Desde los años 90, la posibilidad de cambiar la Constitución de Chile concita apoyo mayoritario en la opinión pública según lo indican distintos estudios. El análisis de la opinión pública conlleva dos tipos de fuentes. Para indagar la perspectiva de la opinión pública sobre un cambio constitucional en el período 1990-2013 y, en particular, su evolución 2013-2016, se recurre a fuentes secundarias como informes y encuestas de opinión que cumplan con, mínimo, dos requerimientos: que su cobertura sea de nivel nacional y que sus bases de datos sean de acceso público. En segundo lugar, para analizar la opinión pública en el contexto específico del PCAC y su percepción y actitud frente a los ELA, se emplea una encuesta propia desarrollada por la Fundación Chile 21 y Criteria Research en octubre y en diciembre de 2015, de la que la autora de esta investigación es corresponsable del diseño metodológico, elaboración del cuestionario e interpretación de los datos.

Desde la perspectiva metodológica, el estudio de esta dimensión —la opinión pública— es la única que recurre a métodos cuantitativos de investigación.

1. El cambio constitucional en Chile en la mirada de la opinión pública entre 1990 y 2016

La adhesión a la idea de una nueva Constitución va más allá de personas y referentes vinculados con determinados sectores políticos y se extiende hacia la mayoría de la ciudadanía según lo revelan estudios de opinión desde los años 90en adelante. A continuación, se analizan los resultados de encuestas de opinión realizadas entre 1990 y 2016 fundamentalmente en torno a un cambio constitucional y mecanismos para la elaboración de una nueva Constitución.

1.1. Período 1990-2013

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llevó a cabo un estudio que se propone trazar la trayectoria temporal del debate constitucional desde el enfoque de la opinión pública. Para ello analiza la demanda de cambio constitucional mediante el estudio de diversas encuestas de opinión desde el retorno a la democracia en 1990 hasta 2013. Los principales temas de indagación giran en torno al apoyo a eventuales modificaciones de la Constitución, la importancia asignada a estos cambios, la adhesión a distintos mecanismos en discusión para impulsarlos y, en particular, la conveniencia de optar por una asamblea constituyente. El informe no pretende ser exhaustivo en relación a la opinión ciudadana sobre el cambio constitucional en Chile, sino una aproximación desde el análisis de los resultados de diversas encuestas de opinión que sondearon apreciaciones de la ciudadanía sobre la Constitución y sus modificaciones. Cabe destacar que recién en la última década se distingue “nueva Constitución” de “reforma constitucional”, lo que no necesariamente significa que, con anterioridad, no haya existido acuerdo con la primera opción. El informe del PNUD (2015) asume que, para las personas, ambos fenómenos son similares, por lo que el análisis combina preguntas referidas a uno y a otro concepto. El estudio distingue dos fases: 1990-2010 y 2011-2013. Durante los primeros veinte años posteriores al retorno a la democracia, “la poca evidencia existente indica que la mayoría de la población apoyó la introducción de modificaciones en la Constitución, no obstante, no fue considerado un tema urgente” sobre todo para quienes se sentían más ajenos al sistema político (PNUD, 2015, p. 74). A partir del ciclo de movilizaciones del año 2011 —impulsadas por movimientos ambientalistas en un primer momento, y luego, por agrupaciones estudiantiles‒ el cambio constitucional se volvió un tema importante en el debate político recibiendo apoyo masivo y transversal.

Fase 1990-2010. Diversos estudios sondean aspectos puntuales por reformar en la Constitución; relativamente pocos apuntaron al cambio constitucional en general. Entre ellos se cuentan los realizados por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), que ha preguntado periódicamente sobre la conveniencia de realizar reformas en la Constitución. Aunque la consulta no ha sido regular, y las variaciones de fraseo^[1] y de categorías de respuesta asociadas no las hace estrictamente comparables, resulta evidente que una amplia mayoría de entrevistados se inclina por reformar la Constitución.

