3.1. Interrogantes acerca del conflicto agrario en el marco de la renovada escena latinoamericana

A pocos años del inicio del nuevo siglo, en los debates políticos y académicos en torno del panorama latinoamericano, fueron cobrando fuerza ciertos puntos de vista que postulaban un regreso de la política y sus temáticas a la vida cotidiana. Estos enfoques se apoyaban en una serie de acontecimientos políticos que venían teniendo lugar en algunos países de la región, cuyo eje estaba anclado en el resurgimiento de la participación de la ciudadanía en la formulación de demandas vinculadas con los asuntos de la vida en común, en contraste con la apatía generalizada con que a menudo se caracteriza a los años noventa. En una intervención pública en 2012, el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi se refería de esta manera a los cambios que se habían venido produciendo en la región y, particularmente, en la Argentina:

Lo que me parece que ha ocurrido en el último tiempo, tal vez no sólo en la Argentina, quizás es un fenómeno más amplio, pero en la Argentina de un modo muy visible, es un estallido o una profundización de un conjunto muy variado de militancias, entre las cuales, la de los sectores juveniles, universitarios o no, sin duda tiene un relieve importante y una especial visibilidad. Llama la atención la aparición en el espacio público de maneras muy notorias y muy entusiastas de una cantidad de jóvenes, participando muy activamente en una vida política que hasta hace no mucho tiempo los rechazaba o los repelía. Una década y poco, podríamos decir, en que había un movimiento más bien de rechazo, de condena del mundo de la política, del mundo de los políticos, a los que se percibía monolíticamente como una manga de corruptos, como una manga de tipos que se tenían que ir todos, a un compromiso con la vida pública, con los debates públicos, con el propio funcionamiento del aparato del Estado. Hay como una recuperación del valor positivo de la política como actividad, del discurso político como palabra hoy autorizada para construir una narrativa diferente a la que construía tradicionalmente el discurso de los medios, el discurso de lo técnico-económico. Cuando uno se acuerda del modo en que se discutía de política en este país hace quince años, en los que los políticos casi no abrían la boca si no era para decir a cuánto estaba esa mañana el riesgo país.^[1] Es decir, había una colonización muy fuerte del discurso de la política por el discurso técnico-económico neoliberal. Y lo comparo con lo que pasa hoy, cuando al revés, ya no hay casi economista que no hable como el político que es. Hay una comprensión del carácter político de la actividad económica, del carácter político de las discusiones diversas que tenemos en los espacios públicos, y eso ha producido manifiestamente un tipo de enamoramiento en amplios sectores sociales, juveniles y no juveniles. (Rinesi, 2012: s/p.).

Para el autor, esta recuperación del valor positivo de la política –asociada a su retorno–, supuso una serie de novedades temáticas y expresivas en las manifestaciones de la militancia política respecto tanto de las prácticas militantes de los años ‘70 como de las culturas políticas de los ‘80. Estas novedades en algunos casos coexistían, en otros se fusionaban, con formas y prácticas de larga data. La proliferación de organizaciones políticas, sociales, culturales, de manifestaciones en el espacio público urbano, de intervenciones en nuevos medios, tales como redes sociales, de temáticas vinculadas a demandas de la sociedad civil, entre otras cuestiones, parecía dar cuenta de esa suerte de enamoramiento que mencionaba Rinesi.

Lo cierto es que las novedades temáticas y expresivas no alcanzaron tan sólo a actores políticos previamente constituidos sino que una de las particularidades de ese proceso radicó en una ampliación que recuperaba la preocupación por los asuntos comunes que supuso además el involucramiento de sectores que hasta poco tiempo atrás se habían autoexcluido de la esfera pública o que directamente se habían sentido ajenos a las historias y memorias colectivas de lucha.

Así, frente a este escenario inevitablemente surgió el siguiente interrogante: ¿en qué medida puede considerarse que una intervención en esa esfera pública ampliada pueda asumirse como realmente “política”? Ligado a ello, ¿en qué medida la/s subjetividad/es que dio/dieron base a la participación de esos nuevos actores pueden ser consideradas realmente “política/s”? ¿Es factible leer estos procesos que fueron sucediéndose en América Latina como un abandono definitivo del modo de constitución de una ciudadanía marcada por la apatía, el individualismo y el neoliberalismo?

