1.1. La primera infancia

Primera infancia es una de las categorías más recientes utilizadas en el ámbito de las investigaciones e intervenciones para la población infantil, se trata de una construcción específica sobre los niños que se encuentra naturalizada dentro de este campo y comprende dos grandes acepciones: por un lado, está fuertemente anudada a un recorte etario y, por otro, comprende un amplio espectro de intervenciones –sentidos y acciones– que han sido enmarcadas dentro del término de atención integral.

En primer lugar, frente al recorte etario, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y el Marco de Acción de Moscú de 2010 establecen que la primera infancia llega hasta los 8 años. El primero incluye “a todos los niños pequeños: al nacer y durante el primer año de vida, durante los años preescolares y en la transición hasta la escolarización” (Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, 2005, p. 3). No obstante, en América Latina y el Caribe se considera como una etapa que abarca desde la gestación, lo que involucra a sus familias –especialmente, a las madres–, y va hasta los 6 años, edad que coincide con el inicio de la educación básica primaria.

De este modo, la primera infancia está fuertemente anudada a una franja etaria –0 a 6 años, en el caso colombiano–, suscripta a unos límites arbitrarios en la cotidianidad de las intervenciones, los cuales engloban construcciones particulares de sus miembros, así como intervenciones específicas materializadas en políticas y programas. Este recorte etario, a veces difuso, trae dificultades para establecer cuándo se inicia y cuándo termina.

Establecer el inicio desde cero, ¿comprendería solo desde el nacimiento?, ¿dejaría por fuera la gestación e incluso la concepción? Y ¿cuándo finaliza?, es decir, ¿hasta cuándo se considera que los niños y niñas hacen parte de la denominada “primera infancia”? En esta línea, surge la pregunta sobre si se incluyen dentro de los programas a niños y niñas con 6 años cumplidos. Estas, aunque parezcan discusiones superfluas, son temas reiterativos y cotidianos a la hora de definir quiénes serán los beneficiarios de los programas, y así mismo determinan prácticas y formas específicas de interacción con los niños y niñas^[1].

Una categoría que abarca desde los 0 hasta los 6 años aglutina en un solo grupo a niños y niñas que guardan diferencias diametrales, según se encuentren más cerca o más lejos de cada uno de los límites etarios; basta con traer a la memoria la imagen de un neonato o de un niño de 5 o 6 años. Por ello, dentro de la categoría “primera infancia” se han posicionado dos grandes períodos que comprenden a niños con características más cercanas, estos son: entre 0 y 3 años, y entre 3 y 6 años.

Estos dos períodos encierran acciones y sentidos específicos en los que el cuidado y la educación tendrán énfasis particulares o, como se afirma desde Unesco (2010a), en desequilibrio:

es todavía frecuente que haya un desequilibrio entre las acciones de cuidado y de educación que se brindan a los niños, dependiendo del grupo etario (mayor o menor de 3 años) y de las modalidades y dependencias de los programas. (p. 69)

Para el caso de América Latina y el Caribe, el componente educativo de los programas orientados a los menores de 3 años tiene una presencia más débil y se privilegian las acciones de cuidado, mientras que a partir de los 3 años habrá un mayor énfasis en las áreas que enmarcan los procesos curriculares de la escuela (Unesco, 2010a).

En consecuencia, dentro de la categoría de primera infancia, la edad se convierte en un concepto limitante y estructural que implica procesos que definen y separan a los niños y niñas, y que dictamina las relaciones que se establecen con ellos y ellas (James y James, 2004). En este punto, cobran gran importancia los señalamientos hechos por Rosemberg (2009) a los nuevos estudios de infancia, también llamada sociología de la infancia, cuando se pregunta ¿con qué límites de edad representa la sociología a la infancia?, y ¿desde cuándo y hasta cuándo van los primeros años de la vida?

Se asume que, al no explicitar claramente los límites etarios, se estaría privilegiando un rango de edad específico o de referencia que se sitúa entre los 5 y los 16 años, lo que evidencia un vacío dentro del campo: nos referimos a la producción y construcción de los niños y niñas más pequeños.

En segundo lugar, la categoría de primera infancia comprende un amplio espectro de intervenciones que han sido enmarcadas dentro del término atención integral, entendido como

el conjunto de acciones coordinadas que pretenden satisfacer tanto las necesidades esenciales para preservar la vida [cuidado], como aquellas que tienen relación con el desarrollo y aprendizaje humano [educación], acorde a sus características, necesidades e intereses tanto permanentes como variables.^[2] (Fujimoto y Peralta, 1998, p. 18)

Con este término se conciben el cuidado y la educación como elementos constitutivos de la atención a los niños más pequeños, lo cual se establece como un avance en el intento de saldar la antinomia fundante de las acciones para la primera infancia que los puso a ambos en contraposición. Desde Unesco se acuñó la noción de Early Childhood Care and Education (ECCE, por sus siglas en inglés), la cual se tradujo para Latinoamérica como Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI).

La AEPI involucra acciones de “atención” y “educación”, dirigidas a preservar la vida, a favorecer el crecimiento sano y adecuado, y a promover la estimulación e interacción social que propicie el aprendizaje (IIPE-UNESCO y OEI, 2010); y su combinación se convirtió en un requisito de los servicios para la primera infancia. En relación con ello, Marco (2014) asegura que fue lamentable la traducción de “cuidado” como “atención” para el ámbito regional, ya que el concepto de cuidado tiene otras connotaciones y es más abarcativo que el de atención.

Dentro de las políticas e intervenciones de la primera infancia, el cuidado será considerado, por una parte, como un servicio que se provee en beneficio de las familias mientras trabajan; y, por otra, como una “atención” que prodiga el adulto para el bienestar del niño, lo cual opaca su dimensión relacional, se vela gran parte de las tensiones que surgen allí; generalmente, se invisibiliza el lugar de los niños y se dejan fuera las formas que toma su agencia en las relaciones de cuidado con los adultos, formas no siempre coincidentes con las imágenes que circulan sobre ellos.

Sin duda, lo anterior puede darnos algunas pistas para comprender lo paradójico de la situación actual: por una parte, la primera infancia adquiere cada vez mayor visibilidad en el marco político y académico; pero, por otra, en el conjunto de la sociedad no se logra instalar una “concepción del niño como actor social y sujeto de derechos, prevaleciendo una idea de la infancia como objeto de protección y mera receptora de servicios” (Unesco, 2010a, p. 68).

En esta vía, y adelantándonos a una discusión en la que más adelante profundizaremos respecto a la dependencia en el marco de las relaciones de cuidado, vale la pena traer la tesis sobre la infantilización de Sennet (2003), en la cual plantea cómo la dependencia se asumió como un estado incompleto de la vida. Así, al adulto se lo asume como el ser completo y al niño como el incompleto o, como lo expresa Lee (1998), en vía o proceso de completarse [becoming], convirtiéndose madurez e inmadurez –traducidas como niño y adulto– en categorías políticas que se distinguen por el fenómeno de la dependencia.

Esto se relaciona con procesos de dominación y sumisión legítimos entre los adultos y los niños, es decir, los sujetos supuestamente independientes sobre los dependientes. Estos procesos mantienen implícita una de las acepciones del liberalismo en la cual se supone que quienes maduran actúan de forma racional, se gobiernan a sí mismos, se convierten en seres independientes, lo que garantizaría su paso a la vida pública, y donde la dependencia y sus tareas relacionadas quedan en un lugar degradante y, por ende, los llamados dependientes: mujeres, niños, minorías.

De manera semejante, algunos de los argumentos con los que se ha posicionado el tema –los expuestos en el planteamiento del problema– han abonado el terreno para que, durante su primera infancia, los niños se conciban en relación con su futuro y no en el tiempo presente: “los niños son los adultos del futuro. Su crianza determinará su bienestar y el porvenir de los países donde viven” (Berlinski y Schady, 2015, p. 209). Esta cuestión no solo eclipsa los determinantes sociales y culturales, sino las relaciones y las tensiones que involucran su cuidado y educación.

Para esta investigación, se asume que el bienestar de la infancia no es un dato dado, de carácter biológico o natural, o que se circunscriba únicamente a lo que refieran las cifras o los informes de calidad de vida de los niños y niñas; se considera que se trata de una construcción producida a través de interacciones y relaciones sociales e históricas situadas (James, Allison y Prout, 1990; James y James, 2004). Por ende, los interrogantes versan sobre las formas como se construye y produce infancia, es decir, los mecanismos y procesos que intervienen allí, y se observa cómo las políticas sociales devienen objetos fundamentales en el análisis del bienestar de la infancia al ser acciones estatales centrales en dicha producción (Llobet 2012).