Figura 2. Opinión respecto de la Reforma a la Constitución, 1995-2011

Fuente: PNUD (2015), sobre la base de Encuesta CERC, 1995-2011.

Por su parte, el Centro de Estudios Públicos (CEP) pregunta por primera vez en noviembre de 1995 por la pertinencia de mantener la Constitución o efectuar reformas profundas en ella, y registra un 66% a favor de la realización de reformas de gran envergadura. A su vez, desde 1996 hasta 2005 la reforma constitucional fue incluida como una de las alternativas de respuesta frente a la pregunta de los principales problemas del país y en ninguna medición superó el 6% de las menciones; no obstante, esto no contradice lo señalado respecto del apoyo mayoritario a reformas sustantivas. En este sentido, el informe del PNUD releva la importancia de registrar la diferencia entre estar de acuerdo con un cambio constitucional y considerar que este sea uno de los temas prioritarios en la agenda pública y/o en las preocupaciones ciudadanas, aspecto al que se hace referencia como “intensidad de la opinión” (Long, 1997, como se citó en PNUD, 2015). Durante varios años, las reformas constitucionales se ubicaron sustantivamente por debajo de otras demandas como el combate a la delincuencia, el desempleo o la salud en términos de prioridades de la ciudadanía (PNUD, 2015). Esta distinción resulta de considerable importancia ya que, en diversas ocasiones a lo largo de los años, desde sectores que se oponen a una nueva Constitución, se argumenta que la cuestión constitucional no resultaría relevante ni de interés para la ciudadanía, respaldando tales afirmaciones con diversas encuestas, sin precisar el aspecto específico que relevan los estudios a los que se hace referencia.

Con respecto a estudios de opinión que sondeen preferencias por mecanismos de reforma constitucional antes del año 2011, el único antecedente que registra el PNUD es la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2009 de la Universidad Diego Portales. Según sus resultados, más de la mitad de las personas entrevistadas (54,6%) considera que las autoridades deberían optar por un plebiscito para aprobar una nueva Constitución, frente a quienes se inclinan por una comisión de expertos (37,3%).

Figura 3. Mecanismo para aprobar una nueva Constitución
Si las autoridades tuvieran que decidir entre consultar directamente a la ciudadanía (hacer un plebiscito) o convocar a un grupo de expertos para decidir, según su opinión, ¿qué deberían hacer en los siguientes casos…? (caso “aprobar una nueva Constitución”)

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de la Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP, 2009.

Fase 2011-2013. A partir del año 2011, los estudios dirigidos a relevar la percepción de la opinión pública sobre la posibilidad de un cambio constitucional, aumentan sustantivamente. El informe del PNUD (2015) selecciona solo encuestas que publican sus bases de datos y, según lo indica, para el período en cuestión, los únicos que cumplirían con tal requisito serían el Barómetro de las Américas de Opinión Pública (2012), parte del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) elaborado por Vanderbilt University y la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Encuesta Nacional de Opinión Pública (2013) de la Universidad Diego Portales; el Estudio Nacional de Opinión Pública N.° 41 septiembre-octubre de 2012 del CEP y la Encuesta de Desarrollo Humano (2013) del PNUD. El análisis de resultados refleja que, en especial, desde 2011 la mayor parte de las personas entrevistadas apoya la idea de un cambio constitucional, no obstante, no le asigna prioridad política al tema, frente a otros como “el combate a la delincuencia” y cambios al sistema educacional. Al mismo tiempo, la mayoría considera que el diseño de una nueva Constitución le compete a la ciudadanía, lo que se refleja en el apoyo a opciones como una asamblea constituyente (PNUD, 2015, pp. 18-19).

