Enfoques y propuestas

El objetivo de este libro es reconstruir el proceso que llevó a la producción de las normas (jurídicas, sociológicas, explícitas e implícitas) que regulan la asociatividad en organizaciones cooperativas de cartoneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En pos de este objetivo he construido un enfoque en el cual la estructura objetiva tiene un papel condicionante en la conformación de prácticas, sentidos y expectativas de los actores. No obstante, ello no supone un impedimento a la agencia de los sujetos que, en el marco de las reglas de integración aceptadas, son capaces de “improvisar” cursos de acción con resultados inciertos. De allí que el cambio puede ser entendido como un proceso de creación colectiva en el cual se produce un aprendizaje conjunto por parte de los miembros de una colectividad que inventan y determinan nuevas formas de jugar el juego social de la cooperación y el conflicto, y adquieren las capacidades cognitivas, de relación y organizativas correspondientes (Crozier y Friedberg, 1990). Como he manifestado en el capítulo anterior, esta colectividad no está limitada a quienes ejercen el oficio, si no que alcanza a quienes interactúan cotidianamente con ellos y producen las regulaciones que pesan sobre la actividad, esto es funcionarios públicos, galponeros, militantes, etc.

Uno de los primeros obstáculos que se me presentaron durante este recorrido fue encontrar herramientas teóricas que me ayudaran a entender quiénes eran estos trabajadores y cómo había sido posible el despliegue de emprendimientos asociativos en la Ciudad, que lejos de aparecer como organizaciones residuales, agrupaban a más de 3.000 cartoneros. Los datos que surgían de mis entrevistas y observaciones lejos estaban de corresponderse con las miradas que situaban a estos trabajadores como carentes de capacidades o posibilidades para integrarse en la sociedad. Por el contrario, el encuentro con los cartoneros y sus organizaciones me mostraba otros hechos. Como mostré en el capítulo anterior, había personas que, provenían de generaciones de trabajadores informales, tenían bajos niveles educativos, no habían participado de experiencias previas de asociativismo y vivían en espacios relegados de las periferias urbanas, entre otras cuestiones. Una definición a priori me llevaba a entenderlos como “marginales”, “informales” o “excluidos”, pero poco me decía ello sobre lo que efectivamente estaban llevando a cabo. Si sus carencias eran tan determinantes, poco podían estas visiones ayudarme a entender sus procesos organizativos, las formas de vinculación que habían establecido con otros actores y la variedad de recursos a los que habían logrado acceder. Ello al menos sin caer en una posición que situase a estos trabajadores como subsumidos a relaciones de donación, clientelismo, beneficencia o, en el mejor de los casos como perceptores pasivos de la política social. Poco me decían estas miradas sobre sus posibilidades de acción y organización y, fundamentalmente, sobre cómo el cambio era posible teniendo en cuenta la participación activa y central de estos sectores.

En el caso latinoamericano, desde mediados del siglo XX la literatura académica ha buscado comprender los motivos por los cuales un importante sector de las poblaciones latinoamericanas no “lograban” ingresar al mercado de trabajo formal y a lo que, al menos hasta la década del ´70, se presentaba como el paradigma de integración social. De aquí en más, el “trabajo formal”, “típico” o “clásico”, fue, y en gran medida continúa siendo, el eje ordenador de la mayor parte de los discursos académicos, así como también de las políticas de Estado. Sin embargo, como mencioné, ello acarrea un cúmulo de problemáticas para tratar de comprender las prácticas y estrategias laborales y económicas de estos sectores. El centro de ellas radica en la definición negativa que generalmente engloba a estas perspectivas teóricas que sitúan a estas personas como “marginales, precarios, excluidos, pobres o informales”. Entonces, sea desde visiones más estáticas o más relacionales, la cuestión de los que se encuentran “en una situación de desventaja” o de “vulnerabilidad” es percibida generalmente desde la carencia de atributos que poseen para “integrarse” en la sociedad entre los cuales el trabajo formal aparece como central. Al respecto, durante la década del ´80, una nueva corriente se propuso otra forma de entender las prácticas laborales y económicas de los sectores populares, haciendo hincapié en los aspectos vinculares y morales de este sector. El aporte de la economía social y solidaria ha sido relevante para la incorporación de nuevas dimensiones analíticas ligadas a la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación. Sin embargo, también estas visiones se encuentran cargadas de un fuerte contenido valorativo que tiende a ver en estas organizaciones a las nuevas vanguardias de transformación económica y social. Ligado a ello, y dado que el cooperativismo ha sido la forma tradicionalmente privilegiada dentro de las vertientes de economía social, gran parte de los trabajos basados en estas organizaciones se centran en la realización de evaluaciones de carácter normativo que limitan la comprensión de los procesos efectivamente registrados.

Para profundizar en esta problematización, en este capítulo haré referencia a cómo desde los orígenes del corpus latinoamericano (con su necesaria referencia a los trabajos europeos) en torno a los sectores que quedaban “por fuera” del ideal de integración económica y social, se situó a estos trabajadores como portadores de un problema a resolver o bien como sujetos de las nuevas vías de transformación social. Recogiendo los aportes más relevantes de este recorrido es que propongo el concepto de asociatividad para el trabajo (Maldovan Bonelli y Dzembrowski, 2009) como modelo descriptivo para encuadrar a las organizaciones estudiadas.

El eje en las carencias: Las perspectivas de marginalidad urbana

Los cambios en las sociedades latinoamericanas de la década del ´50 llevaron a los cientistas sociales de distintas disciplinas a preguntarse por estos procesos de transformación. En gran parte de los países de la región, bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) se buscaba lograr un desarrollo económico autosustentado y controlado nacionalmente a través de la creación masiva de empleo en el proceso de industrialización. Crecimiento, desarrollo y modernización fueron algunos de los términos más corrientemente utilizados para explicar estos cambios. La incorporación del grueso de la población a estos procesos fue uno de los centros del debate que, entre los años ´50 y ´60, se conoció como el problema de la marginalidad urbana. Las primeras reflexiones en torno al tema se ubican en los años de la segunda posguerra y tuvieron como eje, bajo la influencia de la escuela de Chicago, los aspectos ecológicos de la problemática. Con el correr de los años la reflexión se extendió desde dichos aspectos hacia las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de las zonas urbanas periféricas.

Uno de los cuestionamientos centrales en estos debates era cómo considerar a los sectores que no lograban ser integrados en el nuevo modelo de desarrollo y que, por ende, quedaban “al margen” del impulso modernizador. ¿A qué respondía esto? ¿Se debía ello a características propias de un grupo poblacional, a las etapas propias de un proceso evolutivo o a las condiciones intrínsecas de la forma de desarrollo? ¿Era posible integrar a los marginales? ¿Quiénes formaban parte de este sector? Las respuestas a estos interrogantes se dieron desde distintas perspectivas que pusieron el acento en factores culturales, sociales o económicos.

Es posible diferenciar los enfoques de la marginalidad urbana siguiendo distintos criterios. Algunos autores mencionan la existencia de tres corrientes: el enfoque desarrollista, el enfoque dependentista y el enfoque de la modernización (Saraví, 1996); mientras que otros separan estas corrientes en dos: un grupo bajo el nombre de teoría de la modernización y teoría de la marginalidad económica (Cortés, 2006; Pok y Lorenzetti, 2007; Salvia, 2007), siendo esta última también llamada la teoría de la dependencia (Perona, 2001); otros conceptualizan a estas corrientes como las teorías de inspiración dualista y las que comparten el enfoque de la polarización de la sociedad (Sabatini, 1981). Otros autores ahondan en esta clasificación dual separando a la teoría de la dependencia entre la corriente estructuralista y la marxista (Kay, 1991); o bien la visión no crítica de la marginalidad y la visión crítica (Enríquez, 2007). Finalmente, otras visiones incorporan las perspectivas antropológicas en – efectos de mi objetivo presentaré de manera sintética los postulados de las principales corrientes que formaron parte del debate de la época para dar cuenta de los puntos en los cuales estas perspectivas cristalizan una visión dual en la cual el término “marginal” adquiere una connotación negativa. Si bien existen diferencias sustanciales entre estas miradas, es posible al mismo tiempo establecer algunos puntos en común entre ellas. En primer lugar, todas perciben una dificultad en la integración de una parte de la sociedad al sector moderno tanto de la economía como así de la cultura y la política. Así, los distintos enfoques se han centrado sobre los espacios de no participación de los marginales. Es la exclusión, sea transitoria o permanente, lo que delimita un espacio en común de discusión: el espacio de la marginalidad. El segundo punto en común es la idea de una carencia o de falta de ciertos atributos que sufre este sector y que serían necesarios para integrarse al proceso modernizador. Finalmente, cabe destacar que los distintos enfoques subordinaron sus análisis al proceso de cambio de la época, focalizando la atención sobre los efectos del sector dominante antes que en el interior del sector marginal. De esta manera, salvo algunos estudios antropológicos como los trabajos clásicos de Lewis (1961) y Lomnitz (1975), el eje de análisis no estuvo puesto en la capacidad de agencia de los marginales, sino en la marginalidad como un espacio en la sociedad. Esta delimitación del campo de lo marginal a través de lo espacial invisibilizó las acciones económicas, sociales y culturales de este sector, constituyendo al espacio de la marginalidad como un “epifenómeno del proceso de cambio (que lo afectaba y se veía afectado por él) (…) con carácter de “condición” y no de “actor”; fue en todos los casos un espacio desconocido en su interior y de supuesta pasividad”^[1] (Saraví, 1996: 41). De ahí que los marginales no eran vistos sólo como incapaces, sino que estos enfoques tampoco estaban preocupados por entender sus prácticas, tendiendo a cosificarlos en un espacio abstracto por fuera del deber ser de la modernidad.

El primero de estos enfoques corresponde al Centro de Investigación y Acción Social Desarrollo Social para América Latina (DESAL) y se ubicó dentro del paradigma de la modernización y el progreso. Esta corriente partió de un esquema dual de análisis de la sociedad en la cual concibió la existencia de dos sectores opuestos, uno tradicional y otro moderno. En este esquema, el fenómeno de la marginalidad era explicado por la resistencia cultural de los sectores tradicionales a incorporar las pautas de vida moderna, resaltando así la necesidad de transformar a este sector atrasado y marginal en uno moderno como medio para que los países latinoamericanos salieran de su condición de subdesarrollo. De este modo la marginalidad se entendía como un fenómeno de transición entre una sociedad y otra. Era necesario por tanto identificar a los individuos “atrasados” con miras a actuar sobre ellos transformando sus valores y pautas de comportamiento. En esta perspectiva, el factor ecológico resultaba central ya que permitía asociar la condición de marginalidad con un posicionamiento específico en el espacio urbano, caracterizado por su situación de miseria y precariedad.

Dentro de este enfoque, Germani (1977, 1980) consideró a la marginalidad como un problema en términos de conflictividad o puesta en cuestión de los niveles de participación. Era la situación de individuos o grupos que quedaban excluidos de los ámbitos y niveles de participación que normalmente les correspondían de acuerdo al sistema sociocultural dominante, por lo cual implicaba un desajuste entre los niveles de participación y el esquema normativo vigente. De ahí que la marginalidad era tratada por Germani como un problema a corregir en sí mismo, sin considerar al sistema económico como una dimensión problemática en sí misma. La no integración de los marginales se debía entonces, para el autor, a un dualismo estructural dado por la coexistencia de dos o más formas estructurales en una sociedad; siendo una de estas formas moderna y la otra tradicional o atrasada. Esta dualidad era considerada como el producto de una asincronía en el desarrollo de los procesos de cambio en diferentes aspectos de la vida social. El atraso no era medido únicamente en los aspectos económicos, sino también en las formas de participación en la vida social, cultural y política, entre otras. Nuevamente, “los marginales” aparecen como portadores de una carencia, de una imposibilidad que los sitúa fuera de la participación en aquello que la academia estableció como las vías de integración social.

El segundo enfoque partió de una crítica de los estudios de marginalidad realizados desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que años más tarde, en el marco de una revisión de la teoría marxista, condujo al desarrollo de la teoría de la dependencia. El centro de las explicaciones para estos enfoques se encontraba en las relaciones de producción, por lo cual se tornó fundamental el análisis del desarrollo de las economías capitalistas dependientes y su relación con las economías centrales. Los autores de esta corriente consideraban que, dada su aparición tardía, su carácter dependiente y la persistencia del atraso agrario, el desarrollo del capitalismo industrial adquiría rasgos propios en América Latina (Nun, 1969). De este modo, el concepto de marginalidad adquiría un sentido teórico a partir del papel del trabajo en el proceso de producción y reproducción en el marco de un modelo de desarrollo capitalista desigual. Este enfoque postuló que en los países latinoamericanos existía un sector marginal de la población constituido por la población excedente que no llegaba a ser funcional a los sectores económicos dominantes. Se puso así en cuestión al concepto de ejército industrial de reserva, buscando construir un marco analítico propio que tuviera en cuenta las realidades e historias latinoamericanas. Los autores representantes de este enfoque partieron de la idea de que algunas actividades que se consideraban fundamentales en el proceso de acumulación capitalista de la región habían dejado de ser funcionales al mismo y por ende se constituían en actividades marginales en el desarrollo de las economías dependientes. Así postularon la noción de “masa marginal” como un sector que existía respecto del proceso de acumulación hegemónico, es decir, respecto al mercado de trabajo del capital industrial monopolístico. La noción de masa marginal se utilizó para explicar la parte “afuncional” o “disfuncional” de la superpoblación relativa, por lo cual, en palabras de Nun (1969), el concepto se sitúa “a nivel de las relaciones que se establecen entre la población sobrante y el sector productivo hegemónico. La categoría implica así una doble referencia al sistema que, por un lado, genera este excedente y, por el otro, no precisa de él para seguir funcionando” (p. 201). El concepto de masa marginal puede entenderse en un sentido amplio o restringido, dependiendo ello de si se lo utiliza como criterio de referencia al mercado de trabajo del capital industrial monopolístico o de todo el capital industrial.

Dentro del mismo enfoque, Quijano (1970) propuso el concepto de “polo marginal” para hacer referencia a la existencia de un sector marginal de la economía y de una población marginalizada caracterizada por ubicarse en las ramas de actividad que no resultaban significativas para la productividad del sistema. Igualmente, para el autor ello no implicaba que ese polo marginal no se encontrase integrado al sistema social global, sino que, por el contrario, constituía el nivel más bajo de la estructura de actividad económica y se relacionaba directamente con las formas de acumulación de los otros niveles del sistema.

