio, pero se limitó a los contenidos. Aquello que sugería Edmondson, el involucramiento de los usuarios en la gestión de los archivos, no estuvo presente ni siquiera a nivel del acceso más simple: conocer los procedimientos, los catálogos. Según Edmondson, “a falta de una base documentada de políticas y procedimientos conexos, se corre el riesgo de adoptar decisiones arbitrarias y contradictorias que no llevan aparejadas responsabilidades” (Edmondson, 2004: 61), es decir, el desconocimiento de la gestión del archivo hace imposible cualquier tipo de evaluación por parte de la sociedad civil de lo que el AH hizo con esos acervos que reconoció como patrimonio de todos los argentinos.

Por otra parte, en lo que refiere a lo planteado en el informe de Belgrado en cuanto a participación, ésta implica un nivel más alto de involucramiento del público en los sistemas de comunicación y es entendida como la intervención del público en la producción y gestión de los sistemas de comunicación, y también opera en diferentes niveles: la producción, la toma de decisiones, la planificación y la autogestión. Por el contrario, en la base conceptual de la Sociedad de la Información, la participación se entiende como la expresión de ideas y opiniones en los medios, especialmente los que circulan por Internet. Se trata de una participación esencialmente individual que no es más que el uso de las plataformas para expresarse en los espacios ya previstos para ello en los sitios de Internet.

La forma de participación propuesta por el AH está en línea con el desarrollo conceptual de la SI. La única participación posible por parte de los usuarios era la de comentar los videos, de forma individual, en los espacios diseñados para ese fin. Al estar alojados en YouTube, los contenidos y sus comentarios estaban gestionados de forma unilateral por la compañía^[11]. La posibilidad de que los usuarios participen de algún modo en el diseño de las plataformas tecnológicas o en el planeamiento e implementación del AH no formaba parte de lo propuesto por el proyecto, al menos no durante el período analizado.

Para finalizar, nos parece necesario señalar que tanto el acceso como la participación están estrechamente vinculados con las instituciones de la sociedad. En este sentido, entendemos que hubo una intención de involucrar a las instituciones educativas en la gestión del archivo, tanto en lo que refiere a la catalogación como en la planificación de la forma en que debía estar disponible el contenido. Por otra parte, el compromiso asumido por el archivo de incorporar día a día nuevos registros a la web, haciendo crecer en forma paulatina pero sin interrupciones el volumen de registros accesibles, también tuvo que ver con la promoción del acceso en un sentido amplio, buscando facilitar la lectura y llegar a públicos no especializados.

Decía Pittaluga que “la actividad archivante no consiste en reunir materiales documentales del pasado que existirían de todos modos, sino que produce aquello que desde ese momento pasa a ser lo archivable. Intervenir en ese proceso de producción es parte de la democratización del archivo” (Pittaluga, 2006: 200). Y si bien entendemos que el hermetismo en relación con los procesos de trabajo y las bases de contenidos limita el carácter democrático de la iniciativa, también entendemos que esto tuvo que ver con que dichos documentos o no existían, o no estaban formalizados o, en algunos casos, no estaban tampoco accesibles para quienes gestaron y llevaron adelante el AH.

El Estado y el archivo

Para analizar qué papel desempeñó el Estado en este proyecto, creemos necesario volver a pensar cuál fue su rol histórico en la formación de archivos. Dice Pittaluga (2006) al respecto que el Estado tiene siempre una política de archivo, incluso cuando parezca no tenerla, porque es a través de los archivos que se escribe la historia y se construye la memoria, y señala que “las instituciones públicas encargadas de preservar y poner a disposición pública el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y archivístico de la Argentina se [han] transformado en complejas tramas burocráticas cuyo principio de orden es finalmente la inaccesibilidad del material reunido” (Pittaluga, 2006: 200).