Tal como ocurre en el período 1990-2010 descrito anteriormente, aunque los resultados de las distintas encuestas apuntan en sentido similar, no son estrictamente comparables, entre otras razones porque formulan diferentes preguntas para evaluar el apoyo frente a un cambio constitucional. Así, el Barómetro de las Américas de LAPOP apunta al grado de acuerdo con una reforma; la UDP se refiere a la importancia otorgada a un cambio constitucional, y el PNUD a la profundidad que requiere tal cambio. En el primer caso (LAPOP, 2012), los resultados indican que aproximadamente un 70% de las personas entrevistadas están de acuerdo o muy de acuerdo con una reforma a la Constitución.

Figura 4. Acuerdo con reforma constitucional
¿Cuán de acuerdo está usted con que se busque realizar una reforma constitucional?

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de LAPOP Chile, 2012.
Fuente: PNUD (2015) sobre la base de la Encuesta Nacional UDP, 2013.

La Encuesta de Desarrollo Humano constata que la mayoría de las personas entrevistadas (65,7%) considera que se requieren cambios profundos. Solo alrededor de un 5% considera que no se requieren cambios y un 8% señala no saber. Es decir, aproximadamente nueve de cada diez personas entrevistadas expresan opinión respecto de un posible cambio constitucional.

Figura 5. Percepción de necesidad de cambios a la Constitución
En los siguientes temas, ¿usted cree que se necesitan cambios profundos, cambios moderados, o no se necesitan cambios?
(tema: Constitución política)

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de la Encuesta Nacional de Desarrollo Humano, 2013.

Cabe destacar que la Encuesta de Desarrollo Humano incluye una pregunta referida a las razones para cambiar la Constitución, planteando dos alternativas que aluden a su origen en dictadura y a la vigencia de su contenido. Esta última condensa la mayor cantidad de respuestas (31,4%) aunque en porcentaje muy próximo a quienes consideran que “ambas razones son importantes” (29,9%).

Figura 6. Principal razón para cambiar la Constitución
De las siguientes razones ¿cuál es para usted la principal razón por la que hay que cambiar la Constitución política de Chile?

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de la Encuesta Nacional de Desarrollo Humano, 2013.

Factores que explican el apoyo a un cambio constitucional. Aunque, en general, el apoyo a los cambios es mayoritario y transversal, existen diferencias relevantes entre algunos grupos de la población. Al considerar factores como la edad, el sexo, el nivel educativo, el autoposicionamiento político y el interés por la política, los rasgos con mayor poder explicativo son los últimos dos. La edad marca, en general, algunas diferencias en el comportamiento de los encuestados, aunque su incidencia es mucho menor que la de otros factores. El apoyo a la introducción de reformas constitucionales crece al aumentar la edad, en tanto que los grupos más jóvenes son más favorables al uso de mecanismos de participación directa como una asamblea constituyente. El nivel educacional es estadísticamente más significativo que la edad al considerar las preferencias de las personas entrevistadas: quienes tienen mayor nivel educativo tienden a otorgar mayor importancia al tema constitucional, mostrándose más favorables a los cambios y a la realización de una asamblea constituyente. La autoidentificación ideológica tiene un fuerte impacto en estructurar el debate constitucional; de manera sistemática, quienes se identifican con la izquierda se muestran más favorables a los cambios y al involucramiento ciudadano en el proceso de modificación. Son ellos quienes apoyan en mayor medida la asamblea constituyente. No obstante, cabe contemplar que más del 40% de las personas entrevistadas no se identifica en la escala ideológica (PNUD, 2015).

Figura 7. Necesidad del cambio constitucional según identificación ideológica
En los siguientes temas, usted cree que se necesitan cambios profundos, cambios moderados, o no se necesitan cambios: la Constitución política^[2]

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de la Encuesta Nacional de Desarrollo Humano, 2013.

También existen marcadas diferencias al considerar el involucramiento político de las personas entrevistadas. El apoyo a un cambio constitucional crece a mayor interés en la política, expresado en la simpatía con partidos y/o con formas convencionales y no convencionales de participación (votación y concurrencia a protestas). El tema constitucional sigue siendo menos relevante para quienes están ajenos al sistema político (PNUD, 2015).

