La vigilancia política de los policías bonaerenses en la primera mitad del siglo XX

Pedro Berardi

Introducción

Durante las últimas décadas, en el marco de renovación y ampliación del campo de estudios sobre las fuerzas armadas y de seguridad en Argentina, se ha enfatizado no solo en su carácter represivo sino también en la experticia de la vigilancia. Numerosos estudios han demostrado que los estilos de seguimiento y los procedimientos de investigación como los de inteligencia, asentados en la burocracia interna de estas fuerzas, resultan centrales para la comprensión de los dispositivos de control, violencia y represión estatal y paraestatal en la larga duración. En efecto, estimulados por periodizaciones de largo plazo y por miradas que exceden los cortes institucionales y la alternancia cívico-militar, estos aportes evidenciaron continuidades y discontinuidades entre buena parte del siglo XX, en particular durante las últimas dictaduras militares^[1].

En este marco, aún queda por profundizar acerca de las décadas previas a 1960 y del rol específico de las policías como agentes claves en la producción informativa referente al accionar de múltiples actores políticos. Al respecto, acorde a la consolidación en el plano local del campo de los estudios policiales en la última década, contamos con una multiplicidad de trabajos que, entre diversas dimensiones, han indagado en la conformación de las oficinas y secciones destinadas a la investigación desde los albores del siglo XX hasta los años cuarenta^[2]. Es de destacar que este relevante mapa investigativo se vertebra de manera transdisciplinar y pone en relieve además la eficacia de los casos subnacionales para aprehender las especificidades y generalidades de las estructuras y dinámicas policiales en la vigilancia política (Fernández Marrón, 2021).

En diálogo con dicha producción, este artículo propone un abordaje de la policía en la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX, que ha suscitado importantes estudios, principalmente entre los años 30 y el primer peronismo, que también nos resultan cardinales (Marengo, 2012; Barreneche, 2019; Bartolucci, 2020). De manera que pretendemos aportar al conocimiento de la institucionalización y agencia policial, considerando cómo el cuerpo bonaerense fue configurando múltiples sentidos en torno a la disidencia política a partir de la implementación de mecanismos de intervención sobre cambiantes actores políticos y sociales.

Optamos por diferenciar y examinar dos escenarios de esta extensa periodización. En primer lugar, indicamos las formas en que se instrumentó desde el conservadurismo la persecución de simpatizantes y/o militantes de la Unión Cívica Radical y del socialismo por parte de los comisarios de partido durante la jefatura de Luis María Doyhenard, entre 1914 y 1916. Mientras que, luego consideramos la creciente represión del comunismo desde el golpe militar de 1930 que supuso el retorno de las fuerzas conservadoras al ámbito provincial.

Orienta este recorrido la intención de destacar a los agentes policiales en clave de actores políticos. En tal sentido, por una parte, revelamos la aplicación de técnicas y la creación de distintas áreas dentro del organigrama institucional especializadas en la represión y el sostenimiento del orden sociopolítico. Por otro lado, destacamos la producción de información policial sobre sujetos o grupos sindicados como “peligrosos”. Al respecto, particularizamos cómo operaron los marcos de referencia identitarios provistos por distintas adscripciones partidarias en el accionar de agentes y superiores que reconstruyeron “enemigos”, entendidos como posibles rivales electorales o potenciales disruptores del orden establecido.

La especialización policial y el espionaje electoral desde el cambio de siglo hasta 1916

En los umbrales del novecientos, la repartición policial bonaerense comenzó a afianzar un amplio proceso de burocratización, reorganización y profesionalización largamente anhelado por sus integrantes desde su etapa fundacional en 1880 (Berardi, 2019). Abandonar cierta lógica de improvisación, sobre todo en las exigencias de tareas de seguridad y en la producción de información sobre las poblaciones que quedaron supeditadas a su vigilancia, motivó que se ampliase y complejice el organigrama institucional para lograr la especialización en las funciones. Para ello se crearon y perfeccionaron secciones dependientes de la Jefatura, como la Comisaría de Pesquisa que, inspirada en su par porteña comenzó a funcionar en 1890 en las instalaciones de la comisaría Tercera de La Plata^[3]. Transformada rápidamente en Comisaría de Investigaciones se ramificó al dividirse en dos secciones, cuya estructura se mantuvo inalterable hasta poco más del Centenario: una concentrada en “robos y hurtos, defraudaciones y estafas, impresiones dactiloscópicas, orden social y fotografía” y otra que atendía la “seguridad personal, informaciones y leyes especiales, libros y vigilancia general” (Muñiz, Fors, Gambier, 1911: 79-81).

Así, como lo sugieren sus criterios organizativos, para sus funcionarios no había una distinción nítida entre el control de las prácticas criminales y otros actores sociopolíticos –en un convulsionado cambio de siglo- que concitasen su seguimiento. Por el contrario, en el detalle de su operatividad para estos primeros años se plasman de manera abultada los causantes de delitos interpersonales, atacantes de la propiedad, ladrones y abigeos. Hacia 1912 empero, la Jefatura avanzó sobre su reestructuración estableciendo a sus ramas internas en los siguientes gabinetes: de Seguridad Personal, de Robos y Hurtos, de Defraudaciones y estafas, de libros e informaciones y Gabinete de Orden social y leyes especiales, al que se le añadió una “Sección Política” cuyo personal debía injerirse:

[…] en toda huelga que se produzca. Vigilará a los sujetos conocidos por sus ideas sectarias, establecerá los servicios necesarios. […] Intervendrá en toda infracción a las leyes especiales, nacionales o provinciales, etc. Llevará una galería de anarquistas. Expedirá los informes para cartas de ciudadanía, enrolamiento, etc.^[4]

Dos años después, la anexión de la Oficina de Identificación –desprendida de Estadística y Antropometría-, introdujo la construcción de un sistema de fichado que posibilitó el armado de un archivo de “delincuentes peligrosos” y de “agitadores indeseables” de los apresados; conformado de fichas particulares en la que se plasmaban las huellas dactilares. De modo que el sistema operativizó, por lo menos para la capital provincial y las zonas aledañas, la confección dinámica de los prontuarios respectivos a cada detenido. Consignando, mediante otros datos –si habían sido ya vigilados, poseían orden de captura o se les había solicitado el paradero- referencias precisas en caso de tratarse de apresados bajo el peso de las leyes de excepción.