Aun cuando este enfoque se propuso entender las relaciones de producción y distribución que se encontraban por detrás de la existencia de la marginalidad, su posición no escapa de la esencialización de los sectores populares. El situarse en el análisis de la “disfuncionalidad” del sector poco nos ayuda a comprender los aspectos constructivos y las capacidades desplegadas por estos actores no sólo para trabajar sino también para relacionarse y vincularse con los distintos aspectos de la vida.

Retomando las consideraciones sobre las causas que dan origen a la existencia de un sector marginado, el estudio de Lomnitz (1975) sobre la barriada mexicana puso de relieve un nuevo aspecto en el estudio de las poblaciones marginales. Lomnitz estableció una diferenciación entre la noción de marginalidad y la de pobreza, entendiendo a la primera como la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción industrial y a la segunda, a grandes rasgos, como una situación de escasos ingresos. Los sectores marginales eran para la autora aquellos que se encontraban “al margen” de los procesos económicos y políticos oficiales. Asimismo, la noción de marginalidad también englobaba a importantes segmentos de “población sobrante” de los países industrializados más avanzados, fueran éstos capitalistas o socialistas. La diferencia entre los marginados de los países centrales y los de América Latina era para Lomnitz (1975) que éstos “no solamente carecen de acceso al poder de decisiones sobre su propio destino social y económico, sino que sufren además una pobreza mucho más intensa que la descrita en los países industrializados por los diversos especialistas en la materia” (p. 18). Por lo cual en la región, este sector refería a la marginalidad de la pobreza, caracterizada por la inestabilidad laboral, los bajos ingresos y la falta de prestaciones sociales. Los marginados de los que hablaba Lomnitz eran en su mayoría “migrantes rurales”, “analfabetos” y “carentes de los conocimientos de tecnologías urbanas” (p. 19), que ocupaban el conjunto de empleos asalariados más bajos, tales como ocupaciones manuales “sin calificación”, construcción, limpieza, vigilancia, reparación y mantención, servicio doméstico y ocupaciones desvalorizadas. El factor determinante de la existencia de los marginados, era para Lomnitz la condición de inseguridad crónica de empleo y de ingresos, la que a su vez era consecuencia de una falta de integración al sistema de producción industrial y no de una determinada cultura, como había postulado Lewis (1961) en su clásico estudio. Su pregunta central remite a las formas de supervivencia de los marginados sosteniendo que ello es posible “gracias a una organización social sui generis, en la que la falta de seguridad económica se compensa mediante redes de intercambio recíproco de bienes y servicios” (Lomnitz, 1975: 223). El centro de análisis pasó a ubicarse en la capacidad de agencia de los sujetos marginales y las formas bajo las cuales éstos desarrollaban acciones y estrategias para enfrentar su “condición subordinada”. De esta manera, la perspectiva de Lomnitz permitió avanzar en la comprensión de las formas de acción de los sectores marginales que las perspectivas anteriores tendían a situarlos en un estado de pasividad (Portes, 1995; Saraví, 1996).

No obstante este aporte, gran parte de las críticas a los enfoques de marginalidad se centraron en la cuestión de la negación de la capacidad de agencia de estos sectores. Así lo refiere Portes (1995) cuando menciona que la marginalidad es “el término preferido en el pasado para referirse a la pobreza y que denota una exclusión pasiva, más que una dinámica presencia económica” (p. 26). Asimismo, este concepto “…refleja un fracaso para captar la articulación característica entre el capitalismo y los antiguos modos de producción que existen en el núcleo de estas sociedades” (p. 115).

Las críticas centrales a las perspectivas de marginalidad se basaron en la cosificación que habían hecho estas visiones de los marginados, oscureciendo la capacidad de agencia de los sujetos marginales y por ende trazando una divisora de aguas entre dos mundos aparentemente separados. Sin embargo, creo que estas críticas olvidan desandar otro camino que es el que se encuentra en el corazón de estas teorías: la construcción de un tipo ideal de sociedad, basada en el pleno empleo como única vía capaz de integrar a las personas en el mundo y de abrir espacios de desarrollo individual y colectivo. Aun cuando este modelo clásico prevaleció sólo durante unas pocas décadas, en algunos países europeos y, en menor medida, en algunos países del cono sur que por su conformación se acercaron a las características de una sociedad salarial. Ideal que luego de la crisis de los años ´70 será reivindicado por diversos sectores, entre los cuales desde las ciencias sociales hemos contribuido en gran medida a consolidar. De aquí en más es que surgieron dos corrientes divergentes con un objetivo similar, explicar las causas que llevaban a un sector de la población a no insertarse o bien al mercado o bien en la sociedad.

Cambios en el mundo del trabajo: la “nueva cuestión social” y las perspectivas de exclusión social

Durante las últimas décadas estamos asistiendo a profundas transformaciones en el mundo del trabajo en gran parte de las sociedades occidentales que han sido consecuencia de las diversas mutaciones que surgieron en el ámbito de la producción, la distribución y el consumo. No solo se han modificado las estructuras empresariales en los diversos niveles (tendiendo a una mayor concentración de la economía) sino también, acompañado a ello, las formas de gestión del trabajo al interior de las empresas. La flexibilización se ha introducido como nuevo marco regulador impactando de diversas maneras en las trayectorias de los sujetos y en sus formas de concebir y construir su realidad cotidiana. Los cambios se observan en las distintas capas y estructuras que atraviesan la vida de las personas. Estructuras que se modifican y junto a ello, nuevas formas de vinculación, comunicación y construcción de identidades aparecen como formas novedosas también, en las modalidades de acción colectiva (De la Garza Toledo, 2011a). La aparición y extensión de tecnologías de la información y comunicación permitieron crear nuevos espacios virtuales de construcción de identidades y agrupaciones sociales. Su aplicación en el trabajo modificó también las formas de inserción de las personas en el mundo laboral, impactando sobre la organización de los procesos laborales y las relaciones entre los distintos actores que participan de éstos. A la par de ello el avance de la precarización laboral y la extensión de los empleos atípicos junto a la extensión de experiencias novedosas de autogestión en el trabajo dieron paso a la construcción de diversos tipos laborales y organizacionales que tensionan las categorías clásicas de observación y análisis utilizadas frecuentemente por la sociología del trabajo.

Han pasado casi cuatro décadas de la crisis de los años ´70, cuando los postulados económicos keynesianos comenzaron a ponerse fuertemente en cuestionamiento, llevando a una transformación sustancial de las bases de regulación estatal de las economías occidentales. El proceso de consolidación de la condición salarial dado a partir del incremento del consumo, el acceso a la propiedad, la mayor participación en la cultura, la consolidación del derecho del trabajo, la extensión de las protecciones sociales, la mayor igualdad de derechos y la eliminación de los bolsones de pobreza, entre otras, se vio interrumpido a partir de allí, quebrando la trayectoria que se había evidenciado en las décadas precedentes en un modelo que tendía a la creencia en un progreso ilimitado.

La relación laboral clásica, asociada al trabajo asalariado, formal y estable ha perdido su peso relativo frente al surgimiento de nuevas modalidades de trabajo, así como a la ampliación de aquellas formas de trabajo denominadas atípicas (De la Garza Toledo, 2005). No sólo han surgido nuevas ocupaciones ligadas a la aplicación de nuevas tecnologías y servicios sino que también se han extendido los empleos de tipo precario así como aquellos inscriptos en el sector informal (Julio César Neffa, 2010).

La redefinición de los parámetros de integración al mundo del trabajo, dados a partir de los procesos de flexibilización, cambio en los patrones productivos, incorporación de nuevas tecnologías y el cambio en la función del Estado en el nuevo orden global, marcaron en distintos países una tendencia hacia la individualización de las relaciones laborales. Hacia fines del silo XX, la pérdida de peso de las organizaciones colectivas en la definición de las condiciones laborales de los trabajadores junto a la aparición de nuevas formas de trabajo pusieron en cuestión a la noción clásica de trabajo y llevaron a distintos autores a repensar tanto el rol del trabajo en la sociedad como las formas de regulación, organización colectiva y definición de identidades ligadas al desarrollo laboral (Antunes, 1995; De la Garza Toledo, 2002; Gorz, 1998; Méda, 1998; Neffa, 2001; Offe, 1992).

Estos cambios han llevado a la conformación de una estructura cada vez más polarizada en el mundo del trabajo. Por un lado, la existencia de un núcleo reducido de ocupaciones altamente calificadas, bien remuneradas y provistas de protección social y, por otro, un número cada vez más grande de la población inscripta en ocupaciones de baja calidad, mal pagas y con pocas garantías de estabilidad. De aquí que el desempleo y la precarización del empleo son dos de los factores que aparecen inscriptos en la dinámica actual de modernización, como consecuencia de las nuevas formas de estructuración del empleo a partir de las reestructuraciones industriales y la lucha por la competitividad.

Varios autores han remarcado cómo los cambios en la relación del sujeto con el trabajo tienen una implicancia mucho mayor que el desempleo, debido a que la precariedad no solo afecta la proyección laboral del individuo y sus ingresos, sino que, ésta potencia los riesgos de rupturas sociales y familiares, conlleva una pérdida de sociabilidad e identidad y aumenta los niveles de sufrimiento psíquico y mental, conllevando a un deterioro de las condiciones de vida (Neffa, 2010; Paugam, 2000).

Otros han puesto el énfasis en la cuestión de la inseguridad y el riesgo, en tanto desprotección y desafiliación de las estructuras modernas de integración tradicionalmente ligadas al empleo asalariado que cobrará especial relevancia en los distintos aspectos de la vida del sujeto contemporáneo. La crisis de seguridad vía protección social será la consecuencia de un proceso de ruptura de los mecanismos tradicionales de integración que son posibles de observar en distintos espacios del mundo social. El trabajo se ha vuelto precario, los cimientos del Estado de protección se diluyen, las biografías personales se fragilizan y la pobreza se extiende a espectros cada vez más amplios (Beck, 2000). Así, mientras más se desterritorializan las relaciones de poder, más anclados al territorio quedan enormes sectores de la población mundial (Bauman, 2001). En esta nueva lógica de organización social a escala planetaria, la posibilidad de “acceso” juega un rol fundamental y genera un proceso paradójico: mientras un 20% de la población mundial logra instalarse en este tipo de relaciones, el otro 80% se ve relegado a situaciones de pobreza y escasez (Godio, 2001).

La liberalización de las relaciones sociales y laborales implicó una menor presencia de las instituciones sociales que tendían sino a igualar, al menos a equilibrar la asimetría en las relaciones de fuerza de cada grupo social. Al debilitarse la injerencia de las distintas instancias niveladoras, los efectos, tanto positivos como negativos de la implementación del nuevo modelo de organización del mundo del trabajo, dependerán más del posicionamiento de cada sujeto en el espacio social (Bourdieu y Wacquant, 2005) y de su capacidad de adaptación a los cambios. En este sentido, la desregulación tiene efectos desiguales tanto en lo que hace al papel que cada Estado ocupa en la división internacional del trabajo como así, al rol que cada grupo o categoría de individuo ocupa en una sociedad determinada.

Las consecuencias negativas del nuevo orden mundial tenderán a ser asumidas de forma privada por las franjas sociales más vulnerables. Es así que “la desregulación se hace especialmente aguda en determinados países (sin tradición de Estado de bienestar), tramos de edad (los jóvenes) y sigue una división social de género con las mujeres más afectadas que los varones” (Köhler y Artiles, 2007: 302). Puede hablarse entonces de una crisis de los mecanismos tradicionales de integración social cuyas consecuencias se ven reflejadas principalmente en el mercado de trabajo para los distintos sectores de la población. En primer lugar, para aquellos que han sido expulsados y no pueden reintegrarse, y en segundo, para los nuevos, los jóvenes que cada vez encuentran menos puertas abiertas para desarrollar una trayectoria lineal de crecimiento e integración vía el empleo. Las nuevas formas de integración precaria tienen consecuencias sobre el resto de las dimensiones sociales que hacen a la seguridad del individuo. La precariedad en el empleo conlleva la dificultad en el acceso al sistema de salud, a una educación de mayor calidad y nivel, a créditos para vivienda, etc.

El quiebre del modelo de desarrollo e integración social que caracterizó al período de los Estados de Bienestar fue entendido por algunos autores como el surgimiento de una “Nueva Cuestión Social” (Castel, 1997; Rosanvallon, 1995). En este sentido, lo que Castel llamó el derrumbe de la condición salarial, fue el eje de la aparición de las nuevas formas de conflictividad como un supuesto proceso irreversible, en el cual se habría roto la sinergia existente entre el crecimiento económico, el pleno empleo y el desarrollo de los derechos del trabajo y la protección social característicos de las décadas precedentes. Conceptualmente, la cuestión social refiere a “una articulación de prácticas sociales, discursos sociopolíticos, imaginarios sociales y conceptualizaciones teóricas y técnicas relevantes para definir los temas que exigen una intervención pública” (Barba Solano, 2010: 25). Desentrañar las miradas y entramados que fundamentan los conceptos ordenadores en función de los cuales se entiende y busca dar respuesta a la cuestión social, implica entonces repensar los puntos de partida para entender la realidad social y las políticas que buscan intervenir sobre ella.

Aquí es donde el concepto de exclusión social cobra mayor fuerza hasta lograr instalarse como “el rasgo distintivo de la modernización capitalista globalizada [por la cual un sector de] trabajadores no sólo están excluidos del mercado de trabajo sino que son superfluos, supernumerarios, y considerados inútiles para la sociedad ” (Neffa, 2010: 59). De ahí que el concepto de exclusión social fue acuñado para dar cuenta de los efectos del nuevo orden global y de las transformaciones sufridas en la estructura social y el mercado de trabajo a partir de la globalización (Saraví, 2005) con la pretensión de definir y explicar las nuevas situaciones de pobreza y desarraigo social que se están produciendo en las sociedades más desarrolladas (Hernández Pedreño, 2008).

Entonces, así como durante la década del ´50 la problemática de la marginalidad urbana emergió para dar respuesta a los problemas de integración de vastos sectores en los procesos de “modernización”, la noción de “exclusión social” será el nuevo eje de demarcación entre quienes se encontraban afectados o lograban beneficiarse del nuevo modelo de acumulación. Como buscaré mostrar, el concepto de exclusión, aunque bajo un paraguas teórico y explicativo diferente de las corrientes de marginalidad urbana, se centra también en una división dicotómica entre un afuera y un adentro que enfatiza las carencias e incapacidades como eje de las dinámicas de diferenciación y desigualdad social. Y ello fundamentalmente en nuestra región donde la pobreza y la desigualdad son el centro de la cuestión social, definida así tanto por los gobiernos nacionales como por los organismos financieros internacionales.

