2.1. Los debates en torno a la postransición

Mientras que las discusiones sobre la transición democrática se centraron en el pasaje del autoritarismo a la democracia y el énfasis estuvo puesto en las reglas de juego, si bien recogió ciertas preocupaciones de la década anterior, el debate académico durante los años noventa giró en torno a las cuestiones relativas a su consolidación y calidad, procurando institucionalizar esas nuevas reglas. Sin embargo, este debate debe leerse al mismo tiempo desde un punto de vista panorámico capaz de enfocar las disputas que (re)aparecieron en torno a la concepción de la política subyacente.

Por un lado, cobraron relevancia las producciones de un conjunto de autores (por ejemplo, Guillermo O’Donnell, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Hugo Quiroga, Ricardo Sidicaro, María de los Ángeles Yannuzzi) que hicieron hincapié en las consecuencias negativas para la consolidación democrática generadas, entre otras razones, pero fundamentalmente, por el debilitamiento del entramado institucional que habría sufrido el régimen democrático durante el gobierno de Menem. Por otro lado, desde una perspectiva diferente, otras intervenciones intelectuales (Vicente Palermo, Marcos Novaro, Manuel Mora y Araujo, entre otros) pusieron de relieve ciertos procesos claves de la experiencia menemista, como el fortalecimiento del Estado frente a las corporaciones o la introducción del Partido Justicialista –que se suponía autoritario– al juego democrático, bajo la consideración de que habrían representado un paso importante hacia la consolidación democrática. Más cerca en el tiempo, se pueden reconocer una serie de trabajos (entre ellos, Hernán Fair, Alejandro Moreira, Mario Navarro o Gastón Souroujon) que toman estos debates como objeto de estudio o marco de referencia para analizar ese segundo momento de la “postransición” durante el período menemista.

En un artículo que se podría ubicar como precursor de las posiciones más críticas, O’Donnell (1994) señalaba que las democracias instaladas a fines del siglo pasado, tomando Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Filipinas, Corea y muchos países poscomunistas como ejemplos, abrieron el camino para una etapa de “postransición”, a menudo más larga y compleja que la transición inicial desde un gobierno autoritario. Esta “segunda transición”, decía el autor, supuestamente tiene lugar entre un gobierno elegido democráticamente y un régimen democrático consolidado e institucionalizado, definido este último como aquel en el que todos los actores principales aceptan las reglas del juego democrático y ninguno utiliza recursos no aprobados, como el uso de la amenaza o de la fuerza, por ejemplo, que quedan excluidos. Sin embargo, O’Donnell observaba que, debido a una combinación de factores históricos, socioeconómicos y culturales, la mayoría de las democracias latinoamericanas habían sobrevivido sin consolidarse, dando lugar a lo que calificó como “democracias delegativas”, caracterizadas entre otros aspectos por la limitación de la representación republicana al acto electoral, el predominio de un poder ejecutivo discrecional y la evitación de los mecanismos de rendición de cuentas, tanto horizontales como verticales.

Hugo Quiroga (2006) sostendría algunos años después que durante la presidencia de Menem se instaló en Argentina una práctica de gobierno ubicada en una zona indeterminada entre los imperativos de la política y la vigencia del Estado de derecho, que denominó “decisionismo democrático”:

Desde 1989, luego de los momentos más difíciles de la transición política, nuestra democracia no pudo prescindir del ejercicio de los poderes excepcionales y se alejó de aquella concepción que proclama la separación de poderes y los controles mutuos, que reprime los posibles excesos de los gobiernos de tumo. Cuando se refuerza al ejecutivo, el parlamento pierde poder y capacidad de control. Se trata de una verdadera práctica de gobierno. Con esta práctica, los gobiernos no suspenden el Estado de derecho, como lo indicaría una perspectiva decisionista schmittiana, sino que, al contrario, se valen de la Constitución para ejercer plenos poderes: la delegación legislativa, el veto parcial y los decretos de necesidad y urgencia. (Quiroga, 2006: p. 90).

Desde otra mirada política, José Nun (1995) daría cuenta del modo en el que Menem llevó a un límite extremo el proceso de concentración y de personalización del poder utilizando múltiples recursos para lograrlo. Entre ellos mencionaba, en primer lugar, “la subordinación o el vaciamiento sin tapujos de los principales organismos de control del Poder Ejecutivo”, que concluyó con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia para poder asegurarse los fallos favorables que necesitara. Otro fue el uso de “decretos de necesidad y urgencia”, no previstos en la Constitución, con los que el gobierno eludió cada vez que quiso la intervención del Congreso, profundizando así la subordinación de este último. Es decir, a contrapelo de las miradas que tendieron a desprestigiar la persistencia de organizaciones políticas, cristalizando una concepción liberal individualista, Nun criticaba el debilitamiento de aquellos órganos corporativos que habían sido tan importantes para el peronismo en otros tiempos, como los sindicatos o las fuerzas armadas (p. 88).

En lo que respecta a las lecturas acerca de la experiencia menemista, algunas voces impregnadas de una mirada procedimental, criticaron los instrumentos decisionistas implementados en este periodo de gobierno aunque considerando que esos recursos de excepción se dieron en el marco de un proceso de reforzamiento institucional. Marcos Novaro (1997), por ejemplo, sostenía que si bien el fenómeno menemista evocaba el regreso al centro del escenario político de “ciertos motivos típicamente populistas”^[1], “su decisión de pasar por alto las tradiciones corporativas y movimientista, la orientación privatizadora, desreguladora y aperturista de sus políticas”, así como la alianza con los “tradicionales ‘enemigos del pueblo’ (los militares antiperonistas, los empresarios y economistas liberales, los banqueros extranjeros y el gobierno norteamericano, entre otros)”, implicaron un punto de inflexión en la historia política argentina. Al lograr con ello el apoyo de los más diversos sectores sociales y políticos, “se hizo evidente además que se había cerrado el abismo que por décadas separaba, y en general enfrentaba, las opciones políticas populares de las del resto de la sociedad, completando la obra iniciada en este sentido por Alfonsín al comienzo de la transición” (p. 122). En la misma sintonía, Vicente Palermo (1998) afirmaba que con Menem

el populismo cumplió un papel, pero en el marco de una institución partidaria fortalecida en el pasado inmediato y durante la misma gestión de gobierno. Y en gran medida pudo hacerlo gracias a ese nuevo marco. La subordinación de los sindicatos al Partido Justicialista, es un ingrediente de un proceso de partidización mucho más amplio, consistente en la victoria de los defensores de un determinado conjunto de normas, que el ascenso de Menem a la Presidencia confirmó y completó. (Palermo: 1998, p. 11).

Desde una postura crítica, en su trabajo abordado previamente, Moreira (2015) hacía notar que estos argumentos sustentan una tesis que, en términos más simples, fue ampliamente difundida por la prensa de derecha durante los años del menemismo: la transición no había culminado con el fin del alfonsinismo, como se pudo haber pensado, sino que su curso se completó recién con el gobierno de Menem. De acuerdo con esta visión, hubo un período de consolidación institucional con Alfonsín, luego un período de reformas estructurales^[2] irreversibles –que autores como Palermo o Novaro denominaban “modernización”–, y finalmente se podría esperar una nueva etapa en la que se sintonizaría con la transformación imperante, dado el relativo fracaso de la sociedad para incorporar criterios de cultura política más acorde con los principios modernizadores adoptados en la economía y en las instituciones políticas. Así, las reformas implementadas durante la década del noventa terminaron por justificarse como una etapa necesaria de la transición democrática (p. 14). Una vez más, es preciso detenerse en las dificultades de algunas de las premisas que vertebran estos argumentos. Por un lado, la valoración positiva de las premisas modernizadoras que signaron la historia política argentina,^[3] pero que también incidieron en los modos de arribo de las políticas neoliberales de la década del noventa.

Otro punto a considerar es que, a pesar de las diferentes conclusiones a las que llegaron quienes se preocuparon por resaltar los obstáculos o beneficios, muchos coincidieron en señalar –algunos como un fenómeno “anómalo” a explicar– el sorpresivo apoyo de gran parte de la población a las políticas de ajuste económico. Como muestran diferentes estudios, junto con las modificaciones operadas en el plano político e institucional, durante el gobierno de Menem se produjo un drástico proceso de transformación, inédito por su magnitud y alcance, que cambió de manera profunda la estructura económica y social del país. Sin embargo, a pesar de la radicalidad de esas reformas, el menemismo logró obtener el consenso, tanto activo como pasivo, de una amplia diversidad de sectores sociales, que comprendía incluso a los más afectados por las políticas neoliberales implementadas: una porción de las capas medias y los sectores populares. De modo que en esa coyuntura ya aparece la preocupación respecto de cómo explicar el respaldo por parte de la sociedad, a un gobierno que llevó a cabo medidas que tradicionalmente habían sido resistidas y que en el mediano plazo generaron grandes costos sociales y económicos. Este interrogante planteó un serio desafío a la inteligibilidad del fenómeno que, al mismo tiempo y con características específicas, se repetía en otros países de Latinoamérica y el mundo.

