Analizar las trayectorias de ascenso de las primeras mujeres que acceden a posiciones jerárquicas en la historia de la Policía Federal Argentina es un objetivo que pone en diálogo tres campos de conocimiento: los estudios sociológicos sobre las policías, la sociología del trabajo y los estudios de género como categoría constitutiva y transversal de las relaciones significantes de poder.

En este capítulo se presentan sintéticamente algunos de los principales aportes teóricos que fundan el campo de conocimiento sobre las instituciones policiales como objeto de las ciencias sociales y operan como trasfondo de esta tesis no siempre explicitados. En el primer apartado se presentan brevemente esas conceptualizaciones en tanto constituyen referencias ineludibles para la comprensión del objeto empírico permitiendo alejarse de definiciones normativas de las policías. En el segundo apartado, se recorren ciertos debates en torno a lo que las policías realmente hacen permitiendo establecer ciertos diálogos con aportes que desde la sociología del trabajo y más específicamente desde la rama dedicada a la sociología de las profesiones analizan los procesos de construcción de identidades como el resultado, entre otros, de procesos históricos en los que determinados actores logran monopolizar un cuerpo de conocimientos formales e informales socialmente requeridos, y regular las formas de reconocimiento y legitimación de su ámbito de competencia. En el tercer apartado, se presentan algunos de los principales aportes que nutren esta investigación sobre las condiciones de ascenso a posiciones jerárquicas de las mujeres en instituciones policiales y, por último, en el cuarto apartado se plantean muy esquemáticamente algunas consideraciones que permiten entablar un ejercicio transicional hacia la experiencia argentina.

La constitución de las fuerzas de seguridad como objeto de conocimiento por parte de las ciencias sociales es un fenómeno relativamente reciente que ha experimentado un desarrollo notable. El interés por el accionar policial a partir de la década del sesenta del siglo pasado surge en el marco de los movimientos de lucha por los derechos civiles en los países centrales especialmente de habla inglesa y francesa a partir del trabajo de académicos provenientes de disciplinas diversas, como la sociología, el derecho, la criminología, la antropología y la psicología. A los primeros debates centrados en torno de su definición como agencia estatal depositaria de atributos específicos, a mediados de las década del setenta se incorporan nuevos interrogantes relacionados con su estructura organizacional.

Estas reflexiones avanzan sobre la compleja e inexacta noción de cultura policial, de sus tradiciones y de las representaciones simbólicas expresadas en el contenido formal e informal que adquiere la organización del trabajo policial, permitiendo comprender la dinámica de relaciones de poder existentes en la organización y división sexual de su quehacer cotidiano. Si bien la mayoría de estos autores no incorporan entre sus intereses la perspectiva de género, a excepción de algunas menciones marginales, sí ofrecen una interpretación comprensiva del vínculo entre el ejercicio de la violencia, la conformación de identidades virilizantes y las relaciones de poder. Ese vínculo es un punto de partida para los estudios que interrogan y cuestionan el carácter masculinizante del poder estatuido en las organizaciones policiales.

2.1. En torno a la definición del objeto policial

Las fuerzas de seguridad se constituyen como objeto de estudio de las ciencias sociales desde la década de 1960 a partir de una reflexión sobre la relación que existe entre las funciones a ella asignadas y las nociones de violencia y coerción (Brodeur, 1994), en re lectura de la clásica definición weberiana de los Estados modernos que identifica a la policía como depositaria de uno de sus atributos distintivos: el “monopolio del uso de la violencia legítima”. Si bien reflexiones conexas sobre la definición de los conceptos de violencia y legitimidad exceden a esta agencia estatal, el campo de estudios que se conforma le atribuye a las instituciones policiales la encarnación de su ejecutividad.

Aportes provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Francia lideran las producciones (Banton, 1964; Bittner, 1972; Goldstein, 1979; Skolnick, 1966; Maureen Cain, 1972; Reiner,1985, 2010; Szabo, 1973; Reiss, 1973; Manning, 1977; Shearing, 1981; Sykes, 1986; Monjardet, 1996, 2003, 2010) centradas en la reflexión sobre la definición del rol de las instituciones policiales y de las funciones asignadas a ella por parte de las estructuras estatales en las sociedades modernas en relación con un conjunto de valores, hábitos y prácticas que conforman la amplia y ambigua concepción de cultura y quehacer policial. Para estos autores la captación de la especificidad del objeto policial no remite a la consideración de los múltiples contenidos de su función sino a los medios particulares de que dispone para realizarla. En efecto, su singularidad no se aloja en las prácticas concretas de las que se encarga — que podrían ser compartidas por otros grupos sociales, religiosos o políticos— sino en la forma política y jurídica que inviste a los agentes policiales con un poder legítimo (Lorenc Valcarce, 2014).

Lorenc Valcarce plantea que más allá de las diferencias de sus enfoques, el gran mérito de autores como Egon Bittner, Albert Reiss, Dominique Monjardet o Fabien Jobard, entre otros, reside en el hecho de haber producido definiciones de la policía para tratar de comprender con ellas su existencia real y concreta (Lorenc Valcarce, 2014: 13).

Proveniente de la antropología y la sociología, la obra de Michael Banton (1964) sobre las policías constituye una porción reducida en su trayectoria académica que está centrada en estudios étnicos y migratorios, pero tiene la particularidad de haber publicado el primer libro basado en trabajo de campo comparativo entre las policías británicas y estadounidenses en torno de la noción de subcultura policial (Reiner, 2015). A partir de sus observaciones en tareas de patrullaje – escenario protagónico de buena parte de las etnografías – identifica al accionar policial con una multiplicidad de tareas, que solo de manera reducida se circunscriben al control del delito pero a través de las cuales se desarrollan mecanismos formales y especialmente informales de control social. Entre ellos involucra funciones de asistencia social destinadas a la regulación de conflictos y mantenimiento de la paz, antes que al refuerzo de la ley (Banton, 1964: 126). Reiner plantea que el desplazamiento que tiene lugar en el campo de los estudios policiales en la década del setenta hacia posiciones más radicalizadas centradas en el control democrático de las fuerzas de seguridad le asignan a la obra de Banton el carácter de anacrónico que progresivamente sometió a cierto olvido académico sus aportes (Reiner, 2015: 316). Por el contrario, Tim Newburn (2017) plantea que el aporte de Banton según el cual las policías dedican más tiempo al mantenimiento de la paz antes que al refuerzo de la ley ha sido una notable y perdurable influencia en la criminología. De manera coincidente, Westmarland (2017) señala que la obra de Banton es iniciática respecto del concepto de cultura policial al analizar las características y funciones de la cultural ocupacional de los efectivos de más bajo rango cuestionando sus prácticas discriminatorias en el marco del uso discrecional del poder.