Este enfoque reconoce sus orígenes en los debates franceses de la década del ´70 que se proponían dar cuenta de los efectos de los cambios que empezaban a producirse en el orden económico, político, cultural y social. Existe un consenso acerca de situar al origen del término en el libro Les exclús: un française sur dix de René Lenoir (1974). En dicha obra el término fue utilizado para hacer referencia a la parte de la población francesa que se encontraba por fuera de las instancias de protección social, en la que se incluía a distintas categorías como ser minusválidos físicos y mentales, personas con tendencias al suicidio, ancianos inválidos, toxicómanos, delincuentes, familias monoparentales, miembros de hogares con problemas múltiples, etc.

Fue en este ámbito donde la idea de exclusión se desarrolló con más fuerza, estando estrechamente relacionada con la caída de la sociedad salarial (Castel, 2004; Paugam, 2007). Desde estas perspectivas, el trabajo asalariado representó el principal medio de integración social, especialmente en gran parte del siglo XX. De este modo, el trabajo clásico aparece no sólo como fuente de ingresos, sino también como instancia de legitimación social, de construcción de redes y lazos de solidaridad. La aparición de nuevas formas de trabajo junto al derrumbe de los patrones clásicos de organización del mundo laboral han sido el puntapié de análisis de los procesos de exclusión. De ahí que para gran parte de estos autores los principales motores de exclusión son “por un lado, el desempleo y la precariedad laboral entre grupos de trabajadores previamente integrados y, por otro, las dificultades que enfrentan los nuevos (potenciales) trabajadores para ingresar al mercado de trabajo” (Saraví, 2005: 25).

Hacia la década del ´80 el discurso fue cobrando mayor popularidad y se extendió desde el ámbito francés al resto de Europa y posteriormente a América Latina. Allí comenzó a ser aplicado para un número cada vez mayor de categorías de desventaja social y dio lugar a diversas definiciones que abarcaban nuevos grupos y nuevos problemas sociales, dando lugar a sus difusas connotaciones (Jiménez Ramírez, 2008). De esta forma, el concepto fue utilizado para caracterizar a las distintas privaciones derivadas de los problemas sociales emergentes en un contexto de reestructuración económica y crisis del Estado de Bienestar. No solo se trataba de referenciar los problemas de desempleo de largo plazo, sino también la ruptura de vínculos sociales en los distintos niveles (micro, meso y macro) que implicaban desde los quiebres en la organización familiar al debilitamiento de lazos vecinales o la ruptura de la solidaridad basada en los sindicatos y otro tipo de asociaciones (Silver, 1994).

En las últimas décadas el concepto ha cobrado distintos matices y significados y ha sido utilizado para un amplio número de categorías y sectores sociales, aunque haciendo hincapié en aspectos tales como el desempleo, el trabajo precario, la falta de vivienda y la educación (Jiménez Ramírez, 2008). Una de las maneras más extendidas de entender la exclusión es como “los mecanismos a través de los cuales personas y grupos son despojados de la participación y titularidad de los derechos sociales, o como un proceso que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades económicas y sociales” (Gacitúa y Davis, 2000: 11). Estableciendo una definición similar, Silver (2007) postula que la exclusión social es usualmente definida como

un proceso dinámico de rupturas progresivas y multidimensionales del lazo social, en los niveles individuales y colectivos. Entendiendo por lazo social a las relaciones sociales, instituciones e imaginarios de pertenencia que hacen a la cohesión social, la integración o solidaridad. (p.1)^[2]”.

Parte de los enfoques de exclusión buscaban diferenciarse así de los estudios centrados en la pobreza, a través de la incorporación de dimensiones como la cultura y a las instituciones sociales. El foco ya no quedaba centrado únicamente en los ingresos y en la participación en el mercado de trabajo, sino que se ampliaba a otras instancias de la vida social de las personas en las cuales la posesión de distintos capitales aparecía como fundamental para delinear trayectorias de inclusión o exclusión social.

Mientras el enfoque de pobreza tiende a centrar la mirada en la carencia de recursos de los individuos para afrontar una situación determinada, el concepto de exclusión retoma la importancia de las relaciones sociales y las dinámicas que conducen a dicha situación. Entonces, si bien ambos conceptos poseen aspectos comunes no necesariamente son sinónimos. La pobreza y la exclusión encuentran puntos en común y distintos espacios de intersección, dado que la pobreza juega un papel fundamental en los procesos de exclusión, a la vez que es la forma bajo la cual ésta usualmente se manifiesta. Es decir que, la exclusión de distintos tipos (social, política, cultural), puede llevar a una condición de pobreza, pero

los prejuicios y discriminaciones sólo producen exclusión social, en última instancia, en la medida en que provocan incapacidad para lograr unos ingresos y un nivel de vida aceptables, generando una carencia de opciones y alternativas que los que no son pobres, aunque estén excluidos en algún sentido, pueden, sin embargo, disfrutar. (Tezanos, 2001: 60)

Uno de los puntos en común entre los estudios de exclusión y los de pobreza estructural refiere al énfasis en las dinámicas que llevan a ambas situaciones. En este caso, mientras los primeros enfatizan los procesos que conducen a la exclusión, los segundos identifican las vías de acceso y salida a la pobreza. Ambos enfoques tienen a su vez una noción multidimensional de las desventajas, ya que consideran los distintos factores que pueden conducir a mejorar o empeorar la situación de los individuos. Asimismo, ambos tienen en cuenta la incidencia que ejerce el contexto en la definición de qué es ser pobre y qué excluido.

Sin embargo, el concepto de exclusión focaliza su atención principalmente en las relaciones sociales, fundamentalmente aquellas que regulan la distribución de recursos. De este modo, como plantea Silver (2007) “se trata tanto de los factores de exclusion como así de los excluidos. Los estudios sobre la pobreza pueden ser muy útiles en la comprensión de los segundos, pero rara vez se centran en los primeros”^[3] (p. 4). Asimismo, la exclusión focaliza en los lazos de pertenencia antes que en la distribución vertical de los recursos, por lo cual, para la autora la exclusión representa una cuestión de estar “dentro” o “fuera”, antes que sobre o debajo.

Por lo cual este enfoque se propone centrar el foco de atención sobre los aspectos relacionales de la pobreza (a diferencia del de marginalidad que es más estático), y en particular sobre la cuestión de la agencia (Roberts, 2003). La perspectiva de la exclusión busca así vincular procesos de acumulación de riesgos en una formación social determinada.

En términos de Amartya Sen (2000), el eje del enfoque de exclusión social radica en destacar el papel de las características relacionales en la privación de la capacidad y por lo tanto en la experiencia de la pobreza. Aquí el empobrecimiento material es una de las causas que cobra gran relevancia en el vivir pobremente (poor living) pero no la única a ser tenida en cuenta. De ahí que,

Si nuestro interés primordial está puesto en las vidas que las personas pueden llevar –en la libertad que tienen para llevar una vida mínimamente digna- no puede ser sino un error concentrarse exclusivamente en uno u otro de los significados que puede tener dicha libertad. Debemos mirar las vidas empobrecidas y no las billeteras vacías. (Sen, 2000: 3)^[4]”

La traslación del concepto de exclusión a América Latina tiene diversas implicancias y complejidades que abarcan no sólo cuestionamientos teórico-metodológicos, sino también político-ideológicos. En primer lugar, si en el contexto europeo la idea de exclusión surgió en clara referencia al ideal constituido en base a la sociedad salarial, en nuestra región, dicha referencia queda opacada por nuestras propias trayectorias históricas. Asimismo, referenciar los procesos de inclusión en términos de la especificidad que adquirieron los estados de bienestar europeos en un momento del capitalismo, implica en cierta medida negar que esta formación social fue consecuencia de un contexto específico en el cual las condiciones de producción y la capacidad de demanda de trabajo la hicieron posible. Dicho en otras palabras, el concepto de exclusión social remite a un ideal de inclusión que solo existió en una parte reducida de los países occidentales durante un relativamente corto período de la historia del capitalismo.

En segundo lugar, la división entre los ganadores y perdedores del nuevo modo de acumulación entendida de esta manera, abrió paso a nuevas formas de respuesta política que tendían a situar en los menos beneficiados la responsabilidad por su destino. Ello, se traduce en un razonamiento que postula que las sociedades han quedado fragmentadas entre quienes tienen la posibilidad de acceder a un trabajo formal, estable y de calidad, con sus respectivas posibilidades de progreso social, y aquellos que se encuentran en situaciones precarias, vulnerables y son asistidos por las políticas públicas o por las lógicas de solidaridad encarnadas en ONGs y otras instituciones, quedando relegados a la reproducción intergeneracional de la pobreza (García Delgado, 2006). Es dentro de esta lógica que el discurso de la exclusión penetró fuertemente en las propuestas de intervención de los organismos multilaterales de crédito a través de la promoción de las políticas públicas focalizadas. Se buscaba así ocultar el papel de “los excluidos” en la reproducción del nuevo orden global, al mismo tiempo que la contención del conflicto social se encarnaba en proyectos de “empoderamiento” de los más vulnerables. La perspectiva de la CEPAL (2008) permite ejemplificar estos discursos:

En América Latina, los más pobres, al igual que el resto de la población, perciben a la inclusión social de una manera que refleja, por una parte, sus aspiraciones de autonomía económica y bienestar material, y por otra, sus deseos de contar con las competencias para integrarse en sociedades basadas en la información y el conocimiento y sometidas a cambios permanentes. Y dado que los más pobres presentan carencias en todos los aspectos socialmente constitutivos de inclusión, no es extraño que manifiesten percepciones y sentimientos de exclusión, como la soledad, la impotencia y la desorientación, con mayor intensidad que los no pobres. (p. 82)

Este deseo de “contar con las competencias” remite a las “carencias” que los más pobres presentan en “todos los aspectos constitutivos de la inclusión”; pareciera ser entonces que el único camino posible para los excluidos es luchar por su inclusión. Tal como plantea Hugo Trinchero (2007), la categoría de exclusión tiende a delimitar un status del sujeto en tanto sujetado por su situación de “estar por fuera”, de “no pertenecer” o de “estar desafiliado” y no por su capacidad de producir y su productividad en tanto sujeto. No solo se dicotomiza el espacio social entre un adentro y un afuera, sino que también se sitúa a los sujetos como carentes de competencias y capacidades, en una posición de pasividad frente a la posibilidad de ser productores de alternativas y de disputar por sí mismos la posición en la que se encuentran. Por lo cual, si bien el análisis de los procesos de exclusión social permite entender las dinámicas de desigualdad y empobrecimiento que produce el capitalismo en su fase actual, poco nos dice de las prácticas y relaciones entabladas por “los excluidos”, en tanto que situarnos desde la incapacidad necesariamente se opone a una perspectiva que parta del análisis de la capacidad de agencia de estos sectores, de sus luchas, disputas y horizontes posibles.

Las miradas de informalidad laboral y economía informal

Hacia la década del ´70 la búsqueda por desarrollar nuevos marcos conceptuales que permitieran dar cuenta de las características y formas que estaban adquiriendo los mercados de trabajo, las estrategias económicas de quienes se encontraban por fuera del mercado formal, y las vinculaciones entre ambos sectores, dieron surgimiento a la noción de informalidad. Su origen puede rastrearse a los estudios realizados por Hart para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenya. A partir de la observación de los mercados laborales de dicho país, este antropólogo británico postuló un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana basado en la distinción entre empleo y autoempleo. La visualización de la existencia de un conjunto de trabajadores pobres que eran parte del aparato productivo permitió considerar no solo al desempleo como una de las principales problemáticas, sino también a aquellos que estando ocupados recibían un ingreso insuficiente (Tokman, Chávez O’Brien y Klein, 2001). De este modo, en un inicio, al interior de la OIT el concepto de informalidad fue asimilado al de pobreza, siendo ésta una “característica no ya de las franjas de población exteriores al sistema productivo, sino, por el contrario, de las integradas al mismo” (Pok y Lorenzetti, 2007: 6).

La noción de sector informal tuvo una rápida difusión en las ciencias sociales latinoamericanas que, retomando los estudios sobre marginalidad urbana, se abocaron a la construcción de nuevas categorías para el estudio de las economías populares. La utilización de los términos formal-informal apareció como una alternativa a la dicotomía tradicional-moderno que abría nuevas vetas de análisis sobre las estrategias laborales y de obtención de ingresos de estos sectores. Esta nueva forma de abordaje supuso “mirar dentro de aquel espacio que había recortado la perspectiva de la marginalidad. Sin embargo, este espacio sufrirá algunas modificaciones en sus límites, que ya no estarán constituidos por la simple exclusión” (Saraví, 1996: 439). Las líneas de trabajo al respecto no fueron unívocas, de modo tal que es posible reconocer distintas acepciones del concepto de informalidad que refieren a la informalidad en tanto sector económico, es decir a una determinada forma de producir, como así a una determinada condición laboral signada por la el tipo de contrato que se establece entre el trabajador y su empleador.

Pero la ruptura fundamental en estas perspectivas fue que se pasó de una concepción dualista a una perspectiva de interdependencia e integración de las distintas partes del sistema económico, “ya sea en forma subordinada o de mutua dependencia, de explotación o de convivencia simbiótica, la informalidad no significa exclusión, sino la difusión amorfa en el sistema de un comportamiento diferente” (Saraví, 1996: 441).

Estas perspectivas pueden dividirse con fines analíticos en tres grupos (Busso, 2007; Galín, 1991; Neffa, 2008; Saraví, 1996; Tokman, 2004): 1) El enfoque del Sector Informal Urbano (SIU), cuyo trasfondo es el mercado de trabajo y su centro de análisis es la forma de producir (en tanto que ello es lo que distingue al SIU); 2) El enfoque neoliberal, que se centra en la actividad económica y distingue a la informalidad por su condición de ilegalidad y 3) El enfoque neomarxista o regulacionista, cuyo trasfondo es la economía capitalista, por lo que focaliza en el vínculo que existe entre el proceso de modernización y la explotación de la fuerza de trabajo, para definir a la informalidad a partir de la no regulación.

Me propongo recorrer estas tres miradas para rastrear los aportes que me puedan brindar herramientas para comprender mi caso de estudio. No es mi objetivo realizar un análisis exhaustivo de dichas posiciones, en tanto que ello fue abarcado ampliamente en trabajos anteriores, pero sí, rastrear las premisas que, como en los conceptos de marginalidad y exclusión social, sitúan a los sujetos desde una mirada negativa, enfatizando sus carencias antes que sus potencialidades.

