Este capítulo está dedicado al análisis de las editoriales y las columnas de autor publicadas por los diarios El Mercurio y La Tercera en torno al proceso constituyente entre enero de 2015 y agosto de 2016 desde la perspectiva de Análisis Político del Discurso propuesta por Laclau y Mouffe. Para contextualizar el papel e influencia de estos medios en el debate público-político, se sitúa a cada uno de ellos en el escenario de concentración de la propiedad de medios que caracteriza a Chile, a la vez que se aborda la concepción de “libertad de expresión” contenida en la Constitución vigente.

1. Concentración de la propiedad de medios y línea editorial

El estudio de la concentración de la propiedad de medios cobra mayor importancia a partir de los años 80, a medida que la economía del sector infocomunicacional gana peso en el producto bruto de los países (Becerra y Mastrini, 2017). La investigación en torno a este fenómeno múltiple y complejo fue asumiendo nuevos desafíos al abordar las formas en que puede afectar el pluralismo. Desde perspectivas liberales clásicas se considera que las reglas del mercado y los cambios tecnológicos garantizarán el equilibrio social y el progreso, la escuela crítica surgida en la década de los 80 “alerta sobre la necesidad de regular estos procesos para evitar su avance sobre libertades fundamentales” (Loreti y Lozano, 2014, p. 144). Becerra y Mastrini (2006; 2009) y Becerra (2015) señalan que, salvo excepciones, los procesos de concentración debilitan la circulación de ideas diversas en una sociedad, y en numerosos estudios sobre el tema, indican algunas de las reconocidas consecuencias de la concentración: reducción de las fuentes informativas (lo que conduce a menor pluralidad de emisores); unificación de la línea editorial con el consecuente empobrecimiento de perspectivas en deliberación en el espacio público; relativa homogeneización de los géneros, formatos, estilos y temáticas, lo que conlleva una oclusión de temas y formatos. Asimismo, la excesiva concentración de la propiedad de medios potencia la precarización del empleo y el debilitamiento de la calidad informativa; en América Latina, en especial, constituye un problema desde su surgimiento, agravado por la convivencia de intereses entre reguladores y regulados, y la falta de contrapesos mediante servicios públicos plurales. Coinciden, así, con autores que vinculan tendencias a la homogeneidad informativa con la liberalización de las regulaciones de los medios y una consecuente mayor concentración de la propiedad de las empresas informativas, agravada por la coincidencia de posturas entre los dueños, directores de las empresas informativas y empresas que compran espacios publicitarios (Llorens, 2006; Sánchez-Tabernero, 2006). Ante estos escenarios, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encomienda a los Estados adoptar medidas para evitar la concentración abusiva de la propiedad y el control de los medios de comunicación, incluyendo leyes antimonopolio como condición necesaria para garantizar la diversidad y el pluralismo de voces (Loreti y Lozano, 2014).

1.1. Concentración de la propiedad de medios en Chile

Chile es uno de los países con más altos niveles de concentración de propiedad de medios de comunicación en la región, tendencia acentuada en la última década. Hacia 2015, los cuatro principales operadores en cada sector de medios de Chile concentran más del 90% del mercado, cuando en América Latina el promedio ronda el 80%. El 82,8% de la inversión en avisaje en diarios de alcance nacional se lo reparten los grupos El Mercurio y Copesa, que a su vez concentran el 80% de la lectoría. El grupo El Mercurio posee dos radios, veintitrés diarios, dieciséis revistas impresas y treinta y tres medios digitales en la web. Copesa, por su parte, tiene seis radios, cuatro diarios, trece revistas impresas y veintidós medios digitales, sumada la concesión de una señal de TV aún no operativa. Ambos grupos en conjunto tienen intereses directos en la propiedad de empresas, vinculadas con inversiones en mercados inmobiliario, financiero, retail, alimentos, agrícola y agroindustrial, de distribución, servicio al cliente y editorial (CNTV, 2015). En trabajos sobre la relación entre políticas de comunicación y Gobiernos progresistas en el Cono Sur, Brant, Gerber, Mastrini (2017) plantean que el interés de los grandes medios debe comprenderse en la “doble faceta” en la que desarrollan su actividad, como agentes económicos que buscan obtener una ganancia y, al mismo tiempo, contribuyen a la circulación de información con una perspectiva editorial en la que promueven sus intereses políticos (p. 19). El perfil político de los grandes medios de comunicación se tornaría más transparente y activo cuando sus intereses económicos se ven afectados. En lo que respecta a la relación entre Gobiernos progresistas y los medios, el caso de Chile contrasta en algunos aspectos relevantes con los de otros países de la región (Brant, Gerber, Mastrini, 2017, p. 131). Por empezar, el cuestionamiento a los modelos de desarrollo ortodoxos que se observó en varios países del vecindario desde los partidos progresistas, fue cuanto menos tenue y dispar en la centroizquierda chilena, sobre todo en los extensos períodos en que ejerció el gobierno desde la coalición denominada Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010). Ninguno de esos Gobiernos ni el de la Nueva Mayoría, liderado por Michelle Bachelet, ha promovido reformas estructurales ni propuestas que avancen sobre los intereses económicos de los grandes medios. Y si en varios países, Gobiernos de corte progresista de comienzos del siglo xxi generaron debates sociales y políticos inéditos en torno al rol de los medios, Chile quedó al margen de esa tendencia. El común denominador que sí se observa con otros países de la región es que aun casi sin medios de comunicación afines^[1], la Concertación logró mantenerse durante largo tiempo en el poder, concretamente, veinte años. No obstante, al menos dos factores podrían contribuir a explicar esta situación: por una parte, como ya se mencionó, los Gobiernos concertacionistas apostaron por una muy moderada gradualidad de las reformas políticas de la posdictadura; por la otra, presumiblemente vinculada a la primera razón, los principales diarios y la TV no atacaron tan frontalmente a esos Gobiernos hasta la administración del presidente Ricardo Lagos (2000-2006). Según Gumucio (2011), a partir del 2003 se dio inicio a acusaciones de corrupción contra el Gobierno y a una exacerbación mediática de hechos criminales y delictuales, tendencia que se extendió hasta finales del primer mandato de la presidenta Bachelet. Aquel primer Gobierno de Michelle Bachelet marca un punto de inflexión en la relación gobierno-grandes medios en ambas direcciones. Desde el Gobierno, se impulsan dos importantes proyectos legislativos —la introducción de la TV Digital Terrestre y la reforma a Televisión Nacional‒; desde los medios, los ataques a la presidenta cobran notables formas e intensidades y, prácticamente, no dan tregua. En un marco de debilidad de la presidenta al interior de su propio Gobierno, los proyectos mencionados —que podrían considerarse atisbos de una política de comunicación‒ fueron desperfilándose y no se registra ninguna medida que afecte los altos niveles de concentración de propiedad comentados ni políticas públicas que promuevan, de manera significativa, el pluralismo y la diversidad informativa.