Indudablemente, dicha reestructuración advierte acerca de la dimensión que la protesta social comenzó a adquirir para los policías que integraban la bonaerense en el transcurso de la década de 1910. Si bien los momentos de mayor conflictividad, especialmente para el ámbito de la campaña y en los centros portuarios extracéntricos –como Bahía Blanca o San Nicolás- se registraron a comienzos de siglo, bajo el influjo de la propaganda y el activismo anarquista, la intervención policial quedó circunscripta meramente a la supresión de los estallidos huelguísticos, más que efectivizada por la definición de la Jefatura, mediada por las atribuciones discrecionales de las que disponían los comisarios de sección (Berardi, 2018a). Claro que, coincidente a la sanción de la Ley de Defensa Social, el gremialismo ácrata vio acrecentada su capacidad de organización en las áreas industriales de la provincia y entre 1911-12 articuló y protagonizó distintas medidas de fuerza en las zonas cerealeras logrando casi la absoluta paralización del trabajo ferroviario.

No obstante, para una gestión policial que comenzaría a consumar notorias adhesiones a las fuerzas conservadoras que conducían el gobierno, las actividades de la Comisaría de Investigaciones fueron subsumidas a meras funciones de seguridad. La ampliación del sufragio que estipuló la Ley Sáenz Peña condujo a que las prácticas de seguimiento se direccionasen a las fuerzas políticas que contendían electoralmente con el flamante oficialista Partido Conservador. Fundamentalmente por la competencia externa de la Unión Cívica Radical y, en menor medida del socialismo^[5], que Marcelino Ugarte debió afrontar a comienzos de su segundo mandato, en 1914.

Ante ese nuevo panorama, el conservadurismo desplegó una multiplicidad de estrategias a objeto de no verse debilitado, apuntando a cohesionar a su base electoral del mismo modo que a incrementar sus adeptos. Pero necesitaba también controlar y disciplinar sus propias filas. Con la re-designación de Luis María Doyhenard^[6] al frente de la Jefatura de policía en agosto de 1914, se consolidaron mecanismos con los que se rearticuló la relación entre los actores policiales y la esfera política.

Sirviéndose de la cartografía trazada por la red telegráfica -expandida fundamentalmente a comienzos de siglo-, a los primeros días de asumir el jefe de policía exigió a oficiales y, en menor medida, a subalternos que le remitiesen cada tres días un detallado informe, con carácter confidencial, acerca del movimiento de las distintas agrupaciones que participaban comunalmente. La disposición de Doyhenard tuvo respuesta en una vastedad de telegramas remitidos desde diferentes puntos del mapa bonaerense^[7]. Con un rango muy denso de información, tales documentos permiten comprender cuáles eran las dimensiones acerca de los armados partidarios, de sus actores y sus recursos, que interesaban a la mirada policial. Encontramos un detalle pormenorizado de esta orden, en la respuesta conferida por un comisario de la localidad de Balcarce al momento de iniciarse los preparativos para las elecciones presidenciales de 1916:

Acuso recibo á V.S. de las instrucciones dadas telegráficamente, á las once de la noche del día once del corriente, para dar cuenta á V.S. en nota ‘duplicada’ ‘reservada’ ‘certificada’ entre los días Jueves y Sábados de cada semana, del trabajo realizado por todos los partidos en lucha, sumando o restando elementos, sus causas, actuación, trabajos políticos personales ó colectivos, sin apasionamientos ni exageraciones en los informes, es decir, manifestar la verdad desnuda, sin ambages, sean ó no, amigos personales de S.E. el Señor Gobernador, del Señor Jefe de Policía, ó del Comisario del Partido, y aplicar rigurosamente la Ley, al enemigo común, del órden de cosas que impera en la Provincia, sin llegar á persecuciones visibles ó abusos de resonancia, evitando esta, en lo posible, para no dar base con los procedimientos extremos, á que se crea responden á instrucciones recibidas, sino, aplicarse la Ley en su idealidad, con más o menos visos de legalidad, sin consideraciones, en una palabra, evitar en lo posible, que por reflejo, se ataque por la prensa, tribuna, etc, etc., al Superior Gobierno, y que no trasciendan las instrucciones recibidas. Es así, como en su esencia, he interpretado estas, y digo ‘es así’ porque no he podido repasarlas detenidamente, por cuanto en el acto de recibirlas, fueron destruidas en la Oficina del Telégrafo, no quedando constancia en ninguna parte, ni nadie las conoce^[8].

Si, tal como hemos referido la intervención de la Sección Política debía exteriorizarse, debía visibilizar su presencia en manifestaciones y reuniones obreras o de otros grupos sociales, la apelación a los comisarios, en cambio, permitía construir una relación de control mucho más capilar e incluso imperceptible. A su vez, más allá de lo que se le ordenaba, de los direccionamientos de la mirada, aquéllos iban construyendo percepciones autónomas sobre la esfera política a escala local. La práctica del espionaje requería, en igual sentido, de un repertorio de destrezas que los policías debían desarrollar. Para observar y recabar información resultaba indispensable camuflarse, ampararse en las reglamentaciones o en los marcos normativos para custodiar los actos públicos, pero sin ser totalmente percibidos; intercambiar información apelando a las tramas de informantes, estar atentos a los rumores, decodificarlos y traducirlos. Hacerlos comprensibles para el lenguaje policial. Segmentarlos, además, y ajustarlos a un esquema binario de “amigos” / “enemigos”.

