Demandas socioeconómicas y presión política en la década de 1920

Daniel Palma Alvarado

Introducción^[1]

En provincias, como en Santiago, aun la vulgaridad siente y cree que el «meterse a paco» equivale a la más baja y desdorosa de las situaciones (Revista Ilustración Policial, núm. 27, mayo de 1923, “ARA, Las Policías no son en Chile instituciones respetadas y consideradas por todos”, pp. 37-38).

Mientras todas las empresas particulares, el comercio y las industrias, elevan a sus dependientes sus sueldos para que tengan, por lo menos, lo indispensable para una vida modesta, el Estado es el único que se olvida de quiénes lo sirven con abnegación […] La gran mayoría de las reparticiones públicas han visto aumentados los sueldos de su personal en el último tiempo. Sólo la Policía clama y clama en vano por entradas que le permitan siquiera vivir (Diario El Mercurio, Santiago, 04 de mayo de 1924, “El personal superior de la policía”).

Dos décadas atrás, el historiador inglés Emsley (2000 y 2009) llamó la atención sobre la vitalidad de la nueva historia social abocada a la clase obrera e invitó a ampliar las investigaciones hacia otros sectores de los labour groups, en particular a las policías. En su análisis comparativo sistematizó el estado de los conocimientos sobre el origen social y reclutamiento de las policías (europeas y estadounidenses), sus condiciones de trabajo y salarios (incluyendo ejemplos de agitación y huelgas), la lucha por las pensiones, los lazos internos y los rigores del trabajo policial.

El estudio de los policías en tanto trabajadores (evitando su reducción a la mera condición de opresores al servicio de la clase dominante), ha permitido desde entonces apreciar aspectos de la exigente rutina laboral, a la vez que una cultura policial con sus propias demandas y desafíos a la autoridad. Resultó ser una puerta de entrada para conocer dinámicas internas de unas instituciones caracterizadas por su hermetismo, revelando las tensiones y vivencias de quienes las conformaron.

En América Latina, la historia social de las policías ha sido una de las vertientes de un pujante campo en expansión^[2]. A los trabajos pioneros de Vanderwood (1982 y reimpresión de 2014); Gayol (1996) y Bretas (1997 y 1998), se han ido sumando más investigaciones dedicadas a reconstruir los perfiles y trayectorias de los miembros de distintas fuerzas policiales (Calandrón y Galeano, 2013; Pulido, 2017; Mauch, 2017; Fernández Marrón, 2018; Bailón Vásquez, 2020). Para el caso chileno hay que destacar el valioso esfuerzo de Cárdenas (2013), quien en su libro describió a los guardianes de la policía fiscal de Valparaíso y retrató sus condiciones de vida y de trabajo durante las dos primeras décadas del siglo XX. Demuestra cómo la alta rotación y las dificultades para reclutar nuevos efectivos se volvieron el mayor obstáculo para el progreso policial. Asimismo, ilustra cómo las jefaturas durante años insistieron en que las causas de este problema había que buscarlas en la exigüidad de los salarios y la falta de protección social del personal. Otro aporte fundamental es el de Palacios (2016) sobre la “construcción del buen policía” dentro de las policías fiscales y la serie de antecedentes que proporciona sobre las experiencias de los guardianes de la policía de Santiago.

En las páginas siguientes revisaremos el contexto material en que se desempeñaron los guardianes de las policías fiscales y el despliegue de un conjunto de reivindicaciones socioeconómicas en los años 20 del siglo XX. En Chile se vivían entonces los efectos de la denominada cuestión social, mientras se agudizaban los cuestionamientos al orden oligárquico-liberal. El gobierno reformista encabezado por el liberal Arturo Alessandri (1920-1924) representó, según Valdivia (2017), el inicio de un proceso de “reformulación hegemónica”. A este presidente le correspondió liderar la primera fase de la “transición entre un orden plenamente oligárquico y los consensos multiclasistas-estatistas que surgieron de la crisis del primero”, mediante el impulso de una serie de reformas socio-laborales, pero también de nuevos recursos coercitivos que evitaran el desborde del orden social y político.

En este escenario, a las policías les estuvo reservado un papel estelar. En los años 20, en Chile se habían consolidado cuerpos de policía urbanos denominados Policías Fiscales, que se desempeñaban de manera independiente en las principales ciudades. Sus efectivos formaban aproximadamente dos tercios del total de las fuerzas policiales del país. El otro contingente de importancia era el Cuerpo de Carabineros, policía militar a cargo de mantener el orden en las zonas rurales.

Las policías fiscales pasaban por un complejo momento y no lograban ganarse ni el aprecio ni el respeto de la población (Palma Alvarado, 2021). Veremos cómo, en el ejercicio de sus funciones asistenciales y represivas, la convivencia diaria con la miseria y con la protesta alimentó los anhelos por conseguir un mejoramiento sustancial de sus propias condiciones laborales. Sugerimos que la lucha gremial librada por los funcionarios policiales en pos de su bienestar, se constituyó en un eje de la cultura policial y decantó en una cada vez más abierta deliberación política de estos cuerpos, empujándolos a apoyar el golpe militar de septiembre de 1924.

El descontento policial y la cuestión de los sueldos

En vísperas de 1920, las policías fiscales eran unos cuerpos donde se respiraba el descontento. Los altos mandos lo expresaron con bastante claridad, atribuyéndolo tanto a las falencias del servicio y escasos incentivos para retener al personal, como a las dificultades para legitimar su autoridad entre la población.

El entonces prefecto de Copiapó, Alfredo Rojas Ansieta, fue una de las plumas más punzantes de la época, poniendo sin empachos el dedo directamente en la llaga. En una descarnada reflexión echó por tierra las “tan trilladas frases” en cuanto a que “«las policías han progresado inmensamente»; «el guardián es por hoy respetado y considerado por el público»; «el Paco de antaño háse [sic] ahora convertido en el real y verdadero Agente de la Autoridad, etc.»”. Si bien valoraba el “progreso material y moral” de la última década, la cruda verdad era que nadie deseaba enlistarse en la policía, como se puede apreciar también en el epígrafe. Su diagnóstico en 1923 era lapidario: “somos débilmente una organización en pañales y nada más […]. No es pesimismo: es realidad”^[3]. Meses después agregaría que “las Policías actuales, por más que haya alguien quien crea y asegure lo contrario, no son organismos que en verdad garanticen el Orden y la Seguridad interna en la República”^[4].

Las revistas institucionales publicaron por estos años numerosos artículos que retrataban el estado de ánimo. El popular magazine Ilustración Policial lo resumió en la idea del “abandono en que siempre permaneció la policía”, que habría sido la causa por la cual la población no respetaba a sus funcionarios y los recibía con mala voluntad. Los guardianes, en su calidad de “empleados a sueldo del Estado”, eran unos servidores públicos por excelencia, abnegados, pero incomprendidos^[5]. Se reconocía que la policía en Chile estaba lejos de sus homónimas de Inglaterra o de Argentina, dejando “una triste impresión en cuanto al atraso en que nos encontramos con respecto a esas policías…”^[6].