Para este autor, lo que el Estado hace con los archivos tiene que entenderse como una política pública, que en la historia argentina ha sido una política de restricción del acceso al archivo: falta de inventarios, de catálogos, de lugares y en el peor de los casos, también destrucción. Es en ese sentido que advierte: “No se trata meramente de negligencia, desidia o incompetencia: lo que parece una yuxtaposición contingente de los peores factores es, en realidad, la expresión de una política en sus diversas prácticas.” (Pittaluga, 2006: 199)

El Estado argentino, desde sus comienzos, ha sido el principal agente del vaciamiento, el desfinanciamiento y la destrucción de los archivos. Esta realidad salió a la superficie en cada una de las entrevistas realizadas para el presente trabajo. Jorge Gagliardi, quien trabaja en el Núcleo Audiovisual Buenos Aires desde fines de la década del ’80, así lo señala:

El problema de la preservación en Argentina no es solamente un problema de que no está el espacio físico, o que un gobierno puso más dinero o menos dinero. Es un problema de conceptualización. No está dentro de las políticas culturales y comunicacionales lo que es una política de preservación de la memoria de bienes culturales en general.^[12]

También Carlos Pons, quien trabajó durante más de 30 años en el archivo de Envasados de Canal 7, se refiere a este problema:

A los archivos nunca se les prestó atención. Sucede que, cuando se necesita algo, ahí se acuerdan de los archivos desesperadamente. Pero antes no se le prestaba atención a ningún archivo. Era un archivo, estaba ahí y el que estaba a cargo lo cuidaba y manejaba como podía, porque realmente no le prestaban atención.^[13]

Javier Trímboli, en la entrevista realizada para este trabajo, declaró que “el gran destructor del archivo en la Argentina fue el Estado”.^[14] María Fernanda Ruiz coincidía con este diagnóstico e hizo hincapié en lo que significaron la dictadura militar de 1976–1983 y la política neoliberal de los 90 para los archivos del canal.^[15]

Pittaluga señala que, luego de que en la Argentina se recuperara la democracia tras años de una dictadura que implicó la desaparición tanto de personas como de archivos, durante las décadas de 1980 y 1990, desde el Estado predominó:

…la ausencia de vocación para conservar y garantizar el acceso público a dichos materiales [lo producido por los movimientos y expresiones de los sectores subalternos], como si el mandato, la ley que vertebra el principio arcóntico en nuestro país no tuviera dimensión hegemónica sino una disposición a la pura dominación; como si este principio arcóntico en la Argentina pasara por la negación de la existencia de ese otro contestatario y desafiante de la ley y el orden; como si a su aniquilación en la historia le siguiera su supresión en el archivo. (2006: 201)

Ante este panorama desolador, el cuidado de los acervos dependió en muchos casos de esfuerzos individuales, a contracorriente, de trabajadores que hicieron lo que pudieron desde su lugar para preservar algo de la memoria que intentaba borrarse. Esta idea está presente en las palabras de Pons ya citadas: “el que estaba a cargo lo cuidaba y manejaba como podía”. Así también lo puso de manifiesto Jorge Gagliardi al referirse al trabajo de registro de los noticieros que realizan en la videoteca del NABA, cuando destaca que “es una cuestión de los trabajadores, no hay una política de estado de preservación.”^[16]

Un giro en la tendencia histórica

Esta política en materia de archivos dio un fuerte giro a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003–2015), quienes hicieron de la memoria y la construcción de archivos una política de Estado. El proyecto que estamos analizando, como el Archivo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el Archivo Nacional de la Memoria, a cuyas directoras del área audiovisual entrevistamos para este trabajo, formaron parte de esta política. Pittaluga da cuenta de este cambio al señalar que:

Hoy parece haber un movimiento en sentido contrario al predominante por más de un siglo, un movimiento que apunta a la recuperación y construcción del archivo sostenido en una preocupación que abarca a más extensos sectores de la sociedad. Este cambio de orientación —habría que decir que todavía muy en ciernes, en potencial— es visible en el creciente número de iniciativas que se han impulsado en los últimos 10 años desde la sociedad civil, las cuales han impactado también en la renovación de viejas bibliotecas. Una inclinación nueva que también se aprecia (aunque de forma más incipiente) en ciertas predisposiciones en distintas esferas estatales. Se trata de modificaciones todavía tenues de las actitudes de la sociedad y el Estado (o al menos de algunos sectores), pero en la medida en que se producen abren un campo de debates novedoso que dialoga por un lado con las prácticas historiográficas consagradas y por otro, con el también nuevo campo de producción de memorias sobre el pasado reciente argentino. (Pittaluga, 2006: 200)

En este sentido, esta histórica política de restricción del acceso al archivo se transformó en su opuesto. El Estado, a través de la gestión Kirchner, trabajó activamente en la democratización del Archivo Histórico de Canal 7. En la locución del acto de inauguración, se dejaba de manifiesto de esta manera:

En el año 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sancionó el decreto que permitió la creación del Archivo Histórico de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional. De esta manera, el Estado asumió una tarea abandonada durante años. Años en los que no quiso dejar rastros. Años en los que vació sus archivos. Hoy el Estado decide tener memoria. Porque en cada imagen que nos formamos del mundo hay pasado, presente y futuro. Porque la memoria también puede ser un lugar. Un archivo. Nuestro archivo. La memoria de un Estado que no le teme a su propia historia.^[17]

Esta recuperación del rol del Estado, no ya como agente de destrucción del archivo y de ocultamiento del pasado sino como promotor y garante de derechos vinculados con la memoria, Javier Trímboli la asociaba con el proyecto político que le dio impulso y su particular relación con la historia, al acentuar que existía una “rara situación del kirchnerismo con el peronismo en relación con la historia argentina que hacía que el kirchnerismo no tuviera miedo de mostrar nada del pasado, podíamos mostrar cualquier material”.^[18]

A partir de lo observado hasta acá, en el proyecto que estamos analizando podemos ver el cambio en el rol que se propuso llevar adelante el Estado en la construcción y mantenimiento de los archivos durante los gobiernos kirchneristas. Se trata de un Estado que interviene activamente en el diseño de políticas públicas que promuevan la democratización de las comunicaciones y, entre ellas, de los archivos. Tal como se entendía en la segunda etapa reseñada al comienzo de este capítulo, que tuvo lugar en la década del 70 y en la que se desarrollaron los conceptos de acceso, participación y políticas nacionales de comunicación, el Estado interviene como actor necesario en una arena de conflicto. En el informe surgido de la Reunión de Expertos sobre la Planificación y las Políticas de la Comunicación en América Latina realizada en 1974 en Bogotá, Colombia, se planteaba la necesidad de la intervención del Estado como autoridad central con poder para regular un ámbito en el que se encuentran intereses enfrentados y puntos de vista contrapuestos. Esto quedó de manifiesto al analizar el surgimiento y promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Este encuentro entre intereses enfrentados se vivió también dentro del canal. La falta –histórica– de una definición respecto del proyecto pensado para Canal 7, contribuyó a que convivieran intereses contrapuestos dentro de la misma institución, a saber, grupos que querían potenciar su carácter democrático o de servicio para la sociedad junto con quienes buscaban insertarlo en la pelea por el rating a la par de los otros canales de TV abierta, todos ellos de carácter privado.

Tensión: valor económico vs. valor social

Esta tensión interna no es más que la expresión de la tensión propia de los objetos culturales, que tienen la característica de ser al mismo tiempo bienes culturales y productos de intercambio comercial. Este doble estatuto crea una tensión permanente entre dos derechos igualmente reconocidos por los tratados internacionales y por la legislación del país: el derecho al acceso a la cultura y el derecho de propiedad intelectual (DPI) (Busaniche, 2008).

Los DPI rigen los derechos patrimoniales de los titulares y los derechos morales de los autores. En la Argentina, estos derechos están regulados por la Ley 11.723 – Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, que fue promulgada el 26 de septiembre de 1933. En los 86 años que pasaron desde entonces, esta ley sufrió modificaciones, se derogaron artículos, otros se agregaron, se promulgaron decretos y se sancionaron leyes de derechos conexos^[19] que afectaron a la aplicación del texto de la ley^[20] hasta tal punto de que hoy es difícil establecer cuáles y cuántos son los derechos que deben regir las obras, situación que se torna especialmente dificultosa en el ámbito de los audiovisuales, obras que son, por su mismo modo de producción, colectivas. Por otra parte, la Ley 11.723 fue sancionada en 1933, previo a la invención de la televisión y mucho más aún de Internet, tecnología que ni siquiera estaba en el horizonte de invenciones posibles de la época. Es decir, la ley que rige los derechos de propiedad de las obras que forman parte del AH y a las que se propuso abrir el acceso no contempla ninguna de las tecnologías con las que opera.

Para analizar el modo en que los DPI afectan el funcionamiento del Archivo Histórico, debemos tener en cuenta varios factores: los derechos morales, las obras huérfanas y la excepción para la información periodística.

