El orden internacional en proceso de cambio

Desde la perspectiva de la seguridad internacional, se puede señalar que las mutaciones desenvueltas desde la década de 1980 en adelante también fueron significativas para la perspectiva de la defensa nacional y los asuntos militares. En el plano global, la desactivación del enfrentamiento Este-Oeste entre fines de la década de 1980 y la de 1990 fue un hito clave que dio lugar a la reconfiguración de la organización y el ordenamiento en materia de seguridad internacional y defensa a nivel global.

Como consecuencia de la cancelación definitiva de aquel enfrentamiento global bipolar acontecido entre 1989 y 1991, los compromisos multilaterales y bilaterales que se habían estructurado en función de este conflicto en torno a las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdieron vigencia tal cual estaban configurados. De tal modo, el tablero estratégico internacional, el contenido de las agendas de seguridad internacional y de defensa y las organizaciones de las Fuerzas Armadas y las doctrinas militares establecidas fueron puestos en debate y comenzaron a ser objeto de reconsideración (Rojas Aravena, 2003).

Hay que resaltar que, concluida la Guerra Fría, emergió una especie de reedición del orden liberal, de sus instituciones, sus reglas y sus procedimientos; pero ahora dotado con una aspiración novedosa que se manifiesta en el concepto del Nuevo Orden Mundial planteado por George Bush (padre), a principios de la década de 1990. En este caso, a la búsqueda de la estabilidad y la seguridad se le pretendía agregar la búsqueda de la equidad y justicia, como dos propósitos distintos bajo una opción única, el triunfo de Occidente. Es decir, quien va a moldear este orden internacional liberal básicamente es el Occidente, que va a construir una arquitectura internacional liderada por los Estados Unidos, pero con aspiración universal.^[1]

Al respecto hay que entender que el orden liberal previo, el de la Guerra Fría, suponía en los hechos un espacio más limitado, el mismo Occidente. Incluso, podría afirmarse que fue un orden “realista”, dado que en la práctica implicaba una primacía de los pilares de la estabilidad y la seguridad. La clave para la construcción ese orden estuvo planteada en términos de poder y de seguridad. Por cierto, se lo denominaba liberal porque remitía a las tradiciones ideológicas, filosóficas y políticas que predominaron en el desarrollo de la arquitectura política nacional e internacional de Occidente. Ahora, en cambio, la aspiración pasaba a ser global en su alcance, en su geografía, en su dimensión política –impulsora de la democracia– y en su dimensión económica –impulsora del capitalismo y la libertad de mercados–. Estos eran dos componentes centrales que iban a impulsar este orden, la extensión de la democracia liberal y el capitalismo.

En poco tiempo, las bases de este ordenamiento internacional liberal de la posguerra fría asentado en la hegemonía de los Estados Unidos –seguido a la zaga por las principales potencias occidentales– y en la existencia de un conjunto de organismos internacionales de naturaleza política, económica y de seguridad internacional que encuadraban el contexto de las relaciones entre las naciones, comenzaron a ser afectadas por crisis e impugnaciones, y consecuentemente erosionadas.

Con relación a las crisis, es necesario resaltar una situación que afectó al multilateralismo en términos de seguridad internacional. Por cierto, esta comenzó a manifestarse a fines de la década de 1990 en Kosovo (1999). Hasta ese momento, todas las decisiones relevantes que se adoptaron en cuanto a aplicación de la fuerza e intervenciones humanitarias se daban en el contexto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien estas tenían un componente instrumental, se ejecutaron con unanimidad total, sin vetos, ni por parte de Rusia ni China. No los hubo ni en Irak, Bosnia ni en Haití.

Estas decisiones estuvieron asociadas al poderío que desplegaba Occidente, con una Rusia ensimismada y una China que recién apenas empezaba a emerger a partir de las iniciativas de desarrollo lanzadas desde fines de la década de 1970. Pero en el caso de la intervención en Kosovo en marzo de 1999, Estados Unidos y Europa decidieron intervenir unilateralmente a través de la OTAN, contribuyendo a limar ese mismo orden basado en reglas. Notablemente, el primero que horadó esas reglas fue el mismo Occidente.

Con referencia a las impugnaciones, es decir, actitudes contestatarias y desafiantes al orden por parte de determinados actores, estas tuvieron dos orígenes diferentes: aquellas provenientes de actores no estatales y aquellas provenientes de Estados nacionales. Con relación a la primera, me refiero al ataque del 11 de septiembre de 2001, cuando la organización terrorista de origen musulmán Al Qaeda, ejecutó una acción de guerra masiva al corazón político y económico-financiero de los Estados Unidos. La otra impugnación ejercida por un Estado fue la guerra en torno a Crimea y su continuidad mediante la denominada “operación especial” por parte de Rusia con respecto a Ucrania, que se extendió desde 2014 hasta la actualidad. Los rusos afirman con los hechos que no se sienten compelidos por el orden internacional liberal impulsado por Occidente.

La sola mención de este conjunto acotado de acontecimientos conflictivos y la persistencia de muchos de ellos en el tiempo dan cuenta de la “preservación de un ‘orden deformado’ (en su énfasis en el statu quo y la seguridad y su desatención hacia el cambio y la justicia) que no tiene la capacidad de trascender la erosión de la hegemonía estadounidense, el acento en lo interestatal y la postglobalización” (Tokatlian, 2012, p. 106).

