En la introducción se propuso que Bad Bunny reafirma la identidad boricua en su música, discursividad, estética y estrategia publicitaria como resistencia al colonialismo lite de EE. UU. Sin embargo, Bad Bunny no ha sido el primero en hacerlo. Quizá la globalización de la industria de la música a través de las plataformas de streaming y las redes sociales lo ha llevado a otro nivel y con un impacto transgeneracional y transnacional, pero pertenece a una tradición musical particularmente boricua.
Durante la década de los setenta, tanto el gobierno puertorriqueño como las instituciones estadounidenses impulsaron campañas orientadas a promover una identidad cultural alineada con la americanización, con el fin de consolidar el control sociopolítico sobre la isla mediante mecanismos que Juan Flores (1999) ha denominado colonialismo lite, que se refiere a una gestión cultural que busca normalizar y suavizar la dominación política, integrando símbolos y prácticas culturales bajo una lógica de hegemonía aparente. El estatus de Estado Libre Asociado fue promovido como un símbolo de modernidad, progreso y estabilidad, presentando la relación política con Estados Unidos como la opción más viable para el desarrollo económico y social de la isla, en detrimento de las propuestas de independencia o estadidad, que fueron deslegitimadas y estigmatizadas.
Una parte importante de esta campaña fue el frente cultural. Se promovió el bilingüismo y la enseñanza del inglés en las escuelas públicas, con el objetivo de fomentar una identificación más estrecha con la cultura estadounidense, mientras que el español, aunque predominante, era relegado al ámbito familiar y privado. Asimismo, expresiones artísticas que llevaban discursos nacionalistas o críticas al estatus colonial fueron neutralizadas o censuradas, favoreciendo contenidos “apolíticos” o universalistas que contribuían a la reproducción del orden colonial sin resistencia explícita. Esta estrategia estuvo acompañada por la promoción masiva de la migración hacia Estados Unidos a través del programa conocido como Bootstrap (Operación Manos a la Obra), que no solo redujo la presión política en la isla, sino que también facilitó la extensión del control colonial a través de la diáspora, lo que normalizó la dispersión del pueblo puertorriqueño bajo discursos de integración y asimilación. Frente a estas políticas de control y manipulación cultural, surgieron resistencias político-musicales como la nueva trova puertorriqueña de Roy Brown.
Asimismo, en las décadas de los setenta y ochenta, la salsa, que estaba en auge, se volvió un espacio de expresión cultural y política en Puerto Rico y la diáspora neoyorquina. Canciones como “Planté bandera” de Tommy Olivencia confrontaban las narrativas oficiales, y estrellas como Willy Colón manifestaban públicamente sus críticas al estatus colonial de Puerto Rico y participaban en movimientos independentistas. Por su parte, la cantante pop Iris Chacón −mencionada en canciones como “Safaera”− no abordó explícitamente el colonialismo en sus letras, pero utilizó su figura y su música para representar una identidad cultural distintivamente puertorriqueña, mientras se impulsaban estándares culturales y estéticos influenciados por EE. UU. Chacón abrazó sus raíces caribeñas con vestuarios coloridos, ritmos tropicales y sensualidad.
En esta tradición de resistencia cultural frente al colonialismo estadounidense debemos ubicar el reggaetón y la eventual aparición de Bad Bunny, quien continúa esta costumbre de resistencia cultural y política en un género en el que hubo importantes manifestaciones de reivindicación boricua y afrocaribeña, como el disco Abayarde de Tego Calderón, del cual se hablará más tarde. El reggaetón en sus inicios dialogó con las dinámicas del colonialismo lite de finales de la década de los noventa y principios de la década del dos mil. Durante ese tiempo, en Puerto Rico el reggaetón surgió como una fuerza cultural y política frente a la marginación racial, espacial y social derivada de los programas de reestructuración económica neoliberal. En el contexto de un sistema de razas heredado del colonialismo y la esclavitud, y en el marco de políticas de criminalización racial y del neoliberalismo, el reggaetón se posicionó como un género de resistencia a la exclusión socioeconómica colonial que al mismo tiempo perpetuaba las relaciones de desigualdad heteropatriarcales del sistema, expresadas en la misoginia, la homofobia y la transfobia. Allí es donde llega Bad Bunny para confrontar el colonialismo tanto en sus expresiones culturales y socioeconómicas como en las de relaciones de género.
