De qué trata este libro

Corría el año 2013, la ciudad de Rosario había alcanzado una tasa récord de homicidios registrados, y me encontraba realizando trabajo de campo para mi tesis doctoral. Por tal motivo, ese año fui varias veces al archivo de La Capital, el diario de mayor tirada de la ciudad, a relevar noticias sobre homicidios. En una de esas visitas, me encontré con un periodista de policiales, no nos conocíamos personalmente, pero él estaba al tanto de que yo quería investigar sobre “los pibes que matan y mueren en la ciudad”, tal como caracterizó mi interés. Periodista de policiales de varios años de profesión, de esos que no se fían de la versión policial y –siempre que pueden– van al lugar de los hechos y buscan levantar otros relatos.

Me saludó, nos pusimos a charlar y al rato me dijo: “En Rosario ya no quedan ladrones, todos se pasaron a la venta de drogas, es mucho más seguro y mucho más redituable, ahora todos los pibes quieren ser narcos”. Otro periodista de policiales, de El Ciudadano –otro diario de la ciudad–, con quien conversé ese mismo año, también hizo referencia –con cierta nostalgia– a estas transformaciones; señaló: “Siempre me encantaron las historias de choros [ladrones], ¿me entendés? Y en los últimos años tenés que escribir sobre ‘narcos’, porque cada vez hay menos choros o los choros que hay se convirtieron”.

Esas afirmaciones quedaron retumbando en mi cabeza. ¿Era cierto que los ladrones se habían convertido y que ahora todes les jóvenes quieren ser “narcos”? ¿Por qué? ¿Es acaso porque participar en el mercado de drogas ilegalizadas resulta más redituable? Si es así, ¿en qué sentido resulta una actividad más redituable para les jóvenes de sectores populares? ¿En términos económicos? ¿Funcionan como fuentes atractivas de ingresos y poder? ¿Les permite acumular honor y prestigio social o son, en cambio, fuente de vergüenza y desprestigio? ¿Acaso el robo, tradicional actividad delictiva, había perdido sus encantos? ¿Y qué pasaba con otras formas socialmente legítimas de ser jóvenes, vinculadas a actividades más convencionales, como el trabajo o la escuela?

En este libro indago sobre estas preguntas a partir de reconstruir historias de jóvenes pertenecientes a tres generaciones en un barrio popular de la ciudad de Rosario. Historias de quienes fueron jóvenes durante la década del noventa y la del 2000 –y remiten en sus relatos a las formas en que experimentaron su condición juvenil– y de quienes eran jóvenes en el momento de la investigación. A partir de detenerme minuciosamente en estas historias y experiencias, analizo las transformaciones sucedidas en lo que los actores llaman el ambiente del delito, desde mediados de los años noventa hasta el año 2016. Al mismo tiempo, con la intención de reconstruir una de las múltiples dimensiones que condicionan la configuración de ese espacio social y moldean las experiencias de las personas que participan en él, estudio prácticas y valoraciones de policías, integrantes de Fuerzas de Seguridad y periodistas de policiales.

El término ambiente o ambiente del delito surgió en numerosas conversaciones durante la investigación. Lo escuché por primera vez charlando con Roberta, una referente barrial travesti, que trabajó en la calle –como trabajadora sexual– durante los años noventa. Cuando le pregunté si conocía a personas que integraban una banda histórica del barrio en donde vivía, me contestó: “Sí, a los Gatica los conocía del ambiente, en el ambiente nos conocíamos todos”. También utilizó ese término al relatar cómo empezó a patinar^[1] la calle a partir de conocer algunas personas del ambiente.

El Gringo Arrieta, uno de los más antiguos de la primera generación, cuya historia es una de las que narro en este libro, mencionó varias veces el ambiente en nuestras conversaciones. Relató que comenzó a robar con armas de fuego desde muy chico –tenía diez u once años de edad– y que sabía de armas porque andaba con gente del ambiente que le enseñaron a usarlas. Así lo recordó:

… yo conocía de armas porque en el ambiente que yo andaba había mucha gente con armas, usaban revolver, pistola, gente del ambiente que andaba robando, los conocí porque eran vecinos, en ese momento eran famosos Pavicon, el Nenu, el Manco Güerito, Enero, el hermano de Pavicon, todos choros [ladrones].

También utilizó la palabra ambiente al contar cómo fue que comenzó a vender cocaína a fines de los años noventa. El Gringo recordó que una persona del ambiente le dijo que estaba vendiendo esa sustancia y que, si él quería vender, podía contactarlo para hacerlo.

El ambiente es la forma en que estas personas describen el espacio social que ocupan y, al mismo tiempo, es una categoría que permite iluminar y condensar sus principales dimensiones constitutivas. Así, el ambiente o ambiente del delito funciona como una categoría local para referirse a redes de relaciones, en las cuales los contactos adecuados –esto es, personas que ocupan una posición de cierto poder o lugar de privilegio– permiten, facilitan, dificultan o impiden realizar determinadas actividades e intercambiar bienes materiales y simbólicos. Implica también formas particulares de hacer, andar, habitar, aprendidas con otres; es decir, había una referencia continúa a la idea de que esto se sabe del ambiente.

Estas redes de relaciones sociales o contactos, la confianza mutua, la experiencia compartida hacen posible acceder a determinados circuitos o esferas de circulación de mercancías, lo que resulta más difícil si no se pertenece a ese espacio social, si no se lo conoce o si no se tiene los contactos adecuados. Al mismo tiempo, pertenecer a esa red conlleva variadas obligaciones sociales.

La categoría ambiente es utilizada en otros ámbitos sociales también para denotar redes de relaciones sociales en las que los contactos adecuados, con conocimiento y confianza mutua, cobran relevancia, como el ambiente artístico, el académico o universitario, el de la militancia o político. Si bien cada uno tiene su especificidad y sus reglas, lo particular del ambiente del delito está vinculado a que la mayoría de las actividades que realizan las personas que participan en él están criminalizadas. Esto es, son clasificadas legalmente como delitos y están previstas penas privativas de la libertad frente a su comisión.

Aunque dichas actividades estén criminalizadas, por lo cual son ilegales, no todas son consideradas ilegítimas para el grupo social que pertenece al ambiente y para el contexto cultural donde este se desarrolla. La discusión sobre las distinciones entre legalidad e ilegalidad/legitimidad e ilegitimidad de diversas actividades e intercambios resulta entonces especialmente productiva. Varies autores señalan, más bien, la existencia de fronteras porosas y siempre en disputa entre lo legal e ilegal, en las cuales se negocian los límites de lo aceptable o tolerable, de modo que así se genera una regulación propia (Telles, 2009; Pita, Gómez y Skliar, 2017). Otres, a su vez, prestan atención al tratamiento social diferencial de los intercambios en mercados formales e informales, legales e ilegales; es decir, cómo diferentes sectores sociales separan o distinguen –dentro y fuera de los códigos penales– lo que puede ser aceptado o tolerado en una relación de intercambio de lo que resulta rechazado (Misse, 2007).

Estas distinciones son relevantes porque, a pesar de las imágenes externas del mundo del delito como caótico y sin reglas, el ambiente, al igual que otros espacios sociales, está sumamente reglado. A través de una serie de reglas o códigos, se establecen actividades permitidas, toleradas y aceptadas y formas censuradas o prohibidas; es decir, se trata de un universo compartido de valores, de modos similares de hacer las cosas. Reglas, además, que necesitan conocerse para poder moverse adecuadamente en este espacio social.

El uso que le doy a la categoría ambiente del delito en este libro refiere, entonces, no solo a redes de relaciones sociales, sino, también, y especialmente, a un complejo y contradictorio universo de creencias, códigos y valores morales que regulan –o pretenden regular– comportamientos y formas de interacción social.