La potestad ciudadana en el proceso constituyente. Todas las encuestas mencionadas anteriormente consultan, de diversas formas, quién debería tener la potestad de decidir con respecto al cambio constitucional. Aunque las variaciones en las formulaciones de la pregunta y en la categorización impidan comparar resultados de los distintos sondeos, es posible reconocer preferencias mayoritarias por que sea la ciudadanía quien defina la propuesta constitucional. Así, frente a la consulta del Barómetro de LAPOP, casi un 90% se inclina porque la ciudadanía sea quien decida.

Figura 8. Mecanismos de reforma constitucional
Suponga que existen una o varias propuestas de reforma constitucional. ¿Cuál cree que es la mejor forma para elegir entre dichas reformas?

Fuente: PNUD (2015) sobre la base de LAPOP Chile, 2012.

Nuevamente se aprecian distinciones según el autoposicionamiento político: de izquierda a derecha decrece el apoyo a la decisión ciudadana directa, en cambio los mayores niveles de apoyo a la opción “Congreso” se observan entre quienes se autoposicionan en la derecha.

El Estudio Nacional de Opinión Pública (septiembre-octubre 2013) del Centro de Estudios Públicos apunta específicamente al acuerdo con la propuesta de asamblea constituyente y registra un 44,7% de acuerdo frente a un 21,5% de rechazo. Cabe destacar, no obstante, la alta proporción de no respuesta: un tercio de las personas entrevistadas (33,8%) no sabe o no responde. Los niveles de apoyo a una asamblea constituyente aumentan con el nivel educativo y entre quienes se autodefinen de izquierda (PNUD; 2015, p. 71). En general, los menos involucrados en el sistema político (quienes no votan no se identifican con partidos políticos ni dentro de la escala ideológica, no participan en protestas ni tienen interés en la política) no le dan mayor importancia y marcan altos niveles de no respuesta (PNUD, 2015).

1.2. Evolución 2013-2016

Entre 2013 y 2016, a medida que el tema gana presencia en la agenda pública, proliferan los sondeos de opinión que incluyen preguntas sobre un cambio constitucional. Pese a que siguen muy diversos criterios metodológicos, las tendencias generalizadas observadas en períodos anteriores se mantienen y/o acentúan.

La encuesta Auditoría a la Democracia del PNUD (2016) presenta una comparación de la opinión pública frente al cambio constitucional en cuanto a su importancia y a razones que lo justifican. La percepción sobre la profundidad de cambios que requiere la Constitución se mantiene constante: dos tercios de las personas entrevistadas considera que deben ser profundos.

Figura 9. Necesidad de cambios en la Constitución 2013-2016
Algunas personas plantean que en Chile es necesario hacer cambios en ámbitos específicos. Dígame, por favor, si en la Constitución se necesitan “cambios profundos”, “cambios moderados”, o “no se necesitan cambios”

Fuente: Informe Auditoría a la Democracia (PNUD, 2016).

La importancia que se le otorga al cambio de la Constitución aumenta considerablemente en el mismo período: de un 44% que lo consideraba “muy importante” en 2013, frente a un 56% en 2016. Menos de un 10% de las personas entrevistadas considera que el cambio es “poco” o “nada” importante. Cabe considerar, también, que una proporción relativamente baja de las personas encuestadas no tiene opinión frente a este tema, o prefiere omitirla: un 10% en 2013, que desciende al 7% en 2016; es decir, nueve de cada diez personas tiene una posición tomada respecto de un proceso de cambio.

Figura 10. Importancia del cambio constitucional 2013-2016
Y pensando en los desafíos de Chile, ¿qué tan importante le parece a usted cambiar la Constitución Política de Chile?

Fuente: Informe Auditoría a la Democracia (PNUD, 2016).