Los principales diarios del país, como El Mercurio, hicieron suyas estas lamentaciones, alzándose como portavoces de dos demandas reiteradas una y otra vez: la necesidad de aumentar el personal policial y el incremento de los sueldos. “Casi no pasa un día sin que tengamos que decir lo mismo: Santiago tiene pocos guardianes y los que tiene, mal remunerados”^[7]. Durante estos años promovieron sucesivas campañas de opinión con el objeto de sensibilizar a las autoridades para que aprobaran diversos proyectos que irían en auxilio de las policías.

Los argumentos que respaldaban estos juicios críticos eran de diversa índole. En primer lugar, estaba la cuestión de los bajos sueldos, objeto de duros cuestionamientos, más aun considerando que desde 1905 permanecían virtualmente estancados. Pese a la aprobación, en 1919, de un proyecto de ley en el Senado que aumentaba el salario de la policía de Santiago en un 25% a jefes, oficiales y agentes de la sección de seguridad y en 10% al personal de la sección de orden, el incremento parecía insuficiente.

La vida de un oficial de policía, que viste las mismas prendas de un militar prusiano y tiene que tener uno o más trajes de civil, comprándose de su propio peculio desde el espolín hasta la montura, del zapato al casco, y todo de lujo y flamante, so pena de las observaciones reglamentarias que a tales penurias se añaden, se hace insoportable atendido el miserable sueldo que gana desde 1905 y que ha permanecido invariable, no obstante que las subsistencias han encarecido en más de dos tercios y el vestuario en más de un ciento por ciento^[8].

Un guardián segundo de Santiago clamaba en 1921 por “una migaja más de aumento para todos sus servidores, que bien merecido lo tienen”, contrastando el panorama con el del ejército que había afianzado su situación económica^[9]. En provincias aparecen idénticos lamentos, según se advierte en una caricatura de marzo de 1922 que con el título “Sueldo” exhibía a un guardián arrodillado, cavilando: “¡Hasta cuándo! Nosotros pobres pacos provincianos, hénos aquí gimiendo y llorando! ¡Acallen sus voces tripas! ¡No giman con tanta bulla! ¡Ya llegará la platita! […] ¡Pero cuándo¡ ¡Para mayo!”^[10].

Fuente: Revista Ilustración Policial, núm. 13, marzo de 1922, “Sueldo”.

Sin embargo, los reiterados emplazamientos al Congreso para que legislara en la materia parecen haber caído en un vacío. En un diálogo entre José Berly y Eduardo Labra, editores de la revista Ilustración Policial, el primero decía: “Yo las cartas que recibo, son clamores. Quejas amargas que se lleva el viento. Todos los pacos cuentan sus dolores. Y piensan en un próximo aumento”. A lo que respondía el segundo: “Esto prueba, colegas de trabajo. Que el sueldo de los pacos es muy bajo. Y si reina ese pequeño descontento, habrá que darles luego un aumento”^[11]. Elevar los sueldos era un requisito básico para dignificar el oficio policial.

El grueso del personal se componía de guardianes terceros, quienes en los años 20 percibían un salario de 187,20 pesos, es decir, alrededor de 6,35 pesos diarios, según los cálculos de El Mercurio. En comparación con otros oficios urbanos, el monto era bastante inferior. Un albañil ganaba entre 10 y 12 pesos diarios; un estucador entre 15 y 20 pesos e incluso los modestos gañanes, mano de obra no calificada a jornal, recibían entre 8 y 9 pesos^[12]. En agosto de 1924 se informó de un aumento en los sueldos de los funcionarios del aseo de la municipalidad de Santiago. “El último barrendero ganará $7,50 al día. (…) ¿Es posible que hasta el oficio de barrendero pueda ser mejor pagado que el del guardián?”, se quejó el diario, agregando: “¿Querrá el Gobierno dejarnos sin Policía? No otra cosa podría significar el mantener sin solución la situación actual, pues el hambre y la miseria no admiten consejos y los guardianes, cansados ya de esperar, tendrán que optar por irse a buscar la vida en otras ocupaciones”^[13]. En las provincias la situación era tanto o más compleja, con guardianes terceros que obtenían poco más de 140 pesos mensuales (ciudad de San Antonio) o todavía menos, 125 pesos mensuales (ciudad de Río Bueno)^[14].

Analizando el costo de la vida, estos emolumentos quedaban a todas luces muy cortos. Una estimación de los gastos mínimos de un guardián tercero con dos hijos y un sueldo mensual de 187,20 pesos, consideraba el arriendo de una pieza (30 pesos), alimentación básica, fianza de equipo (20 pesos), entre otros gastos, lo cual no alcanzaba para mucho más (como vestuario, enseres del hogar, educación, médico, etc.). Para poder cubrir sus necesidades básicas, el personal policial debía endeudarse. Un diario opinó que “…con menos de 260 pesos mensuales es imposible que un guardián viva con su familia en condiciones razonables, aunque se trate de la vida más estrecha, más sacrificada, más pobre”^[15].

Según nuestras fuentes, el 60 % de los guardianes eran casados y otro 25 % mantenía obligaciones económicas con una madre viuda, hermanos u otras personas a su cargo. En 1924, un extenso reportaje de la revista Sucesos, dedicado a las familias de cuatro guardianes de Santiago, con fotografías de sus insalubres cuartos en un conventillo con orden de demolición, concluyó que “no existe gremio alguno de trabajo cotidiano, cuyo esfuerzo sea peormente remunerado”^[16]. El gobierno y el Congreso serían interpelados una y otra vez a actuar: “…la situación de la Policía de Santiago es absurda y constituye una injusticia que exige inmediata reparación”^[17].

Desde otras tribunas se relativizó la situación exhibida con dramatismo por la prensa burguesa. Así, por ejemplo, el periódico La Federación Obrera, refutó la idea de que el guardián tercero cobraba menos que un gañán. En un recorrido por diversas obras del puerto de Valparaíso constataron que, cuanto más, los gañanes obtenían 6 pesos diarios, o sea, 150 pesos mensuales. “¿Quién gana más? ¿El guardián o el obrero?” ironizó el cronista Sta. CLAUS^[18]. Recordó, además, que muchos guardianes se hacían unos pesos extra, cobrando coimas y llapas, haciendo la vista gorda o chantajeando a los ebrios para no llevarlos detenidos, por lo que “el guardián gana inmensamente más que el trabajador”. Por cierto, las dudas sobre la probidad del personal eran de antigua data y habían costado la salida a muchos jefes, agentes y guardianes en los años previos (Palma Alvarado, 2019). Pero, como sea, el salario en los escalafones más bajos de las policías fiscales distaba mucho de ser adecuado y no aseguraba una vida digna a sus familias.

El razonable proyecto presentado en 1924 por el prefecto Julio Bustamante de la policía fiscal de Santiago al Intendente, contemplaba un aumento para los guardianes terceros de 187 a 200 pesos. Así y todo, se advertía que era insuficiente, estipulando que, en una familia de cuatro personas, “sin perjuicio de que en un 40% o 50% este número sea el doble o más”, se consumían seis pesos diarios solo en alimentación, a lo que había que sumar alrededor de 50 pesos para habitación; 10 pesos por persona para vestimenta; 30 pesos para lavado, luz y lumbre y 10 pesos “para los gastos inherentes a la permanencia en el Cuerpo”. No alcanzaba para cubrir enfermedades, para movilización o lectura. Con menos de 300, se indicó, era virtualmente imposible pasar el mes. El propio Bustamante expresó que a raíz de estas condiciones “ya no hay quien desee ocupar las vacantes que se producen con una frecuencia que crece día en día”^[19].

