Cintia Weckesser
Introducción
En este capítulo presentamos parte de los resultados concernientes a las representaciones mediáticas enmarcadas en los tópicos seguridad/inseguridad construidos en medios televisivos de aire públicos y privados de Córdoba. Los objetivos de este análisis se orientaron a: 1) indagar cómo se construye la verdad en torno al hecho y la expectativa de justicia desde las voces legitimadas en el relato, y 2) analizar la construcción de enunciatarios en relación con la problematización de las condiciones en las que ocurren los hechos presentados.
Trabajamos con material audiovisual de catorce noticieros de la tarde/noche de los canales de aire de Córdoba, durante una semana de octubre de 2015, entre el lunes 5 y el viernes 9. De los tres canales de aire que pueden verse en Córdoba, dos son privados: Teleocho (Teleocho), del Grupo Telefe[1], y El Doce (Canal 12), del Grupo Clarín, mientras que el tercer canal es público: Canal 10 (Canal 10), perteneciente a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Analizamos el corpus mediante herramientas provenientes del análisis del discurso[2] a fin de observar las representaciones en torno al eje seguridad/inseguridad puestas en circulación por estos discursos, los mecanismos narrativos utilizados y las relaciones lógico-causales establecidas en función del recurso al relato como forma instituida (rutinizada) de la crónica policial[3]. Para la identificación de las noticias recuperamos la clasificación del monitoreo de los canales de aire de la ciudad de Córdoba correspondiente a esos días, desarrollado por el programa de Estudios de Comunicación y Ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del convenio con la Defensoría del Público de la Nación.
Organizamos el capítulo en dos partes. En la primera, abordamos el relato para reconocer aquello que los noticieros presentan como tema policial y de inseguridad, los sujetos configurados en torno a ello, los objetos de valor en juego y el modo en que se ponen en relación los momentos de la historia construida en la noticia, las versiones del pasado y del presente, y los futuros posibles y deseables. Aquí trabajamos sobre dos supuestos. El primero es que la víctima y su entorno ocupan el lugar protagónico, teniendo en cuenta tanto el modo en el que estos son representados como su acceso privilegiado a la palabra para la construcción de los hechos. De ello resulta la configuración de sujetos centrales para la definición de la verdad y de lo que sería una resolución “justa” en cada caso. El segundo supuesto indica que lo señalado en el punto anterior se presenta de manera acentuada en los canales privados.
En la segunda parte de este capítulo, nos detenemos en analizar la construcción de los enunciatarios de las noticias policiales en los distintos noticieros: quiénes y cómo son, qué hacen, qué saben, necesitan y desean, y qué sectores sociales representan. En relación con esto, analizamos cómo se problematizan las condiciones en las que ocurren los hechos presentados en estas noticias, buscando reconocer qué historia se cuenta en torno al hecho y cómo se reconstruye el contexto de su ocurrencia, qué responsabilizaciones se definen y cuál es el camino deseable trazado para la justicia en relación con la expectativa de los enunciatarios configurados. Aquí buscamos sustentar un triple supuesto. Primero, que los enunciatarios configurados representan, principalmente, a la víctima potencial, ubicada de forma privilegiada entre los sectores medios y altos, cuyo principal objeto de valor vulnerado, después de la vida, es la propiedad privada, y a quien se le encomienda la misión de denunciar, aliándose a la fuerza policial. Segundo, que tenderían a omitirse contextualizaciones que permitan reconstruir las condiciones sociales de ocurrencia de los delitos aludidos en estas noticias. Y, por último, que las características señaladas se ven menos acentuadas en el canal público.
Inseguridad, verdad y justicia
En este apartado, nos proponemos dar cuenta del modo en que se construye la idea de inseguridad, de verdad y la expectativa de justicia desde las voces legitimadas en el relato. Para ello, registramos aquello que se configura como tema policial y de inseguridad, caracterizamos su anclaje espacial y temporal, a los sujetos configurados y a los objetos de valor en juego en esas noticias.
Temas, espacios y tiempos
En la semana analizada se relevaron 35 noticias clasificadas como “policiales e inseguridad” emitidas en la franja horaria seleccionada. En Canal 12 y en Teleocho se relevaron 23, mientras que en Canal 10, el canal público, fueron 19. El subtópico identificado con mayor frecuencia en el canal de la Universidad fue “homicidios”. Lo mismo se observó en el Canal 12, mientras que en Teleocho la mayor recurrencia se registró en el tópico “políticas públicas”. Pero la tematización de este subtópico en Teleocho se vio restringida a hechos de inseguridad registrados en Villa Rivera Indarte y a la articulación del accionar policial con el de los vecinos contra el robo.
Al comparar, encontramos una diferencia notable entre canales públicos y privados con relación al subtópico “robos”, que solo ocupó el 5,5% de las noticias del canal público (y en referencia a un homicidio en ocasión de robo), mientras que en los canales privados fue entre el 27,07% y el 31,25% (incluyendo noticias de hurtos sin muertos ni heridos, robos a locales comerciales –como a un negocio de indumentaria deportiva ubicado en el barrio Nueva Córdoba– y arrebatos en la vía pública, en especial, en una zona de la ciudad, Villa Rivera Indarte, configurada como “insegura” por la recurrencia de estos hechos).
Las noticias referidas al tópico “delito organizado y narcotráfico” se registraron únicamente en el canal público, con relación a otro subtópico, “políticas públicas” (nota sobre operativos preventivos en Villa El Nylon y dos noticias sobre la creación de fiscalías móviles antinarcotráfico). A diferencia del caso anterior, en el noticiero de la Universidad, Crónica Plus, el conjunto de noticias clasificadas con el subtópico “políticas públicas” incluye referencias a debates legislativos: sobre el Código de Convivencia, sobre la adhesión de Córdoba a la iniciativa nacional contra la violencia de género, sobre la reglamentación del registro para paseadores de perros, sobre la creación de fiscalías móviles antinarcotráfico y sobre operativos preventivos antinarcotráfico.