1.2. Políticas sociales como constructoras del bienestar infantil

Como lo afirman Esquivel, Faur y Jelin (2010), “las políticas sociales son el conjunto de acciones que configuran una intervención sistemática por parte del Estado para atender el bienestar de la población” (p. 27). Siguiendo a estas autoras, podemos agregar que estas políticas definen las responsabilidades y los derechos de ciudadanos y ciudadanas a través de la distribución de los recursos del Estado, atienden a determinados supuestos y principios explícitos o implícitos que orientan los servicios y las respuestas estatales, de acuerdo con las necesidades que los decisores de política hayan definido o atribuido a la población.

Las políticas sociales como promotoras de distintas modalidades de integración social (Llobet, 2005) o, en palabras de Esping-Andersen (1993), de un “sistema de estratificación”, son un mecanismo del Estado mediante el cual se interviene en la estructura desigual y, a su vez, son una fuerza activa en el ordenamiento de las relaciones sociales, de ahí que articulen los modos de intervención y de regulación social (Alzate, 2003). Desde esta perspectiva, el Estado es asumido en términos de relaciones sociales, explicado no solo en referencia al gasto social, sino desde criterios tales como la calidad de los derechos que otorga, la estratificación social y la relación existente entre este, el mercado y la familia (Esping-Andersen, 1993).

Esping-Andersen (1993) plantea que el Estado de bienestar no puede ser entendido solo en términos de los derechos que concede, sino que se deben integrar a los análisis las formas en que las actividades del Estado se articulan con la provisión procedente de otras instituciones, como el mercado de trabajo y el papel de la familia, que también inciden en las oportunidades y en la calidad de vida de la población.

Esta perspectiva permitió sentar las bases de un nuevo marco analítico para examinar las políticas e instituciones sociales, dentro del cual se posiciona un concepto fundamental para el análisis del bienestar: la desmercantilización. En función de las políticas públicas, respecto al bienestar, “la desmercantilización se produce cuando se presta un servicio como un asunto de derecho y cuando una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado” (Esping-Andersen, 1993, p. 41); es decir, lograr que el nivel de calidad de vida sea independiente de la capacidad que tienen las personas para generar ingresos vía el empleo o a través de la adquisición de bienes y servicios en el mercado.

No obstante, autoras como O’Connor, Orloff y Shaver (1999), Sainsbury (1999) y Rasavi (2007) reconceptualizan la definición del Estado de bienestar y complejizan los tres ámbitos planteados por Esping-Andersen (1993). De este modo, la integración de la óptica de género al estudio del Estado, el mercado y la familia, permite evidenciar cómo las políticas del Estado de bienestar producen efectos diferentes en hombres y mujeres, usualmente, en detrimento de estas últimas.

Esta introducción de nuevas categorías de análisis para conceptualizar los Estados amplía las miradas frente a las relaciones que estos establecen al tomar en consideración que las relaciones sociales se extienden más allá de los ámbitos de producción de objetos y mercancías (Grabino, 2010), además de hacer visible lo que se velaba dentro de este empaquetamiento denominado familia.

Siguiendo a Rasavi (2007), se pueden enumerar algunos elementos sugeridos al establecer el género como categoría para el estudio de los regímenes de bienestar:

1. Reconocer que el bienestar no solo era provisto por el Estado y por el mercado, sino que existía una amplia provisión dentro de la familia, la cual era realizada mayoritariamente por las mujeres.
2. Evidenciar el acceso a un trabajo remunerado y a la seguridad social como derechos sociales, así como la mercantilización del trabajo reproductivo que permitiría poder pensarlo como una labor que debería ser pagada o, por lo menos, cuantificada.
3. Incluir los servicios de asistencia social como un derecho fundamental de la ciudadanía.
4. Posibilitar a las mujeres tomar decisiones autónomas con respecto al cuidado y la familia, lo cual implica tener una fuente independiente de ingresos del trabajo remunerado y/o acceder a algún tipo de respaldo por parte del Estado.

Estos aportes permitieron llamar la atención sobre el uso de categorías neutrales por parte de las políticas y de los programas sociales. Políticas y programas que, generalmente, de forma implícita, tienen como referente el ideal de varón-proveedor y comprenden como trabajo solo el que hacen ellos mayoritariamente –trabajo industrial–, e incorporan a la mujer y sus necesidades exclusivamente por la posición de la labor de su esposo en el mercado, lo que genera y refuerza procesos de dependencia. Cuando el Estado asume de forma neutral el género, es decir, cuando no reconoce que las políticas tienen impactos distintos para hombres y para mujeres, sigue perpetuando que las mujeres tengan desventajas frente a los hombres, específicamente, sobrecargándolas con más trabajo en la casa y con el cuidado de los niños, o utilizándolas como voluntarias y proveedoras de bienestar dentro de los programas estatales, reforzando el supuesto de que el cuidado es una tarea propiamente femenina.

El Estado interactúa con las familias a través de las políticas y leyes, pero en el caso de los programas de bienestar, especialmente, con las mujeres. Son ellas, en el ámbito privado, las encargadas del cuidado y, a la vez, actúan como mediadoras con los servicios de bienestar, representando a todos los miembros de la familia. De igual forma, son ellas las que mayoritariamente trabajan en la prestación de los servicios de bienestar. Son las mujeres, en las esferas privada y pública, las principales proveedoras de bienestar y cuidado (Lister, 2000).

Otra de las críticas a los planteamientos de Esping-Andersen es que el concepto de desmercantilización no discutía el presupuesto de dos esferas dicotómicas –pública y privada–, lo que reforzó la invisibilización del papel que desempeñan las políticas sociales en la definición de las esferas domésticas. “En este sentido, la política social, al regular y conformar patrones diferenciados de reproducción social, interviene y produce lo doméstico, por ejemplo, estableciendo responsabilidades adicionales sobre las familias en materia de responsabilización sobre el costo de la reproducción” (Dallorso, 2008, p. 31).

En esta línea, Dallorso (2008) retoma los aportes de Danani y afirma que la desmercantilización propuesta por Esping-Andersen

no socializa la reproducción; por el contrario, la privatiza, reenviando a la esfera familiar e individual la responsabilidad por el bienestar […] también puede expresar la ‘resignación’ a, y hacer parte de la idea de, que el bienestar (la vida) es un problema individual/privado. (p. 32)

En este sentido, dentro del concepto de desmercantilización se habría omitido el peso que la institución familiar tiene y, en especial, el ocultamiento de las diferencias de género que se producen en ella. Se requería, entonces, un análisis que iluminara las relaciones de género que se dan en su interior, porque de lo contrario se perpetuarían los roles de género en la vida de las familias, así como también era necesario visibilizar el papel de las mujeres a través de su trabajo no remunerado, un papel que balancea el déficit que se produce por la ausencia de servicios y políticas estatales.

Con este trasfondo, adquiere un lugar fundamental el aporte de Lister (1994) con el concepto de desfamiliarización, entendida como “el grado en el cual los adultos pueden alcanzar un estándar de vida aceptable, con independencia de sus relaciones familiares, ya sea a través del trabajo remunerado o de la provisión de seguridad social” (p. 37). El mismo Esping-Andersen lo retoma en el año 2000 y lo refiere como “aquellas políticas que reducen la dependencia individual de la familia, que maximizan la disponibilidad de los recursos económicos por parte del individuo independientemente de las reciprocidades familiares o conyugales” (p. 66).

De esta forma, la incorporación del género como categoría de análisis del bienestar permitió develar las relaciones de poder institucionalizadas, la naturalización de jerarquías y desigualdades. No obstante, también es importante señalar algunas limitaciones; particularmente, la totalización de las necesidades de las mujeres bajo una sola categoría produjo que, en la mayoría de casos, se asuma a las mujeres como una población homogénea, hecho que alerta sobre la necesidad de relacionar la categoría de género con categorías como raza, etnia, edad, religión y clase, elementos fundamentales en el análisis de las políticas de bienestar. Tal como lo sustenta Rasavi (2007), los análisis del cuidado que falsamente presentan a los intereses de las mujeres como un elemento homogéneo resultan sumamente problemáticos.

Al respecto, Haney (2002) manifiesta que, aunque los estudios feministas clásicos incluyeron la perspectiva de género, terminaron reemplazando por un principio organizador también totalizante. Valiéndose de los aportes de los estudios historiográficos, esta autora integra nuevos aspectos para el análisis y plantea que el Estado traduce de distintas formas las necesidades, no solo a través de las políticas, sino en las prácticas cotidianas que ejercen los sujetos dentro de las instituciones.