Mayor consenso y referencias bibliográficas recibe el trabajo de Maureen Cain (1979), única mujer entre los autores fundacionales del campo, como uno de los primeros textos que llaman la atención sobre la necesidad de arribar a una definición de las policías en función de sus prácticas, que ella consigna como “el mantenimiento del orden”. Más allá de la definición que ella propone, suele recuperarse su crítica como disparadora respecto de la inexistencia de una conceptualización adecuada del policiamiento, el carácter restrictivo de los enfoques académicos y la falta de una teorización sustantiva sobre la relación entre policía y Estado hacia finales de la década del sesenta.

La obra de Jerome Skolnick (1966) inaugura una prolífica carrera dedicada a la sociología del derecho y la criminología. Skolnick propone que en las democracias liberales los marcos normativos pueden dividirse en dos dimensiones: leyes sustantivas dedicadas a preservar el orden y normas de debido proceso que encuadran el respeto de los principios jurídicos. Ambos objetivos están sujetos a permanente tensión en tanto el mandato de preservar el orden definido por las leyes sustantivas no puede alcanzarse sin violar las reglas del debido proceso. En el marco de esta tensión, la institución policial carga con la primera línea de presiones irreconciliables (Reiner, 2015: 317). Su trabajo etnográfico le permite documentar cómo las prácticas de discrecionalidad policial permiten comprender las condiciones bajo las cuales las reglas de debido proceso pueden ser violadas con mayor o menor intensidad. Reiner plantea que las observaciones y análisis del comportamiento policial desarrollado por Skolnick constituyen uno de los primeros aportes a la noción, ampliamente utilizada y debatida, de cultura policial a partir de una definición que tiende puentes con la sociología del trabajo: “tendencias cognitivas distintivas de la policía como grupo ocupacional” y que involucran ciertas inclinaciones generales al aislamiento, la solidaridad, la sospecha y el conservadorismo si bien están expuestos a transformaciones a lo largo del tiempo y del espacio (Skolnick, 2012: 39 citado por Reiner, 2015: 218). La personalidad ocupacional policial combina la exposición al riesgo – similar a la que experimentan los soldados en el ejército – con problemas de autoridad – similares a los que sufren los maestros – y las exigencias de eficiencia comunes a los trabajadores en la industria (Skolnick, 1966: 42). La combinación de la exposición al peligro, el cuestionamiento a su autoridad y la necesidad de alcanzar marcas de eficiencia favorecen el desarrollo de la sospecha y el aislamiento respecto de la ciudadanía. Por otra parte, la cultura policial es referenciada en el marco del análisis sobre situaciones de brutalidad, corrupción y discriminación por razones de género o raza que caracterizan al grupo ocupacional.

Trabajos mucho más recientes sobre el quehacer policial persisten y comparten este doble reconocimiento sobre, por un lado, la dimensión coercitiva expresada en los usos y abusos de la fuerza pública que caracterizan al actor, y; de otra parte, su accionar cotidiano desmitificado que a través del acercamiento cualitativo permite dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad del objeto. Es el caso de la obra de Didier Fassin quien analiza el peso de los tiempos muertos y del tedio en las tareas de patrullaje que sumadas a la presión por lograr objetivos cuantitativos prácticamente inalcanzables en términos de casos resueltos y a la incidencia de políticas que otorgan poderes arbitrarios a los agentes favorecen una espiral de violencia que se desencadena como consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial (Fassin, 2016). Propone que “lejos de ser esa actividad heroica de arrestar ladrones y bandidos, como muchos soñaron cuando entraron a ese trabajo, en general hacer cumplir la ley es sinónimo de inacción y tedio” (Fassin, 2016: 19).

La centralidad del concepto de cultura policial radica en la posibilidad de articulación entre las prácticas del quehacer cotidiano y una determinada visión del mundo que se articula en su identidad como cuerpo profesional y permite poner en discusión las nociones de poder, legitimidad, discrecionalidad y rendición de cuentas por su accionar o “accountability” (Westmarland, 2017). Los estudios interesados en esta temática, especialmente los de tipo etnográfico, se centran en la comprensión de la alteridad policial, las actitudes respecto del género, la etnicidad, las clases sociales, la violencia y la corrupción entre los más destacados.

Otros estudios reconocen que el concepto de cultura policial asume heterogeneidades en tanto el sujeto policial no es único e invariable, las áreas de inserción en la institución no son homogéneas, ni los grupos poblacionales con los que interactúan en su quehacer cotidiano son uniformes. Los atributos que generalmente se asumen bajo la concepción tradicional de cultura policial son especialmente apropiados para comprender algunas divisiones o áreas operativas encargadas de la mayor cantidad de detenciones y que ofrecen mejores condiciones de promoción de carrera (Westmarland, 2017)

Volviendo hacia atrás, la obra de Egon Bittner constituye uno de los aportes fundantes del campo en tanto es el primero en pretender explicitar los fundamentos teóricos para una sociología de la policía sin limitarse a una concepción jurídica (Brodeur, 1994). En su obra más famosa “The Functions of the Police in Modern Society” define a la capacidad del uso de la fuerza como la función nuclear de la policía, la cual le brinda unidad temática a su actividad.

La comprensión del rol que cumple esta institución cuestiona y excede las definiciones normativas que la identifican con la defensa de la ley entendiendo que ciertas características del trabajo policial exceden ampliamente ese objetivo (Bittner, 1970: 6). En el análisis y comprensión de lo que la policía realmente hace articula una propuesta comprensiva de la actividad policial recuperando los debates de reflexiones contemporáneas en el campo de la sociología de las profesiones señalando que todo grupo ocupacional esta forzado a construir un discurso dignificante o idealista de sí mismo (Bittner: 1970, 6). En este sentido propone que entre los rasgos comúnmente asociados al trabajo policial y que efectivamente constituyen en parte la realidad social en la cual esa labor es realizada, los siguientes tres aspectos son de cardinal importancia en tanto reflejan la concepción popular del trabajo policial y señalan la distancia existente con una definición formal de sus objetivos:

1. En primer lugar, el trabajo policial es una ocupación contaminada. Pese a los esfuerzos realizados por borrar tal estigmatización, sus integrantes son percibidos como parte del mismo mundo al que se supone deben contener. A la mixtura de temor y fascinación que su figura emana se suma el desprecio que recibe, diverso según la posición social de quien lo experimenta.
2. En segundo lugar, la ocupación policial no se define solamente por su carácter contaminado. Ella está llamada a lidiar con conflictos humanos, morales y legales sin estar en condiciones de considerarlas en toda su sutileza y profundidad, lo cual le asigna a sus respuestas el carácter de crudeza. El llamado a responder de manera justa y considerada, sin contar con las oportunidades de ejercitar tales virtudes es un “sermoneo vacuo”.
3. Existe una distribución del trabajo policial que refleja amplios prejuicios sociales, en tanto ciertos grupos poblacionales están sujetos a un mayor escrutinio simplemente por ser parte de sectores populares (traducción propia de: “at the bottom of the heap”). En este sentido, no es distorsionado plantear que la actividad policial está más direccionada hacia el “quién” hace algo, que hacia el “qué” hace (Bittner, 1970: 8-10).

Su definición del rol de la institución policial propone saldar las formulaciones abstractas y proveer una definición realista fundada en el potencial uso de la fuerza física como unidad tópica o rasgo homogeneizador de su intervención ante situaciones tan diversas como “atrapar a un criminal, llevar a un gobernador al aeropuerto, desalojar a un borracho de un bar, dirigir el tránsito, controlar multitudes, intervenir en peleas domésticas o asumir el cuidado de niños perdidos” (Bittner, 1970: 44). Fundado en el carácter heterogéneo de su actividad y en la comprensión de que solo una pequeña porción de sus acciones involucran el reforzamiento de la ley, el autor propone una definición amplia de la institución: “el rol de la policía es mejor comprendido como un mecanismo de distribución de la fuerza coercitiva no negociable empleada de acuerdo a las exigencias situacionales que dictan una comprensión intuitiva” (Bittner, 1970: 46).

Dado que los ámbitos de incumbencia de las policías se organizan en torno de la capacidad y autoridad monopólica para ejercer el uso potencial de la fuerza, es en torno de ese mandato que debe evaluarse el desempeño de la institución y de sus agentes. En este punto reflexiona sobre el carácter servicial o profesional de la organización, interrogante aún no saldado ni por el campo de estudios sobre las policías ni por la sociología de las profesiones. Tal debate se funda en dos perspectivas que divergen en cuanto a los orígenes de la legitimidad del potencial uso de la fuerza pública. De una parte, la tradición militarista de las fuerzas policiales asume que sus agentes deben enfrentar una guerra en la cual el valor, la obediencia y el espíritu de cuerpo en la lucha que enfrentan son esperadas, lo cual justifica una visión sacrificial y glorificante de un rol que no está llamado a “razonar sobre el por qué”. De otra parte, los fines de la fuerza son concebidos como objetivos prácticos y su logro como el resultado de conveniencias pragmáticas. Este proceso involucra prudencia, economía y un juicio situado en cada caso. Tal misión es concebida como el ejercicio de la confianza pública, embestida en cada uno de sus practicantes responsables de sus prácticas y decisiones. Objetivos difícilmente conciliables a los cuales las policías están expuestas y deben responder demostrando destreza militar y perspicacia profesional (Bittner, 1970: 46).

La tradición militarista de las policías es definida por Bittner como una pretensión autodestructiva que obstaculiza el desarrollo de un sistema policial profesional moderno que debería ser definido considerando prácticas existentes, pero que contenga salvaguardias contra aquellos aspectos que son considerados deplorables (Bittner, 1970: 48).

Bittner aborda el problema de la acreditación de competencias policiales desde una perspectiva que asimila la organización del trabajo policial al de cualquier otra estructura corporativa señalando como particularidad el hecho de que todos los ingresantes posean idéntica formación de base, pero deban ser asignados a una multiplicidad de tareas que requieren calificaciones específicas, de modo que su asignación responde a una distribución arbitraria. Dado que las funciones de las jerarquías intermedias y altas no están claramente delimitadas suele quedar en manos de la política departamental los criterios de ascensos y de asignación de destinos. Esta indiferenciación funcional en el marco de un mercado de trabajo cerrado para el uso de sus calificaciones y experiencia favorece la aceptación de sus miembros de una dinámica de permanente rotación de responsabilidades, que si bien genera ganancias en términos de flexibilidad organizacional, disminuye las posibilidades de cualquier proceso de profesionalización del rol (Bittner, 1970: 74). Elevar las funciones de mantenimiento de la paz o control del crimen a un status profesional, o crear las condiciones favorables para que ese proceso sea posible, es inseparable de una mayor especialización, división de responsabilidades y acreditación de calificaciones.

En su propuesta de definición de la institución policial Dominique Monjardet (2003) y Robert Reiner (1986) retoman y profundizan esta falta de especificidad de las funciones policiales. Reiner recupera la distinción entre policía y policiamiento – concepto acuñado por autores anglosajones, y designado con el término policing – señalando que la primera es un tipo de institución social que no está presente en todo tipo de sociedad, mientras el segundo implica un conjunto de procesos con funciones sociales específicas que puede asumir diversos arreglos institucionales pero que son necesarios en todo orden social (Reiner, 1986: 4). En este sentido, el policiamiento es un concepto que remite a la noción de control social ampliamente debatida por la teoría sociológica y si bien no pueden ser aceptados como sinónimos, el primero implica un conjunto de actividades destinadas a la preservación de la seguridad de un orden social particular. Orden social que puede estar basado en un consenso de intereses o manifestar un conflicto de los mismos entre grupos asimétricamente alojados en la distribución social.

En relación con la noción de policiamiento y especialmente respecto de los servicios de seguridad privada resulta de especial relevancia la obra de Clifford Shearing como referente de una perspectiva que debate con la concepción bittneriana de la policía, considerada demasiado centrada en el Estado para permitir la comprensión de las transformaciones en el gobierno de la seguridad (Montero, 2015:67). Johnston y Shearing (2003) utilizan el concepto de gobierno de la seguridad para diferenciarse de la concepción estado – céntrica y proponer que ella está formada por un conjunto de nodos que varían en tiempo y espacio, de los cuales ninguno tiene prioridad conceptual, sino que devienen de un investigación empírica. Dicho cuestionamiento alcanza a la concepción misma del Estado moderno como terreno estable de la gobernanza definiéndola por los atributos de esas redes más que como el resultado de un único centro de acción. En este sentido, la mudanza en la locación de los servicios de seguridad introduce un señalamiento respecto de la pérdida de centralidad de la violencia como dispositivo del gobierno de la seguridad por parte de los Estados, si bien conservan su monopolio simbólico o mítico y pueden responder de manera defensiva frente a esta pérdida de centralidad (Crawford, 2003).