Por un lado, la ley de DPI protege los derechos morales de sus creadores. Se trata del reconocimiento de su autoría y de la preservación de la obra tal cual fue creada. Cualquier uso o modificación sobre la obra debe ser autorizada y debe ser siempre reconocida la paternidad de la obra. Estos derechos no prescriben nunca. Para dar difusión a un audiovisual, se debe contar con la autorización del escritor del guion (autor), el productor y el director. Es decir, para poder poner en circulación obras audiovisuales, es necesario conocer a los propietarios de derecho (que pueden ser los autores y realizadores o sus herederos), contactarlos y recibir una autorización por escrito. La dificultad que conlleva este proceso es muy difícil de abordar en un archivo de más de 60 años con miles de horas de material audiovisual, como el que estamos analizando.

Además, es necesario tener en cuenta que gran parte de las obras en custodia por el archivo entran en la categoría de obras huérfanas. En Argentina Copyleft se define una obra huérfana como una obra protegida por derechos de autor, cuyo propietario no puede ser identificado o localizado por alguien que quiera hacer uso de la obra de una manera que requiera consentimiento del titular de los derechos (Busaniche, 2010: 91).^[21] Si tomamos en consideración que Canal 7 no tiene un archivo legal, y que se desconoce la situación patrimonial de casi todas las obras anteriores al año 2000, podemos tomar dimensión de la gran porción del acervo que entra dentro de esta categoría, hayan sido sus autores y productores privados o el mismo canal que hoy quiere hacer uso de ellas. La Ley 11.723 no contempla este problema ya que “atribuye a los autores ‘propiedad exclusiva’ sobre las obras, por lo tanto, impide cualquier estrategia de recuperación del acervo cultural común sin antes contar con autorización firmada de los tenedores de derechos” (Busaniche, 2010: 62). Este complejo sistema de autorizaciones y falta de información condujo a que el Archivo Histórico decidiera no poner en dominio público ninguna obra cuyos autores fueran desconocidos y tomaran la decisión de dar difusión solamente a aquellos contenidos que no representaran un conflicto legal. María Fernanda Ruiz explicaba que,

… como es tan complejo el tema de los derechos de propiedad intelectual, lo primero con lo que podemos ir, para no tener problemas legales, es con los discursos de cadena nacional de todos los tiempos, desde la década del 50 hasta ahora, y con la radio desde los 30 hasta ahora, y con las noticias, porque como bien sabés por la Ley Noble, las noticias son concebidas de dominio público.^[22]

Gran parte del acervo del Archivo Histórico está compuesto por estos dos tipos de contenidos que podríamos suponer que no requieren autorización para ser difundidos ya que estarían contemplados por la excepción que prevé la Ley 11.723 para la información periodística: las noticias producidas por los noticieros del canal y las cadenas nacionales. Sin embargo, de acuerdo con lo reseñado por Busaniche (2010) incluso la difusión de las cadenas nacionales puede ser puesta en cuestión por los derechohabientes.

Parece sencillo y casi obvio que las emisiones en cadena nacional de los discursos presidenciales deben ser de dominio público, sin embargo, la Ley 11.723 todavía asigna a los políticos y a sus herederos la “propiedad” sobre sus discursos. Pese a esto, nadie se atrevería a decir que un discurso presidencial emitido en cadena nacional podría ser de propiedad privada, aunque sería importante que esto sea explícito en el texto de la ley. El caso de las noticias es, afortunadamente, bastante más sencillo: la Ley Noble (en homenaje a su redactor, Roberto Noble) especifica que las noticias se pueden reproducir y reutilizar en todo o en parte, con la sola condición de que se cite la fuente cuando se reproduce textual del original. (Busaniche, 2010: 63)

Una vez más tenemos que poner una alerta. Esta excepción que plantea la ley para la información periodística conlleva ciertas dificultades al momento de entender la propiedad de los noticieros televisivos. Jorge Gagliardi, quien está a cargo de gestionar un archivo que tiene como uno de sus principales acervos el registro de noticieros televisivos, encuentra dificultades al llevar este texto a la práctica:

En la parte de noticieros nosotros tenemos serias dudas en relación con lo que dice la ley sobre la información, porque no especifica. Hablamos con algunos abogados y no queda claro. Es decir, vos podés utilizar la información pública, eso es verdad, pero vos tenés una producción de imagen que tiene que ver con objetos que están grabados, con personas que están grabadas, donde ya entran otro tipo de derechos. Por otro lado, hay una producción específica, que tiene que ver con el canal. Y fijate que con relación al papel, en otros apartados de la ley, especifica cuales son las cantidades de palabras que vos podés utilizar para reproducir a partir de una fuente. También habla de lo musical, con relación a ocho compases, pero no habla de lo audiovisual, no lo especifica con relación a lo cinematográfico, no dice cuánto. No especifica qué cantidad de cuadros o fotogramas vos podés utilizar.^[23]