A la vez, las personas que participan en este espacio social denominan como tener cartel a las formas de construcción de prestigio o reconocimiento social o de cierta reputación por participar en determinadas situaciones, actividades o intercambios. Así, participar en robos asigna el cartel de ladrón, en mercados de drogas ilegalizadas, el cartel de narco, transero, soldadito, y en enfrentamientos físicos en los cuales se utilizan armas de fuego, el cartel de tiratiros. Por su parte, participar en el mercado de trabajo legal –ya sea formal o informal– asigna cartel de trabajador. Tener cartel es una forma de tener un nombre, una reputación, de ser conocide (ligado a la fama) o reconocide (ligado al honor y respeto). Es el honor de las personas lo que se pone en juego realizando una u otra actividad, siguiendo o no las reglas del ambiente; y, al mismo tiempo, en determinadas situaciones o contextos, algunos de esos carteles pueden resultar más bien fuente de deshonor y vergüenza.

Para Julian Pitt Rivers, el honor refiere al “nexo entre los ideales de la sociedad y la reproducción de esos ideales en el individuo a través de su aspiración de personificarlos” (Pitt-Rivers, 1973: 13-14, en Fonseca, 2000: 15). Esta noción contempla el valor de una persona tanto para sí misma, como para la sociedad; es decir, se refiere al esfuerzo por ennoblecer la propia imagen, según las normas socialmente establecidas. Al mismo tiempo, se rescata un segundo elemento analítico referido al código de honra, esto es, un código social de interacción donde el prestigio personal es negociado como un bien simbólico fundamental de intercambio. Claudia Fonseca reutiliza dicha noción de honor para aproximarse a las relaciones de género y las diversas formas de violencias que se dan en barrios populares, en Porto Alegre (Brasil), en los años ochenta y noventa.^[2]

Resulta imprescindible situar este ambiente en un contexto cultural, social y estructural más general. Ese universo simbólico no es construido en el vacío –tal como detalla Fernando Balbi, “no estamos ante un libre flujo de significaciones”–, sino que está condicionado por valores hegemónicos o estandarizados, por “sentidos socialmente respaldados” (Balbi, 2007).^[3] Las valoraciones sobre cuáles formas de hacer aparecen toleradas, aceptadas o censuradas y rechazadas se construyen con materiales disponibles en el contexto social y cultural más general.

A la vez, no es posible comprender estas formas de construcción de prestigio social y honor, estas búsquedas de reconocimiento, sin situarlas en los contextos de desigualdad y exclusión social en las que se producen, en los que se sufren experiencias de humillación y explotación. Se trata de formas de construcción de reconocimiento, en los espacios sociales en los que les resulta posible, lo que también da cuenta de que ello les es negado o dificultado en otros ámbitos sociales. Es decir, son maneras de afrontar experiencias de humillación que las personas sufrieron en la escuela, al circular por la ciudad, en sus interacciones cotidianas con la policía y, especialmente, en el mundo laboral legal –formal e informal–, al ocupar los puestos de mayor explotación y peores pagos; cuestiones que han sido señaladas en diversos trabajos.^[4]

Estas prácticas pueden ser comprendidas como formas de enfrentar experiencias de humillación sufridas en la “sociedad global”, tal como lo plantea Claudia Fonseca (2000), o como formas de resistencia, esto es, estrategias contradictorias, atractivas y –muchas veces– al mismo tiempo autodestructivas, desplegadas para hacer frente a la opresión que fuerzas más grandes les imponen, tal como analiza Phillipe Bourgois (2003). Paradójicamente, en esos intentos de hacer frente a esas experiencias de humillación, estas personas suelen reproducir esas mismas dinámicas (Willis, 1978).

Recapitulando, sostengo que las personas del ambiente intentan diversas formas de construir(se) una autoimagen aceptable y deseable, a través de un código de honor, conforme a normas sociales establecidas. La participación en algunas actividades, situaciones o intercambios funcionan como mecanismos grupales, creativos, atractivos y significativos para generar alternativas accesibles para la construcción de reconocimiento, respeto y estatus de quienes se encuentran excluides. Exhiben un costado productivo en cuanto formas de adquisición y construcción de un nombre, de prestigio social y honor y permiten adquirir cierta reputación y ser reconocides (respetades) o conocides (famoses) –dentro y fuera del ambiente–. Además, a partir de ellas, les jóvenes disputan poder y autoridad.

Estas formas de adquisición de prestigio social, honor, poder y autoridad no pueden realizarse de cualquier modo, sino que se trata de un mundo social fuertemente regulado por una trama de reglas que tienen un más que importante poder (productivo) y una fuerte obligatoriedad que resulta de una densa trama de relaciones y las obligaciones sociales que consecuentemente estas generan. Trama de reglas que determinan formas de hacer y ser, estableciendo criterios de legitimidad de lo que es motivo de orgullo y de vergüenza.

El ambiente del delito da cuenta, entonces, de ese espacio social en el cual todes se conocen, donde se superponen redes de relaciones sociales y contactos, en el cual, además, circulan determinados códigos y valores morales, que permiten, por un lado, regular estas actividades y, por otro lado, y con ello, obtener o perder prestigio social, y que evidencian valoraciones positivas y negativas diversas, legitimadas o no, de determinadas formas de hacer y ser.

Varias personas que participan de este espacio social mencionaron, una y otra vez, que este había cambiado significativamente en los últimos años, y caracterizaron esas transformaciones como crisis en el ambiente. A una de esas modificaciones, la vincularon a una cierta ruptura de códigos, especialmente por parte de jóvenes de la tercera generación. El Gringo Arrieta destacó: “Los jóvenes que andan ahora no respetan nada, le tiran [le disparan] a cualquiera, roban en el barrio, el ambiente no es más lo que era”. Tattú, perteneciente a la segunda generación, mencionó con cierta preocupación: “¿Sabés qué pasa? Los pibes [jóvenes] de ahora están en cualquiera, ya no respetan nada, están re [muy] atrevidos, matan a cualquiera, en cualquier lado, se perdieron todos los códigos. Nosotros teníamos otros códigos”.

Atrevido es una categoría local que hace referencia a jóvenes que participan de actividades ilegales sin respetar los códigos establecidos. Sin embargo, quienes eran mencionades como atrevidos, jóvenes pertenecientes a la tercera generación, también señalaron de manera frecuente cambios y transformaciones, con la misma idea de que “antes no era así”. Pareciera más bien, entonces, que las reglas son interpretadas, definidas o concebidas de manera diversa por las distintas generaciones, y que, al mismo tiempo, sigue siendo un mundo fuertemente reglado.

Otro de los cambios que señalaron las personas del ambiente estuvo ligado a las formas de relacionarse con un actor clave, la policía. Solían diferenciar entre dos: por un lado, arreglar, y, por el otro, trabajar con la policía (Cozzi, 2019a). Esta clasificación conlleva valoraciones diversas y da cuenta de lo que resulta aceptado o rechazado, y cómo esos criterios cambian a lo largo del tiempo.

Por último, no solo les periodistas de policiales advirtieron las transformaciones en el mundo del delito en la ciudad de Rosario que mencioné al comienzo de esta introducción. Distintas personas pertenecientes a las tres generaciones también señalaron cambios en el ambiente, relacionados con modificaciones en los mercados de la ilegalidad. A mediados de los años noventa, algunos ladrones cambiaron de rubro y empezaron a vincularse al mercado local de marihuana y cocaína, proceso que fue profundizándose en los siguientes años. Así, en las dos últimas décadas, las actividades ligadas a la producción, el tráfico y la comercialización al menudeo de marihuana y cocaína en el mercado local surgieron como prácticas cada vez más frecuentes y extendidas, que generaron modificaciones al interior del ambiente y nuevas alternativas relacionadas, especialmente, a los eslabones más débiles y vulnerables de esa cadena.