Para abordar este argumento, el presente capítulo explica primero cómo ha funcionado históricamente el colonialismo estadounidense en la isla. Posteriormente, describe cómo el colonialismo se ha sedimentado en las relaciones de raza. Después se analizan las políticas de cero tolerancia y criminalización hacia los jóvenes empobrecidos y marginados por las políticas neoliberales a finales del siglo XX, y cómo éstas moldearon la criminalización del reggaetón, que apareció como un género contracultural y underground que eventualmente se volvió mainstream.
El colonialismo estadounidense en Puerto Rico
Puerto Rico ha sido criticado por no convertirse en un Estado autónomo, como lo hizo Cuba al independizarse de España en 1898, lo que ha llevado a que la izquierda latinoamericana compare a los puertorriqueños con los cubanos de Miami, una ciudad del estado de Florida en la Unión Americana a la que despectivamente se refería como la “gusanera” durante la Guerra Fría. Sin embargo, rara vez se considera que Puerto Rico no es dependiente por voluntad propia, sino porque España pagó a Estados Unidos una deuda cediéndole la isla en 1898. Estados Unidos la aceptó, pero desde un inicio se negó a incorporarla como un estado más de la Unión Americana, dado que reconocía la distancia sociocultural de su población por hablar español y ser negra, mulata y mestiza. Socioeconómica y culturalmente, a Puerto Rico se le asignó un lugar de veraneo y de producción de azúcar, y así se dejó a la población en su condición rural (Bully Magnets, 2021; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
Entre 1898 y 1950, Estados Unidos inventó una nueva tradición de expansionismo territorial o colonial, con una doctrina constitucional para gobernar los territorios ultramarinos españoles anexados durante la guerra de 1898. Anclada en las ideologías racistas prevalecientes del excepcionalismo estadounidense, la interpretación constitucional resultante ha sido descrita como la “doctrina de la incorporación territorial”, la “Tercera Visión”, la “doctrina de los Casos Insulares” o “la doctrina de los separados y desiguales” (Morales, 2017).
Como elemento central en esta interpretación constitucional estaba la idea de que Estados Unidos puede gobernar selectivamente “territorios no incorporados”, como posesiones territoriales extranjeras que pertenecen pero no son parte de Estados Unidos. Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, lo que significa que tiene su propia constitución y gobernador, pero no forma parte del territorio nacional de Estados Unidos. Este estatus fue establecido en 1952 y permite a Puerto Rico mantener cierta autonomía política, aunque sigue sujeto a la autoridad del Congreso de aquel país. Los residentes de Puerto Rico son ciudadanos de EE. UU. y pagan impuestos federales, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que tengan residencia legal en un estado o territorio incorporado de Estados Unidos.
El comisionado residente es el único representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, pero solo tiene voz y no voto. Además, Puerto Rico mantiene un estatus territorial dentro de la Constitución de dicho país. No hay otros territorios asociados con el mismo estatus que Puerto Rico. Sin embargo, existen otros territorios no incorporados que tienen diferentes grados de autonomía, como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Guam. En esa situación, PR tiene una relación colonial con EE. UU.
Durante más de un siglo, el gobierno estadounidense ha utilizado esta doctrina para desarrollar leyes y políticas contradictorias, por lo que la población empezó a manifestar sus interrumpidas ganas de independencia y comenzaron los levantamientos sociales (Morales, 2017). Entre las décadas de los cincuenta y los noventa, el saqueo económico molestó incluso a los criollos que querían más poder económico y político, y también se organizaron. La respuesta del gobierno estadounidense fue reprimir los levantamientos, pero además tomó medidas políticas y económicas para aparentar que cedía independencia.