La Perspectiva del PREALC

El primero de estos enfoques corresponde a la perspectiva que dentro de la OIT desarrolló el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) en la década del ´70. Tal como postulaba la perspectiva desarrollista de la marginalidad propuesta por la CEPAL, el PREALC consideró a la informalidad como un problema vinculado con el ritmo de incorporación de la fuerza de trabajo al sistema productivo moderno. Sin embargo, aquellas poblaciones que no lograban ocuparse en los sectores más dinámicos de la economía, encontraban un espacio de refugio en los niveles más bajos de la actividad económica. De esta manera, a través del autoempleo o de la inserción en actividades diversas, esta población lograba generar ingresos para su subsistencia. Lo particular para esta posición era entonces la inserción económica de una parte de la población en un sector diferenciado respecto al de la economía formal, que este enfoque llamó Sector Informal Urbano (SIU). Así que, desde el análisis del mercado de trabajo urbano, el PREALC definió al SIU como la franja de actividades de baja productividad en la que se inserta la población que no puede ser absorbida por las ocupaciones del sector moderno de la economía. Dos cuestiones hasta aquí: por un lado, esta población es considerada como un “excendente”; por otro, detrás de esta visión subyace la idea de que el mercado formal debería incorporar a todos, o al menos es pensado como la forma de integración privilegiada. A su vez, el centro del análisis de esta corriente se situó en los establecimientos productivos, siendo sus características las que definen la condición de informalidad. Estos atributos propios del SIU, a partir de los cuales es posible distinguir entre lo formal y lo informal son: la facilidad de entrada, la utilización de los recursos autogenerados, la propiedad familiar de los negocios, la operación a pequeña escala, la utilización de trabajo intensivo y tecnología adaptada, la obtención de habilidades fuera del sistema formal de educación y la inserción de estas actividades en mercados competitivos y desregulados, la escasa o nula explotación de capital y una escasa división del trabajo. De aquí es que el PREALC caracteriza a los trabajadores insertos en el SIU por sus bajos niveles de educación, su proveniencia de determinados sectores de la sociedad como ser mujeres, niños, ancianos e inmigrantes, por tener ingresos significativamente menores que los trabajadores del sector formal, y menores oportunidades de progreso. Estos grupos, son definidos a partir de su condición de exclusión de los distintos tipos de protecciones y mecanismos institucionales, por lo cual se refugian en el sector informal ante la carencia de alternativas en los sectores organizados. Su única opción sería entonces la producción o comercialización de bienes o servicios realizados con los escasos recursos que poseen con el fin de obtener un ingreso de subsistencia. Asimismo, dado que las actividades productivas que desempeñan se encuentran fuera de los marcos legales y de regulación se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza (Tokman, 2007).

Una de las principales críticas realizada a esta perspectiva se relaciona con su dificultad para definir la unidad de análisis, ya que las características propuestas para definir al SIU en ocasiones hacen referencia a las unidades productivas, mientras que otras ponen el acento en las características de los sujetos insertos en la informalidad. Al respecto, Portes (1995) señala que la definición de la informalidad propuesta por el PREALC tiene al menos tres grandes defectos. En primer lugar, excluye a un número significativo de personas ya que deja afuera a quienes producen para la subsistencia directa y a quienes son considerados teóricamente autoempleados pero que tienen salarios encubiertos. En segundo lugar, el enfoque no tiene en cuenta las diferencias que existen entre las distintas clases de empleo dentro del sector informal. Finalmente, Portes señala que éste no tiene en cuenta la posibilidad de estar empleado al mismo tiempo en actividades formales e informales.

La Perspectiva Neoliberal

El segundo enfoque que ha cobrado una relevancia significativa en los debates sobre la informalidad fue esbozado por Hernando de Soto en su libro El otro Sendero. Partiendo de las premisas neoliberales, De Soto (1987: 15) muestra su preocupación por los cambios que se dieron en el Perú luego de la Segunda Guerra Mundial. Así, el autor menciona cómo la ciudad peruana pasó de ser un “pequeño lugar familiar” para convertirse en una “populosa metrópoli impersonal”. El origen de estos cambios se encontraría en las migraciones indígenas que dieron paso a la multiplicación de las “viviendas modestas”, a la aparición de “ejércitos de ambulantes vendiendo en las calles” y de nuevos empresarios que, “a diferencia de los tradicionales, son de origen popular”. Los cambios en la organización de la ciudad llevaron también para el autor a un cambio cultural, religioso, político y social. Casi a modo de queja, De Soto (1987) postula que en las ciudades peruanas “el estilo europeísta que las caracterizó ha dado paso a una personalidad cobriza y tumultuosa” (p. 3). Estos inmigrantes, indígenas y campesinos se han encontrado en la ciudad con un “mundo hostil”, ya que, en términos del autor, la sociedad formal no quería que el “Perú profundo bajase a las ciudades”. Dicha hostilidad se habría visto profundizada por la institucionalidad legal vigente. La imposibilidad de estos sectores para insertarse en las actividades sociales y económicas establecidas legalmente, así como para acceder a la vivienda formal y a la educación se daba también en lo que respecta al acceso al trabajo y a la empresa. Frente a esta situación el autor menciona que:

Los migrantes descubrieron que eran numerosos, que el sistema no estaba dispuesto a admitirlos, que las barreras se multiplicaban, que había que arrancar cada derecho a un renuente status quo, que estaban al margen de las facilidades y beneficios de la ley, y que la única garantía para su libertad y prosperidad estaba, finalmente, en sus propias manos. Descubrieron en suma que tenían que competir; pero, no sólo contra personas sino también contra el sistema. (1987: 12)

De esta forma la informalidad se convirtió en la forma de subsistencia de los migrantes que, en tanto sujetos racionales, optaban por evadir la intervención estatal con el fin de aumentar sus ingresos. Se extendía así una nueva forma de ilegalidad con fines lícitos. La causa de la informalidad para De Soto se encuentra entonces, en la existencia de reglas impuestas que exceden el marco normativo socialmente aceptado.

Aunque desde una justificación diferente, De Soto comparte con la perspectiva del PREALC que la informalidad es un concepto que define a las actividades antes que a los individuos. Pero para este autor, estas actividades son definidas como informales por encontrarse fuera de la legalidad y el desarrollo de las mismas se da por la opción de los propios sujetos. En este esquema la excesiva intervención del estado resulta en un obstáculo para el desenvolvimiento del libre espíritu empresarial que guía a los informales. Ante esta situación los informales crean otra forma de economía orientada a garantizar su subsistencia, que se define por encontrarse fuera de la ley. Así, el sector informal es definido como “aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines” (De Soto, et. al, 1988: 1).

Esta perspectiva ha sido fuertemente criticada, principalmente por su punto de partida para el análisis de la acción de los informales. El considerar a los sujetos como individuos racionales que operan según su voluntad (descartando su articulación con otras dimensiones de la realidad social) invisibiliza los complejos mecanismos de articulación que existen entre la economía formal y la informal, negando la utilidad que el sector informal tiene para incrementar los beneficios de los sectores económicos concentrados. Asimismo, la definición de informalidad como sinónimo de ilegalidad conduce a un problema metodológico para la identificación del sector informal, en tanto que dificulta la separación de las actividades lícitas de las ilícitas. Estas dos dimensiones articuladas inducen a pensar que la violación de la ley es una actitud deliberada de los informales. La propuesta de De Soto frente a esto resulta en la necesidad de una adecuación de las leyes a la realidad de los informales, lo cual llevaría a una fuerte disminución en la presencia del Estado y por ende de las regulaciones existentes. Al respecto Tokman y Klein (1988) consideran que dado que la exclusión de los informales no se da solo en el plano legal sino también en el económico, una reforma del derecho se presenta necesaria siempre y cuando se acompañe de un apoyo productivo y asistencial que permita enfrentar verdaderamente los problemas de la pobreza.

La Perspectiva Neomarxista

El tercer enfoque sobre la economía informal, llamado estructuralista, neomarxista o regulacionista, se presenta como una crítica a los dos enfoques presentados anteriormente. Esta perspectiva buscó ampliar la noción informalidad separándola del concepto de pobreza y extendiendo su uso más allá de las economías subdesarrolladas. De esta forma la informalidad fue vista no sólo como producto de la incapacidad del sistema para incorporar a la población total, sino también como consecuencia de la organización a escala global de la reestructuración del sistema capitalista. Se agregó así una nueva variable al análisis de la informalidad centrada en la necesidad de asegurar la capacidad de competir de las empresas en la economía mundial, por lo cual las actividades informales fueron conceptuadas como parte integrante y necesaria de la nueva división del trabajo.

A partir de estas consideraciones Castells y Portes (1989) definieron a la economía informal como “todas las actividades redituables que no están reguladas por el Estado en entornos sociales en los que sí están reguladas actividades similares” (p. 12). Al igual que en el enfoque de De Soto (1987), los autores sitúan a la regulación como la dimensión que permite dividir las actividades formales de las informales. Sin embargo, la explicación que brindan para determinar las causas de la existencia de este sector de la economía son expresamente opuestas. Así que mientras para De Soto es la acción racional y voluntaria de los sujetos junto a las excesivas regulaciones lo que conduce a la existencia del sector informal, para Portes adoptar un enfoque que parta de las relaciones de producción es lo que permite valorizar el concepto de sector informal, ya que ello proporciona una base para comprender su función al interior de la economía total. Ello implica que la diferencia básica entre lo formal y lo informal no estriba en el carácter del producto final, sino en la manera en la que ese producto es producido o intercambiado, por ende, los mismos productos pueden tener origen en la producción formal o informal.

Con miras a afinar más el concepto de economía informal, Portes y Haller (2004) retomaron la taxonomía propuesta por Feige (1990) quien, desde la perspectiva de la economía institucional, clasificó al universo de lo que llama la “economía clandestina” en cuatro subformas:

1. La economía ilegal: abarca la producción de bienes y servicios que se encuentran legalmente prohibidos
2. La economía no reportada: incluye a las actividades que evitan las normas fiscales y el código impositivo
3. La economía no registrada: comprende a las actividades que no se reportan a las oficinas estadísticas de gobierno como deberían
4. La economía informal: abarca las actividades económicas que están excluidas de la protección de las leyes y las reglas administrativas.

Las cuatro subformas no son excluyentes entre sí ya que generalmente las actividades informales son también no reportadas y no registradas, o lo mismo sucede con las ilegales. Retomando esta clasificación Castells y Portes propusieron una diferenciación entre formal, informal e ilegal, basada en las condiciones de producción y/o intercambio de un bien o servicio, resultando una clasificación funcional de las actividades informales de acuerdo con sus objetivos. Dichas actividades, definidas como las que se realizan al margen de la regulación estatal, pueden estar dirigidas a tres objetivos diferentes. En primer lugar, lo que los autores llaman la economía informal de sobrevivencia tiene como objetivo la sobrevivencia del individuo o del hogar a través de la producción de bienes para la subsistencia directa o a través de su venta en el mercado. En segundo lugar, la denominada economía informal de explotación dependiente se orienta a incrementar la flexibilidad gerencial y a reducir los costos laborales de las empresas del sector formal, a través del empleo no registrado y la subcontratación de empresarios o trabajadores informales. Finalmente, la llamada economía informal de desarrollo, tiene por objetivo la acumulación de capital dado a través de la conformación de microempresas por medio de la movilización de relaciones solidarias de una mayor flexibilidad y costos más reducidos.

En la práctica estos tres tipos de economía no son excluyentes entre sí ya sea en términos de coexistencia en los mismos espacios urbanos o de las intenciones de los participantes. Asimismo, la diferenciación entre éstos no se da por la motivación de los actores sino por requerir niveles cada vez más complejos de organización social.

El cambio de mirada que imprimió esta perspectiva permitió ampliar la consideración del fenómeno de la informalidad. El marcado hincapié que los autores realizan sobre las articulaciones entre lo formal y lo informal resulta el corazón del análisis, fundamental para comprender el papel que tiene el desarrollo de la economía informal en América Latina y también, en los países centrales. Las investigaciones empíricas llevadas a cabo bajo este enfoque permitieron dar cuenta de cómo las actividades informales no sólo son beneficiosas para la reproducción y ampliación del capital sino también para el funcionamiento del Estado, en tanto que ejercen una función de refugio que permite sobrevivir a los más desprotegidos.

El paso de la perspectiva de marginalidad hacia la de informalidad representó un cambio en la forma de análisis de este sector. Mientras que los enfoques de marginalidad hacían hincapié en las dimensiones de delimitación del espacio ocupado por un sector aparentemente pasivo y situado por fuera de los procesos de cambio y modernización, los enfoques de informalidad privilegiaron el estudio de las características de estas unidades económicas poniendo el énfasis en las formas de producción económica de “los informales” y sus vinculaciones con la economía formal. Así, a diferencia del enfoque de marginalidad, el de informalidad, al tener como uno de sus rasgos distintivos a la actividad, hace referencia a una presencia activa de los sujetos, a su comportamiento y no a un espacio (Saraví, 1996). Este cambio en la mirada llevó a un nuevo problema de definición que dificultó la delimitación del espacio ocupado por la informalidad en la sociedad. Si bien es posible encontrar puntos en común entre los distintos enfoques, no existe un criterio único que permita definir la informalidad.

El debate entre las distintas corrientes no se encuentra saldado y responde principalmente al punto de partida que éstas utilizan para definir el sector informal. Tal como plantea Pérez Sáinz (1998), esta dificultad para llegar a un acuerdo se debe a que los distintos enfoques de informalidad hacen énfasis interpretativos y tienen referentes históricos distintos. Así, mientras el PREALC ha focalizado en el desarrollo tecnológico como criterio de distinción sectorial (es decir en el proceso productivo) el enfoque regulacionista ha privilegiado como criterio la existencia o no de una regulación, principalmente estatal, centrándose en el análisis del mercado de trabajo. De igual manera, mientras que el análisis del sector informal urbano era visto como resultado del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, la perspectiva de la economía informal planteó la problemática en términos del desarrollo general del capitalismo buscando así ampliar el alcance de sus postulados.

Por otra parte, los importantes cambios de las realidades latinoamericanas en la década del ´90, fundamentalmente a partir de la intensificación en la aplicación de políticas neoliberales, llevaron a nuevos cuestionamientos sobre la vigencia del concepto de informalidad. Los cambios tecnológicos que modificaron sustancialmente los procesos productivos, la extensión de las nuevas formas de (des)regulación de las relaciones laborales y la transformación del rol del Estado, entre otros, llevaron a la necesidad de reflexionar sobre los criterios para definir la informalidad, para poder identificar estas actividades en el nuevo contexto.