1.2. Diarios impresos: la dictadura y sus huellas en la tinta

La industria de diarios está integrada por sesenta y cinco periódicos en un mercado dominado por dos grandes y tradicionales grupos: El Mercurio, de la familia Edwards Eastman y el Grupo Copesa (Consorcio Periodístico de Chile S.A.), de Álvaro Saieh Bendeck (Becerra y Mastrini, 2017). Diversas investigaciones vinculan a la prensa escrita chilena, fundamentalmente a las mayores empresas periodísticas representadas en El Mercurio y La Tercera (Grupo Copesa), con el pensamiento político económico de la derecha chilena (Sunkel, 1986; Sunkel y Geoffroy, 2001; Soto 2003). Sunkel y Geoffroy (2001) califican a la prensa chilena de monopólica porque, en su perspectiva, refleja la uniformidad del empresariado chileno, que se identifica con el modelo económico neoliberal y el conservadurismo. En el caso de El Mercurio ha sido clave históricamente la figura del líder del grupo económico, Agustín Edwards Eastman, férreo opositor del gobierno de Salvador Allende. De hecho, un día después del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, el Bando 15° de la Junta Militar autoriza en forma exclusiva y expresa la publicación de El Mercurio y La Tercera, prohibiendo la circulación de otros diarios.

Como sucede en el caso de otros medios de comunicación, la relevancia de El Mercurio no pasa, prioritariamente, por su tirada o por su cantidad de lectores, sino por el perfil de su público y por la plataforma de apoyo a sus ideas, ligadas a centros de pensamiento de derecha como Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Públicos; el partido Unión Demócrata Independiente y los mayores grupos empresariales del país (Mönckeberg, 2009, p. 123). Los medios de comunicación de propiedad del grupo Edwards y, en especial, El Mercurio “son la caja donde resuena el quehacer económico e intelectual de los grupos, principalmente de Matte, aparte de la sabia orientación que imparte el diario al ideologizado mundo empresarial” (Carmona, 2002, como se citó en Mönckeberg, 2009 p. 124).

Con respecto a Alvaro Saieh, dueño del Grupo Copesa y, por lo tanto, del diario La Tercera, respondería, según Mönckeberg (2009) al perfil de Chicago boy, neoliberal y progobierno militar que, en dictadura, integró directorios de numerosas empresas estatales, la mayoría transferida más tarde al área privada (p. 151). En la disputa por los lectores que sostiene con El Mercurio, La Tercera opta por un tono más diverso y liberal, sin embargo, “la línea política y económica no manifestaba grandes diferencias” (Mönckeberg 2009, p. 221). Desde fines de los 90, La Tercera abre redes de contactos hacia otros partidos, más allá de la UDI, que llevan a Saieh a integrar a destacadas figuras de la Concertación en los directorios de sus empresas.

El hecho de que dos empresas periodísticas ‒El Mercurio S. A. P. y Consorcio Periodístico de Chile, Grupo Copesa S. A.‒ sean dueñas prácticamente de toda de la prensa escrita nacional, genera suspicacia respecto de la pluralidad de opiniones representadas. Específicamente, en la segunda presidencia de Michelle Bachelet, la posición de los dos grandes grupos, El Mercurio y Copesa, con respecto a las políticas de gobierno —expresada fundamentalmente a través de El Mercurio y La Tercera‒ es aún más agresiva que en períodos anteriores, actitud que se vincularía directamente con las reformas políticas impulsadas desde el oficialismo (Brant, Gerber y Mastrini, 2017). Por su parte, las posiciones reflejadas en editoriales frente al PCAC, requieren considerar de qué manera se vincula el actual marco constitucional con el escenario de concentración de la propiedad de medios.