Va de suyo que las condiciones de posibilidad de esas actividades e intercambios están vinculadas a factores externos, ligados a procesos políticos y económicos macroestructurales que tienen efectos directos en las modificaciones de la vida del ambiente. Entre ellos, las transformaciones regionales en este mercado –especialmente el de cocaína– en un contexto de recuperación económica, de aumento del consumo, de mayor circulación de dinero, de mayor circulación y accesibilidad de armas de fuego, por nombrar algunas aristas (Cozzi, 2020).

Existen estudios que en escala macroestructural dan cuenta de esas transformaciones, tales como los de Marcelo Bergman (2016) y Gabriel Kessler (2014). Sin embargo, por varias razones, la clave en la que trabajo en este libro, sin desconocer esa dimensión, es otra. Aquí reconstruyo esos cambios a partir del análisis de experiencias de personas de carne y hueso (Malinowski, 1984).

Una de las razones para detenerme minuciosamente en historias particulares es que permite observar cómo esas modificaciones son leídas e interpretadas y cómo, en función de eso, toman decisiones personas que están viviendo sus vidas en esas coyunturas, y, a partir de la reconstrucción de esas experiencias, dar cuenta de transformaciones más generales. Ilumina cómo fueron concebidas y definidas de diferente modo las reglas o los códigos de lo que está permitido, aceptado y de lo que resulta rechazado, censurado o prohibido; en definitiva, de cómo variaron o no criterios de legitimidad e ilegitimidad de ciertas prácticas e intercambios en el ambiente. Se evidencia así continuidades y rupturas acerca de lo que es motivo de orgullo o, por el contrario, de vergüenza en relación con esas prácticas.

Otra de las razones para trabajar en esta clave es que permite discernir facilidades y dificultades de construir(se) un nombre, de obtener prestigio social, de adquirir una reputación, de tener poder, con materiales social, cultural, estructural e históricamente disponibles, que de algún modo configuran las condiciones de posibilidad de determinadas actividades o intercambios, y, al mismo tiempo, dar cuenta de la fragilidad de esas construcciones. Estas actividades o intercambios resultan posibles porque se han ido sedimentando experiencias de distintas generaciones del ambiente, por lo que se ha generado así cierta sedimentación de experiencia histórica (Fonseca, 2005). O, dicho de otro modo, existe un saber que les jóvenes del ambiente ya tienen como experiencia, porque se han acumulado reservas de experiencias sociales (Kessler, 2013).

Esa experiencia acumulada es reconocida por les jóvenes de las distintas generaciones. Caló, uno de los líderes de los Porongas perteneciente a la segunda generación, cuya historia cuento en el capítulo tres, hizo referencia a estas cuestiones. En una oportunidad, estaba conversando con él en una de mis visitas a la cárcel ubicada en la localidad de Piñero, donde estaba preso. Caló estaba relatando cómo unos jóvenes del barrio, que viven a dos cuadras de la casa de su familia, habían baleado a su padre, quien, como consecuencia de las heridas, había quedado en estado vegetativo.

Contó al respecto: “Yo a esos pibitos nuevos los conozco desde que eran chicos”. Y confesó que, de algún modo, se sentía responsable de lo que había sucedido, de que esos “pibitos anden a los tiros”. En este sentido, relató:

Por ahí me da impotencia, odio, porque cuando eran chicos ellos, te digo la verdad, nosotros teníamos bronca con las personas del narcotráfico y por ahí caían ellos en la madrugada o nosotros íbamos y no te miento, estábamos seis, siete, ocho pibes todos enfierrados [armados], con pistolas, poniendo la itaka así parada en el tejido y pasaban todos estos chicos, montones; y yo no quería que pase mucha gente por esa cuadra, pasaban únicamente los que tenían onda con nosotros, los que nos respetaban a nosotros pasaban, y yo oía que los pibitos decían “Ahí está Caló, ahí está Caló”, venían todos corriendo, y yo les hablaba y les preguntaba qué hacían, y me decían que venían de la ruta, que había unos camiones. Y eso siempre existió desde que yo era chico el tema de los camiones en La Retirada, los paraban con fierros [armas de fuego] con lo que sea y los robaban. Y yo los retaba a los chicos y ellos miraban los fierros y decían “Mirá, mirá el fierro que es este, mostrame la pistola”. Yo les decía “No, dejen de joder, qué están haciendo, vayan, dejen de joder, no vayan a la ruta porque le van a dar un escopetazo y segundo porque me van a traer toda la policía acá a la cuadra”, y yo sacaba plata y les daba, repartía a todos ellos y ellos contentos, me daban la mano. Estos pibes, en vez de jugar a ladrones y policías, jugaban a la guerra entre los Porongas y los Gatica, ¿entendés? Jugaban así, “Yo soy Caló de los Porongas, vos sos de los Gatica”, así jugaban los chicos, y qué querés, crecieron así.

Las experiencias particulares de les jóvenes están ligadas o encuentran sustento –no sin conflictos– tanto en las experiencias grupales de su propia generación, como en las de generaciones que les antecedieron en el ambiente. El libro propone, entonces, contextualizar o inscribir las trayectorias individuales en torno a experiencias más amplias; esto es, comprender las experiencias personales en relación con experiencias grupales de jóvenes pertenecientes a distintas generaciones de este espacio social, en un contexto histórico particular, para, a partir de allí, dar cuenta de las transformaciones en el ambiente.

De manera semejante a la perspectiva de Gabriel Feltran en su estudio sobre sectores populares en el contexto brasileño (Feltran, 2011), Feltran recurre a la noción de experiencia de autores como Joan Scott (1999) y Edward Thompson (1989), y sostiene que ambos concuerdan que los sujetos se constituyen por medio de la experiencia, por lo cual no es algo que se elabora en la esfera individual, sino históricamente y por medio de conflictos, en ambientes sociales y públicos. Noción de experiencia que reintroduce la dimensión de la práctica, la conciencia y la cultura en el desentrañamiento de la explicación del cómo surten efectos las presiones estructurales. La experiencia es elaborada a la vez en prácticas concretas y a partir de coordenadas morales particulares (Feltran, 2011).

La propuesta del libro también resulta cercana a la recuperación que realiza Claudia Fonseca de la perspectiva de la experiencia en el estudio de grupos populares contemporáneos. Sostiene la autora que con esta perspectiva hallamos pistas que pueden llevarnos más allá del reduccionismo económico y del debate estéril entre esencialismo versus construccionismo; de este modo, “colocar la experiencia en el meollo de la teoría de cultura es una manera de introducir no solamente carne y hueso sino, también, conflicto, movimiento y ambivalencia dentro del análisis” (Fonseca, 2005: 133). Las indagaciones que propongo se inscriben en estas perspectivas.

¿Cómo se hizo la investigación?

Las transformaciones en el ambiente, esto es, las variaciones en los usos y las maneras de regulación de la(s) violencia(s), las modificaciones en las formas de vinculación con la policía y los cambios en los mercados ilegales –en especial en el de drogas ilegalizadas–, asuntos centrales del libro en cuanto permiten mostrar y explicar las formas de construcción de prestigio social y honor en contextos de desigualdad, fueron adquiriendo relevancia durante la investigación. Investigación entendida como la integración entre el trabajo de campo y el proceso de escritura –que incluye avances preliminares, intercambios con otres, revisiones y reescrituras–. Roberto Cardoso de Oliveira (1996) llama la atención sobre la articulación entre el mirar, el oír y el escribir –en cuanto actos cognitivos– para la elaboración de conocimiento en las ciencias sociales. Mirar y oír entrenados por esquemas conceptuales aprendidos, que funcionan como una especie de prisma. Escribir como indisociable del acto de pensar, es decir, cómo la textualización de los datos producidos durante el trabajo de campo integra el proceso de producción de conocimiento.

