Información y discursos sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en redes sociales virtuales de instituciones de salud pública de las provincias de Río Negro y Neuquén (2021-2023)
M. Valeria Albardonedo[1]
Introducción
La relación entre procesos de legitimación/deslegitimación del derecho al aborto luego de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Nº 27610 —en adelante IVE—en Argentina y la circulación de discursos e información en redes sociales virtuales de hospitales públicos, se construye como un interrogante guiado por inquietudes epistémicas, éticas y políticas, en el que se implican ejes problematizadores múltiples.
El objetivo del presente trabajo es contextualizar la problemática y desarrollar un diálogo teórico e histórico que explicite dichos ejes para visibilizar a partir de los mismos, núcleos de conflictividad para la implementación de la IVE en instituciones de salud pública.
Los ejes mencionados configuran un abordaje complejo, constitutivo de la problematización del tema. Se parte de considerar que la complejidad como característica de los problemas sociales de la modernidad tardía, implica una serie de entrelazamientos conformados por escalas temporales, niveles provinciales, regionales, nacionales y globales y también perspectivas que involucran puntos de vista de distintos actores sociales (Rodriguez Zoya, 2019).
Por su parte, la conflictividad se caracteriza por su multidimensionalidad, multicausalidad, latencia e historicidad. Expresa además, contradicciones propias de la dinámica social que se muestran en las relaciones entre grupos sociales (Sarti Castañeda y Aguilar Umaña, 2006).
El abordaje de la información y los discursos sobre la IVE en redes sociales virtuales de instituciones de salud pública en las provincias de Río Negro y Neuquén se enuncia como tema/ problema que encuentra plena pertinencia en el campo comunicación y salud. Campo cuyo estatuto se expresa transversalmente en lo epistémico, lo ético y lo pragmático desde coordenadas de heterogeneidad y complejidad (Petracci y Rodriguez Zoya, 2020). Expresadas en la praxis del campo, dichas coordenadas se concretan en un “entramado de miradas, abordajes, prácticas de investigación e intervención; debates, tomas de decisión y estrategias que convocan y remiten simultáneamente a la comunicación y a la salud” (Petracci y Rodriguez Zoya, 2020: 6).
En este caso, la historia del aborto en nuestro país, las coyunturas del debate público, los antecedentes en los sistemas de salud, las voces referentes de la información científico-médica y política, a lo que se suma la emergencia y consecuente aceleración de la digitalización de las prácticas de salud como prácticas sociales, configuran una trama compleja. Trama que se anuda en un ejercicio de pensamiento doblemente trazado por lo científico y lo político, principalmente porque la motivación ulterior del tema/ problema planteado se construye en relación a la pregunta por la apropiación social del derecho al aborto.
En lo que sigue, se explicita y fundamenta la periodización y el contexto elegido para llevar adelante la investigación; así mismo se reseñan iniciativas y noticias que construyen la problemática. En los apartados posteriores, se desarrollan los ejes de diálogo constitutivos de la problematización. Inicialmente, se presentan las coordenadas epistémicas sobre el poder y las formas reticulares que asume en la institución médica para conformar un régimen político- discursivo que subsiste hasta nuestros días. Régimen que incide materialmente en el abordaje comunicacional de la IVE.
En segundo lugar, se realiza un recorrido histórico que expone la ética de las luchas con la que el aborto se construyó como derecho en nuestro país. En dicha construcción, se esclarecen conflictividades y vaivenes propios de los procesos de legitimación/ deslegitimación.
Las inquietudes de índole pragmática se despliegan en el tercer apartado a partir de las reflexiones sobre la implementación de la IVE. El énfasis sobre la dimensión comunicacional de la misma resulta indisociable de la E–health/E-salud como práctica que emerge y se acelera en la coyuntura que marcó la pandemia por COVID-19. Coyuntura en la que el aborto se consagró como ley. En ese sentido, se definen los alcances de la práctica, los intereses y debates que concita y su relación con la salud sexual.
Finalmente, el trabajo repasa los principales argumentos de los ejes problematizadores para fortalecer supuestos de partida y núcleos de conflictividad de cara a la futura investigación.