Si para determinar las condiciones bajo las cuales se produjo el ausentamiento de la política se propuso orientar la reflexión hacia el lugar mismo de la desaparición, para constatar que la política haya vuelto a ocupar el lugar que había abandonado, o en todo caso, para acreditar la modalidad de ese retorno, habría que interrogarse por los sujetos que se constituyeron en las nuevas condiciones que presentaba el espacio público.

Convendría enfatizar que esta ampliación del espacio de lo público no solamente comprendió a los actores que se encontraron con ese enamoramiento de la política. La ampliación se evidenció en el desplazamiento de las temáticas de los medios de comunicación y en el eclipsamiento de los discursos político-tecnocráticos, pero también, en el involucramiento de una parte de la sociedad en discusiones cotidianas y en controversias políticas coyunturales de mayor jerarquía, que revistieron formas de participación más cercanas a la resignación o al rechazo que al enamoramiento. Como también afirmaba el propio Rinesi, no se trató solamente de una relación de enamoramiento: la política asume inexorablemente el conflicto entre los hombres. De modo que el regreso de la política no puede asociarse tan sólo a las valoraciones positivas u optimistas respecto de la potenciación de algunas prácticas sino que lo que pone en el centro de la cuestión es el retorno a la centralidad del conflicto político. Y, en el caso de la Argentina, ese conflicto se define fundamentalmente en términos de un antagonismo entre peronismo y antiperonismo, antagonismo que guarda una larga historia previa y que signó los últimos setenta años de la historia del país.

Como se ha señalado previamente (véase Parte 1, Capítulo 2), el eclipsamiento de la política de los ‘90 había arrasado con las controversias constitutivas de la política argentina, al punto de que, como sostuvo el filósofo Ricardo Forster (2008), la clase media, tradicionalmente antiperonista, “primero con cierta desconfianza nacida de su gorilismo visceral pero luego francamente entusiasmada por los viajes a Miami, los teléfonos celulares y la posibilidad de disfrutar de la ficción primermundista, acompañó a (quien era entonces presidente, Carlos) Menem” (p. 16). Si bien su retorno supuso la conformación de nuevas modalidades subjetivas en lo que refiere a la cuestión de las particularidades que adquirieron en la nueva escena –tras varios años de neoliberalismo y eclipsamiento de la política–, no quiere decir que carecieran de memorias históricas y/o, en algunos casos como el de la clase media, de hostilidad hacia el peronismo.

Estas últimas apreciaciones ponen de manifiesto la preocupación central de esta segunda parte del trabajo (que retoma el trabajo de investigación previo), relativa a la caracterización de la subjetividad de quienes, alejados del fragor de la militancia, en aquellas circunstancias decidieron intervenir en la arena pública. De la mano de lo cual surgieron una nueva serie de interrogantes: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que hicieron a la constitución de esa nueva subjetividad?, ¿qué interlocución estableció con el discurso neoliberal de los ’90?, ¿de qué manera su emergencia incidió en la configuración de las nuevas identidades colectivas que surgieron en este contexto?, ¿qué forma adquirió esa nueva modalidad de intervención en la esfera pública, y en qué difirió de los modos de la participación ciudadana registrados durante los años noventa?

Para avanzar sobre estas cuestiones, se tomó como caso paradigmático al denominado “conflicto del campo”, que tuvo lugar en la Argentina en el año 2008, a partir de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciara la Resolución N° 125 sobre retenciones móviles.  

El conflicto con los productores agropecuarios por la política de derechos a las exportaciones se originó hacia comienzos del mes de marzo, tras el anuncio del por entonces ministro de economía, Martín Lousteau, de un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de granos. La norma consistía básicamente en un aumento de las alícuotas para la soja y el girasol así como la implementación de un sistema de retenciones móviles que permitía subir o bajar el porcentaje del impuesto de acuerdo con la evolución de los precios de los granos, lo cual generó la reacción de las cuatro principales entidades patronales del campo –Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)–, que respondieron con un llamado al cese inmediato de actividades. La medida de fuerza impulsada por la dirigencia rural contó rápidamente con la adhesión de los productores, quienes en señal de protesta se movilizaron y bloquearon rutas en decenas de localidades del interior, afectando la comercialización de carnes y granos en todo el país. La negativa del gobierno a negociar mientras durara el lockout y el endurecimiento de la posición de los productores agropecuarios contribuyeron a que el enfrentamiento se prolongara en el tiempo y adquiriera notoria trascendencia y proyección pública.

