2014-2022: destellos y oscuridades en los caminos hacia una nueva Constitución

El vacío político-comunicacional en el que cae el PCAC una vez finalizados los ELA y Cabildos deja una sensación de frustración en quienes los impulsaron y/o participaron en ellos. En el Gobierno que sigue a Michelle Bachelet, liderado por Sebastián Piñera, no tiene ninguna cabida el tema constitucional y la sensación que prevalece entre sus impulsores, es que no se avizora posibilidad de reactivarlo en los próximos años: “Tendría que haber una crisis grande para replantear el tema constitucional, el momento se perdió” afirma Manuel Antonio Garretón hacia fines del 2018 (Garretón en entrevista personal del 20/12/2018). Las probabilidades de reposicionar el tema en la agenda pública se vincularían también con la red de actores disponibles a hacerlo.

En octubre de 2019 las acciones de un grupo de estudiantes secundarios llamando a evadir el pasaje en protesta por el alza del transporte público detona un conjunto heterogéneo de demandas, protestas, enfrentamientos y movilizaciones en todo el país que, por sus dimensiones, tiene impacto internacional. Chile es noticia en el mundo por el estallido de múltiples reclamos masivos vinculados, fundamentalmente, con la desigualdad. El Gobierno declara toque de queda el 19 de octubre de 2019; las fuerzas de seguridad responden con formas de represión que remiten a tiempos de la dictadura por las violaciones a los derechos humanos constatadas desde diversos organismos nacionales e internacionales. En el marco de esta explosión social se instala, como una de las principales demandas, una nueva Constitución para Chile. Ya en la primera semana de las protestas se organizan convocatorias impulsadas, en general, por quienes tenían ya un compromiso activo con el tema y el hashtag #NuevaConstituciónparaChile es tendencia en redes sociales en reiteradas oportunidades. Proliferan cabildos ciudadanos en los más variados espacios: organizaciones vecinales, universidades, clubes de fútbol, agrupaciones políticas, centros culturales. Algunos de los temas que allí se tratan apuntan al origen del malestar ciudadano, a las oportunidades que ofrece la movilización nacional y a la necesidad de una Asamblea Constituyente para impulsar cambios en Chile. Tras tres semanas de protestas masivas, múltiples hechos de violencia e intervenciones de diversos organismos internacionales por denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el Gobierno anuncia de manera muy ambigua un proceso para una Nueva Constitución, sin embargo, su primera propuesta apunta a dejar en manos del Congreso su elaboración. Mientras, continúan las protestas y la escalada de violencia parece escapar a cualquier control. Finalmente, en la madrugada del 17 de noviembre, a las 2:30 de la madrugada, el presidente del Senado anuncia la firma del “Acuerdo por la paz y por una Nueva Constitución” suscrito por once partidos políticos del oficialismo y de la oposición que prevé la convocatoria del Gobierno y del Congreso Nacional a un Plebiscito Nacional el 26 de abril de 2020 que planteará dos preguntas a electoras y electores: 1) ¿Quiere usted una Nueva Constitución?, con dos respuestas posibles: “apruebo”, “rechazo”; y 2) ¿Qué órgano debiera redactar la Nueva Constitución?, con las alternativas: a) convención mixta constitucional; b) convención constitucional. “Convención mixta constitucional” implica que está conformada en partes iguales por integrantes del actual Congreso (50%) y personas electas por la ciudadanía (50%); en tanto que la opción “convención constitucional” indica que esta instancia estará compuesta por un 100% de personas electas por la ciudadanía.

En el transcurso de 2020, las encuestas que circulan públicamente indican amplio interés en participar en el plebiscito previsto inicialmente para el 26 de abril, pero que queda postergado para el 25 de octubre de 2020 por la pandemia covid-19. El apoyo mayoritario a una Nueva Constitución no es reciente —como se consigna en distintos capítulos de este trabajo-, lo novedoso es el cambio a nivel de elites y dirigencias políticas. Si en el Gobierno de Michelle Bachelet la oposición rechazaba en bloque una Nueva Constitución, en 2020, al menos la mitad del gabinete de Sebastián Piñera la apoya, como así también varios alcaldes de partidos de la derecha política en grandes comunas de Santiago.

El 25 de octubre de 2020 se lleva a cabo el plebiscito que incluye las dos preguntas acordadas en noviembre de 2019. Con una participación electoral del 50,9% el resultado de la votación asombra al país: un 78% se inclina por el “Apruebo” y un 79% prefiere una Convención Constitucional conformada íntegramente por personas elegidas desde la ciudadanía, sin intervención del Congreso.