En relación a los objetivos de esta investigación, las perspectivas de informalidad resultan de importancia para comprender el contexto y la vinculación que los cartoneros y sus organizaciones establecen con otros actores e instituciones, situados tanto en el mercado formal como en el informal. Ello permite comprender la articulación que existe entre los distintos eslabones que conforman el circuito productivo del reciclaje y cómo el trabajo de los cartoneros contribuye a sostener dicho circuito funcionando, a partir de ser uno de los principales proveedores de las materias primas a reciclar. Bajo los términos propuestos es posible caracterizar a los emprendimientos de los recolectores y a sus asociados. La mayor parte de estas organizaciones poseen bajas dotaciones de capital, utilizan mano de obra intensiva, tienen bajos niveles de productividad y una escasa división de mano de obra, entre otras. También los asociados tienen bajos niveles educativos y bajos ingresos, aunque no necesariamente inferiores a aquellos que podrían percibir en el sector formal. Ahora bien, dar cuenta de las modalidades y estrategias organizativas de los cartoneros, implica ir más allá de su caracterización productiva. Es en este punto donde las perspectivas de informalidad y economía informal carecen de propuestas que permitan entre otras cosas, profundizar en los aspectos relacionales y socioculturales de estas actividades. Estudiar las prácticas e instituciones económicas desde parámetros exclusivamente económicos significa reducir ampliamente sus posibilidades al ignorar importantes parámetros no económicos (Saraví, 1996). Sumado a ello, tomar como punto de partida la perspectiva del capital lleva a resaltar todo aquello de lo que estas organizaciones carecen en relación a lo que debería ser una empresa capitalista “normal” dentro de un esquema que privilegia la racionalidad de la ganancia y la acumulación, antes que la racionalidad reproductiva (Hintze y Vazquez, 2011).

El repaso realizado hasta aquí nos permite encontrar al menos dos notas comunes en los diversos enfoques que he agrupado en el eje “de las carencias”. La primera de ellas es la que se refiere a la necesidad de pensar los procesos de producción, distribución y consumo insertos en un marco más amplio que podemos denominar, por cuestiones de economía argumentativa, como modelo de acumulación. La segunda es el supuesto de que los sectores subalternos están compuestos por individuos que se comportan (o debieran comportarse) en función de una racionalidad económica de acuerdo con la cual la opción preferida y principal es el empleo asalariado. Esto les permite sostener, sin más, que quienes no se encuentran en esa condición “no pueden, no saben” es decir, son “incapaces” de hacerlo. Y entonces, cualquier otra modalidad de inserción en el trabajo es pensada como subsidiaria, frente a esta opción principal y a quienes la ocupan como pasivos sufrientes de esta condición degradada.

Este segundo aspecto ha sido fuertemente criticado por los autores de las corrientes de economía social y solidaria. Para ellos, si bien estos enfoques identifican distintos aspectos que son propios de la economía popular, dejan de lado que

el hecho más interesante, sorprendente y novedoso manifestado por esta notable multiplicación de pequeñas iniciativas, organizaciones y experiencias económicas populares, es la movilización y activación económica del mundo de los pobres, en búsqueda de solución autónoma a sus propias necesidades y carencias (Razeto Migliaro, 1993: 13).

De ahí que, en contraposición a las nociones de economía informal y sector informal urbano, esta corriente (aunque con sus variantes internas) propuso la noción de economía popular, entendida como “un mundo social, económico, político y cultural estructuralmente heterogéneo, encarnado en el Modo de vida y de hacer economía de las clases populares”^[5] (Barrantes, 1992: 97) . La apertura de nuevas líneas de análisis que centraban su atención en los aspectos vinculares y en las relaciones sociales sobre las cuales se desarrollan las actividades económicas de los sectores populares dio paso al surgimiento de una nueva corriente: la economía social y solidaria.

El foco en los aspectos vinculares: la economía social y solidaria

Los orígenes de las teorizaciones en torno a la Economía Social se remontan a mediados del SXIX, el contexto de consolidación del capitalismo industrial y de las profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que ello trajo aparejado. Fue en este momento histórico cuando la economía política terminó de sentar sus preceptos, arraigando una concepción económica que perdura aún hoy en día. En la base de esta corriente, la economía es considerada una ciencia que debe ser despojada de concepciones valorativas. Fue este período también cuando terminó de consolidarse la subsunción del trabajo al capital, a partir de la progresiva expropiación que los sectores trabajadores sufrieron de sus medios de trabajo y del control sobre los procesos productivos. Ante este contexto no fueron pocas las experiencias reivindicativas que florecieron en la época. Entre las diversas acciones de protesta y movimientos de trabajadores e intelectuales nacientes, la economía social cobró gran importancia.

Ante la carencia de las relaciones de intercambio predominantes para dar respuesta a otras necesidades de índole social, política y cultural, así como económicas para aquellos actores que se encontraban por fuera del mercado laboral, diversos grupos sociales optaron por la organización colectiva como medio para la persecución de objetivos propios con un carácter de interés general. En el caso europeo, las asociaciones modernas pudieron emerger una vez que la democracia había ocupado un espacio en los distintos países. Las mismas tuvieron orientaciones diversas en sus orígenes. En el Reino Unido, su conformación se encontró más ligada a un rol de intermediario entre el Estado y la ciudadanía, estando atravesadas por una visión en la cual la caridad se constituía como un principio social y por ende un componente esencial de una sociedad democrática que ayudaba a regularla a través del establecimiento de objetivos morales y compromisos altruistas voluntarios. En el caso francés, por otra parte, gran parte de las asociaciones surgieron a partir de la concepción de solidaridad en tanto vínculo social democrático, conformándose como proyectos en busca de una economía “fraternal” o “asentada en la solidaridad” (Laville, Benoit y Mendell, 2005).

Las primeras conceptualizaciones en torno a la economía social de diversas y disímiles corrientes que abarcan pensadores que reivindicaban al socialismo asociacionista (Owen, Fourier, Saint-Simon y Proudhon, entre otros) y de ahí la organización de cooperativas de productores; algunas corrientes del cristianismo social que postulaban la necesidad de crear organizaciones intermedias para luchar contra el aislamiento individual y las fallas del liberalismo, como Frederic Le Play (1806-1882) quien postulaba que las cooperativas debían tener un objetivo reformista aunque sin pretender una transformación radical de la sociedad; y algunos pensadores de la corriente liberal, como Walras y Mill, que abogando por la libertad económica ante cualquier posible injerencia estatal, fomentaban las asociaciones de ayuda mutua entre trabajadores (Defourny, 2009). Entre éstos fue Charles Guide (1847-1932) quien sentó las bases de la concepción científica de la economía social en Francia basada en el cooperativismo como alternativa superadora del capitalismo y en un fuerte sentido de solidarismo cooperativista identificado con la clase y para las mejoras de las condiciones de vida (Forni y Dzembrowski, 2010).

De ahí que el surgimiento de las corrientes de economía social en Europa durante el siglo XIX estuvo estrechamente ligado con la promoción de diversas formas cooperativas que se pensaban como alternativas y superadoras del capitalismo. La perspectiva política de estas asociaciones de la clase trabajadora no estuvo exenta de amplios debates en torno a su potencialidad política y transformadora. Como afirma Vuotto (2007) es posible identificar al menos tres corrientes al respecto. La primera de ellas es la que consideraba al cooperativismo (principalmente al cooperativismo de producción) como una fuerza conservadora-reformista, que al brindar mayores y mejores posibilidades de desarrollo a los obreros, los alejaría paulatinamente de la influencia revolucionaria. La segunda, piensa al cooperativismo como una vía para instaurar un particular tipo de cooperativismo, dado que, a partir de la propia práctica cooperativa, los intereses individuales y la competencia tenderían a subsumirse bajo los intereses colectivos, generando nuevas prácticas y formas de vinculación entre los trabajadores que propiciarían la construcción de una nueva sociedad. Finalmente, la tercera corriente pensaba a estas organizaciones como una forma individualista de cooperación haciendo hincapié en sus limitaciones, fracasos y desviaciones.

Una segunda etapa en el desarrollo de las perspectivas de la economía social europea se sitúa en las últimas décadas del siglo XX, como respuesta y vía alternativa al surgimiento de la nueva cuestión social en la región, que comenzaba a manifestarse en la década del setenta. La crisis de la sociedad salarial en los países europeos reflotó así las perspectivas sobre economía social producto del contexto de crisis del empleo y de los primeros resquebrajamientos de los estados de bienestar de los principales países del continente. Durante este período, y principalmente en los `80, surge en este ámbito el término de economía solidaria, de cuyo desarrollo teórico Jean Lois-Laville es uno de los principales referentes. Su eje de análisis está puesto en las organizaciones de la nueva economía social que surgen como respuesta a la crisis con miras a generar alternativas frente al desempleo estructural y las necesidades insatisfechas por el mercado y el Estado, agrupando a una diversidad de actores. Para Laville, las primeras experiencias de este tipo surgen en la década del `60, como respuesta a una doble crisis, cultural y económica. Estas instituciones pueden ser entendidas como intermediarias entre dos campos que ellas articulan: el campo político y el económico. El agrupamiento voluntario es el vector que les brinda el acceso al espacio público, lo que es habilitado a través de la afirmación de un bien común que reúne a los miembros y que justifica la construcción de su lazo social. Entonces, son los principios que justifican a la acción los que devienen en las referencias colectivas de la entidad creada. En estas organizaciones la dimensión institucional supera a la de la organización que rige el proceso de producción, ya que parte y se corresponde con un compromiso que rige los principios en los que los actores sociales acordaron desarrollar las reglas del juego que rigen su relación. En los términos del autor ello implica que:

Dicho así, la expresión colectiva es relevada por una acción concreta que compromete a la institución de la economía solidaria con la producción y la distribución de servicios. Fundada en base al voluntariado y la reciprocidad, esta actividad económica, en busca de demostrar su lazo social fundador, conduce, en lo que refiere a la producción, a formas plurales de trabajo en las que se entrecruzan trabajo voluntario y trabajo remunerado ; en lo que refiere a la circulación de bienes y servicios ésta lleva a una combinación de diferentes principios económicos que pueden incluir, como complemento de la reciprocidad, la recurrencia al mercado, a la redistribución y a la administración doméstica. En el plano económico, la institución de la economía solidaria juega un rol de intermediación entre diversas formas de trabajo y de economía.  (Laville, 2007: 293-294)^[6]”.

De esta forma, plantea Laville, la economía solidaria restablece algunos aspectos del proyecto fundador de la economía social, que no azarosamente aparecen en el momento en el que se buscan vías de salida a la sociedad salarial que no impliquen un proceso de regresión social. Al basarse tanto en la dimensión política como económica del asociacionismo, ésta aporta elementos que permiten superar los límites de la teorización sobre la economía social en relación a cuestiones tales como la democracia interna, la solidaridad, la relación con la economía y la institucionalización de sus prácticas (Laville, 2004).

En la región latinoamericana, el surgimiento de las perspectivas vinculadas a la economía solidaria se dio como consecuencia de una serie de factores, en cuyo centro se encuentra (como en el caso europeo), las transformaciones acaecidas a partir de la década del setenta, que en el ámbito local tuvieron ciertas particularidades que las diferencian de los países del norte. Entre estos factores podemos mencionar, en primer lugar, la necesidad de hacer frente a los efectos de la aplicación de políticas de corte neoliberal que llevaron a una nueva globalización de la pobreza. A partir de allí se multiplicaron nuevas formas empresariales que fueron concebidas por estos autores como organizaciones económicas populares y que buscaban dar respuesta a la extensión del desempleo y la pobreza. Asimismo, el quiebre de los sistemas socialistas y el retorno a la democracia en gran parte de los países de la región abrieron paso a considerar a la economía solidaria como una alternativa económica, social y política, consolidando al mismo tiempo sus fundamentos teóricos (Da Ros, 2007). Surgía así una nueva corriente de pensadores y activistas políticos que en la búsqueda por ampliar la comprensión sobre las formas de hacer economía de los sectores populares, imprimieron también un sentido político reivindicativo y emancipatorio en estas experiencias.

Así fue que, ante un contexto de retirada del Estado de la intervención económica y social, surgió en la región una nueva forma de abordaje de problemáticas que anteriormente habían sido analizadas desde los estudios ya clásicos de marginalidad urbana y luego, desde las perspectivas de la informalidad: la economía social y solidaria. Fue en la década del ´90 cuando estas nuevas corrientes lograron cierta consolidación a partir de asentar un debate centrado tanto en las formas de conceptualización de las experiencias económicas de los sectores populares, como en su papel como posible motor de cambio en la sociedad global.

Respecto al primer punto, el aporte principal de la perspectiva de la economía popular radica en el hincapié puesto en pensar estos emprendimientos como vías de inclusión social desde una mirada que recupera las capacidades y habilidades productivas de las personas, construyendo sujetos productivos y creativos que adquieren grados crecientes de autonomía y capacidad de trabajo en equipo a través del fortalecimiento de los lazos de cooperación (Abramovich, 2008).

Así, estas miradas se centraron en el estudio de las economías populares y, retomando una cierta continuidad con las corrientes clásicas de economía social, buscaron proporcionar un marco local que permitiese aportar categorías de análisis más acordes a la realidad latinoamericana. La definición y delimitación de la economía popular reconoce distintas acepciones entre los autores, aunque en términos generales esta refiere a las distintas actividades desarrolladas por los sectores excluidos del mundo del trabajo asalariado o por aquellos que debido a sus bajos salarios buscan en el trabajo por cuenta propia ingresos complementarios. Tal como analizan Sarria Icaza y Lia Tiribia (2004) dichas actividades anteceden al modo de producción capitalista, pero a pesar de encontrarse en otras formaciones sociales, se han vuelto más nítidas para los distintos cientistas sociales y economistas a partir de la crisis del modelo de acumulación fordista, cuando el trabajo asalariado ha perdido relevancia. Las autoras (2004) definen la economía popular como:

[E]l conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales. (p. 173)

De ahí que el sector de la economía popular aparece como el producto de la situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran grandes grupos sociales que, a través de diversas estrategias de sobrevivencia, realizan diversas actividades económicas informales y por cuenta propia que buscan la satisfacción de necesidades básicas.