Con el pasar de los días, la circulación en los medios de comunicación de las diferentes posiciones y opiniones de los actores vinculados a uno y otro sector, así como de otros actores sociales o políticos de peso, logró despertar el interés de una parte considerable de la población que comenzó a implicarse en una infinidad de discusiones referidas a una amplia gama de cuestiones que iban desde el correcto o incorrecto manejo gubernamental del conflicto, el carácter confiscatorio o redistributivo de la medida, la conveniencia o no de la intervención del Estado en la renta privada, hasta el modelo de país que se pretendía construir. En un escenario convulsionado por la generalización de una disputa no exenta de desafíos cruzados y acusaciones por la prolongación de los cortes de ruta, la paralización y el desabastecimiento de alimentos, el empresariado rural fue cosechando un conjunto de adhesiones de distintas figuras políticas así como el apoyo de sectores urbanos medios y altos que, en reiteradas oportunidades durante el transcurso del conflicto, se manifestaron con cacerolas y bocinazos en las calles de las principales ciudades del país.

Ante el fracaso de cualquier intento de acercamiento de posiciones y en un clima de creciente tensión por el incremento de las protestas a favor de “el campo” y la intensificación de actos y manifestaciones de apoyo al gobierno, hacia mediados de junio, la Presidenta envió el proyecto de retenciones móviles para ser discutido y votado en el Congreso Nacional. Durante las últimas etapas del conflicto, la capacidad de las entidades agropecuarias y del gobierno para lograr la adhesión de distintos sectores de la sociedad ganó mayor alcance y se llegó al tramo final de la discusión en el Senado con una fuerte polarización sociopolítica y un grado significativo de intensidad en la disputa. La crisis desatada por las retenciones móviles terminó por establecer una frontera interna en la sociedad que contribuyó a la configuración de dos grandes agrupamientos sociales definidos, básicamente, por el apoyo o rechazo a la Resolución 125.

Los actos masivos realizados en Buenos Aires el día anterior al tratamiento legislativo del proyecto mostraron, por un lado, la confluencia de sindicatos, movimientos sociales, intendentes del conurbano y ciudadanos independientes apoyando, bajo la consigna de “más democracia en defensa de la mesa de los argentinos”, las retenciones móviles; por el otro, con expresiones como “el campo somos todos” y otras consignas que identificaban al campo con la esencia de la argentinidad, a los ruralistas, miembros de la oposición, organizaciones gremiales y sectores medios sin vínculo aparente con la actividad agrícola, movilizados en desacuerdo con la Ley.

Ahora bien, los motivos por los cuales se eligió este caso responden no tanto al grado de “virulencia” de la protesta en torno a las retenciones móviles –los cacerolazos y piquetes ocurridos en la Argentina durante la crisis político-institucional de 2001 alcanzaron incluso una intensidad mayor– sino al fuerte impacto que generó, particularmente, en una parte importante de la clase media porteña que no tenía intereses económicos o de otro tipo con el campo y que, sin embargo, se vio involucrada y participó en actos y manifestaciones en apoyo a los productores rurales reivindicando cierta concepción republicana^[2]. Se trata de un sector social que no sólo se mantuvo absolutamente al margen sino que repudió las protestas sociales de la década del noventa (cortes de ruta, piquetes, etc.). Incluso, tampoco se trataría estrictamente del mismo sector de la clase media que tuvo una participación en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y sostuvo su participación en movilizaciones y asambleas. Como sostiene Adamovsky (2009), en aquella oportunidad los protagonistas fueron sectores medios y bajos que probablemente tenían historias previas de lucha y no habían salido beneficiados por el modelo neoliberal.^[3] En cambio, aquellos sectores de la clase media que consiguieron mantener o mejorar su posición social en medio de la debacle del país, lejos de sumarse a los cacerolazos y las movilizaciones callejeras, “prefirieron quedarse encerrados y reforzar las medidas de seguridad” (p. 458). Cuestión que marcaría una diferencia sustancial en lo que respecta al conflicto del 2008: en esa ocasión, quienes se sintieron “afectados” por los problemas comunes fueron los sectores que hasta ese momento se habían mantenido ajenos a cualquier discusión en la arena pública.