En el caso de Telenoche, el noticiero de Canal 12, las noticias sobre “políticas públicas” incluyen una noticia sobre un caso de violencia policial, en donde queda implícita la crítica a la regulación de su accionar, y otra noticia que incluyó declaraciones del ministro de Seguridad. Cabe subrayar que no se explicita el debate en torno a ello que estaba teniendo lugar a nivel legislativo esa misma semana, con relación al nuevo Código de Convivencia. Además, se incluye una noticia sobre la desaparición de un cordobés en Chile, otra en relación con la regulación de los peajes y finalmente, y con varias repeticiones, la noticia vinculada a la inseguridad en Villa Rivera Indarte.
El subtópico “violencia de género” se observó en similares proporciones en los tres canales: entre tres y cinco referencias. En la semana que analizamos, el juicio por el asesinato de Paola Acosta[4] alcanzó notable repercusión en medios locales y nacionales.
En cuanto al subtópico “conflictos interpersonales”, encontramos que los canales privados incluyeron más noticias sobre “peleas entre bandas” que el canal público, mientras que las noticias en relación con “automovilistas” estuvieron más presentes en los canales 10 y 12, en tanto que su aparición fue bastante menor en Canal 7. Del conjunto de noticias referidas a peleas entre bandas, se contó solo una referida a violencia en el fútbol (Canal 12, 06/10/2015).
Llama la atención que las noticias registradas con el subtópico “políticas públicas” en los canales privados se refirieron, en todos los casos, a situaciones de intervención policial contra el robo, con una excepción en Teleocho, en donde se presentó un caso de abuso policial en el marco de los debates sobre el Código de Faltas. Si sumamos la cantidad de referencias a políticas públicas que tematizan intervenciones policiales por robos (en total, 11 en Teleocho y 12 en Canal 12) a las noticias clasificadas en el subtópico “robos” en cada uno de los canales privados, observamos que en ambos casos la cantidad se aproxima o supera al número de noticias sobre homicidios (seis en Teleocho y trece en Canal 12), lo que constituye al robo como uno de los temas de mayor referencia en las noticias policiales y sobre inseguridad de los canales privados.
Con relación al anclaje temporal de los relatos, se advirtió la tendencia a relacionar los hechos presentes con acontecimientos pasados en los canales privados. En cuanto al anclaje espacial, se identifican tres tipos de lugares como los principales: barrios calificados como “inseguros” (Villa Rivera Indarte y barrio Comercial, en Canal 12) o ubicados en la periferia (Canal 10), el centro de la ciudad y las salas de audiencia judicial, ámbitos legitimados en los que se imparte justicia. Por otro lado, solo uno de los canales privados se refirió a hechos ocurridos en otros lugares del país (en Mar del Plata y en Bariloche, Canal 12). En los relatos, la sala de audiencia se identificó como el único lugar legitimado en el que resulta esperable y deseable que se imparta justicia, como el ámbito socialmente aceptado para la resolución de los conflictos o de su compensación, como sede de la verdad y la justicia que espera la ciudadanía, en general, y las víctimas y sus familiares, en particular. Veremos, en adelante, de qué modo se configura a la institución judicial y a sus agentes.
Los sujetos y los objetos de valor en juego
Considerando los puntos de vista incluidos en los relatos, a priori establecimos como puntos de vista posibles al de la víctima y/o sus familiares, al del victimario, al de las fuerzas de seguridad, al de los testigos, al de los expertos y al de la Justicia. Encontramos que en los tres canales se destaca la asunción del punto de vista de las fuerzas de seguridad (siete apariciones en cada noticiero durante la semana analizada) y el de los expertos (seis apariciones en Canal 10, ocho menciones en Teleocho y doce en Canal 12), es decir, predominan las voces autorizadas, representantes del poder político y del saber legitimado.
Por otro lado, los testigos aparecieron de manera aislada tomando la palabra en los tres canales (una aparición en Canal 10, cuatro en Teleocho y tres en el Canal 12). Pudimos reconocer una diferencia significativa entre los canales: el punto de vista de las víctimas fue visibilizado en once ocasiones en Canal 12, seis en Teleocho y solo tres en Canal 10. Mientras tanto, el punto de vista del victimario fue excluido en los tres canales.
En cuanto a los sujetos y al modo en el que son representados a partir de ciertos atributos y acciones, identificamos que niños, niñas y adolescentes aparecen de manera aislada en las noticias policiales y sobre inseguridad. Registramos solamente dos referencias, una en Canal 10 y la otra en Teleocho, sobre el caso de un niño víctima por haber resultado baleado en un “enfrentamiento” (Calzado y Maggio, 2009).
Se observó que víctimas y damnificados se mencionan en similar proporción (ocho en Canal 10, ocho en Teleocho y doce en Canal 12). En todos los casos, se presentan como sujetos pasivos sobre los cuales recayó el accionar de un sujeto de hacer violento. La excepción significativa en los tres canales de aire es la relativización de la construcción de Paola Acosta como “víctima” a partir de la sentencia judicial en la cual se consideró que ella no había estado en inferioridad de condiciones frente al victimario, motivo por el cual su crimen no resultó encuadrado jurídicamente como “femicidio”.
Por otro lado, en los casos de víctimas fatales se advirtió que el entorno de la víctima cobra mayor visibilidad (caso Brunori[5], caso Acosta, caso Ellena[6], caso Rivera Alegre[7], y de la explosión de la ambulancia del 107[8]). Son sus familiares y amigos quienes piden justicia, se manifiestan públicamente y realizan reclamos frente al poder político. Comparando el tratamiento de la noticia sobre la muerte del chofer Adrián Brunori, el canal público y uno de los privados, Teleocho, incluyeron referencias a otros sujetos excluidos en las representaciones configuradas en Canal 12. En esos canales sí se dio cuenta de las manifestaciones que impulsaron reclamos frente a los representantes políticos, exigiendo seguridad y la reducción de la edad de imputabilidad (emisiones del lunes 05/10/2015). Con esto, se puso el hecho en relación con otros sujetos: el Poder Legislativo, al cual se le dirige un reclamo, “que se pongan a trabajar”, y el gobernador. Asimismo, el entorno de la víctima señala a “la droga” como causa de esta muerte.