En 1948, Luis Muñoz Marín, del Partido Popular Democrático, se convirtió en el primer gobernador electo de Puerto Rico. Junto con las élites económicas, Muñoz Marín argumentó que Puerto Rico no tenía el desarrollo económico ni los recursos para una vida como nación independiente y que era conveniente depender política y económicamente de Estados Unidos. Propuso la así llamada “tercera vía”, que no era ni independencia ni integración total, algo que los estadounidenses tampoco deseaban. Esta vía consistía en que Puerto Rico estaría incorporado política y económicamente a Estados Unidos mientras manejaba sus asuntos locales (Bully Magnets, 2021; Morales, 2017; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
En 1950, el Congreso estadounidense legisló para que Puerto Rico redactara su propia Constitución, la cual estableció que era un “Estado Libre Asociado” de Estados Unidos (Commonwealth). La Constitución entró en vigor en 1952, y estableció la adhesión de la isla a la Unión Americana: Puerto Rico era propiedad de Estados Unidos, pero no pertenecía a Estados Unidos como un estado federado. Los puertorriqueños podían convertirse en ciudadanos estadounidenses solo si dejaban la isla y se mudaban a alguno de los estados para asimilarse, con lo cual adquirían derechos políticos. Mientras tanto, en la isla eran considerados residentes. No es casualidad que el rapero de Calle 13 se haga llamar Residente y sea muy crítico del gobierno colonial de Puerto Rico. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico se convirtió en una geografía estratégica para acciones militares y de dominio político en la región. Sin embargo, los puertorriqueños no dejaron de manifestar sus deseos de independencia, lo que resultó en masacres, persecuciones e intromisión del FBI en las actividades políticas de sus activistas, similar a lo que la CIA llevaba a cabo en Cuba (Bully Magnets, 2021; Morales, 2017; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
En el ámbito económico, durante este período Puerto Rico se urbanizó con la industrialización de la economía rural, pasó de la producción de azúcar a la inversión de empresas estadounidenses con fines de exportación. Sin embargo, Puerto Rico no podía decidir su política económica. Entre 1950 y 1960, Estados Unidos implementó el Operativo Bootstrap o “Manos a la Obra”, que fomentó la industrialización y la migración laboral a lugares como Nueva York y Chicago, donde los puertorriqueños trabajaban en áreas industriales (Bully Magnets, 2021; Morales, 2017; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
La crisis petrolera de la década de 1970 estancó la economía estadounidense, que dependía en gran medida del sector petroquímico, lo que llevó a un desempleo del 18 por ciento. El Congreso estadounidense respondió con un incremento en los subsidios sociales y la inclusión de la Sección 936 en el Internal Revenue Code, que ofrecía incentivos fiscales a las corporaciones que invirtieran en Puerto Rico. Aunque esto atrajo inversiones en sectores de alta tecnología, como farmacéuticas y electrónicos, resultó insuficiente y aumentó el desempleo y la pobreza. Igual que en países como México, surgieron mercados informales (como los del ambulantaje y las guarderías clandestinas) e ilegales (como el de las drogas, el trabajo sexual y las apuestas). El auge del mercado de las drogas incrementó la criminalidad. El sector informal, sin embargo, ayudó a estabilizar la economía (Bully Magnets, 2021; Morales, 2017; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
Tras la caída del Muro de Berlín y con la llegada del neoliberalismo en la década de los noventa, Puerto Rico perdió interés geopolítico para Estados Unidos. Las corporaciones estadounidenses se trasladaron a países como México, donde los salarios eran más bajos y las leyes laborales y ambientales menos estrictas, algo que se consolidó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que con el tiempo se ha transformado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TEMEC). Las consecuencias para Puerto Rico fueron desempleo, pobreza y abandono social, lo que incrementó aún más la criminalidad y sirvió como pretexto para implementar políticas de “cero tolerancia” similares a las de Nueva York y Los Ángeles. El mercado de las drogas se presentó como una opción para los jóvenes de comunidades marginadas y racialmente discriminadas, mientras se privatizaba el mantenimiento de la vivienda pública. La solución fue punitiva, con un aumento en los dispositivos de seguridad y policiales, lo que creó más pánico para ocultar que la crisis de seguridad era en realidad una crisis de desigualdad en el contexto colonial (Bully Magnets, 2021; Morales, 2017; Rodríguez Gelfenstein, 2004).
Bajo el capitalismo neoliberal y colonial, la gobernanza punitiva contuvo los efectos sociales de la desigualdad económica y racial, al tiempo que impulsó la expansión carcelaria como forma de acumulación por desposesión. Esta gobernanza produjo jerarquías de raza, clase, localización espacial, género, sexualidad y ciudadanía, que asociaron a los puertorriqueños negros y de piel oscura con conductas delictivas y los expuso a niveles más altos de exclusión y peligro.