Otra diferencia significativa se observa en la pregunta por las razones que justifican un cambio constitucional: desciende el porcentaje de quienes apuntan a su origen en dictadura, mientras que aumenta más de 20 puntos la proporción de quienes perciben que perdió actualidad. Así, un 54% considera que los contenidos de la Constitución “no sirven para los desafíos actuales del país”. Como en el caso de otras preguntas relativas a decisiones sustantivas sobre la Constitución, es relativamente bajo el porcentaje de personas que no tienen opinión al respecto, o la omiten: solamente una de cada diez no señala razones para un cambio.

Figura 11. Razones para cambiar la Constitución, 2016
De las siguientes razones, ¿cuál es para usted la principal por la que hay que cambiar la Constitución política de Chile?

Fuente: Informe Auditoría a la Democracia (PNUD, 2016).

El mismo estudio incluye preguntas sobre el mecanismo de cambio constitucional; su formulación responde a la coyuntura del año 2016, cuando ya había propuestas gubernamentales en marcha en torno al Proceso Constituyente. Al preguntar quién debería redactar la nueva Constitución, la opción Asamblea Constituyente sigue siendo mayoritaria (43%) aunque muy próxima a la posibilidad de una convención conformada entre representantes del Congreso y de la ciudadanía (41%). Solo un 6% se inclina por una comisión parlamentaria (PNUD, 2016, p. 72). Sin embargo, al preguntar quién debería decidir entre estos tres mecanismos, un 79% considera que la potestad recae en la ciudadanía y solo un 10% se inclina porque sea el Congreso quien decida.

2. La opinión pública ante el escenario del proceso constituyente abierto a la ciudadanía (2015-2016)

A fines del año 2015, la Fundación Chile 21^[3] junto con Criteria Research lleva a cabo la encuesta Otra Mirada Ciudadana en dos oportunidades; la primera en octubre, la segunda, en diciembre. Como en el caso de los otros estudios de opinión presentados en este capítulo, su base de datos es pública. El objetivo de esta encuesta es “conocer la opinión y percepción pública sobre diversos temas de interés de la ciudadanía” (Fundación Chile 21/Criteria Research, 2015), fundamentalmente vinculados con las reformas impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet, entre ellas la Nueva Constitución. En un contexto de fuertes críticas a las reformas y de caída de aprobación presidencial y gubernamental, la hipótesis que guía estos estudios es que, pese a ese clima negativo frente a la gestión gubernamental, sigue vigente la demanda ciudadana por transformaciones estructurales en distintos ámbitos de las políticas públicas como educación, salud, trabajo, sistema de pensiones, etc. Es decir, la desaprobación apunta a la gestión de las reformas y no a sus contenidos. Para comprobarlo, el estudio formula preguntas sobre el nivel de acuerdo con los principales contenidos de las reformas impulsadas por el Gobierno y los contrasta con la valoración de cada una de las reformas, mencionándolas como tales: “reforma laboral”, “reforma educativa”, “reforma tributaria”. Los resultados indican altos niveles de acuerdo con los contenidos de las medidas propuestas frente a una valoración más bien negativa de las llamadas “reformas”, que en una escala de 1-7 obtienen un promedio de cuatro puntos y menos. Estos resultados indicarían la existencia de “un desacople en la percepción ciudadana respecto de la necesidad de realizar reformas y la evaluación de su gestión” (Chile 21/Criteria Research); en otros términos, se trata de un desgaste de la “marca reforma”.