Entrando al segundo semestre de 1924, en medio de fuertes turbulencias en las arcas fiscales, seguía postergándose el aumento de sueldos que las propias policías venían reclamando por años. La institución a duras penas lograba cumplir con lo que se esperaba de ella, debido a las deserciones y bajas. “[…] El público no ignora que las renuncias de los guardianes se multiplican día por día, mientras poco a poco la decepción que reina en las filas de la Policía puede adquirir caracteres de gravedad. –leemos en El Mercurio– El cuerpo policial en estas condiciones corre serio peligro de disolverse, quedando así entregadas las ciudades del país […] indefensas en manos de los elementos maleantes”^[20]. A tanto llegó la ansiedad mercurial, que unos días después lanzó la propuesta de financiar un incremento salarial para la policía con los recursos que se allegarían con la ley de identificación obligatoria. El problema era que la discusión de dicha ley seguía pendiente en el congreso^[21]. La cuestión de los sueldos requería de una intervención urgente, mientras escalaba la presión desde las propias policías, en cuyas revistas se exigía una escala de sueldos y gratificaciones “justa y equitativa”^[22].

Los rigores y exigencias del oficio policial

Los mal remunerados guardianes lidiaron con una endémica recarga de trabajo. Esto se explica en gran parte por la dificultad de llenar las vacantes, como bien estableció Cárdenas para el caso de Valparaíso. La masiva rotación del personal, la imposibilidad de seleccionar “individuos que reúnan condiciones de preparación y moralidad, que hoy son indispensables y que años atrás solo eran necesarias […]”, la recontratación de hombres dados de baja por mala conducta, eran todos factores que conspiraban en contra del buen funcionamiento de las policías fiscales^[23]. En 1916, la de Santiago había tocado fondo y fue el prefecto Rafael Toledo Tagle el responsable de recuperarla.

Durante su gestión, que se extendió hasta enero de 1921, Toledo Tagle lideró una serie de proyectos destinados al mejoramiento material de los cuarteles, además de la fundación de la 13ª sub-comisaría; aumentó en 500 a los guardianes de la capital; inventarió los muebles y útiles del cuerpo; mandó a confeccionar 17 reglamentos en diversas áreas del servicio; restableció la Escuela Policial para los oficiales, cerrada desde 1916; levantó el Mausoleo Policial en el cementerio; e impulsó la creación de una Caja de Seguro Mutuo (una especie de seguro de vida)^[24]. Estos adelantos, sin embargo, no alcanzaron a subsanar los males que históricamente habían erosionado a las policías chilenas.

La insuficiente dotación de guardianes continuó representando un fuerte dolor de cabeza. Al asumir el prefecto Gómez Solar en 1921, expuso al Intendente la necesidad de aumentar la de Santiago en 1.000 guardianes y 100 agentes, equivalentes a la mitad de las plazas ya existentes. Esto era fundamental para poder extender la vigilancia a los nuevos barrios en Providencia, San Miguel, Barrancas, Quinta Normal y Yungay. Asimismo, planteó la idea de reemplazar a los oficiales de guardia (que tenían que tomar nota de los partes) por escribientes^[25]. Solo cosechó promesas.

A juzgar por las informaciones de las revistas corporativas y la prensa, en los años 20 los policías estaban extenuados. El “inusitado movimiento de altas y bajas de la tropa”, demostrativo de que “[…] en la policía no hallan ningún aliciente los hombres que se incorporan a ella”, seguía alimentando el movimiento centrífugo y motivando el abandono a los pocos meses de servicio. Entre octubre de 1920 y septiembre de 1921 hubo 813 bajas y 996 altas, correspondientes a cerca de la mitad de la planta^[26]. Para los que permanecían en el cuerpo, los turnos se hacían eternos y eran especialmente pesados en las frías noches de invierno^[27]. Comentaba un diario que

(…) el turno de cada guardián es de seis horas. Este período para un trabajo que debe hacerse a la intemperie, de día o de noche, bajo la lluvia o bajo el sol, en todas las temperaturas, siempre de pie, siempre en atención es el máximum que se puede exigir a la resistencia humana para que el individuo cumpla su deber con alguna eficacia^[28].

A comienzos de 1922, en “una extensa comunicación”, la prefectura de Santiago planteó a la Intendencia “[…] la necesidad de ampliar el servicio policial que en las condiciones actuales es deficiente para la población”. El “reducido número de guardianes” favorecía el avance de la delincuencia, sumado a “la completa carencia de los más elementales medios de acción de los que hoy están dotados todas las policías del mundo”, como recursos para investigar o motocicletas. Ello se traducía en una “[…] falta de autoridad misma de la policía para imponer sus disposiciones en todos los órdenes de su actividad”^[29]. Observamos plena coincidencia con las prevenciones sostenidas por el prefecto Rojas Ansieta citadas más arriba.

En una sucesión de reportajes a la policía de Santiago, publicados en octubre de 1923, El Mercurio reforzó la petición de aumentar las dotaciones policiales. Los antecedentes para respaldar este clamor eran elocuentes: “En 1900 la policía tenía 2.045 guardianes y hoy tiene 2.450. Pero en 1900 el radio entregado a la vigilancia de este cuerpo era de 65 kms. cuadrados y hoy, con las comunas rurales que se le han agregado, Ñuñoa, Santa Elena, Las Condes, Quinta Normal, Blanqueado-Barrancas, etc., ese radio llega a 115 kms. cuadrados”. A esto había que agregar las nuevas tareas asociadas al mayor tránsito vehicular, el control de espectáculos y procesiones y la intervención ante las manifestaciones públicas. Restando los guardianes ocupados en otras labores, la dotación quedaba reducida “…a poco más de 1.700 hombres, o sea, menos que hace 20 años y con mayores obligaciones”. “La situación actual es insostenible”, se concluyó^[30]. En ciudades como Los Ángeles, Valdivia o Concepción el déficit de guardianes también era severo; en esta última se requerían al menos 300, pero tan solo había 228 hombres que debían vigilar trece manzanas cada uno^[31].

Ante semejante panorama, solo cabía seguir presionando para engrosar la fuerza policial. En Santiago, un guardián era responsable de la vigilancia de siete manzanas y en contextos de fiestas nacionales y populares debían redoblar los turnos para controlar el orden público. “Hoy, cuando como en estos días se acumulan fiestas que aglomeran la población, los guardianes deben hacer hasta tres turnos extras, sobreponiéndose a las fatigas de un trabajo que debería hacerse con el doble de su personal”^[32]. A comienzos de octubre de 1923, por ejemplo, con motivo de las simultáneas celebraciones del Día de la Raza y del Día del Estudiante, “[…] los funcionarios policiales apenas han contado con el tiempo estrictamente necesario para comer y dormir”, informó el prefecto de Santiago al ministro del Interior. “Por humanidad”, solicitó que en adelante no se realizaran las fiestas en la misma fecha y que no se cerraran calles donde se establecían “entretenciones y cantinas” que violaban las leyes y demandaban un esfuerzo extra a los policías^[33].