Estas observaciones condujeron a la hipótesis que guió el trabajo previo: en el marco del complejo proceso de repolitización en la región, la ampliación de la preocupación por los asuntos comunes, que en la Argentina llegó a involucrar a sectores que hasta poco tiempo atrás se habían autoexcluido de la esfera pública, permitió la emergencia de un tipo de subjetividad que –a falta de un término más preciso– se propuso denominar neopolítica. El prefijo neo procuró remitir, de manera tensa, a una doble caracterización: por un lado, buscaba aludir a la incorporación de esos actores a la esfera pública y su involucramiento en discusiones y controversias de índole político, pero por el otro, sugería la persistencia, en la subjetividad de esos mismos actores, de disposiciones afectivas provenientes de una configuración de larga data –cristalizadas en una identidad de clase media asociada a posiciones con un fuerte componente antiperonista– sobre las cuales operaron durante la década del noventa modos de identificación y participación ciudadana configurados por el modelo neoliberal. Tanto la periodización como la línea interpretativa que sustentó esta hipótesis resultan fundamentales a la hora de avanzar en los posteriores derroteros en torno de la cuestión de la subjetividad política, sobre los que se centra el presente trabajo.

Cabe recordar que, particularmente durante el conflicto por las retenciones móviles, se asistió no sólo a una disputa de ingresos entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias sino, además, a una lucha respecto de la significación del conflicto que comprometió a un amplio abanico de actores. Una serie de voces representantes de los diversos sectores involucrados (funcionarios, dirigentes rurales, actores sociales o políticos de peso)– confluyó en una esfera pública sometida a una fuerte tensión producto de la oposición entre modos contradictorios de apreciar la situación y la deliberación abierta acerca de cuestiones tales como la política fiscal utilizada por el Gobierno nacional, la elaboración e implementación de las políticas públicas o los alcances y los límites en la relación entre Estado y mercado.

Los medios masivos de comunicación operaron haciendo circular y cristalizando una serie de opiniones y creencias, que lograron interpelar a una parte importante de los argentinos, entre ellos, a un sector de la clase media porteña con débil o ausente preocupación por los asuntos públicos. Concretamente, la emergencia de un discurso en el cual “la esencia de la argentinidad”, “la defensa de la institucionalidad”, “la voluntad de diálogo”, aparecían amenazadas por “el autoritarismo gubernamental” y “la violencia política”, proporcionó las condiciones para la adhesión de esos sectores medios a los reclamos de “el campo”. La efectividad de estos significantes radicó en que no se limitaron a operar solamente en el nivel cognitivo, sino que lo hicieron además en la dimensión afectiva de la subjetividad. Ese discurso habilitó la irrupción del contenido individualista y antiplebeyo característico de la identidad de la clase media argentina (expresado en buena medida como “odio al peronismo”), pero además supuso la reactualización de un tipo de subjetividad propia del orden neoliberal (para la cual la fantasía de una “vida buena” o una “sociedad justa” –ficciones de un estado futuro en el que se superarían las limitaciones que en el presente frustran su disfrute– pasaría por la defensa y la reivindicación de las libertades individuales por sobre la construcción de la comunidad, la preeminencia de la lógica del mercado y el rechazo a la política como vía de regulación de la vida social).