En los casos de víctimas que no perdieron la vida, la construcción del entorno personal se ve más restringida, mientras que cobra mayor visibilidad su estado de salud y evolución, así como los avances en la investigación (caso Toledo[9], niño baleado, trabajador, golpeado por la policía). En estos casos, se incluyen referencias a otros sujetos, vinculados a la salud, como “directivos/as y empleados de instituciones públicas de salud (hospitales, dispensarios, etc.)”. También identificamos un solo caso de víctima de robo, sin heridos (local en Nueva Córdoba, Canal 12), dos de trabajadores agredidos durante el ejercicio de sus funciones (chofer de colectivo y empleados de peaje, Teleocho) y una mención de víctima fatal en un accidente automovilístico (caso Mariana Ellena, en los tres canales).
En Canal 12, los casos de robos, heridos de bala y muertes en ocasión de robo fueron presentados como parte de una serie de hechos similares: “Normalmente sucede en este país, en materia de robos y todo lo demás” (noticia sobre la muerte de Adrián Brunori, Canal 12, emisión del lunes 5/10/2015).
Observamos que en algunos casos se emplea la denominación “delincuente” para hacer referencia, indistintamente, a acusados y a sospechosos, detenidos o no. Por ejemplo, en la noticia que mencionábamos párrafos arriba sobre el robo sin heridos a un local comercial de indumentaria deportiva ubicado en el barrio Nueva Córdoba[10] (Canal 12). Aquí se señalan como sospechosos del robo a la mujer encargada de la limpieza del local y a sus hijos, quienes fueron detenidos. Si bien se indica que se trata de detenidos sospechosos, el videograph sentencia “Las llaves del delito”. La culpabilización del detenido sospechoso también se advirtió en la noticia titulada “Tras las rejas”, en el mismo canal (6/10/2016). Se observó que el entorno de las víctimas se configura con mayor detalle que el de los victimarios y, además, son quienes predominantemente toman la palabra por tratarse de víctimas o por pertenecer a su círculo cercano.
El poder estatal más referenciado en los tres noticieros es el judicial: jueces magistrados, jueces ciudadanos, fiscales, abogados querellantes y defensores. La justicia institucionalizada apareció como uno de los principales objetos de valor en juego en las noticias analizadas: es la reparadora del lazo social.
La justicia no devuelve vida, pero hay una acción reparadora, la justicia alivia, cicatriza heridas muy dolorosas en el cuerpo de la sociedad. […] Se hizo justicia. La justicia no devuelve vidas, pero repara, hace posible que la vida en sociedad pueda ser posible dentro de la ley.
Miguel Clariá, columnista, emisión del miércoles 7/10/2015
Considerando su actuación, pudimos reconocer que la institución judicial se presenta configurada de maneras contrastantes. Por un lado, es lenta, inefectiva, y a fin de cuentas, injusta (por ejemplo, en el caso de la explosión de la ambulancia del 107 y en el caso de la desaparición de Marco Roldán, ambas noticias tematizadas en Canal 12, y en el caso de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, noticia incluida en el noticiero de Teleocho). Por otro lado, se configura como expeditiva, efectiva, reparadora y, por todo ello, justa.
Luego, advertimos una mayor cantidad de menciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo: al gobernador de Córdoba o sus ministros, especialmente al de Seguridad y en relación con las demandas por seguridad y en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
La policía apareció también configurada de maneras opuestas. Por un lado, como la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, que actúa eficazmente y es confiable, por ejemplo, tras la denuncia de un transeúnte en la noticia sobre los jóvenes que realizaban “picadas” en el parque Sarmiento (Canales 10, 8 y 12), cuando “la gente confía, colabora” durante un operativo preventivo antinarcotráfico (Canal 10) o cuando se tomaron medidas contra la inseguridad en Villa Rivera Indarte (Teleocho y Canal 12). Y, por otro lado, la policía se presenta como fuerza susceptible de ejercer abuso de poder sobre la ciudadanía, por ejemplo, en la noticia titulada “Falta de Códigos” (Teleocho), referida a detenciones ilegales (empleado de un almacén, considerado “sospechoso”, detenido y golpeado). En Canal 10 también se pusieron en tensión las facultades de la fuerza policial pero sin referencia a casos particulares, sino enmarcándolo en la discusión que tenía lugar esa misma semana en el ámbito legislativo sobre el Código de Convivencia que reemplazaría al Código de Faltas. En Canal 12, directamente se omitió la referencia a este debate legislativo. En todos los casos, los valores presentados como esperables en torno al accionar policial tienen que ver con la confianza por parte de la ciudadanía, y con la legalidad y efectividad de su accionar, tanto preventivo como correctivo.
En el marco de la campaña electoral que tenía lugar durante el periodo que analizamos, se destacó el tratamiento que recibió el problema de la inseguridad en Villa Rivera Indarte: se presentó a los vecinos organizados y vinculados con la policía por medio de una aplicación diseñada por un ingeniero residente del mismo barrio, se mencionó al entonces jefe de policía de Córdoba y a su proyecto de implementar, por esos días, una herramienta similar en otras zonas de la ciudad. Además, se hizo explícito el vínculo del jefe de policía con el entonces candidato a presidente, Sergio Massa[11], aliado para esa contienda al entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Una de las propuestas más visibilizadas en la campaña del candidato a presidente Sergio Massa apuntaba a la lucha contra la inseguridad. Este acontecimiento tuvo amplia cobertura por parte de los canales privados, hasta con varias conexiones con el móvil en vivo y el testimonio del “experto” diseñador de la aplicación, vecinos, vecinas y la policía (Teleocho).