Formulado de diferentes formas, el problema se manifiesta en muchas obras e investigaciones dedicadas al estudio del tema. Mario Navarro (1995), por ejemplo, en un artículo donde ha revisado las principales tesis explicativas frente a la ausencia de respuesta popular a los procesos de ajuste económico, asumía como principio que se trató de “una situación anómala bajo condiciones de régimen democrático” (p. 445). El motivo de esta supuesta incompatibilidad entre ajuste y preferencias populares consistiría en que las mayorías no parecen inclinadas a consentir libre y voluntariamente programas económicos que impliquen, entre otras posibles consecuencias, desempleo, concentración de ingresos o reducción de ayudas estatales. Esta tesis, ha dicho Gastón Souroujon (2014) en su investigación sobre la ciencia política argentina frente al menemismo, debe leerse a la luz de lo que se pensaba desde principios de la década del setenta sobre la oposición entre regímenes democráticos y reformas de mercado. Por ejemplo, análisis como el de O’Donnell (1972), entre otros, planteaban la imposibilidad de un proyecto de reformas estructurales con apoyo popular, y subrayaban que era la coerción gubernamental la única forma de lograrlo. En este sentido, la capacidad del gobierno de Menem para llevar a cabo una transformación de esas características, con un bajo nivel de conflictividad respecto a períodos anteriores y con sucesivas victorias electorales, incluida la reelección para un segundo mandato, aparecía como una absoluta novedad.

Por otro lado, Souroujon señalaba que esta anomalía que expuso el menemismo, también mostró las deficiencias explicativas de aquella perspectiva tradicional de las ciencias políticas, sostenida entre otros por el estadounidense Simon Jackman (1995), que se basaba en el supuesto de que “el apoyo o rechazo de la ciudadanía a un gobierno específico dependía directamente de su desempeño económico” (Souroujon, 2014: p. 5). Según esta formulación, los ciudadanos consideran responsables al gobierno por la situación económica, y lo reeligen si la economía funciona bien o lo desplazan si no funciona, llegando así nuevamente a la conclusión de una contradicción entre el modelo de ajuste y las preferencias de los votantes. Respecto de este punto, es correcto el señalamiento del investigador de que esta teoría, explícita o implícitamente, parte de algunas de las premisas de la perspectiva de la elección racional, en donde “la lógica de las acciones individuales está signada por la intencionalidad, la maximización y el autointerés y en donde la sociedad es concebida como la suma y tensión de estas preferencias individuales y sectoriales” (p. 5). Sobre este postulado se desarrolla, en segundo lugar, la hipótesis de que la impopularidad y el rechazo de la sociedad a las reformas y ajustes pro-mercado es el resultado de un cálculo costo/beneficio efectuado a partir de la representación que los individuos tienen de sus intereses particulares.

Pero, de igual modo, el supuesto del accionar racional también se puede encontrar en muchas de las teorías que se presentan como críticas y superadoras de la tradicional. Souroujon mencionaba, en primer lugar, a la “teoría de la expectativa” tal como fue definida por Kurt Weyland (1996) en un artículo donde intenta dar cuenta del sorprendente grado de apoyo popular que tuvieron los presidentes de Argentina, Brasil y Perú a finales de los ochenta, a pesar de haber promovido duros programas de ajuste y reestructuración neoliberal. El argumento central del politólogo estadounidense consiste en la afirmación de que en situaciones normales las personas actúan con prudencia y son reacias a asumir riesgos que pudieran generar costos en el futuro; sin embargo, en tiempos de crisis, los individuos entran en el dominio de la pérdida, un dominio que transforma sus expectativas y los predispone a aceptar riesgos como un modo de evitar pérdidas más grandes. Por esta razón, sostenía Weyland, en aquel momento la gente optó por apoyar a líderes como Menem, Collor de Melo o Fujimori, y a tolerar las políticas de ajuste. En la misma línea argumental, Souroujon ha ubicado la hipótesis esgrimida, entre otros, por Juan Carlos Torre (1998), donde se subraya que la elección racional de los individuos no siempre es un dato uniforme, sino que está sujeta a condiciones coyunturales, que provocan un reajuste del cálculo de costo/beneficio. Por ejemplo, en un artículo escrito junto a Pablo Gerchunoff, ambos autores sostenían que

hay circunstancias que pueden alterar la evaluación de los costos y beneficios de los cambios estructurales. Por ejemplo, aquellas en las que los programas de reformas se inician como parte integral de un paquete de políticas de estabilización cuyo objetivo es superar una grave crisis hiperinflacionaria. (…) Así, como ocurrió en la Argentina de 1989, los gobiernos de corte reformista pueden llegar a contar con la aquiescencia de los afectados por los cambios si estos llegan a convencerse de que la reforma del statu quo, a pesar de los sacrificios que entraña, es la mejor de las alternativas posibles para detener el deterioro de su situación socioeconómica. (Torre y Gerchunoff, 1997: 161).

El problema con esta hipótesis, como ha señalado Souroujon, es que sólo puede ser adecuada al comienzo de la implementación de la reforma, pero no puede explicar la tolerancia de la sociedad civil por períodos de tiempo más largos (por ejemplo, la coyuntura de reelección de Menem en 1995). Tampoco explica por qué una vez que se alivió la situación hiperinflacionaria, el menemismo siguió ganando elecciones y siguió siendo aceptado por la sociedad. En términos de Weyland, no explica por qué las personas continúan asumiendo riesgos una vez que abandonan el ámbito de la pérdida. Algunos autores, como Palermo y Novaro (1996), por ejemplo, buscaron superar esta dificultad afirmando que el estigma de la crisis estuvo al acecho todo el período, condicionando la voluntad de los votantes por el miedo a su regreso. Sin embargo, aunque es posible reconocer el peso que tuvo el “fantasma de la crisis” durante esos diez años, Souroujon tiene razón cuando sostuvo la necesidad de matizar la relevancia de la hiperinflación como megavariable explicativa, y al mismo tiempo reconocer que la propia idea de crisis forma parte de una construcción imaginaria y, por tanto, es susceptible de interpretación.

En segundo lugar, Souroujon tomó en consideración la “teoría anticíclica” defendida por Carlos Acuña y William Smith (1996) en un artículo donde estos analizaban la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales. Los autores partían de la observación, en el contexto latinoamericano de la década del noventa, de una relación inversa a la establecida frecuentemente entre desempeño económico y conflicto social, lo cual los llevó a sustentar la hipótesis de que la tensión social se reduciría en épocas de crisis y aumentaría cuando se vislumbran mejoras en la economía. Esta hipótesis, como ha dicho Souroujon, se basa en supuestos parecidos a la anterior (individuos cuyo comportamiento está guiado por el interés propio, la intencionalidad y la instrumentalidad), y una vez más son las condiciones en que se aplican las políticas de ajuste (en este caso se subraya el factor temporal de la crisis) lo que modifica los patrones de comportamiento. Para Acuña y Smith, “es la clásica aversión al riesgo que postula la elección racional lo que lleva a los individuos a tolerar las políticas de ajuste, pues no conciben ninguna otra alternativa menos riesgosa” (p. 9).

Por último, la “teoría del cambio de preferencia” o “tesis de conversión”, analizada en los trabajos de Navarro (1995), Carlos Gervasoni (1999) y Leslie Armijo y Philippe Faucher (2002), ofrece un tercer argumento para explicar la anomalía que presentó el menemismo. A partir del consenso que tuvieron las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Menem, esta hipótesis rechaza el supuesto de la impopularidad del ajuste neoliberal y sostiene, por el contrario, que tanto la élite como las masas habrían apoyado los principios generales de la política económica basada en el control de la inflación. Según Armijo y Faucher, en América Latina, a partir de la década del noventa, la demanda de las masas apuntó a la estabilidad económica y los bajos niveles de inflación: “Sospechamos que el principal motivo del apoyo popular al político reformista es que las reformas de mercado han terminado con la inflación” (p. 24). Un argumento similar fue utilizado por Gervasoni, para quien todos aquellos gobiernos que implementaron una política monetaria heterodoxa, aumentando la oferta de dinero y generando presión inflacionaria, tuvieron que enfrentar una pérdida significativa de votos. La razón por lo que esto ha sucedido, decía, es que “la inflación alta (y más aún la hiperinflación) es un fenómeno todavía más visible y socialmente costoso que el estancamiento de la producción, y, a diferencia del desempleo, afecta a todos los votantes” (p. 105). Estos cambios de preferencia en la sociedad habrían surgido, para este autor, como consecuencia de la crisis de la deuda de los años ochenta:

Es muy probable que dicha crisis haya marcado un punto crítico en la relación entre la economía y las elecciones en América Latina. La llamada década perdida representó el golpe final a una estrategia económica que venía mostrando signos de agotamiento desde los 60. Muchos de los factores que explican el mejor desempeño electoral de las administraciones reformistas no estaban presentes o eran mucho menos importantes antes de 1982. (Gervasoni, 1999: 103).

De acuerdo con Souroujon, esta teoría tiene la ventaja de reconocer que tales reformas requirieron un grado de apoyo explícito y positivo por parte de la población. Sin embargo, la perspectiva desde la cual se plantea está todavía anclada en una concepción racional y egoísta del comportamiento humano. El apoyo que la población da a estas políticas sigue siendo consecuencia de un análisis racional de sus intereses; es una población “que ahora estimaría la estabilidad de precio y el horizonte de certidumbre que genera, por sobre el nivel de empleo o de producción, como si la amenaza del desempleo no fuese también un factor de incertidumbre” (p. 11).^[4] Por otro lado, se puede plantear una observación crítica con respecto a la afirmación de Gervasoni de que el cambio de preferencias se habría producido en la década de los ochenta. De ser así, no se explica por qué en las elecciones de 1989 se produjo el triunfo del candidato que, a partir de promesas electorales como “el salariazo” y “la revolución productiva”, parecía más inclinado a implementar una política monetaria heterodoxa (con un posible aumento de la inflación), siendo que su competidor, Eduardo Angeloz, de la gobernante Unión Cívica Radical, era el que más en línea estaba con las nuevas preferencias. Si, por el contrario, se argumenta que en Argentina esa transformación se da luego del triunfo de Menem, sería necesario explicar cómo se produjo un cambio de intereses tan rápido en el conjunto de la población, y a la luz de esto, qué factores impidieron que esos intereses continuaran fluctuando en los años siguientes.