En diálogo con los aportes de Bittner, Reiner (1986) coincide en señalar como atributo distintivo de la institución policial ser el repositorio institucional del uso legítimo de la fuerza estatal en su territorio (Reiner, 1986:8). Si bien pueden identificarse otros actores sociales que hagan un uso legítimo de la misma, la policía constituye un cuerpo de funcionarios especializados a quienes se les asigna la responsabilidad formal primaria de su uso para proteger la concepción dominante de la paz y la propiedad en el contexto del desarrollo de los Estados modernos. Reiner (2000) aclara que esto no significa que la institución sea un mero instrumento del poder constituido, puesto que la organización ejerce prácticas discrecionales y tiene intereses propios. En ese sentido plantea que existen valores, normas y perspectivas compartidas que permiten la perpetuación de identidades colectivas que describe a través de un conjunto de atributos, similares a los que propone Skolnick: sentido de misión, sospecha, aislamiento, solidaridad, conservadorismo, machismo, pragmatismo y prejuicio racial. En este punto el autor señala que estando la identidad policial basada en el peligro, la autoridad, la presión por alcanzar resultados impuestos, la sospecha y la capacidad de uso de la fuerza, las mujeres difícilmente pueden ser exitosas en el policiamiento.

Janet Chan cuestiona que en la literatura especializada la noción de cultura policial está excesivamente centrada en comprensión de las faltas policiales y en las actitudes racistas o sexistas sin proveer una definición analítica (1996). En este sentido plantea cuatro señalamientos. En primer término, si bien buena parte de la literatura sobre el tema asume que la cultura policial no es una noción monolítica, la mayoría de las investigaciones se circunscriben a la cultura del policía de calle. En segundo término, indica que los efectivos policiales son reducidos a aprendices pasivos del proceso de socialización. En tercer término, critica la aparente insularidad de la cultura policial con respecto al contexto social, político, legal y organizativo, similar a la noción de exoticidad sindicada por Fassin. Finalmente, advierte que esta mirada determinista, homogeneizante y aislante del entorno deja poco espacio para reflexión sobre las posibilidades de transformación (1997:67 tomado de Westmarland, 2017:271).

Especialmente ácida es la crítica establecida por Dominique Monjardet respecto del tratamiento de la noción de cultura profesional forjada en lengua inglesa a la cual denominada “vulgata anglosajona” (2003:183) en tanto tienden a eludir la diversidad, el pluralismo e incluso la heterogeneidad del medio policial observable tanto en la distinción de los reclutamientos (entre comisarios, inspectores y agentes del orden por mencionar algunos) como en la diversidad de misiones (entre la policía general, judicial, inteligencia, mantenimiento del orden, entre otros) que forjarían más desconocimiento e incluso competencia y oposición que el reconocimiento de una cultura común. A partir de la aplicación de entrevistas y encuestas propone que la trama de una conciencia colectiva está centrada en tres aspectos: la incomprensión (recíproca) de los medios y el público, la preocupación con respecto a una eficacia difícilmente mensurable y la ostentación de una exigencia mínima de honestidad (Monjardet, 2003: 189). Propone dos dimensiones que permiten construir una tipología de posiciones comunes al colectivo y orientar su pluralismo. La primera comprende a la relación del policía con la ley bajo tres modalidades: la ley como mera coacción dotada de arbitrariedad y obstaculizante de la eficacia, la ley como marco imperativo del funcionamiento de toda sociedad, y la ley como contrato de adhesión negociable a los valores y principios de toda vida en comunidad. La segunda dimensión comprende a la relación del policía con el otro (no policía) que permite identificar una escala de posiciones en términos de apertura y repliegue. La propuesta de una concepción plural de la cultura profesional policial en relación con los contenidos formales e informales que adquiere la organización de su trabajo constituye uno de los diálogos más enriquecedores entre los estudios sociológicos de las policías y la sociología del trabajo y de las organizaciones.

2.2. Reflexiones en torno del quehacer policial

En “Lo que hace la policía” Dominique Monjardet (2003) aborda el quehacer policial desde una perspectiva que no se circunscribe a las tareas de patrullaje, detenciones e interacciones en comisarías -ámbitos de observación y reflexión dominantes en este campo de estudios– sino también al ejercicio profesional en posiciones de mando en espacios menos accesibles a la observación a través de la aplicación de entrevistas en un extenso trabajo de campo. A partir del uso metafórico de la figura del “martillo” en tanto “herramienta que reúne una suma infinita de utilidades, pero cuya dimensión común consiste en aplicar una fuerza sobre un objeto, las policías son concebidas como instrumento de aplicación de la fuerza lo cual no les confiere una finalidad propia puesto que no hay trascendencia en la coacción física” (Monjardet, 2003: 22).

En este punto Monjardet evita una definición puramente instrumental de la institución policial al articular conceptualizaciones propias de la sociología del trabajo y de las organizaciones señalando que las policías presentan propiedades que la diferencian radicalmente de una herramienta inerte. Recuperando los aportes de Weber y Michels, Monjardet señala que toda organización racional no puede ser pensada sin atender a los mecanismos informales, opacos e inerciales que practican sus miembros. Por otra parte, la posesión de competencias de atribución exclusiva habilita al grupo a desarrollar unos intereses y una cultura profesional propia (Monjardet, 2003: 23). La comprensión de esa distancia y de los mecanismos que la mantienen es la tarea que debe desarrollar una sociología de las policías incorporando tanto las definiciones formales que regulan su existencia institucional como las prácticas observables a través de las cuales llevan a cabo sus finalidades asignadas. El peso que adquieren los códigos de trabajo informales frente a las disposiciones regulatorias formales se expresa en un ejercicio jerárquico que toma la forma de consignas escritas generales y ambiguas y un control operatorio que demanda competencia y experiencia como fundamentos de su legitimidad.