En su discurso fúnebre a raíz de la muerte de dos guardianes a manos de delincuentes, el secretario de la prefectura de Santiago, Oscar Honorato, reconoció el denuedo de estos “humildes servidores policiales”, quienes por su extracción social sufrieron “[…] todos los rigores y amarguras que las estrecheces de la vida amontonan sobre las clases populares”, aludiendo al recargo de trabajo y los rigores de una disciplina que la escasez de personal hacía indispensable^[34]. Sin duda, el trabajo policial en esas condiciones era “sumamente penoso”. No habría solución, de no inyectarse más recursos: “En materia de policías no se puede economizar. –decía El Mercurio– Toda policía barata es mala. Toda buena policía tiene por su naturaleza que ser cara, porque necesita personal numeroso y muy bien seleccionado. Para tener buena gente, y sobre todo para retenerla, es menester pagarla bien”^[35]. Una y otra vez, los diagnósticos regresaban al punto de partida referido a la escasez y calidad del personal de calle.

Para rematar, al momento de dejar el servicio las perspectivas eran todo menos auspiciosas para quienes se habían desempeñado en los niveles más bajos de la policía fiscal. El propio boletín oficial declaraba que el guardián, una vez retirado o producto de su fallecimiento, “[…] no ve protección alguna para su porvenir ni el de sus familias […]”^[36]. Si bien en 1921 se había presentado un proyecto de ley de Caja de Retiro que actualizaba las disposiciones referidas al montepío policial de comienzos del siglo, llevaba tres años en el Congreso sin avances concretos.

En 1924, a los retirados los aguardaba la incertidumbre. “Cuando para ellos suena la hora en que ya no pueden seguir ofreciendo al Estado su concurso, realmente se encuentran invalidados para defenderse con otra clase de actividades de la miseria que les espera a la puerta de los cuarteles”. La argumentación culminaba haciendo el contraste con la mejor situación que enfrentaban los pensionados de las fuerzas armadas^[37].

En definitiva, igual que antaño, el paso por la policía requería de cualidades y sacrificios que pocos hombres estaban dispuestos a soportar. Para los más pobres fue uno más de los oficios precarios a que podían aspirar y se mantuvieron allí hasta encontrar un trabajo que llenara mejor sus expectativas. Para quienes perseveraron, los menos, el destino que los esperaba era inseguro. O como lo estampó sin rodeos un artículo de prensa a propósito del tema: “El servicio policial aniquila al ciudadano como ningún otro”. Ángel Gómez, ex militar que sirvió por 32 años en la policía de Santiago, quien al final llegó a ganar 270 pesos mensuales, falleció dejando a una viuda y nueve hijos que “[…] quedan en la más absoluta indigencia”. Toda su vida fue “de miseria, de estrechez, de angustias diarias”, hasta partir “oscuramente” y “dejando a los suyos en la extrema necesidad”. La irrecusable reflexión del cronista era la de muchos contemporáneos: “Apenas se comprende cómo hay todavía jóvenes que se resignan a servir en una policía rentada de esa manera y donde no hay previsión alguna para el retiro o la muerte”^[38].

La introducción de “políticas sociales puertas adentro”

Los sueldos y dotaciones de las policías fiscales dependían de las decisiones y recursos que pudiera aportar el gobierno. ¿Cómo, entonces, las jefaturas enfrentaron la deserción y el descontento que sus subalternos manifestaron de diversas maneras? Creemos que el concepto de unas “políticas sociales puertas adentro”, acuñado por Caimari (2012: 118) y referido a “compensaciones que ejercen un efecto retentivo”, contribuye a perfilar esta cuestión.

Durante la jefatura del prefecto Toledo Tagle se dieron algunos pasos en la línea de implementar una política sistemática de estímulos y beneficios para los guardianes y sus familias. En su gestión se introdujo el servicio de peluquería “el cual costeado por los guardianes con cuotas de sesenta centavos al mes les permitió presentarse en buena forma ante el público”. También acogió la sugerencia del dentista Galvarino Ponce, quien propuso establecer una clínica dental anexa al servicio médico que atendiera gratuitamente a todo el personal^[39]. El servicio de sanidad de la policía, conducido por el doctor Carlos Molina desde 1911, amplió sus actividades y tuvo su prueba de fuego con motivo de la creación de un hospital policial provisional para albergados en 1921 (Palacios, 2016; Palma Alvarado, 2021:140). Esta experiencia impulsó la discusión sobre la conveniencia de edificar un hospital nuevo que, junto a los funcionarios policiales, pudiera atender también a la población civil^[40].

En 1917 fue lanzada otra importante iniciativa que apostó por sacar a los guardianes de los conventillos y brindarles la posibilidad de acceder a casas familiares. La propuesta consistía en reunir dinero a través del cobro de una cuota mensual, que sería administrada por la Caja de Socorros dependiente de los almacenes de pulperías que operaban en las comisarías de Santiago. Con la suma reunida “se adquirirían anualmente cinco o seis propiedades que se sortearían el 31 de diciembre de cada año”^[41]. La Caja de Socorros era manejada por el concesionario Alberto Bacciarini, quien en una entrevista aseguró que su origen “[…] se debió a un ofrecimiento espontáneo que hice al gobierno, de rebajar un 2% en la libreta de consumo mensual a cada comprador en mis Almacenes de Pulperías […]”^[42]. Con esos fondos se financiarían las ayudas sociales en beneficio de los funcionarios policiales.

Según nuestros registros, los sorteos de las casas nunca se llevaron a cabo, pero sí tenemos noticias del reparto semestral de socorros para las viudas e hijos de funcionarios caídos en cumplimiento del deber. Los montos fluctuaban entre 441 y 651 pesos y en algunos casos incluyeron una vivienda. En agosto de 1918, por ejemplo, los hijos del malogrado guardián Ricardo Silva recibieron una casa “adquirida con los fondos de las mismas pulperías”. Y en 1919, la viuda y cuatro hijas del guardián Francisco Gajardo, apuñalado por un detenido, recibió “una de las casitas que están adquiridas para favorecer a las familias de los que mueren en actos especiales del servicio”^[43]. Para 1921 la Caja de Socorros había entregado tres casas y quedaba una disponible^[44].

Desde 1922 se promovió la construcción de una población policial modelo de “doscientas o trescientas casitas”, según propuso un funcionario, “cansado ya de ver la forma miserable y la triste situación en que viven muchos de nuestros compañeros y modestos servidores públicos como son los guardianes”^[45]. En 1925, “más de 500 guardianes” de la policía de Santiago patrocinaron la compra de la población “Parque Centenario” para su emplazamiento. La obra se materializaría recién en 1927^[46].