La Convención Constitucional

El órgano encargado de redactar la Nueva Constitución estuvo integrado por 155 convencionales, compuesta de forma paritaria entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para pueblos originarios. Funcionó desde el 4 de julio de 2021, hasta el 4 de julio de 2022 y culminó en un plebiscito realizado el 4 de septiembre de 2022 destinado a aprobar o rechazar el texto de la Nueva Constitución. La opción “Rechazo” se impuso con el 61,86% de la votación (7.882.238 votos) frente a un 38,14 % de la alternativa “Apruebo” (4.859.039 votos). Aunque todas las encuestas anticipaban un triunfo del Rechazo, resultó sorprendente la diferencia de más de 20 puntos entre ambas opciones.

La complejidad del proceso hace que todo análisis resulte, hacia fines del año 2022, precoz e incompleto. Sin embargo, el hecho de haber realizado esta investigación, hace que su autora no pueda eximirse de señalar algunos factores que podrían haber incidido en el fallido proceso. Entre ellos, es posible destacar:

• El cambio de voto voluntario a voto obligatorio: en el plebiscito de salida del 4/9/2022 votó un 85,7% del padrón total de 15.173.857 electores, frente al 50,9% del padrón que había votado en el plebiscito de entrada, el 25/10/2020. Se trata de más de 5 millones de votantes “nuevos”, cuyo comportamiento electoral resulta aún desconocido e impredecible.
• Vinculado con el punto anterior, en el contexto de una larga crisis de representación política, nuevas fuerzas neoconservadoras irrumpen en la política institucionalizada. Desde 2021, fuerzas políticas vinculadas con sectores de ultraderecha (republicanos) o “antipolítica” (Partido de la Gente) llegan al Congreso y aumentan su influencia.
• Las propuestas de la Nueva Constitución implicaban redistribución de poder político y económico. La resistencia desde sectores cuyos intereses podrían verse afectados se plasmaron en reacciones corporativas (ej. Senado) y campañas feroces contra la Convención.
• La disputa por los sentidos, corazón de la comunicación política, se inscribió en un clima mundial y nacional de temores e incertidumbres. La campaña del Rechazo supo tocar eficazmente cuerdas sensibles y aprovechar estrategias de desinformación, entre las cuales la supuesta amenaza a la propiedad de la vivienda fue uno de sus mensajes más eficaces.
• Disparidad de códigos. A diferencia de las instituciones políticas tradicionales de Chile, como el Congreso, la Convención integró un amplísimo espectro de actores, habitualmente excluidos de instancias políticas formales. La disparidad de códigos, en sentido amplio, no sólo afectó la puesta en común al interior de la Convención, sino, fundamentalmente, la puesta en común con la ciudadanía, muy crítica hacia actores políticos tradicionales pero, a la vez, poco tolerante hacia formas y manifestaciones de outsiders.
• En la relación entre Convención y opinión pública, mediada fundamentalmente por medios masivos de comunicación, primaron criterios de espectacularización de la política por sobre la transmisión de contenidos. Propuestas maximalistas que no prosperaron, tuvieron gran cobertura televisiva, frente a otras consensuadas y aprobadas. Esto desacreditó constantemente el trabajo de convencionales.
• Los equipos institucionales a cargo de la comunicación de la Convención Constitucional en su conjunto estuvieron atravesados por conflictos, cambios de dirección y enfoques equívocos. Carentes de estrategia y con considerable presupuesto a disposición, en la etapa final se limitaron a la producción de materiales de difusión, dejando vacantes otras dimensiones comunicacionales.
• Last but not least, y tan insoslayables como poco conocidas, las condiciones de trabajo de la Convención, estuvieron marcadas por la precariedad y presión extremas: infraestructura deficiente para 155 convencionales y equipos, apiñados en contexto de pandemia, bajo la presión de plazos que implicaron trabajar siete días a la semana, a menudo, en trasnoche. Estas condiciones estuvieron en tensión constante con la necesidad de ampliar y mejorar espacios de conversación hacia la ciudadanía y también entre convencionales.

En todo caso, la divisoria de aguas en la política chilena que se da en torno al clivaje derecha/izquierda no solo no fue superado durante el proceso constituyente, sino que renovó su vigencia.

Hacia fines del año 2022 predomina la sensación de incertidumbre respecto de cómo podría avanzar el nuevo proceso constituyente. Los partidos de las dos coaliciones que sustentan al Gobierno (Frente Amplio y Socialismo Democrático) y gran parte de la oposición Chile Vamos (Evópoli, RN y la UDI) trabajan en una propuesta para una próxima convención, aunque con grandes discrepancias, por empezar, acerca de la composición de un nuevo órgano redactor y del sistema electoral a implementar.

Los fantasmas de la dictadura cívico militar que aún sobrevuelan entre una ciudadanía que ha perdido las confianzas y una institucionalidad entrampada desde 1980 aun no asisten a su hora final.

                         

Santiago de Chile, noviembre de 2022