Para Razeto (1999) dentro de la economía popular se combinan capacidades y recursos laborales, tecnológicos, organizativos y comerciales de tipo tradicional con otros de carácter moderno. Ésta opera buscando intersticios y oportunidades en el mercado, busca aprovechar servicios y subsidios del sector público, se inserta en experiencias promovidas por ONGs y a veces logra restituir lazos de cooperación y reciprocidad que caracterizan a las formas tradicionales de organización económica. En la economía popular es posible encontrar también importantes elementos de solidaridad, lo que en términos de Razeto (1993) se debe a que “la cultura de los grupos sociales más pobres es naturalmente más solidaria que la de los grupos sociales de mayores ingresos” (p. 74), debido a que por su particular situación la vivencia de la necesidad de compartir y de la ayuda mutua se encuentra más presente. Es principalmente esta característica la que lleva al autor a postular la mayor potencialidad que estas organizaciones tienen de ser “sujeto y actor de una economía de solidaridad y alguna capacidad de ir a la vanguardia y ser orientadora de un proceso más amplio de organización social de la economía popular” (p. 16). La economía de la solidaridad es definida por éste como

[U]na formulación de nivel científico, elaborada a partir y para dar cuenta de conjuntos significativos de experiencias económicas que comparten algunos rasgos constitutivos de solidaridad, mutualismos, cooperación y autogestión comunitaria, tales que definen una racionalidad especial, distinta a otras racionalidades económicas. (1990: 132)

Su racionalidad particular está dada por la presencia del factor C, siendo éste un elemento comunitario de acción y gestión conjunta, cooperativa y solidaria, que se encuentra presente al interior de estas unidades económicas y tiene efectos tangibles y concretos sobre el resultado de la operación económica. Lo cual marca una distinción en el proceso de distribución ya que los recursos y bienes no solo se distribuyen en función de relaciones de intercambio valoradas monetariamente sino también a través de otras relaciones económicas que se orientan a perfeccionar la integración social.

De manera complementaria a la propuesta de Razeto, José Luis Coraggio (1999) concibe a la economía de los sectores populares, como

[E]l conjunto de las unidades domésticas de trabajadores y por tanto del conjunto de recursos que comandan, de las capacidades que tienen, de la estructura de sus actividades, de la estructura y calidad de su oferta de fuerza de trabajo en el mercado, de su estructura de ingresos. (p. 10)

Una de las diferencias fundamentales del pensamiento de ambos autores radica en los sujetos que para cada uno de ellos, componen la economía popular. Al respecto, Coraggio (1999) postula que no son solo las unidades y organizaciones económicas de los sectores marginados quienes forman parte de este sector, sino todas aquellas unidades domésticas que dependen de su fondo de trabajo para su reproducción. La unidad doméstica se constituye así en el centro de análisis de la economía popular. Respecto al fondo de trabajo, éste se refiere al “conjunto de capacidades de los miembros de esta unidad domestica para anticipar productos que satisfacen sus necesidades y trabajar para lograrlos directamente o a través del intercambio con otros trabajos o productos” (p. 3).

En este sentido la composición de este sector es para Coraggio mucho más amplia que para Razeto en torno a la economía popular, ya que éste no refiere únicamente a la economía de los pobres, sino también a profesionales, artistas, artesanos, profesores, comerciantes, que pueden tener ingresos muy diversos, pero que en todos los casos deben trabajar para vivir y sostener su reproducción ampliada. En otros términos, la construcción de lo que Coraggio entiende por economía popular se asemeja más a la definición que Razeto construye del “sector solidario”, el cual se encuentra conformado por diversos conjuntos de sujetos, actividades, flujos y relaciones que dan lugar a variadas formas de economía: doméstica y familiar, de comunidades, campesina, popular de subsistencia, cooperativa, comunitaria, autogestionaria, de donaciones institucionales y economía de voluntariado.

Como mencioné en el apartado anterior, uno de los puntos centrales de diferenciación de estas corrientes respecto a las de economía informal es la crítica que hacen a las miradas que entienden la racionalidad de estos emprendimientos únicamente a partir del utilitarismo y la lógica capitalista de acumulación. En contraposición a ello, se postula que la racionalidad de las organizaciones de la economía popular se asienta en diversas características. En primer lugar, la articulación entre producción, consumo y circulación como procesos estrechamente vinculados al interior de las empresas, del sector y de los contextos mercantiles más próximos, privilegiándose la satisfacción autónoma de las necesidades y ampliando las distancias entre producción y consumo por grados sucesivos y sólo frente a las insuficiencias manifestadas en los niveles más cercanos. En segundo lugar, por la búsqueda de satisfacción de necesidades fisiológicas, de autoconservación, espirituales y de convivencia. En tercer lugar, por el entrelazamiento de medios y objetivos y de los costos y beneficios. Asimismo, por la integración de intereses, aspiraciones y objetivos particulares con lo generales y colectivos. En quinto lugar, por la tendencia a la formación de organizaciones y asociaciones. Y finalmente, por no enfatizar en el acopio de bienes y factores materiales como medio para asegurar el futuro, sino en el desarrollo de valores, capacidades y energías creadoras en los sujetos mismos (Razeto Migliaro, 1993).

Para Gaiger (2004; 2006) es la conquista de un mayor bienestar lo que motiva a estas organizaciones, a las que llama emprendimientos económicos solidarios. Su objetivo principal es dar respuesta a las necesidades materiales de sus miembros, como así a sus aspiraciones no monetarias, de reconocimiento, inserción social y autonomía. Gaiger destaca a su vez el carácter multifuncional de estos emprendimientos, postulando que éstos tienen una vocación por actuar simultáneamente en la esfera económica, política y social, lo cual permitiría superar el binomio mercado privado-Estado. Sus características definitorias se relacionan con su organización interna y sus interacciones con el entorno y la sociedad, siendo éstas: autogestión, democracia, participación, igualitarismo, cooperación, viabilidad, responsabilidad social y desarrollo humano. En tanto tipo ideal, el concepto de emprendimiento económico solidario “es un instrumento heurístico, útil para la búsqueda de conexiones causales, no accidentales, que obran en el interior de las experiencias de economía solidaria y las constituyen como una clase específica de emprendimientos” (Gaiger, 2004: 239). Es por ello que no se pretende que el mismo tenga una correspondencia perfecta con la diversidad de experiencias existentes.

En lo que respecta al segundo punto, las posibilidades de desarrollo del sector a largo plazo abarcan un amplio espectro de posiciones que van desde su consideración como posible nueva matriz de organización económica (en sus diferentes variantes) a prácticas de reproducción de la pobreza. De allí es que surgieron las perspectivas de economía solidaria (Forni, 2002; Gaiger, 2004; Razeto Migliaro, 1984; Singer, 2004); socioeconomía solidaria (Guerra, 2000; Lisboa, 2007); economía del trabajo (Coraggio, 1999, 2000, 2006); economía social y solidaria (Hintze, 2010) y, desde una visión crítica, economías de la pobreza (Salvia, 2004, 2005).

Algunas de estas alternativas consideran que una de las claves para plantear alternativas a las políticas macroeconómicas impuestas por los organismos multilaterales de financiamiento es “institucionalizar -mediante la práctica y mediante normas expresas- reglas morales que sobreconformen el funcionamiento de toda la economía” (Coraggio, 2002:3). La economía solidaria podría proveer entonces otras bases materiales, centradas en la reproducción del trabajo y no en la acumulación de capital, que permitirían desarrollar otras formas de organizar la producción, la distribución y el consumo.

Teniendo en cuenta la racionalidad propia de estos emprendimientos es que estos autores los conciben como antagónicos al modo de producción capitalista. Se entiende que al presentar una indivisión entre capital y trabajo y diferir en los criterios de eficiencia utilizados, estas experiencias propician nuevas formas de subjetivación con un fuerte sentido emancipatorio. Ello permitiría crear escenarios futuros de gran relevancia histórica, aun cuando todavía se encuentran en un grado incipiente de desarrollo (Gaiger, 2001). De este modo esta nueva praxis de inserción en el mundo del trabajo podría generar una nueva conciencia y provocar sucesivos cambios en las prácticas.

Por el contrario otros autores como Agustín Salvia (2004, 2007) consideran que este sector, al estar conformado por una “masa de desposeídos y desocupados”, no podrían lograr una mayor autonomía sino una mayor dependencia del Estado, de las agencias promotoras y de las organizaciones político-gremiales promotoras de una estrategia de poder institucional. Lo que se daría entonces para el autor son “diferentes maneras de convalidar la marginalidad social y las condiciones político-ideológicas que la hacen socialmente `aceptable´” (Salvia, 2005: 14). Por un lado esta visión permite realizar un llamado de atención en cuanto al papel otorgado a los emprendimientos de la economía popular como vanguardias del cambio social que es importante tener en cuenta. En este sentido coincido en que el conjunto de actividades y organizaciones que conforman el espacio de la economía popular difícilmente pueden ser concebidas bajo un mismo conjunto con objetivos y valores similares. Sin embargo, sostener esta mirada crítica, fundamentalmente en cuanto a la perspectiva política de la economía social refiere, no implica negar que la pertenencia a estas organizaciones funciona como un impulsor de cambios -si bien no a nivel global- al menos sí a nivel grupal. La significación del término “economías de la pobreza” no hace más que situarlas en un espacio residual que niega la posibilidad de un análisis en mayor profundidad. Esto es fundamentalmente el análisis de los vínculos, representaciones y prácticas que se transforman en su cotidianeidad y en las estrategias de articulación y construcción de redes que despliegan para consolidarse en el ámbito económico, político y social. Asimismo, situar a estas organizaciones como cada vez más “dependientes del Estado” si bien refleja en parte una realidad de carencias de recursos económicos y técnicos también invisibiliza las formas mediante las cuales esa articulación se traza.

En el marco de estos debates es que aparece uno de los puntos centrales de la reconceptualización propuesta a través de la noción de economía popular o economía popular solidaria, esto es, su estrecha relación con el análisis de la construcción de vínculos entre los actores que encarnan estos emprendimientos económicos y principalmente aquellos vínculos basados en la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad.

Estas perspectivas aportan distintas dimensiones que son de gran utilidad para el acercamiento a las experiencias de organización para el trabajo en el mundo popular. El rescate de los aspectos sociales de la economía permite ampliar la mirada tradicionalmente sesgada por los análisis economicistas clásicos. El enfoque en las relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación es entonces de gran importancia para comprender las formas en las cuales los sujetos se encuentran, se organizan y a partir de allí producen y reproducen su realidad cotidiana (Maldovan Bonelli y Dzembrowski, 2009). Es en ese hacer cotidiano que los actores modifican su medio y su existencia. Pero la comprensión de cómo ese accionar se lleva a cabo requiere desligar, en la medida de lo posible, a los aspectos valorativos de las herramientas conceptuales con las que nos acercamos al estudio de la realidad. De ahí que la naturalización de ciertos comportamientos o aspectos de la realidad social se convierte en un sesgo de importancia que podría limitar no sólo la comprensión del fenómeno sino también la elaboración de recomendaciones para las políticas del sector.

Mi interés se centra principalmente en comprender cómo los actores asociados construyen sus organizaciones, cuáles son los vínculos que se generan en estos procesos y de ahí como ello puede producir procesos de transformación o reproducción de determinadas prácticas. Para ello es importante entonces contar con una herramienta situada en un nivel de análisis que permita focalizar la atención en las dimensiones que hacen a este tipo de organizaciones. Al mismo tiempo que sea lo suficientemente flexible para poder dar cuenta de cómo esas dinámicas se construyen en cada tipo organizativo específico, lo cual implica buscar desligarse de nociones valorativas y de expectativas políticas en torno a su accionar.

Es a partir de la revisión de estas lecturas, así como de la experiencia de trabajo de campo que propongo la utilización de la noción de “asociatividad para el trabajo” como herramienta conceptual que considero útil para comprender las prácticas que rigen y configuran las organizaciones de cartoneros.

La asociatividad para el trabajo como propuesta conceptual

La práctica tiene una lógica que no es la de la lógica y, por consiguiente, aplicar a las lógicas prácticas la lógica lógica es exponerse a destruir, a través del instrumento empleado para describirla, la lógica que se pretende describir. (Bourdieu, 2007: 142)

En este apartado me propongo reflexionar sobre el concepto de asociatividad para el trabajo como el conjunto de prácticas que permiten el sostenimiento de actividades productivas gestionadas por trabajadores y la consecución, distribución y control de los recursos que circulan en torno a estos emprendimientos, sea cual fuere su origen (mercado, políticas públicas, programas de fomento gubernamentales y/o no gubernamentales, donaciones, etc.) y su especie (dinero, prestigio, legitimidad, bienes para consumo, herramientas, etc.).

Para dar cuenta de las dinámicas de construcción asociativa propongo analizar cómo se construyen “las reglas del juego”, el entorno normativo que regula los intercambios entre quienes conforman la organización, pero también entre éstos y los demás actores sociales con los que se relacionan. Y al hacerlo no parto de un conjunto preconcebido de normas y principios, de un set de buenas prácticas contra el que analizar lo que ocurre en la vida cotidiana de las organizaciones sino del análisis de los datos registrados a lo largo de todos estos años. Tal como propone Bourdieu (2007a):

La teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda, contra el materialismo positivista, que los objetos de conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados, y, contra el idealismo intelectualista, que el principio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre orientado hacia funciones prácticas”. (p. 85)

La construcción de mi objeto parte de problematizar la asociatividad desde los rasgos que ha adquirido en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de los cambios producidos en el modelo de acumulación de capital en nuestro país y las consecuencias que ello ha acarreado sobre la dinámica del mercado de trabajo y las estrategias económicas de un grupo de trabajadores no asalariados. Al hablar de estrategias quiero señalar que no me refiero a ellas como una búsqueda intencional o premeditada de metas calculadas sino más bien como un despliegue activo de líneas de acción objetivamente orientadas que obedecen a regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente inteligibles, aún cuando no sigan reglas conscientes o metas premeditadas (Bourdieu y Wacquant, 2005).

Para su estudio será necesario entonces tener en cuenta los distintos aspectos de la vida social conectados metodológicamente. El concepto de habitus que el autor propone permite vincular las estructuras objetivas transmitidas por la historia con las prácticas históricas de los agentes en tanto que es definido como un sistema de disposiciones duraderas y trasladables que -integrado a experiencias pasadas- funciona en todo momento como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. El habitus es entonces el principio generador de las estrategias que permite a los agentes enfrentar situaciones imprevistas y continuamente cambiantes (Bourdieu, 2007b). Al respecto Bourdieu (2005) menciona que las “probabilidades objetivas” científicamente construidas, como pueden ser las oportunidades de acceso a ciertos bienes o recursos tienden a correlacionarse con cierta regularidad con las “esperanzas subjetivas”, esto es las “motivaciones” o “necesidades” de los agentes. Si ello es así no es porque se deba a una evaluación exacta que los agentes hacen de sus probabilidades de éxito. La razón se encuentra en que el habitus engendra disposiciones objetivamente compatibles con esas condiciones de posibilidad a partir de lo cual las prácticas más improbables se encuentran excluidas “a título de lo impensable, por esa suerte de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir a rechazar lo rechazado y querer lo inevitable”^[7] (Bourdieu, 2007a: 88).