En todo caso, Souroujon ha señalado que esta lectura no fue unánime, sino que en paralelo hubo otro grupo de pensadores que hicieron aportes relevantes para entender la legitimidad conferida al menemismo a partir de los cambios producidos en las significaciones sociales y las identidades políticas. Por un lado, quienes, como Sidicaro (1995; 2002) o Steven Levitsky (2005), intentaron pensar esta anomalía desde una concepción de la sociedad estructurada en dos grandes sectores, el popular y la clase media y alta. De acuerdo con esta perspectiva, ambos grupos habrían apoyado al gobierno de Menem y las políticas que aplicó, aunque por diferentes razones. Mientras las clases populares lo hacían desde la vigencia del imaginario político peronista tradicional, el otro grupo de la sociedad estaría dando su apoyo a las medidas económicas llevadas adelante. Así, según Sidicaro (2002), “el gobierno de Menem recibió, por el pasado, una vertiente de votos populares sin reclamos disruptivos inmediatos, en tanto que por el presente, el sostén coyuntural se lo dieron individuos contrarios al peronismo histórico, ubicados en los deciles superiores de la distribución de ingreso” (p. 244). Para Levitsky, la confluencia de ambos sectores en apoyo al gobierno también fue posible debido a la particular estructura organizativa que tiene el Partido Justicialista, por la cual la coordinación del partido dispone de autonomía con respecto a las organizaciones de base, lo que permite que estas últimas trabajen internamente para captar los votos peronistas tradicionales^[5] en tanto que la dirigencia puede orientar sus esfuerzos para atraer el apoyo de votantes independientes: “mientras las organizaciones de base prestan atención al ámbito de la identificación, los dirigentes del PJ poseen relativa libertad para salir en busca de votos en el ámbito de la competencia” (p. 120).

Si bien estos autores intentaron alejarse de las deficiencias de aquellas teorías que están arraigadas exclusivamente en el comportamiento racional de los actores individuales, es correcta la observación crítica de Souroujon acerca de que estas posiciones mantuvieron, no obstante, un claro sesgo iluminista al asumir que el comportamiento guiado por emociones e imaginarios es propio sólo de los sectores populares, mientras que aquellos sectores con mayor nivel de ingresos y educación pueden deshacerse de ellos y así orientar racionalmente sus acciones. A través de este sesgo, se tiende a explicar “la capacidad de los sectores medios y altos para independizarse de su tradicional imaginario antiperonista y poder orientar su comportamiento a partir de los intereses económicos” (p. 13). Por el contrario, lo que se vuelve autónomo en el caso de los sectores populares, es la situación económica, que no se toma en cuenta, pesando mucho más el imaginario tradicional.^[6]

Por otro lado, el investigador distinguió un segundo grupo de autores como los ya nombrados Yannuzzi (1995) o Palermo y Novaro (1996), pero también Gerardo Aboy Carlés (2001), quienes pusieron en entredicho la idea de la existencia de un núcleo duro de representaciones que conformarían la identidad peronista al subrayar la erosión y desarticulación que esta había sufrido, principalmente, por el proceso de renovación del peronismo que se inició en los años ochenta y los cambios producidos en el escenario político argentino. Tanto Yannuzzi como Palermo y Novaro coincidieron en señalar que cuando Menem llegó al poder, “el peronismo” como identidad política aún mantenía nominalmente su vigencia, pero sus contenidos se encontraban en crisis:

esos valores y tradiciones venían atravesando desde la muerte de Perón una crisis furibunda, y los esquemas de reconocimiento y la misma identidad de los actores parecía haberse ido descomponiendo con el paso de los años… dejándolos en una situación de disponibilidad para ser interpelados por una estrategia política que fuera lo suficientemente audaz y original como para sacarlos de su postración y decadencia. (Palermo y Novaro, 1996: 25).

De acuerdo con esta interpretación, la anomalía no se resolvió con la implementación de un nuevo programa político basado en un imaginario pasado, como daría a entender Portantiero (1995), por ejemplo, al establecer una “continuidad esencial” entre menemismo y peronismo (p. 106), sino que fue un trabajo tanto de recuperación como de ruptura con el imaginario político peronista lo que hizo posible que Menem consolidara una nueva coalición y construyera un nuevo criterio de identidad. En tal sentido, Aboy Carlés señalaba que apenas arribado al gobierno, Menem trató de debilitar elementos básicos de lo que el autor ha llamado “la dimensión de la tradición” (p. 302); debilitamiento que se combinó, según Souroujon, con el refuerzo y resignificación de otros elementos según la situación.

Como ha dicho este último autor, esta perspectiva tiene la ventaja sobre la anterior de reconocer y subrayar el doble camino de ruptura y continuidad como característica central de cualquier imaginario político que pretenda establecerse con éxito.^[7] Sin embargo, en muchas de estas lecturas, esos elementos quedan subordinados, nuevamente, al fenómeno de la hiperinflación. Por ejemplo, Aboy Carlés sostenía que el aspecto distintivo para entender las particularidades que adquirió la reforma estructural en Argentina provino de la crisis hiperinflacionaria de 1989: “tras la crisis la implementación de reformas radicales fue habilitada sin mayores oposiciones como solución a las demandas de reconstitución de un orden estable” (p. 297).^[8] También para Novaro (1994) la experiencia de la hiperinflación pudo haber sido “el principal motivo de la amplia aceptación del estilo menemista” (p. 89).

Teniendo en cuenta lo apuntado hasta aquí, cabe una serie de observaciones respecto de ciertos aspectos y enfoques presentes en los debates sobre la postransición. Por un lado, interesa subrayar el desplazamiento de la centralidad otorgada al mundo de la vida cotidiana, considerado por los intelectuales en los ochenta como ámbito primordial de acción política (Maccioni: 2015), en favor de las cuestiones relativas a la estabilidad y calidad institucional, donde las acciones de la sociedad civil pasaron a ser interpretadas casi exclusivamente en relación con su contribución a la eficacia del sistema político. Se podría considerar en particular aquellas promovidas con mecanismos de participación y consulta a los beneficiados o a los afectados por las reformas, tales como la denominada accountability social o “rendición de cuentas a la sociedad civil”, especialmente valoradas por autores como O’Donnell. En su investigación acerca del rol desempeñado por el Banco Mundial en América Latina, Susana Murillo (2008) analizó detalladamente esta estrategia, basada en vincular el incremento de ayuda a un compromiso con la buena gobernanza por parte de los países receptores:

El BM, en consonancia con la profundización de las reformas institucionales en pro del “buen gobierno”, sostiene desde hace varios años que en muchos países ya se ha logrado crear conciencia sobre las “consecuencias de la corrupción”. Una vez construida esa conciencia, el objetivo es iniciar y sostener reformas institucionales concretas. Para lograrlo, el proceso propuesto por el Grupo de Gobernabilidad, Regulación y Finanzas en el Instituto del Banco Mundial se planteó la integración de nuevas herramientas de diagnóstico con “experiencias participativas y de acción colectiva con la sociedad civil”. (Murillo, 2008: p. 147).

El objetivo de la rendición de cuentas a la sociedad consiste, entonces, en la construcción de una responsabilidad gubernamental basada en la participación de la sociedad civil en términos mercantiles antes que políticos. Se trata de procesos en los que los ciudadanos pueden exigir a los funcionarios que den explicaciones sobre sus actos de gobierno. De todos modos, la accountability social, agregaba Murillo, “no insta a la participación política, sino a la agrupación para reclamar por problemas específicos, y de modo imaginariamente ‘apolítico’” (p. 156).^[9]

Es necesario observar también que a pesar de que la discusión sobre las consecuencias para la consolidación democrática generada por el gobierno de Menem giró fundamentalmente en torno a la cuestión del déficit de los mecanismos institucionales formales, se pasó por alto el factor de despolitización inherente al empleo de tales instrumentos. Sin embargo, en un escenario en el que se profundizaba el alcance de la exclusión de la política en un sentido “fuerte”, el centro de las miradas recayeron sobre la sorpresiva aquiescencia de la ciudadanía al decisionismo gubernamental y la discrecionalidad en la adopción de las políticas públicas.

En algunos casos, la explicación del apoyo social se fundamentó en la estabilidad económica alcanzada a partir del control definitivo de la hiperinflación. Sin embargo, es acertada la lectura de Souroujon de que “ver a la hiperinflación como el principal motivo de la amplia aceptación del estilo menemista no puede explicar por sí sola el consenso relativo a diez años de gobierno” (p. 15). En efecto, interpretar dicha aprobación en términos de lo que sería la vigencia de “la norma de la ilegitimidad”, tal como propuso Sidicaro (2013), además de los problemas ya señalados, haría perder de vista que el consenso otorgado por la población se mantuvo durante ese tiempo a pesar de la adopción por parte del gobierno de un conjunto de medidas que generaron altos costos sociales y económicos a grandes capas de la sociedad. Así, frente al “enigma” que supuso la falta de objeciones ante esas políticas, otros enfoques recurrieron al concepto de “tolerancia” para explicar el pensamiento de quienes estaban dispuestos a aceptar las restricciones del presente a la espera de beneficios futuros. Al respecto, aparte de la ya señalada concepción racional y autointeresada del comportamiento humano presente en esta hipótesis, cabe agregar además que este concepto tiene el inconveniente de remitir, como ha subrayado Souroujon, a una suerte de victimización de la sociedad frente a un paquete de reformas que aceptaría impasible a pesar de percibir sus costos, negando así la posibilidad de pensar en un consenso más activo.