El trabajo de campo –el mirar y el oír–, que consistió principalmente en conocer, conversar –individual y grupalmente–, compartir variadas actividades –cumpleaños, almuerzos, partidos de fútbol, velorios, talleres de capacitación, o simplemente pasar el rato en los lugares donde suelen permanecer varias horas–, interactuar en diversos contextos –en la plaza, en la esquina, en la escuela, en el galpón de emprendedores, en los patios de sus casas, en la cárcel, entre otros– y, a veces, producir entrevistas –incluso algunas más formalizadas que otras– con jóvenes pertenecientes a distintas generaciones del ambiente del delito, de un barrio popular de la ciudad de Rosario, tuvo un largo tiempo de desarrollo. Implicó, además, en distintos momentos, desempeñarme en roles diversos, desde variadas pertenencias institucionales, y, en algunos tramos, realizar dichas tareas en el marco de equipos de investigación, junto a otres investigadores.

En una primera etapa, el vínculo con les jóvenes estuvo enmarcado en una experiencia de gestión en la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, del cual participé como directora provincial, entre los años 2009 y 2011. Se trató del Programa de Inclusión Sociocultural con Jóvenes para la Prevención del Delito y Reducción de la Violencia. ^[5] Este fue implementado en tres barrios de la ciudad de Santa Fe y tres barrios de la ciudad de Rosario, uno de ellos La Retirada, referente empírico de este libro.

Muy someramente, el trabajo consistía en contactarnos con grupos de jóvenes que participaran de actividades delictivas –especialmente robos– y fueran protagonistas de enfrentamientos físicos con la utilización de armas de fuego para vincularles con dispositivos deportivos o culturales existentes para jóvenes, tanto a nivel municipal o provincial. En una segunda fase, les jóvenes se incluían en emprendimientos productivos, con el objetivo de poner en juego formas de construcción de vínculos, ingresos, prestigio y reconocimiento que les resultaran atractivas y viables y que de algún modo compitieran con las alternativas vinculadas al delito y a la participación en situaciones de violencia (Font, Cozzi y Broglia, 2011).

Durante esos años, como parte del equipo de la Secretaría, comencé a trabajar en La Retirada y conocí a algunes jóvenes del ambiente, especialmente de la tercera generación. No fue nada fácil vincularnos con elles. Desde los primeros momentos, registramos dificultades para contactarnos con les jóvenes sin que alguien nos presentara y generara así un mínimo contexto de confianza. Empleamos entonces diversas estrategias.

El contacto inicial, en general, lo realizábamos en los lugares donde les jóvenes habitualmente estaban, a través de referentes barriales que les conocían y funcionaban como una especie de traductores locales de nuestra propuesta. Me refiero a personas conocidas en el barrio, ya sea por ser líderes religiosos, por realizar actividades solidarias –como tener un comedor, un merendero o una huerta comunitaria– o, aun sin vivir allí, tener inserción por desempeñarse como trabajadores en las escuelas o los centros de salud del lugar.

Además, resultaba relevante la forma como nos presentábamos, teniendo en cuenta que en ese momento pertenecíamos al Ministerio de Seguridad y fácilmente podían identificarnos como policías, con quienes quizás no habían tenido buenas experiencias previas. Efectivamente, en muchas ocasiones, en los primeros momentos, les referentes barriales evidenciaban dudas y miedos, y les jóvenes se mostraban reticentes. Luego de un tiempo, habiendo logrado un vínculo de confianza ya más estrecho, nos relataron que ciertamente habían creído que éramos de la Policía.

Por nuestra parte, tardamos en especificar nuestra pertenencia institucional, precisamente para evitar que erróneamente nos vincularan con la agencia policial, priorizando mencionar nuestra propuesta de trabajo. Les planteábamos –de manera genérica– que éramos de la provincia y queríamos conocer y trabajar con les jóvenes complicados del barrio, o quienes andan a los tiros. Lo que también generó confusiones, tanto con referentes, como con jóvenes, porque rápidamente nos identificaron como pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y nos hicieron todo tipo de pedidos, demandas y reclamos.

La construcción de vínculos durante el trabajo de campo, lejos de ser un proceso armonioso, suele ser problemático, cargado de desconfianzas y sospechas basadas en prejuicios y estereotipos (Zenobi, 2010). Esto puede estar relacionado con tensiones en el campo, como también por la desconfianza acerca del uso que se le pueda dar a los datos producidos (Daich y Sirimarco, 2009). Al tratarse de grupos vinculados con actividades ilegales, esas desconfianzas y tensiones suelen acrecentarse. Sin embargo, estas circunstancias, lejos de ser obstáculos para la investigación, iluminan aspectos constitutivos del campo y pueden ser problematizadas como instancias de conocimiento (Zenobi, 2010).

De este modo, una persona extraña al barrio, que se presenta como parte del Estado provincial y se acerca a referentes territoriales para conocer a jóvenes complicados, es considerada asistente social o policía, cuestión que evidencia y permite comprender las formas que suele asumir la estatalidad en los barrios populares. Primordialmente, fueron referentes barriales quienes nos pidieron todo tipo de cosas: ropa, alimentos, materiales para la construcción y planes sociales. Con posterioridad, dejaron de pedirnos de manera directa, solicitándonos que intermediáramos para conseguir esas cosas. A veces, también les jóvenes o sus familiares hacían ese tipo de demandas, lo que da cuenta de un tipo particular de relación con las agencias estatales, signado por pedidos y favores y basado en tejer redes de relaciones o contactos con quienes tendrían el poder –aun en términos imaginarios– de contribuir con éxito al pedido.

Por otro lado, ser identificades como policías por parte de les jóvenes o sus familiares permitió reconocer prácticas policiales en la interacción con estos grupos. Así, pudimos observar un contacto frecuente de les jóvenes con la policía, la mayoría de las veces en forma violenta y denigrante (Cozzi, 2014, 2019b; Cozzi, Font y Mistura, 2015). Una cuestión central en términos de construcción de vínculos de confianza fue precisamente nuestro posicionamiento ante estas prácticas policiales. Apostamos a la minimización de las intervenciones policiales con relación al abordaje con les jóvenes y problematizábamos las prácticas de hostigamiento. A la vez, frente a detenciones, dábamos inmediata intervención a la Secretaría de Seguridad Pública –área específica del Ministerio de Seguridad provincial– para que nos brindase información al respecto. También visitábamos a les jóvenes en los lugares de detención, les acompañábamos a realizar denuncias de estas situaciones y realizábamos el seguimiento de causas judiciales.

A partir del año 2011, inicié una segunda etapa del trabajo de campo, ya no como integrante del Ministerio de Seguridad, sino como investigadora de la universidad, en el marco de dos equipos de investigación.^[6] Por un lado, el grupo de investigación coordinado por María Victoria Pita en el Equipo de Antropología Política y Jurídica, de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (el equipo conformaría luego el Programa de Antropología Política y Jurídica). Este se inscribe en una tradición etnográfica con una larga trayectoria en el análisis de las formas de ejercicio del poder policial, en relación con la violencia, la discrecionalidad, la legalidad, la ilegitimidad y sus modalidades de intervención (de control, vigilancia y administración) (Tiscornia, 2008; Pita, 2004/2010; Eilbaum, 2008). Por otro lado, el de la cátedra de Criminología, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Una de las principales líneas de investigación de este equipo, desde el enfoque teórico de la criminología crítica y cultural, estaba referida a la participación de jóvenes de sectores populares en actividades delictivas y a las prácticas de las burocracias penales, especialmente de la Policía y las Fuerzas de Seguridad, en relación con este grupo social (Cozzi, 2013; Mistura, 2013).