Teniendo en cuenta el principio establecido por el habitus que permite explicar la reproducción de ciertas prácticas, así como la construcción de los horizontes de posibilidades de los agentes inscriptos en una determinada posición del espacio social, es preciso también pensar cómo estas disposiciones pueden ser modificadas y cuáles son las condiciones que habilitan y limitan esas instancias de cambio. Para ello debemos considerar que la construcción de identificaciones e intereses comunes es crucial para el despliegue de acciones colectivas. La posibilidad de existencia de un grupo movilizado por y para la defensa de sus intereses aparece así ligada a una labor colectiva de construcción inseparablemente teórica y práctica. Dicha posibilidad se amplía en la medida en que los agentes agrupados estuvieran más próximos en el espacio social. Es decir que la “labor simbólica de constitución o de consagración” necesaria para crear un grupo unido (un nombre común, signos de adhesión, manifestaciones públicas, siglas, etc.) tiene mayores posibilidades de ser exitosa cuando los agentes sociales sobre los que se ejerce estén más propensos, dada su proximidad en el espacio de posiciones sociales y también de las disposiciones y de los interesados asociados a estas posiciones, a reconocerse mutuamente y en un mismo proyecto (Bourdieu, 2007b). Es en este marco que propongo la construcción de la noción de asociatividad como “modelo descriptivo” (Balbi, 1998), como prisma que permita acercarme a la construcción de mi objeto a partir del análisis de las prácticas de los actores sociales en su interacción cotidiana con otros agentes e instituciones.

Siguiendo a Albuquerque (2004) es posible encontrar diferentes formas asociativas que se crean alrededor de distintos espacios de interacción social con fines particulares. Entre ellas se destacan las asociaciones filantrópicas, las vecinales, las culturales, las de clase y las de trabajo, siendo estas últimas un tipo de forma asociativa que adquiere suma importancia para hacer frente a las problemáticas de empleo de amplios sectores de la población.

El concepto de asociatividad para el trabajo que propongo pretende ser operativo para diversas expresiones del proceso de trabajo gestionado por trabajadores, pero recupera como eje central de análisis las condiciones socio históricas en las cuales deben desenvolverse estas experiencias. Al incorporar las regulaciones que imponen el mercado y el Estado al análisis de las prácticas se da un lugar privilegiado a las especificidades de cada oficio. De este modo se abandona la pretensión de un único marco normativo, externo y a priori de las experiencias, que “debe” regir estos procesos para que sean considerados expresiones genuinas de la economía popular. En cambio, propongo situar la conformación de las organizaciones y las transformaciones del oficio como expresión de las luchas que se libran en el campo político por la apropiación de recursos y el reconocimiento de cada actor como agente autorizado a operar en ese campo. En este contexto se expresa la doble sustentabilidad a la que aludía en la Introducción a este libro, porque el desarrollo de esas pugnas exige el sostenimiento de estas expresiones dentro de una determinada cadena de valor y en observancia de los principios del cooperativismo que impone el Estado en sus distintos niveles para fomentar, acompañar y financiar algunos aspectos centrales requeridos para mantener operativas a estas organizaciones. Pero más allá de estas exigencias que vienen del “afuera” de la organización, están las que se generan al buscar mantener unido y activo al colectivo que constituye esa organización, lo que llamo su sustentabilidad interna. Y las exigencias que vienen de “adentro” y de “afuera” no siempre son compatibles y muchas veces son hasta contradictorias.

Así el establecimiento de las prácticas que rigen la actividad son producto de acuerdos y conflictos que sitúan a la asociatividad como una construcción continua a través del cual los sujetos interactúan generando diferentes tramas de sentido en torno a su accionar cotidiano (Maldovan Bonelli y Dzembrowski, 2009). La asociatividad es por ende entendida tanto como una forma de acceder a los bienes y recursos necesarios para la reproducción ampliada de los sujetos (Coraggio, 2004), como una forma de hacer sociedad. En la construcción asociativa los sujetos se encuentran en pos de disputar intereses comunes y se ven “obligados” a reinventar las formas de organización y comunicación con los otros, a regenerar lazos y normas que permitan arribar a los objetivos que se han propuesto.

Para la consecución de sus objetivos estas organizaciones adoptan arreglos colectivos en la organización del trabajo y en la gestión del emprendimiento minimizando la presencia de relaciones asalariadas. Por ende, una de las características más relevantes en estas modalidades asociativas es la indivisión que presentan entre el capital y el trabajo. El factor trabajo (Razeto Migliaro, 2002) ocupa un lugar central en este tipo de asociatividad dado que, por una parte los sujetos que la construyen se proponen sostener su fuente de trabajo y por otro, es el trabajo – bajo una relación asociada – lo que sostiene a estas iniciativas.

La mayor parte de los autores que trabaja la temática coincide en señalar que las asociaciones se caracterizan por la construcción de lazos sociales basados en la confianza, la reciprocidad y la solidaridad (Albuquerque, 2004a; Hintze y Vazquez, 2011; Laville, 2007; Tiriba, 2008; Vazquez, 2010). Sin embargo, me parece importante remarcar que desde esta perspectiva se postula que la construcción de estos lazos no necesariamente surge de un proceso espontáneo y natural del asociativismo. Así como es posible encontrar este tipo de vinculaciones entre los trabajadores asociados considero que en las experiencias asociativas también intervienen tendencias centrífugas que llevan a la pasividad, al protagonismo de algunos o al conflicto, dado que los asociados son social e individualmente desiguales y tienen asimismo -además de intereses comunes- otras motivaciones distintas y concurrentes. En este sentido las diferencias y los conflictos surgen cuando se introducen en la asociación otros fines que no son compatibles con los suyos o cuando se entienden de modos diferentes los objetivos y los medios de acción (Tirado, 2010).

Siguiendo a Haeringer, Laville y Sainsaulieu (1997) propongo que la legitimidad asociativa, a diferencia de las organizaciones productivas capitalistas, no se basa en la producción de bienes y servicios sino que ésta es indisociable del lazo social que supone la construcción de reglas que rigen las relaciones entre sus miembros. La diferenciación organizacional entre la asociación y la empresa remite justamente a la producción de bienes y servicios: mientras que en la empresa el bien o el servicio es el que genera el lazo social, en la asociación es el lazo social el que genera el bien o el servicio. Es por ello que la trama organizacional de las asociaciones la componen sus miembros y sus capacidades individuales de actuar colectivamente para dar respuestas a una necesidad de la sociedad (Vuotto y Acosta, 1998).

Es por esto que la organización de las experiencias asociativas tanto como las decisiones que se toman en ella deben ser creadas y respetadas por los sujetos involucrados. Esto significa una constante negociación, puesta en común y discusión de las formas de (auto)-gestión y cooperación del colectivo las cuales remiten a la necesidad de estas experiencias de construir espacios de participación y modalidades de gestión que cuenten con un cierto nivel de involucramiento y compromiso con los emprendimientos.

En lo que respecta al análisis de la cooperación, ésta en sentido amplio fue definida por Marx (1994) como la forma bajo la cual se trabaja de manera conjunta, de acuerdo a un plan, en el mismo proceso de producción o en procesos de producción diferentes pero conectados. De esta forma la cooperación en el trabajo se manifiesta a lo largo de la historia y en los distintos modos de producción, asumiendo en el capitalismo una particularidad derivada del uso, coordinación, control, dirección y apropiación de la fuerza de trabajo por parte del capitalista.

La cooperación que se da en las formas asociativas para el trabajo es cualitativamente diferente. La inexistencia del capitalista en esta forma de cooperación hace que toda la organización dependa de los trabajadores y por tanto, la cohesión que establece el grupo se vuelve central para su funcionamiento y para la continuidad de la organización. En este sentido, se puede decir que la modalidad de cooperación que implementan es resultado de un proceso social más complejo antes que su adaptación a las coacciones económicas y tecnológicas a las que está condicionado todo proceso de trabajo (Vuotto, 1994).

Pero la inexistencia de un capitalista como instancia decisoria superior a los propios trabajadores no implica que éstos no tengan un orden y una forma singular de cooperación para el trabajo. La dinámica de la cooperación está condicionada por la característica asociativa del colectivo a través de la cual surgen diversas cuestiones que ponen en juego la persistencia de la asociatividad con igual o mayor incidencia que las determinaciones económicas que influyen en toda organización productiva.

El tipo de cooperación que se da en el proceso de trabajo implica pensar la diferenciación de funciones dentro del grupo. Me refiero a la necesidad de abordar la cooperación desde una lógica que interprete las particularidades de las interacciones que los sujetos desarrollan en estas organizaciones singulares. Por lo cual ello implica una diferencia central con respecto a la empresa capitalista moderna clásica. En esta última, la concepción y la ejecución del trabajo se encuentran escindidas y personificadas por diferentes actores (la oficina de métodos de un lado y el trabajador manual del otro). Por el contrario, en las organizaciones asociativas las decisiones en términos de gestión de los recursos, beneficios y organización laboral son realizadas por los asociados.

Los debates centrados en el concepto de autogestión resultan también relevantes para pensar las organizaciones asociativas. Desde sus orígenes las prácticas autogestionarias en el trabajo estuvieron relacionadas a las luchas de los trabajadores y principalmente del movimiento obrero. En un sentido ampliado el concepto tiene connotaciones ideológicas más que concretas ya que se basa en una idea democrática y solidaria de cómo deberían ser las relaciones económicas, sociales y políticas en una sociedad no capitalista o en procesos de gestión económica cuyo objetivo es el final de las relaciones de producción capitalista. Sin embargo el concepto se encuentra en disputa, variando de acuerdo a los sectores e intereses creados alrededor de su utilización (Ruggeri, 2012). Por lo cual, si bien gran parte de los autores lo inscriben dentro de los objetivos de construcción de una economía alternativa, la autogestión de organizaciones productivas también ha sido promovida en el marco de las nuevas formas de gestión basadas en los modelos toyotistas de flexibilización de la producción.

Siguiendo a Albuquerque (2004) considero que la autogestión no referencia solo a un conjunto de acciones que sistematizan el control de actividades de una organización o como un modelo de gerenciamiento referente a la asignación de recursos y de responsabilidades, sino a un conjunto de prácticas sociales que se construyen y legitiman en una ubicación y fecha histórica concreta. De ahí que si bien el término fue acuñado para dar cuenta de la experiencia yugoslava en los debates franceses de la década del ´60, mi interés es pensar cómo estas prácticas pueden explicarse en un caso asociativo particular como son las cooperativas de recuperadores urbanos.

Ello me remite a considerar al menos dos dimensiones para caracterizar luego a estos emprendimientos. Desde una perspectiva económica, considero a la autogestión como una instancia de gerenciamiento de los recursos que la asociatividad moviliza y para la cual es preciso establecer formas de apropiación y distribución entre los asociados. En su dimensión política ésta se presenta como una forma de gestión que potencia las posibilidades de activar prácticas democráticas en la que los miembros de la organización acceden a tomar decisiones respecto a la forma de funcionamiento y a la división del trabajo. Para ello la creación de espacios de encuentro y de toma de decisiones, tales como la realización de asambleas, así como el fomento de la participación y el compromiso de los asociados son cuestiones sumamente relevantes.

En tal sentido entiendo que el concepto de autogestión en las organizaciones asociativas se relaciona con una forma de gestión y distribución de los recursos movilizados por la asociatividad, así como con una modalidad específica de toma de decisiones y distribución de roles, derechos y obligaciones entre los asociados. Dar cuenta del carácter que adquieren estas dimensiones en la conformación de asociatividades es un camino que me permite pensar en las prácticas que los sujetos desarrollan para construir y dar sustentabilidad a estas experiencias.

La compresión de dichas prácticas requiere, a su vez, situar su surgimiento y desarrollo en un marco socio-histórico definido. Principalmente porque dado que las asociaciones son producto y expresión de un particular estado de relaciones de fuerza y de los conflictos sociales presentes en el mismo (Haeringer et al., 1997) difícilmente puedan ser comprendidas de forma apropiada sin hacer referencia al conjunto de tensiones presentes en un determinado campo.

En este contexto creo necesario remitirme al menos a dos visiones complementarias que no solo han incidido sobre las investigaciones académicas locales en torno a la sustentabilidad y potencialidad de estos emprendimientos sino también sobre el diseño de políticas públicas ligadas a la promoción del empleo y la inclusión social. La primera de ellas se vincula a los aspectos valorativos y vinculares que han sido, como hemos visto en el apartado anterior, remarcados por las corrientes de economía social y solidaria. La segunda, vinculada al cooperativismo, parte del crecimiento exponencial que las cooperativas de trabajo han tenido en las últimas décadas, así como del lugar privilegiado que siempre ha tenido el cooperativismo de trabajo dentro de la economía social. Sumado a ello -y al margen de la utilización de la figura cooperativa de manera fraudulenta- porque la cooperativización aparece en múltiples líneas de desarrollo como una herramienta para “canalizar oportunidades genuinas de acceso a la participación activa y autónoma en la vida económica de sectores y grupos sociales frecuentemente excluidos, o postergados y relegados por las actuales relaciones de la economía de mercado” (Castreje Suárez, 2006: 2).

Como he mencionado anteriormente las cooperativas representan el tipo de organización bajo el cual se ha formalizado gran parte de las experiencias de la Argentina reciente, entre las cuales se encuentran las organizaciones asociativas estudiadas en esta publicación. Es por ello que creo necesario realizar una distinción entre las regulaciones que establece el “deber ser” del cooperativismo y lo que este tipo de experiencias constituyen. En este caso, la investigación realizada trata sobre aquellas organizaciones surgidas desde grupos de trabajadores no asalariados que, por las imposiciones del mercado laboral, así como por los recursos con los que cuentan, no pueden acceder a empleos formales y de calidad. Como he analizado en el capítulo 1 los trabajadores que conforman este tipo de organizaciones tienen bajos niveles educativos y trayectorias individuales y transgeneracionales situadas en trabajos informales. Asimismo, no suelen contar con experiencias previas de organización social y tampoco, al menos en principio, consideran que el cooperativismo sea una vía posible para la solución de sus problemas.

La cooperativización aparece aquí generalmente como un medio para acceder a una serie de recursos que permiten mejorar sus condiciones de trabajo y habilitar espacios de cambio colectivo y social. De ahí que cabe preguntarse si la noción de cooperativismo y los estudios clásicos sobre el sector permiten un acercamiento cabal a la comprensión del fenómeno. La mirada normativa adoptada por gran parte de estos trabajos, generalmente implementada también por los organismos internacionales y las fundaciones que otorgan financiamiento a estas organizaciones, no resultan eficaces para dar cuenta de cómo se generan los procesos de construcción y sustentabilidad asociativa en estos sectores. Sino más bien son miradas que tienden a imponer una determinada visión de los hechos buscando que las organizaciones cumplan con una serie de requisitos preestablecidos que generalmente son difíciles de alcanzar.