La escala jerárquica establece relaciones de superioridad y subalternidad que opera como todo Sistema de Clasificación Profesional (SCP) al situar al trabajador policial en un doble encuadramiento jerárquico y funcional que admite analogías con la división y organización del trabajo en cualquier gran taller industrial u oficina (Monjardet, 2010: 75). Desde sus orígenes la sociología del trabajo ha estudiado los Sistemas de Clasificación Profesional (SCP) como el resultado de múltiples concesiones negociadas, situadas en un tiempo y espacio, pero también en la diversidad de ramas de actividad, que si bien ofrecen en términos formales gran permanencia y estabilidad tiene una vigencia que varía con mucha frecuencia respecto de dicha norma (Neffa, 1990). La sociología francesa ofrece un nutrido campo de estudios sobre calificaciones y clasificaciones profesionales en el paradigma taylorista fordista en el que se cuestiona desde hace más de cincuenta años todo enfoque determinista que las establezca como el resultado inmutable del nivel tecnológico, el proceso productivo o las decisiones unilaterales del poder público en el caso de las burocracias estatales (Vatin, 2004; Tanguy, 2001; Rolle, 2001; Lichtenberger, 1990; Dubar, 1999). Por disposición de todo marco regulatorio – especialmente en ausencia de toda forma de representación sindical como sucede en las policías argentinas (Galar, 2017; Saín y Rodríguez Games, 2016; Lorenz y Galvani, 2020; Puga y Carranza, 2020), las clasificaciones son en última instancia, prerrogativa de quien detenta el poder de organizar el proceso de trabajo. De todas maneras, para que esa organización se lleve a cabo es menester contar con el soporte, aceptación o legitimación de sus trabajadores, indispensables para constituir un marco de compromisos y acuerdos tanto formales como informales y que se intensifican cuanto mayor sea el nivel de complejidad de las funciones en disputa.

Monjardet recupera esta misma tradición teórica para señalar que a partir de las posiciones intermedias en la profesión policial, la continuidad jerárquica es más aparente que real y que el encuadramiento funcional y técnico es casi inexistente, aun cuando puedan parecer un continuo en términos estatutarios (Monjardet, 2010: 76). Esto no significa que no se ejerza el poder del rango, sino que las formas de su ejercicio admiten cierta diversidad, no sólo porque la autoridad puede tomar la forma de consignas generales de las cuales es difícil controlar su ejecución o porque no todos los superiores cuentan con la competencia y experiencia necesaria para la función, sino también porque muchas veces los oficiales adoptan posiciones de conducción para las cuales no poseen el rango estatutario previsto.

Monjardet propone dos modelos de autoridad: el modelo militar, marcado por la afirmación del poder jerárquico sobre la base del mando (órdenes) y la disciplina (sanción); y el modelo negociado donde el poder deja paso a la autoridad profesional y se ejerce en el seno de un sistema de intercambios que apunta a engendrar una confianza recíproca (Monjardet, 2003: 93). El deslizamiento de un modelo a otro está directamente relacionado con el tamaño de los colectivos de trabajo donde las unidades más pequeñas permiten interacciones más cercanas al modelo de autoridad negociada.

Hasta aquí existen similitudes con otras grandes organizaciones jerarquizadas en las cuales las cúpulas eligen y asignan objetivos y prioridades genéricas que se tornan más precisas e imperativas según una división técnica del trabajo que separa concepción y ejecución con mayor rigidez cuanto menor sea la autonomía de los grupos de trabajo. El autor propone que en las instituciones policiales se identifica un proceso de “inversión jerárquica” según el cual el acontecimiento, lo imprevisto, la decisión sensible puede emanar del nivel jerárquico más bajo en tanto son elegidos por los ejecutantes en el terreno. El rol de la jerarquía se ve invertido en este punto ya que debe traducir/ transmitir las elecciones de los ejecutantes con el fin de hacerlas coincidir con las políticas definidas por la superioridad (Monjardet, 2003:105). En este punto es relevante señalar que el autor no propone que la inversión jerárquica suponga una subversión de las relaciones de poder ni del ejercicio del mando, sino que la autoridad policial funciona en un doble sentido según el cual tanto prescribe como justifica el accionar de sus subordinados.

El autor ofrece una respuesta respecto de la identificación de las policías en torno a su carácter servicial o profesional al señalar que ellas están sujetas a una triple determinación: como instrumento de un poder que le da órdenes; como servicio público con una organización del trabajo particular, y; como profesión que desarrolla sus intereses propios. Lógicas que obedecen a principios contradictorios y que nuca se resuelven de manera armónica. En cuanto a su carácter instrumental ella expresa la reivindicación de las comunidades políticas por detentar en su territorio los usos legítimos de la fuerza para realizar y promover intereses colectivos a través de la prestación de un servicio que posee una división y especialización de tareas, técnicas y procedimientos organizacionales propios y por los cuales deben rendir cuentas. Pero esos valores incorporados son realizados por un grupo profesional especializado, que como todo grupo profesional, se caracteriza por unos intereses y valores propios, por unos principios de identidad respecto a los otros no – profesionales y por criterios de diferenciación internos (Monjardet, 2003).

Esta triple diferenciación permite comprender que el carácter instrumental de la institución policial se traduzca en la falta de objetivos propios o, lo que significa lo mismo, en una notable ambigüedad de funciones asignadas. De esta manera el contenido del trabajo policial no procede de una combinación de tareas prescriptas para alcanzar la producción de un servicio determinado, sino que es la incorporación de competencias y funciones la que determina la organización del proceso de trabajo y de los saberes requeridos. Indeterminación que se expresa en la distancia existente entre un ordenamiento burocrático formal y una organización informal del trabajo, de los mecanismos de ejercicio de la autoridad y evaluación y valoración de calificaciones que remite a un sistema de sanciones positivas y negativas. La identidad profesional de los y las policías no estaría basada en la posesión de un oficio o saber, como sucede con médicos o abogados, sino en la propiedad institucional de la posesión de la fuerza (Monjardet, 2003: 229) que alimenta su carácter de cuerpo opaco a toda observación externa.

El estudio de las instituciones policiales generalmente identificadas con la atribución del uso potencial de la fuerza como rasgo distintivo que le confiere competencias escasamente compartidas con el resto de la sociedad dificulta su identificación con otras profesiones tales como médicos o ingenieros que en sus modelos clásicos atraviesan procesos de construcción de sus identidades como el resultado, entre otros, de procesos históricos en los que determinados actores logran monopolizar un cuerpo de conocimientos formales e informales socialmente requeridos, y regular las formas de reconocimiento y legitimación de las competencias y calificaciones demandadas para su ejercicio. Más cercanas resultan las conceptualizaciones que lo definen como cuerpo estatal integrado por funcionarios que detentan distintas profesiones y saberes. La comprensión de un conjunto de atributos subjetivos y normativos ajenos al de buena parte de la sociedad no inhabilita el hecho que las prácticas y actitudes de los funcionarios están dentro de ciertos marcos de acción que no constituyen un mundo aparte, sino que se entretejen, solapan y conviven con las del resto del conjunto social (Frederic, Galvani, Garriga y Renoldi, 2013). Desde esta perspectiva, la sociología del trabajo y especialmente la sociología de las profesiones ofrecen aportes que enriquecen la interpretación de la identidad policial.