Espacialidad y política racial en Puerto Rico: cero tolerancia y criminalización de la juventud
Según Marisol LeBrón (2019) y Petra Rivera-Rideau (2015), la formación racial en Puerto Rico es el resultado de un proceso histórico marcado por el esclavismo en las plantaciones, el genocidio indígena, la colonización española y la estadounidense, y la explotación capitalista-colonial. Este contexto ha dado lugar a un mito fundacional de la identidad boricua basado en la idea de que en Puerto Rico hay una democracia racial, según la cual los puertorriqueños son producto del mestizaje entre indígenas taínos, españoles y africanos, lo que supuestamente evita los conflictos raciales que en Estados Unidos casi han derivado en guerra civil. Las élites blancas boricuas comparten un supremacismo similar al estadounidense y vinculan su ascendencia blanca a los españoles en lugar de a los anglosajones. Argumentan que el mestizaje en la isla hace que la convivencia racial en Puerto Rico sea más armoniosa que en Estados Unidos, al igual que en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, esta narrativa oculta el racismo estructural que persiste en la isla, ya que el racismo se asocia con la política racial de Estados Unidos y lo considera un problema ajeno a PR. Esta percepción silencia las discusiones sobre el racismo contra las personas negras en Puerto Rico, a pesar de que prácticas como el perfilamiento racial ocurren y se hacen igual que en Estados Unidos.
La distribución geográfica de la población está marcada por su origen. En la costa, predominan las comunidades negras, herederas de las plantaciones esclavistas; en las zonas medias y rurales, la población es mayoritariamente mestiza; las urbanizaciones (zonas residenciales) están habitadas por blancos, mientras que los caseríos (unidades habitacionales de interés social) y los barrios (colonial de clase media y baja) son ocupados por personas mestizas y afrodescendientes. Esta división espacial de la raza fue impuesta desde el colonialismo español y estadounidense, y se acentuó con la llegada del neoliberalismo y la guerra contra las drogas. Los boricuas se racializan según el espacio que ocupan, y en las áreas urbanas pobres se asocia a las personas con estereotipos negativos vinculados a la negritud, como la violencia y la hipersexualidad. Existe una intersección entre espacio y clase social, lo cual hace que el racismo nunca se mencione directamente en discusiones sobre raza y se perpetúe la idea de que los afrodescendientes son diferentes o excepcionales dentro de la mayoría mestiza (LeBrón, 2019; Rivera-Rideau, 2015).
En este contexto, la seguridad y el poder punitivo también están racializados, pues se despliegan para contener los “peligros” raciales y de clase, mientras que se protegen los espacios asociados con la blanquitud. Esto fue particularmente evidente en la década de los noventa, durante la reestructuración económica neoliberal. La vigilancia policiaca se convirtió en una herramienta para gestionar los efectos negativos de los programas de ajuste estructural, y se focalizó en las poblaciones racializadas y marginadas, a quienes se les culpaba de generar inseguridad social debido a una supuesta cultura patológica y a las condiciones de vida en la vivienda subsidiada. Se aprobaron leyes para proteger con rejas los barrios adinerados, mientras que se llevaban a cabo redadas en caseríos y barrios. Estas operaciones apuntaban directamente a los jóvenes estigmatizados como pobres, peligrosos, violentos y negros. Durante los allanamientos, se registraron numerosos abusos sexuales que resultaron en embarazos de adolescentes, y aumentó el número de homicidios, especialmente en municipios como Carolina, considerada la cuna del reggaetón (LeBrón, 2019; Rivera-Rideau, 2015).
La criminalización racial en Puerto Rico no puede entenderse sin hacer referencia a las experiencias de marginalización racial en Estados Unidos, especialmente a partir de la década de los ochenta. En ese periodo, la política de “cero tolerancia” y la “guerra contra las drogas” implementadas por la administración de Ronald Reagan tuvieron un impacto devastador en las comunidades negras y latinas de las principales ciudades estadounidenses. En ciudades como Los Ángeles, el desmedido aumento de la presencia policial en barrios de minorías, acompañado de prácticas de perfilamiento racial, condujo a una sensación de opresión entre los jóvenes de estos barrios, quienes se convirtieron en el blanco de políticas represivas, inspiradas en la teoría de “las ventanas rotas” (LeBrón, 2019; Rivera-Rideau, 2015).
La teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George L. Kelling (1982), sostiene que el desorden en los espacios urbanos, como los grafitis o las ventanas rotas, puede conducir a un aumento del crimen. Bajo esta teoría, el crimen es visto como una consecuencia directa del desorden social y urbano, lo que justifica el aumento de la vigilancia y la intervención policial. En la práctica, esta teoría resultó en políticas de “cero tolerancia” que intensificaron la vigilancia policial en comunidades negras y latinas de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Bajo el capitalismo neoliberal, esta gobernanza punitiva ha servido para contener los efectos sociales de la desigualdad económica y racial.