1.3. Marco constitucional del duopolio en prensa

Libertad de expresión. Tras un período de unos dos siglos en que la mirada se centró en el individuo y se erigió al Estado como el potencial enemigo de la voz pública, la discusión en torno al ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación han cobrado relevancia en la agenda pública, en especial, en las últimas tres décadas (De Charras y Lozano, 2017; Loreti y Lozano, 2014). Las discusiones en torno al concepto de libertad de expresión y el derecho a la comunicación se tensan entre una concepción más restrictiva, enmarcada en la llamada “free speech tradition”, y otra más amplia, sustentada en los instrumentos internacionales y en los sistemas de protección de derechos humanos (Loreti y Lozano, 2014, p. 47). En el marco de los modelos clásicos de democracia formal, se asume que el Estado cumple con el mandato de libertad de expresión si se abstiene de censurar y, desde esa perspectiva, se tomaron medidas jurídicas, políticas e institucionales con el fin de disponer garantías que desincentivaran posibles censuras estatales. Avanzada la década de los 80, desde miradas que integran la igualdad al análisis, se destaca la doble dimensión (individual y colectiva) de la libertad de expresión (Mac Bride, 1987; Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 1985) y la necesidad de poder pensar al Estado como un posible agente responsable por la reparación de las diferencias y exclusiones (Loreti y Lozano, 2012).

Desde una perspectiva de derechos humanos, a los Estados les compete tomar medidas de políticas públicas con el objetivo de fomentar el pluralismo y la diversidad. A través de numerosos pronunciamientos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, se señala la prohibición de todo monopolio en la propiedad o administración de los medios de comunicación; entendiendo que se trata de regular sobre un sistema en el que ya ha avanzado la concentración.

Asignaturas pendientes en la Constitución vigente. En Chile, el artículo 19 N.º 12 de la Constitución impone al Estado la obligación de garantizar el derecho de libertad de expresión en su doble aspecto de informar sin censura previa y de recibir información, tal como ha expuesto en sus decisiones el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de sus tribunales. Además, la Ley N.° 19 733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, señala en su artículo 1.° que:

La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. (BCN, Sobre libertades de opinión e información y libre ejercicio del periodismo)

De esta forma, Chile se inscribe en una tendencia observada durante décadas en América Latina, en la que los textos constitucionales fueron las principales y únicas herramientas de reaseguro de la libre expresión, pero entendida solo como libertad de prensa (De Charras y Lozano, 2017). La particularidad de Chile en contraste con otros países de la región, es que su texto constitucional todavía está anclado en aquella perspectiva. Así, la libertad de expresión y el derecho a la información están consagrados en la Constitución de 1980, pero de una forma que no cumpliría con los estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos^[2]. Especializada en la materia, Lorena Donoso señala que, aunque el constituyente declaró en su época que fue considerado lo establecido en tratados vigentes, el texto resultante muestra una “visión sesgada, individualista y centrada en el derecho de propiedad del medio, con grave infracción a los derechos y deberes de los medios de comunicación y su rol social” (Donoso y Gumucio, 2014, p. 15). Entre los principales derechos pendientes, la investigadora destaca:

1. la ausencia del pluralismo y la diversidad como factores esenciales de la libertad de expresión. El texto del artículo 19 N.° 12 se limita a declarar el reconocimiento de la libertad de expresión, insuficiente al no reconocer el derecho igualitario de acceso a los medios a través de los cuales habría de ejercerse la libertad de expresión ni el derecho de las personas a informarse y a comunicarse;
2. la ausencia de normas sobre el acceso igualitario al espectro radioeléctrico en la atribución de concesiones para la operación de radios y canales de TV;
3. la exclusiva consideración de la faceta individual de la libertad de expresión (derecho a expresar ideas, en desmedro de su faz social, derecho a la información y a la comunicación)^[3];
4. la no definición del Estado como garante de los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación.

Cabe destacar, también, que el texto original no ha sido modificado pese al intenso debate ocurrido en gran parte del mundo en torno a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación como Derecho Humano, consolidado en la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad Cultural (2001). Aunque Chile ratificó esta Declaración en enero de 2007, el texto constitucional no fue adecuado a esas normas (Donoso y Gumucio, 2014).

En América Latina, a fines del siglo xx, la defensa de la libertad de expresión asumía el paradigma de la libertad de prensa —equiparada a la libertad de empresa‒ y desacreditaba todo intento de intervención por parte del Estado “asimilándola a totalitarismos propios del bloque socialista” (Loreti y Lozano, 2014, p. 16). En Chile, este paradigma seguiría vigente en la segunda década del siglo xxi.

2. El proceso constituyente desde el prisma de El Mercurio y La Tercera

Asumiendo que los diarios El Mercurio y La Tercera son actores sociales y políticos relevantes en la disputa de sentidos, se analizan a continuación los editoriales y las columnas de opinión con firma en el período que se extiende desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016, mes en el que finalizan los ELA y Cabildos. Los editoriales son textos sin firma a través de los cuales se explicita abiertamente la postura colectiva de cada medio y cobran especial interés para este trabajo porque allí se refleja el interés de la empresa periodística “por participar de la organización del espacio público y de su posicionamiento ideológico ante la contingencia político-social” (González, 2005, p. 525, como se citó en Gronemeyer y Porath, 2017).

Siguiendo a autores como Laclau, Mouffe y Verón, se recurre a abordajes del análisis discursivo para el estudio de lo político, asumiendo que los discursos circulan en arenas de lucha por la significación social. Desde esta perspectiva, se considerarán elementos del discurso dentro de un sistema de posiciones, despojados de una identidad intrínseca, entendiendo que esta se constituye de modo relacional. En ese sentido no se propone buscar regularidades a partir del uso del lenguaje, y se aleja de enfoques propuestos desde el Análisis Crítico del Discurso (ACD) que abordan el discurso como una dimensión de lo social que se relaciona dialécticamente con otras dimensiones que no funcionan discursivamente. Desde el Análisis Político del Discurso (APD), toda práctica social significante es discursiva; la retoricidad es una dimensión de la significación y no es posible escindir su campo de operación (Laclau, 2014). En esta perspectiva, asumimos que:

• todo análisis discursivo de lo político parte del reconocimiento del antagonismo como rasgo inherente a toda identidad;
• el discurso es el proceso de una lucha social por el establecimiento de determinadas reglas de significación entre fuerzas que se relacionan contingentemente;
• la imposibilidad de fijación última de sentido abre el camino de representaciones parciales a través de un punto nodal, como conjugación de una cadena significante antagonizada.