A partir de ello, las políticas sociales y las prácticas institucionales se convierten en niveles fundamentales para los análisis y posibilitan miradas más amplias y no reducidas a visiones dicotómicas que ponen en lugares opuestos los diseños e implementaciones de las políticas para la infancia al partir de formulaciones abstractas que solo evalúan si las acciones se ajustan o no a lo planeado en la normatividad, o bien al reducirlas a ejercicios unilaterales sobre sujetos pasivos sin ninguna agencia y que no permiten considerar la compleja reconfiguración que hace el Estado en la vida social (Villalta, 2010). Entonces, se afirma que los regímenes de bienestar cambian tanto las políticas estatales como las prácticas institucionales y, en conjunto, establecen los términos de redistribución y la interpretación de necesidades.

Son también enriquecedores los aportes de los investigadores ingleses Lewis, Gewirtz y Clarke (2000), quienes han propuesto repensar las políticas sociales en las últimas décadas debido a la nueva reconfiguración de la cuestión social y a los cambios del Estado de bienestar, que ponen en el centro del debate los procesos de exclusión y subordinación. Dentro de esta mirada, aparece el lugar de las prácticas y las relaciones que configuran las políticas en contraposición a las perspectivas clásicas que se han centrado en los procesos administrativos y organizativos, y cobran relevancia las preguntas por los cuerpos, las emociones, el tiempo y la temporalidad, la experiencia, la identidad y la agencia social.

En consecuencia, se asume que las políticas para la infancia son relaciones entre los adultos y los niños (Casas, 1998), construidas y reconstruidas a través de las acciones y prácticas cotidianas que se dan en un lugar y un contexto específicos (James y James, 2004), son productoras de sentidos y constructoras de infancias; sintetizan lo que los Estados y la sociedad en general han pactado como bienestar infantil.

En este sentido, se consideran las políticas sociales para la infancia como “discursos con impactos en la construcción de sujetos, necesidades y problemas” (Llobet, 2005, p. 1). La dimensión discursiva deviene el foco central de estas políticas, planteando una doble entrada. Por un lado, la cuestión simbólica o ideacional, que comprende el análisis de las modalidades de construcción de sujetos, prácticas y discursos sociales sobre cuidado, educación, infancia y familia, permitiendo considerar las maneras en que el Estado define formas de gobierno poblacional y construye pactos de reproducción social, por ejemplo, en relaciones de género, relaciones intergeneracionales, etc. Por otro lado, la prescriptiva, “que delimita y determina las acciones, las soluciones imaginadas, el sentido común institucional, y expresa las modalidades dominantes en que se conciben los problemas” (Llobet y Litichever, 2009).

De igual forma, se considera que los sujetos –actores– en la cotidianidad se apropian, resisten y negocian con los contenidos y disposiciones que aparecen en los lineamientos originales de las políticas y que fueron pensados a nivel central, lo cual implica considerar el ámbito cotidiano como espacio privilegiado para analizar y avanzar en la compresión de una política. Entonces, parafraseando a Llobet (2005), se reconocen las políticas sociales para la infancia y la adolescencia como normativas y, a su vez, como un campo de disputa para la interpretación de necesidades, entendiendo que la idea de campo de políticas implica contestación y conflicto, puesto que respecto a ellas las y los sujetos destinatarios despliegan su propia experiencia e interpretación en sus contextos cotidianos.

1.3. El cuidado como prisma analítico del bienestar de la primera infancia

El cuidado ha sido resignificado desde la teoría social en las últimas décadas y se ha convertido en una categoría central de análisis de las políticas sociales. Desde la perspectiva de las relaciones de género, como lo mencionamos antes, ha logrado extender la mirada marxista sobre la producción de las relaciones sociales más allá de ámbitos de producción de objetos y mercancías, para incluir la producción y el consumo del cuidado de la vida humana: el cuidado de los niños, de los viejos y de los enfermos, permitiendo teorizar sobre las relaciones que surgen en la cotidianidad (Kabeer, como se cita en Batthyány, 2004).

El cuidado contribuye no solo al bienestar individual, sino al bienestar social, permite a las personas participar en el desarrollo económico y social de sus comunidades; igualmente, comprende un sector económico importante que involucra los servicios sociales, educativos y sanitarios, al cual pertenece una gran fuerza de trabajo, en especial, femenina (Esquivel, Faur y Jelin, 2010). La provisión de cuidados, entonces, no se limita a una disposición personal hacia los otros; se constituye a partir de dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales que configuran los grados de actuación tanto de las instituciones como de los sujetos que hacen parte de estas y que realizan tareas de cuidado.

Puntualmente, Rasavi (2007) plantea conceptualizar visualmente en forma de diamante a las instituciones que participan en el cuidado, en la cual se integrarían la familia o el hogar, los mercados, el sector público y el sector no comercial –incluida la provisión de cuidado por parte de la comunidad y los voluntarios–, y variarían los límites de las distintas responsabilidades en respuesta a las demandas de redes sociales y grupos de interés, así como la acción del Estado.

Podemos sostener que toda política social tiene como supuesto –implícito la mayoría de las veces– una organización social del cuidado y que al definir actores, responsabilidades y tareas, define las características de la ciudadanía. De este modo, el cuidado se convierte en una categoría central para el análisis de las políticas (Esquivel, Faur y Jelin, 2010).

A continuación, se delinean los orígenes del concepto de cuidado, la forma en que se visibilizó como un trabajo reproductivo, para luego presentarlo como un proceso relacional que permite plantear algunas tensiones constitutivas de las relaciones entre niños y adultos, y así, desplegar los focos teóricos de esta investigación.

1.3.1. Orígenes del concepto

El cuidado como categoría conceptual en los debates de las ciencias sociales, inicia su posicionamiento en el trasfondo de los aportes de la filosofía política. Se identifican como contribución fundante los aportes de Gilligan (1982) en el ámbito de la ética del cuidado, al inscribirse como problema de orden moral en el marco de la psicología del desarrollo. A partir de sus investigaciones, este autor desarrolló una concepción sobre un modelo de razonamiento ético ligado al pensamiento concreto y a las situaciones específicas, denominado ética del cuidado, que planteaba una propuesta de desarrollo moral distinta para las mujeres^[3]. Su contribución surgió en respuesta a las teorías del desarrollo moral propuestas por Kohlberg, quien ubicaba las respuestas de las mujeres en una instancia jerárquicamente inferior a una lógica abstracta y general asociada al tipo de razonamiento utilizado por los varones y concebida como el máximo estadio de desarrollo.

Es así como los planteos de Gilligan (1982) colocaron al cuidado en el centro de las discusiones morales. Según Tronto (1993), esto permitió poner en cuestión el conjunto de conceptos asociados a las ideas de justicia y ciudadanía. No obstante, a su vez, implicó una despolitización y una feminización del cuidado, cuando desde la psicología del desarrollo se propone un camino de desarrollo moral distinto para las mujeres que da por hecho la existencia y, por ende, la naturalización de un supuesto ser femenino.

Al relacionar la ética del cuidado con el género, se pasó por alto la posibilidad de cuestionar el lugar del cuidado en la sociedad y que aquella pueda ser creada por las condiciones de subordinación: “las expresiones distintas de las mujeres sobre la moralidad pueden ser una función de sus posiciones sociales subordinadas” (Tronto, 1987, p. 5). Surge, entonces, la necesidad de circunscribir los planteamientos de Gilligan a una lógica social y no meramente psicológica; es decir, desarrollar una teoría contextual del cuidado relacionada con la teoría moral y política.

En este sentido, el cuidado permite pensar los procesos de desigualdad social a partir de las disparidades en las relaciones entre géneros, entre generaciones, entre clases e interétnicas; es decir, se trata de relaciones en las que se pone en juego la posibilidad de reproducir desigualdades. Se propone, de esta manera, pensar la desigualdad en un marco relacional en donde se visibilice el cuidado en relación con el sujeto cuidado, con el cuidador –cuidadora, en la mayoría de los casos– y con las condiciones en las que se brinda.

Desconocer las condiciones desiguales entre cuidador y receptor, invisibilizaría las estructuras asimétricas de unos sobre otros, lo que reproduce de forma interminable lo que Pautassi (2007) ha denominado cadenas de desigualdad. Esta autora manifiesta que no puede asociarse el cuidado solamente al estatus de trabajador, es decir, quien ofrece el cuidado, o al de sujeto beneficiario o receptor de una política de cuidado, sino a un principio inherente a la igualdad de oportunidades, de trato y trayectoria. Esto exige un posicionamiento del cuidado como una responsabilidad social y como una respuesta colectiva, y que sea considerado como una dimensión central de la vida humana (Tronto, 2009), la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, s. f.).