Según LeBrón (2017, 2019), la criminalización de afroamericanos en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles durante los años ochenta y noventa, estableció paralelismos claros con la experiencia puertorriqueña. El perfilamiento racial y las políticas de cero tolerancia derivadas de la teoría de las ventanas rotas exacerbaron las tensiones raciales que culminaron en los disturbios de Los Ángeles de 1992. En este contexto, surgieron grupos musicales como N.W.A., que mediante sus letras abordaban temas como la brutalidad policial, el racismo institucional y la lucha por la supervivencia en un sistema que les negaba oportunidades socioeconómicas. Canciones como “Fuck the Police” no solo denunciaban la violencia policial, sino que también cuestionaban el racismo institucional y el sistema económico que mantenía a estos barrios bajo control. La relevancia de este movimiento radica en su capacidad para dar voz a los jóvenes, al mismo tiempo que rompía los estigmas impuestos sobre las comunidades marginalizadas. Este fenómeno fue una forma de resistencia cultural y política, donde la música se convirtió en un medio para denunciar la violencia sistemática y la desigualdad racial.
En Puerto Rico, estas políticas fueron adoptadas en los noventa. Durante esa década, Puerto Rico experimentó un fuerte auge en las políticas de seguridad pública impulsadas por la administración de Estados Unidos y el gobierno local, dentro del marco de la llamada guerra contra las drogas. Estas políticas incluyeron la implementación de políticas contra la presencia de pequeños desórdenes sociales en los espacios públicos, como el consumo de drogas en la vía pública o el vandalismo, ya que podían contribuir a un aumento generalizado del crimen. Bajo este marco, el Estado comenzó a aplicar estrategias de control más agresivas en los barrios marginales y los caseríos, donde se concentraban las poblaciones más vulnerables, racializadas y empobrecidas (LeBrón, 2017, 2019).
La criminalización de jóvenes pobres y racializados, especialmente aquellos de origen afrodescendiente o mestizo, se convirtió en una parte integral del tejido social en Puerto Rico. La policía comenzó a enfocarse en las zonas de mayor concentración de pobreza y en aquellos sectores donde el reggaetón y otras formas de música urbana comenzaron a proliferar, como Carolina, Loiza y Río Piedras, que están en la periferia y zona metropolitana de San Juan. Estas políticas de criminalización no solo reflejaron un intento de control social, sino que también posicionaron a la juventud marginalizada en un estado de vulnerabilidad constante. La figura del “sospechoso” se convirtió en una construcción social y racial en la que el acceso a ciertos espacios urbanos y comportamientos se definía a través de la vigilancia racializada. De este modo, el reggaetón y sus artistas se vieron, desde sus inicios, como un blanco natural de la censura y la represión cultural, ya que la música era vista como un reflejo de la amenaza que representaba el cuerpo negro y juvenil en esos contextos (LeBrón, 2017, 2019).
La vigilancia policiaca en Puerto Rico se intensificó con la creación de unidades especializadas en patrullaje y la militarización de las fuerzas policiales. Se buscaba sofocar la delincuencia en zonas pobres y tuvo un impacto especialmente negativo sobre las comunidades de jóvenes negros y mestizos, quienes fueron etiquetados como los principales “generadores de inseguridad social”. En lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza, estas políticas de “cero tolerancia” centraron la atención en la criminalización de las personas y las comunidades, especialmente los jóvenes de las zonas más marginadas, y las asociaron con la cultura del crimen y la violencia (LeBrón, 2017, 2019).
Los caseríos en Puerto Rico, inicialmente establecidos como soluciones de vivienda pública para los sectores más pobres, se convirtieron rápidamente en símbolos de marginalidad y segregación. Estas comunidades, en su mayoría habitadas por personas de origen afrodescendiente y mestizo, fueron cada vez más estigmatizadas por el discurso oficial como focos de violencia, delincuencia y drogas. A lo largo de los años, los caseríos se transformaron en espacios de vigilancia constante, donde la presencia policial se volvió una característica fundamental de la vida cotidiana. Esta criminalización no se limitó a las acciones explícitas de la policía. La percepción de los caseríos como lugares de peligrosidad y de “conductas delictivas” fue absorbida por los medios de comunicación y por las políticas públicas, que comenzaron a asociar estos lugares con la pobreza y la negritud. El “perfil racial” de los residentes de los caseríos fue marcado por estereotipos que los vinculaban con la violencia y el narcotráfico, lo cual alimentó una imagen negativa y deshumanizada (LeBrón, 2017, 2019).