“Sindicatos/sindicalistas” se mencionaron en dos oportunidades, solo en Canal 12 y en relación con reclamos por seguridad vinculada a condiciones de trabajo: en el caso de los trabajadores del servicio de emergencias 107 y en el caso del reclamo de trabajadores de peajes, quienes denunciaban ataques por parte de automovilistas que pretendían pasar sin pagar. Aquí identificamos otro objeto de valor en juego: la seguridad en el marco de condiciones de trabajo, en la medida en que se arriesga la integridad física del trabajador. En Canal 10, también observamos una referencia a este objeto de valor en la nota sobre la reglamentación del trabajo de los paseadores de perros, con referencia a los llamados “animales peligrosos”. Este valor también se tematizó en noticias sobre violencia en el fútbol, puntualmente, en relación con la agresión propinada por parte de hinchas del Club Atlético Lanús a un jugador de Aldosivi durante un partido de primera división en Mar del Plata. El caso permitió visibilizar, además, la problemática en torno a las condiciones de seguridad para las hinchadas de equipos visitantes.
Las “clases medias” fueron referenciadas de manera indirecta en los casos de inseguridad, entendida como el riesgo de ser asaltado, lastimado o asesinado a cambio de dinero u otro bien material. Vimos antes que los “trabajadores” aparecen en algunas de estas noticias como potenciales víctimas de hechos delictivos. Mientras tanto, los “sectores de alto poder adquisitivo” se presentaron en menor medida. En uno de esos casos, se trató de automovilistas infractores. En los tres canales solo se mostraron los autos de alta gama secuestrados por la policía como consecuencia de las “picadas” que los conductores realizaban en la zona del Parque Sarmiento. Aquí las referencias fueron irónicas: “Nenes no tan bien” (titular de Canal 12) y “Niños de más de veinte años” (presentador de Canal 10), haciendo referencia al poder adquisitivo de sus familias y a cierto estereotipo del “niño rico” que hace su voluntad y viola la ley con el patrocinio de sus progenitores. Destacamos que ningún canal dio a conocer la identidad ni publicó imágenes de estos sujetos. Identificamos además otras dos referencias a este sector social, presentadas con relación al poder político: los tres canales le dieron cobertura al accidente de tránsito protagonizado por la hermana del intendente de Córdoba, Ramón Mestre. La mujer atropelló a dos policías que circulaban en motocicleta, se dio a la fuga y resultó detenida.
En general, se identificaron coincidencias con respecto a los objetos de valor en juego en los tres canales que comparamos. A algunos de ellos ya los hemos mencionado: la vida, la seguridad para circular, para trabajar, la propiedad privada, la verdad en términos del esclarecimiento de los hechos, la eficacia policial en la prevención y acción frente al delito y la justicia entendida no como justicia social o de igualdad de posibilidades, sino como resolución del conflicto por medio del ajusticiamiento expeditivo del “culpable” en los casos de crímenes y delitos.
Con relación al objeto de valor “justicia”, en numerosos casos se presentó a “la gente” como fuente de la verdad sobre la cual debe dictarse justicia. “La gente en la calle sabe que esto fue un femicidio, falta la firma de la Justicia. Creo que lo resaltable es que el jurado popular, la sociedad, le dio la perpetua a Lizarralde por unanimidad” (hermana de Paola Acosta, desde el móvil en Tribunales, Teleocho, 7/10/2015). Así, la justicia “justa” resulta aquella que está “en sintonía” con la expectativa ciudadana. Tal representación de la justicia resultó tensionada con el marco jurídico: “Creo que nosotros tenemos que confiar en la Justicia”, solicitaba con celo el fiscal Albornoz, refiriéndose a la necesidad de esperar los fundamentos de la sentencia para conocer los motivos por los que los jueces no consideraron que el crimen de Paola Acosta se haya tratado de un “femicidio” (Teleocho, 7/10/2015). Así, por medio de la palabra del fiscal se pone en valor al procedimiento formal y a la interpretación de la ley en la decisión del tribunal.
Los enunciatarios de las noticias policiales y de inseguridad
Aquí damos cuenta del análisis de los enunciatarios de las noticias abordadas, en relación con la problematización de las condiciones en las que ocurren los hechos presentados. Nos preguntamos quiénes y cómo son, qué hacen, qué saben, necesitan y desean y qué sectores sociales representan los enunciatarios construidos en estas noticias. Al interrogar las condiciones en las que ocurren los hechos presentados, buscamos reconocer qué historia se cuenta en torno al hecho y cómo se reconstruye el contexto de su ocurrencia, qué responsabilizaciones se definen y cuál es el camino deseable que se traza para la justicia en relación con la expectativa de los enunciatarios configurados.
En las noticias sobre delitos no se configuraron enunciatarios delincuentes, potenciales delincuentes, victimarios o potenciales victimarios. Identificamos una excepción en Teleocho, donde el periodista interpeló al potencial delincuente con una amenaza o, al menos, advertencia: “Si tienen que venir a robar a Rivera Indarte, no vengan porque los van a agarrar” (Teleocho, “Escudo antirrobos”, 6/10/2015).
En los tres canales, y de manera predominante, las prácticas adjudicadas al enunciatario configurado tienen que ver con la denuncia por intermedio del medio de comunicación y la cooperación con la fuerza policial, también denunciando. En Canal 10 se configuró un enunciatario “ciudadano que denuncia” en la noticia sobre “picadas” en la avenida Deodoro Roca del Parque Sarmiento. En este caso, la policía tomó conocimiento de lo que estaba aconteciendo e intervino a partir de la denuncia de un transeúnte. En el mismo canal se configuró un enunciatario conforme con la presencia policial preventiva en el barrio en una noticia sobre el operativo antinarcotráfico en Villa El Nylon. Al tomar la palabra un representante de la fuerza policial, expresó que habían sido “bien recibidos” por los vecinos. “Nuestros cordobeses están confiando en el 0800”, aseguró con referencia a la línea telefónica gratuita (emisión del 06/10/2015). En estos casos, el enunciatario configurado es el ciudadano aliado, que colabora con la fuerza policial en la lucha contra el delito. Asimismo, estos enunciatarios reconocen a la autoridad de la fuente policial para proporcionar información, formular supuestos y comprobarlos, y actualizar información sobre el estado médico de una persona (también en “Cabecillas detenidos”, Canal 10, 8/10/2015).