3.2. Una mirada retrospectiva del conflicto

En el marco del mencionado proceso de ampliación del espacio de lo público, durante los cuatro meses que duró el conflicto por la Resolución 125, representantes de los distintos sectores involucrados cobraron visibilidad en una esfera pública sometida a una fuerte tensión producto de la confrontación entre distintos puntos de vista sobre los cambios en la política de retenciones a las exportaciones agropecuarias y la manifestación de visiones alternativas acerca de las políticas agroalimentarias necesarias para el país. La prensa y los programas periodísticos motorizaron la circulación de las diferentes opiniones y formas de evaluar la situación que, con el correr de los días, lograron acaparar la atención de una ciudadanía que hasta ese momento había permanecido indiferente a los asuntos políticos. De esta manera, el conflicto se fue convirtiendo paulatinamente en objeto de debate público y una parte significativa de la sociedad optó al final por tomar partido por uno u otro contendiente, llegando incluso a participar en marchas y manifestaciones e involucrarse en el proceso político.^[4]

Lesgart y Souroujon (2008) describieron algunos de los cambios en la práctica de gobierno producidos a partir de la crisis del neoliberalismo y del resurgimiento de los regímenes nacional-populares en la región. Tomando como referencia los casos de Argentina, Bolivia y Venezuela, el estudio mostró cómo y en qué dirección esos cambios llevados adelante en aquellos años incidieron en el sentido de la idea de política (y su relación con la democracia liberal) construida en las décadas del ochenta y noventa bajo la programación neoliberal.

La primera novedad que se notó fue el regreso de la conflictividad en esos tres países. Contrariamente a la gubernamentalidad neoliberal, que intenta neutralizar los conflictos, la hostilidad convertida casi en estilo de gobierno no fue “percibida como un rasgo negativo o como una cualidad de la que la política democrática deba prescindir en pos de alcanzar consenso” (2008: p. 36). En ese sentido, señalaban cómo, a diferencia del clima político-cultural de los años noventa, la política se tornó más confrontativa y, de esa forma, se desplegó el conflicto en el espacio público.

Un segundo aspecto considerado fue el del retorno del Estado. Los autores encontraron que los tres gobiernos parecían devolver al Estado una capacidad para darle sentido a la vida social y a la idea de que había algo que era “común a todos” (p. 38), lo que contrastaba abiertamente con las medidas adoptadas durante el período neoliberal, que había promovido la institución de una definición de la vida en común basada en la mera yuxtaposición de intereses particulares, absolutamente opuesta al sentido de la comunidad. Propusieron como ejemplo para pensar el regreso del Estado como símbolo de lo “común”, la construcción del discurso en torno a la renacionalización o estatización de las empresas privatizadas en los años noventa, donde partiendo de la idea de la “soberanía de los recursos naturales”, se planteó cómo un Estado-nación podía construir un “nosotros” frente a un “otro” (representado, en el caso de Argentina, por Estados Unidos, ciertos organismos de crédito internacional o las políticas derivadas del llamado “Consenso de Washington”).

Esta cuestión permitió revelar además otro fenómeno en el que repararon Lesgart y Souroujon: el retorno de la identidad, es decir, la forma en que discursivamente los presidentes de esos tres países,^[5] en lugar de apelar al ciudadano representado por el Estado en sus derechos civiles y políticos, parecieron interpelar sujetos colectivos. La distinción “no es menor a la hora de diferenciar entre una democracia liberal atenta a la racionalidad y responsabilidad de los actores y una democracia que atiende a identidades, que en su marcha se vuelve menos liberal” (p. 40). En este sentido, podría entenderse que para esos tres presidentes la política ha tenido más relación con la movilización de las pasiones y menos con la argumentación racional dirigida a individuos.

El viraje dejó en evidencia el resquebrajamiento de ciertos supuestos fundamentales del neoliberalismo. Un mayor peso del intervencionismo estatal, la revalorización del conflicto, los intentos de construir identidad a partir de rasgos comunes y la apelación a las creencias u opiniones, resultaron ser algunos de los factores que determinaron que, durante los años previos a la crisis desatada en 2008 por la Resolución 125, la dimensión política y conflictiva cobrara centralidad frente al peso de la economía y de la administración o gestión de los asuntos público-políticos propio de los años noventa. Uno de los signos de este cambio pudo encontrarse en el modo en que los programas periodísticos de los medios de comunicación se mostraron como escenarios de debate sobre temas políticos y asuntos públicos, presentando cierto desplazamiento del discurso monocorde de los economistas neoliberales.^[6]