Periodización, contexto y antecedentes
Tanto el recorte temporal como el contexto geopolítico seleccionados inscriben histórica y críticamente el tema. El período estudiado se prioriza en función de la primera etapa de implementación de la ley que fue promulgada el 14 de enero de 2021, cuando aún regían en el país medidas preventivas en función del avance de la pandemia por COVID-19.
La interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en derecho en una coyuntura inédita que alteró globalmente las relaciones humanas, los modos de trabajo, educación, cuidado y atención de la salud, atravesados fuertemente por los procesos de digitalización (Albardonedo y Petracci; 2021). En ese sentido, la puesta en marcha de la ley IVE estuvo signada por la mediación virtual ya sea para la capacitación específica de equipos de salud, como para la producción de campañas, creación y circulación de materiales que se ejecutaron desde el nivel central para su difusión a nivel nacional. Así, la dimensión comunicacional/ digital en la política de implementación fue condicionada por criterios de urgencia impuestos por las circunstancias. Criterios que jerarquizaron inicialmente la producción de piezas y materiales para difundir a través de redes sociales (Ministerio de Salud, 2022).
Desde el primer año de la puesta en marcha de la ley, en 2021, existen iniciativas de monitoreo sobre la accesibilidad al derecho plasmadas en distintos informes producidos por centros de investigación y organizaciones de derechos humanos. Entre ellas se destacan dos que cabe referenciar: el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) conjuntamente con Ibis Reproductive Health[2] y las acciones de abogacía respecto del acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos como derecho humano que desarrolló Amnistía Internacional Argentina. Ambas iniciativas llevaron adelante relevamientos en todo el país para sistematizar logros y debilidades en la implementación de la IVE. Los informes producidos por esos dos proyectos observan y evidencian déficits en el acceso a la información en efectores de salud, casos de información denegada e indicaciones incorrectas. Incluso, han definido la difusión del derecho como una “deuda de la política pública a finales de su segundo año de implementación” (Ramos, et al., 2022: 20).
La decisión de acotar la investigación al 28 de septiembre de 2023, se fundamenta en la efeméride por el día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que tomó un cariz particular dado el contexto electoral en el que se encontraba inmerso el país. Marchas y movilizaciones convocadas por organizaciones de mujeres, multisectoriales, colectivas y coaliciones integradas por feminismos y disidencias poblaron las calles en estado de alerta ante el avance de posiciones ultraderechistas y conservadoras encarnadas en uno de los candidatos presidenciales fuertemente legitimado a partir de su triunfo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en agosto de 2023. Javier Milei –quien a partir del 10 de diciembre de 2023 asumió la presidencia de la nación– postuló públicamente aún como candidato por el partido La Libertad Avanza la posibilidad de “plebiscitar el aborto” y cuestionó la implementación a través de argumentos morales (Diario Ámbito Financiero; 15 de agosto de 2023).
En cuanto al contexto, cabe destacar que las provincias de Río Negro y Neuquén albergan una trayectoria en materia de leyes y activismo en torno a los derechos sexuales y reproductivos (Petracci y Pecheny, 2007). Ambas tuvieron leyes pioneras para la creación de programas provinciales referidos a salud reproductiva y salud sexual entre 1993 y 1997, normas que resultaron antecedentes al Programa Nacional de salud Sexual y Procreación Responsable originalmente reglamentado en 2002. Específicamente, en relación a interrupción del embarazo, la provincia de Río Negro presentó ya en 2005 un proyecto de ley de atención sanitaria de abortos no punibles. Luego en 2010 se establece la “Guía de Atención Integral de los Abortos no punibles” de aplicación en la provincia. (Ley 4796. Resolución 1184/2010. Boletín oficial). Neuquén por su parte, emitió en 2007 la resolución ministerial 1380, por la que se reglamentó el procedimiento para la atención profesional frente a las solicitudes de prácticas de aborto no punible.
Otra arista a considerar es la cercanía y la interacción de ambos sistemas de salud provinciales con la colectiva feminista la Revuelta, reconocida por su militancia en torno al derecho al aborto desde hace más de dos décadas y fundadora de las redes de socorristas[3] a nivel nacional, que luego se extendieron a varios países latinoamericanos. En este sentido, cabe destacar que la trayectoria y el activismo de alcance continental de las redes feministas, caracterizan a la región como parte del entramado federal de impacto decisivo en el proceso de conquista de la legalidad del aborto en Argentina.