El detalle riguroso de los informes destinados a la Jefatura se puntualiza en los lugares de reunión, en la identificación y en la reconstrucción de los perfiles de las figuras más representativas que lideraban las agrupaciones, su respaldo económico, como así también sobre quienes las disputaban. Del mismo modo, se cuantificaba permanentemente la disponibilidad de votos con la que contaba o era capaz de traccionar cada una de las fuerzas en disputa. Datos que, con puntilloso detalle ofrecía, por ejemplo, el comisario de Coronel Brandsen, en los días previos a las elecciones legislativas de 1915:

Como convenido doy á continuación las impreciones [sic] esperimentadas y observaciones que vengo realizando desde mi estadía en esta, sobre la situación política de este partido.

Compiten cuatro fracciones cuyas composiciones y fuerzas políticas electorales se descomponen en la forma siguiente:

Partido Conservador 400 votos

Unión Comunal 250

Radical 150

Socialista 30

Los principales dirigentes de estas fracciones son del primero Sr. Federico Ortiz de Rosas y Mariano H. Llanos, del segundo Dn Rufino M. Martines y Juan H. Lavié, del tercero Domingo Alvear y Santiago Ambrucó del cuarto Pedro V. Peralta.

El padrón electoral provincial consta de 1415 inscriptos y el Nacional de 1290.

Como se vé el capital político mayor se lo adjudica el Partido Conservador y para contrarestar sus fuerzas, según las conveniencias de la elección, el Partido Unión Comunal; cede sus elementos al Radical ó viceversa, de ahí que cuando ha triunfado en las elecciones el primero, apenas ha sido por 50 ó 60 votos, sobre 600 o 700 votantes que es el mayor número que ha concurrido á los comicios
[…] Debe tenerse en cuenta que el Sr. Ortiz es una visita en este pueblo […] en cambio Llanos reúne todas las condiciones del verdadero caudillo electoral, se encuentra radicado en éste y continuamente se mueve dentro de sus elementos^[9].

Mediante esas operaciones la policía ordenaba y clasificaba, incluso intervenía, mediante la delación o las negociaciones. Encontramos en primer término que esta vigilancia se direccionaba sobre las fuerzas opositoras a la línea conservadora que Ugarte y Doyhenard representaban. Sobre todo, en aquellos distritos donde el radicalismo de extracción yrigoyenista y el socialismo comenzaron a expandir su capacidad de acción. Desde el partido de General Alvarado, el comisario fervientemente ugartista, Rudecindo Thuron, detallaba así al Departamento platense las características organizativas de un grupo del radicalismo local. Al mismo tiempo, en que ponía en evidencia el cumplimiento oculto de su misión:

[…] A puerta cerrada (los radicales), y en voz baja, para nó ser sentidos desde la calle (la casa-departamento que tienen posee puerta y ventana á la calle), hablaron acerca de la cantidad de votos que podrían contar para las próximas Elecciones. Iraizoz tomó la palabra y se expresó así: ‘antes teníamos seis cientos votos, es decir, cuando yó era Intendente, pero hoy, como esos picaros ‘Conservadores’ me quitaron la situación, á lo sumo podremos contar ahora con noventa votos (el subrayado es del documento)^[10].

En segundo término, tal como hemos advertido, esta instrumentación política no fue exclusiva para la observación de los grupos opositores. Sobre un montaje de oficiales que se identificaban activa y profundamente en la causa conservadora, Doyhenard intentó también configurar un registro sobre los fraccionamientos que se iban produciendo al interior del Partido Conservador. Sobre ello daba cuenta, por ejemplo, el comisario de Saavedra mostrando los desplazamientos del elenco partidario, alertando conjuntamente acerca de los efectos de esa fragmentación:

En Pigüé corre el rumor de que el Dr. Pedro P. Harriot instalará comité Demócrata [Progresista] Este ciudadano es actualmente médico de policía en dicho punto y habiendo sido enemigo del Dr. Lopez Buchardo evolucionó, se hizo amigo, figuró como vicepresidente del comité local del P. Conservador y al reorganizarse últimamente el referido comité, entiendo que por nuevas pretensiones, se indispuso. Si efectivamente se pusiera al frente del improvisado movimiento demócrata poco podrá hacer, pues su prestigio para levantar nuevas banderas es hoy muy discutible sino nulo, siento advertir que desde que se ha colocado en situación de independiente no deja de combatir al partido Conservador con el pretexto de que ataca al Dr. Lopez Buchardo y a mi modo de ver, es adversario que no se debiera descuidar por la perniciosa influencia que ejerce sobre el presidente del comité del P. Conservador Don Felipe A. Cazaid, circunstancia ésta que no debe ignorar el predicho Dr. Lopez Buchardo^[11].

Más allá de los alcances que estas estrategias de control y negociación tuvieron en los resultados electorales, debido al triunfo radical en las elecciones nacionales de 1916, es evidente que el accionar de Doyhenard resultó exitoso en tanto consolidó rasgos identitarios bastante cohesionados en la adscripción de su personal a la causa conservadora. Sin embargo, el rasgo más notorio de esta práctica y a pesar del carácter de confidencialidad con la que se ejercitó se traduce en la manera en que sería capitalizada por los sucesivos gobiernos radicales, tras la intervención nacional decretada en la provincia en abril de 1917.