Tuve que aclarar, entonces, mi nueva pertenencia institucional y cómo habían cambiado los motivos por los que estaba en el barrio e incluso mi vínculo de trabajo. Durante los años 2012 y 2013, mis visitas a La Retirada, a algunes referentes y grupos de jóvenes que había conocido fueron esporádicas. Algunas veces, se dieron encuentros casuales y nos quedábamos conversando varias horas en espacios públicos que les jóvenes suelen habitar de manera cotidiana –la esquina, el pasillo, la plaza, la cancha de fútbol– o en los patios de sus casas. En otras oportunidades, las visitas fueron coordinadas con anterioridad. A veces fui sola, en otras ocasiones con otres investigadores.^[7] Luego, durante los años 2014 y 2015, las idas al barrio se hicieron mucho más frecuentes, llegando a más de una por semana.

En esta segunda etapa, conocí a personas de entre treinta y cincuenta años de edad, que habían participado –algunas de ellas lo seguían haciendo– de robos y, también, en actividades vinculadas al mercado de drogas ilegalizadas. Recién ahí entré en contacto con personas de la primera y segunda generación del ambiente. Hasta ese momento, en gran medida, solo había conocido a jóvenes de entre quince y veinte años de edad, integrantes de la tercera generación, que estaban en esos momentos participando en esas actividades o comenzaban a hacerlo.

En el año 2014, conocí a Tattú en el Galpón de Emprendedores^[8] del barrio. Me lo presentó la coordinadora del lugar. Tenía treinta años, trabajaba como herrero y estaba intentando organizar un taller de capacitación en herrería con jóvenes del barrio para sacarlos de la calle. En su adolescencia había participado del ambiente –en algunos robos–, siendo más joven había consumido marihuana, cocaína y poxiran; también, había aprendido el oficio de tatuador y trabajó varios años de eso. Le gustaba ir a recitales de rock, pero hacía cinco años que había abandonado esas actividades, estaba rescatado y se congregaba en la Iglesia evangelista. El término rescate es utilizado para describir el abandono de actividades delictivas y del consumo de drogas y, en general, el apartamiento del ambiente.

Durante todo ese año, frecuenté semanalmente el taller, allí conocí y conversé con muches jóvenes que participaban en él. Tattú me presentó a muchas personas jóvenes y adultas del ambiente y tenía una forma particular de traducir la propuesta en esas presentaciones, que también puede ser leída como una clave para conocer y comprender el espacio social que aquí analizo. Solía decir “Ella es de la facultad, quiere hacer un libro de la historia realista de las distintas generaciones de los pibes del barrio”. Cuando le pregunté a qué se refería con historia realista, me contestó que se decían muchas cosas sobre La Retirada y sobre los jóvenes que no eran ciertas y que les hacían mala fama. “En el diario sale cualquier cosa, salen muchas cosas porque no vienen a hablar con nosotros, para conocer de verdad lo que pasa”, se lamentaba. También les aseguraba que era confiable, “no se persigan y hablen tranquilos”.

Ese mismo año conocí a Matías Romano, más conocido como Caló; me lo presentó Francisco, con quien yo había trabajado en la Secretaría de Seguridad Comunitaria. Cuando entré en contacto con él, tenía treinta y un años de edad y estaba cumpliendo una condena de quince años de prisión por varios robos. Francisco había conocido a Caló años atrás, en el barrio, en una de sus salidas del penal. Fuimos juntes a visitarlo a la cárcel de Piñero donde estaba detenido, y, luego de esa primera presentación, volví varias veces a visitarlo y a conversar con él.

Para reconstruir las experiencias de jóvenes, especialmente en las dos primeras generaciones –quienes en su mayoría habían abandonado o se habían alejado del ambiente–, recurrí, entre otros materiales, a los relatos que acerca de sus propias vidas realizan sus protagonistas. Es decir, gran parte de la reconstrucción de estas experiencias está centrada en la oralidad,^[9] en lo que sus protagonistas quieren contar o explicar, y la dimensión de aquello de lo que hacen no siempre es posible observarla. La estrategia varió parcialmente al reconstruir las experiencias de quienes, al momento de la realización del trabajo de campo, participaban de dichas actividades, porque sus relatos se combinaron con observación participante en situaciones sociales diversas, que me permitieron poner en dialogo relatos, valoraciones, acciones y prácticas.

Aparecen, entonces, algunos interrogantes a dilucidar. ¿Cómo reconstruir experiencias a partir de los propios relatos? ¿Cuál es el potencial explicativo de la historia de vida? ¿Qué se cuenta, cómo, dónde y ante quién(es)? ¿Qué y cómo cuenta sobre su vida el Gringo Arrieta, sobre su pasado de ladrón y narco, desde su presente de condenado y habiendo abandonado las actividades del ambiente? ¿Cómo se diferencia de les jóvenes que actualmente se dedican a estas actividades? ¿Qué y cómo relata sobre su pasado de ladrón Tattú, quien ya no quiere que lo presenten como Tattú (su apodo), sino como Marcos (su nombre de pila), actualmente herrero y evangelista? ¿Qué relata Caló, quien está hace varios años preso condenado por delitos de robo y a quien entrevisté dentro de la cárcel y sigue siendo sindicado como el líder de los Porongas?

La importancia de trabajar con historias de vida radica en qué relato se construye de la experiencia vivida, qué imagen de sí mismo se crea y se pretende transmitir a otres a través de lo que se cuenta; las mentiras y los olvidos valen tanto como los recuerdos y las confesiones (Piña, 1986); “El self es menos una fuente de narración que un producto de ella” (Sirimarco, 2009: 11). Además, es ante todo un relato social; es decir, el individuo articula su historia personal teniendo en cuenta el modo en el que el grupo social al que pertenece la valoriza y conceptualiza (Sirimarco, 2009).

Qué sucesos se seleccionan y cuáles se dejan fuera también brinda pistas,

hablar de sí mismo es, entonces, estar construyendo, desde el propio movimiento del discurso, una imagen, y estar proponiendo, a través del recuerdo y del olvido, de la selección y el descarte, una autojustificación de lo que se es o se llegó a ser (Piña, 1986: 35).

Por otra parte, la indagación sobre la vida de alguien es focalizada, parcial, y esa parcialidad aparece definida por un interés de conocimiento; en consecuencia, se centra en algunos aspectos y deja por fuera otros, se trata así de “un tupido mosaico de interpretaciones” (Piña, 1986).

Es desde el tiempo presente desde el que se narran, justifican, censuran o aprueban las acciones realizadas. Caló contó su historia en un contexto de encierro, condenado como ladrón e indicado como líder de los Porongas, y desde ahí se distingue de “los pibes de ahora”. Marcos, ya no Tattú, hace lo suyo desde su lugar de rescatado. El Gringo también se distingue de las nuevas generaciones de jóvenes; “Nosotros no éramos así”, va a repetir una y otra vez, y recrea, de este modo, una imagen de sí mismo desde su experiencia actual. Es desde la actual perspectiva desde la que se construye la mirada sobre el pasado y hacia él (Sirimarco, 2009), desde el actual caudal interpretativo que el sujeto habla sobre sí mismo (Piña, 1986).