No obstante, la brecha en la accesibilidad al derecho, se advierte en los servicios de salud pública provinciales hasta el período en estudio. En efecto, la cobertura mediática sobre la implementación de la IVE en la región, enfatiza la desigualdad en la aplicación de la ley dentro de ambas provincias incluso en una misma ciudad. En ese diagnóstico, referentes nacionales, provinciales y líderes del movimiento socorrista entrevistadas, también asumen la comunicación del derecho como un “tema crítico”, como una “deuda a nivel nacional” que “también se replica en las provincias” (Diario Río Negro, 5 de junio de 2023).
Salud, estado, sexualidad y medicina: dispositivos, normalización y saberes a interpelar
En cuanto a las inquietudes epistémicas surge principalmente, la trascendencia del dominio simbólico-social de la medicina y las instituciones de salud. En relación al dominio en cuestión, el ejercicio recae sobre la reflexión en torno a los micropoderes que se expresan discursivamente y materializan un conjunto de prácticas normalizadoras.
Las raíces del dominio al que se ha hecho referencia se originan a principios del siglo XIX con la “medicina social” (Foucault, 1996) que comenzó a consolidarse como “tecnología del cuerpo social” (Foucault, 1996: 87) con el propósito de controlar y disponer los cuerpos para el orden social capitalista. Se parte de considerar al peso del dominio para producir subjetividad y de esta manera, “contribuir a la normalización de la maternidad como marca fundante de la subjetividad femenina” (Jaureguiberri y Farré, 2020: 184).
En este sentido, el saber bio-médico y sus instituciones se comprenden como parte sustantiva de un régimen fundante de modos de existencia que, basados fuertemente en la diferencia sexual, han consolidado constructos de subjetividad en los que la reproducción sexual continúa organizando los significados sociales de la sexualidad.
En este proceso de consolidación, el surgimiento de la biopolítica como forma de poder y tecnología de gobierno (Foucault, 1974) permite comprender el modo en que se vinculan racionalidades políticas y médicas para “forjar un orden moral específico” (Estrada Mesa, 2015: 243) que sostiene la estatalidad.
La medicina obtiene un carácter de salvación en la medida en que debe aliviar los sufrimientos corpóreos de la sociedad y, además, porque es quien establecerá cuáles son las acciones correctas e incorrectas a llevar a cabo en función de la ampliación de la salud. La salud sustituye así a la salvación. Los médicos asumen el papel de sacerdotes ya que conocen mejor a nuestros cuerpos que nosotros mismos. De allí que, Foucault sostenga que el médico se ha vuelto un ‘consejero y un experto’ al indicarle a la sociedad los modos de vida correctos para su pleno desarrollo (Andrada, 2022: 5)
Así, la sexualidad como conjunto de prácticas, discursos, actitudes del orden del deseo instituyentes de la subjetividad pero también como dispositivo de control biopolítico anclado en las instituciones de salud, juega en la disputa de sentidos de la existencia humana. Como efecto de dicho dispositivo, la “salud sexual” se configura como objeto de intervención ligada a un modo de ser que se acentúa a través del campo discursivo homónimo. La medicalización de la sexualidad es constitutiva de dicho campo discursivo dado que ha producido un saber-poder sobre los cuerpos materializado en distintas políticas y prácticas de salud. El enfoque materno-infantil que impregna hasta la actualidad estructuras de asistencia y atención en la política de salud es un producto ejemplificador de dicha materialización.
Los discursos que se producen, reproducen y entran en disputa en el campo discursivo de la salud sexual, hacen a la subjetivación y en esa dinámica conforman el género, el tratamiento de los cuerpos y la diferencia sexual (Jaureguiberri y Farré, 2020). Lo que puede enunciarse y lo que no puede enunciarse en las instituciones de salud obedece a las dinámicas que permanecen silenciadas de modo tácito hasta que un desplazamiento del orden social inscripto y en dialéctica con los dispositivos de saber/poder, ocurre. El caso de la IVE, es representativo de dicho desplazamiento y revelador de los modos en los que se imbrican dichos dispositivos con procesos de subjetivación sexo-genéricos.