Es en este contexto que se plantean las siguientes preguntas a modo de guía del APD de los diarios El Mercurio y La Tercera:

• ¿Es posible reconocer antagonismos, puntos nodales o fijaciones parciales, significantes vacíos y flotantes como instancias constitutivas de la hegemonía que El Mercurio se propondría lograr?
• ¿Es posible identificar fuerzas ‒cuya relación es contingente‒ en disputa por las reglas de significación? ¿Qué sentidos se pretende instalar en (qué) escenarios políticos de actuación?

2.1. “Yo o el caos”, dicotomía mercuriana

El antagonismo que se plantea a través de (todos) los editoriales y las columnas de El Mercurio analizadas se manifiesta en una divisoria de aguas entre la Constitución vigente y una nueva Constitución. Delimita una dualidad contundente, sin matices: mientras que la primera representa orden, eficiencia y prosperidad; la segunda, incertidumbre, arbitrariedad y amenaza a la institucionalidad.

En los primeros meses del 2015, en escenarios políticos sumamente adversos para la presidenta Bachelet tras el estallido del caso Caval, El Mercurio cuestiona el sentido de una nueva Constitución y la asocia a lo incierto y arbitrario del programa gubernamental de reformas, equiparándolo a una refundación jurídica del Estado:

… El llamado que se hizo a una Nueva Constitución tiene pendiente la tarea más complicada: persuadir a los sectores más amplios de la ciudadanía de que sería impostergable refundar jurídicamente el Estado. (Desafíos constitucionales en 2015, A. Fermandois, 2/1/2015, El Mercurio)

… No se disipa la interrogante sobre sentido y alcance de lo que se pretenda hacer con la Carta Fundamental. (Más incertidumbre tras el Cónclave, editorial 9/8/2015)

En la fase previa al anuncio del PCAC, precisamente, cuando aún están abiertas definiciones claves sobre el mecanismo por seguir, “Nueva Constitución” significa incertidumbre. El significante Asamblea Constituyente se ubica en un extremo del antagonismo discursivo asociado, principalmente, a Venezuela, como condensación de debacle institucional. Al mismo tiempo, se sitúan en un mismo nivel, definido como “garantía básica”, las ideas de “libertad” y “propiedad”.

… la incertidumbre asociada a esta discusión ya que inevitablemente todo el pacto social apareció puesto en juego, y rápidamente se difuminaron en el ambiente público resguardos básicos de garantías como libertad y propiedad. (Precisiones constitucionales del Ministro del Interior, editorial, 23/7/2015, El Mercurio)

… Me refiero al movimiento A.C., que se ha promovido a impulso de noveles figuras políticas y que ha extendido su aceptación a diversos sectores políticos del país (…) Una consecuencia muy reiterada producida por las constituciones emanadas de las asambleas constituyentes es la desaparición de la observancia de la división de los poderes en esos regímenes. El caso más dramático lo estamos observando en Venezuela. (Asamblea Constituyente, Jorge Ovalle Quiroz, 28/4/2015, El Mercurio)

Tal como sucede en 2014 con las reformas tributaria, laboral, educativa, un posible cambio constitucional se contrapone al desarrollo socioeconómico del país; en este caso se la asocia a guerra y/o revolución.

La dirección de los cambios planteados por la Nueva Mayoría puede comprometer gravemente las posibilidades de desarrollo económico y social futuro de nuestro país (…) solo las guerras y revoluciones tienen efectos económicos, políticos y sociales más directos e inmediatos que el estreno de una nueva Carta Fundamental. (La dimensión económica del incierto debate constitucional, Felipe Larraín, 4/4/2015, El Mercurio)

En las publicaciones de El Mercurio, el Gobierno y la coalición gobernante son los actores que protagonizan la rivalidad requerida para la construcción de la propia identidad. Dentro del equipo gubernamental, se exceptúa al Ministro del Interior, Jorge Burgos, a quien se dedica el editorial del 25 de julio de 2015, tras comentarios del propio ministro en una entrevista de TV en que da “un portazo a la Asamblea Constituyente”^[4] amenazando, incluso, con la posibilidad de su renuncia. El Mercurio celebra la intervención de Burgos en el proceso refiriéndose a “la extrema ideologización que había prevalecido en este tema antes de la llegada del ministro del Interior”, reconociendo, prácticamente, a un aliado en la figura del ministro.