El aumento de la presencia policial en los barrios marginales de Puerto Rico no condujo a una disminución de la violencia, sino que exacerbó los problemas de seguridad. Durante las intervenciones policiales masivas, los residentes de los caseríos vivieron situaciones de abuso de poder, incluyendo allanamientos ilegales y violencia física por parte de los agentes. En muchos casos, las detenciones fueron arbitrarias y basadas en la pertenencia a un grupo racial o social estigmatizado, y las represalias por parte de las fuerzas de seguridad incrementaron el clima de tensión en estas comunidades (LeBrón, 2017, 2019).
El reggaetón como resistencia en PR y más allá
En este contexto surgió el trap boricua, un género musical que incorporó ritmos caribeños como el reggae y el dancehall en español. Se desarrolló como una forma de expresión y resistencia frente a las desigualdades económicas y raciales perpetuadas por el sistema colonial y neoliberal, así como frente a las políticas punitivistas y criminalizadoras que se usaron para abordarlas. Surgieron figuras como los “bichotes”, que eran los capos que suplían las deficiencias del Estado, similares a Pablo Escobar en Medellín. Se difundió la idea de que la cultura del narco se había fusionado con las de las comunidades de los caseríos, lo que se reflejaba en el rap y el reggaetón. La existencia de estas figuras mostró el colapso del sistema estatal para proveer servicios básicos a las comunidades marginadas. A falta de un Estado de bienestar que resolviera las necesidades básicas de estas poblaciones, los jóvenes de los caseríos vieron en el narcotráfico una vía para mejorar su situación económica y encontrar un lugar dentro de un sistema social que los había excluido. Esta economía paralela se entrelazó con la música urbana, ya que muchos reggaetoneros y raperos también provenían de estos barrios y, a menudo, utilizaron la música como una forma de escape y de denuncia frente a las condiciones de vida que enfrentaban (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
Los raperos, muchos de ellos vinculados a la migración circular y la diáspora, encontraron en la música una vía de escape y una fuente de ingresos en una sociedad con escasas oportunidades laborales. La industria musical y el narcotráfico se convirtieron en alternativas económicas para los jóvenes en un contexto de desempleo e incertidumbre. Aunque no eran siempre ni necesariamente lo mismo, la industria de la música y el narcotráfico se entrecruzaron, afectaron a las mismas personas y generaron una economía informal. Sin acceso a medios legales de distribución de sus discos, los artistas recurrían a los narcotraficantes para vender sus casetes, que grababan en departamentos de los caseríos. Estos casetes se comerciaban en puntos de venta de droga, y las letras, que hablaban de drogas, policía y vida en los barrios marginales, fueron utilizadas por las autoridades para estigmatizar el género. La música underground, especialmente el reggaetón y el rap, se convirtió en un problema de seguridad pública, y en 1995 se realizaron redadas en tiendas de discos para confiscar cientos de copias y arrestar a vendedores que eran inmediatamente liberados por ser este tipo de detención una medida inconstitucional (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
El perfilamiento racial se intensificó y se arrestaba a cualquiera que tuviera el look de rapero o reggaetonero. Se les confiscaban los casetes que trajeran en sus autos y les revisaban las mochilas en las escuelas en busca de drogas y casetes. Estas prácticas afectaron principalmente a jóvenes pobres, afrodescendientes y de clase media, lo que perpetuó la marginalización y la criminalización de estas comunidades. La música, que inicialmente era una forma de expresión y resistencia, se convirtió en un blanco de las autoridades que buscaban controlar no solo el narcotráfico, sino también las narrativas que surgían desde los márgenes de la sociedad. Así, la vigilancia policiaca en los noventa no solo gestionó los efectos de la reestructuración económica, sino que también reforzó las estructuras raciales y de clase que habían definido la historia de Puerto Rico (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
El reggaetón, que comenzó como forma de resitencia para los jóvenes marginados, se convirtió en un blanco de las políticas represivas del Estado. Las letras que abordaban temas como la pobreza, la violencia policial y el narcotráfico fueron interpretadas como una amenaza, lo que llevó a intentos de prohibición y control. Sin embargo, estas medidas no solo fracasaron en su objetivo de erradicar el género, sino que también reforzaron las estructuras raciales y de clase que históricamente habían marginado a las comunidades negras y pobres en Puerto Rico. Así, en los noventa la vigilancia policiaca profundizó las desigualdades y la criminalización de las poblaciones más vulnerables, lo cual estableció un ciclo de exclusión y violencia (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