A partir de estos comentarios, podemos ver que ni siquiera la difusión de los noticieros y las cadenas nacionales está libre de conflictos. Si bien todos los archivos consultados manifestaron que no tuvieron reclamos por parte de las gestoras colectivas de derechos, dadas las imprecisiones de la ley, esto podría cambiar en un contexto político adverso a la democratización de las comunicaciones.^[24]

Entonces, nos encontramos en el Archivo Histórico con una gran cantidad de obras cuya titularidad es desconocida y, por lo tanto, no pueden ser puestas en dominio público sin entrar en conflicto con la ley. También encontramos conflictos en la interpretación del marco legal que debe regir para las noticias y las cadenas nacionales. Todo este entramado jurídico implica una fuerte restricción a la democratización de este y de cualquier otro archivo que quiera poner sus acervos en dominio público. María Fernanda Ruiz declaraba que

…la batalla que se pueda dar es concebir todo esto como patrimonio cultural. La gran batalla que queda por delante es intentar, mediante todos los mecanismos posibles, hacer que predomine el derecho del pueblo argentino a conocer su historia, su patrimonio cultural audiovisual, por encima de los derechos individuales, pero eso hay que hacerlo sin transgredir la ley. Hay que trabajar mucho.^[25]

Tensiones internas: privado vs. público

Pero tal como lo señalan Ruiz y Trímboli, trabajar en un archivo que pertenece al Estado, con una política pública tendiente a su democratización, intentando romper dinámicas en sentido contrario consolidadas durante años en la estructura productiva del canal, implicó grandes desafíos y no siempre condujo al éxito. En la entrevista que tuvimos con Ruiz, ella manifestó que “la transformación y la batalla cultural también se dan en el interior del Estado. No hay una política cultural homogénea, es una batalla que se da. Y la complejidad de estas instituciones hace que no se trate muchas veces de la orden de alguien.”^[26] Trímboli también hizo referencia a esta dificultad:

Probablemente, en el Estado tengas que trabajar siempre con estas zonas medio rugosas, difíciles, no queda otra. También depende de una correlación de fuerzas, si tenés una correlación de fuerzas que efectivamente te da para algo, bien. Si no… pero no tanto por un problema de correlación de fuerzas con un enemigo sino que es una correlación de fuerzas con una cultura, una institución… todo el tiempo te hacen sentir que vos sos nuevo en ese lugar.^[27]

Desde la dirección del Archivo Histórico, se tomaron medidas activas para dar esta pelea. Una de ellas fue rescatar el esfuerzo realizado durante años por los trabajadores del canal para preservar los acervos audiovisuales que, como vimos más arriba, fueron a menudo a contracorriente de las gestiones de turno.

Este concepto está muy presente en los discursos públicos del Archivo Histórico, en la página Archivo Prisma, en el discurso de inauguración, en las entrevistas realizadas en medios de comunicación, incluso en el mural que se descubrió el día del acto de inauguración. Esteban Magnani, periodista del área de Tecnología de Visión 7, recuperaba esta idea en una nota dedicada al Archivo Histórico en la que señala que “fue fundamental el trabajo de los trabajadores del canal que conocían las máquinas, las repararon, para poder ver nuevamente qué es lo que había en estas cintas y a su vez digitalizarlos”.^[28] En el acto de inauguración del sitio web Archivo Prisma, Tristán Bauer, luego de saludar a los asistentes, abrió su discurso agradeciendo a los trabajadores del canal: “Primero el agradecimiento a todos los trabajadores, tanto del noticiero, como de artística, como de la radio, que incluso con gestiones que dejaban de lado los archivos, por su trabajo, por su trabajo personal, mantuvieron, preservaron esos archivos”.^[29] También el sitio web lo dejaba claramente expresado:

El Archivo de RTA hoy puede nutrirse fluidamente de vastos materiales porque, a pesar de las ofensivas por vaciar el Estado, han obrado fuerzas que impidieron que este proceso fuera pleno e irreversible. Los trabajadores del canal constituyeron una de esas fuerzas, ya que en épocas en las que a las gestiones la suerte de los archivos les era en el mejor de los casos solo indistinta, hicieron lo que estuvo en sus manos para guardar latas y cintas. La otra fuerza que entendemos fundamental partió desde el mismo Estado y llevó adelante la creación de este Archivo.^[30]