… (Las precisiones entregadas por el ministro del Interior) tienen el mérito de comprometer desde ya al Gobierno en que se descartará cualquier atajo a la legalidad vigente en la obtención de la nueva Constitución (…) En la medida en que él ofrece una explícita garantía personal —su voluntad de renunciar al cargo si ello ocurriera‒, resulta evidente el propósito de generar gradualidad en las condiciones de estabilidad. Y lo más trascendente es reconocer que la reforma de la Constitución hay que hacerla en el Parlamento (…) El realismo político del ministro se manifiesta al admitir que la tarea final de este proceso corresponderá al nuevo Congreso. (Precisiones constitucionales del ministro del Interior, editorial 23/7/2015, El Mercurio)

Frente a una objeción de fondo y reiterada a la Constitución vigente, que es su origen en dictadura, El Mercurio reivindica su “democratización” a través de múltiples reformas. De este modo, “democracia” se convierte en significante flotante, como parte de un discurso que, al no poder cerrarse como totalidad dados los antagonismos, se dirime en territorio político. Así, “democracia” —y de modo similar, “libertad” aparece como significante disperso que cada discurso político pretende propio (Laclau y Mouffe, 2010).

…Varios de los preceptos de la Carta que se pretenden invertir han demostrado su valor para el buen funcionamiento de nuestra democracia durante los últimos 25 años. (Propuesta socialista de una Nueva Constitución, editorial, 27/6/2015, El Mercurio)

La actual Carta Fundamental, dictada durante un régimen militar, se asienta en gran medida en su predecesora y en proyectos de reforma impulsados por mandatarios democráticamente elegidos. Los sucesivos y profundos cambios que ha experimentado a lo largo de los últimos 25 años también se han forjado en un debate democrático. (Sentir constitucional, editorial, 20/8/2015, El Mercurio)

Apenas ocurrido el anuncio presidencial sobre el PCAC, el 14 de octubre El Mercurio publica, a doble página, una columna firmada por Carlos Peña, a la que Garretón otorga especial relevancia por haber sido encargada ad hoc^[5]. El reconocido columnista de análisis político de la sección dominical “Reportajes” del diario El Mercurio descalifica la totalidad del proceso constituyente, anticipa su diagnóstico en el título “Cuadrar el círculo” y anticipa “trampa manipuladora” en los diálogos ciudadanos.

… (respecto del origen en dictadura) la paradoja salta a la vista y la anunció en la primera mitad del siglo xx Hans Kelsen: si la Constitución de 1980 es insanablemente ilegítima, ¿cómo podrían ser legítimas las autoridades ‒incluida la de la Presidenta‒ que fueron elegidas a su amparo? Como en el cuento de Jorge Luis Borges (“El jardín de los senderos que se bifurcan”), las palabras de la Presidenta no señalaron un camino, sino varios (…) Así, ninguna pretensión resulta tempranamente frustrada (…) y no hay motivos para el enojo prematuro (…) ¿Qué se puede esperar de una educación cívica llevada a cabo en cinco o seis meses? Por supuesto, nada o muy poco. No es necesario haber leído a Hume (…) para predecir que esos diálogos, a pesar del empeño de la educación cívica, serán dominados por pequeñas élites ilustradas. El proyecto de nueva Constitución no será el fruto de un diálogo igualitario y sin distorsiones, a la Habermas, sino el producto de un pequeño grupo ilustrado, profesores, intelectuales, políticos (…) No deja de ser sorprendente que un Gobierno anuncie una nueva Constitución socavando el suelo bajo sus pies: declarando insanablemente ilegítima una Constitución que se aplicó durante un cuarto de siglo y a cuyo amparo él mismo se eligió, y privando de todo poder constituyente al Congreso que, al menos hasta ahora, representaba la soberanía popular. Son los problemas que surgen cuando se intenta cuadrar el círculo. (Cuadrar el círculo, Carlos Peña, 14/10/2015, El Mercurio)

El editorial del 15 de octubre de 2015, dos días después del anuncio del PCAC por parte de la presidenta Bachelet, sigue la línea de Peña y representa un punto de inflexión en tanto se actualizan actores del juego antagónico. A través del anuncio del PCAC surge otro posible significante flotante, “Proceso Constituyente”, que podría superar el antagonismo en torno a significantes como “Nueva Constitución” y “Asamblea Constituyente”. Sin embargo, si en la renuncia a referirse a una Nueva Constitución existiera un intento hegemónico por parte del Gobierno —en sentido de buscar suturar diferencias‒, ese objetivo no se logra en el ámbito de El Mercurio. A medida que se aproxima la implementación del PCAC, El Mercurio parece reducir márgenes para que el significante “Proceso Constituyente” se vacíe de contenido. Cada artículo publicado a partir del anuncio lo asocia a significados como inconsistencia, incertidumbre, dudas, adoctrinamiento y manipulación.

El anuncio presidencial también fomenta la confusión; no tiene sentido técnico que el reemplazo total de la Constitución tenga un quórum más bajo que el necesario para un cambio parcial (…) resulta impropia y sorprendente. (Quórum para una Nueva Constitución, editorial, 19/10/2015, El Mercurio)

… Lejos de aminorarse, las inconsistencias y dudas suscitadas ante el anuncio presidencial de un proceso constituyente se acentúan según pasan los días. Voces de todo el espectro han advertido ya los riesgos de manipulación y hasta de intentos de adoctrinamiento que supone la etapa de educación cívica (…) Las garantías dadas por la presidenta y sus ministros no logran despejar las muchas incertidumbres abiertas. (Inconsistencias en proceso constituyente, editorial, 25/10/2015, El Mercurio)

No es menor la complejidad de lograr que un determinado grupo de personas encargadas de transmitir contenidos políticamente sensibles pueda, en cada punto del territorio nacional, cumplir con la neutralidad que se ha prometido. Se trata de una temática que aborda materias opinables sobre las que gravitan posturas y valores que fácilmente pueden convertirse en objeto de adoctrinamiento y controversia. (Ecuanimidad del proceso constituyente, editorial, 14/12/2015, El Mercurio)

Ya sobre el inicio de los Cabildos y ELA, se cuestiona su legitimidad, representatividad, se pone en duda la transparencia del proceso y la capacidad del Gobierno para implementarlo. Nuevamente, “nuestra democracia” no pretende articular sectores cuyas perspectivas en torno al tema constitucional contrastan, sino consolidar un colectivo de identificación que configura el público de El Mercurio.