Afirmar esto no significa, en modo alguno, restar importancia al componente de pasividad tácita que tuvo el consenso social hacia Menem y su modelo económico. En su investigación sobre la construcción y consolidación de la hegemonía menemista, Fair (2008) ha analizado el rol de lo que denominó “los componentes pasivos” en dicho proceso. Dejando de lado la lógica puramente racionalista e instrumental, enfatizaba la importancia que tuvo en la legitimación del gobierno de Menem

la ausencia de alternativas frente al triunfo de la “democracia liberal”, la visión mecanicista del orden global, que generó una impotencia frente a la imposibilidad de cambiar el estado de cosas vigente, el cientificismo con el que se pretendió despolitizar las decisiones tomadas y, al mismo tiempo, deslegitimar a los adversarios y la reestructuración social que produjo la aplicación de políticas de orientación neoliberal, que terminaron fragmentando, segmentando y polarizando a los sectores populares y sindicales, mientras se unificaban los sectores dominantes. (Fair, 2008: p. 20).

Otros estudios, como los de Sergio Caletti (2003), Julio Gambina (2001), Yago Franco (2000), Daniel García Delgado (1994), Daniel Campione e Irene Muñoz (1994), Susana Murillo (2008) y Mabel Thwaites Rey (1994), también pusieron de relieve la fragmentación, segmentación, polarización y heterogeneización social impulsadas por las políticas neoliberales, que junto con el disciplinamiento social ocasionado por la represión y el terrorismo de Estado de los años setenta, la hiperinflación de finales de los ochenta y el desempleo creciente de mediados de los noventa, “habrían generado una apatía, resignación y un conformismo generalizado (…), que terminaría por promover una ‘despolitización social’ (…) y un consenso general de tipo ‘pasivo’” (Fair: 2011, p. 9). En un artículo dedicado a estudiar las transformaciones psicológicas en la subjetividad durante los años noventa, Franco destacaba que

el estado de resignación y conformismo se ha edificado sobre la particular experiencia del “Terrorismo de Estado” vivida en la Argentina, que preparó el terreno (no solamente político-económico-social, sino psíquico) para la instauración triunfante del modelo social actual. A ese terror psicopolítico se le sumó el terror económico producido por la hiperinflación y, poco después, el que produciría la hiperdesocupación y la recesión. (Franco, 2000: p. 4).

De acuerdo con lo que han señalado estos trabajos, la falta de rechazo al modelo de país establecido por el menemismo se debió, en alguna medida, a la resignación, el miedo y el disciplinamiento social que llevaron a amplios sectores de la población a aceptar pasivamente ese nuevo rumbo. Dicho en otros términos, la década del noventa se habría caracterizado por la formación de una ciudadanía signada por la apatía e indiferencia hacia la política. No obstante, como se señaló más arriba, entre las explicaciones del consenso que disfrutó el gobierno menemista también se encuentran aquellas que, como en el caso de Gervasoni o Armijo y Faucher, reconocieron un grado de apoyo explícito por parte de la sociedad en la implementación de las reformas neoliberales. El problema con esta tesis es que además de seguir dentro de los mismos parámetros racionalistas y economicistas de las hipótesis que enfatizan la idea de tolerancia, resulta inconsistente al dar cuenta de las condiciones de emergencia de esa aceptación. En este sentido, las lecturas basadas en los cambios en las significaciones sociales ofrecen elementos de análisis más acertados a la hora de explicar el origen del apoyo, ya sea indagando en el vínculo entre el discurso de Menem y la tradición de su partido o bien recuperando los componentes novedosos que el menemismo puso en juego para interpelar a los distintos sectores de la sociedad. Aun así, muchas de estas investigaciones no dejan de acentuar, al final, la relevancia de la hiperinflación como variable central para explicar el consenso, con lo que terminan reduciendo en gran medida la articulación identitaria propuesta por el menemismo “a una mera reacción ante un factor negativo, amenazante y externo” (Souroujon, 2014: p. 15). No obstante, es importante considerar que la hiperinflación tampoco opera en base a una racionalidad plena sino que en definitiva su eficacia radica en que obra sobre el fondo del miedo.

En su estudio sobre el imaginario político durante el gobierno de Menem, Souroujon (2012) propuso, en cambio, dar cuenta del modo en que el pasado hiperinflacionario como imagen de amenaza permanente se articuló con otros elementos que no fueron consecuencia necesaria de la crisis, como la relación carismática, el mito político de “Argentina país del primer mundo” o lo que llamó “las ideas fuerza neoliberales”, entre las cuales prevalecía la que expresaba la “no existencia de opción” ante la política de ajuste. De esta manera, la investigación permite identificar estos componentes “positivos” que contribuyeron a construir la base de legitimidad del menemismo, al tiempo que resalta el papel central que jugaron tanto las capacidades de la clase política para imponerlos, como la disposición de la sociedad, para tomarlos:^[10]

Todo proceso de reforma, sea cual sea su signo, requiere un activo trabajo por parte de la clase política en pos de la reconstrucción de un nuevo imaginario político que sea aceptado por la sociedad. Es en este plano en donde se resolverá la identidad y legitimidad del proceso, en la medida en que se la pueda articular con estos imaginarios, y es en este plano en el que el rol de lo político se refuerza allende su aparente desaparición. (Souroujon: 2012, pp. 28-29).

El menemismo cumplió, sin lugar a dudas, ese papel necesario para el reacomodamiento del escenario local. En la misma dirección, es plausible interpretar que la disposición social, tanto para tolerar como para apoyar activamente las políticas de transformación y ajuste, no tuvo su génesis durante ese momento histórico-político sino que tuvo que construirse a lo largo del tiempo, tal como ha señalado Franco (2000), aunque no solamente desde el terror generado por la represión militar o la crisis hiperinflacionaria, sino también, y fundamentalmente, a partir de una política social activa que apuntó a configurar una subjetividad funcional al neoliberalismo. Esa tarea no partió del menemismo sino que se remonta a la época dictatorial, pero en la década de los noventa cobró un mayor y decisivo impulso. Es preciso tener en cuenta además que esta configuración tuvo lugar en el marco de los procesos de neoliberalización que operaron a nivel global. En tal sentido, en el próximo apartado se propone pausar la lectura política vernácula para hacer un breve recorrido por el análisis de Michel Foucault sobre el surgimiento y despliegue del neoliberalismo y su impacto en la dimensión subjetiva de la sociedad civil.

2.2. El retiro de la política y la razón neoliberal

Hacia las últimas décadas del siglo XX se hizo evidente la puesta en marcha de un proceso de reestructuración del capitalismo a nivel global que, entre sus rasgos relevantes, refería a la crisis del Estado de bienestar. No obstante, estas transformaciones estuvieron lejos de impactar sólo en términos de un ordenamiento económico. En ese marco de desbloqueo y generalización del modelo neoliberal a nivel mundial, diferentes expresiones tanto de la reflexión filosófica como de la investigación social coincidieron en la evaluación acerca de una crisis de la política, en términos no sólo de las cuestiones vinculadas a la gobernabilidad e institucionalidad sino también –y fundamentalmente– en referencia a la capacidad de intervención de la ciudadanía en el espacio público. Mientras que para Alain Badiou (1985), la política parecía haber entrado en la apariencia de su ausencia, Jacques Rancière (1996) planteó que en las sociedades europeas de aquel entonces –a las que denominó posdemocráticas– se había puesto de manifiesto el borramiento del obrar democrático y, “en suma, la desaparición de la política” (p. 130). Cornelius Castoriadis (1997), por su parte, alertaba sobre la disipación del conflicto social y político en estos términos:

En verdad no hay ni programas opuestos, ni participación de la gente en los conflictos o en las luchas políticas, o simplemente una actividad política. En el plano social no sólo está la burocratización de los sindicatos y su reducción a un estado esquelético, sino que también existe la casi desaparición de las luchas sociales. Nunca hubo en Francia tan pocas jornadas de huelga, por ejemplo, como en los últimos diez o quince años, y casi siempre estas huelgas tienen un carácter categorial o corporativista. (Castoriadis, 1997: p. 113).

En el caso de Latinoamérica, durante la década del noventa, el neoliberalismo impulsó –principalmente a través de los lineamientos de organismos financieros internacionales– políticas que supusieron no sólo la transformación de factores claves de la economía y el papel del Estado, sino que, al mismo tiempo, apuntaron a cambiar de manera radical la naturaleza y la forma de los lazos sociales. En ese contexto se generaron las condiciones para que se produjera una mutación considerable en la constitución de la ciudadanía, lo que permitió a su vez la institución de una definición de la vida en común basada en la mera yuxtaposición de los intereses particulares, absolutamente opuesta al sentido de la comunidad, de la intervención y del litigio.