De esta forma, el reggaetón surgió a finales de los noventa en Puerto Rico, en un contexto social marcado por la pobreza, la marginalidad y la exclusión, y adoptó una estética sonora y lírica que abordaba temas de lucha, supervivencia y la realidad de las comunidades urbanas. Sin embargo, fue precisamente esta estética la que lo convirtió en un objeto de criminalización cultural. Los sectores más conservadores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación y las élites políticas, asociaron el reggaetón con la delincuencia y el desorden social, lo que estigmatizó a los jóvenes que lo consumían y producían. La criminalización cultural del reggaetón no fue solo un fenómeno mediático, sino también una estrategia política. El género fue vinculado con la “peligrosidad” de las clases populares y especialmente con las personas afrodescendientes. Los reggaetoneros, que en su mayoría provenían de barrios marginados de Puerto Rico, eran etiquetados como promotores de la violencia y la “decadencia moral”. Este enfoque reflejaba una mentalidad paternalista y colonial en la que las manifestaciones culturales de las clases subalternas eran vistas como una amenaza para el orden establecido (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
En sus inicios, el reggaetón era distribuido en casetes vendidos en puntos de droga, lo que reforzó la asociación entre la música y la criminalidad. Canciones como “Señor Oficial” de Eddie Dee expresaban la realidad de la persecución policial, mientras que otros artistas utilizaban el género para criticar las condiciones de vida en los caseríos. Las autoridades utilizaron el reggaetón como chivo expiatorio, asociándolo con la delincuencia y la cultura narcótica. Redadas en tiendas de discos y confiscaciones de casetes ilustran cómo el reggaetón fue tratado como una amenaza a la seguridad pública. Esta criminalización tuvo un componente claramente racial, ya que los jóvenes negros y pobres, identificados como raperos o reggaetoneros, eran blanco de estas medidas (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la criminalización cultural del reggaetón. A través de la cobertura sensacionalista, se promovió la idea de que el reggaetón era un género musical peligroso, vinculado al crimen y a las conductas antisociales. En muchos casos, los medios amplificaron los estereotipos de los reggaetoneros como figuras desadaptadas, de modo que reforzaron el vínculo entre la pobreza, la negritud y la criminalidad. Este estigma fue especialmente fuerte en los primeros años del siglo XXI, cuando artistas como Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón comenzaron a alcanzar notoriedad internacional. Los medios, tanto locales como internacionales, presentaban sus letras como promotoras de la violencia y el consumo de drogas, a menudo ignorando el contexto social y las realidades que inspiraban esas canciones. De esta manera, el reggaetón fue asociado con una imagen negativa; se construyó una narrativa que deslegitimaba su valor artístico y cultural. Sin embargo, el reggaetón, al igual que otras formas de música popular, actuó como un reflejo de las tensiones sociales y como un espacio donde la juventud negra y mestiza de Puerto Rico pudo expresar su frustración y deseos de cambio (LeBrón, 2011; Rivera-Rideau, 2015).
Rivera-Rideau (2015) dice que, mientras que el rap emergió como una respuesta a la criminalización de la pobreza, el reggaetón se posicionó como una resistencia cultural frente al imperialismo cultural de Estados Unidos. Al incorporar ritmos caribeños como la bomba, el dancehall y el reggae, el reggaetón resistió la homogenización cultural de lo urbano, y así reafirmó una identidad sonora propia que desafía la dominación cultural externa. Esta resistencia no implicó un regreso a una negritud africana idealizada, sino la reivindicación de la negritud boricua, una identidad que es producto de la diáspora y de la segregación espacial de los cuerpos racializados en la isla.
El reggaetón, por tanto, no solo es un género musical, sino también una expresión cultural que refleja las realidades de las comunidades marginadas en Puerto Rico. A través de su música, los artistas reivindican una identidad que está profundamente marcada por la experiencia de la diáspora, la racialización y la exclusión espacial. Esta representación de la negritud boricua, lejos de ser una simple imitación de influencias externas, es una afirmación de una identidad local y caribeña que resiste tanto al imperialismo cultural como a las estructuras de poder que perpetúan la marginalización de las comunidades negras y pobres en la isla. Así, el reggaetón se convierte en un espacio de lucha y reafirmación cultural, donde la música no solo entretiene, sino que también denuncia, resiste y construye identidad.