Como ha sido señalado, tras la etapa abierta con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, el intento de redireccionar las lealtades de los funcionarios que componían la administración pública provincial tuvo a la policía como uno de los principales actores^[12]. Inmediatamente se dispusieron una serie de decretos que aplicaban cesantías y exoneraciones por las que el radicalismo pretendía romper la preeminencia ugartista en la justicia de paz, el régimen municipal y fundamentalmente en el cuerpo de policía, considerado como su bastión más neurálgico. Así, bajo control militar la institución asistió a un nuevo proceso de reformas que se acentuaría con notoria fuerza en el transcurso de la siguiente década, direccionado en múltiples dimensiones y centrado fundamentalmente en el reordenamiento de su organigrama^[13].

A pesar de la prescindencia de agentes más especializados para dichas prácticas de vigilancia, estos mecanismos de espionaje fueron rubricando formas de observación e intervención sostenidas en el sigilo y en la asidua permanencia, que se asumieron constantes en el control de las multitudes en el transcurso de estas primeras décadas. Como referiremos más adelante, las hibridaciones producidas entre el control de movimientos gremiales y la supervisión de las agrupaciones partidarias, fueron configurando una multiplicidad de saberes y experticias acumuladas en las dinámicas que para mediados de los ’30 adquirió la División de Investigaciones.

La “bonaerense” en la tormenta del mundo: los mecanismos de vigilancia en la construcción del “enemigo interno/externo”^[14]

Aunque disponemos de datos fragmentarios, la información elevada al Ministerio de Gobierno por parte del cuerpo policial de lo actuado durante 1924 resulta ilustrativa del nivel de capilaridad con el que operaban los agentes que cumplían funciones en dicha dependencia. Se advierte, entre otras cuestiones, su hábil capacidad para camuflarse en asambleas, asistir a conferencias, hurgar en bibliotecas, hacerse de panfletos y montar guardia en ámbitos tan disímiles de la ciudad de La Plata, como “el Ejército de Salvación, la Liga Patriótica, la Sociedad Israelita y la Misión Evangélica”^[15]. Si bien la condensación de estas prácticas permite trazar un hilo de largas duraciones, más allá de las cesuras cronológicas que toman al golpe de 1930 como un hito, el giro autoritario que gravitaría al menos en el espacio bonaerense constituyó un marco propicio para su resignificación en el devenir de las actividades represivas que se afianzarían durante el decenio. En el diagnóstico de las autoridades con sede en La Plata, la situación abierta tras la “revolución septembrina” había acentuado la conflictividad política, sobre todo al interior del conservadurismo, aunque sin descartar la incidencia de otras fuerzas partidarias excluidas o limitadas de la competencia electoral, como el radicalismo. Lejos de hacer posible el viejo anhelo de la autonomía, ello se tradujo, por un lado, en la inestabilidad de las cúpulas^[16]. Mientras que, por otro lado, supuso una mayor correspondencia de los subalternos en las tramas comunales de poder, tal como había acontecido durante el cambio de siglo. Asimismo, la efectividad en las políticas de seguridad contrastaba notoriamente con el incremento del abigeato en las zonas rurales –que encontraba en la ampliación de la red vial y en la modernización de los medios de locomoción los recursos favorables para su accionar- y en la proliferación de bandas delictivas que desafiaban el capricho geográfico impuesto por los límites de la pampa húmeda. Al tiempo que desbordaban la voracidad lectora de un público ávido de sus espectaculares asaltos, propiciando a su vez el escarnio de los uniformados (Caimari, 2012: 61-75).

De modo tal que el afianzamiento del control sobre las distintas esferas del ámbito provincial se intersectó en las transformaciones desplegadas en el tejido policial. Atender a esta vastedad de problemáticas exigía, principalmente, profundizar en sus instancias de profesionalización. En consonancia a las medidas de saneamiento destinadas a la oficialidad y tropa de las distintas secciones, las mejoras en el servicio estaban supeditadas a la renovación de equipamiento técnico, mediante la adquisición de armamento y automóviles. Pero, sobre todo, a la intervención articulada entre expertos y policías de facción abocados a la vigilancia de calles y campos, para complejizar los mecanismos puestos en práctica para la producción de información.

Ello supuso que, por designio de las cúpulas, se reorganizasen y ampliasen las dependencias existentes. A las que, espejadas en el modelo metropolitano de la Sección Política creada en 1932, se les definió su especificidad acorde a las demandas internas y extra institucionales. La incorporación de quien hasta entonces había presidido la División de Robos y Hurtos en la Capital Federal, el comisario Fernández Bazán, dinamizó entonces hacia 1936 la flamante División de Investigaciones. A la cual, un año atrás le había sido anexada la División Cuatrerismo. De igual manera, en el marco del proyecto de reorganización que el Ejecutivo bonaerense implementaría sobre el cuerpo policial, se estipuló la jerarquización de la Oficina de Movimiento Político –dependiente de Investigaciones- con el objetivo de atender:

[…] exclusivamente a la información diaria de los hechos normales y de la acción de los partidos políticos; velará por el cumplimiento de los edictos sobre reuniones públicas y examinará todas las formas de propaganda o publicidad que produzcan los diversos sectores en que se divide la opinión. Será, concretando, el medio de contacto de poderes públicos con la masa y las fluctuaciones del ambiente^[17].