En el caso de Santiago hablaría uno de cada 65 000 habitantes (…) Prometer que habrá participación popular incidente en el proceso constituyente con el programa de cabildos puede terminar debilitando aún más nuestra deteriorada democracia. (¿Habrá participación que legitime el proceso constituyente?, editorial, 5/3/2016, El Mercurio)

… Es útil recordar que lo que se ha querido salvar aquí es precisamente la legitimidad democrática de nuestra carta fundamental, razón suficiente para no dejar la participación ciudadana librada a los infortunios de un proceso inédito (…) preocupa, además, como se ha hecho presente en numerosas oportunidades, la transparencia del mecanismo (…) a las dudas ya expuestas por diferentes personeros políticos en relación con la pluralidad y neutralidad de quienes conducirán y facilitarán el proceso, se sumaron ahora la capacidad de convocatoria por parte de la Moneda y el real interés ciudadano por participar. (Inicio formal del proceso constituyente, editorial, 28/4/2016, El Mercurio)

Una vez iniciados los ELA, en mayo de 2015, los editoriales insisten en la defensa de la Constitución vigente, asociada a la “democracia posible”, a un período triunfal de la historia de Chile, que hace innecesario el proceso en ciernes. Ya en junio, El Mercurio asume que el PCAC logró concitar atención, no obstante, genera desconfianza por “desprolijidades operativas” que ponen en duda la legitimidad de las fases siguientes.

… ella (la Constitución) fue una piedra fundacional de la reconstrucción de la democracia posible. Quedaba atrás el abismo de 1973. Los 26 años de vigencia real de la Constitución de 1980 no por casualidad coinciden con el mejor período de la historia del país desde fines del xix. (Danza constitucional, Joaquín Fermandois, 10/5/2016, El Mercurio)

Carlos Peña, nuevamente, dedica su columna del 3 de julio al PCAC, en este caso a los ELA. Peña propone otros antagonismos, esta vez entre un (verdadero, institucional) momento constituyente y los ELA, asociados a promesas incumplibles.

… Así, los Encuentros Locales Autoconvocados no son sino un sucedáneo deslavado, un pálido remedo, una realización descafeinada, de la expectativa imposible que el Gobierno sembró y dejó crecer: el momento constituyente. No son, pues, representativos; pero sí son ejemplares. Y es que ellos resumen, como en un ejemplo, el destino infortunado y torpe que hasta ahora ha tenido la gestión gubernamental, consistente en alentar las expectativas e inflarlas hasta casi reventar (…) Los Encuentros Locales Autoconvocados no tiene ningún valor de representación, pero su metodología y el balance que de ellos se hace ejemplifica, como si fuera un psicodrama, el rasgo más marcado de la gestión gubernamental: la desaprensiva capacidad de poner en juego expectativas desmesuradas, la incapacidad artesanal de satisfacerlas y la manera naïve que se emplea para intentar convencer de que se satisficieron. (Encuentros Ejemplares, Carlos Peña, 3/7/2016, El Mercurio)

Por su parte, Cea Egaña, reconocido constitucionalista, cuestiona la legalidad de los ELA, responsabilizando al proceso de “socavar la seguridad jurídica” asociada al crecimiento, las inversiones, el empleo y el desarrollo social. A su vez, niega el origen dictatorial de la Constitución, y diagnostica falta de información y nulas competencias de quienes participan en los ELA. (Una mirada al proceso pre-constituyente, José Luis Cea Egaña, 3/7/2016, El Mercurio)

2.2. Las fronteras de la legalidad según La Tercera

Los editoriales de La Tercera plantean, en principio, antagonismos entre la Constitución vigente, vinculada a la “bonanza” de Chile y una nueva, no justificable, asociada a desconcierto e incertidumbre. Desde mayo de 2015 en adelante, el énfasis está puesto en los mecanismos participativos previstos por la presidenta en contraste con el “ordenamiento jurídico vigente” centrado en la vía del Congreso.

… Abrir el debate de una Nueva Constitución, sin que se hayan entregado razones de fondo que lo justifiquen, que no sean ideológicas, probablemente agravará el desconcierto del país (…) El país enfrenta un severo cuadro de desaceleración producto de reformas que han creado un fuerte cuadro de incertidumbre. Por ello la mandataria haría bien en aterrizar prontamente los cambios que se pretenden introducir y la forma como se llevarán a cabo. (Aprontes de una nueva Constitución, editorial, 11/1/2015, La Tercera)

Los caminos escogidos por la presidenta para desarrollar el debate constitucional: diálogos, consultas y cabildos ciudadanos, el Congreso, a la luz de esas palabras, ha quedado fuera de esta convocatoria (…) La Constitución vigente ha asegurado años de bonanza (…) difícilmente este proceso pueda ser derivado solo a cabildos y debates ciudadanos. (Inesperado e innecesario debate constitucional, editorial, 3/5/2015, La Tercera)

A medida que avanzan las definiciones en torno al PCAC y la presidenta subraya su componente participativo, se hace énfasis en sus posibles sesgos y manipulaciones. A partir de una entrevista a Michelle Bachelet, el diario La Tercera subraya lo forzado del proceso, el posible aprovechamiento de la instancia participativa. Tal como en el caso de El Mercurio, el ministro del Interior, Jorge Burgos, es la única figura gubernamental al que se le reconoce otra posición en el juego antagónico.