Este apartado se dirige a argumentar que existen conexiones férreas entre lo que fue el despliegue de un arte de gobierno neoliberal y los rasgos predominantes que adquirió la ciudadanía durante la década de los noventa. En contraposición a la figura del ciudadano como aquel sujeto público y activo capaz de dirigir sus acciones hacia la constitución del ser-en-común, la operatoria neoliberal dio lugar a la constitución de un sujeto “empresario de sí mismo”, enfocado en la vida individual, aunque en un sentido desplazado respecto de la formulación liberal clásica. Esta última cuestión fue objeto de una lúcida reflexión por parte de Foucault (2007), quien abordó el análisis del surgimiento y despliegue del neoliberalismo y su impacto en la dimensión subjetiva de la sociedad civil.

Desde una perspectiva que se opone totalmente a cualquier enfoque normativo e institucional, Foucault rechazó la idea de formular una teoría del Estado que pretendiera analizar en sí mismas la naturaleza, estructura y funciones del Estado, ya que consideraba que éste no es más que “el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples” (p. 96). Sin embargo, su análisis no borra la presencia y efecto de los mecanismos estatales, más bien busca “ponerse afuera” e investigar el problema del Estado desde la multiplicidad de caminos, modalidades y posibilidades que existen para orientar a los hombres, dirigir su comportamiento, restringir sus acciones y reacciones, etc. En tal sentido, proponía partir de la práctica gubernamental “tal como se presenta, pero, al mismo tiempo, tal como se refleja y se racionaliza para ver, sobre esa base, cómo pueden constituirse en los hechos (…) el Estado y la sociedad, el soberano y los súbditos” (pp. 17-18). No estudió, entonces, sólo la historia de las diferentes prácticas consistentes en gobernar, sino que examinó fundamentalmente las transformaciones en la racionalización de la práctica gubernamental –lo que denominó “arte de gobernar”–, desde la constitución, durante el siglo XVI, de esa forma de racionalidad gubernamental llamada razón de Estado, pasando por la puesta en acción del liberalismo en el siglo XVIII, hasta la programación de la gubernamentalidad neoliberal en el siglo XX. Por tanto, será necesario abordar algunos aspectos de esta genealogía.

Para comenzar, Foucault identificó la aparición y el establecimiento de la razón de Estado con cierto tipo de racionalidad en la práctica gubernamental que permitiría ajustar la manera de gobernar a un Estado que se da como ya presente pero al mismo tiempo como un objetivo a construir: “Gobernar, según el principio de la razón de Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente, pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con destruirlo” (p. 19). Asimismo, señalaba dos rasgos característicos en esa manera de obrar. Por un lado, en su política exterior, esto es, en sus relaciones con los otros Estados, el gobierno pasa a fijarse objetivos limitados. A diferencia de lo que había sido la Edad Media, donde “el horizonte, el proyecto, el deseo de la mayoría de los gobernantes y soberanos” consistía en “situarse con respecto a los demás Estados en una posición imperial”, en el caso de la razón de Estado “se admite que cada Estado tiene sus intereses y, por consiguiente, debe defenderlos (…) pero se reconoce también que su objetivo no debe ser alcanzar en el fin de los tiempos la posición unificadora de un imperio total y global” (p. 22). Por el otro, en el orden de la política interna, el gobierno ajustado a la razón de Estado comienza a asignarse una serie de objetivos ilimitados. La cuestión, para los que gobiernan ese Estado, apuntaba Foucault, pasa por tener en cuenta y hacerse cargo de las actividades de las personas hasta, aún en sus más mínimos detalles: “el que gobierna va a tener que reglamentar la vida de sus súbditos, su actividad económica, su producción, el precio al cual van a vender las mercancías, el precio al cual van a comprarlas, etcétera” (p. 23).

Esta extensión ilimitada de la razón de Estado que cobró cuerpo en un Estado de policía,^[11] encontró, a partir del siglo XVI y durante el siglo XVII, en el derecho y las instituciones judiciales, un principio de limitación externo: “la razón de Estado sólo sufrirá objeciones de derecho cuando haya franqueado esos límites, y en ese momento el derecho podrá definir el gobierno como ilegítimo, podrá objetarle sus usurpaciones y en última instancia liberar a los súbditos de su deber de obediencia” (p. 26). Ahora bien, Foucault constató hacia mediados del siglo XVIII una transformación importante que caracterizará de manera general lo que va a llamar “la razón gubernamental moderna”. Esa transformación consistió en la inclusión de un principio de limitación del arte de gobernar que ya no era exterior al gobierno, como lo fue el derecho en el siglo XVII, sino que iba a serle interior a la práctica gubernamental. Caracterizó esta limitación interna de la racionalidad gubernamental como una restricción a la vez general y de hecho, que el gobierno hubo de imponerse a sí mismo para poder alcanzar sus objetivos. La razón gubernamental debía respetar esos límites “en cuanto puede calcularlos por iniciativa propia en función de sus objetivos y como el mejor medio de alcanzarlos” (p. 27).

De esta manera, al mismo tiempo que iba a marcar el límite de la acción del gobierno, esta limitación estableció, en la propia práctica gubernamental, una división racional entre las operaciones que podían y las que no podían hacerse, es decir, entre las cosas por hacer y los medios que debían emplearse para hacerlas, por un lado, y las cosas que no había que hacer, por el otro. Se entra en una época que es la de la razón gubernamental crítica, donde el límite al soberano y lo que este podía hacer, ya no va a estar planteado por medio de un principio externo, sino que será la misma crítica interna de la razón gubernamental la que va a plantear los límites para impedir un exceso de gobierno. Y agregó: “la racionalidad de la práctica gubernamental podrá medirse en relación con ese exceso o, en todo caso, la delimitación de lo que sería excesivo para un gobierno” (p. 29).

Foucault emplea justamente el término “frugal” para dar cuenta del problema del gobierno mínimo, que identifica con la puesta en acción de un nuevo arte de gobernar: el liberalismo. El principio regulador de este “gobierno frugal”, explicaba, se formó a partir de “la conexión con la razón de Estado, y el cálculo de esta, de cierto régimen de verdad que encontraba su expresión y su formulación teórica en la economía política” (p. 45).^[12] La economía política, a diferencia del pensamiento jurídico de los siglos XVI y XVII, no se desarrolló fuera de la razón de Estado sino que “se formó en el marco mismo de los objetivos que la razón de Estado había fijado al arte de gobernar” (p. 31). De esa manera, al reflexionar sobre las prácticas gubernamentales, no lo va a hacer en los términos del derecho, para distinguir si son legítimas o no, sino en función de sus efectos.

La cuestión pasa, entonces, por conocer qué efectos tienen esas prácticas y si éstos son negativos. Foucault sostenía que, en respuesta a estas preguntas, la economía política hace hincapié en la existencia de fenómenos, procesos y regularidades que se dan necesariamente en términos de mecanismos inteligibles, y que si bien pueden ser contrariados, no podrán evitarse. De hecho, la economía política descubre cierta naturalidad en la práctica misma de gobierno:

si hay una naturaleza que es propia de la gubernamentalidad, sus objetos y sus operaciones, la práctica gubernamental, como consecuencia, sólo podrá hacer lo que debe hacer si respeta esa naturaleza. Si la perturba, si no la tiene en cuenta o actúa en contra de las leyes que han sido fijadas por esa naturalidad propia de los objetos que ella manipula, surgirán de inmediato consecuencias negativas para ella misma. (Foucault, 2007: p. 33).

Lo importante a señalar aquí es que, a partir de ese momento, las razones por las que un gobierno puede violar esas leyes de la naturaleza residen en la ignorancia fundamental de su existencia, sus mecanismos y sus efectos, o simplemente, en un error, lo cual vincula la cuestión de la autolimitación de la práctica gubernamental con la cuestión de la verdad.

¿Dónde se forman esas leyes que permiten falsar o verificar la práctica gubernamental? Ese lugar de verdad no es, decía Foucault, la cabeza de los expertos económicos, cuyo papel se limita a indicar dónde el gobierno debía buscar el principio de verdad que regula los mecanismos naturales de lo que él manipula, sino el mercado. En efecto, a mediados de siglo XVII se empezó a ver al mercado como algo que obedecía a mecanismos naturales y espontáneos, al punto que, si se trataba de modificarlos, sólo se conseguiría perturbarlos y desnaturalizarlos. De esta manera, el mercado se convirtió en un lugar de veridicción, en el sentido de que debe manifestar algo semejante a una verdad económica que permitirá discernir en las prácticas gubernamentales las que son correctas y las que son erradas. El gobierno deberá conocer esa mecánica interna e intrínseca de los procesos económicos y se obligará a respetarla. La delimitación de la gubernamentalidad por el principio de la verdad implica, entonces, la fijación de ciertos límites “deseables” que es necesario establecer en función de los objetivos del gobierno, destacando además lo que para este sería erróneo y pernicioso hacer, es decir, intervenir en esos mecanismos espontáneos de la economía.

Esto significa que el gobierno basará su política en un conocimiento preciso y continuo de lo que sucede en la sociedad, en el mercado, en lo económico, por lo que –y aquí Foucault señalaba una cuestión central– la limitación de su poder no podrá venir del respeto a libertad de los individuos, sino simplemente de los resultados del análisis económico que el gobierno deberá respetar. Si se habla de liberalismo, “esto no quiere decir que se esté pasando de un gobierno que era autoritario en el siglo XVII y principios del siglo XVIII a un gobierno que se vuelve más tolerante, laxista y flexible” (p. 82). El empleo que ha hecho del término “liberal” no refiere entonces a una práctica gubernamental que suministraría a los hombres la libertad de actuar como quisieran, sino a un nuevo arte gubernamental que se encuentra obligado a producir y organizar las condiciones en las que se puede ser libre.