Más que una sección novedosa, este pasaje indica un extenso recorrido que atañe a la especialización de sus funciones. La labor desplegada coincidió así con una convicción arraigada en muchos funcionarios de otras policías del país, acerca del carácter esencialmente represivo de la institución que se focalizaría sobre diversos grupos concebidos como “peligrosos”. Cuya configuración se fue cimentando desde los comienzos del decenio, para confluir en la polisémica categoría de terroristas. Ello integró, en distintos momentos, a las fracciones del radicalismo “personalista” (proscripto de los comicios tras el derrocamiento de Yrigoyen y pasible de alzarse en armas), al anarquismo más bien fragmentado y reducido en determinadas organizaciones sindicales, junto a un segmento del Partido Socialista desplazado de las coaliciones gubernamentales que impulsaron la candidatura presidencial del general Agustín Justo. A este significante se añadiría, y por la envergadura de su carácter transnacional, la peligrosidad encarnada por el Partido Comunista. Cuya represión constituiría uno de los puntos nodales de la agenda desplegada por las secciones de Investigación (Marengo, 2012: 43-49). Pero esos “temores” se depositaron a su vez sobre una población itinerante, mayormente desempleada y golpeada aún por los efectos de la crisis económica. Durante el verano de 1937, el homicidio del niño Eugenio Pereyra Iraola en la estación Camet del partido de General Pueyrredón a manos de un peón golondrina de origen español, desató una campaña gubernamental centrada en la criminalización de los “linyeras”. La carta dirigida por el entonces Ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Noble, condecorando el accionar policial tras su ‘exitosa’ pesquisa revela los fundamentos de la estrategia punitiva, definiéndolos como:

(…) población nómade, entre vagabunda y delincuente, verdadero azote del campo argentino […] de origen desconocido, sin profesión u oficios conocidos y sin hábitos de trabajo, con lo que se puede tener una amplia visión del tremendo problema de política social y criminal que plantea la existencia sin control de esa gente inadaptada e inadaptable…^[18].

Por un lado, para las autoridades ejecutivas la resolución del caso fue posible debido a los reajustes ordenados un año atrás en la División de Investigaciones, a partir del nombramiento de Fernández Bazán. Mientras que, por otro, se tradujo en la elaboración de un plan más amplio de control social -articulado con la ley de represión al comunismo a la que referiremos más adelante-, a través del diseño de un Registro General de la Población Provincial con el que se facultó a la policía de mecanismos técnicos y legales para el relevamiento censitario. Cristalizado a su vez, con el otorgamiento de una cédula de identidad en el marco de los municipios. Por último, espejado en las leyes de excepción que habían cobrado vitalidad bajo el gobierno militar, el proyecto contemplaba la organización de batidas contra los “elementos de mal vivir” y su concentración en campos especiales por intermedio de las comisarías de sección y de partido. Sometiéndolos a la intervención del Departamento de Trabajo con el objetivo de readaptarlos a las dinámicas laborales y ante esa imposibilidad, extremar la deportación. Aunque sus alcances fueron lábiles al punto de diluirse, para 1940 la propuesta readquirió notoriedad por la recomendación de un funcionario policial, ajustándose a la necesidad de atribuirle a la División de Investigaciones la confección de un registro “organizado sobre la base dactiloscópica” y centrado en el empleo formal, para individualizar en cada establecimiento productivo bonaerense a patrones y obreros, consignados en una libreta de trabajo de portación obligatoria^[19]. En este sentido y más allá de las derivas que supuso en el marco de la década la consolidación de un modelo autoritario de poder, con sus ritmos y variantes locales, la relevancia que fue adquiriendo el comunismo en tanto “ideología perniciosa” -en una visión compartida por los elencos dirigentes y policías-, permite redefinir otra cronología que matiza los recortes más homogéneos con los que se ha observado al período. Al tiempo que, en un primer momento como abordaremos, sus referencias operaron en tanto categoría catalizadora que remitía sin demasiadas especificidades a los actores partidarios, sociales e intelectuales antes mencionados.

Los años de entreguerras, estuvieron permeados en buena parte por la revitalización de la conflictividad obrera y una mayor presencia pública de las asociaciones vinculadas al mundo del trabajo. Si bien este rasgo fue también notorio en el área pampeana, la acción sindical no alcanzaría la capacidad de articulación territorial obtenida a comienzos de siglo por las entidades anarquistas, aún a pesar de las ramificaciones alcanzadas por la huelga general de 1936 (Ascolani, 2013). Más que la necesidad de satisfacer demandas laborales, el ciclo de movilizaciones durante el traspaso de las décadas, se estructuró principalmente en las campañas de solidaridad internacional por Sacco y Vanzetti, para extenderse con una gravitación cada vez más debilitada ante las reverberaciones del proceso de Bragado^[20].

En gran medida, fueron las posturas antiautoritarias que concitó el régimen consolidado con Uriburu las que fortalecieron las acciones de lucha colectiva, de igual manera en que se acentuaron las respuestas represivas a cargo de las fuerzas policiales. A la persecución de militantes anarquistas como socialistas bajo las disposiciones emanadas del estado de sitio, se añadió la vigilancia y hostigamiento sobre los agrupamientos radicales de extracción yrigoyenista, que comenzaron a ser percibidos como disolventes tras su intento de saltear la proscripción a la que habían sido sometidos luego de la anulación de las elecciones de 1931.

Amalgamados a las representaciones disponibles de lo que el anarquismo había significado, la División de Investigaciones principalmente, en colaboración con otros cuerpos especializados y las policías de facción, procedieron a comienzos de 1933 a desactivar en distintos puntos de la provincia –Avellaneda, General Belgrano y Olavarría- el movimiento insurreccional que se plegaría con el levantamiento radical de Corrientes, identificando a los “conspiradores” como “rebeldes y sediciosos”^[21]. Dichas conexiones se solidificaron incluso en las figuraciones construidas en torno al affaire de Bragado. Ya que algunas voces del oficialismo reconocieron en el atentado de evidente signo ácrata el punto de partida para el complot que aquéllos junto con socialistas, militares disidentes y afiliados de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) gestarían para derrocar al presidente de facto (Jordán, 1988: 14).

Si bien la organización como las ramificaciones del Partido Comunista tuvieron en la provincia una temporalidad sinuosa, así como resultó minoritario su alcance en las conducciones gremiales -en algunos casos con primacía aún anarquista o debiendo competir con los influjos de la incipiente Confederación General del Trabajo (CGT)-, la circulación de sus delegados fundamentalmente en el cinturón industrial del gran Buenos Aires, conllevó al refuerzo del cuerpo de policía. En particular, de la División de Investigaciones para identificar y pautar el seguimiento de posibles “agitadores” que atentasen contra la libertad de trabajo.