Tronto (2009) propone una definición del cuidado más amplia y, actualmente, más reconocida:

Actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos para conservar, continuar o reparar nuestro “mundo” de modo que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades (selves) y nuestro entorno que procuramos entretejer en una red compleja que sostiene la vida. (p. 37)

En conclusión, se asume al cuidado como un proceso que se despliega en prácticas y relaciones de cuidado, siempre mediadas por las relaciones entre clases, géneros y generaciones, y concretadas en las interacciones cotidianas que involucran sujetos que cuidan, sujetos que son cuidados y lugares donde se llevan a cabo los cuidados. Además, debe tenerse en cuenta que en estos espacios convergen intereses, afectos, emociones y multiplicidad de sentidos, así como también se disputan permanentemente las necesidades, lo que permite reposicionar la voz de los sujetos cuidados y poner en discusión las construcciones de bienestar de la infancia.

1.3.2. Visibilización del cuidado como trabajo reproductivo

Los aportes de las corrientes feministas de los años setenta referidos a la visibilización del trabajo reproductivo, fueron claves para el posicionamiento del cuidado como trabajo. Con el surgimiento de la crítica feminista al pensamiento económico en esa década, el debate alrededor de la configuración y los supuestos de las definiciones sobre la existencia de dos esferas aparentemente independientes –lo público y lo privado–, sentaron las bases para poder evidenciar que se trataba de divisiones fundamentadas en la subordinación de la mujer. Dichas esferas han sido puestas en oposición como parte de un discurso de dominación, lo que ha implicado, en el caso de lo público, una relación con el ámbito político asociado a los hombres, y en el caso de la esfera privada, con el mundo doméstico asociado a las mujeres (Jelin, 2010).

Uno de los principales aportes de esta línea fue la problematización de la categoría de trabajo dentro de la teoría marxista, que solo reconocía como trabajo “real” y cuantificable aquel que tenía lugar en el mercado, relegándose a trabajo no productivo aquel que se daba por fuera de él. De este modo, se dio lugar a la conceptualización del trabajo reproductivo como aquel que comprende todas aquellas tareas que ocurren en el plano doméstico, que no se caracterizan como trabajo, que mayoritariamente son hechas por mujeres y que son esenciales para la reproducción cotidiana y generacional de los miembros de la familia (Jelin y Feijoó, 1980). Así, se convierte en uno de los principales retos de la economía feminista hacer visible lo invisible, poner de manifiesto el trabajo de la mujer y resignificarla como un miembro productivo de la sociedad (Rasavi, 2007), evidenciando los modos de reproducción que habían sido eclipsados hasta el momento por los modos de producción.

Dentro de esta perspectiva, fueron claves los aportes de Larguía y Demoulin (1976) respecto a la visibilización del trabajo doméstico como trabajo de reproducción social en tres sentidos: a) reproducción biológica, tanto en el plano familiar como social –aspectos demográficos y fecundidad–; b) organización y ejecución de tareas de reproducción cotidiana que permiten el mantenimiento y la subsistencia de los miembros de la familia; c) la reproducción social, las tareas dirigidas al mantenimiento del sistema social, lo que incluye el cuidado de los niños, acción no solo limitada al cuidado del cuerpo, al bienestar físico, afectivo y emocional, sino que también implica la transmisión de normas y patrones culturales y sociales, comprende procesos de desarrollo y de aprendizaje cognitivos y sociales, lo que a su vez proporciona subsistencia, bienestar y desarrollo (Sojo, 2011).

El posicionamiento del cuidado como trabajo reproductivo abre el espectro de análisis a tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la separación de las tareas de reproducción social y la domesticidad; segundo, la incorporación del mercado y la comodificación o mercantilización de las actividades ligadas a la reproducción; y, tercero, la incorporación del nivel institucional, específicamente, el papel de las políticas públicas y el rol del Estado como regulador de servicios de las actividades relacionadas con la reproducción social y el cuidado.

En lo concerniente al primer aspecto, es necesario aclarar, como lo afirma Faur (2009), que el cuidado como categoría analítica puede incluir parte de la idea de trabajo doméstico, pero no se restringe a este. Siguiendo a esta autora, se puede afirmar que ambos comparten algunas líneas generales: por un lado, el trabajo de cuidado contiene una serie de actividades domésticas que inevitablemente lo acompañan, tal es el caso de la actividad de alimentar o bañar a un niño, que presupone una cantidad considerable de tareas previas asociadas al trabajo doméstico; mientras que, por otro lado, el cuidado infantil es una actividad que se desarrolla mayoritariamente en simultáneo con otras tareas, de modo que las tareas de cuidado se suelen cruzar con las tareas domésticas.

No obstante, con respecto a la mercantilización de las actividades ligadas a la reproducción, se identifican ciertas diferencias: por ejemplo, el trabajo de cuidado puede desarrollarse en el ámbito público y ser remunerado o no, o pactarse a través de remuneraciones simbólicas o de intercambios materiales. Puede, además, tener un costo para los usuarios, ya sea a través de instituciones vinculadas con el mercado o de aquellas que hacen parte de organizaciones comunitarias o de instituciones estatales.

En cuanto al papel de las políticas y el rol estatal, es necesario reconocer que en las tareas de cuidado participan de forma directa o indirecta, como ya lo advertimos, no solo familias y hogares, sino también el Estado a través de su oferta de políticas y programas, y de la misma manera, el mercado a través de la provisión de servicios mercantilizados y diversas organizaciones de la comunidad.

Dentro de la provisión de cuidado –diseño, financiamiento y prestación– intervienen cuatro pilares o instituciones: el Estado, las familias, los mercados y las organizaciones comunitarias o sin fines de lucro, configurando lo que Rasavi (2007) denominó como el diamante del cuidado. La interacción entre estos cuatro pilares es compleja, las fronteras no son estáticas y están lejos de estar perfectamente definidas, por momentos “se intersectan, complementan, distinguen y compiten. El mercado se sirve del Estado; el Estado, de la comunidad –y también de las familias–, la comunidad se asocia al Estado” (Faur, 2017, p. 88). En algunos casos, como ocurre con los programas de atención a la primera infancia en Colombia, es el Estado quien financia los servicios de educación y cuidado de los niños y niñas, pero no lo hace de forma directa, sino a través de terceros –operadores y organizaciones comunitarias–.

En consecuencia, la intersección entre los pilares y los roles que asume cada uno en la organización de la provisión del cuidado genera un espectro amplio en la oferta, lo que deriva en una gran fragmentación de programas y servicios, todos ellos caracterizados por diversas calidades. En este contexto, Rasavi (2007) propone considerar tres aspectos fundamentales: el primero, la identidad del cuidador y su relación con los receptores del cuidado; el segundo, la financiación de los costos; y el tercero, la ubicación institucional de la atención. Es decir, al analizar las políticas centradas en el cuidado, debemos preguntarnos quién cuida, quién paga y dónde se cuida (Jenson como se cita en Esquivel, Faur y Jelin 2009).

En esta línea, adquiere relevancia el concepto de cuidado social propuesto por Daly y Lewis (2000), el cual plantea la dimensión del cuidado como trabajo, de tal forma que se rescate la naturaleza de esta labor y las condiciones en que se realiza, en comparación con otras formas laborales existentes. Entonces, asumir el cuidado como trabajo conlleva diferenciar el trabajo que implica cuidar de alguien y las emociones y sentimientos de afinidad que participan allí, aunque estén fuerte y frecuentemente relacionados, más no exclusivamente (Ungerson, 1983), cuestión que permitiría captar los componentes de la economía social y política que lo envuelven.

Esta perspectiva supone el abordaje de las formas en que se organizan socialmente las tareas relacionadas con el cuidado de las personas, involucrando al hogar, la comunidad, el mercado y el Estado, lo que se conoce como la organización social del cuidado, que se refiere específicamente a “la configuración que se desarrolla mediante las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado infantil, así como de sus resultados en el modo en que los sujetos pertenecientes a diversas clases sociales y género se benefician del mismo” (Faur, 2009, p. 36), es decir, el cruce entre las estructuras sociales y la organización personal.

De esta forma, el análisis de las políticas que buscan el bienestar estaría incompleto

si se omitiera la consideración sobre cómo se produce y organiza el cuidado en una sociedad determinada, cuáles son sus marcos normativos y los servicios que se producen y cuáles sus potenciales efectos para la configuración de determinado perfil de la sociedad, en el que se incluyen las relaciones de género. (Faur, 2009, p. 36)

Entender el cuidado como parte de una organización social supone prestar atención no solo a los aspectos microsociales, sino también al rol de las políticas sociales en la provisión y regulación de relaciones, actividades y responsabilidades de cuidado asignadas a distintas instituciones y sujetos.