Para esclarecer los modos en que la relación entre los dispositivos construye sentidos dominantes respecto de los cuerpos de las mujeres a través del campo discursivo de la salud sexual, cabe citar el concepto de formación discursiva. El mismo refiere a “todo sistema de reglas que fundamenta la unidad de un conjunto de enunciados socio-históricamente circunscriptos” (Maingueneau 1996: 52). El mismo autor enfatiza sobre la regulación que produce la formación discursiva en términos de lo decible, lo que se puede decir y consecuentemente lo que se vuelve accesible y delimita una identidad (Maingueneau, 1984). Briggs (2005) señala que el poder generado por la (re) producción de los saberes médicos no radica únicamente en sus contenidos, sino en el modo en que las formas discursivas se insertan y son productoras de relaciones sociales. En efecto, las prácticas de salud en tanto prácticas sociales instituyen relaciones de poder en las que el saber médico/ científico hegemoniza la comunicación. Cuestión que gravita en las relaciones sociales y a su vez, en la esfera pública. En el caso que aborda esta investigación ha sido evidente el peso que tuvo el discurso médico en el debate público sobre la IVE.
A propósito, resulta relevante advertir los modos en que la medicina como formación discursiva opera en los procesos de legitimación/ deslegitimación del aborto y cómo esos modos permean las políticas públicas de salud sexual y reproductiva que implementan la ley. En los análisis discursivos de política pública, se reconocen a las mismas como “hechos discursivos y contenedoras de actos de poder, que —aunque en su construcción intervienen diversos actores— emanan de una fuente estatal, adquiriendo así carácter de obligatoriedad” (Forero Portela y Hurtado Parto; 2013: 269). En este sentido, es válido destacar que el aborto consagrado como derecho encarna una transformación sobre lo decible en las instituciones. Una transformación que gravita en las relaciones salud-sociedad y consecuentemente en las identidades feminizadas, sobre todo porque despega la sexualidad de la reproducción.
Los conceptos reseñados; instituciones normalizadoras, dispositivo de la sexualidad, biopolítica, medicalización, formación discursiva, abonan la dimensión ética de la problemática porque permiten advertir genealogías, reconocer la dinámica de los dispositivos relacionados y así valorar la praxis de salud, sus instituciones y agentes clave en relación a los procesos comunicacionales que, en tanto constitutivos de la legitimación/ deslegitimación, construyen o limitan apropiación social sobre derecho al aborto.
Activismos, posicionamientos e incidencia: una ética para enunciar el derecho a abortar
Resulta relevante repasar los itinerarios históricos conformadores de los procesos de legitimación/ deslegitimación del aborto. En dichos itinerarios se vuelven claves la construcción discursiva de la demanda, sus vaivenes en el espacio social, así como también el modo en que las instituciones de salud y la comunidad médica participan y se posicionan en el debate público. Cabe señalar que la legitimación —a diferencia de la legalización que implica el reconocimiento del Estado— supone el desafío de asentar el derecho en los cambios culturales necesarios para transformar el mandato en deseo y elección y consecuentemente, modificar “las relaciones sociales que ubican a quienes abortan en un lugar de eternas víctimas sufrientes” (Burton, 2021: 4). Por el contrario, la deslegitimación implica la resistencia al cambio cultural, anclada en discursos y prácticas que aún proyectan y afirman la maternidad como destino bio-político. Discursos y prácticas que desconocen y niegan material y simbólicamente la legalidad.
Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos comienzan a formar parte de la agenda pública y se afirman como cuestión social con el advenimiento de la democracia, en 1983. Hechos claves cimentan la legalidad, mientras que la legitimidad de los no reproductivos se configura desde una conflictividad intermitente.