El “buen policía”, según lo estudió Palacios, fue preparado para alzarse como un modelo moral y social. Esto incluyó el reforzamiento de una “identidad positiva del guardián” y la aplicación de un programa regenerador identificado con el proyecto familiar burgués, el ahorro, el deporte y la cultura física. Un hito fue la inauguración del “Stadium Policial” en 1923, construido en un terreno que antaño servía de basural y equipado con una gran piscina de uso gratuito para socios, canchas de fútbol e instalaciones para practicar deportes. Otros incentivos fueron los concursos, premios monetarios y reconocimientos que se entregaban en ocasiones especiales, como la “pascua policial” los días 25 de diciembre, con asidua concurrencia de familiares, hijos e hijas del personal^[47]. El esfuerzo alcanzó también a los jubilados, cuyo “Centro de Retirados de Policía Joaquín Pinto Concha” obtuvo en 1920 un local que permitía el ingreso a funcionarios en servicio activo e “incluso [a] los individuos de tropa”. Su presidente era el antiguo comisario Indalicio Cortés y disponía de servicio médico, cuotas mortuorias y la oportunidad de socializar en un marco de amistad y compañerismo^[48].

Habría que evaluar hasta qué punto estos servicios tuvieron un “efecto retentivo” entre los guardianes. Según hemos visto, mientras no mejoraran los salarios y las condiciones de trabajo, las vacantes en la policía seguían llenándose a duras penas con individuos que dejaban mucho que desear^[49]. Pero podemos conjeturar que la creciente cobertura de sus necesidades de atención médica y dental, la ilusión de una vivienda propia, el sentirse parte de la “familia policial” y participar de sociabilidades exclusivas para socios, representaron atractivos novedosos para un estrato de guardianes que históricamente había recibido poco y nada de esta institución.

Ahora bien, la iniciativa para modificar las cosas no fue exclusiva de las jefaturas. Uno de los temas que por más tiempo venía generando polémicas y disgustos dentro de las policías fiscales eran los abusos cometidos por los Almacenes de Pulperías, instalados desde 1904 en las comisarías de la capital chilena^[50]. Durante años hubo voces críticas con relación a los precios de las mercaderías. “Las pulperías establecidas en todas las comisarías no les satisfacían. Sus precios eran altos. Las facilidades nominales. Las dificultades y conflictos numerosos”. La presión por modificar ese sistema provino en gran medida de los policías rasos, quienes desplegaron un activismo gremial digno de ser resaltado: “…por varios años los guardianes de la Policía de Santiago habían procurado iniciar un movimiento para fundar cooperativas de consumos que les permitieran adquirir a precios razonables los artículos de primera necesidad”^[51].

El cooperativismo en la policía santiaguina se remonta a una serie de conferencias dictadas por el futuro ministro del Interior Ismael Tocornal en dependencias de la 3ª comisaría, seguidas de una campaña pública y la intervención del diputado Joaquín Tagle en el Congreso, donde denunció “los abusos que se cometían para impedir que los guardianes organizaran sus cooperativas”. Contaron, además, con el apoyo y asesoría del abogado Elías Valdés Tagle, “hombre extraordinario”, quien “había desarrollado en su propiedad de campo las cooperativas, había inducido a sus trabajadores e inquilinos a organizarse en sociedades cooperativas, había estudiado el problema en Chile y en diversos otros países”^[52]. Fue él quien compartió con los guardianes las normas técnicas y las reglas prácticas para organizar cooperativas de consumos.

A diferencia de las pulperías, el sistema propuesto descansaba en la gestión de los recursos por parte de los mismos afiliados. “El guardián se convierte en socio y capitalista, estando de esa manera, ligado firmemente al Cuerpo en que presta sus servicios; sabe que los beneficios de las negociaciones no irán a parar a manos extrañas y, por último, mejorará su concepto social al darse cuenta que es el propio capitalista de su crédito”^[53]. Al comenzar la década del 20, en diferentes comisarías se promovió la organización de cooperativas de consumos, debiendo lidiar con los intereses creados en torno a las pulperías que ostentaban un verdadero monopolio comercial e intentaron “impedir que el personal de la Policía llevara a cabo su proyecto”. Aparecieron denuncias de persecución a los guardianes más comprometidos y represalias como el traslado de comisaría^[54]. Sin embargo, poco a poco recibieron el respaldo de algunos jefes y se establecieron las primeras cooperativas en Santiago.

En un reportaje de Ilustración Policial, fotografías incluidas, se indica que a fines de 1921 seis comisarías contaban con “su Cooperativa bien organizada”. El sargento Luis Escanilla, gerente de la de la Brigada Central, concedió una entrevista, donde señaló que era algo natural que los guardianes se unieran para afrontar el alza de precios en artículos de primera necesidad, motivados también por lo reducido de sus sueldos. “A fuerza de sacrificios” reunieron un capital para partir, contactaron a casas mayoristas que les otorgaron facilidades de pago, hasta que en septiembre de 1921 inauguraron el almacén de la cooperativa en un recinto cercano al cuartel. Esto último debido a la negativa de Bacciarini a tolerar “un Almacén paralelo al mío”.

Como no era posible quebrantar el contrato vigente con el concesionario de las pulperías, estas primeras cooperativas policiales debieron funcionar en locales arrendados, próximos a cada comisaría. El reportaje culminó con una visita al bien surtido almacén, que vendía los productos a un promedio de 20% menos que el comercio formal^[55]. Meses después, en la misma revista se exhibió un balance semestral con una utilidad de 16% y una ganancia líquida de poco más de 3.560 pesos. Era la prueba fehaciente del éxito de un modelo que libertaría al personal policial “de las garras de cualquier monopolio”^[56].

El impulso definitivo a las cooperativas llegó de la mano del apoyo decidido que le entregaron los prefectos. En enero de 1922, el prefecto interino Silverio Brañas presentó un proyecto para fundar cooperativas en todas las comisarías de Santiago; luego, Julio Bustamante intervino como parte de una comisión compuesta además por Ismael Tocornal y Elías Valdés Tagle, que trabajó en una propuesta para sustituir el sistema de pulperías por el de cooperativas, “que han dado satisfactorios resultados en todas partes”. En la deliberación se hizo notar que el personal estaba a favor del cambio, por lo que se estudiaría la mejor manera de “poner término al contrato de las pulperías en forma equitativa, sin perjudicar a su concesionario”^[57].

En septiembre de 1923, finalmente, se publicó la noticia de la supresión de los descuentos por pulperías, de modo que los guardianes podrían disponer de todo su sueldo y optar por fortalecer el nuevo sistema^[58]. La revista Ilustración Policial celebró con una elocuente portada en su número 31:

Fuente: Revista Ilustración Policial, núm. 31, setiembre de 1923.