(…) sería muy inconveniente que se intentaran aprovechar instancias de “diálogos ciudadanos” para sesgar la opinión pública a favor de una determinada alternativa (…) El propio Ministro del Interior, partidario de la idea, reconoce que la actual carta ha sido eficaz. (¿Pedagogía constitucional?, editorial, 17/8/2015, La Tercera)

El anuncio presidencial del PCAC que tiene lugar el 13 de octubre de 2015 no altera, a grandes rasgos, el discurso político de La Tercera. La presidenta sigue siendo protagonista central, señalada como quien concentra un exceso de poder; a la vez, se pone en duda la transparencia del proceso.

… No se ha mencionado la participación de otros poderes del Estado hasta el momento, solo la presidencia (…) La garantía de transparencia y participación correrá por cuenta de un CCO pero que será designado exclusivamente por la presidenta de la República. (Un proceso constitucional innecesario, editorial, 18/10/2015, La Tercera)

Tras el anuncio del 15 de octubre, a la insistencia en la posible parcialidad del proceso, se suma la objeción a su carácter excluyente, en donde no hay espacio para perspectivas disidentes.

La incoherencia salta a la vista: de igual forma en que se convoca la más amplia participación ciudadana, las autoridades se encargan de anular toda opinión que vaya más allá del complejo sendero planteado por la presidencia (…) El mismo aparato de gobierno se encarga de objetar cualquier visión distinta que surja respecto de su propuesta constitucional (…) El país ha avanzado en democracia y desarrollo bajo una Carta Fundamental que ha dado garantías, luego de sucesivas reformas, a todos los sectores. (Reparos al proceso constituyente, editorial, 24/10/2015, La Tercera)

… Los mecanismos planteados por el Gobierno dejan a quienes se oponen a un cambio de la Constitución sin opción alguna para hacer valer su opinión. (El espejismo del proceso constitucional, editorial, 1/5/2016, La Tercera)

Una vez iniciada la campaña de difusión del PCAC, crecen las objeciones sobre todo a la instancia participativa, no obstante, las críticas se extienden a todo el proceso. La primera fase prevé instancias de educación cívica e información a la ciudadanía, incluye el Constitucionario como recurso central para socializar contenidos de la Constitución, al que La Tercera le dedica una columna del historiador Alfredo Jocelyn-Holt titulada “El Bestiario”. El autor compara la definición de “república” en el texto en cuestión con la de la enciclopedia de Diderot y d´Alambert, y acusa a los responsables del Constitucionario de tratar a la ciudadanía de ignorante. Así, nuevamente, los significados asociados al Proceso Constituyente se cristalizan en torno a una propaganda manipuladora.

…. El Constitucionario, el de los animalitos de la granja orwelliana con que la Nueva Mayoría pretende instruir a los chilenos en el proceso constituyente recién inaugurado (…) la técnica propagandística que denostaran bien puede servir al populismo de izquierda tan zoológico como el de derecha si se lo propone (…) Típico error de publicistas: de ellos este nuevo chasco. (Bestiario Constitucional, A. Jocelyn-Holt, 19/12/2015, La Tercera)

A partir de enero de 2016, varios editoriales apuntan a la instancia participativa del PCAC, los Cabildos. Se cuestiona su representatividad, su carácter excluyente y manipulador, situando el proceso al margen de la legalidad y en oposición al “ordenamiento jurídico chileno”, representado por el Congreso. (Deficiencias del proceso Constituyente, editorial, 14/1/2016, La Tercera; El trasfondo del proceso constituyente, editorial, 14/4/2016, La Tercera).

… la segunda etapa de un proceso constituyente que, como ha sido advertido por diversos expertos de la materia, se encuentra al margen del ordenamiento jurídico chileno (…) cabildos y otros espacios diseñados por el Ejecutivo, con la evidente intención de proyectar una imagen de participación real (…) la alteración de fórmulas de reformas reconocidas en la propia Constitución y que dejan la responsabilidad de los estamentos de representación popular efectivamente democráticos como es el mismo Congreso. (Participación en proceso constituyente, editorial, 23/4/2016, La Tercera)

A su vez, se alude a una suerte de censura, dada la omisión de espacios para la expresión de distintas opiniones:

… Los mecanismos planteados por el Gobierno dejan a quienes se oponen a un cambio de la Constitución sin opción alguna para hacer valer su opinión. (El espejismo del proceso constitucional, editorial, 1/5/2016, La Tercera)

Una vez iniciados los ELA, en mayo de 2016, desde los editoriales se refuerza la asociación entre el PCAC y la ilegalidad, el abuso del aparato del Estado, el propagandismo. También se dedica un editorial al Consejo Ciudadano de Observadores, objetando su carácter “ciudadano” como opuesto a las “competencias técnicas” y al “tonelaje político” que requeriría tal función.