En 1985 el parlamento ratificó la Convención sobre Toda Forma de Discriminación contra la mujer —en adelante CEDAW—. En 1986 se derogan normas prohibitivas y coercitivas decretadas en dictadura, que controlaban la venta de productos anticonceptivos y alertaban deliberadamente sobre los riesgos y prácticas anticonceptivas. Cabe señalar que dichas normas se fundamentaban en políticas de desarrollo que argumentaban una “caída demográfica” (Felitti, 2004: 7).
En 1988, surge a iniciativa de un grupo de profesionales militantes, la Comisión por el Derecho al Aborto —en adelante CDA—. Con esa denominación, en momentos en que el aborto era un “no dicho, un sin nombre, una zona franca, un agujero negro” (Bellucci, 2016: 1), la agrupación se instala tempranamente como vocera genuina y única de la demanda. Se caracterizó por enunciar el derecho al aborto explícitamente y construir su militancia en torno al mismo como principal premisa. Fue también la CDA el antecedente de grupos de profesionales de la salud posicionados respecto de la interrupción del embarazo. Nucleados en el Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, tanto médicos como enfermeras acercaron estadísticas sobre los abortos realizados en ese hospital y a partir de dicha colaboración participaron de la redacción del primer proyecto de ley sobre anticoncepción y aborto luego del regreso de la democracia. El proyecto incluía el derecho a abortar dentro de las doce semanas en hospitales públicos y asesoramiento post aborto que incorporaba anticoncepción (Belluci, 2016; Burton, 2017).
A mediados de la década de los 90, las Conferencias Mundiales del Cairo y Beijing[4], confieren impulso global a la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos. El concepto se instaló trasnacionalmente como constructo fundamental de los derechos humanos y la autonomía de las personas. La recepción de dichos lineamientos en nuestro país coincidió con el mandato presidencial de Carlos Menem, gobierno de signo neoliberal que profundizó el conservadurismo cultural tallado por el plan represivo de los años de dictadura. Un acontecimiento que da cuenta de las pujas sobre temas de sexualidad y reproducción, ocurrió durante la reforma constitucional de 1994. En esa coyuntura, al mismo tiempo que la CEDAW adquiere jerarquía constitucional con lo cual el estado argentino reconoce los derechos de las mujeres que incluyen –dentro del conjunto– el acceso a la información para decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el gobierno en connivencia con el poder eclesiástico, intentó incluir mediante el proceso de reforma, una cláusula que garantizara el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural (Petracci, 2004; Del Manzo, 2019). Desde los medios de comunicación y los cuerpos legislativos se convocaron referentes de la comunidad médica para que dieran su opinión como expertos. La Academia Nacional de Medicina fue la única entidad representativa de la comunidad médica que expresó en una declaración pública su postura contraria al aborto, sin explicitar opinión respecto al artículo en cuestión (Petracci, 2004).
Finalmente, la inclusión de la citada cláusula no prosperó en virtud del activismo que desplegaron nuevas actoras sociales principalmente nucleadas en MADEL (Movimiento de Mujeres Autoconvocadas para decidir en Libertad) un frente político multisectorial que articuló reclamos, canalizó demandas y militancia de larga data de feministas, mujeres de distintos partidos políticos, sindicalistas y militantes por los derechos humanos.
Ya en el nuevo siglo, aun en un escenario de crisis legado por el estallido social de 2001, otro hito trascendental consolida legalidad y posiciona al estado en relación a los derechos sexuales. La Cámara de Diputados de la Nación otorga media sanción a la Ley 25.673 que al año siguiente crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable bajo la órbita del Ministerio de Salud. Como se advierte, la salud sexual queda ligada discursivamente a la procreación responsable en la política pública.
Entre 2003 y 2004, a instancias del Encuentro Nacional de Mujeres, se fundó una amplia alianza integrada por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, agrupaciones y organizaciones sociales de todo el país que dio origen a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito —en adelante CNDASLG—. Dentro de la diversidad de posicionamientos partidarios e ideológicos, mantuvo desde sus inicios un consenso acerca del aborto como “práctica disruptiva de una feminidad asociada a la maternidad y relacionada con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos” (Tabush et al. 2016: 41).
La CNDASLG impulsó y materializó seis instancias de presentación del proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación —en 2008, 2010, 2012, 2014, 2015—. Esta última incorporó modificaciones al proyecto original; la más significativa dispuso el plazo de la semana 14 para la interrupción del embarazo.