Desde el enfoque interaccionista, Hugues integra al análisis de los grupos profesionales los procesos biográficos para comprender la percepción y el sentido que tiene la actividad profesional para quien la ejerce, como parte de la dinámica de constitución identitaria. En el marco de los procesos históricos en los que se desarrollan y de las tradiciones normativas de las cuales dependen, los grupos profesionales son el resultado de procesos de interacciones a través de los cuales se organizan y defienden marcos de autonomía que los resguardan de otros grupos competidores. Esta conformación no es estática, su dinamismo proviene de las trayectorias biográficas de sus miembros insertas en un marco de interacciones situadas. Si bien la profesión no es objetiva, porque la subjetividad de los actores no puede ser enteramente subsumida a un marco socializante, la integración a todo grupo profesional consolidado supone la incorporación de un conjunto de normas y valores colectivos que desde la etapa formativa van estructurando la personalidad y que pueden constituir el pasaje de un status a otro a partir del momento de la graduación como en el caso policial.

El concepto de grupos profesionales que proponen Dubar y Tripier (1998) también es recuperado en esta tesis ya que enriquece la comprensión de la génesis, organización, dinámica de las agencias estatales y la sociabilidad de sus funcionarios, en tanto los miembros de todo grupo profesional tienden a presentar similitudes en su modo de pensar, de sentir y de actuar, en relación con su actividad. Según Panaia (2006) los autores buscan superar las diferencias entre la sociología anglosajona y francesa centrada en el debate por la definición del término profesión buscando cuatro principios de análisis comunes a esas tradiciones teóricas que se resumen del siguiente modo:

1. La profesión no se puede separar del medio social donde es practicada.
2. La profesión no está unificada, pero pueden identificarse muy claramente los fragmentos profesionales organizados y competitivos, las segmentaciones, las diferenciaciones y los procesos de estallido.No existen profesiones estables, todas tienen procesos de estructuración y de desestructuración donde pesan los p
3. rocesos históricos, los contextos culturales y jurídicos, las coyunturas políticas, etc.
4. La profesión no es objetiva sino una relación dinámica entre las instituciones, la organización de la formación, la gestión de la actividad y de las trayectorias en el seno de las cuales se construyen y se deconstruyen las identidades profesionales, tanto sociales como personales.   

Para estos autores la sociología de las profesiones va a tener un triple objeto: la organización social de las actividades del trabajo, la significación subjetiva de ellas y los modos de estructuración del mercado de trabajo. Que la profesión no sea objetiva, sino el efecto dinámico de todos estos factores permite conocer los alcances de las actividades de sus miembros sobre la organización. La misma no está estructurada a pesar del hacer de sus miembros sino a partir del mismo, brindando además sus condiciones de posibilidad. Las prácticas de los miembros de una organización están atravesadas por identificaciones que son múltiples y requieren del análisis de las relaciones subjetivas implicadas en la constitución de la identidad profesional. El género como categoría de pertenencia transversal es estudiado ampliamente en la literatura especializada sobre las policías. La mayoría de los estudios que analizan el proceso de feminización de las instituciones policiales tienden a concentran su mirada en los mecanismos sociales e institucionales de discriminación y exclusión que recaen sobre ellas. La exploración de los mecanismos de interpelación a las pautas de género reconoce en todos los casos la persistencia y eficacia de dispositivos de dominación masculina que relativizan los alcances de las políticas igualadoras en el marco de un fenómeno más amplio de heterogénea e incompleta profesionalización organizacional que habilita el predominio de arreglos informales de reconocimiento, valorización y asignación de ascensos consecuentes. De esta manera el mero aumento numérico de mujeres en las agencias de seguridad estatales no agota ni resuelve la direccionalidad de prácticas organizacionales, la asignación de cargos de responsabilidad, la división interna del trabajo, las rutinas y los modos de movilizar el placer y el consentimiento (Connell, 1995). En esta tesis se recuperan aquellos aportes explícitamente enfocados en los procesos a través de los cuales las mujeres acceden a posiciones de mando.

2.3. El ascenso de mujeres a posiciones jerárquicas en instituciones policiales

Los fenómenos de segregación por motivos de género se ubican en el contexto previo y más amplio de la división sexual del trabajo en sociedades patriarcales. Las pautas de especialización de roles según imágenes estereotipadas de atributos femeninos y masculinos se expresan en el mundo policial a través de una división de funciones consecuente, que obstaculiza el traspaso de techos de cristal y asigna costos diferenciales a las mujeres en sus trayectorias ascendentes. La inscripción del género en la subjetividad policial también es puesta en relación con el origen social de sus miembros. En uno de los estudios fundantes sobre segregación por motivos de género en organizaciones policiales, Susan Martin (1980:89) señala que para los trabajadores de cuello azul que no obtienen altos ingresos ni distinciones de prestigio social, otros aspectos de su trabajo que se asocian a los estereotipos de masculinidad poseen enorme importancia como medios a través de los cuales reafirmar su identidad. Los trabajos que involucran responsabilidad, control, capacidad de iniciativa y el uso de la fuerza o agilidad física tienen gran significación simbólica. En el mismo sentido, trabajar en un entorno conformado por una mayoría de varones refuerza la noción de estar haciendo “trabajo de hombres”.