“Y las cooperativas han triunfado. Hoy funcionan en todas las comisarías de Santiago”, expuso el columnista del diario El Mercurio, Carlos Silva Vildosola, en 1924. En algunas, el total del personal se había asociado, como el caso de la 4ª comisaría, “que tiene el distrito más peligroso, más activo y más bravo de Santiago”. La diferencia de precios respecto al comercio y las pulperías era considerable. “En comestibles hay generalmente un 30 o 35 por ciento en favor de la cooperativa”. A tanto llegó el entusiasmo, que los oficiales crearon su propia cooperativa de trajes, dejando de surtirse en la cooperativa militar a la que solían acudir. “Así, un capote que antes pagaban 380 pesos, ahora pueden obtenerlo por 250, de buen paño y excelente corte”. Pero lo más notable era el protagonismo y ejemplo “…de los valientes guardianes santiaguinos que, en pugna con intereses creados, obligados a soportar al principio toda suerte de contratiempos, han vencido y están en camino de mejorar por su propio esfuerzo su condición material”^[59]. Fue el germen del mutualismo policial en Chile.

Tanto las “políticas sociales puertas adentro”, como las iniciativas surgidas desde la base del cuerpo policial, como las cooperativas de consumos, son expresivas del complejo escenario institucional en que los guardianes debieron ejercer sus funciones. A su vez, denotan las acciones que se promovieron internamente para aliviar, en parte, las penurias que día tras día sufrían los rangos más bajos. La escasa atención que prestaron las autoridades políticas solo vino a añadir más presión a este explosivo cóctel. En un clima enrarecido, se asistió a una creciente deliberación política dentro de las filas policiales, de la cual las revistas corporativas dejaron vivos testimonios. Las demandas y exigencias que por años venían planteándose se politizaron y la paciencia comenzó a agotarse.

Presión por reformas estructurales y deliberación política policial

Junto con las reivindicaciones de orden económico y social, funcionarios de todos los rangos pusieron el acento en las trabas para progresar dentro de las policías fiscales. Una de las principales críticas remitía a la necesidad de regular el escalafón e introducir criterios que favorecieran la carrera policial, sobre todo en las provincias. “Fuera de Santiago, y quizá Valparaíso, donde están sujetos a reglas y preceptos los ascensos de la oficialidad, en provincias están entregados al azar… […] a los meritorios Jefes y Oficiales se les posterga con frecuencia para dar cabida al recomendado, al apadrinado de afuera…”^[60]. Ante todo, se apuntó al efecto pernicioso de la política, que tenía como consecuencia que en vez de ascender los oficiales más experimentados, prevalecían las cuñas y “santos en la corte”^[61]. Para los guardianes, en tanto, era cuasi imposible acceder a los grados superiores, dadas las limitaciones en su formación.

En diciembre de 1922, el ministerio del Interior expidió un decreto que creó el escalafón en las policías fiscales de provincias, terminando de ese modo con el “odioso sistema de la provisión de cargos mediante influencias…”. Dicho decreto estableció nuevos requisitos para el ingreso a la policía y para el ascenso. En adelante, se privilegiaría el mérito, esto es, una buena conducta, “acciones distinguidas en el servicio” y regularidad^[62]. No obstante, a juzgar por lo que se comentó en círculos policiales, fue de muy difícil aplicación, dada la heterogeneidad de las dotaciones a lo largo del territorio nacional. Escribió el inspector Zorobabel Jofré Melgarejo a poco de aprobado el decreto:

No es procedente el Escalafón si no se obtiene primeramente la soñada unificación; hacer de los ochenta y tantos cuerpos policiales una institución única y regida por una sola Dirección, con uniformidad de sueldos y franquicias, pues es sabido que el 50% de las policías fiscales de la República tiene sueldo distinto una de otra^[63].

Mientras no se cumpliera esa condición previa era dificultoso hacer cumplir las nuevas normas. En la práctica, según dejó entrever Rojas Ansieta, se siguió nombrando a los prefectos provinciales sin considerar el decreto sobre escalafón^[64]. En 1924, un senador ratificó aquello al exponer en el hemiciclo que, salvo las policías de Santiago, Valparaíso y Concepción, todas eran manejadas por las influencias políticas. “Puede decirse que actualmente casi todas son montoneras políticas que no obedecen al Gobierno, sino a los Diputados o Senadores a cuyas influencias debe su puesto el personal íntegro que las compone”, recalcando además la “desorganización absoluta que impera en los servicios de Policía”^[65]. El mismo año, desde la prensa, se insistió en las reformas más urgentes que seguían pendientes, entre ellas el aumento de salarios, una ley de retiro y “[…] la implantación de un escalafón que proteja a los oficiales de la Escuela Policial y no dé entrada a personas extrañas, merced a empeños ni a influencias políticas”^[66].

Todos los caminos conducían hacia una intervención profunda en las policías fiscales, teniendo como norte un mando centralizado, con el objetivo de uniformar sueldos, formación y ascensos. El proyecto de unificación policial era, por cierto, “una vieja aspiración de la Policía” y uno de “sus anhelos más justos y sentidos” en aras de posicionarse entre las “organizaciones más perfectas del país”. El establecimiento de “una organización interna similar o parecida a la del Ejército” o a la de los carabineros rurales era para muchos oficiales de la Policía Fiscal la clave para terminar con el uso de la policía como arma política y mejorar su situación^[67]. La “militarización del servicio de orden público”, en palabras del prefecto Toledo Tagle, ya estaba instalada como un horizonte, incluyendo voces que abogaban por la extensión del fuero militar a los policías^[68]. La unificación de las policías fiscales se visualizaba, entonces, como “la única base sólida sobre la cual deberá descansar toda reforma que se intente”^[69].

Los antecedentes de este proyecto aparecen en reiteradas columnas de distintos medios. En 1915, por ejemplo, desde El Mercurio se planteó la conveniencia de someter a todas las fuerzas de seguridad del país al “[…] control y dirección inmediata de un Inspector General de Policías o Superintendente ad-hoc”, dependiente del ministro del Interior, y la creación de una “Dirección General de Policías” anexa al ministerio. El servicio policial se dividiría en cinco zonas con sedes en Iquique, Valparaíso, Santiago, Talca y Valdivia, encabezadas por un “inspector de zona”^[70]. De acuerdo con una editorial del Boletín de la Policía de Santiago, en 1917 se discutía en el Congreso una ley que reestructuraría a las policías, añadiéndose que “[…] podríamos nosotros mismos impulsarlo hasta convertirlo en ley de la República y lograríamos conseguir que su aprobación llegase a satisfacer todas nuestras aspiraciones”. La prefectura manifestó su apoyo, siempre que se respetara “el trabajo que hacen los policías”^[71]. Sin embargo, todo se diluyó y no pasó más allá.

Con la llegada de Arturo Alessandri al poder, la discusión se reactivó de la mano de un mayor protagonismo del gobierno. El mandatario contaba con apoyos transversales en la policía fiscal, incluyendo a connotados oficiales como los futuros prefectos de Santiago, Bernardo Gómez Solar y Julio Bustamante. A mediados de 1921 se anunció al Congreso la presentación de un nuevo proyecto de unificación que incluía materias que por años habían figurado entre las principales demandas policiales. En el boletín oficial se celebró la iniciativa:

Recorriendo una a una todas sus disposiciones, hemos sido gratamente impresionados al ver que en él se consultan en forma efectiva, completa y metódica, todos los adelantos en orden al mejoramiento de la situación económica del personal, norma para los ascensos y centralización de los servicios, reformas estas que desde hace algún tiempo a esta parte han sido vivamente anheladas por todo el personal y que el nuevo Gobierno ha hecho suyas en el primer mensaje que S.E. pronunció ante las Cámaras el 1°de Junio último^[72].