La campaña también nucleó colectivas de profesionales vinculados a la defensa de los derechos sexuales, así fue como impulsó la creación de la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir —en adelante RNPDD—. La misma agrupa médicos/as y también los y las profesionales de diversas disciplinas integrantes de equipos de salud. Activa desde 2015, los y las profesionales que la integran se autodefinen como acompañantes de personas que deciden abortar.
Durante marzo de 2018, se presentó por séptima vez el proyecto en cuestión con cantidad de firmas récord respecto a las presentaciones anteriores. En ese contexto, la RNPDD lanzó una campaña de alcance masivo en redes sociales bajo el hashtag #ContasconNosotros cuya postura explicitaba y difundía el rol de acompañamiento que la impulsaba. En contraposición, Médicos por la Vida, una agrupación conformada en la coyuntura de 2018, que como su nombre lo indica, representaba las posturas contrarias a la legalización alineadas a los sectores eclesiásticos, difundió en portales web, medios masivos y redes sociales la proclama “No Cuenten Conmigo”. Cabe resaltar que dicha agrupación no tuvo activismo previo. Ambas campañas son representativas del clivaje que hasta la actualidad —Ley IVE mediante— caracteriza al colectivo profesional médico frente al aborto, clivaje que también impregna los servicios de salud.
Los acontecimientos en torno al debate por lo que todavía en 2018 se denominaba proyecto IVE adquirieron una relevancia sociocultural trascendente. Nunca antes en la historia argentina la tematización del aborto había tomado características de masividad. El activismo digital fue determinante para ello, además de dinamizar e instalar en la esfera pública la demanda.
En el año de la sanción definitiva de la ley IVE (2020), las movilizaciones en el espacio público resultaron acotadas a las jornadas de debate parlamentario, primero en diputados y luego en senadores, dado el contexto de DISPO (Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio) decretado por el Poder Ejecutivo Nacional en función de la pandemia por COVID-19. En ese contexto, el activismo digital redobló estrategias y acciones.
En el recorrido precedente, se advierte que los procesos y hechos que abonaron el camino a la legalidad del aborto fueron empujados mayoritariamente por coaliciones de militancia feminista. En esas tramas, el colectivo profesional médico y las instituciones de salud se posicionaron de modo ambivalente. En ese modo se traduce una ética guiada tanto por el rol social de portavoces del colectivo como por el lugar de la salud en tanto dispositivo garante de un orden social. Ahora bien, la interpelación a esa ética se vuelve un ejercicio político para revisar si en las prácticas discursivas cotidianas de los hospitales la ley IVE se legitima, se ignora o simplemente se informa en términos de servicio, eclipsando el derecho.
Implementación de la IVE: desafíos entre política y pragmática en contexto de digitalización
De la mano con las inquietudes éticas, la dimensión pragmática del problema, implica la imaginación de “estrategias de acción para intervenir sobre el estado actual de un sistema y hacer que evolucione hacia un estado más deseable en el futuro” (Rodriguez Zoya; 2019: 17). Lo más deseable en la problemática desarrollada, sería una política de comunicación tendiente a la legitimación social del derecho al aborto. Proyección que necesariamente conduce a la reflexión sobre el estado actual de las políticas de comunicación en salud sexual.
Se parte de considerar, que nuestro país ha institucionalizado el rol materno de la mujer desde mediados del siglo XX en la planificación estatal (Anzorena, 2013) por lo que el sesgo reproductivo-familiarista, vaivenes políticos mediante, impregna hasta la actualidad todas las áreas de acción pública. En este sentido puede advertirse a modo de supuesto que las políticas de comunicación en salud sexual se encuentran atravesadas tanto por el mandato reproductivo como por el saber médico (Lois, 2021)
En ese entramado de mandato, sesgo y saberes puede leerse el estado actual de situación respecto de la accesibilidad al derecho al aborto en términos político-comunicacionales. Tal como se indicó en el apartado referente a la periodización, el contexto y los antecedentes de referencia para la investigación, el déficit comunicacional en la implementación de la ley IVE se plasma en informaciones incompletas e incorrectas, dilaciones y hasta ausencia total de discurso institucional respecto de la ley. Ahora bien, en ese déficit los núcleos de conflictividad que subyacen, condensan tanto las dinámicas de poder que se juegan a nivel de dispositivos y discursos como las ambivalencias históricas que caracterizaron posicionamientos y acciones en la institución salud y en el colectivo profesional médico.