Con respecto a la nueva Constitución, este estudio opta por un abordaje específico, diferente al de las otras tres reformas: se pregunta por la nueva Constitución y las posibles formas de elaborarla, ya que desde el Gobierno este proceso no se da a conocer oficialmente como “reforma”. En el Programa de Gobierno se alude a “Nueva Constitución” y en 2015, a partir del anuncio presidencial del inicio del proceso, se habla de “Proceso Constituyente”, en todo caso, nunca de “reforma”. Por otra parte, se adopta una decisión conceptual al indagar la identificación política a partir del eje Gobierno/oposición, y dentro de la oposición, a su vez, izquierda/centroizquierda y derecha/centroderecha. Es decir, la categorización difiere de la de las encuestas presentadas anteriormente, en donde se optaba por el eje izquierda/derecha. Esta decisión responde a la necesidad de distinguir entre sectores que se autodefinen como próximos al Gobierno o a la oposición, y al supuesto de que cada uno de esos sectores no necesariamente coincide con el clivaje izquierda/derecha. Según los resultados obtenidos, la mayoría de las personas entrevistadas de la ciudadanía (algo más de un tercio) no se identifica con ninguna de las opciones planteadas. Entre quienes se definen como de oposición, se distinguen quienes se reconocen de derecha/centroderecha, y de izquierda/centroizquierda. Solo un 20-21% se identifica con el Gobierno, es decir: el espectro político de izquierda-centroizquierda está dividido respecto de la administración gubernamental y, más aun, es mayor el porcentaje de quienes no se identifican con el Gobierno, lo que sugiere su debilidad, incluso dentro del que se supone su espectro de votantes.

Figura 12. Identificación política
¿Ud. diría que se identifica más con? Leer alternativas, respuesta única entre: el Gobierno, la oposición de derecha o centroderecha, la oposición de izquierda o centroizquierda, ninguna (no leer)

Fuente: Adaptado de Encuestas Otra Mirada Ciudadana, Fundación Chile 21/Criteria Research, octubre y diciembre 2015.

En todo caso, la idea de tener una nueva Constitución goza de amplio consenso ciudadano: tanto en la encuesta realizada en octubre, como en la de diciembre, un 78% de las personas entrevistadas se manifiesta a favor; es decir, solo dos de cada diez personas entrevistadas no están de acuerdo con que sea necesario que el país tenga una nueva Constitución. Como en otros casos ya observados, el factor explicativo más fuerte en el acuerdo con la necesidad del cambio constitucional es la autodefinición política. El apoyo es transversal, no obstante, un porcentaje importante de opositores de derecha no la considera necesaria.

Figura 13. Acuerdo con la necesidad de una Nueva Constitución, 2015
¿Usted considera necesario que Chile tenga una nueva Constitución?

Fuente: Chile 21/Criteria Research, octubre 2015.

Los niveles de apoyo más altos se observan entre quienes se identifican con el Gobierno y con la oposición de izquierda o centroizquierda. Es decir, se corrobora la tendencia que registran estudios anteriores: el clivaje izquierda/derecha sigue marcando las principales diferencias en torno al tema constitucional en Chile aun tras 26 años de democracia, y transcurridos 36 años desde la gestación de la Constitución de 1980. No obstante, resulta significativo que, incluso entre quienes se identifican con la oposición de derecha o centroderecha, algo más de la mitad (54%) está de acuerdo con la necesidad de una nueva Constitución, aunque, a su vez, casi un 40% no la considera necesaria. Como en otros casos, el porcentaje de personas entrevistadas que no tiene opinión o la omite es muy bajo, situándose siempre por debajo del 8%.

El estudio sondea también las razones que, desde la percepción pública, justifican contar con una nueva Constitución. Desde la perspectiva de las decisiones metodológicas, la opción por mención espontánea de las personas entrevistadas no permite, en este caso, evitar cierta superposición en las categorías construidas. Así, al menos dos de ellas apuntan a lo desactualizado de la Constitución vigente: las respuestas agrupadas en “está obsoleta o debe actualizarse” (24%) y aquellas vinculadas con “la actual es antigua, leyes antiguas” (15%). A su vez, dos categorías de respuestas aluden al contraste dictadura/democracia y superan, entre ambas, un 20% de las respuestas, al explicitar su origen en dictadura (11%) y que “es poco democrática” (10%).