Varios años de presión parecían tener su premio. Un “alto funcionario policial” confidenció las simpatías por “el Premier”, como apodaban al ministro del Interior Ismael Tocornal, quien expuso ante el Congreso las ventajas de la propuesta, recalcando el anhelo de dejar a la policía “…organizada sobre base sólida y como una sola institución”; siguiendo los pasos de “países más adelantados, como Inglaterra”, y “prescindiendo de toda influencia política para el nombramiento del personal”. La llamada “renovación policial” contaría con “la más entusiasta acogida” en la propia institución”^[73]. Consultado al respecto, el veterano Inspector General de Policías, Manuel Izquierdo, consideró que la unificación era “indispensable”, al igual que la creación de una Dirección General^[74].

Solo a fines de 1922 el proyecto pasó del Consejo de Estado al Congreso, en medio de muestras de optimismo en las filas policiales. En una caricatura se recalcó explícitamente a los senadores la postura favorable a la reforma^[75].

Fuente: La unificación ante el Senado, Revista Ilustración Policial, núm. 22, diciembre de 1922.

Las esperanzas dieron lugar a la frustración al pasar los meses y contemplar que no avanzaba en el trámite legislativo: “Colgando está del Senado/ un proyecto colosal/ ¿Se quedará allí colgado/ o lo irán a despachar?”, voceó un columnista de Ilustración Policial, mientras otro afirmaba que este y otros proyectos habían “[…] quedado olvidados y llenos de polvo entre el papeleo por despachar de ambas Cámaras […]”^[76]. El polémico prefecto de Copiapó, Alfredo Rojas Ansieta, fue más allá, soliviantando a sus colegas de todos los cuerpos armados a apartarse “de las influencias políticas que todo lo carcomen y corrompen”. La policía debía amplificar su propia voz y dejar de lado “la cortesanía”, si quería avanzar hacia el progreso moral y material. Para “hacernos oír del Gobierno y formar la opinión pública en bien y provecho de las Policías”, pidió que los artículos de Ilustración Policial, en tanto “vocero de la opinión policial del país”, se reprodujeran en diarios de mayor circulación e impacto. Abiertamente llamó a los policías a decir lo que pensaban “con entera libertad” y “usando de términos respetuosos”. Confiaba que bajo el mando de Alessandri, “…el «pensamiento libre» no será una paradoja; la democracia sincera y amplia es una de las más bellas características del actual Gobierno”^[77]. Advertimos cómo la policía fiscal se fue posicionando como un actor político deliberante.

El presidente, en su mensaje anual de junio de 1923, volvió a emplazar a los parlamentarios para que discutieran el proyecto de unificación, escalafón y escuela policial, que beneficiaría “a más de siete mil servidores públicos del gremio policial”. En una muestra más de activismo, desde Molina el prefecto Ramírez incitó a sus pares a enviar peticiones a los congresistas para agilizar la discusión. Era urgente, en palabras de un inspector de la policía de Ancud, terminar con la injerencia de “los parlamentarios y gente de grupo” en los nombramientos de jefes y oficiales^[78]. Mientras tanto, el prefecto de Santiago, Julio Bustamante, señalaba a un diario que “la carrera policial debe ser como la militar”, con una organización semejante a la del cuerpo de Carabineros rurales y estructurada en cinco zonas con asiento en las principales ciudades del país^[79]. En 1924, pese a toda la presión, el proyecto seguía trabado en el Congreso.

En este contexto, el “desinterés de los poderes públicos” hacia sus demandas fue colmando la paciencia en las policías fiscales. “Nadie ignora que la policía, nuestro sagrado hogar, bajo cuyo techo nos abrigamos hoy, es la que más ingratitudes recibe, es la más olvidada, es la que siempre en la Casa de Gobierno, al entrar, si lo consigue, queda sola y solamente en la antesala; más allá no…”, se quejaba amargamente un funcionario de Pisagua en marzo de 1924^[80]. Y una vez más, Rojas Ansieta puso en palabras su decepción por el maltrato a la policía, las promesas incumplidas y los nefastos efectos de la política. Los “pobres pacos”, decía, eran una piedra de tope: “todos se estrellan contra nosotros; todos, autoridades o simples ciudadanos, sienten hallarse investidos del poder suficiente para indicarnos rumbos y para hacernos someter a sus caprichos o a sus conveniencias personales o de grupo”^[81]. Las policías fiscales navegaban “sin rumbo determinado”; si las cosas no cambiaban era poco probable que pudieran seguir sosteniendo a un gobierno inmovilizado en el plano legislativo.

“Cayó la Bastilla”

En los primeros días de septiembre de 1924, un grupo de militares irrumpió en plena sesión del Senado, en momentos en que se discutía un proyecto de dieta parlamentaria. Este hecho, que pasó a la historia como el “ruido de sables”, terminó por desnudar la desidia de los poderes públicos y consagró la militarización de la política chilena. “El golpe militar que derivó del «ruido de sables» fue producto de la incapacidad del gobierno alessandrista de generar el consenso necesario para aprobar una legislación social mínima, estabilizar el presupuesto… y lograr una tregua política” (Valdivia, 2017: 55). Se inauguró así un ciclo de inestabilidad política, presidido por sucesivas juntas militares, que se extendió hasta 1927, cuando el coronel Carlos Ibáñez del Campo se hizo del poder.

José Berly cuenta que la policía fiscal, “[…] inmediatamente de producida la situación presente, se plegó al parecer de sus compañeros militares”. La molestia en las policías, como hemos visto, se explica por la larga postergación de sus demandas y el rechazo a lo que calificaban como una politiquería “que todo lo carcome”. Lo planteó sin tapujos Berlyen Ilustración Policial: el golpe tenía su raíz en el malestar social y el “franco desgobierno”, además de la “esterilidad de la acción parlamentaria”, procesos que venían gestándose desde la guerra civil de 1891.

Pese a la lealtad hacia Alessandri por parte de jefes como Julio Bustamante, la policía fiscal se sumó al pronunciamiento, saludando el “equilibrio e inteligencia con que han procedido los militares en este movimiento”, cuyo fin supremo era el “[…] mejoramiento de la vida en sus múltiples aspectos, destierro de la corruptela y de la política pequeña, y reconocimiento y dignificación de las instituciones que son el nervio y motor del orden interno”. El nuevo escenario –concluía Berly– creó unas condiciones “que se nos antojaba imposibles de conseguir”^[82].

La presión de los militares forzó al Congreso a aprobar durante el mismo mes de septiembre una serie de proyectos emblemáticos, entre ellos, la ley N° 4052 sobre Unificación de las Policías Fiscales (Miranda Becerra, 1997; Cárdenas, 2018). Esta dio origen a una Dirección General de Policías con sede en Santiago que recayó en Julio Bustamante, el meritorio prefecto de la capital que había desarrollado toda su carrera en la policía fiscal. Su designación fue muy celebrada en las publicaciones corporativas, por tratarse de un “verdadero y genuino representante de nuestra Institución” y haber tenido “parte muy principal y activa en la elaboración y estudio de la indicada ley”^[83].