Respecto de esta última cuestión, como se ha dicho, si bien la participación de los medios de comunicación motorizó la circulación y cristalización de diferentes opiniones y formas de evaluar la situación de modo que con el correr de los días el conflicto deviniera en objeto de debate público y de involucramiento de una parte significativa de la ciudadanía, esta participación, lejos de desplegarse como una suerte de caja de resonancia neutral, potenció la conflictividad del caso dada la capacidad de los medios para imponer agenda, configurar marcos de percepción y reforzar creencias sociales. El alcance de ciertas interpretaciones mediáticas incidió también en la audiencia a la hora de tomar partido por uno u otro contendiente, incluso en decidir la participación en marchas y manifestaciones e involucrarse en el proceso político. Ciertos medios hegemónicos tenían –y tienen aún hoy– intereses económicos directos ligados al sector agrario.^[7] Por otra parte, las intervenciones de los medios tuvieron correlato con una disputa que por esos días comenzaba a tomar forma respecto del Gobierno nacional y que en el 2009 tendría su punto más álgido con la sanción de la Ley de Medios.

Este nuevo acoplamiento entre espacio público y política llevó a reconsiderar el modo en que las transformaciones referidas impactaron particularmente en la subjetividad de aquellos sectores sociales –principalmente de clase media urbana– que, en virtud de su constitución como “empresarios de sí mismos”, se habían sustraído a la dimensión política de la propia vida social.

En el Capítulo 2, tras la caracterización –fundamentalmente en términos de Foucault– del despliegue del neoliberalismo en las últimas décadas del siglo XX, se hizo mención a la implementación que encontró en la Argentina evidenciado, entre otros aspectos, en el desacople entre espacio público y política. Esto fue posible mediante un intervencionismo social dirigido a transformar la naturaleza y la forma de los lazos entre los individuos. Frente a ese panorama, se delinearon dos nuevos interrogantes. Por un lado, ¿qué relaciones se establecieron entre las transformaciones de esos lazos durante la década del noventa y las identidades colectivas previamente constituidas? Por otro lado, y como cuestión fundamental de este trabajo, ¿qué especificidades se recortaron con posterioridad a esa década en lo concerniente a los procesos de subjetivación y la conformación de identidades colectivas en el nuevo escenario?

Uno de los muchos factores que contribuyeron para hacer viable la aplicación de las políticas neoliberales fue la manera en que se habían ido formando las identidades sociales y políticas durante las décadas previas, especialmente, “la expansión de la identidad de ‘clase media’, con su fuerte contenido individualista y antiplebeyo”:

El neoliberalismo en Argentina sólo pudo instalarse en un contexto de honda fragmentación social que fue necesario fabricar previamente. El terrorismo de Estado de los militares hizo parte del trabajo. Otro tanto hicieron las transformaciones socioeconómicas. Pero fueron los cambios en el nivel de la cultura y de las identidades los que terminaron de preparar el camino, dividiendo y separando a la masa de los argentinos del común. (Adamovsky, 2009: pp. 430-431).

Esas divisiones fueron inicialmente fomentadas por la elite hacia principios de siglo XX, cuando fue indispensable “rearmar las jerarquías sociales que habían sido erosionadas tanto por los cambios económicos y demográficos como por las intensas solidaridades populares que venían tejiéndose” (p. 58). La operación político-cultural que realizó la clase superior consistió en una redefinición de la ciudadanía, es decir, “del conjunto de normas que establecen quién tiene derechos políticos y cómo se supone que debe ejercerlos” (p. 59). Lo cual apuntaba a “crear o reforzar jerarquías sociales y contrarrestar los vínculos de solidaridad que se estaban creando entre gente de diferente condición” (p. 86). Asimismo, “tenía la ventaja de lograr que algunos grupos sociales, sin ser ellos mismos de la clase superior, se identificaran sin embargo con su estilo de vida y con sus valores, separándose de ese modo del pueblo más bajo” (p. 115).