Sin embargo, Foucault advertía que en la misma práctica liberal se establece una relación problemática entre la producción de la libertad y aquello que, al ser necesario para producirla, amenaza con limitarla y destruirla: “[e]s preciso por un lado producir la libertad, pero ese mismo gesto implica que, por otro, se establezcan limitaciones, controles, coerciones, obligaciones apoyadas en amenazas, etcétera” (p. 84). Aquí el autor estaba pensando en la relación entre las disciplinas y el liberalismo pero también en la aparición de mecanismos de control que no operan sólo como un contrapeso necesario de la libertad (como en el caso del panoptismo), sino que, en un sentido liberogénico, lo hacen como su principio motor. En otras palabras, “mecanismos cuya función consiste en producir, insuflar, incrementar las libertades, introducir un plus de libertad mediante un plus de control e intervención” (p. 89).

El conjunto de estos mecanismos, o más precisamente su incremento, especialmente a partir de la crisis económica de la década de 1930 y la amenaza de los regímenes totalitarios, es lo que Foucault señalaba como factor desencadenante de lo que llamó la crisis del dispositivo gubernamental propio del liberalismo. En ese escenario, el problema para los liberales de la época giraba en torno a la siguiente cuestión: si los Estados que propician medidas económicas y políticas ya sea para garantizar y producir más libertad en una situación peligrosa de desempleo o para evitar la merma de libertad que supondría el paso al socialismo, al fascismo o al nazismo, recurren a mecanismos de intervención económica, esos mismos mecanismos ¿no introducen de contrabando prácticas que son al menos tan peligrosas para la libertad como aquellos sistemas políticos que se trata de evitar?

De esta manera, como consecuencia de la política económica intervencionista, la crisis del liberalismo se manifestó, inmediatamente antes y con posterioridad a la segunda guerra mundial, en una serie de nuevas evaluaciones, nuevas estimaciones y nuevos proyectos de arte de gobernar que, primero en Alemania y Estados Unidos, se articularon contra los mismos objetos de repulsión: la economía dirigida, la planificación y el intervencionismo estatal.

Esta “fobia al Estado”, que recayó sobre a experiencias tan diferentes como el comunismo soviético, el nazismo alemán, la política del New Deal norteamericana o la planificación inglesa de posguerra, condujo a los nuevos liberales de ambos lados del océano^[13] a invertir el razonamiento surgido a partir del siglo XVIII. Es decir, luego de comprobarse los vicios intrínsecos que la intervención del Estado acarrea, como nada probaba que la economía de mercado también tenga esos vicios, se le va a pedir a esta última “que sea en sí misma, no el principio de limitación del Estado, sino su principio de regulación interna de punta a punta de su existencia y su acción” (p. 148).

No obstante, si los neoliberales plantean la necesidad de un Estado bajo la supervisión del mercado más que un mercado bajo la supervisión del Estado, esto no significa que el neoliberalismo sea, como lo subrayaba Foucault, “el resurgimiento, la recurrencia de viejas formas de economía liberal formuladas en los siglos XVIII y XIX” (p. 149). De hecho, el problema para el neoliberalismo no pasa por saber cómo se podría liberar al interior de una determinada sociedad política, un lugar vacío que sería el del mercado, sino, por el contrario, saber “cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado” (p. 157). En consecuencia, a fin de proyectar en un arte de gobierno los principios formales de la economía de mercado, los neoliberales debieron someter al liberalismo a una serie de transformaciones.

En primer lugar, Foucault ha señalado la disociación entre la economía de mercado y el principio político del laissez-faire. Esto se alcanzó gracias a la formulación de una teoría de la competencia que la concibe, más allá, o incluso antes de su existencia histórica real, como una estructura formal capaz de garantizar, por medio de sus mecanismos internos, la regulación económica. Así, el problema para el neoliberalismo consistió en proporcionar un espacio concreto y real en que pudiera actuar la estructura formal de la competencia, permitiendo el funcionamiento de una economía de mercado sin laissez-faire. Esta política activa sin dirigismo es lo que permitió situar al neoliberalismo, ya no “bajo el signo del laissez-faire sino, por el contrario, bajo el signo de una vigilancia, una actividad, una intervención permanente” (p. 158).

Segundo: si el problema del liberalismo clásico era “saber si hay cosas que no pueden tocarse y otras que es legítimo tocar” (p. 163), para los neoliberales la cuestión pasaba por saber “cómo tocarlas”. Según Foucault, esto representa un problema de “estilo gubernamental”. ¿Qué significa esto? Básicamente que los neoliberales van a intervenir por medio de acciones reguladoras u ordenadoras, no sobre los mecanismos de la economía de mercado, sino sobre su “marco”, es decir, sobre sus condiciones de posibilidad. Una “política de marco” supone, entonces, actuar sobre ciertos datos previos (técnicos, científicos, jurídicos, demográficos, etcétera) que no tienen un carácter económico directo, pero que pueden condicionar una eventual economía de mercado. El gobierno no podrá intervenir sobre los efectos del mercado o para corregir sus efectos destructivos sobre la sociedad; para que los mecanismos competitivos puedan cumplir su papel de reguladores, ahora deberá intervenir sobre la sociedad misma, “a cada instante y en cada punto del espesor social” (p. 179). En otros términos: lo que los neoliberales quisieron hacer no es un gobierno económico, concluía Foucault, sino un gobierno de sociedad que se ocupe fundamentalmente de la sociedad civil a través de una política social activa.

¿Cómo se concibe esa política de sociedad en este nuevo arte de gobierno? Como se ha visto, lo que sostienen los neoliberales es que una política social, para que se pueda integrar a una política económica y no la destruya, no debe dirigirse contra la economía de mercado sino que debe actuar sobre sus condiciones de posibilidad, garantizando el funcionamiento del mecanismo formal de la competencia y evitando que se produzcan los efectos sociales negativos que se generarían debido a la falta de esta. Foucault entendía que, más que en una sociedad mercantil, “una sociedad de supermercado”, los neoliberales piensan en un tipo de sociedad innegablemente regulada por el mercado pero en la cual “el principio regulador no debe ser tanto el intercambio de mercancías como los mecanismos de competencia” (p. 182), esto es: una “sociedad de empresa”. Entonces, en lugar de suprimir los efectos antisociales de la competencia, la política social debe eliminar los mecanismos anticompetitivos que la sociedad puede generar. ¿De qué manera? Mediante un intervencionismo social dirigido a transformar la naturaleza y la forma de los lazos entre los individuos. Para fundamentar esta afirmación, Foucault analizó, entre otros, un documento de 1950 donde se enumeran algunos de los objetivos de la acción gubernamental neoliberal:^[14]

en primer lugar, permitir a cada uno, en la medida de lo posible, el acceso a la propiedad privada; segundo, reducción de los gigantismos urbanos, sustitución de la política de los grandes suburbios por una política de ciudades medianas, reemplazo de la política y la economía de los grandes complejos habitacionales por una política y economía de viviendas individuales, aliento a las pequeñas unidades de explotación en el campo, desarrollo de (…) industrias no proletarias, es decir, los artesanos y el pequeño comercio; tercero, descentralización de los lugares de vivienda, de producción y de gestión, corrección de los efectos de especialización y división del trabajo, reconstrucción orgánica de la sociedad a partir de las comunidades naturales, las familias y los vecindarios; y para terminar, de una manera general, organización, ordenamiento y control de todos los efectos ambientales que puedan ser producto de la cohabitación de la gente o del desarrollo de las empresas y los centros productivos. (Foucault, 2007: p. 184).

En este sentido, Foucault hablaba de un retorno a una Vitalpolitik,^[15] una “política de la vida” que apunta a hacer del mercado y la competencia, lo que llama “el poder informante de la sociedad”, es decir, alcanzar la formalización de la sociedad según el modelo diversificado y diferenciado de la empresa. En consecuencia, el neoliberalismo va a propiciar una política de sociedad y un intervencionismo social a la vez activo, múltiple, vigilante y omnipresente, cuya finalidad será la de hacer de cada individuo un “empresario de sí mismo”. La noción de hombre económico (homo œconomicus), circunscrita durante los siglos XVIII y XIX al ámbito de los comportamientos o de las conductas de las personas en el mercado, comienza a ser aplicada por los neoliberales a cualquier actor, no sólo económico sino social en general, que se conduzca de manera racional, es decir, que tenga en cuenta los cambios contingentes de la realidad y responda a ellos de manera no circunstancial sino sistemática. De este modo, el “empresario de sí mismo” va a ser aquel a quien se lo deja hacer en función de su interés particular, pero al mismo tiempo, y en la medida en que necesariamente responderá en forma sistemática a las modificaciones que se vayan a introducir artificialmente en el medio, aparece también como un sujeto claramente gobernable.^[16]

En efecto, el arte de gobierno neoliberal provocó y todavía provoca una reconfiguración subjetiva que en buena medida repercute en el ejercicio de la política entendido como la búsqueda de soluciones comunes. Como se verá a continuación, en el escenario de la década del noventa operó predominantemente en una dirección de desafección política inexorablemente ligada a la alteración de las viejas condiciones del espacio público político de la modernidad clásica. Sin embargo, esa reconfiguración subjetiva se reconocería con mayor nitidez años después, en el marco de una dinámica de repolitización abierta tras la crisis del 2001, aunque en una dirección no de resistencia, como lo harían otras figuras subjetivas, sino reactualizando el apoyo a la implementación de políticas de corte neoliberal.