Entre los estudios que recuperan las posibilidades de interpelación a los mecanismos de subordinación de género en organizaciones policiales en primer término se destacan los aportes de Genevieve Pruvost (2008) quien propone una lectura del proceso de feminización de las fuerzas policiales francesas anclado en la capacidad de transgresión, en parte consentida, de tres prohibiciones al rol socio históricamente asignado a las mujeres en sociedades patriarcales. La primera transgresión está dada por el acceso de las mujeres al poder de las armas. El uso de las armas por parte de mujeres policías cuestiona la división sexual del trabajo, que al menos aparentemente, está basada en su invariante apropiación social por brazos exclusivamente masculinos. La segunda transgresión está dada por el acceso a posiciones de mando, en tanto la proporción de mujeres logre cambiar la distribución piramidal ocupada en sus segmentos superiores por hombres propia de los grupos profesionales típicamente masculinizados. La tercera transgresión refiere a las circunstancias prácticas en el que las mujeres policías ejercen este poder de violencia legal como su participación en manifestaciones de fuerza pública más visibles o en operativos nocturnos, que atentan contra el trabajo de cuidado doméstico tradicionalmente delegado en ellas. (Pruvost, 2008). En su análisis de las mujeres Comisionadas en la Policía Nacional Francesa Pruvost (2009) señala un proceso de “transgresión consensuada” en tanto se produce una inversión de la pirámide organizacional característica de las profesiones masculinizadas. La autora propone que el trabajo ejecutivo se considera más apropiado para las mujeres que las tareas ejercidas en “la calle” asociadas a la exposición al peligro y ostentación de virtudes heroicas dadoras de prestigio que permiten consolidar un fuerte espíritu de cuerpo. El proceso de feminización policial de esta manera no las involucra en el desempeño de tareas operativas que permanecen bajo hegemonía masculina y por el contrario identifican mecanismos más sutiles de dominación.

El estudio sobre la Policía de Seguridad Pública portuguesa de Susana Durão (2017) señala que en el marco del proceso nacional de reconstrucción democrática a principios de la década del ochenta la incorporación de mujeres se lleva a cabo, por un lado, para conjurar un imaginario no deseado en un nuevo orden político y, por otro, para responder a funciones y aptitudes consideradas típicamente femeninas. La inclusión numéricamente representativa de las mujeres en la policía es caracterizada como vacilante, bloqueada e inacabada si bien se reconocen prácticas intersticiales de solidaridad socio-profesional. El proceso de profesionalización iniciado en la década del noventa en la policía portuguesa se expresa, en sus categorías superiores, en un aumento significativo de su nivel de formación académica que posibilita alguna mejoría en la participación de las mujeres.

María Eugenia Suárez de Garay analiza en el caso mexicano la “capacidad de agencia de las mujeres policías que acceden a posiciones de mando y para las que se abre la posibilidad de un empoderamiento distinto, más allá del poder que confiere el cargo y que podría incidir de manera abierta en los procesos de transformación policial” (2017: 291). En concordancia con otros diagnósticos, la autora atribuye a la falta de institucionalidad el imperio de relaciones informales que perjudican especialmente a las mujeres en la distribución de privilegios indispensables para el acceso puestos a jerárquicos y destaca los costos a pagar por desempeñarse en un mundo de hombres, especialmente en términos de masculinización del mando, exposición a miradas estigmatizantes, duplicación de exigencias frente a sus pares varones así como una mayor dificultad para armonizar la vida profesional con la vida familiar y doméstica. Frente a este escenario restrictivo, identifica formas de posicionamiento de género que innovan en la búsqueda de mejores recursos de formación, en la agrupación con sus pares, así como con actores externos y en la concientización de habilidades como la comunicación y la empatía como recurso eficaces para ejercer el mando.

En su estudio sobre mujeres que alcanzan posiciones de mando en la Policía Bonaerense, Andrea Daverio (2017) analiza los modos en que el género interpela a la institución a través de la construcción de espacios de conducción, prestigio y respetabilidad. Identifica un conjunto de “microprácticas que les han ido permitiendo desarrollar lo que entienden como sus propios estilos de conducción” (2017: 332). En el proceso de construcción de estilos propios de conducción estas mujeres implementan estrategias conscientes y reflexivas entre las cuales Daverio destaca la capacitación permanente, trabajar a la par de sus compañeros varones sin eludir responsabilidades, destinos u horarios, no hacer uso de prerrogativas a las que acceden por su jerarquía (por ejemplo: tener chofer), afirmar su imagen de femineidad mediante prácticas de arreglo personal y no mostrar debilidades, ni emociones, ni enfermedades.

En su estudio sobre la etapa de formación en el Colegio Militar de la Nación, Máximo Badaró (2008) propone que la experiencia de las mujeres en las instituciones dominadas por hombres no está marcada exclusivamente por la discriminación, la sumisión consentida o la resistencia explícita o solapada. La matriz heurística que se resume en el binomio subordinación- resistencia no agota la explicación de los sentidos de las relaciones que mantienen los grupos marginales, subordinados y dominados con los diferentes mecanismos, facetas y formas del poder. Tampoco explica los posibles efectos de las prácticas de los dominados en estos espacios sociales e institucionales, sobre todos los efectos no buscados. Esto implica tomar en cuenta el carácter ambivalente y dual de cualquier mecanismo de poder así como también las posibilidades de agencia que habilitan esos mecanismos, lo cuales pueden al mismo tiempo habilitar cambios institucionales.

Finalmente, y en tanto el estudio de las fuerzas de seguridad no puede ser separado del medio social en el que se desarrolla, se requieren ciertas especificaciones propias de la experiencia Argentina, que presentamos brevemente a continuación.

2.4. Breves consideraciones en torno al quehacer policial en la experiencia argentina

Recuperar estos debates en la experiencia argentina requiere un ejercicio transicional que sitúe el proceso de conformación de las policías en relación con el poder del Estado. En diálogo con los aportes foucaultianos, Tiscornia (2008) propone que tanto en nuestra región como en nuestro país el proceso de formación del Estado ha constituido dispositivos de ejercicio del poder que no solo controla y moldea cuerpos disciplinados para el mercado de trabajo, sino que también instala el “exterminio, la violencia descubierta y el encierro que supone el olvido” (Tiscornia, 2008: 11) Sin desatender los procesos de naturalización e invisibilización que se tejen en las prácticas cotidianas a través de las cuales se producen y reproducen marcos regulatorios en el sistema judicial, el poder de policía despliega en los edictos, en las detenciones por averiguación de antecedentes y en las razzias formas de determinación de la culpabilidad y el crimen.

En general, las aproximaciones analíticas sobre el ámbito militar y el policial que emergen una vez finalizado el último golpe de estado que tuvo lugar en nuestro país entre 1976 y 1983, han privilegiado perspectivas que subrayaron la conformación institucional de los agentes encargados de administrar la violencia del Estado. El interés de la mayor parte de estos estudios fue el diagnóstico de las condiciones políticas, normativas y organizacionales que derivaron en instituciones apartadas de su cauce, ineficientes, corruptas particularmente en el caso de la policía, fuertemente politizadas, y orientadas al uso abusivo de la fuerza pública. Sofía Tiscornia es una de las primeras autoras que analiza la cultura institucional de las fuerzas de seguridad. Según su visión estas instituciones se encuentran organizadas de acuerdo a una estructura castrense. La estructura organizativa militarizada es común a todas las fuerzas de policía en el país. Si bien las leyes orgánicas que las rigen destacan que se trata de cuerpos de seguridad civiles, la normativa y la práctica las han estructurado como cuerpos con esquemas de autoridad militar, con jerarquías rígidas, con sistemas de controles internos corporativos y poco transparentes. Esta militarización de las policías se ha debido, en buena medida, a las modificaciones impuestas durante las dictaduras militares. (Tiscornia, 1998; Kaminsky, 2005; Frederic, 2008).