Además de los “colaboradores de la policía”, se configuran como enunciatarios a las víctimas y potenciales víctimas de delincuentes. Es esta condición, primero, la que habilita luego la posibilidad de que sean interpelados como colaboradores. Más aún, cuando la conjunción “policía” y “ciudadano aliado” falla o es deficitaria, aparece otra variación en la configuración de los enunciatarios: en estos casos son presentados como quienes realizan acciones por cuenta propia contra la inseguridad, solidarizándose y trabajando cooperativamente. En este caso, los ciudadanos ya no se presentan como colaboradores de la policía, sino que es la policía quien presta su colaboración a los ciudadanos.
En Teleocho y Canal 12 se acentúa la configuración de un enunciatario inseguro, en riesgo, que se siente amenazado y que coincidiría con “todo vecino” de cualquier zona de Córdoba. Estos adhieren a la descripción de un estado de cosas caracterizado por el auge de la violencia y la delincuencia. Este enunciatario espera soluciones efectivas que, para estos casos, se entiende en términos de prevención como detección anticipada del delito. En la semana observada, los dos canales privados realizaron una cobertura extensa en cada emisión, y durante más de un día, con notas grabadas y varias salidas en vivo del móvil ubicado en Villa Rivera Indarte, mientras que este caso no fue noticia en Canal 10. En varios casos, las víctimas se construyen como “trabajadores/as”, reforzando la producción de sentimientos de injusticia en el enunciatario, ligada al no merecimiento y abonando cierta idea de vidas que valen más que otras.
También se configuró un enunciatario susceptible de ser víctima del abuso de la fuerza policial. En una nota titulada “Una paliza por trabajar” (Canal 12, 07/10/2015), la policía intentó detener a un hombre que esperaba en la vereda a que abrieran el local comercial en el cual se desempeñaba como empleado, y lo golpeó. El enunciatario configurado es el ciudadano que circula libremente, que va a trabajar y cuya libertad podría verse vulnerada por el abuso de autoridad que pudiera ejercer la fuerza policial. A diferencia de los casos anteriores, la policía, en lugar de velar por su seguridad, puede perjudicarla (“Falta de Códigos”, Teleocho, 05/10/2015)[12].
Por otra parte, en la semana analizada se configuró de manera diferencial a una enunciataria mujer, víctima o potencial víctima de violencia de género en las noticias sobre procesos judiciales por temas penales. Su entorno también se configuró de manera diferencial como parte del círculo cercano de esas víctimas y de los victimarios. Cuando el enunciatario se amplía, coincide con la ciudadanía en general. La ciudadanía se presenta en relación con la prevención y denuncia. Por ejemplo, cuando se transmitía en vivo desde Tribunales el momento de la lectura de la sentencia condenatoria a cadena perpetua para Gonzalo Lizarralde por la muerte de Paola Acosta, por debajo de los videographs se emitía un anuncio de forma constante: “Atención: si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, llamá al 144 las 24 horas” (y repite…).
Asimismo, en los tres canales se configuró un enunciatario que espera un juicio justo, que empatiza con las emociones y expectativas de los damnificados por la muerte de Paola Acosta. El enunciatario, luego, avala la condena otorgada al único acusado por el crimen que se juzgó, pero no está del todo conforme porque “sabe” –en la referencia que realizan la hermana de la víctima y su padre– que fue femicidio y esperaba que la Justicia lo reconociera de ese modo. Sin embargo, el fiscal, en calidad de “experto”, y luego, también, los periodistas, instruyen a ese enunciatario: había que esperar los fundamentos de la sentencia, cuya elaboración estaba aún en manos de los jueces.
El enunciatario, que coincide con la ciudadanía en general, también se presenta en relación con la administración de la justicia. En la emisión de Teleocho del día 07/10/15, en la columna de Miguel Clariá se configura un enunciatario en otro rol: el del ciudadano que imparte justicia. El columnista, en referencia al crimen de Paola Acosta, explica que se trata de un sistema que:
Le da más transparencia, más eficiencia a la justicia penal, con la participación de jueces que no son abogados, gente como vos, gente como cualquiera que está en este estudio, pero con sentido común, compromiso y responsabilidad, tienen que tomar la decisión como lo hicieron en este caso. Tienen la enorme responsabilidad de juzgar en nombre de todos.
Miguel Clariá, columnista, Teleocho, 7/10/2015
En su lectura a favor, reforzó la idea del “sentido común” que tienen “todos”, “cualquiera”, “vos”, distribuido de forma homogénea y que constituiría la garantía de un juicio justo. No consideró, por ejemplo, argumentos que ponen en cuestión a este sistema ni tampoco el hecho de que se aplique solo en ciertos casos.
En el caso de las noticias sobre políticas de seguridad, se advirtió una configuración diferenciada de los enunciatarios. En Canal 10, se trata de un enunciatario que reconoce el lugar clave de los debates políticos representados en los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la definición de políticas y, consecuentemente, en sus formas de implementación. El enunciatario está familiarizado y participa de los debates, reconoce a los actores políticos involucrados, las posiciones destacadas y sus argumentos principales. Las tematizaciones de los debates sobre estas políticas son permanentes en este noticiero que, además, se destaca por poseer un móvil en vivo en la Legislatura provincial a cargo de Gastón Gracia, periodista dedicado a los debates parlamentarios.