Con el provocador título de “Cayó la Bastilla”, Rojas Ansieta resumió el estado de ánimo reinante en la policía a partir de entonces:

El parlamentarismo desordenado y antipatriótico ya no existe: la nave del Estado ha cambiado de pilotos. […] El ejército en 24 horas hizo en bien de la Policía lo que los políticos no pudieron o no les convino hacer durante más de 30 años. Hoy gracias a los últimos acontecimientos, nos hallamos organizados legalmente; unificados y con escalafón propio. Ya no van a ser los senadores y los diputados nuestros superiores jerárquicos; la ley nos da estabilidad y nos aleja de los vaivenes de la política^[84].

Disparando contra la política, la policía ganó “la gran batalla”, como se bautizó a la campaña por la unificación y escalafón policial; y no solo eso, había colocado a uno de los suyos en un puesto clave. Pero la deliberación política prosiguió: “La soñada unificación de las policías y la formación del escalafón, que ya se puede llamar una realidad porque, según se dice, figuran en la ley de presupuestos de este año, no tendrán una base sólida ni serían equitativos si no se igualan los sueldos de todo el personal”^[85]. El ajuste de los salarios seguía pendiente y buena parte de las esperanzas de la policía estaban puestas en la gestión de Bustamante.

En octubre de 1924, este último presentó el anhelado proyecto, siendo vitoreado por una multitud de guardianes, según se graficó en la caricatura titulada “El campeón, aclamado por la multitud después del triunfo”. En los meses siguientes se vería hasta dónde podía llegar el ímpetu reformador.

Dejamos el relato hasta acá. Se observa cómo, en medio de las turbulencias políticas y protestas del período, las policías fiscales desplegaron su propia agenda reivindicativa que apuntaba a posicionarla en un lugar protagónico de cara a los desafíos venideros. Bajo el liderazgo de Bustamante y al alero de los militares, cosechó los frutos de su presión. En tiempos de cuestión social, con la multiplicidad de demandas existentes, esto no era poco. En adelante, la renovada Policía Fiscal tendría que sortear diversas complejidades, hasta que, en 1927, sus efectivos fueron fusionados con los carabineros rurales y las policías comunales, surgiendo una nueva entidad policial centralizada y militarizada: Carabineros de Chile.

Referencias bibliográficas

Bailón Vásquez, F. (2020) “El Cuerpo de la Policía Femenil: imágenes y representaciones, ciudad de México, 1930”, en Secuencia, núm.107, pp. 1-34.

Barry, V. (2018) “Aproximaciones a los estudios de Policía en perspectiva histórica. Balance de un campo de estudios en expansión”, en Estudios Sociales del Estado, Vol.4, núm.7, pp. 1-16.

Bretas, M. (1997) A guerra das ruas: povo e policía na cidade do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Arquivo Nacional.

Bretas, M. (1998) “The sovereigns vigilant eye? Daily policing and women in Rio de Janeiro, 1907-1930”, Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 2, núm. 2, pp. 55-71.

Bretas, M. y Rosemberg, A. (2013) “A história da polícia no Brasil: balanço e perspectivas”, en Topoi, v. 14, núm. 26, pp. 162-173.

Caimari, L. (2012) Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Calandrón, S. y Galeano, D. (2013) “La Brigada Femenina. Incorporación de mujeres a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en Salvatore, Ricardo y Barreneche, Osvaldo (eds.) El delito y el orden en perspectiva histórica, (pp. 167-186) Rosario, Prohistoria.

Cárdenas, V. (2013), El orden gañán. Historia social de la policía de Valparaíso, 1896-1930, Concepción, Ediciones Escaparate.

Cárdenas, V. (2018) “La unificación de las Policías Fiscales chilenas. Elementos para identificar los inicios de una carrera policial en la segunda década del siglo XX”, Estudios Sociales del Estado, vol.4, núm. 7, pp. 94-123.

Emsley, C. (2000) “The policeman as Worker: A Comparative Survey, c.1800-1940”, en International Review of Social History, núm. 45, pp. 89-110.

Emsley, C. (2009) The great British Bobby. A history of British policing from the 18th century to the present, Londres, Quercus.

Fernández Marrón, M. (2018) “Policías en el mundo rural pampeano: reclutamiento y mercado de trabajo (Territorio Nacional de La Pampa, 1884-1920)”, en Estudios Sociales del Estado, vol. 4, núm. 7, pp. 124-150.

Gayol, S. (1996) “Sargentos, cabos y vigilantes: perfil de un plantel inestable en el Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX”, en Boletín Americanista, núm. 44, pp. 133-151.

Mauch, C. (2017) Dizendo-se Autoridade. Polícia e Policiasem Porto Alegre (1896-1929), Porto Alegre, Oikos Editora/Unisinos.

Miranda Becerra, D. (1997) Un siglo de evolución policial de Portales a Ibáñez, Santiago, Carabineros de Chile.

Miranda Becerra, D. (2004) La Policía y Carabineros. Ensayos históricos y biográficos, Santiago, Imprenta de Carabineros.

Navarrete, E. (2018) “La salud en la policía de Chile: un recorrido por su historia”, en Museo Histórico Carabineros de Chile, núm. 6, pp. 32-37.

Palacios, C. (2016) “¡A vosotros guardianes! Discursos y prácticas higiénicas en la construcción del ‘deber ser’ policial. Santiago de Chile (1896-1927)”, en VVAA, República de la Salud. Fundación y ruinas de un país sanitario. Chile, siglos XIX y XX, Santiago, Ocho Libros editores.

Palma Alvarado, D. (2014) “Una historia en verde: las policías en Chile. Balance y proyecciones”, en Revista Historia y Justicia, núm. 2, pp. 1-27.

Palma Alvarado, D. (2019) “Ladrones, policías y orden callejero en Santiago de Chile, 1896-1924”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N°46, vol.2, pp. 59-86.

Palma Alvarado, D. (2021) “«Guardián, quiere al obrero, que en la lucha por la vida es compañero». Las policías fiscales y el pueblo (Chile, 1910-1924)”, Tiempo Histórico, N°23, pp.125-145.

Palma Alvarado, D. (2023) Pacos. Policías, Estado y sociedad en Chile (desde el siglo XIX hasta 1927), Santiago, Ediciones UAH.

Pulido, D. (2017) “Los gendarmes: perfil social de la policía capitalina, 1930-1930”, en Dávalos, Hernández y Pulido (coords.), Orden, policía y seguridad. Historia de las ciudades, (pp. 179-203) México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Rojas, A. (1923) “Algunas consideraciones sobre la Unificación de las Policías”, en Ilustración Policial, núm. 30, pp.12-13.

Urzúa, W. (1936) Las instituciones policiales en Chile, Santiago, Imprenta Carabineros de Chile.

Valdivia, V. (2017) Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Santiago, LOM ediciones.

Valdés Tagle, E. (1924) Las Cooperativas de Consumos y la Policía de Santiago, Santiago, Imprenta Lagunas & Co.

Vanderwood, P. (1982) Los Rurales mexicanos, México, FCE, (reimpresión, 2014).

---