En el marco del retorno democrático, las fuerzas armadas son objeto de escrutinio público, especialmente de organismos de defensa de los derechos humanos por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En un primer momento, las instituciones castrenses condensan los temores del proceso de transición democrática y concitan el mayor interés de los intelectuales (Kaminsky y Galeano, 2008). Con el progresivo afianzamiento de las instituciones democráticas comenzaron a plantearse análisis críticos respecto del funcionamiento interno de las policías por ser las encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en el marco del respeto de las garantías constitucionales. A fines de la década de 1990 comienzan a desarrollarse estudios sobre la vida organizacional de las fuerzas policiales como grupo profesional con una agenda de temas independiente de las valiosas investigaciones sobre abusos de autoridad y faltas a los derechos humanos que habían hegemonizado la agenda de investigación en los años del retorno democrático impulsadas por académicos y organismos defensores de los derechos humanos.

Los estudios sobre las fuerzas de seguridad crecen y se institucionalizan en el país a partir de la irrupción del llamado problema de la inseguridad en la agenda pública y del logro de cierto consenso político sobre la necesidad de avanzar en procesos de reforma de las policías, “cuando el tan proclamado aumento de los delitos acabó con la inercia política en materia policial, problema heredado de la escasa atención que se le prestó a la policía en los debates sobre la transición a la democracia” (Galeano y Barreneche, 2008: pag. 73). La antropología social lideró el nuevo campo de estudios a comienzos del siglo XXI, dando lugar a una notable expansión de etnografías sobre las prácticas sociales al interior de la dinámica organizacional de las policías. Desde la Universidad Nacional de Quilmes, Sabina Frederic y Marcelo Saín iniciaron un conjunto de investigaciones sobre la Policía Federal Argentina, la Policía Bonaerense y las Fuerzas Armadas. Los estudios etnográficos introducidos por Sabina Frederic (2008, 2013, 2015) fundamentalmente, constituyeron un aporte valioso para un conjunto de tesis e investigaciones relacionadas. Marcelo Saín (2008, 2010, 2015 y 2017) analizó especialmente a la Policía Bonaerense considerada en un doble vínculo: como actor interviniente en la génesis del problema de la (in)seguridad –corrupción y connivencia con prácticas delictivas, ejercicio ilegal de la violencia, abuso de poder especialmente contra grupos vulnerables, verticalismo, militarización, centralización de las policías, autonomía y desgobierno político- pero también como agente indispensable a articular en una política de seguridad que apunte a resolver el problema.

Los debates que se desarrollan en la primera década de este siglo identificando a las fuerzas de seguridad como un actor que está en la génesis y en la solución del problema de la seguridad se articula con la investigación de las estructuras organizacionales de las policías y las condiciones de posibilidad de un proceso de profesionalización y des militarización consecuente, condición de posibilidad de su gobierno democrático. El desarrollo de investigaciones sobre su funcionamiento interno, posibilitado por cierta apertura institucional operada a partir de la progresiva intervención de estructuras político administrativas, permite avanzar en una mirada que pone en cuestión la uniformidad del objeto policial y comienza a construir un cuerpo de conocimiento sobre sus heterogeneidades y contradicciones

2.5. Recapitulando

En este capítulo se presentan sintéticamente algunos de los principales aportes teóricos que fundan el campo de conocimiento sobre las instituciones policiales como objeto de las ciencias sociales y operan como trasfondo de esta tesis. Esas conceptualizaciones constituyen referencias ineludibles para la comprensión de las prácticas reales de las policías permitiendo alejarse de definiciones jurídico-normativas de las mismas. En el segundo apartado, se recorrieron ciertos debates en torno a lo que las policías realmente hacen permitiendo establecer ciertos diálogos con aportes que desde la sociología del trabajo y más específicamente desde la rama dedicada a la sociología de las profesiones analizan los procesos de construcción de identidades como el resultado, entre otros, de procesos históricos en los que determinados actores logran monopolizar un cuerpo de conocimientos formales e informales socialmente requeridos, y regular las formas de reconocimiento y legitimación de su ámbito de competencia. Por último, en el tercer apartado se plantearon muy esquemáticamente algunas consideraciones que permiten entablar un ejercicio transicional hacia la experiencia argentina.

Actualmente es habitual encontrar en las introducciones de los diversos estudios sobre fuerzas de seguridad alguna referencia a la escasa y tardía atención que captó el sujeto policial una vez reiniciado el período democrático (Frederic, 2008), y el crecimiento del campo pese a la opacidad que caracteriza al objeto. Treinta años después de iniciado el surgimiento de estos estudios en la Argentina que avanzaron en el conocimiento del actor como un todo homogéneo y a la vez refractario a la mirada de las ciencias sociales estamos frente a la consolidación de un campo que comienza a preguntarse por su heterogeneidad, diversidad y complejidad y sobre el cual puede reflexionarse en perspectiva comparativa con otros grupos profesionales.

En este marco se inscribe nuestra tesis. La integración plena de las mujeres a las fuerzas de seguridad, es un proceso heterogéneo e inacabado, tal como sucede en otras esferas de la vida social especialmente en espacios tradicionalmente masculinizados. Si bien en todo el mundo se ha arribado a cierto consenso respecto de la caracterización de las instituciones policiales como profesión masculinizada que como tal les ha asignado a las mujeres una posición subalterna, reflexionar sobre el problema de su integración a las fuerzas de seguridad invita a analizar el carácter uniforme y cohesivo de la institución en sí misma. Comprender los obstáculos que ellas enfrentan en sus trayectorias profesionales implica revisar los mecanismos institucionales que se ponen en juego en el proceso de constitución del sujeto policial y en el ejercicio de una profesionalidad definida por atributos que le asignan cierta especificidad. En este sentido, la riqueza de la perspectiva adoptada reside en su potencialidad para explorar las relaciones de poder a la luz de la relación entre los géneros y su capacidad de interpelación de diversas dimensiones de la vida institucional.