2.1. Percepciones frente a instancias participativas del proceso constituyente abierto a la ciudadanía

La Encuesta Otra Mirada Ciudadana del mes de diciembre de 2015 indaga distintos aspectos del PCAC desde la percepción de la opinión pública. Cabe recordar que el PCAC, anunciado por la presidenta el 15 de octubre de 2015, prevé instancias de educación cívica e información a la ciudadanía durante cinco meses (octubre 2015-marzo 2016) para socializar contenidos del significado de la Constitución junto con elementos claves del proceso participativo que incluye información sustantiva relativa a cómo, cuándo y dónde participar. En diciembre de 2015 ‒momento de realización del trabajo de campo de la encuesta‒ este proceso de socialización está en una primera fase, en la que se empiezan a desplegar acciones para dar a conocer el PCAC, incluidas sus instancias de participación pública incidente, entre ellas, los ELA, Cabildos Provinciales y Regionales que tendrán lugar a partir de abril de 2016. En este contexto es que la encuesta pregunta por la eventual participación en los “Diálogos Ciudadanos”, como fueron conocidos los ELA.

El interés por participar en los Diálogos Ciudadanos y la relevancia que se les otorga, segmenta a las personas entrevistadas en partes iguales: un 49% manifiesta bastante/mucho interés y les otorga bastante/mucha relevancia, mientras que la misma proporción poco/nada interés le atribuye poca/ninguna relevancia.

Figura 14. Diálogos ciudadanos: relevancia e interés
Para comenzar a sentar las bases de la nueva Constitución, el Gobierno ha anunciado una serie de diálogos ciudadanos en las comunas, provincias y regiones. ¿Qué relevancia le asigna usted a este proceso participativo? ¿Y qué tan interesado se encuentra usted en participar en estos diálogos ciudadanos?

Fuente: Fundación Chile 21/Criteria Research, diciembre 2015.

Quienes más relevancia otorgan a los diálogos ciudadanos y mayor interés proyectan son los segmentos identificados con la oposición de izquierda/centroizquierda, y los pertenecientes al grupo social y económico (GSE^[4]) alto. La incidencia de factores como el sexo y la edad no resulta estadísticamente significativa.

Con respecto a la percepción sobre el mecanismo para elaborar la Constitución, la encuesta realizada en diciembre de 2015 plantea una respuesta cerrada que especifica las opciones de una asamblea constituyente compuesta exclusivamente por ciudadanos, una comisión compuesta solo por parlamentarios, o una comisión mixta entre parlamentarios y ciudadanos. Esta última concentra la mayoría de las preferencias.

Figura 15. Instancias para la elaboración de una nueva Constitución
De las siguientes alternativas para elaborar una nueva Constitución, ¿cuál le parece más adecuada?

Fuente: Fundación Chile 21/Criteria Research, diciembre 2015.

La preferencia por mecanismos participativos de elaboración de la nueva Constitución es transversal, sin embargo, nuevamente la autodefinición política explica tendencias frente a ciertas opciones. Al enfocarse en el perfil de quienes se inclinan por una asamblea constituyente, el nivel de apoyo más alto se observa entre quienes se consideran de oposición de izquierda-centroizquierda. A su vez, la opción de una comisión mixta entre ciudadanía y parlamentarios nuclea a más de la mitad de quienes se identifican con el Gobierno o señalan no identificarse con ninguna opción política.

Finalmente, la valoración positiva de formas participativas para elaborar una nueva Constitución concuerda con la opinión mayoritaria en cuanto a que el plebiscito es un buen mecanismo para resolver asuntos políticos importantes del país. El nivel de acuerdo supera el 80% y atraviesa todos los sectores políticos.