2.3. La desafección ciudadana en los noventa y su vinculación con la cuestión del espacio público político

A la luz de lo que se ha venido desarrollando, y con el fin de avanzar en la inteligibilidad de las condiciones que favorecieron la producción de un tipo de ciudadano “empresario de sí mismo”, es importante detenerse en la cuestión acerca de las modalidades que adoptaron las relaciones entre la gobernabilidad de la sociedad en el momento neoliberal y las transformaciones del espacio público. En primer lugar, y de un modo semejante al que se argumentó atendiendo a que las condiciones de emergencia del orden neoliberal deben leerse en referencia a los elementos de ruptura con el arte de gobierno liberal, la focalización acerca de los rasgos que adquirió el espacio público político –por excelencia, ámbito del ser/aparecer del ciudadano– requiere asumir que el momento neoliberal involucró también ciertas mutaciones en la relación entre espacio público y política tal como se presentara en el ordenamiento que lo precedió.

En primer lugar, cabe recordar que la vinculación de lo público con lo político se desarrolló históricamente como la característica central de la democracia moderna. Según el filósofo francés Claude Lefort (1990), ello fue consecuencia de una profunda transformación del ordenamiento simbólico de las sociedades a partir del pasaje de la forma “teológico-política” (donde la representación de la sociedad ante sí misma era mediada por el rey como representante de Dios, y estaba encarnada en aquel) a la forma “democrático-política” (cuando se derrumba esa mediación con lo extra-mundano, así como su corporización en el monarca). De modo que la forma de la sociedad se convierte en un enigma permanente y una labor permanente de auto-configuración. Esta mirada fue retomada por Plot (2007)^[17] para profundizar acerca de la cuestión de la institución de la política moderna:

El ahora desincorporado y vacío lugar de poder se vuelve normativamente el premio a obtener en una lucha política permanentemente arbitrada por la intervención tanto periódica como excepcional de la voz del pueblo, esta actividad autoconfigurativa a la cual se dedican las democracias modernas resulta ser la dimensión interminable, fundamental y constitutiva de su propia existencia. (Plot, 2007, p. 15).

Tal como lo expone el fragmento, el autor destacó, por sobre otras cuestiones, el carácter acontecimental de la intervención de la voluntad popular en los procesos de decisiones de asunto público. La emergencia de un “tiempo público” supone que las luchas de poder en torno de las instituciones del Estado y las actividades llevadas a cabo por la ciudadanía en la esfera de lo público no mantienen ni una relación de exterioridad mutua –tal y como proponen ciertos modelos teóricos, como el de Jürgen Habermas^[18]– ni una proximidad permanente –al modo en que lo propuso la filósofa Hannah Arendt^[19]– sino que, además de la excepción deliberativa institucionalizada de las campañas electorales, de tanto en tanto ciertos acontecimientos políticos contingentes, logran acaparar monopólica e informalmente la atención pública y, bajo determinadas circunstancias, habilitan la intervención de la ciudadanía en el proceso político.

Ahora bien, a partir del análisis de las condiciones que marcaron la tendencia a la formación de una ciudadanía caracterizada por la apatía e indiferencia hacia la política durante la década de los noventa, Sergio Caletti (2003) advertía que términos como “despolitización”, “apatía”, “incredulidad” o “rechazo”, se habían naturalizado antes de ser plenamente comprendidos (p. 86). Dado que la ciudadanía “se constituye como tal en el espacio de lo público, la instancia por excelencia de articulación, disputa y controles mutuos entre el Estado y la sociedad de particulares”, es en las mutaciones de este proceso de constitución donde debería “indagarse por su ‘abandono’ de la política” (p. 100). En tal sentido, puede proponerse que, así como bajo la gubernamentalidad neoliberal se promovió el funcionamiento de una economía de mercado sin laissez-faire, que hizo del mercado un espacio sometido a una intervención permanente, para poder ejercer un control sobre los efectos producidos por la cohabitación de los ciudadanos en la esfera pública, se procedió además a una paulatina desarticulación de lo que había sido el acople, característico de la democracia moderna, entre lo político y lo público, generando la constitución de una paradójica esfera pública sin debate ni conflicto.

Hacia mediados de la década del ochenta Badiou (1985), observando y tomando nota del creciente desencanto de la ciudadanía con la política, caracterizó al fenómeno como una situación en la cual la política parecía haber entrado en la apariencia de su ausencia:

Incluso cuando se la menciona, con referencia a lo que ocurre –a las elecciones, el parlamento, los sindicatos, la presidencia, a declaraciones televisadas, viajes pomposos–, todos saben, con un saber en el que las palabras son irresponsables, que se trata de un escenario ahora destinado a otros fines, del que provienen ciertos signos, pero signos cuya uniformidad es tal que en ella sólo puede empalmarse un sujeto automático, despojado de todo deseo. (Badiou, 1985: p. 7).

Cabe señalar que el término apariencia no significa aquí que el ausentamiento de la política haya sido un fenómeno aparente, entendido esto último como algo diferente de la realidad. De lo contrario, los análisis que describieron en aquel momento la disipación del conflicto social y político –incluido el suyo propio– podrían considerarse poco más que una mera ilusión. Más bien, lo aparente a lo que alude la expresión resulta identificable con lo que aparece, en el sentido en el que lo empleaba Arendt (2009) cuando caracterizó a la esfera pública como un espacio plural del mutuo aparecer de los unos ante los otros. La apariencia era entendida por la filósofa alemana como constitutiva de la realidad, en el sentido de que todo lo que aparece en el espacio público puede ser visto y oído por todo el mundo: “Nuestra sensación de la realidad depende por entero de la apariencia, y, por lo tanto, de la existencia de una esfera pública en la que las cosas surjan de la oscura y cobijada existencia” (p. 60).

Si la apariencia refiere entonces a algo que toma presencia frente a los ojos, que la política parezca haber entrado en la apariencia de su ausencia quiere decir que, con el desbloqueo del neoliberalismo, se produjo un “eclipsamiento” del espacio de lo visible, que las discusiones alrededor de las cuestiones de interés general fueron reemplazadas por un proceso de toma de decisiones que pasó a realizarse a espaldas de los ciudadanos, y que operó ocultamente, más allá del espacio público donde se construye el mundo común. O en otros términos, que la esfera pública dejó de ser la instancia por excelencia de las divergencias y la confrontación entre los distintos puntos de vista en el abordaje de los problemas en común, para dar lugar a la instauración de una perspectiva del mundo donde los asuntos públicos comenzaron a ser vistos sólo bajo un aspecto y presentados únicamente bajo una sola luz.

Algunos analistas suelen emplear la expresión “eclipse de lo político” para referirse a este proceso. Ronald Beiner (1987), por ejemplo, hablaba de la crisis de la política en estos términos: 

Convencidos de que la administración del sistema político es prerrogativa de expertos especialmente calificados y que la opinión del ciudadano ordinario no satisface los cánones de racionalidad establecidos, los potenciales ciudadanos se retiran a su propio dominio privado, donde surgen la frustración y el malestar político. (Beiner, 1998: p. 20).

Sin embargo, lo que Beiner designaba como “frustración” o “malestar político” no debe interpretarse simplemente como la expresión de un estado de ánimo o el resultado de una cuidadosa reflexión. Desde la perspectiva que se viene exponiendo, es importante subrayar que la actitud de apatía e indiferencia debe más bien ser considerada como el correlato inseparable de las transformaciones introducidas en el espacio donde se constituyen las ciudadanías.

Para comprender mejor la naturaleza de este fenómeno, se puede pensar en la distinción que, en referencia al espacio público moderno, Arendt ha establecido entre problemas sociales y cuestiones políticas. La autora aclaraba el significado de esta diferenciación, presente a lo largo de su obra, de la siguiente manera:

Hay cosas cuya justa medida podemos adivinar. Tales cosas pueden ser realmente administradas y, por tanto, no son objeto de debate público. El debate público sólo puede tener que ver con lo que –si lo queremos destacar negativamente– no podemos resolver con certeza. Por otra parte, si lo pudiésemos resolver con certeza, ¿para qué necesitaríamos reunirnos? (Arendt, 1998a: p. 152).

De acuerdo con esto, un problema social sería, por ejemplo, el de la vivienda: “No debería haber debate alguno alrededor de la cuestión de que todo el mundo deba tener un alojamiento adecuado” (p. 153). El asunto queda, así, excluido del terreno político. El debate político sólo tendría lugar en la medida en que surjan diferentes puntos de vista desde los que se pueda contemplar el problema: “la cuestión de si esta vivienda adecuada significa integración o no es sin duda político” (p. 153).

Ahora bien, volviendo al escenario de finales del siglo XX, se puede afirmar que, con la desvinculación entre espacio público y política, los asuntos políticos comenzaron a dirimirse bajo un criterio puramente administrativo. Dicho en otros términos, esta transformación se plasmó, en primer lugar, en la retirada del espacio de lo público del debate político, convirtiendo todos los asuntos de interés común en problemas técnicos. Bajo el supuesto de que existía una única realidad política que podía ser analizada a través de métodos científicos, la razón gubernamental neoliberal logró convertir progresivamente la discusión pública en una materia sometida al saber de expertos que consideraban las soluciones de los problemas comunes como verdades perfectamente demostrables. Como ha señalado Gastón Beltrán (2005):

el saber tecnocrático no deja lugar para el debate, ya que sus aportes no son planteados como visiones parciales sino como verdades absolutas y científicamente demostrables. Los diagnósticos de los problemas, así como las soluciones, son mostrados como el resultado de la aplicación de un conjunto más o menos estandarizado de modelos econométricos científicos y objetivos, que resultan inhibitorios de cualquier discurso que no posea el mismo instrumental técnico. (Beltrán, 2005: p. 28).