Con su migración a otros países de Latinoamérica, el reggaetón ha sido una forma de expresión de los jóvenes criminalizados y sometidos a violencia. Ocurrió en Colombia, donde la juventud paisa encontró una forma de protestar la creciente vigilancia policiaca, criminalización y opresión del Estado en las comunas de Medellín. Sin embargo, el reggaetón se industrializó y se volvió mainstream muy rápido. En México los jóvenes que oyen reggaetón han sido criminalizados también a través de los “combos”, tribus urbanas que surgen en las zonas metropolitanas y periferias, caracterizadas por su afinidad hacia el reggaetón y su asistencia a los sonideros. Estas agrupaciones están fuertemente vinculadas a la subjetividad racializada del “chaka”, un término que describe a jóvenes de barrios marginales y periferias, morenos, que comparten códigos específicos de vestimenta, música y rituales religiosos, y que son sistemáticamente criminalizados (Frere Affani, 2021; González, 2014).
En este contexto, parecido a la homologación del rapero y el reggaetonero con el gánster en PR, se establece una identificación casi absoluta entre el “chaka” y el reggaetón: todo “chaka” escucha reggaetón, y todo reggaetonero es percibido como un “chaka”. Esta asociación refuerza la estigmatización de ambos, ya que la figura del “chaka” está cargada de estereotipos negativos que lo vinculan con el consumo de drogas (usuarios de mona, devoción a San Judas Tadeo y una estética particular que incluye ropa clon de diseñador, tenis Jordan y el uso de mariconeras). Además, se proyecta una imagen hipersexualizada, especialmente sobre las mujeres, quienes también son descritas con cejas diseñadas y maquillaje llamativo. Esta estética del “chaka” se equipara con la del reggaetonero, lo que consolida una figura criminalizada que se asocia automáticamente con el tráfico o consumo de drogas, el asalto y otras actividades delictivas. Las mujeres que forman parte de esta subcultura también son objeto de estereotipos negativos, pues son retratadas como madres solteras de sexualidad desbordada, sometidas y tontas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: estas mujeres jóvenes, al igual que cualquier otra, muestran una evidente autonomía sexual y seguridad en su cuerpo, además de adoptar elementos afirmativos de la identidad “chaka”, como su código de moda particular (Frere Affani, 2021; González, 2014).
Los “chakas” provienen principalmente de colonias y municipios populares y precarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde el reggaetón se convierte en una expresión cultural y una forma de identidad. Espacios como Ecatepec, Naucalpan, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl son emblemáticos de esta cultura. Sin embargo, no solo la estética de los “chakas” genera rechazo, sino también la música que escuchan y la forma en que la bailan. Esta última, en particular, ha sido objeto de una deshumanización que llega al extremo de abrir la posibilidad, incluso en tono de broma, de exigir medidas eugenésicas, como la esterilización, para “evitar su reproducción”. Este discurso refleja la profundidad del prejuicio y la discriminación hacia esta subcultura, que es vista no solo como marginal, sino como una amenaza social que debe ser controlada o erradicada (Frere Affani, 2021; González, 2014).
Conclusión
El perfilamiento racial en Puerto Rico ha jugado un papel crucial en la criminalización de las comunidades racializadas y en la creación de una narrativa de “peligrosidad” asociada a los barrios marginales. Esta política ha perpetuado las desigualdades raciales y sociales, mientras que ha utilizado la música urbana como un chivo expiatorio para justificar su control. La relación entre las políticas de seguridad y el reggaetón es una clara manifestación de cómo el racismo estructural y el control social se entrelazan donde la música como forma de expresión cultural se convierte en un vehículo tanto de resistencia como de criminalización.
Desde sus inicios, el reggaetón reflejó las tensiones sociales y raciales en Puerto Rico, y se convirtió en una plataforma para las voces de las comunidades que habían sido ignoradas por el Estado. A medida que el género creció, también lo hicieron las disputas sobre su legitimidad cultural, con el blanqueamiento y la comercialización del reggaetón como un fenómeno global que diluye sus raíces contestatarias y críticas. Sin embargo, en su forma más auténtica, el reggaetón sigue siendo un testimonio de la resistencia cultural frente a la criminalización y el racismo sistémico.
La relación entre el reggaetón, la racialización y la criminalización en Puerto Rico es un claro ejemplo de cómo la música puede ser utilizada como un medio para resistir y, al mismo tiempo, cómo las estructuras de poder pueden apropiarse de ella para fines comerciales y de control social. Desde su nacimiento en los barrios marginados de la isla, el reggaetón fue una respuesta a las realidades de pobreza, racismo y violencia estructural. A pesar de la criminalización cultural a la que fue sometido, el reggaetón ha logrado trascender estas barreras, convirtiéndose en un fenómeno global.