La construcción de esa imagen de sí mismo, a través del relato, es realizada en interacción o interlocución con otres, en algunas situaciones con cierta asimetría de poder. En mi caso, una piba de la facultad, mujer, de treinta y cuatro años de edad, perteneciente a los sectores sociales medios, que me acerco para conocer y comprender; pero también en otros casos pueden ser les jueces, fiscales o abogades defensores, les policías, les periodistas, les trabajadores sociales. ¿Qué eligen contar y cómo a cada uno de estos actores sociales? Teniendo en cuenta, además, que en algunos casos qué se cuente y cómo tendrá efectos directos en sus biografías. En consecuencia, las respuestas a las mismas preguntas y las reflexiones sobre la propia vida pueden variar según las circunstancias, el interlocutor y a lo largo del tiempo (Kessler, 2013).

Si los relatos de vida no pueden ser analizados como una representación directa de ella (Piña, 1986), sino más bien como una construcción en la cual se seleccionan algunos elementos y se descartan otros, como un relato social (Sirimarco, 2009), que se realiza en un momento determinado y en interacción o interlocución con otres (Kessler, 2013; Elizalde, 2004) y está moldeado y mediado por un contexto social e institucional, ¿cuál es entonces el potencial explicativo de las historias de vida?, ¿cómo pueden ser utilizadas para reconstruir experiencia(s)? Se trata, tal como lo entiende Carlos Piña (1986), de una herramienta privilegiada para observar cuáles son las categorías significativas y los procesos clasificatorios a través de los cuales los sujetos piensan, organizan y representan su propia identidad; “La importancia de conocer las claves mediante las que alguien crea y consume una(s) imagen(s) de sí mismo, reside en que a través de ellas es posible aproximarse a las intersecciones entre estructura e individualidad” (Piña, 1986: 32).

Si bien el trabajo de campo estuvo en gran parte centrado en vincularme con jóvenes de distintas generaciones del ambiente, significó también muchas otras tareas. Durante los años 2014 y 2015, conocí y conversé –de forma individual y grupal– con otres jóvenes de La Retirada, que no participaban de manera directa en el ambiente. Las conversaciones se dieron en escuelas secundarias del barrio o en otros talleres de capacitación para jóvenes. Realicé, además, una serie de conversaciones y entrevistas en profundidad a otras personas que viven en La Retirada (algunas eran referentes barriales), que trabajan o trabajaron en distintas instituciones del barrio –escuelas, centro de salud, áreas sociales–, al comisario que estuvo varios años a cargo de la subcomisaría del lugar y a personas que, sin vivir ni trabajar en el barrio, tenían un conocimiento particular sobre el ambiente – me refiero a periodistas de policiales y abogades penalistas–.

El trabajo de campo también consistió en el relevamiento y la sistematización de una serie de fuentes secundarias: expedientes judiciales en los cuales se investigaban muertes de jóvenes del ambiente, estadísticas policiales y judiciales sobre homicidios. Además, con el objetivo de observar cómo son representados el ambiente y sus protagonistas en los medios gráficos locales, e indagar cómo y de qué manera esas representaciones sociales han incidido en las transformaciones en ese espacio social, revisé y analicé noticias periodísticas publicadas durante los años 2001-2014 en la prensa escrita de la ciudad.^[10]

Estos antecedentes dan cuenta de las diversas entradas y pertenencias institucionales desde las cuales realicé la investigación en la que se basa este libro, signadas por un derrotero entre el mundo de la gestión y burocracias estatales, el del activismo y la universidad. De algún modo, toda mi trayectoria profesional, incluso desde antes de graduarme, estuvo ligada al activismo en materia de derechos humanos, a la intervención, con la posibilidad de participar en la formulación y gestión de políticas públicas, en determinadas coyunturas, y con la producción de conocimiento científico. Me interesa resaltar la implicancia de formas de producción de conocimiento científico significativas para el debate público, para colaborar en la construcción de algún tipo de incidencia en la arena pública.

Ahora bien, los modos de presentarse configuran las escenas donde las historias se cuentan, quien presenta y cómo lo hace, modifica significativamente la puerta de entrada de la investigación (Feltran, 2011). Sin lugar a dudas, las distintas pertenencias institucionales desde las cuales desarrollé el trabajo de campo, especialmente en la primera etapa, colaboró y facilitó mi entrada, pero al mismo tiempo me ubicó en un lugar particular, no neutral, que requiere ciertos cuidados y reservas (Tiscornia, 2008). Las formas en que fui construyendo los vínculos con las personas del ambiente sin lugar a dudas me permitió ver y conocer algunas cuestiones y no otras.

Sin embargo, considero que permanecer en el barrio durante casi seis años me permitió observar e interactuar en diversas situaciones (en un encuentro casual en la calle, en el taller de emprendimientos productivos, respondiendo ante un hecho de violencia policial, en una visita a la cárcel, ayudando a alguien a resolver un problema, entre otras), que no son obviamente todas las de las vidas de les jóvenes pero que son significativas en cuanto a su variedad y diversidad. Mantener vínculos con les jóvenes durante todo ese tiempo, me habilitó un contexto de confianza, me permitió conocer y comprender entre otras cuestiones sus experiencias y a partir de ahí reconstruir las transformaciones en el ambiente a lo largo del tiempo.

Algunas notas de contexto. Rosario “ciudad narco” o reeditando la Chicago argentina

La ciudad de Rosario, con un millón de habitantes, es la tercera más importante del país. Ubicada a la vera del río Paraná, con una dinámica productiva con acento en resortes financieros y de servicios en general y con un más que significativo movimiento portuario, ha sido etiquetada en más de una oportunidad como “La Chicago argentina”. La referencia a la ciudad de ese modo reposa en varias historias. Osvaldo Aguirre^[11] señala que el registro más antiguo del término data del año 1870, y en sus orígenes dicha analogía, utilizada especialmente por periodistas, estuvo vinculada al desarrollo económico de la ciudad. Luego, a principios del siglo xx, se ligó más bien a cierta criminalidad, caracterizada como “la mafia rosarina” (Aguirre, 2006). Ahora pareciera reeditarse, comparándose con otras ciudades, ligadas a otro tipo de criminalidad.

En los últimos años, se fue consolidando una imagen de Rosario como “ciudad narco”, como consecuencia, en parte, de lo que varios actores sociales caracterizaron como el epicentro del “avance del narcotráfico” en nuestro país. De este modo, especialmente a inicios del año 2012, el “narcotráfico” como problema comenzó a instalarse nuevamente como uno de los temas centrales en las agendas públicas y mediáticas (Gañan, 2017), y se constituía en una categoría que intentaba ser autoexplicativa de una variedad de fenómenos, ligados a lo que se caracterizó como “crisis de seguridad” en la provincia de Santa Fe (Mistura, Font, Cozzi y Marasca, 2014).

La consolidación de esa imagen de la ciudad y la instalación del “narcotráfico” de ese modo o en esa clave fueron, en gran medida, resultado de la confluencia de diversos factores y del hacer de variades actores sociales. A diferencia de la ciudad de Santa Fe, que históricamente ha tenido una tasa de homicidios registrados alta, muy por encima de la media nacional, Rosario mantenía una tasa relativamente baja. Sin embargo, a partir del año 2012, dicha tasa evidenció un aumento significativo y duplicó en muy poco tiempo su tasa histórica, hasta llegar a su récord en el año 2013, aumento que, con una leve disminución, fue sostenido en los años siguientes.