La manera en que los sectores medios se imaginan a sí mismos y a los demás lleva aún hoy la marca de esa larga tradición política elitista y excluyente:

La “clase media” imagina ser la encarnación de la nación y la voz de la racionalidad, lo mejor de la argentinidad. Traza sus orígenes en una manera sesgada de ver el pasado, en la que los inmigrantes europeos –sus ancestros– son los protagonistas centrales del progreso nacional y la población anterior, su obstáculo. Argentina, desde la visión implícita “de clase media”, es la elegante y blanca Buenos Aires, o quizás la pampa “gringa”, pero nunca la villa miseria ni el paisano de piel oscura. (Adamovsky, 2009: p. 488).

En ese sentido, la irrupción del peronismo en 1945 significó un trauma para buena parte de la clase media, acostumbrada a imaginarse parte de una nación blanca, “decente” y europea:

El hecho más irritante para las clases “decentes” fue sin duda que las jerarquías sociales tradicionales se vieron profundamente alteradas por efecto de ese componente plebeyo que aportaron al gobierno los seguidores de Perón. (…) ¿Qué fue lo que los motivó a ser tan furiosamente antiperonistas? La respuesta está en el hecho de que, en realidad, no fueron sólo las jerarquías del ámbito laboral las que se vieron alteradas: el vendaval del peronismo sacudió varios pilares que definían el lugar de cada cual en la sociedad. (Adamovsky, 2009: p. 266).

La identidad de clase media, según Adamovsky (2010), nació en esos años: “fue el modo en que mucha gente pudo diferenciarse de esos ‘negros’ que ahora se pretendían protagonistas de la historia nacional. El trauma peronista reapareció varias veces en la historia y todavía hoy la cultura argentina sigue surcada por las tensiones que él provoca” (p. 12).

En cuanto al perfil que encontró la clase media durante la década del noventa, habría que pensar en el modo particular de implementación de los procesos de neoliberalización en Argentina en tanto fueron llevados adelante por un gobierno como el de Carlos Menem que encaminó sus políticas hacia una subordinación al orden neoliberal internacional sin despojarse –o sin lograr hacerlo– de una identidad peronista desbordante de rasgos plebeyos. De modo que, como ya fue señalado en palabras de Forster, aunque durante esos años el antiperonismo fue neutralizado a partir del consumo, conviene no perder de vista que algunos rasgos profundos de la identidad “de clase media” se encarnaron también en la figura del “empresario de sí mismo”, propia de la subjetividad antipolítica neoliberal. El análisis llevado a cabo respecto de la incidencia de la Vitalpolitik en los sectores medios, está lejos de suponer que haya sido homogénea o generalizable para todos los miembros de esta clase, así como tampoco supone que no haya existido tal incidencia en otros grupos sociales.

La contundencia con que el orden hegemónico neoliberal marcó el ritmo de la sociedad durante la década del noventa, fue cuestionada por los acontecimientos de diciembre de 2001, en los cuales quedó al descubierto no sólo la crisis de representatividad marcada por el rumbo de las decisiones tomadas por las autoridades políticas y económicas –entre las cuales estaba la implementación del “corralito” bancario^[8] o la declaración del estado de sitio, que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa–, sino además el proceso de resquebrajamiento del modelo neoliberal.

Cuál fue el alcance de los sucesos de 2001 y cómo repercutieron en los procesos de repolitización que se abrieron en los años siguientes ha sido motivo de análisis y reflexión por parte de distintos autores. Algunos, como Susana Murillo (2008), vislumbraron en la indignación popular que se reflejó en los cacerolazos y asambleas barriales un posible factor de repolitización de las relaciones sociales –la cual “no podía ser hecha bajo la forma de la representación política” (p. 333). Las posibilidades de esta repolitización, en parte, tendrían que ver con la subsistencia de una memoria de derechos habidos y luchas gremiales y políticas colectivas. De todos modos, la misma autora señalaba que:

Es sólo una ilusión pensar que todos quienes participaban de ese movimiento deseaban lo mismo. De ese modo, en las acciones de las asambleas se mezclaban la lectura y discusión de textos libertarios, con el rechazo a la extorsión de bancos y empresas privadas, pero también con el deseo de moralizar e higienizar plazas y barrios, así como castigar a delincuentes y rateros. (Murillo, 2008: p. 334).