Pensando específicamente en el bienestar de la infancia, coincido con Faur en que el análisis de las políticas que buscan el bienestar estaría incompleto si no se considera cómo se produce y organiza el cuidado, desde una óptica de género. No obstante, considero que este análisis debe hacerse integrando además la mirada intergeneracional: el cuidado se trata de un proceso, como se mencionó antes, que implica relaciones entre adultos y niños, es decir, entendemos que las interacciones cotidianas, las prácticas de cuidado –que mayoritariamente recaen sobre los cuerpos infantiles–, la disputa por las necesidades y el despliegue de los afectos se convierten en ejes centrales para reconstruir el cuidado y para pensar cómo se configura el bienestar infantil.

De manera que la configuración del bienestar de la primera infancia se convierte en el objeto central de estudio, para lo cual retomo el enfoque constructivista y relacional de la infancia^[4] (James y Prout, 1990; James y James, 2004; Mayall, 2002) en conjunto con la categoría de cuidado, con el objetivo de proponer un debate conceptual y empírico respecto a las intervenciones para la primera infancia en el contexto de la política social contemporánea.

1.3.3. El cuidado como práctica social y relación

El cuidado implica una relación directa, es un proceso de índole relacional. Se trata de una tarea donde la cercanía física es fundamental, se instaura en la cotidianidad a través de las relaciones cara a cara^[5] (Jelin, 2010). Cuidar involucra a un otro, es una práctica que se hace con el otro y muchas veces sobre el otro, quien se supone necesita de cuidado. Implica que alguien desarrolle tareas que procuran el bienestar físico, emocional o cognitivo de alguien.

Siguiendo con la implicación relacional del cuidado, encontramos que se han señalado algunas relaciones como incitadoras de más cuidado que otras. En primer lugar, aparecen las de parentesco familiar cercano, la primordial “actitud maternal”; pareciera que la imagen y el significado de cuidado más genuino fue y sigue siendo el de la madre con su bebé (Todorov, 2007). Esto generó que históricamente esta tarea se confinara a la esfera privada, situándola dentro de la familia y allí, específicamente, a las mujeres como las responsables: son ellas –madres, abuelas, tías, hijas, nueras, hermanas– las que cuidan a los que llegan y a los que se van, a los niños y a los viejos, esencialmente; son ellas quienes han asumido, como afirma Beck-Gernsheim (2003), la función de cohesión entre las generaciones. Por ello, dentro del cuidado se condensarían dos discusiones fundamentales referidas tanto a la relación entre los sexos como a la relación entre las generaciones.

El cuidado como un acto de naturaleza femenina ha sido una concepción reproducida no solo en el ámbito privado, sino a través de las políticas e instituciones sociales, ya sea de forma explícita o implícita^[6], que promueven los tradicionales estereotipos y relaciones de género (Lister, 2000). Las nociones que tienen las políticas y programas sociales sobre el tema del cuidado producen consecuencias directas en las formas como este se concibe y se traduce en la cotidianidad de las intervenciones, por ejemplo, como una práctica afectivizada y maternalizada.

La consideración de la afectivización del cuidado, y más específicamente su maternalización (Lister, 2000; Rasavi, 2007), ha abierto paso a que las cuidadoras sean identificadas como seres con una vocación o instinto natural de cuidar, lo que podría estar relacionado con la proliferación de mujeres en tareas y profesiones asistenciales, caracterizadas por su bajo reconocimiento y remuneración. Un ejemplo de esto son los programas de bienestar o las instituciones sociales –como la escuela primaria o el jardín de infantes–, que tienen como una de sus tareas el cuidado de los otros y que refuerzan la idea de que el cuidado debe ser ejercido por la mujer –madre–, y asimismo, se perpetúan las inequidades de género y se ocultan las dominaciones de raza, clase y edad; no olvidemos que quienes suelen llevar a cabo dichas tareas son mujeres pobres, negras o indígenas (Rosemberg, 2003).

En esta línea, es fundamental diferenciar al cuidado de aquellas prácticas que genéricamente se han llamado “de crianza”, es decir, sacarlo del ámbito familiar, rescatar su dimensión política y asumirlo como una práctica social. Las construcciones simbólicas alrededor del tema en relación con la díada mujer-niño, lo han despolitizado como práctica y han naturalizado las relaciones de poder que se ejercen allí, lo que lleva a que se extraiga del campo político una dimensión biográfica del sujeto (Llobet, 2010). En efecto, desde el campo de la psicología, así como desde otras perspectivas teóricas, se atribuyen la imagen, la metáfora o, peor, la atribución causal de la responsabilidad del cuidado a la mujer. Además, esta relación se configura como determinante en la constitución y estructuración del niño, y se ubicarán allí las causas de sus padecimientos y síntomas (Dio Bleichmar, 1994).

De esta forma, se abre una ruta para pensar el bienestar infantil a partir del diálogo entre la categoría de cuidado y el campo de estudios de la infancia, poniendo en el centro el carácter relacional del cuidado. Este entrecruzamiento permite visibilizar cinco de las tensiones inherentes a las interacciones de cuidado adulto-niño e involucrar algunos focos teóricos.

1.3.3.1. Primera tensión: el cuidado como campo de disputa por el sentido

El cuidado pone de manifiesto la asimetría inherente a esta tarea: alguien que cuida y otro que “es” o “debe ser” cuidado; disparidad que lleva a que se convierta en un campo de disputa en el cual se asume lo que el otro quiere y necesita.

Cuando hablamos de una práctica que se convierte en un campo de disputa, es fundamental precisar que gran parte de esta es por el sentido. Cuidar implica que un otro asuma que alguien necesita determinados cuidados; es el cuidador quien da sentido a lo que el otro quiere o necesita. De esta forma, entran en juego tanto las necesidades del cuidador como las del sujeto que es cuidado, además de la interpretación que los sujetos hacen de ellas. Asimismo, esta práctica se ejerce en un contexto específico, lo que agrega otros intereses, no siempre coincidentes, y en la mayoría de los casos, de carácter institucional.

Quienes cuidan pueden encontrar que su necesidad de cuidarse a sí mismos entra en conflicto con el cuidado que deben dar a otros, o que las necesidades a satisfacer entran en conflicto entre sí. Quien recibe cuidados puede tener una idea diferente sobre las necesidades a ser satisfechas, o puede querer direccionar antes que ser receptor pasivo del cuidado que está recibiendo. La forma de cuidado apropiada para cada situación es definida cultural y socialmente, de modo que lo que resulta apropiado en un contexto y para un grupo, no necesariamente lo será para otro.

La práctica de cuidar a los otros, específicamente a niños y niñas, se fundamenta en el supuesto de estar haciéndolo de la mejor forma –lo que puede ser cierto–. Se justifican actos y acciones “por amor y por el bien del niño”, lo que hace difícil que se pueda identificar en el ejercicio cotidiano algo del poder y del control encubiertos por ese amor. Sevenhuijsen (1998) ha manifestado en este sentido una crítica, en tanto indica que el cuidado no está necesariamente motivado por la necesidad del otro; por el contrario, involucra tensiones y conflictos, y puede implicar, antes que nada, la necesidad de controlar a quien recibe el cuidado.

La interpretación de necesidades puede estar reproduciendo alguna forma de discriminación e inequidad, de falta de reconocimiento de las diferencias. Incluso si nuestra interpretación de necesidades es ajustada a la percepción de quien es cuidado o cuidada, la manera en que elegimos satisfacerlas puede causar nuevos problemas. Por su parte, las necesidades conscientemente experimentadas por un sujeto pueden no incluir algunas cuestiones cruciales en el corto, mediano o largo plazo, y que no son sentidas como tal por él.

Para el caso particular del cuidado de los niños y niñas más pequeños, debido a la dificultad por parte del adulto para comprender sus necesidades, en virtud del distanciamiento generacional e incluso de la imposibilidad aún de la palabra, se exacerba el proceso de interpretación. El adulto se ve abocado a la constante significación, lo que implica por momentos situaciones arbitrarias y hasta violentas, por lo menos de maneras simbólicas. Del mismo modo, el proceso de cuidado debe responder a las demandas y necesidades circundantes, en relación con las instituciones en donde se da la práctica, la diversidad de actores que participan y las necesidades de las propias cuidadoras. Es todo esto lo que lo complejiza y lo convierte en un proceso de disputa y negociación permanente.

En esta línea, la institucionalización social, política y económica de la infancia pone en el centro las necesidades infantiles (James y James, 2004), por lo cual, la disputa de estas (Fraser, 1991), así como las tensiones con las necesidades de sus familias y de sus cuidadoras, son procesos relevantes en el análisis de la construcción del bienestar de la infancia.

Retomando los aportes de Fraser (1991) sobre las políticas de interpretación de las necesidades, decimos que estas funcionan “como un medio para formular y debatir los reclamos políticos: es un estilo (una jerga) en el que el conflicto político es actuado y a través del cual las desigualdades se elaboran y cuestionan simbólicamente” (pp. 3-4); de tal suerte que las necesidades no son algo dado, ni mucho menos natural, sino que dependen de cómo se conciban, quién lo haga y en qué contexto. Por ello, se hace necesario poner en el centro del análisis los discursos de los diferentes actores y su interpretación (Llobet, 2010), así como posicionar la estructura relacional en la que se sustentan las demandas sobre las necesidades y la dimensión interpretativa de las políticas de satisfacción de estas (Fraser, 1991).