En Teleocho y Canal 12 los enunciatarios resultan menos familiarizados con los debates sobre políticas. Estos fueron referenciados de forma aislada. En la semana observada, se hizo referencia una sola vez al cuestionado Código de Faltas en la columna del periodista Miguel Clariá, en Teleocho Noticias (Teleocho), a partir de una nota sobre un caso de abuso policial. La nota que antecedió a esa columna incluyó el testimonio del hombre golpeado que hizo la denuncia (emisión del 05/10/15). En Canal 12, a raíz del mismo caso, el debate giró en torno a las versiones opuestas en torno a lo que efectivamente ocurrió: “¿El hombre quiso quitarle el arma al policía? ¿Este lo agredió sin razón?” Sin embargo, al presentar la versión del policía lo hacen como “otra versión”, mientras que la validez del testimonio del hombre herido que hizo la denuncia resulta más reforzada: el periodista describe al sujeto como “empleado de un comercio” y la periodista que interroga al policía lo interpela afirmando que “hay testigos que dicen que este señor no estaba merodeando, que trabajaba en la despensa”.
La problematización de las condiciones en las que tienen lugar los hechos
En los tres canales advertimos, en general, maneras contrastantes al momento de referenciar y problematizar las condiciones en las que tuvieron lugar los hechos aludidos en las noticias policiales y de inseguridad.
En Canal 12, “delincuencia” y “delincuentes” se configuraron sin referencia a condiciones sociales particulares. Pareció atribuirse malicia y poder de acción difícil de controlar como rasgos esenciales de los/as delincuentes: “En esta época de una ola delictiva imparable”, presentó el periodista en el piso la nota sobre inseguridad en Villa Rivera Indarte (martes 6/10/2015). Al mismo tiempo, se justificó el accionar conjunto de vecinos/as, a quienes parecía no quedarles alternativa más que intentar resolver el problema de la inseguridad por sí mismos, a pesar de advertir que “se trata de una cuestión política” y que “hace falta planificación” (Teleocho, 6/10/2015). En cambio, en el noticiero de Canal 12 de ese día, vimos que al tratarse el mismo hecho se puso el acento en destacar positivamente el trabajo en conjunto y solidario de la comunidad sin cuestionar el rol subsidiario de la fuerza policial, su accionar deficiente o inacción y su relación con políticas específicas y su implementación.
Cuando se complejizó un poco más la construcción del delincuente y no se trató simplemente de un sujeto esencialmente amenazante, se ubican otros elementos como la causa del accionar delictivo. Una de las causas recurrentes fueron las drogas ilegales; principalmente, su consumo y/o comercialización. Por ejemplo, en la noticia referida a manifestantes que reclamaban por la muerte del chofer baleado, presentaron un diagnóstico sobre las causas de este tipo de hechos, asegurando que era “culpa de la droga”. A este diagnóstico, los/as manifestantes asociaron un pedido a los gobernantes: “Tienen que bajar la imputabilidad de los menores” (Canal 10, 5/10/15). Aquí, ni el diagnóstico ni la solución propuesta fueron puestos en cuestión o interrogados de algún modo por parte de los periodistas. En otro caso, con un videograph que acusa “rompió el silencio”, se introduce la nota sobre la conferencia de prensa del ministro de Seguridad de la provincia. “Lalo” Freyre presenta la nota con expresiones como: “La gente muere en ocasión de robo”. El titular de la noticia y el encuadre del periodista configuran un escenario problemático sin respuestas satisfactorias. Tras la nota con las declaraciones del ministro, al regresar al piso, los presentadores señalan la falta de datos objetivos en las declaraciones pero a ello no contraponen datos fiables. Por el contrario, la lectura de los periodistas permanece en un nivel superficial, de las impresiones: “Estamos en el fondo del pozo en materia de seguridad” (Canal 12, 9/10/2015).
En relación con casos de violencia de género, durante la cobertura de la sentencia a Gonzalo Lizarralde por el crimen de Paola Acosta, los periodistas en el piso enmarcaron el hecho “histórico” en el proceso de lucha contra el femicidio en Córdoba y el país. Se refirieron a un mural que se haría en memoria de Paola Acosta y en contra de la violencia de género. Resaltaron que la violencia de género también se manifiesta en hechos como el no reconocimiento de los hijos, el no pago de cuotas alimentarias y la violencia psicológica y verbal. Hicieron también alusión al slogan “Ni una menos”, extendido en todo el país como bandera de estas luchas. El periodista se refirió a otras políticas como las educativas, que deberían orientarse a la lucha contra la violencia de género, para que se introduzcan cambios en las pautas culturales. “Más allá de esta condena, tienen que acabar los femicidios” (Canal 10, 7/10/15).
En relación con los tiempos de la Justicia, se observa que en un caso se contrastó a una justicia lenta, inefectiva, con una justicia “justa” en el caso Paola Acosta. El periodista comparó el caso de Paola Acosta, resuelto rápidamente, con el de la explosión de la ambulancia del servicio de emergencias 107 ocurrido nueve años atrás, el cual aún no había sido juzgado. También lo comparó con el juicio contra el exintendente de Córdoba, Germán Kammerath, ocurrido quince años después de su gestión. “Por allí la Justicia se demora, pero en casos como este, actúa muy efectivamente”. Más allá de esta mención de contrastes, no se profundizó con datos y/o preguntas que habiliten reflexiones al respecto, por ejemplo, en relación con los diferentes actores sociales y sus distintas capacidades de incidencia política y económica, y/o que recuperen las diferencias de estos juicios, complejidades técnicas y plazos de investigación (Teleocho, 7/10/2015).