Y a continuación:

La lectura de narraciones de personas entrevistadas desde el año 2001 parece sugerir que, junto al rechazo o la desconfianza en la idea de representación política, se habrían construido rasgos de una moral centrada en los derechos y deberes hacia el propio y cercano grupo de los iguales, al tiempo que la confianza en el colectivo de todos se desestructuraba. Esos mismos relatos indican que en muchos ciudadanos parece haber crecido una moral basada en el cuidado de sí y los allegados, a la par que la desconfianza en cualquier colectivo que incluya a todos. (Murillo, 2008: p. 334).

Otros autores ubicaron con mayor énfasis una incipiente manifestación de repolitización en esos días. Tal es el caso de la lectura que hizo Adamovsky. Más allá del tono celebratorio –“una rebelión popular notoriamente plural y múltiple, tanto por su composición social como por las identidades puestas en juego” (p. 457)– su interpretación parece indicar que los protagonistas de diciembre del 2001 fueron sectores medios y bajos que probablemente tenían historias previas de lucha y no habían salido beneficiados por el modelo neoliberal. En cambio, los que consiguieron mantener o mejorar su posición social en medio de la debacle del país,

no sólo no participaron, sino que tuvieron una conducta bastante opuesta a las de los que golpeaban cacerolas en las calles y plazas. Por ejemplo, “los que ganaron” en los noventa y se refugiaron en countries y barrios cerrados, no experimentaron ninguna sensación de libertad ni entusiasmo. Para ellos, diciembre del 2001 y todo el 2002 fueron los tiempos del Gran Miedo. (p. 458).

Como ya se ha señalado, esta cuestión marcaría una diferencia sustancial en lo que respecta al conflicto del 2008, ya que en esta ocasión, quienes se sintieron “afectados” por los problemas comunes fueron los sectores que hasta ese momento se habían mantenido ajenos a cualquier discusión en la arena pública.

En la misma línea de análisis se podría preguntar si acaso las marchas y movilizaciones de los años 2004 y 2005 realizadas a raíz de la llamada tragedia o masacre de Cromañón^[9] y del caso Blumberg,^[10] no deberían considerarse más cercanas por su composición social a las registradas en apoyo al sector agrario durante el 2008. En base al análisis realizado por Murillo, probablemente pueda afirmarse que existe cierta coincidencia en el perfil de los manifestantes. Sin embargo, como señaló la autora, esos casos resultan ejemplos paradigmáticos de lo que sería la accountability social o “rendición de cuentas a la sociedad civil” dado que los ciudadanos se agrupaban para reclamar en tanto “víctimas”, individuos o grupos afectados por los “excesos”, las “arbitrariedades” de “malos gobernantes” o de “jueces corruptos” (2008: p. 156). Esta última caracterización encontraría, como se verá a continuación, algunas diferencias con el modo de conflictividad expresado durante el conflicto por las retenciones móviles.^[11]

Respecto del panorama del 2008, habría que recordar una vez más que el conflicto estuvo enmarcado en un proceso mayor de repolitización y ampliación de la esfera pública que no sólo había habilitado el resurgimiento de la participación e involucramiento de los sectores juveniles en la política, sino que también alcanzó a sectores que hasta poco tiempo atrás se habían autoexcluido de la esfera pública o que directamente se habían sentido ajenos a las historias y memorias colectivas de lucha. En ese sentido, durante los años posteriores al 2001 convivieron manifestaciones cuyas demandas tendrían un alcance de tipo particularista (como los mencionados casos Cromañón y Blumberg) junto a otros que fueron tejiendo reclamos de un alcance más amplio, es decir, de tono más abiertamente político.^[12]

Bajo estas premisas: ¿en qué términos pensar la participación de una parte de los sectores medios en apoyo al sector agrario, y cómo caracterizar a esa nueva figura subjetiva que se manifestó en este proceso? Aun sin desconocer la persistencia de ciertos elementos, la renovada dinámica política planteó el desafío de proponer una conceptualización respecto de las identidades colectivas y la emergencia de las nuevas figuras subjetivas.