Esta aproximación, tan polivalente de distintos actores sociales y políticos “observados” de peligrosos a lo largo de los años treinta, preparó y recuperó en la forma una nueva axiología comunista. Principalmente, porque para mediados de la década partido e ideología serían precisados de manera taxativa en tanto amenaza exógena. Despejándolos, igualmente, de las referencias totalizadoras que lo emparentaban con las fuerzas partidarias y culturales acusadas de cuestionar radicalmente la estabilidad social. El estado bonaerense, durante la gestión conservadora de Manuel Fresco, consumaría tal identificación en una persecución sostenida a partir de la sanción de un decreto para la represión del comunismo en mayo de 1936^[22].

Las razones que habilitaron desde el gobierno el asedio policial sobre imprentas, clubes, centros gremiales, bibliotecas y distintos ámbitos de sociabilidad como picnics (Bisso, 2009) pasibles de la difusión de propaganda doctrinaria, descansaban en el carácter internacional y por ende incompatible que “su origen, principios, ideas tendencias” presentaba respecto a “la soberanía nacional y con la existencia y el destino mismo de la patria argentina”^[23]. El sesgo acentuadamente nacionalista que definió a la gestión, exacerbaba la noción de amenaza latente que concitaba una agrupación con epicentro en Moscú que pregonaba a su vez, bajo la égida del Comitern, el establecimiento de la dictadura del proletariado debido a la proliferación cada vez más extendida de la IIIra Internacional a escala global^[24].

Dicho diagnóstico, se tejió asimismo en el crecimiento de formas de asociacionismo partidario y civil que a espejo de los Frentes Populares triunfantes en España y Francia desde 1936 –tal como filiales de Acción Argentina, Confederación Democrática Argentina, Junta de la Victoria, entre otras^[25]– y las federaciones obreras -como la Confederación General del Trabajo Nº 2-^[26], propenderían colateralmente al accionar en superficie del Partido Comunista en alianza con otros partidos que participaban de las instancias electorales. El fortalecimiento transnacional de los posicionamientos antifascistas, en los umbrales de la segunda guerra, reforzó sobre todo en los efectivos policiales la necesidad de extremar la vigilancia sobre las posibles filtraciones del “enemigo comunista”, solapado en campañas de solidaridad que recorrían diversos puntos del mapa nacional, concitando adhesiones por los exiliados republicanos como la condena hacia las potencias del Eje. Ello se combinaría, asimismo, con la vigorización represiva que las autoridades de las intervenciones federales, desde 1940, a cargo de las Fuerzas Armadas le imprimirían a las conducciones policiales.

Muestra de ese giro fue la adscripción del gobierno bonaerense, en mayo de 1939, al Decreto 111/39 establecido por el Ejecutivo nacional cuyo alcance liminar estuvo circunscripto a la Capital Federal y a los espacios territorianos. Aunque se preveía la perdurabilidad de la medida hasta que adquiriese status de ley en el Congreso de la Nación, se extendió tempranamente en aquel ámbito dada la atribución en materia de policía para reglamentar el funcionamiento de la actividad asociativa. Ante la amenazante afluencia de extranjeros que introducían “la defensa y propaganda de idearios políticos y sociales de sus países de origen” se estipulaba a través de un pautado control “argentinizar la política nacional consolidando los sentimientos nacionalistas y los principios democráticos que nos legaron nuestros mayores”^[27].

Acorde a viejas prerrogativas que detentaba el cuerpo policial, los centros ya constituidos o que se iban a conformar debían informar al Ministerio de Gobierno con intermediación de la Jefatura o de las comisarías de sección de las localidades respectivas, su denominación, propósitos, reglamentos y estatutos, nómina de sus integrantes con sus datos personales, el domicilio como el número de Cédula de identidad expedido por la Provincia y la redacción de un libro de actas al que las autoridades debían tener acceso cuando se lo requiriese. Así como notificar a los comisarios en caso de que se consumasen elecciones y de la renovación de las autoridades o de las comisiones directivas.

Tales exigencias, aunque más exiguas para las entidades benéficas o recreativas, impedían con mayor rigor la subvención por parte de otras asociaciones radicadas fuera del país como de gobiernos extranjeros. En este sentido, el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa quedó bajo jurisdicción de la Sección Orden Social de la División de Investigaciones, a la que se debía remitir desde las distintas seccionales el pormenorizado registro de los datos antes indicados. Asistida a su vez, por la Sección Movimiento Político –dependiente de la Secretaría General- que comunicaba información referente a sus acciones públicas. A modo de confeccionar un archivo mediante el siguiente procedimiento burocrático, las diversas instituciones consignadas y ordenadas alfabéticamente se clasificarían acorde a los criterios del personal de la repartición en base a un color identificatorio que precisaba sus correspondientes fichas y que, denotaba a su vez, su grado de peligrosidad social: fichas rojas para Asociaciones extremistas, azules para sindicales, blancas para ayuda mutua y beneficencia, verdes para deportivas, grises para culturales y celestes en caso de otras varias^[28].