No obstante, la situación actual también se caracteriza por el auge de la E–Health/E-Salud en la política de salud. Tal como señala Petracci (2022) los términos citados expresan las transformaciones que las TIC y los procesos de digitalización han provocado y aún provocan en los sistemas de salud y en los procesos de salud-atención-prevención y cuidados. Transformaciones que, ante los retos globales que desencadenó la pandemia por COVID-19 se instalaron de modo vertiginoso y omnipresente en la gestión de la información, los cuidados y la atención de salud. E–health/E-salud se define como práctica que emerge a fines de siglo XX y principios del nuevo siglo para dar cuenta de todas las prácticas de salud mediadas por la tecnología. Aglutina una gran diversidad de situaciones que tienen como común denominador la comunicación digital para informar, prevenir, promocionar, asistir, habilitar, hacer partícipes, gestionar, atender, asesorar sobre cuestiones de salud. “Es un modo de trabajo y comunicación en el campo de la salud –un ecosistema complejo de convergencia de pantallas, dispositivos, saberes y subjetividades– mediado tecnológicamente en una sociedad global y en red” (Petracci y Schwarz, 2020: 19).
Respecto del reconocimiento y las opiniones de profesionales médicos sobre E–health/E-salud y su relación con la información y los derechos, investigaciones recientes destacan que el acceso a la información on line contribuye al ejercicio de los derechos (Schwarz, en Petracci; 2022). En relación a esta valoración cabe destacar el legado sociocultural del activismo feminista y el uso estratégico y político de las redes sociales virtuales para instalar masivamente la demanda del aborto como un derecho humano.
Respecto a la intersección entre E–health/E-salud y salud sexual, y específicamente en relación a aborto, es imprescindible destacar la importancia que tuvo y aún tiene la circulación de información en Internet a través páginas webs de distintos organismos sobre métodos de interrupción del embarazo seguros, en un contexto como el argentino que además de las variadas restricciones simbólico-sociales, hasta hace poco tiempo también imponía restricciones y arbitrariedades desde lo jurídico-normativo (Elicabe, en Petracci, 2020). “Las plataformas digitales resultaron un elemento facilitador para diseminar información, testimoniar respecto de las prácticas clandestinas de los abortos, acceder a información sobre abortos autoadministrados con misoprostol y acompañamientos” (Laudano, 2023: 16).
Dado que la implementación de la ley IVE en hospitales comenzó en plena pandemia, durante 2021, puede afirmarse que las acciones de información, promoción, difusión y capacitación sobre la norma y sus alcances se realizaron en el marco de la E–health/ E-salud.
Algunas conclusiones surgen a partir de las experiencias y la coyuntura pandémica que encumbraron la E–health/ E-salud en las políticas de salud y en las políticas de comunicación en salud. En principio han puesto de relieve la necesidad de difusión y acceso rápido a la información como también imperativos en materia de capacitación y adaptación de los equipos de salud y la población en general a la gestión de la información en salud mediada por tecnologías digitales. En este sentido, cabe reparar en el artículo 5 de la ley IVE, en el que se indica que:
El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos en la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explicita (Ley IVE; 2020: 5)
Al reparar rápidamente en la letra de la ley se advierte que la garantía de suministro de información a lo largo del proceso de atención implica tácitamente la E–health.
No obstante, tal como subraya Petracci (2022) entre los debates y los intereses que genera el establecimiento de E–health cabe atender la difusión de información sanitaria, los modos en que son tratados los temas de salud, el tratamiento y las representaciones de los sujetos involucrados y las concepciones de comunicación que subyacen. Estos últimos señalamientos permiten fundamentar y afirmar el problema en los ejes problematizadores expuestos, confirmando que la información y los discursos que circulan en redes sociales virtuales de hospitales sobre IVE, se configura como un tema de relevancia en el que E–health/E-salud resulta determinante para la calidad, la accesibilidad y la legitimación social de la IVE.