1.3.3.2. Segunda tensión: las relaciones de dependencia dentro del cuidado

Hablar del cuidado de los niños y niñas más pequeños nos ubica ineludiblemente en el plano de las relaciones de dependencia, que son fundamentales para su sobrevivencia y que están en el centro de la relación adulto-niño. Como afirma Llobet (2010),

el cuidar es un proceso que pone en primer plano los problemas de la interrelación entre personas: dependencia, autonomía, individualización, posibilidades de acceso a la palabra. La cuestión central a abordar desde la perspectiva del cuidado es cómo lidiar con la dependencia y la responsabilidad. (p. 154)

Por consiguiente, una práctica que se despliega a través de relaciones no puede pasar por alto que estas, a su vez, implican juegos y disputas por el poder. La cuestión central por abordar desde la perspectiva del cuidado es, entonces, cómo lidiar con la dependencia de unos y las responsabilidades de otros. De alguna manera, las tensiones que enmarcan las relaciones de cuidado de niños en las instituciones parecen permitir el deslizamiento del cuidado a la subordinación y al disciplinamiento.

Por lo tanto, tal como ya lo advertimos, la dependencia es un concepto central en la construcción de la categoría de infancia, así como en el marco de las relaciones de cuidado. En la genealogía que Fraser y Gordon (1994) hacen sobre dicho concepto, evidencian que se trata de un término ideológico que implica diversidad de capas y sentidos, que amalgama y mezcla significaciones de carácter económico, de estatus sociolegal, político, psicológico y moral, aunque se presente como un concepto aséptico y ahistórico. Según las mismas autoras, tanto las escuelas liberales como las conservadoras raramente sitúan las nociones de dependencia en su contexto, lo que ha dado pie a multiplicidad de presunciones.

Dependencia e independencia se plantearon como caras opuestas, incluso contradictorias, quedando la dependencia investida de una carga peyorativa que se extendió a los sujetos y se convirtió en su identidad, “los dependientes”, cuyas figuras emblemáticas son las mujeres, los niños y las niñas (Fraser y Gordon, 1994). Esa significación despectiva de la dependencia, así como su emparejamiento con la vergüenza y su contraposición a la independencia, es una construcción histórico-cultural, edificada a través de relaciones, que se mantiene pese a los cambios culturales, sociales y políticos, y que está implícita en los discursos y prácticas en torno al cuidado de niños y niñas. De ahí que el cuidado, forma de tratamiento y relación con quienes por alguna razón son dependientes, pasó a ser una tarea no solo subordinada y descalificada, sino vedada del espacio político y público, alejada de las discusiones sobre la ciudadanía, y por ende, también los implicados en ella.

La dependencia, en relación con el contexto en donde se evidencia, también tiene significaciones distintas. En el ámbito privado, tiene el rol de posibilitadora de las relaciones, siendo legítima y hasta valorada. Por el contrario, en el ámbito público, se muestra como algo que causa vergüenza; por ejemplo, una de las misiones de los sistemas de bienestar es sacar a las personas de la dependencia, de la asistencia social. Es así como en algunos casos y para algunos miembros de la sociedad es natural y apropiada –niños y niñas, mujeres, personas de raza negra–, mientras que para otros es vergonzosa.

En este punto vale la pena situar, para el caso del cuidado de los niños más pequeños, dos asuntos problemáticos. En primera instancia, al considerar que lo natural y apropiado para los niños es ser dependientes y que la dependencia quedó circunscrita como categoría binaria opuesta a la independencia, se expulsan o vedan los procesos de agencia y autonomía, los cuales se tornan no visibles, atípicos e inapropiados. Y, en segundo lugar, al ser apropiada la dependencia, se legitiman los procesos de subordinación entre adultos y niños, sin siquiera dejar una sombra de duda o rechazo, como se hiciera en otro tipo de relaciones de subordinación; situación que, sin duda, tiene consecuencias para las construcciones del bienestar infantil y del cuidado en el marco de las políticas de bienestar.

Fraser y Gordon (1994), señalan la necesidad de “poner en duda las valoraciones y definiciones de dependencia e independencia que hemos recibido, para permitir el surgimiento de concepciones sociales nuevas, emancipatorias” (p. 200). Además de esto, aluden al concepto de interdependencia, reconociendo la necesidad de dependencia mutua que tenemos los seres humanos, puesto que, tal como afirma Faur (2017), “el cuidado es un elemento central del bienestar humano. Nadie puede sobrevivir sin ser cuidado, y todos cuidamos a otros en distintos momentos de la vida” (p. 88). Este elemento ha sido incorporado en los desarrollos más actuales sobre el cuidado, se lo ha hecho aparecer en el marco de lo relacional y de lo colectivo, de lo que nos vincula como humanidad; en palabras de Pérez Orozco (s. f.):

la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida, siendo una actividad sustancial a la sociedad humana, aquella que pone en duda la “fantasía omnipotente” de que el individuo, supuestamente autosuficiente, puede prescindir de los demás en su desarrollo. (p. 2)

Esta postura amplía las fronteras del cuidado, desligándolo de una tarea realizada solo por “algunas” para “otros” y que pone en el foco del debate la necesidad que todos tenemos de ser cuidados y cuidadores. De este modo, reconocer “la condición necesitada de todas las personas, así como el hecho de que todos nosotros comenzamos y muchos de nosotros terminamos nuestras vidas en un estado de dependencia extrema” (Nussbaum, 2017, p. 471), permite repensar la dependencia como estado permanente y absoluto en el que no hay lugar para la autodeterminación, así como proponerla como proceso relacional y, por esta misma vía, repensar las formas en que hemos considerado la relación con los supuestamente dependientes; en el caso particular de esta investigación, con los niños y niñas más pequeños.

En esta línea, retomando a los aportes de Kabeer (2005), se propone discutir el lugar de la agencia de los niños y niñas en las dimensiones política y relacional del cuidado infantil, tomando como valor central de tal agencia la autodeterminación, es decir, la posibilidad y habilidad de las personas de ejercer algún grado de control sobre sus vidas.

James y James (2004) plantean que, respecto a la infancia, hay una línea muy delgada entre bienestar y control. Por ello, los límites que se les ponen a niños y niñas, el espacio que se define para su agencia, así como su ubicación en él, sus resistencias y las formas de ampliación de dichos límites se convierten en referentes empíricos fundamentales para la construcción de datos que permitan ampliar las definiciones y construcciones sobre el bienestar infantil.

Es posible pensar que el conflicto propio del cuidado en relación con la dependencia no supondría negar la intersubjetividad y la interdependencia como constitutivas de la experiencia humana, sino construir posibilidades de autodeterminación a partir de esta particularidad. Esto nos permite abrir una línea analítica para pensar las relaciones entre los adultos y los niños, echar luz sobre las dificultades que enfrentan cotidianamente los adultos que cuidan a los niños en espacios institucionales y convertir en centrales las siguientes preguntas sobre las políticas para la primera infancia y sus implementaciones: ¿cuál es lugar de la agencia infantil en las políticas del cuidado? ¿Cómo dar lugar a la agencia infantil cuando las relaciones adultos-niños están mediadas irremediablemente por la dependencia? ¿Cómo son leídos los ejercicios de agencia de los niños pequeños por parte de los adultos dentro de estas relaciones de cuidado? ¿Cómo pensar los procesos de dependencia e independencia sin colocarlos en contraposición?

Vale la pena, a modo de faro, retomar los planteamientos de Nussbaum (2017) cuando afirma:

el modo en que una sociedad se preocupa por sus miembros dependientes, sean niños, ancianos o discapacitados físicos o mentales, comunica a todos los ciudadanos una concepción relativa a la debilidad humana y su relación con la debilidad de las personas. Una sociedad será más propensa a minimizar la influencia de la vergüenza originaria en su vida pública si trasmite la idea de que no hay nada vergonzoso en tener un cuerpo humano sometido a todas las vicisitudes del tiempo, la edad, la debilidad, la enfermedad. (pp. 470-471)

En el marco que venimos planteando, cobran gran importancia la corporalidad y el cuerpo infantil. Se asume que una de las limitaciones para hablar de los niños como actores sociales es la propia materialidad biológica de la infancia (James y Prout, 1990); limitación que se presenta de forma contundente cuando nos referimos a los niños y niñas más pequeños, quienes se relacionan con el mundo y con los otros casi exclusivamente a través de esta propia materialidad. Las actividades de cuidado muchas veces tienen una estrecha relación con los cuerpos de quienes son cuidados; niños, niñas, ancianos, ancianas, personas con discapacidad o personas internadas requieren de asistencia para realizar acciones tan habituales como comer, bañarse, vestirse o defecar.