Conclusiones
El análisis del corpus nos permitió advertir que la víctima y/o su entorno ocupan un lugar protagónico, teniendo en cuenta tanto el modo en el que son representados como su acceso privilegiado a la palabra en la construcción de los hechos. Resultan privilegiados para la definición de la verdad en torno a estos y para la definición de lo que sería una resolución “justa” para cada caso. Esto se acentuó en los canales privados de Córdoba. Si bien uno de los escenarios más representados en estas noticias fue el de los tribunales de justicia, predominó la presentación de la experiencia de la víctima por sobre la palabra de los actores del proceso judicial. Una consecuencia es que se tendería a desdibujar la diferencia entre sospechosos, acusados y culpables, que estimula la producción de pasiones y juicios sociales previos a los pronunciamientos oficiales de la institución judicial y promueve una representación de la justicia más ligada a impresiones que a procedimientos legales, institucionalizados y en donde se garanticen los derechos de las partes. En los casos en que se tematiza la vulneración de la propiedad privada, el enunciatario configurado parece ubicarse entre las clases medias y altas.
La narración de la noticia policial se articula en una trama que gira en torno a dos metáforas: la de la verdad y la de la justicia, en donde la primera no es entendida como la verdad probada en el marco de un proceso judicial, sino la verdad proclamada en el marco de la experiencia/vivencia de la víctima y que es individualizada en “el culpable”. La segunda no es entendida como el resultado de un proceso judicial, sino como el cumplimiento de la expectativa de compensación que impone el deseo de la víctima y/o su entorno. El reclamo de la víctima parece imponerse como la medida de lo justo.
En el análisis de las noticias policiales y sobre inseguridad emitidas en los tres canales de aire de Córdoba durante la semana observada del mes de octubre de 2015 se advirtieron diferencias entre los canales públicos y privados en torno a la construcción de los enunciatarios configurados en las noticias de cada canal y, en relación con ello, se reconocieron diferencias en la problematización de las condiciones en las que los hechos tienen lugar. El contraste más significativo se presentó entre en canal de la Universidad Nacional de Córdoba[13] (Canal 10) y el perteneciente al Grupo Clarín (Canal 12).
En las noticias emitidas en Canal 10 se registró, por ejemplo, la problematización del término “violencia de género”. Además, se observó la cobertura de manifestaciones en las que se interpelaba al poder político para que este tomara medidas para la seguridad y la valoración positiva del accionar de la Justicia “expeditiva” y “ejemplar” en el caso de mayor resonancia de la semana (el caso Paola Acosta).
En Teleocho se registraron cuestionamientos por parte de los periodistas al encuadre jurídico del hecho juzgado (en el caso Acosta), haciendo prevalecer la lectura de familiares y ciudadanos, “la gente”, presentada como fuente de la verdad jurídica, legitimando a los jueces ciudadanos que hacen más “transparente” y “eficaz” a la justicia, una justicia históricamente “lenta” e ineficaz. Esta imagen se tensa con el accionar del juez técnico, puesto en cuestión, tensión que debe ser leída en el marco de la transformación del proceso penal de Córdoba del año 2005 a la que nos referimos en el desarrollo. Aún en el marco de esta tensión (que forma parte del nuevo sistema procesal penal de la provincia), se vio reforzada la idea de justicia institucionalizada como reparadora del lazo social, en oposición a la venganza.
En las noticias observadas en Canal 12 se registraron momentos de culpabilización, por parte de los periodistas, del detenido sospechoso y cuestionamientos del encuadre jurídico del hecho juzgado (en el caso Acosta, coincidiendo con lo observado en Teleocho), haciendo prevalecer la lectura de familiares y ciudadanos: “La gente en la calle sabe que esto fue un femicidio, solamente falta la firma de la Justicia”. Aquí, mientras que el fiscal pide prudencia hasta tanto no se conozcan los fundamentos de la sentencia, los periodistas en el piso se suman al reclamo de familiares y manifestantes.
Además, vimos que durante la semana analizada se debatía en la Legislatura provincial el nuevo Código de Convivencia que reemplazaría al polémico Código de Faltas. Solo el Canal 10 realizó coberturas desde la Legislatura y dio lugar a debates desde el piso en torno al tema. Por su parte, en Teleocho se realizó apenas una mención al debate que estaba teniendo lugar, mientras que Canal 12 omitió estas referencias. En su lugar, los periodistas presentadores interpelaron al poder político en general, en reclamo de medidas porque “la gente muere en ocasión de robo”, quedando implícito un posicionamiento más cercano al endurecimiento de penas en defensa de “la gente” víctima de un “robo” casi despersonalizado.
También en los canales privados se destaca la configuración del enunciatario inerme frente al accionar potencial de sujetos que aparecen configurados como amenazas que lo ponen en peligro: el enunciatario es una potencial víctima, el riesgo está latente hasta en el propio hogar. En otros casos, se lo presenta como protagonista en la búsqueda de soluciones o paliativos contra la inseguridad: instala rejas, sistemas de iluminación, alarmas, cámaras y además tiene la misión de denunciar, actuando en alianza con la fuerza policial. De manera aislada, Canal 12 publicó una nota sobre el abuso de poder por parte de la fuerza policial. Esta contrastó con otras, en las que la imagen positiva de esta fuerza resultó restituida como garante de la seguridad ciudadana, mientras que se veía reforzada la configuración del enunciatario que confía en ella. A su vez, se presenta otro enunciatario: el familiar/allegado de víctimas fatales que demanda el esclarecimiento del hecho y justicia, entendida como condenas a los responsables.
En suma, el análisis nos permitió reconocer a la potencial víctima como el destino privilegiado de interpelación: potencial víctima con un sentir específico (miedo) y un desear específico (la supresión del peligro). ¿Pero qué se propone para la concreción de ese deseo, para la supresión del peligro? Para ello, a ese enunciatario se le propone un hacer específico: prevenir, que se traduce en atrincherarse y denunciar para que otro sujeto haga algo. Entonces, la policía aparece como el actor central en la resolución del problema: se espera su presencia extendida en los barrios para su efectivo accionar preventivo y, frente al hecho consumado (hecho que se torna evidencia del fracaso del accionar preventivo y reenvía un reclamo de mayor presencia policial), la expeditiva captura del delincuente.