Para ello resulta importante aclarar qué es lo que establecen los distintos organismos que regulan y definen el accionar de las cooperativas. A nivel internacional, la Alianza Cooperativa Internacional^[8] (ACI) es una organización no gubernamental que reúne, representa y ofrece servicios a las organizaciones cooperativas de todo el mundo. En su Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada por la II Asamblea General realizada en Manchester en septiembre de 1995, la ACI incluyó una nueva definición de cooperativa y realizó una revisión de los Principios y Valores cooperativos establecidos por la Alianza. La nueva definición adoptada señala que:

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada (…) Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. (Disponible en http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456, Consultada el 10/05/2012)

Allí también se definen los siete principios a los que deberían adherirse las organizaciones cooperativas: membresía abierta y voluntaria; control democrático de los miembros; participación económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Dentro de las cooperativas como forma de organización económica y social, las cooperativas de trabajo tienen un rol preponderante y asumen algunas características que, en términos normativos, las definen como tipo específico. Al respecto la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA), realizó la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado, aprobada por la Asamblea General de la ACI en Cartagena (Colombia) el 23 de Septiembre de 2005, en la cual se definen los caracteres básicos y las reglas de funcionamiento interno que resultan propios de este tipo de cooperativas. Allí se establece que las cooperativas de trabajo asociado

Tienen como objetivo crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza, para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, dignificar el trabajo humano, permitir la autogestión democrática de los trabajadores y promover el desarrollo comunitario y local. (CICOPA, 2005: 2)

A su vez éstas se basan en la adhesión libre y voluntaria de sus socios; el trabajo por regla general se encuentra a cargo de éstos, es decir que la mayoría de los miembros son trabajadores; su relación con la cooperativa debe ser distinta a la del trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual autónomo; su regulación debe ser democrática y las organizaciones deben ser autónomas e independientes, ante el Estado y ante terceros.

En nuestro país las cooperativas de trabajo cobraron especial relevancia en las últimas décadas. Teniendo en cuenta los datos provistos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es posible observar con mayor precisión su evolución:

Gráfico 9: Cantidad de cooperativas por fecha de inicio de actividad, Argentina, período 1900-2006

Década	Cantidad de cooperativas empadronadas (activas)
1900-1910	3
1911-1920	9
1921-1930	16
1931-1940	90
1941-1950	220
1951-1960	324
1961-1970	393
1971-1980	354
1981-1990	455
1991-2000	1327
2001-2006	6938
Total	10129

Fuente: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) – 2008

De ahí que fundamentalmente a partir de la década del 2000 se dio un incremento notable en el sector: 6.938 nuevas cooperativas se crearon entre el 2001 y el 2006^[9]. Al analizar el universo de cooperativas de trabajo Vuotto (2007) diferencia cuatro tipos organizacionales que han prevalecido en la evolución del cooperativismo de trabajo durante la década del ´90^[10]. Al primero de ellos lo denomina “empresarial” dado que en él prevalecen los derechos de la propiedad por sobre los derechos de los socios trabajadores y corresponde a aquellas organizaciones que han privilegiado el desempeño económico en detrimento de las variables socio-organizacionales; de ahí que los principios cooperativos y la adhesión a los estatutos resulten en este tipo una mera formalidad. El segundo tipo -“equilibrado”- responde a una situación de equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los de propiedad y está conformado por cooperativas con un importante nivel de consolidación y adecuadas condiciones de capitalización. Aquí la autora sitúa a las cooperativas con trayectorias en las que se afirman los rasgos identitarios de la economía social y que logran alcanzar en su desempeño al equilibrio cooperativo. El tercer tipo -“simulado”- corresponde a las organizaciones creadas por terceros como medio de precarización del trabajo, a fin de evitar costos sociales e impositivos. Es decir que ahí la cooperativización aparece como una figura jurídica utilizada para llevar a cabo un fraude laboral. Finalmente, el cuarto tipo (“reivindicativo”) hace alusión a las organizaciones en las cuales los derechos de los trabajadores prevalecen y en las cuales se impone una lógica de acción más cercana a la reivindicación gremial. Así en estas organizaciones se buscaría “afirmar las dimensiones vinculadas a la naturaleza y contenido del trabajo, así como al desarrollo de una política igualitaria y que conserve la solidaridad” (Vuotto, 2007: 115). Teniendo en cuenta las políticas públicas que se han implementado en nuestro país en los últimos años es posible agregar un nuevo tipo a estos cuatro que podríamos denominar “promocionado por el Estado”. Este tipo se caracteriza por su dependencia del sector público, en tanto que tiene su origen en diversos programas y políticas sociales que sustentan los ingresos de los trabajadores asociados y, en ocasiones, las modalidades de trabajo.

Siguiendo el esquema tipológico planteado previamente es posible identificar al menos tres actores principales como impulsores de la construcción de este tipo de organizaciones, con objetivos y modalidades de organización y trabajo diferenciadas. El primero de ellos lo constituyen las empresas capitalistas, que ante el afán de acrecentar sus ganancias y desligarse de las responsabilidades y costos laborales, impulsaron o bien la conformación de cooperativas por parte de sus trabajadores, o bien la contratación de trabajadores cooperativizados para el desarrollo de parte de las tareas de su actividad. Así, desde los años ´80, y principalmente en los ´90, el discurso que aboga por la necesidad de mejorar los niveles de competitividad de los sistemas productivos en la región latinoamericana, se ha constituido en una herramienta de justificación de la transformación de las relaciones laborales, en la cual se han multiplicado los fraudes y abusos laborales, siendo la cooperativización una de los medios más utilizados para ello (Lucena, Hernández y Herrera, 2005).

El segundo de estos actores es el Estado que fundamentalmente en los últimos 7 años promovió la implementación de diversos programas sociales^[11] que tuvieron como eje central al cooperativismo en tanto herramienta para promover la creación de empleo y la participación colectiva (Vuotto, 2011). En relación a la conformación de cooperativas impulsadas por la promoción estatal, en el año 2006 el INAES sancionó la resolución N°3026/2006 a fin de establecer un mecanismo especial para agilizar la creación de cooperativas de trabajo cuyo objetivo explícito era dar respuesta al alto desempleo vigente. Ello modificó sustancialmente la distribución de las cooperativas entre los tipos de actividad, ya que las cooperativas de trabajo pasaron de representar un 30% a un 60% del total.

Finalmente, el crecimiento del cooperativismo de trabajo en las últimas dos décadas en el país encuentra también su origen en su conformación como respuesta organizada que dieron distintos sectores de trabajadores “informales”, “precarios” o “desocupados”, para mejorar sus condiciones de vida e ingresos a través del autoempleo. En este grupo es posible identificar una multiplicidad de actores que construyeron diversas modalidades de organización popular generalmente relacionadas a movimientos sociales, políticos y sindicales. Estas formas novedosas de organización popular encontraron en el cooperativismo de trabajo en primer lugar una vía para generar o mantener una fuente de trabajo, al mismo tiempo que para formalizar su actividad y de ahí lograr acceder a beneficios provistos por el Estado como así por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas las empresas y fábricas recuperadas^[12] y las organizaciones cooperativas de cartoneros resultan algunas de las experiencias más significativas del período. Dicha significación se debe a una serie de factores que tienen que ver con los niveles de organización y cantidad de asociados que estas organizaciones nuclean; con los vínculos que han establecido con el Estado y a la par de ello, con las diversas leyes y políticas que se han implementado en relación al accionar de estas cooperativas; con los movimientos, redes, centrales o federaciones que han surgido en torno a ellas y con el grado de visibilización que han alcanzado en la esfera pública, sea ello a partir de las diversas investigaciones académicas como así del tratamiento dado por los medios de comunicación social.

Tanto esta investigación como así los diversos estudios sobre las experiencias recientes de asociacionismo llevan a poner en cuestionamiento la utilidad de los preceptos del cooperativismo para comprender las dinámicas de construcción asociativa. En primer lugar, porque el establecimiento de límites y la demarcación de autonomía de las organizaciones respecto del Estado resulta cada vez más difícil. Y ello se encuentra en relación con que, durante las últimas décadas, el asociacionismo ha sido una estrategia fuertemente promovida por los organismos públicos como medio para resolver diversas falencias en el acceso al empleo y la inclusión social de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En relación a estos casos algunos autores remarcan que:

se trata de organizaciones impulsadas por el sector público, las estimulan a ciertas personas (en situación de desempleo, con NBI, y de barrios carenciados) para que se incorporen, sin que necesariamente adhieran a los principios tradicionales del movimiento cooperativo de trabajo ni aporten al capital social. (Neffa, Brown y López, 2012: 83)

La pertinencia de la elección del cooperativismo de trabajo como figura legal para la implementación de programas públicos es cuestionada entre otras cosas porque las organizaciones beneficiarias lejos se encuentran de responder y adherir a los principios y valores establecidos por las entidades que regulan el accionar y funcionamiento del cooperativismo a nivel nacional e internacional. Asimismo otros autores señalan que el proceso de creación de cooperativas es un camino complejo, en parte porque su conformación no proviene de experiencias previas de autoorganización, sino de la decisión de un ente externo que regula la inscripción y el accionar de los beneficiarios (Natalucci y Ronis, 2011). Esta carencia de trayectorias previas de trabajo conjunto en la mayoría de los grupos implicó la necesidad de desplegar estrategias de formación por parte del Estado, así como un gran desafío a enfrentar por parte de los trabajadores asociados, que deben aprender a construir en una modalidad productiva generalmente desconocida por ellos. Es por ello que varios de los trabajadores beneficiarios no se consideran cooperativistas, sino más bien como agrupaciones de trabajadores en cuadrillas organizadas para labores típicas de obras y servicios públicos (De Sena y Chahbenderian, 2011). Las cooperativas beneficiarias de estos programas serían entonces una forma de ocultar una relación asalariada entre los beneficiarios y el Estado, dado que “no son formas voluntarias de organización de los trabajadores, ni los mismos tienen poder de decisión sobre la gestión y el uso de recursos” (Lo Vuolo, 2010: 12).

Entonces si la figura cooperativa aparece como una estrategia de regulación y ordenamiento social por parte de las políticas públicas así como de contención de potenciales conflictos, el precepto de la autonomía de la sociedad civil (y de las cooperativas en particular) no resulta eficaz para dar cuenta del complejo entramado que se construye entre los diversos actores que participan del mundo asociativo. Al menos no para dar cuenta de ellas sin caer en la comparación entre un supuesto deber ser y su realidad organizativa concreta. Estas premisas suelen llevar a pensar las asociaciones en términos de evaluaciones de desempeño, es decir, se encuentran ancladas en una lógica de racionalidad instrumental que limita las posibilidades de entender su actuación y el impacto social y político de sus acciones colectivas (Luna y Puga, 2010). Tal como plantea Fernando Balbi (1998) creo que establecer a priori las condiciones adecuadas de éxito o fracaso de estas organizaciones “implica reducir la organización real de la cooperativa al modelo ideal establecido por la ideología cooperativista, sea como su reflejo fiel o como una forma degenerada” (p. 178). (1998: 178)

En segundo lugar, pensar a estas organizaciones partiendo de una construcción a priori de sus motivaciones fundacionales (ligadas al ideal cooperativo), resulta un camino errático en tanto que éstas en general carecen de la impronta social, política y de valores que conforman el ideario cooperativista y, por el contrario, estarían en principio orientadas a la supervivencia de la empresa y al sostenimiento del empleo de los asociados, siendo lo cooperativo meramente un recurso jurídico para la continuidad organizacional (Fajn, 2002). Ello no implica, sin embargo, que muchas de estas organizaciones, en el transcurrir de su conformación en tanto asociaciones cooperativas, puedan desarrollar prácticas y vínculos relacionadas con estos preceptos.

Puede pensarse entonces, que en este período comenzaron a desplegarse experiencias de autonomización de los trabajadores, que constituyeron un conjunto heterogéneo de procesos y estrategias de transformación social, cuyos intereses y objetivos a largo plazo eran también divergentes; así, mientras algunas de estas experiencias se nutrían de orientaciones ideológicas de emancipación social, otras buscaban solo la satisfacción de necesidades inmediatas (Rebón y Salgado, 2008).

Así, si bien en gran parte de estas organizaciones la figura del cooperativismo fue utilizada como una herramienta legal, y no por una adscripción (al menos explícita) a los valores expresados por los organismos reguladores del cooperativismo, cabe considerar el papel que la utilización de esta figura tuvo y tiene en el despliegue de las dinámicas organizativas y en la construcción de aspiraciones de los trabajadores asociados. Lo cooperativo aparece entonces en primera instancia como una herramienta que permite crear o sostener experiencias asociadas de trabajo. Esta consideración a primera vista no debe sin embargo opacar el papel potencial que la utilización de esta figura jurídica puede tener en las formas de organización de los trabajadores y en la creación de un horizonte de posibilidades (Bourdieu, 2007b) dado a partir del despliegue de estas experiencias.

De las carencias a las posibilidades como propuesta analítica

La revisión de la bibliografía me permitió dar un sustrato teórico para organizar conceptualmente lo que en un primer momento se presentaba como un mundo sumamente complejo y caótico. En efecto, si para estudiar a los cartoneros y sus organizaciones adoptaba el enfoque de la marginalidad o la informalidad en sus diversas vertientes solo podía ver a sujetos vulnerados incapaces de procurarse los recursos con los que reproducirse socialmente y, menos aún, mejorar por sí mismos sus condiciones de vida y trabajo. Si adoptaba el enfoque centrado en la construcción de vínculos perdía de vista el sustrato material que caracteriza las relaciones sociales en el mundo capitalista, lo cual me llevaba a conceptualizaciones desarraigadas de las relaciones de poder y dominación que las habían producido.

Para salir de este escenario paradojal la propuesta fue recuperar aquello que estas perspectivas -aparentemente antagónicas- podían aportar a mi enfoque. Así fue posible comprender que debía seguir pensando los procesos asociativos como ámbito de producción de lazos sociales sin desatender las relaciones sociales más amplias en las que se insertan. A fin de poder capturarlas me sitúo en el campo del proceso de producción de las normas (en sentido jurídico y sociológico) que regulan al oficio, entendiéndolas como punto de cristalización de las pugnas generadas en torno a la regulación de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad.

La comprensión de estos conflictos y las normas emergentes me permite analizar las prácticas que rigen el ejercicio del cartoneo en perspectiva histórica, evitando así un análisis que contrapone ideales constituidos a priori con prácticas establecidas en un contexto sumamente dinámico y demandante (cfr. Cross, 2010b). Desde esta mirada es posible arribar al concepto de doble sustentabilidad que organiza la segunda parte de este libro, constituida por los capítulos tres y cuatro en los que este enfoque se pone a prueba, al contraponerlo a la historia y la vida cotidiana en las organizaciones estudiadas.

---