El cuidado implica, entonces, una vulneración de la intimidad, el cuerpo es expuesto ante el otro en sus necesidades más básicas; además, el cuerpo –de las mujeres, en especial– ha sido un escenario de ejercicio del poder (Kabeer, 1999). El control como forma específica de expresión del poder ha tenido en los cuerpos de quienes fueron construidos como subordinados/as su objeto predilecto. Esta particularidad de las políticas que tienen como foco al cuerpo, nos permite retomar la pregunta por el cuidado como práctica de la que pudiera derivarse una ética organizada alrededor de la colocación de las necesidades de quien es cuidado en el centro del interés y de la motivación del cuidar.

Por ello, el cuerpo y la corporalidad infantil, la forma en que se construyen y las relaciones que se establecen con aquel se convierten en un eje fundamental de indagación y análisis. Mucho más cuando el cuerpo es eje fundamental, no solo de las prácticas y relaciones cotidianas, sino de las políticas y de los programas para la primera infancia que han interpretado, objetivado y normativizado estos cuerpos en procesos maduracionales establecidos dentro del concepto clásico de desarrollo infantil.

Desbiologizar el cuerpo infantil implica entenderlo como una construcción de las distintas disciplinas del campo de la infancia, pero también del mundo adulto y del propio niño. Poner en el centro de los análisis las intervenciones sobre los cuerpos infantiles a través de programas y políticas de cuidado, por un lado, y en las prácticas y relaciones, por otro, implica preguntarnos ¿cómo construimos los cuerpos de los niños y niñas? ¿Qué pasa sobre esos cuerpos? ¿Qué portan y cómo se resisten? Intentar responder estos interrogantes permite avanzar en la desnaturalización y en la problematización del cuerpo infantil como un asunto natural, así como retomar la pregunta por la agencia de niños y niñas en las relaciones de cuidado.

Estas relaciones, que generalmente se han concebido como unidireccionales y que están sustentadas en el bienestar de la infancia, asumen definiciones y formas específicas; por ello, estas preguntas nos enfrentan a la tensión permanente dependencia-independencia e ineludiblemente nos hacen repensar las relaciones de dependencia que sustentan las relaciones de cuidado existentes entre adultos y niños.

Abrir el debate por la dependencia implica retomar la voz de los supuestamente “dependientes” –en este caso, los niños– y, a su vez, la discusión de conceptos como sumisión, vulnerabilidad (Butler, 2008, 2009) o vergüenza (Sennet, 2003) que se encuentran en el centro de las prácticas e intervenciones sobre la primera infancia, y así avanzar en el restablecimiento del lugar de la interdependencia como eje de las relaciones humanas (Fraser y Gordon 1994).

Asimismo, no solo el cuerpo infantil se convierte en el centro de los análisis dentro de las prácticas y relaciones de cuidado, sino también el cuerpo de las cuidadoras; hablo en femenino porque histórica y mayoritariamente son mujeres quienes le han puesto el cuerpo al cuidado, tanto en el ámbito público como privado. Sin duda, tomar en cuenta también su voz y las condiciones en que realizan su labor, nos da elementos para pensar el cuidado de la infancia en relación y reciprocidad con la dignificación de las labores de dependencia (Kittay, 2002); es decir, colocar la discusión del cuidado en un plano más amplio de ética y justicia.

1.3.3.3. Tercera tensión: construcción del sujeto infantil en el marco de las políticas de cuidado

Al indagar sobre esta problemática, se pone como eje central de los análisis la dimensión afectiva y moral de las políticas para la infancia. En primer lugar, se aborda “la emocionalidad particular por la infancia”, inherente a la construcción propia de la infancia como categoría, para avanzar en la desnaturalización del supuesto amor desinteresado por los niños y niñas, y de esta forma, posicionar las retribuciones y motivaciones existentes en el trabajo y en las relaciones cuidado. Y, en segunda instancia, se toma en consideración la institucionalización de moralidades y el establecimiento de los comportamientos apropiados e inapropiados para los cuidadores y los niños.

En este punto, es importante retomar el concepto de giro afectivo desarrollado por Abramowski y Canevaro (2017), el cual hace alusión a las distintas condiciones que han habilitado la emergencia de múltiples discusiones y perspectivas teóricas y metodológicas para el tratamiento y la investigación de los afectos, pero que no constituyen una corriente teórica homogénea en sí misma, sino que se nutren de enfoques sociológicos, antropológicos e históricos, y desde las cuales se señala el carácter cultural y socialmente construido de las experiencias afectivas. Esto tiene implicaciones no solo teóricas, sino también metodológicas, en las que se propone ir más allá de los binarismos, por un lado, y por otro, se privilegia la descripción por encima de análisis deterministas o interpretaciones definitivas.

Además de esta conceptualización, son útiles también las tesis de Zelizer (2009) sobre vidas conectadas, donde economía y afectividad son concebidas como procesos interrelacionados que se afectan mutuamente, al tomar como eje central de análisis la dimensión afectiva de las políticas sociales. Al igual que lo hicieron los estudios feministas cuando problematizaron la dicotomía entre lo público y lo privado –extendida también al trabajo productivo y reproductivo y a los conceptos de dependencia e independencia–, se posiciona una perspectiva analítica que antepone la interdependencia y los mundos interconectados, donde las formas de significar, negociar y explicar las relaciones y retribuciones se convierten en elementos analíticos.

Dicho esto, la línea analítica se sustenta en buscar cómo y por qué se trazan determinadas líneas entre lo personal y lo político, entre lo privado y lo público, entre lo legal y lo personal, entre lo íntimo y lo común. De allí la importancia de partir del aspecto emocional, puesto que permite entender tanto los procesos de reproducción y sostenimiento del orden social, como el surgimiento de nuevos órdenes (Abramowski y Canevaro, 2017).

Si bien las relaciones de cuidado implican una intensa producción, distribución y transferencia de bienes monetarios y no monetarios, es justamente en las formas como se significan y desarrollan estas transferencias –así como en las retribuciones que se esperan a cambio– que puede develarse mucho del impacto que tienen las políticas en la cotidianidad de los programas y cómo se construyen las relaciones en su interior.

A partir de estos planteamientos, se propone una discusión fundamental en las políticas sociales para la infancia y es el lugar que ocupan los afectos dentro de estas. Las políticas prescriben las relaciones íntimas y cotidianas, al igual que las relaciones afectan las formas en que aquellas se definen e implementan, y además, tanto en sus niveles institucionales como cotidianos, se encarnan en los sujetos y se vehiculizan atravesadas por emociones y afectos. Entonces, puede decirse que los afectos son parte constitutiva del Estado y las relaciones sociales, por lo que los análisis sobre la agencia infantil estarían incompletos si no se incorporan las dimensiones afectiva y moral al realizarlos, pues tal como lo afirman Abramowski y Canevaro (2017), “a partir de los afectos pueden pensarse intenciones e intensidades así como revisitar la categoría agencia, no solo desde la acción sino también desde la inacción” (p. 16).

El cuidado dentro o fuera del hogar, remunerado o no, está mediado por afectos, sentimientos, emociones y conflictos. Según Batthyány (2010), “la relación de servicio, de cuidado y de preocupación por los otros […] se realiza cara a cara entre personas y genera lazos de proximidad” (p. 3), o en palabras de Zelizer (2009), “las relaciones de cuidado implican una atención personal sostenida e intensiva que se prodiga para el bienestar de quien recibe esta atención” (p. 182). Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que los lazos o vínculos serán más o menos intensos según el grado de intimidad y confianza.

En las políticas y relaciones de cuidado se lidia constantemente con los afectos; sin embargo, cuando se trata del cuidado de niños y niñas, el amor se ha posicionado como una condición naturalizada, como si quererlos fuera un asunto natural, cuestión que se acentúa cuando nos referimos a la primera infancia, ya que se hace visible una “emocionalidad particular” que es necesario desnaturalizar. Aquí retomamos el argumento de Abramowski (2010) frente a los afectos docentes, aunque en este caso lo extendemos al plano del cuidado, para afirmar que los afectos “en todas sus variantes, no son naturales, espontáneos, instintivos, universales, eternos ni inmutables. Tampoco son puros, ni algo de por sí bueno o saludable. Se trata de afectos históricos, cambiantes, construidos y aprendidos” (p. 53). Por ende, es necesario indagar cómo se construyen, de qué forma se despliegan en los discursos de las cuidadoras y explorar sus articulaciones con el cuidado.