A modo de conclusión
La exposición y el desarrollo precedentes tuvieron como premisa explicitar el diálogo teórico y el recorrido histórico-político que convergen en el tema/problema citado: la relación entre los procesos de legitimación/deslegitimación de la ley IVE y la información y los discursos sobre la misma en redes sociales virtuales de hospitales públicos de las provincias de Río Negro y Neuquén.
Como supuesto inicial, puede leerse una correspondencia entre dichos procesos y la circulación de información y discursos sobre IVE en redes sociales virtuales de hospitales, dado que existe una discursividad pública sobre el aborto configurada históricamente. Discursividad que, en la última década, expuso las disputas morales, ideológicas, políticas y religiosas que afirman el derecho al aborto como una cuestión social problemática, incluso luego de su legalidad.
En cuanto a los núcleos de conflictividad para la implementación de la ley en materia de accesibilidad comunicacional, las dinámicas de poder-saber constitutivas de la relación entre dispositivos, el arbitrio moral y el peso del rol social de las instituciones de salud sumadas a las ambivalencias históricas en los posicionamientos de profesionales de la medicina, se avizoran como tal. Cabe resaltar que la noción de núcleo enfatiza justamente la idea de telón de fondo desde la cual pueden fundamentarse tendencias, rupturas y/ o continuidades en los contenidos que se comunican para difundir el derecho al aborto.
Por último, la comunicación digital de los derechos sexuales y del derecho al aborto en particular tiene una trayectoria que excede ampliamente el componente informativo porque se gestó como estrategia al calor de las luchas feministas, razón por la cual ha madurado en sentidos legitimantes desde los que se disputa fuertemente el mandato reproductivo. Resta indagar si han trascendido el fenómeno de las movilizaciones y el fervor de los acontecimientos de 2018 y 2020 para formar parte de las políticas de comunicación que en el período estudiado pudieron articularse en el marco de un proceso de implementación que tácitamente se enmarcó en el ascenso de la E–health.
Finalmente, en una coyuntura como la que atraviesa el país a partir de la asunción de un régimen ultra-neoliberal con fuertes características neo-conservadoras acompañado de un programa explícito anti-intervencionista de vaciamiento y liquidación del Estado, una investigación retrospectiva como la que se propone a partir del problema planteado, permite dar cuenta de las capacidades estatales instaladas en materia comunicacional, la trascendencia de las luchas y la pregnancia de los cambios sociales necesarios para asentar los derechos de las mujeres como derechos humanos. Tal como nos recuerda Simone de Beauvoir (1949) bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados.
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Páginas web de revistas, periódicos y organizaciones consultadas
- Mg. en Ciencias Sociales y Humanidades y docente-investigadora en la UNComahue. ↵
- Es una organización que impulsa investigaciones científicas a nivel mundial sobre salud sexual, basadas en principios de autonomía y opciones placenteras. Define su visión en relación a un ideal de acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva que resulte asequible y disponible para todas las poblaciones sin requisitos médicos ni impedimentos legales. https://bit.ly/45P4qQY↵
- La Organización Feminista “La Revuelta” surge en 2001 en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima lindante con la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Como colectiva, ha sido pionera en el acompañamiento de mujeres que deciden abortar, y con ello inaugura, en 2010 el socorrismo como red a nivel nacional y de otras geografías latinoamericanas. Actualmente, las redes de socorristas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén —así se denomina la unidad geográfica—tienen interacción con el sistema de salud de ambas provincias. ↵
- La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, centró el debate en el desarrollo de los grupos sociales y los sujetos en la dinámica poblacional. Reconoce una posición de desventaja de las mujeres con relación a los varones, cuestión que se instala en la agenda de Occidente para impulsar el denominado “empoderamiento de la mujer” y la acción pública para la mejora de la situación de las niñas, juntamente con el derecho a la salud sexual y reproductiva. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing un año después, compromete a los estados miembros de Naciones Unidas a tomar medidas en estas áreas poniendo especial énfasis en el fin de la discriminación.↵