Algunas muertes tomaron gran trascendencia pública por sus particularidades. Es decir, comenzaron a visualizarse una serie de ejecuciones espectaculares –por el tipo de armas utilizadas– de personas de peso en el mercado de drogas ilegalizadas a nivel local, las cuales tuvieron lugar en circunstancias poco frecuentes; esto es, ocurrieron durante el día y en el centro y macrocentro de la ciudad. Estas muertes fueron clasificadas, caracterizadas y de algún modo explicadas, en los medios locales de comunicación, por policías, autoridades políticas y judiciales y organizaciones sociales y políticas como ajuste de cuentas del “narcotráfico”, y rápidamente la gran mayoría de las muertes violentas ocurridas en la ciudad por esos años empezaron a ser explicadas bajo la misma llave, aunque poco tuvieran que ver con las dinámicas de ese mercado.

En la madrugada del primero de enero del año 2012, la muerte de tres jóvenes vinculados a la organización social llamada Movimiento 26 de Junio –en el Frente Popular Darío Santillán–, acribillados por personas que participaban en actividades vinculadas al mercado de drogas ilegalizadas, en una canchita de fútbol del barrio Villa Moreno mientras festejaban el año nuevo, tomó gran notoriedad pública. Notoriedad alcanzada principalmente gracias al accionar de familiares, amigues, vecines y compañeres de los tres jóvenes muertos, junto a otras organizaciones sociales y políticas de la ciudad. Estas muertes, en un primer momento, también fueron clasificadas y explicadas como ajuste de cuentas en la prensa local.

Sin embargo, esa categorización inicial fue modificada y los tres jóvenes muertos fueron presentados como “víctimas inocentes”, que nada tenían que ver con el “narcotráfico”. El hecho pasó a denominarse “triple crimen de Villa Moreno”, trascendió las fronteras del barrio y se conoció masivamente, no solo a nivel local, sino también nacional. Familiares y amigues de los tres jóvenes, junto a organizaciones sociales, a través de diversas acciones –que incluyeron movilizaciones en la calle, pero también el impulso de medidas en la causa judicial– obtuvieron condenas con penas elevadas y absolutamente excepcionales en relación a la mayoría de los casos de homicidios en la ciudad (Cozzi, López Martín, Marasca, Mistura y Font, 2015).

A mediados del mismo año, sectores peronistas de la oposición al gobierno provincial^[12] impulsaron una ley que declaraba la emergencia en seguridad pública en toda la provincia. La iniciativa fue fuertemente resistida por integrantes del Frente Progresista, Cívico y Social, a cargo del gobierno provincial. Sin embargo, en el mes de agosto, obtuvo media sanción y fue aprobada tres meses después. El gobernador, por aquel entonces Antonio Bonfatti, reglamentó la mencionada normativa, que permitía, entre otras cuestiones, reasignar recursos para dotar de más y mejor equipamiento a la Policía de la provincia.

La clave de lectura de lo que estaba sucediendo no solo estaba vinculada a la seguridad, sino a la seguridad pensada casi exclusivamente en términos punitivos; es decir, ligado unívocamente a la cuestión del crimen y su represión (Tiscornia, 1995; Pita, 1996). Y esto, a pesar de que, entre los años 2012 y 2014, se difundieran pública y recurrentemente casos de involucramiento de policías en distintos segmentos de la comercialización de drogas ilegalizadas. En el mes de octubre del año 2012, fue detenido el jefe de Policía de la provincia, acusado de delitos vinculados a la comercialización de drogas ilegalizadas y luego liberado. Al año siguiente, fue nuevamente detenido y acusado de coautor de tráfico de drogas. Tiempo después fue condenado por la Justicia federal.

Agrupaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales nucleadas en la recientemente conformada Multisectorial contra el narcotráfico –con una existencia más que breve– realizaron una marcha por la zona céntrica de la ciudad que culminó en el Monumento a la Bandera, lugar donde finalizan la mayoría de las manifestaciones públicas, ya que resulta ser de importancia simbólica en la escena política local. Entre las consignas enunciadas en la convocatoria, estaban “Basta de impunidad de los grupos que comercian drogas y fin a la violencia generada por el ‘narcotráfico’”. Autoridades políticas, entre las que se encontraban la intendenta de Rosario y el gobernador, encabezaron la manifestación. El diputado radical Maximiliano Pullaro, quien sería años después ministro de Seguridad de la provincia, reclamó la unidad de la clase política en la lucha contra el “narcotráfico”.

En octubre del mismo año, los medios locales dieron la noticia de que cuatro personas que se trasladaban en dos motos, balearon la casa del gobernador de la provincia. Se mencionaba que diez de los catorce disparos ingresaron al living, en donde se encontraba junto a su esposa, mirando un partido de fútbol por televisión. La noticia rápidamente alcanzó escala nacional. En los medios gráficos locales aparecieron diversas versiones sobre lo sucedido. En algunas se identificaban a algunos sectores de la propia Policía provincial como posibles responsables de los disparos; en otras, en cambio, se señalaban a grupos vinculados a la venta de drogas. Al día siguiente el propio gobernador responsabilizó por el ataque a bandas de narcotraficantes.

Una semana antes, en un operativo conjunto, la Policía provincial, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria allanaron en Funes, una localidad cercana a Rosario, una cocina –así se denomina localmente el lugar donde se procesa o estira clorhidrato de cocaína– y, según datos oficiales, se secuestraron trescientos kilogramos de cocaína –entre pasta base y clorhidrato–. Según declaraciones del por entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el operativo fue “el golpe más importante al narcotráfico” en el país hasta el momento.

Frente a este panorama, el 4 de abril del año 2014, se produjo lo que las autoridades políticas denominaron como “el desembarco y ocupación pacífica” de Fuerzas de Seguridad Federales en la ciudad de Rosario, luego de varios pedidos al gobierno nacional, tanto por parte de la provincia como del municipio (Cozzi et al., 2015b). Resulta curioso el nombre elegido para el operativo; según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra “desembarco” es “operación militar que realiza en tierra la dotación de un buque o de una escuadra, o las tropas que llevan”. Un lenguaje bélico envolvió el operativo, es la guerra contra los narcos impregnado del paradigma prohibicionista imperante en materia de políticas de drogas (Mistura et al., 2014).

Recuerdo el día del desembarco federal. Volvía en un colectivo de línea desde La Retirada hacia el centro de la ciudad, y en la zona sur observé una cantidad inusitada de camionetas y autos de Gendarmería Nacional y una intensa presencia de gendarmes. Situación que me llamó sumamente la atención. Horas después se supo, a través de los medios de comunicación –locales y nacionales–, que se trataba del desembarco y ocupación pacífica por parte de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal de algunas zonas de la ciudad de Rosario. Sergio Berni, a cargo del operativo, y vestido con ropa de fajina de las Fuerzas de Seguridad, en sus declaraciones públicas mencionó que el objetivo del operativo era pacificar los barrios más violentos de la ciudad atravesados por la narcocriminalidad. Para tal fin, las Fuerzas de Seguridad Federales tomaron el control del territorio, permanecerían varios meses patrullando las zonas conflictivas y capacitarían en simultáneo a la Policía provincial, señaló el secretario a la prensa local y nacional. El funcionario informó, además, que se habían realizado ochenta y nueve allanamientos simultáneos en diferentes búnkeres [puntos de venta de drogas] de la ciudad, que se habían llevado detenidas a veinticinco personas que estaban trabajando en esos lugares y que se habían decomisado “estupefacientes”.

El operativo de saturación por parte de Fuerzas de Seguridad Federales, en un principio, se concentró en algunos barrios de la ciudad caracterizados como los más violentos. Gendarmería quedó ocupando la zona sur de la ciudad, Prefectura el centro y Policía Federal el norte. El operativo tuvo una amplia cobertura de prensa, y Berni lo calificó en declaraciones públicas como un éxito: una ocupación pacífica del territorio, «no tiramos un solo tiro», ocupación de territorios que antes no entraba nadie, los barrios más peligrosos del país.