El prontuario confeccionado desde la División de Investigaciones a la Iglesia Bonaerense de los Adventistas del Séptimo día es ejemplificativo de esta estrecha vigilancia, fundamentada en un amplio sentido de sospecha aplicado a instituciones muy heterogéneas. Durante buena parte de 1943, el comisario y el subcomisario de Avellaneda remitieron a la Sección Orden Político constantes, aunque, escuetos informes sobre las reuniones realizadas en el templo local, cuya instalación no había sido previamente notificada a las dependencias policiales tal como preveía la normativa vigente. Dentro de la variedad de temáticas de los encuentros puntillosamente listadas –referidas con mayor frecuencia a pasajes bíblicos, como “la profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor o el rey de Babilonia”-, la minucia policial aguardaba en el carácter congregativo propiciado en estas celebraciones la posibilidad de discursos referidos a la política local e internacional. La agitación estimulada por las resonancias ideológicas de la guerra en curso se entreveía, en el olfato de oficiales y agentes, en conferencias cuyo desarrollo debió ser previamente pautado como autorizado. Permitidas ordenadamente los días lunes, miércoles y sábados, en horarios preestablecidos, la discrecionalidad embestida en estas funciones habilitaba entonces la supervisión de antemano de alocuciones quizás alarmantes, bajo los títulos de “¿Hacia un mundo nuevo?”, “Después de esta Hecatombe, ¿se afianzará la paz?”, “Inquietante Incremento de la Delincuencia” o “Darwin y la Desorientación Actual”^[29].

En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, aunque la permanencia al frente de la repartición fue más bien inestable, se sostuvo de esta manera el accionar represivo cimentado desde mediados de la década anterior hasta su extensión mediante los convenios interpoliciales expresados en la “Comisión de Actividades Antiargentinas”. Sellada por la policía porteña y de los territorios nacionales, así como del resto de las provincias en junio de 1942^[30]. Dada la adscripción ideológica que las diversas Jefaturas precisaban en torno al materialismo economicista profesado por los “agentes moscovitas”, se diseccionó en sus discursos anticlerical y antimilitar el rasgo más prominente de su carácter antinacional y subversivo.

Conclusiones

El abordaje de largo plazo centrado en la producción de información por parte de múltiples agentes y reparticiones de la fuerza policial bonaerense durante la primera mitad del siglo XX ha sido de importancia para advertir continuidades, transformaciones y momentos de inflexión en la implementación de estrategias de vigilancia política. Más allá de las diferencias entre las coyunturas examinadas, identificamos en tanto común denominador las permanentes acciones de ensayos y aprendizajes que fueron habilitando como contorneando, las modalidades de espionaje y vigilancia que conformaron el repertorio de una institución cuya configuración territorial fue adquiriendo visos de mayor complejidad.

En este sentido, fundamentalmente en el primer decenio del siglo XX, la supervisión de las agrupaciones partidarias como el control direccionado al activismo obrero y a distintas expresiones de asociacionismo –sobre todo durante el momento de entreguerras-, posibilitaron adquirir y perfeccionar saberes y experticias acumuladas, que redundarían en la ampliación y en la especialización de determinadas secciones. Las variantes representaciones que los agentes policiales confeccionaron sobre los actores o grupos a los que clasificaron en tanto “enemigos”, resultaron entonces fundamentales para reforzar la cohesión institucional sin que ello haya supuesto, necesariamente, su identificación estrecha a un accionar exclusivamente represivo.

La atención a las etapas seleccionadas, por otro lado, nos ha permitido observar que esas valoraciones no fueron en lo absoluto homogéneas. Es decir, la categorización de “enemigo”, adquirió en alguna coyuntura una definición más precisa mientras que en otras puede advertirse un sentido más polisémico. De esta manera, se puso en relieve que en el breve interregno comprendido entre 1914 y 1916, bajo la Jefatura de Luis María Doyhenard, el espionaje policial estuvo exclusivamente supeditado al relevamiento de las distintas fuerzas partidarias que contendieron en las instancias electorales. Así, ante el realineamiento de la cúpula policial con la gestión conservadora que gobernaba la provincia, fueron los integrantes y adherentes de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, pero también las fracciones opositoras intra oficialismo, quienes se constituyeron en el epicentro de la vigilancia de los comisarios de partido. Pese a la existencia de dependencias como la Sección de Orden Político, fue esta red de comisarios la que en esta coyuntura resultó central en la vigilancia política mayormente direccionada al control electoral.

Se destaca asimismo la dimensión técnica en la operatividad de la vigilancia de estos años. Los usos del telégrafo fueron claves, en tanto al agilizar los circuitos de producción y circulación de la información, dicho artefacto facilitó a la policía no solo ejercer control político sino también modular el extenso territorio y profesionalizarse a nivel institucional (Berardi, 2018). De manera que se generaron una serie de experticias que cimentarían hacia adelante la especialización y burocratización de otras reparticiones.

El escenario autoritario, abierto tras el golpe militar de 1930, constituyó el marco propicio para la redefinición de las representaciones sobre los grupos vigilados. En consonancia a lo observado en otros escenarios (Suarez, 2013; Fernández Marrón y Berardi, 2021) la reestructuración de la División de Investigaciones y sus gabinetes internos fue en parte producto de la complejización del organigrama institucional acorde al desafío impuesto ante lo que agentes policiales y gubernamentales comenzarían a identificar como el peligro “comunista” creciente. Si bien los sentidos en los que esta categoría se inscribía se delimitarían, desde mediados de la década, a un activismo ideológico que bajo las directrices de la III Internacional penetraría en las organizaciones obreras, sus alcances para los encargados de preservar el orden tuvieron un carácter más bien polisémico que excedía a los contornos del mundo del trabajo y de la actividad sindical.

Sin desatender a su proliferación en esos ámbitos, resultó también un significante que asociado a la noción más temprana de “terrorista” podía contener a todos aquellos agrupamientos que se manifestaron entre 1930 y 1932 opositores al gobierno de facto: desde radicales disidentes, socialistas hasta anarquistas. Mientras que, asumiría nuevamente un criterio de amplitud previo al estallido de la segunda guerra, debido a la expansión en el panorama local de manifestaciones u organizaciones próximas a la República española o alineadas en oposición a las potencias del Eje, como “Acción Argentina”. Situación que, además de propiciar la articulación de un entramado de colaboración e intercambio entre los distintos cuerpos policiales a escala nacional, operó en tanto “laboratorio” en la especialización de las estrategias de observación y persecución que se integrarían al desempeño de la fuerza con el advenimiento del peronismo.