Por esta vía se problematiza el supuesto amor a los niños como algo natural, lo que sin duda encubre las tensiones y dificultades presentes en las relaciones adulto-niño, sobre las que poco se habla, que son silenciadas o encubiertas, y que, a manera de hipótesis inicial, considero que tienen un profundo enraizamiento en las formas en que concebimos la infancia, las formas en que interactuamos con ella y las dificultades en lograr movilizar estas relaciones y prácticas, pese al reconocimiento de discursos renovados que conciben a niños y niñas como sujetos de derechos, agentes y protagonistas de su propio desarrollo, pero que dejan en un lugar velado los afectos inapropiados (Abramowski, 2010) que son parte cotidiana de los espacios de cuidado: cansancio, rabia, asco, etc., también involucrados en esta tarea.

Es necesario analizar lo que se espera a cambio de este amor, porque como lo afirma Cornu (2011), “todo amor es interesado” (p. 20), y esto implica extender los análisis a un espectro más amplio que involucraría las retribuciones y motivaciones que se configuran en torno al cuidado. En este punto, la gramática moral del cuidado (Vianna, 2010) nos permite desdecir el supuesto desinterés del cuidador para poder entrar en la dimensión moral de esta práctica, en la que se establecen formas específicas de ser y de comportarse, que indudablemente están articuladas a lo que se espera de un buen cuidador, pero a su vez delinean lo que se espera del sujeto a quien se cuida, en este caso, los comportamientos de los niños. De esta forma, las construcciones sobre cuidado, cuidador e infancia están fuertemente relacionadas, y para analizarlas es necesario una mirada desde su dimensión relacional, poniendo los afectos en el centro.

1.3.3.4. Cuarta tensión: las relaciones de género e intergeneracionales adultos-niños

Al partir de la idea de que el cuidado es desplegado en relaciones y que, en el caso del cuidado infantil, tiende a visualizarse en relaciones entre adultos y niños, y en general, en el plano de instituciones cuyo fin primario o secundario es tal cuidado –la familia, la escuela, el jardín infantil, etc.–, interesa señalar el carácter particular que aporta a las relaciones y prácticas de cuidado el hecho de que se desplieguen en y a través de instituciones, que en tanto acciones y relaciones cotidianas expresen las necesidades de cuidado por parte de niños, niñas y adolescentes, y las tensiones intrínsecas a esta necesidad.

Las prácticas institucionales traducen los pactos intergeneracionales y las cláusulas de integración y reproducción de una sociedad dada, ya que “el modo de cuidar de los niños y los viejos es un componente básico de toda sociedad, y la caracteriza” (SOCCARE, como se cita en Izquierdo, 2003, p. 20). En su caso, la necesidad de ser cuidados de los sujetos infantiles es determinada por los proyectos de reproducción de cada sociedad, en la medida en que podemos constatar dramáticamente que no todos los sujetos al nacer son inmediatamente incluidos por la sociedad en la que nacen. En efecto, es necesario desdecir el carácter urgente atribuido a las necesidades de cuidado de los niños: no todas esas necesidades serán valoradas como urgentes, o mejor aún, no todos los niños serán portadores de necesidades equivalentes. Por ejemplo, como lo plantea Lister (2006), en las agendas de política sobre la infancia no se ha posicionado de la misma manera la atención de los niños con alguna discapacidad, especialmente, aquellos que requieren tratamientos psiquiátricos, niños que no representan “rentabilidad” a futuro.

En tanto se trata de relaciones adultos-niños, la función social de los primeros, es decir, su rol en el proceso de socialización y de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, hace que la asimetría se extienda más allá de la necesidad de cuidados intrínseca que tienen los niños. Se espera que sean los adultos quienes estén en condiciones de interpretar, priorizar y, finalmente, cuidar. Esta asimetría relativa a la responsabilidad de los adultos en el proceso de cuidado de los niños y niñas no es renunciable. Los adultos lidian, entonces, con relaciones que tienen intrínsecamente la posibilidad del uso unidireccional del poder; en particular, existe riesgo de arbitrariedad y sometimiento en la definición de lo que es necesario y en la elección del mejor modo de cuidar. Por momentos, la práctica de cuidado conlleva hablar en nombre de otro, lo que puede desembocar en procesos de dominación; tal como lo manifiesta Sennet (2003), existe una membrana porosa entre el cuidado y el control, la cual se puede disolver al mínimo contacto.

De otro lado, se asume el concepto de generación, en tanto proceso, como concepto relacional (Gaitán, 2006). Esta acepción supone que el estudio de las vidas infantiles implica el de las relaciones entre los adultos y los niños (Mayall, 2002), y se entiende que estas interacciones generacionales se dan en el marco de un sistema de relaciones entre posiciones sociales. Por lo tanto, es necesario explorar las relaciones generacionales tanto en el nivel personal como en los niveles sociales; en este sentido, la infancia se comprende como un espacio generacional (James y James, 2004). Entonces, es fundamental poner en el centro del análisis sobre el cuidado a la categoría generación y ampliar el espectro de las reflexiones aportadas desde los estudios de género.

En un principio, los estudios feministas sobre el cuidado asumieron a la infancia como un dato dado y como carga, dejando de lado las interacciones entre adultos y niños –relaciones intergeneracionales– y los procesos de agencia, autonomía, control y dependencia que allí se juegan. Es decir, se opacó la dimensión relacional que implica el cuidado como proceso, silenciando la voz del sujeto cuidado y omitiendo las tensiones que resultan de la labor de cuidar. Por ello, se hizo necesario traer al estudio de las relaciones sociales la reflexión sobre las categorías etarias, como lo propone Rosemberg (2009), quien además ha demostrado la mirada adultocentrista de las teóricas feministas^[7].

En línea con estos planteamientos, recientemente en América Latina y el Caribe se ha propuesto asumir el cuidado como derecho e integrar una mirada multidimensional sobre el cuidado infantil: pasar de la perspectiva que pone los derechos de los unos sobre las otras, en donde se anteponen las necesidades de los niños sobre las de sus cuidadoras, hacia una mirada que integre los derechos de todos y todas^[8] (Lister, 2006). Dentro de esta última se entabla, como lo afirman Farah, Salazar, Sostres y Wanderley (2012) “un diálogo inaplazable entre las dimensiones de género y generación” (p. 10), objetivo sustantivo para las reflexiones académicas y políticas en la región.

Como lo afirman las mismas autoras, “el énfasis está puesto en el derecho al cuidado y su potencial emancipatorio, tanto para la dimensión de género como para la generacional, incluyendo cuestiones relativas a los derechos laborales en torno al cuidado” (p. 10). Esta cuestión implica dejar de encuadrar el cuidado en solo uno de los actores, al invisibilizar alguno de los extremos o al colocar los derechos de uno como subsidiarios del otro, para pasar a una mirada integradora de los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y niñas. Además, al considerar que la inequidad de género tiene efectos muy relacionados con la inequidad generacional, el cuidado como derecho genuino y fundamental tanto para las mujeres como para los niños eludiría las inequidades de género y, por esta misma vía, las inequidades generacionales.

El derecho al cuidado está fuertemente vinculado con la necesidad de remover la inequidad de género. Asumirlo de esta forma significa tomar una posición política frente al problema del cuidado y a su centralidad, tanto para la emancipación femenina como para el bienestar, desarrollo y plenitud de la infancia, la niñez y la adolescencia. (Farah et al., como se cita en Marco, 2015, p. 16)

En definitiva, el cuidado como un derecho implica ubicarlo en la relación Estado-sociedad, es decir, en el centro del bienestar social, en donde se remarca el rol fundamental del Estado en proveerlo y regularlo, lo que permite ampliar los análisis a un marco relacional que debe incluir a los sujetos que requieren de cuidado, a las familias que requieren de espacios de cuidado para sus hijos, al cuidador –cuidadora, en la mayoría de los casos–, y a las condiciones en que se brinda, así como permite reconocer el derecho de cuidar, de ser cuidado y de cuidarse (Pautassi, 2007).

De modo que introducir una reflexión sobre las tareas relativas al cuidado infantil como trabajo, relación y derecho social, requiere de una mirada sobre la lógica institucional que las articula, sobre el valor social que adquieren y, en última instancia, sobre lo que nos dicen respecto de la forma en que son interpretados necesidades y derechos de las personas involucradas. Este marco permite considerar las relaciones intersubjetivas en el escenario institucional en que tienen lugar, y así cuestionar las dimensiones que determinan las posibilidades de interacción: la capacitación de los agentes, la integración grupal, el presupuesto asignado, la organización y democratización institucional, las representaciones legítimas en la institución respecto de los ciudadanos/as beneficiarios/as de las políticas sociales, y los discursos de género y de generaciones que dan sentidos al cuidado, entre otras.