La Retirada fue uno de los barrios elegidos para la intervención federal, considerada así uno de los barrios más peligrosos; inmediatamente se llenó de camionetas de Gendarmería Nacional, gendarmes que patrullaban día y noche, incluso –en un principio– los fines de semana. Junto a las Fuerzas de Seguridad Federales, durante las primeras semanas luego del desembarco, en toda la ciudad había una mayor presencia de la Policía provincial, en varias ocasiones realizando operativos conjuntos. Además, en esos primeros días de intervención, helicópteros sobrevolaron la ciudad durante varias horas. El sonido continuo de los helicópteros, la Policía provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales al patrullar la ciudad y saturar los barrios populares, esgrimiendo armas largas, parecía conformar un clima de guerra.

La imagen de Rosario como el epicentro del avance del “narcotráfico” en nuestro país, como el “mundo narco” en su máxima expresión, se instaló no solo en los medios locales, sino también en los nacionales y extranjeros. Corresponsales y documentalistas de cadenas internacionales arribaron a la ciudad para observar y registrar qué y cómo sucedía “la guerra narco rosarina”. En el mes de junio del año 2013, la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario publicó el Documental Calles perdidas, el avance del narcotráfico en Rosario, que se concentraba en mostrar el “impacto del negocio narco en los barrios de la ciudad”. En el mes de octubre del mismo año, en el Cine Arteón, a sala llena y con una cuadra de cola de personas que querían entrar –lo que generó agregar una segunda función al día siguiente–, el Club de Investigaciones Urbanas junto a la revista Crisis estrenaron el documental Ciudad del boom, ciudad del bang, donde narraron lo que les realizadores mencionaron como nuevos tipos de conflicto social, entre los cuales destacaban el “avance narco”.

Especialistas y periodistas de investigación publicaron libros sobre el tema. Algunes analizando el fenómeno a nivel nacional, pero dedicándoles un capítulo al “caso Rosario” (Burzaco y Berensztein, 2014); otres directamente focalizándose en la ciudad (Del Frade, 2014; De los Santos y Lascano, 2017). Eugenio Burzaco^[13] y Sergio Berensztein, en su libro El poder narco: drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, realizado exclusivamente sobre la base de documentos oficiales y expedientes judiciales, argumentan en favor del modelo prohibicionista en materia de drogas y dedican un capítulo al caso Rosario; señalan que es un ejemplo del avance y la consolidación del fenómeno “narco”.

En el mes de agosto del año 2014, el periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentó en el auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad, colmado de público, su libro Ciudad Blanca Crónica Negra: postales del narcotráfico en el gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Menciona a la ciudad como la capital nacional de narcotráfico y realiza una caracterización similar a sus colegas prohibicionistas. El periodista denuncia que el negocio mafioso [refiriéndose al “narcotráfico”] creció en los últimos veinticinco años gracias a la mirada complaciente del poder político, judicial y legislativo (Del Frade, 2014).

El marcado aumento de la tasa de homicidios registrados, la serie de muertes espectaculares catalogadas por diversos actores sociales como ajuste de cuentas del “narcotráfico” ocurridas en el centro y macrocentro de la ciudad, víctimas no habituales, el jefe de Policía preso y los disparos en la casa del gobernador fueron todos elementos que coadyuvaron para la construcción social de una imagen –de algún modo hegemónica– de la ciudad –en especial de los barrios populares– y de la criminalidad –en específico de los homicidios y de sus protagonistas– de una manera particular. En la mayoría de los casos, aparecían como territorios gobernados por los “narcos”, en los cuales el Estado no entraba, y como si esas muertes fueran solo el resultado de una guerra, caótica, sin control, de una disputa territorial sin reglas, producto de una violencia instrumental y al mismo tiempo irracional, en la lucha por el territorio para la venta de drogas.

Se reeditaba así uno de sus títulos más antiguos, el de “la Chicago argentina”, emparentando a ambas ciudades por la presencia de mafias a principio del siglo xx (Aguirre, 2017). Pero, en esta reedición, un siglo después, la ciudad de Rosario fue comparada con otras ciudades, como Medellín o Ciudad Juárez, poniendo el foco en el mentado avance del “narcotráfico”, aunque poco se asemejen las características del mercado de drogas en Rosario con el de esas ciudades. Título que se vuelve una categoría autoexplicativa, una caracterización homogénea, una etiqueta. En este contexto y bajo este clima de época, realicé gran parte de la investigación y fui construyendo muchas de las preguntas, asuntos y cuestiones que se abordan en este libro.

Identifiqué claves para leer esta coyuntura durante el trabajo de campo. Uno de los días en que estaba participando del taller en el Galpón de Emprendedores, conversando con Brian y Mamut, jóvenes pertenecientes a la tercera generación del ambiente, surgió como tema el de las muertes de sus amigos y, en especial, de uno de elles en manos de otros jóvenes. Les pregunté si le habían hecho un mural a su amigo muerto, ya que en muchas ocasiones días después de esas muertes suelen realizarse murales recordatorios.

En el barrio, hay varios murales que recuerdan a jóvenes muertos por otres jóvenes o por la policía, como una forma de homenaje. Me dijeron que sí, que lo habían hecho en el tapial de la esquina donde solían juntarse. Les pregunté si quedaba lejos, si podía ir sola. Entonces, Brian me preguntó si quería sacarle una foto, le dije que podría ser y decidieron acompañarme. Caminamos un par de cuadras y llegamos al tapial donde estaba el mural. Brian me pidió que le sacara una foto a él con el mural, “para la tapa del libro”, exclamó entre risas.

Seguimos caminando y Brian me dijo: “Hay otro mural cerca, vamos”. Había varies jóvenes sentades en la esquina donde estaba pintado ese mural; cuando nos estábamos acercando, les jóvenes rápidamente se levantaron y empezaron a alejarse. Solo dos de elles se quedaron sentades, saludaron a Brian y Mamut y, con cierta desconfianza, les preguntaron si yo era periodista. Brian me miró, se rio y les contestó “No, pero va escribir un libro sobre nosotros”.

Así como en la primera parte del trabajo de campo el hecho de que nos confundieran con policías o asistentes sociales resultó un dato relevante, esta nueva caracterización, la confusión sobre los motivos de mi presencia en el barrio, también permitió una clave de lectura. La Retirada era tapa de los diarios, a nivel local y nacional, si eras extraña al barrio, seguramente eras periodista, cuestión que permite dar cuenta de esa particular coyuntura.

Por último, reconozco que surgieron dilemas a la hora de escribir la tesis en la que se basa este libro, y que se reactualizaron en esta reedición pensada para su circulación entre un público más amplio. Advertida por Nader, “no estudies a los pobres y a los excluidos porque todo lo que digas será usado en su contra” (Nader, 1974 apud Bourgois, 2005), me pregunté qué cuestiones contar y cuáles no de les jóvenes que había conocido, porque de ningún modo quería aportar insumos para reforzar imágenes estigmatizantes y estereotipadas.

Al mismo tiempo, los datos que surgieron de la investigación permiten visualizar y comprender cómo se vive en estos barrios y cómo “la viven” estes jóvenes. Contribuye a devolverles sentido y significado a sus acciones y prácticas, negados desde las imágenes construidas de manera externa. Intenté, entonces, realizar un equilibrio entre la forma de presentar y analizar dicha información, de modo que no resulte un mero insumo para reforzar la estigmatización, pero que al mismo tiempo permita conocer cabalmente las experiencias de estes jóvenes. Me esforcé por demostrar, además, que el ambiente del delito no es un mundo caótico, ni sin sentido, ni sin regulaciones. Espero haberlo logrado.