Referencias bibliográficas

Águila, G. (2018) “Policías, represión y ‘lucha antisubversiva’: exploraciones sobre el rol de las policías en el accionar represivo de los años 70 en Argentina”, en Folia Histórica del Nordeste, núm. 32, pp. 121-146.

Ascolani, A. (2013) “Trabajadores y sindicalismo”, en Palacio, J. M. (Dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires, t4: De la Federalización de Buenos Aires al advenimiento del peronismo: 1880-1943 (pp. 393-418), Edhasa / UNIPE, Buenos Aires,

Baily, S. (1985) Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires.

Barba, F. (2007) “El proceso electoral de 1917 en la provincia de Buenos Aires y el triunfo de la UCR”, en Anuario de Historia Argentina, núm. 7, La Plata, pp. 11-29.

Bartolucci, M. y Taroncher, M. Á. (1994) “Cambios y continuidades en las prácticas político-electorales en la provincia de Buenos Aires: 1913-1922”, Devoto, F. y Ferrari, M., (comps.), La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, Buenos Aires, Biblos, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Bartolucci, M. (2020) “Servicios de información, represión política, y violencia paraestatal durante el primer peronismo”, en Estudios sociales del Estado, vol. 6, núm. 12, disponible en https://doi.org/10.35305/ese.v6i12.232.

Barreneche, O. (2019) De brava a dura. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una historia (1930-1973), Prohistoria Ediciones, Rosario.

Barry, V. (2019) “Usos policiales para la represión política en las primeras décadas del siglo XX”, en Franco, M. (Coord.), La violencia estatal en la Argentina del siglo XX, en Programa Interuniversitario de Historia Política, Foro 7 “La violencia estatal en la Argentina del siglo XX”, 2019. Recuperado de: http://www. historiapolitica.com/datos/foros/foro7_barry1.pdf;

Berardi, P. (2015) “Hacerse visible, mostrarse discreto. El Fondo Luis Doyhenard como cartografía de las confluencias entre la política y la profesionalización policial (1898-1916)”, en Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Córdoba, año 6, núm. 6, pp. 140-159.

Berardi, P., (2018) Territorialidad, profesionalización y política. La construcción de la policía en la provincia de Buenos Aires, 1880-1916, Tesis de Doctorado, UDESA, inédita.

Berardi, P. (2018a) “De decorosos humanitarios a sectarios sediciosos. Figuraciones sobre el anarquismo en las narrativas policiales (Buenos Aires, 1901-1917)”, en Nieto, A. y Videla, O. (Comps.), El anarquismo después del anarquismo. Una historia espectral (pp. 1-49), GESMAR, Mar del Plata.

Berardi, P. (2019) “Crear la Policía” y construir el territorio. Las reformas policiales en un nuevo orden provincial: Buenos Aires, 1878-1880, en Revista de Historia del Derecho, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, núm. 58, Buenos Aires, pp. 1- 30.

Bisso, A. (2005) Acción Argentina: un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial, Prohistoria Ediciones, Buenos Aires.

Bisso, A. (2009) Sociabilidad, política y movilización. Cuatro recorridos bonaerenses (1932-1943), Buenos Aires Libros / CEDINCI, Buenos Aires, pp. 36-63.

Bohoslavsky, E. y Franco, M. (2020), “Elementos para una historia de las violencias estatales en la Argentina del siglo XX”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 53, 119-123.

Caimari, L. (2012) Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, Siglo XXI, Buenos Aires.

Fernández Marrón, M. (2021) Introducción a Dossier “Tareas de investigación, información e inteligencia en las policías argentinas del siglo XX: una escala subnacional”, núm. 121, disponible en https://bit.ly/3t7XMGD.

Fernández Marrón, M. (2021a) “Una vocación indicial: experticia policial en los modos de investigar, informar y vigilar en la Provincia de Buenos Aires y el Territorio Nacional de Río Negro (1930-1943)”, en Aletheia. Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE, vol. 11, núm. 22, La Plata.

Ferrari, M. (1994) “Persistencias y transformaciones en las redes de fidelidad política a través de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. 1914-1921”, en Devoto, F. y Ferrari, M. (comps.), La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas (pp. 137-167), Buenos Aires, Biblos, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Jordán, C. (1988) Los presos de Bragado, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

López Cantera, M. (2014) “Criminalizar al rojo. La represión al movimiento obrero en los informes de 1934 sobre la Sección Especial”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, núm. 4, pp. 101-122.

Luciano, M. (2021), “Despliegue técnico, expansión burocrática y conflictos políticos: el accionar policial en tiempos del Sabattinismo (1936-1943), Córdoba-Argentina”, en Historelo. Revista de Historia Regional y Local, vol. 13, núm. 26, pp. 187-222.

Marengo, Ma. E. (2012) Lo aparente como real. Un análisis del sujeto comunista en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (1930-1962), Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2012.

Muñiz, Diógenes, Fors, L. y Gambier, A. (1911) La policía de la provincia de Buenos Aires. Su Historia, su Organización, sus Servicios, Taller de Impresiones Oficiales, La Plata, pp. 79-81.

Scocco, M. (2019) “Las fuerzas represivas y las divisiones de inteligencia. El Ejército y las policías en Rosario (1966-1979)”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, núm. 14, pp. 11-28.

Suárez, G. (2013) “La sección ‘Orden Social’ de la Policía de Río Negro (Argentina). Qué se vigila, cómo se registra, a quiénes se reprime (1931-1944)”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 24, núm. 2, pp. 55-77. Recuperado de: https://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/660.

VV.AA., Síntesis histórica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 1580-1980, Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1981, pp. 226-228.

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