Lo que deja entrever esta política hacia adentro del canal, es la puesta en juego de los derechos de Canal 7 como propietario de los acervos audiovisuales que tiene en custodia. Entendemos que, de lo que se trata, es de qué valor predomina como política de archivo, si el valor histórico y cultural de las obras o su valor económico u operativo. Porque mientras el primero supone dar fuerza al derecho de la ciudadanía a tener acceso a un patrimonio que es parte de su historia, el segundo comporta priorizar el derecho de los propietarios, sean ellos privados o sea el mismo canal, a ejercer el monopolio de su usufructo comercial. Mientras uno conduce a la apertura, el otro lleva al cierre, a la clausura.

La expresión de esa dicotomía dentro del canal, producto de la histórica indefinición respecto de qué tipo de canal público es o debería ser, y de la convivencia dentro de la institución de distintas formas de valorar los acervos en custodia, no fue manifestada públicamente aunque sí formó parte de los comentarios en off que recibimos por parte de los trabajadores. Un acercamiento a esta tensión puede leerse en los comentarios de Pons, quien destacaba que la apertura del acceso al archivo estaba bien en la medida en que no supusiera un uso comercial de los contenidos:

Hay una parte comercial en todo esto […] hay gente que te dice: es plata esto, yo no se lo voy a dar a cualquiera. Ahora, yo sí creo que todo el mundo, en el caso de Canal 7, tiene que tener acceso al archivo. Como te digo, vos tenés que ver algo, mirá lo que necesites porque vos, como estudiante o como profesional, vas a tomar eso que estás viendo para tu estudio. Ahora, si vos lo llegás a necesitar por algo más, es otra cosa.^[31]

En este sentido, una de las discusiones frecuentes del AH con los archivos operativos tenía que ver con la inclusión de una marca de agua sobre los contenidos para inhabilitar cualquier tipo de uso que no fuera la simple visualización. La entrevista realizada a Javier Trímboli, cuando ya estaba desvinculado del proyecto, nos permitió ver con más claridad la fuerza que tenía la idea de que los archivos son del canal, para su uso y usufructo, especialmente en las estructuras de poder construidas alrededor de los archivos operativos:

Ellos sienten que esos archivos son verdaderas minas de oro, que tienen un valor en su invisibilidad y es una cuestión casi de cancerberos, ellos sienten que son los que habilitan el ingreso, el uso, creo con muchísima dificultad.^[32]

Trímboli también describía la difícil relación que tuvo el AH con el archivo del Noticiero, cuyos responsables no les proporcionaban acceso ni siquiera a sus bases de datos, por lo que no podían conocer lo que tenían en guarda.

Nosotros nos hacemos cargo de que intentamos mantener el mejor vínculo con el noticiero, incluso yendo más allá de lo que nos pedía la dirección, teniendo cuidado, siendo siempre muy respetuosos de su trabajo intentamos sumar material de ellos, pero lo sumábamos en cuentagotas. Para ellos el archivo le pertenecía al noticiero. El noticiero es como un canal dentro del canal. ^[33]

Esta dicotomía, inherente a las obras audiovisuales, se resuelve finalmente en una decisión política y en la medida en que la correlación de fuerzas lo permita. Trímboli fue muy enfático al entender que “la vida que podían tener esos materiales en su circulación en la web justificaba por mucho que quizás se perdiera la primicia que podía tener ese material mantenido en secreto”.^[34]

Para finalizar, nos parece necesario recuperar aquello planteado en el informe de la reunión de Belgrado de 1977: “la participación efectiva, e incluso más aun la autogestión, implica una transformación de las políticas de medios y comunicación, y en muchas sociedades probablemente no puedan ser concebidas sin algunos cambios sociales fundamentales”. Quienes estuvieron a cargo de la gestión del AH entendieron que formaban parte de una política más amplia, impulsada desde el gobierno nacional, que aspiraba a transformar las comunicaciones para fortalecer la democracia. Esta política encontró fuerte resistencias, tanto dentro como fuera del canal, que los obligó a dar pelea en muchos frentes, tomar decisiones y elegir las batallas, con variable suerte.