El traslado de la toma de decisiones política a manos de administradores o técnicos, a partir de la suposición de que la creciente complejidad y especialización del proceso de toma de decisiones políticas estaba más allá de la competencia del individuo común, condujo, por otra parte, a un paulatino alejamiento de la ciudadanía con respecto a la política. En aquellos espacios que en otra época se habían erigido como escenarios del debate, la confrontación y el conflicto alrededor de las cuestiones de la cosa pública, se fue expandiendo, como observó Rancière (1996), “la opinión desencantada” de que había poco para deliberar y que las decisiones se imponían por sí mismas, “al no ser el trabajo propio de la política otra cosa que la adaptación puntual a las exigencias del mercado mundial y el reparto equitativo de los costos y beneficios de esta adaptación” (p. 6).

En este punto, se puede retomar la preocupación por las condiciones que facilitaron la desarticulación entre espacio público y política en Argentina. Al respecto, Beltrán situó a la crisis económica de 1989 como un punto de inflexión:

Los meses que precedieron a la renuncia del entonces presidente Raúl Alfonsín se caracterizaron por un proceso inflacionario fuera de control –con valores que rondaban, en promedio, el 250% mensual–, un gobierno sin capacidad de controlar los procesos políticos y económicos y una tensa situación social, de la cual los saqueos a supermercados y la represión policial son los recuerdos más firmemente grabados en la memoria colectiva. (Beltrán, 2005: p. 9).

Aunque las reformas estructurales ya formaban parte del debate durante los años ochenta, no fue sino hasta la década siguiente, fundamentalmente a partir del apoyo irrestricto que recibieron de una parte importante del empresariado argentino, que comenzaron a hacerse efectivas. Así, las privatizaciones de empresas públicas, la apertura de la economía, la desregulación de los mercados, y el “achicamiento” del Estado, aparecieron en la escena política de esos años como los remedios infalibles para los problemas de la Argentina.

Según Beltrán, las razones de la creencia empresarial en las soluciones propuestas por el neoliberalismo están relacionadas con los procesos que tuvieron lugar en el plano internacional donde, tanto en términos políticos como económicos e ideológicos, el liberalismo salió victorioso tras el colapso del socialismo soviético. Sin embargo, reconocía que el contexto internacional no explicaba por sí sólo cómo estas ideas, impulsadas entre otros por los organismos multilaterales de crédito, entraron y fueron interpretadas y resignificadas localmente. Fue la forma en que ciertas ideas fuerza neoliberales crecieron en legitimidad durante esos años, lo que lo llevó a pensar, a su vez, en el papel de los intelectuales como “difusores o propagadores de ideología” (p. 14).

De esta manera, el foco puesto en los intelectuales expertos le permitió arrojar luz sobre la forma en que el neoliberalismo fue aceptado como válido no sólo por el conjunto del empresariado (lo que se explicaría por la creciente influencia que los economistas comenzaron a tener internacionalmente y, en el contexto argentino, por el modo en que la economía como problema pasó a ubicarse en el eje de los debates y planteos, dándole mayor importancia a la disciplina que se ocupaba específicamente de estos temas) sino también por las elites gubernamentales y por amplios sectores de la sociedad. Por un lado, Beltrán esclareció el papel que cumplieron las redes de economistas e intelectuales como intermediadores entre los organismos financieros y otros centros de producción de ideología neoliberal y los encargados de la toma de decisiones políticas a nivel local:

Las redes de expertos se articulan en un conjunto de think tanks (o “tanques de pensamiento”), fundaciones y consultoras que cuentan con un staff de intelectuales encargados de la producción de un tipo particular de saber. La influencia de estos espacios de generación de saber experto se evidencia en el hecho de que “todo político o funcionario con aspiraciones, todo tomador de decisiones de alto rango, cuenta con un think tank que lo provee de ideas, lo asesora con propuestas, lo conecta con las corrientes de pensamiento internacional o lo apoya con datos e información en el debate político. (Beltrán, 2007: p. 31).

Por el otro, centró la atención en la “aceptabilidad” de las ideas neoliberales por parte de la sociedad civil. Propuso, como una manera de evaluarla, pensar en qué medida fueron recibidas por la opinión pública:

Por ejemplo, el programa Tiempo Nuevo, dirigido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, semanario televisivo de clara orientación liberal (…), era por esos años el programa de periodismo político de mayor audiencia. Aunque el mero “consumo” de ese programa no indica necesariamente afinidades ideológicas, sí proporciona un indicio del tipo de discursos que eran pronunciados sin producir un profundo rechazo. (Beltrán, 2005: p. 14).

Siguiendo esta misma línea de análisis, Ezequiel Adamovsky (2009) ha señalado cómo junto a esos periodistas, los economistas se convirtieron en los opinadores más requeridos en los medios: “Desde sus programas de radio y TV y sus columnas en los diarios explicaron pacientemente durante años que los problemas del país tenían que ver con la excesiva intervención de la política y del Estado en la economía” (p. 422). Así, la intensa campaña de propaganda habría permitido convencer a la sociedad no sólo de que los ajustes eran necesarios, sino también de la racionalidad de las medidas y las decisiones. No obstante, y sin demérito de estas interpretaciones, es importante tomar en cuenta que la posibilidad de irradiación de estas voces no hubiera sido posible sin el marco de reconfiguración del mapa de medios, inclinado hacia un proceso de privatizaciones y concentración de la propiedad.^[20]

Por otra parte, la inviabilidad del proyecto neoliberal tal como pretendió ser instaurado paulatinamente se hizo cada vez más evidente. Cuando los desastrosos efectos del neoliberalismo en Latinoamérica se hicieron sentir de forma más dramática, la indiferencia ciudadana fue abriendo paso a un profundo malestar expresado de manera explícita en una pérdida generalizada de confianza en la capacidad de los políticos profesionales para la toma de decisiones. En Argentina, algunos trabajos llamaban la atención sobre la crisis de legitimidad no sólo de quienes integraban la clase política sino del sistema político en su conjunto:

El llamado desprestigio de la clase política y su falta de credibilidad, son latiguillos que a fuerza de reiterarse en los medios masivos, en los pasillos o en la conversación cotidiana, han adquirido cierto estatuto de naturalización. Decenas de sondeos miden la magnitud de este fenómeno semana a semana, mes a mes. Casi nadie discutiría ya que se trata de un nuevo elemento del paisaje político que ha llegado para quedarse, al menos por un buen tiempo. (Caletti, 2003: p. 91).

Aun así, resulta importante señalar que el creciente rechazo ciudadano a la política no significó la disipación de los movimientos de protesta. Por el contrario, muchos de esos estudios registraron una multiplicidad de reclamos y movilizaciones populares, protagonizadas fundamentalmente por nuevos actores sociales. Por ejemplo, tal como concluyeron Federico Schuster y Sebastián Pereyra (2001) en un trabajo sobre la protesta social en la Argentina durante la década del noventa, la abundante movilización de recursos colectivos hallada, presentaba “un carácter marcadamente diversificado”, “con rasgos claros de localización y singularidad”, y por ende, “con alta fragmentación y escasas posibilidades de construir sujetos unificados de acción” (p. 59). Del mismo modo, Caletti (2003) caracterizó a esa gran cantidad de manifestaciones de protesta principalmente por su carácter efímero, por no poseer organizadores visibles o reconocidos y por sostener reivindicaciones muy puntuales e inmediatas.^[21]

En definitiva, en términos generales, la consecuencia más importante de la crisis de la política no radicó en la desaparición de toda forma de intervención ciudadana en el espacio público sino, más bien, en una serie de movimientos complejos. Ciertamente, el análisis del papel de los intelectuales en torno a la producción de “efectos de verdad”, como los llamaría Foucault (2007), permite vislumbrar cómo se interpusieron e interfirieron entre las instancias de toma de decisiones políticas y el ciudadano común, contribuyendo en alguna medida a su paulatino alejamiento de las preocupaciones políticas. Asimismo, los datos sobre la protesta social en esos años evidencian el tránsito de una ciudadanía orientada hacia los intereses colectivos, a una ciudadanía preocupada por la defensa de derechos particulares o privados. Sin embargo, resulta poco conveniente una interpretación apresurada que limite esta reconfiguración subjetiva a una mera aceptación pasiva. En los términos que ha sido argumentado, resulta clave reconocer la presencia de actitudes que no sólo involucraban una reclusión apática en el espacio de la vida privada sino, en muchos casos, también resultaban expresión de posiciones que fueron estableciendo mayores o menores distancias con el nuevo ordenamiento.

En ese marco, como se vio en el apartado anterior, se dieron ciertas adhesiones tácitas, o eventualmente más explícitas, al menemismo y su modelo socioeconómico. En ese respaldo es posible encontrar huellas impregnadas también de otras tradiciones previas, antiplebeyas pero que, a su vez, permiten tender conexiones entre estas últimas décadas del siglo XX y las escenas posteriores a lo que podría caracterizarse como un proceso de reactivación de la política en un sentido complejo, heterogéneo, muchas veces reñido con una actividad emancipatoria. Como se verá a continuación, en esta línea puede interpretarse la emergencia del sujeto neopolítico (Schtivelband, 2016) en el marco del conflicto agropecuario de 2008 en Argentina.