3. A modo de síntesis

La percepción acerca de la necesidad de un cambio constitucional es una constante en gran parte de la opinión pública chilena a lo largo de más de treinta años. Aun cuando entre 1990 y 2010 las preguntas formuladas en sondeos de opinión apuntan a reformas constitucionales y no a una nueva carta magna, una amplia mayoría se manifiesta ya entonces a favor de reformas profundas. A partir del año 2011, varias encuestas sondean sistemáticamente la opinión con respecto a la Constitución. Aunque en estricto rigor no resulten comparables dadas sus diferencias metodológicas, todas apuntan en el mismo sentido: la mayoría de las personas entrevistadas se expresa a favor de un cambio constitucional, aunque, en general, no lo consideren prioritario frente a otros problemas que, a su juicio, requerirían intervención desde la política pública. A lo largo de los años, el apoyo que registran distintas encuestas respecto de una nueva Constitución es cada vez mayor y hacia 2015 atraviesa todos los sectores políticos, incluyendo aquellos históricamente adversos a tal proceso, situados a la derecha del espectro político según la propia definición de las personas entrevistadas. Las razones que explican la necesidad de cambio mencionadas con mayor frecuencia, aluden a la obsolescencia del texto vigente y, en menor medida, a su origen en dictadura. Las encuestas analizadas reflejan un avance del debate público desde el reconocimiento de la necesidad del cambio hacia el mecanismo requerido para implementarlo. En todos los estudios analizados, las mayorías reivindican su potestad sobre las decisiones constitucionales, avalan mecanismos participativos y rechazan, por amplio margen, la posibilidad de dejar la decisión exclusivamente en manos del Congreso. Ya en 2015, una vez presentado el PCAC y en su primera fase de difusión, la mayoría de las personas entrevistadas se inclina por la fórmula de una comisión compuesta por parlamentarios y ciudadanos, aunque también la opción asamblea constituyente formada exclusivamente por la ciudadanía concita gran apoyo. Ni siquiera una de cada diez personas optaría por el Congreso como instancia exclusiva de decisión. Paralelamente, una amplia mayoría manifiesta su acuerdo con recurrir a plebiscitos como forma para resolver problemas importantes que afecten al país, lo que sugiere una demanda masiva por la participación ciudadana en decisiones de la política nacional. No obstante, tal acuerdo mayoritario y transversal por la participación ciudadana en temas políticas no se corresponde claramente con el interés manifestado en participar en los ELA: mientras que la mitad de las personas entrevistadas señala interés y les otorga importancia, la otra mitad opina lo contrario. Cabe subrayar, sin embargo, que el sondeo que apunta a esta cuestión se lleva a cabo en el mes de diciembre de 2015, cuando recién se inicia la campaña de difusión de los “cabildos” y faltando aun cuatro meses para su comienzo. De todos modos, el resultado relativo al interés e importancia de los ELA remite a un fenómeno advertido en otros procesos políticos y sociales, que remite a la brecha entre el apoyo expresado respecto de procesos participativos, y la disposición a involucrarse efectivamente en ellos. Tanto en lo que respecta al acuerdo con la necesidad del cambio constitucional, como a los mecanismos adecuados para implementarlo y el interés en participar en los ELA, los factores con mayor peso explicativo apuntan al autoposicionamiento político y al interés por la política. Es decir, la idea de cambio constitucional ha adquirido apoyo masivo, aunque sigue siendo menos relevante para quienes están ajenos al sistema político. Ad portas del PCAC, la expectativa expresada desde la opinión pública es participación y consideración de la ciudadanía en la elaboración de una nueva Constitución.

Al retratar los climas de opinión prevalecientes en torno a un cambio constitucional desde los años 90 hasta el momento de despegue del PCAC, hemos entregado claves para la comprensión de los escenarios político-comunicacionales, en especial, en lo que respecta a agendas preexistentes. En estos contextos es que se desarrollan las acciones de Gobierno y del Congreso en torno al diseño e implementación de la estrategia comunicacional del proceso, que se analiza, a través de sus protagonistas, en el Capítulo 4.