… se trata de una iniciativa absolutamente al margen del ordenamiento jurídico chileno. La utilización de todo el aparato comunicacional del Estado, así como la directa participación de las más altas autoridades del país, ha posibilitado que este proceso constituyente, al margen de su irregular concepción, penetre en la opinión pública y capte la atención de la ciudadanía (…) El país cuenta con un marco constitucional que no solo ha generado la estabilidad social, política y económica necesaria, sino que incorpora los mecanismos necesarios para que la sociedad pueda efectuar las modificaciones que estime necesarias. (Proceso Constituyente: participar con garantías, editorial, 5/5/2016, La Tercera)

… Es poco aconsejable que se haya enfatizado excesivamente el perfil “ciudadano” en desmedro de las competencias técnicas o del tonelaje político de sus integrantes (…) al carecer de una ley que lo constituya, y precise mejor sus atribuciones y funcionamiento, el Consejo operará con cierto nivel de informalidad (…) sin que exista garantía de que pueda asegurar un procedimiento ecuánime y alejado del propagandismo. (Críticas al Consejo consultivo, editorial, 7/6/2016, La Tercera)

3. La disputa por la significación desde el duopolio

Un APD de El Mercurio y La Tercera permite identificar múltiples elementos comunes y ciertos matices que no alteran coincidencias de fondo. El análisis retoma aquí, las preguntas planteadas inicialmente:

• ¿Es posible reconocer antagonismos, puntos nodales o fijaciones parciales, significantes vacíos y flotantes, como instancias constitutivas de la hegemonía que El Mercurio se propondría lograr?
• ¿Es posible identificar fuerzas ‒cuya relación es contingente‒ en disputa por las reglas de significación? ¿Qué sentidos se pretende instalar en (qué) escenarios políticos de actuación?

3.1. Antagonismos y puntos nodales

Tanto El Mercurio como La Tercera construyen la discursividad antagónica en torno a la Constitución (vigente). La arena de lucha es el espacio público, en donde ambos diarios no buscan una nueva construcción social, sino la consolidación identitaria del propio sector a partir de la rivalidad con el otro. Esta rivalidad prácticamente no tiene matices: si El Mercurio se ancla en el antagonismo Constitución (vigente)/Nueva Constitución; La Tercera complementa la misma línea haciendo énfasis en el proceso participativo y contrapone Cabildos/Congreso.

En este sentido, la aplicación del concepto de punto nodal, como conjugación de cadena significante antagonizada que condensa la mayor cantidad de contenidos (por mera asociación o sustitución), resulta reveladora. Las Tablas 13 y 14 reúnen los principales términos de tales cadenas significantes, recogiendo textualmente los significantes correspondientes desde editoriales y columnas de cada uno de los diarios en cuestión. A su vez, se proponen equivalencias en base a las cadenas significantes, entendiendo que una relación de equivalencia se produce cuando dos términos pueden remplazarse mutuamente dentro del mismo contexto de significación (Laclau, 2014).

Tabla 12. Puntos nodales en editoriales y columnas de El Mercurio

Fuente: Elaboración propia.

La sutura a la que conduce el punto nodal en los dos medios analizados prácticamente no ofrece margen para matices interpretativos. La cadena significante que se desprende de los textos de El Mercurio podría sintetizarse en la dicotomía orden/caos; en el caso de La Tercera, por su parte, traza fronteras entre los territorios legalidad/ilegalidad. El antagonismo en la discursividad de ambos diarios no admite escala de grises, como queda plasmado en los términos que marcan los títulos: incertidumbre, trampa, vacíos, inconsistencias, peligros, deficiencias, espejismo, bestiario, reparos, innecesario.

Tabla 13. Puntos nodales en editoriales y columnas de La Tercera

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, resultaría posible vislumbrar un significante flotante en el término “Constitución”, dado que condensa gran cantidad de significados. Sin embargo, no funciona como articulador de múltiples diferencias, al menos desde la discursividad de los medios analizados. Cabe recordar que existe cierta intención articuladora desde los equipos gubernamentales a cargo del diseño metodológico y de la estrategia comunicacional del PCAC al renunciar al término “Nueva Constitución”, no obstante, tal concesión no es suficiente para lograr el propósito de ampliar las adhesiones al proceso.

Si el significante flotante es condición para la producción de significantes vacíos, tal pasaje no parece tener lugar. La posibilidad de que “Constitución” devenga en significante vacío, queda obturada desde El Mercurio y desde La Tercera al adjetivarla, agregando apellido o prenombre: Constitución (vigente) vs. (Nueva) Constitución.

La posibilidad de identificar fuerzas en disputa por las reglas de significación se trasluce en los actores o protagonistas de la lucha política que ponen ambos medios en primer plano: el Gobierno, en especial en la figura de la presidenta Bachelet; en menos medida, la coalición gobernante ‒Nueva Mayoría‒. Tanto desde El Mercurio como en La Tercera, el Gobierno y la coalición gobernante son los actores que protagonizan la rivalidad requerida para la construcción de la propia identidad. No obstante, si el “ellos” es explícito, el “nosotros” no lo es.

4. A modo de síntesis

A través de la información que entrega este capítulo, se enlaza la concentración de la propiedad de medios de comunicación, conceptualizaciones sobre libertad de expresión contenidas en la Constitución vigente, y la manifiesta posición de rechazo de los dos principales diarios más grandes del país frente al PCAC. Los intereses en juego que permite vislumbrar este recorrido se condensan en discursividades antagónicas que perfilan, casi sin matices, los diarios El Mercurio y La Tercera en torno al significante “Constitución”. El posicionamiento de estos medios frente a un posible cambio constitucional complementa un paisaje plagado de vínculos e intereses cruzados que, a su vez, se insertan en el cuadro más amplio del escenario nacional, remitiendo al entramado que recorre todo este trabajo entre la instalación del tema en la agenda pública, las agendas preexistentes, los climas de opinión pública y la crisis política contingente. Desandar esta trama es, precisamente, el propósito del Capítulo 6.