Esta trama se repite en el trasfondo de las noticias policiales, de manera acentuada en los canales privados. En estos canales, además, se construye de manera difusa la instancia superior de responsabilidades: frente a situaciones que resultan difíciles de contener por parte de la fuerza policial, aparecen reclamos al poder político (“que se pongan a trabajar”), que configuran a un enunciatario ajeno a los debates políticos. Estos reclamos son pronunciados por las víctimas y su entorno, y replicados por los periodistas.
En relación con esto, esta diferencia entre los canales públicos y el privado se observó al analizar a los enunciatarios sobre políticas de seguridad. En Canal 10, se trata de un enunciatario que identifica las funciones de los poderes del Estado para la definición e implementación de políticas. Este enunciatario participa de los debates, reconoce a los actores políticos involucrados, está familiarizado con las características del proceso legislativo, conoce o le interesa conocer las distintas posiciones en debate, sus argumentos centrales y está atento a lo que resulta legislado. Las referencias a los debates en torno a políticas de seguridad aparecieron de manera muy marginal en Teleocho, con una sola referencia, y estuvieron ausentes en el otro canal privado.
Eludir las condiciones en las que tienen lugar los hechos construidos en estas noticias abona cierta ficción autopoiética o, a lo sumo, monocausal de la inseguridad. Estas lecturas resultan despolitizantes y, por tanto, obturadoras de otras que permitan diversificar estados pasionales en los destinatarios y complejizar la comprensión de los hechos al interrogar los procesos políticos que transforman las condiciones, haciéndolas más o menos favorecedoras de la conflictividad social.
Bibliografía
Benveniste, É. (1974). L’appareil formel de l’énonciation. En Problèmes de linguistique générale II (pp. 79-88). París, Francia: Gallimard.
Calzado, M. y Maggio, N. (2009). “A veces pasa como si uno dijera que llueve”. La naturalización mediática de la muerte de delincuentes en enfrentamientos con la policía. En A. Daroqui, (Comp.), Muertes silenciadas: la eliminación de los “delincuentes”. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, policía y la justicia (pp. 53-100). Buenos Aires, Argentina: Centro Cultural de la Cooperación.
Charaudeau, P. (2011). Las emociones como efectos de discurso. Versión, 26, 97-118.
Courtés, J. (1980). Introducción a la semiótica narrativa y discursiva. Buenos Aires, Argentina: Hachette.
Greimas, A. J. (1983). Du sens II. Essais sémiotiques. París, Francia: Éditions du Seuil.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1986). La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires, Argentina: Hachette.
Mozejko, D. T. (2013). La producción de pasiones en el enunciatario. A propósito de “No se culpe a nadie” (1956) de Julio Cortázar. Anclajes, 17(2), 47-63.
- No se dispuso del registro audiovisual del noticiero de Teleocho del viernes 9 de octubre de 2015.↵
- Se retoman contribuciones de Mozejko (2013), Benveniste (1974), Kerbrat-Orecchioni (1986), Greimas (1983), Charaudeau (2011) y Courtés (1980), entre otros.↵
- Tomás Venturini y Paulo Aniceto formaron parte del equipo que realizó esta etapa de análisis.↵
- El hecho de mayor resonancia de la semana analizada fue el juicio y condena a Gonzalo Lizarralde, único acusado por el asesinato de Paola Acosta e intento de asesinato de la hija de ambos. Un año antes, Paola Acosta y la niña de un año y nueve meses habían sido encontradas en una alcantarilla, en donde habían permanecido durante 80 horas. La niña sobrevivió junto al cuerpo sin vida de su madre, a pesar de las lesiones de arma blanca en su torso y de la falta de agua y alimento. El hecho conmocionó a la opinión pública. Gonzalo Lizarralde fue condenado a cadena perpetua por un tribunal mixto, conformado por jueces magistrados y jurados populares. La lectura de la sentencia fue cubierta tanto por medios locales como nacionales.↵
- Chofer del transporte público baleado en ocasión de robo, en su domicilio.↵
- Joven atropellada durante “picadas” entre automovilistas.↵
- Joven desaparecido desde febrero de 2012.↵
- Víctimas de la explosión de la ambulancia del servicio de emergencias 107.↵
- Joven herida de bala en un supuesto enfrentamiento entre bandas.↵
- Se trata del barrio estudiantil de mayor poder adquisitivo de la ciudad, en cuyos edificios residen mayormente estudiantes universitarios provenientes de otras provincias del país. Se trata de una zona con variada e intensa actividad comercial diurna y nocturna, zona de bancos, locales gastronómicos, de indumentaria, centros de actividades físicas, estéticas, bares y pubs.↵
- Políticos en ejercicio de cargos públicos, candidatos y partidos políticos fueron actores sociales con marginal aparición/mención en las noticias policiales y sobre “inseguridad” de los tres canales durante la semana analizada, a pesar de haberse tratado de la semana posterior al debate de candidatos a presidente, en pleno contexto de campaña electoral, y a pesar de haber sido la “inseguridad” uno de los temas problemáticos más referidos por parte de los candidatos.↵
- La figura del “merodeo” (art. 98 del Código de Faltas) castigaba con arresto a quien estuviera “en actitud sospechosa” cerca de edificios o vehículos. El personal policial definía qué resulta “sospechoso”. Esto afectaba el derecho a transitar (art. 14 de la Constitución). Además, la “omisión de identificarse” (art. 79 del Código de Faltas) también permitía arrestar a quien no se identifique ante la policía o no responda sus preguntas. El nuevo Código de Convivencia que reemplazó en diciembre de 2015 al polémico Código de Faltas sigue criminalizando el merodeo en la zona rural, si bien eliminó la aplicación de la figura del merodeo en la zona urbana. No obstante, incluyó otra figura vaga que es la “conducta sospechosa”. https://bit.ly/3bWwuYp↵
- Durante la gestión afín al gobierno nacional de Cristina Fernández (Frente para la Victoria), el cual promovió el fortalecimiento de los sectores de medios públicos y sin fines de lucro en Argentina (Ley 22285 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009).↵