Un conjunto de situaciones, acontecimientos y procesos dan cuenta de este trámite de deformación. Por ejemplo, las apariciones de una miríada de agrupamientos y organizaciones de Estados ad hoc, temáticas, selectivas y alternativas a las organizaciones internacionales tradicionales para intentar encauzar disputas, competencias y ordenar la cooperación en los diferentes campos de la política mundial y, en especial, en el de la seguridad internacional y la cooperación militar. Del mismo modo, las subsecuentes y extensas guerras que continuaron a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 –las invasiones a Afganistán (2001)^[2] e Irak (2003)^[3]–, las persistentes tensiones en Medio Oriente en torno a la guerra en Siria y las correspondientes intervenciones de potencias occidentales y Rusia apuntaron a alimentar este proceso.

En esta misma línea podemos mencionar las tensiones estratégicas-militares en la zona del Mar del Sur de China, entre Estados Unidos y potencias regionales aliadas y China; los recurrentes incidentes militares entre fuerzas armadas de los Estados Unidos y Rusia en el Pacífico Norte o el persistente escenario de tensión en torno a Corea del Norte y su desarrollo de capacidades nucleares. También hay que señalar la emergencia de un conjunto de potencias medias con capacidad de influenciar y operar de manera significativa en sus respectivas regiones, incluso compitiendo con potencias globales (Mammadov, 2024). La desestabilización político-institucional y la continuidad de la guerra contraterrorista en la zona del Sahel, en donde intervinieron directa o indirectamente potencias occidentales y Rusia, el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania en torno a Crimea (2014), el actual enfrentamiento armado existente desde 2022 entre ambos Estados, y la intervención militar desatada por Israel en Gaza como respuesta del atentado terrorista masivo perpetrado por Hamas desde ese territorio en octubre de 2023, son elementos que dan cuenta de la dificultad que posee el sistema internacional para contener, encauzar e incluso concluir de alguna manera situaciones de conflicto armado.

Lo cierto es que la década de unipolarismo excepcional encabezado por los Estados Unidos, que se desarrolló en la inmediata posterioridad a la conclusión del conflicto entre Este-Oeste, es cosa del pasado. Sin embargo, resulta ingenuo pensar en la instalación lisa y llana de una abarcadora multipolaridad. La cuestión del poder en sus diversas y numerosas dimensiones ha cobrado relevancia a la hora de ponderar el rol, la proyección y los límites de los actores en danza en el tablero mundial. Tal como reseña también Juan Gabriel Tokatlian:

… se debe tener claridad acerca de los distintos “tableros” –el militar, el diplomático, el económico, el tecnológico, el cultural, el del poder duro, el del poder blando. Que se despliegan y entreveran en la política mundial contemporánea. (2012, p. 102)

La concentración fenomenal del poder militar en un solo actor, en este caso los Estados Unidos que sigue ocupando un rol de superioridad clara y contundente en este campo –aunque ahora disputada poco a poco–, no supone resultados correlativos y directos en la arena de las relaciones mundiales.

Ahora bien, no obstante el restablecimiento de una competencia de naturaleza política y estratégica entre los Estados Unidos y Rusia, que incluso incluye una renovada rivalidad nuclear, la emergencia de poderes regionales que compiten o juegan vis a vis los intereses globales de los Estados Unidos o China, o la sobrevivencia de algunas potencias europeas aliadas, hoy de menor envergadura y con una limitada capacidad de acción militar en las cercanías –por ejemplo en África o en áreas más lejanas pero estratégicamente relevantes como la zona del Golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz–, en la actualidad la disputa por la hegemonía global está establecida excluyentemente entre los Estados Unidos (la potencia establecida) y China (la potencia ascendente).

Tal como señalan Actis y Creus en su reciente libro:

la dinámica de la interacción entre Washington y Pekín representa el centro neurálgico actual de las relaciones internacionales. El mayor ‘riesgo político’ del mundo de hoy está relacionado con las externalidades derivadas de la tensión bilateral de la tensión entre los dos gigantes. Para cualquier actor –estatal o no estatal– será clave tener una comprensión integral de la relación que moldeará el siglo XXI. (2022, p. 202)

Esta suerte de “nueva guerra fría” configurada en torno a ambos estados está asumiendo características diferentes a las que aquella desarrollara durante la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, supone un enfrentamiento entre dos modelos del sistema de acumulación capitalista: el capitalismo liberal y el capitalismo dirigido por el Estado. Por otra parte, implica una situación signada por una profunda interdependencia entre ambas potencias en competencia; de hecho, esta interrelación que se da en el plano financiero, comercial y productivo moldea el sistema económico del siglo actual. Asimismo, y a diferencia de la “vieja” Guerra Fría (signada por la estabilidad, una evolución sistemática, un sistema de alianzas rígido y escaso margen de maniobra para los estados periféricos), la nueva situación de conflicto y competencia se moldea mediante alianzas temáticas, variables, flexibles y no delimitadas, y un escenario volátil e incierto en el cual se suceden períodos de tensión y distensión. En general, el patrón de conducta del resto de los Estados, tanto los periféricos como las potencias regionales, ha sido un pragmatismo rampante que implica compromisos de diferente índole a ambas bandas.^[4]

El gobierno de los Estados Unidos ha señalado acerca del rol de la República Popular China:

[el] más comprehensivo y serio desafío para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos es el intento coercitivo y creciente de la República Popular China de reconstituir la región del Indo-pacífico y el sistema internacional para ubicar sus preferencias e intereses autoritarios. (National Defense Strategy, 2022, p. 4)

En ese marco competitivo, desde la óptica del Departamento de Defensa y del Comando Norte de los Estados Unidos, se percibe que las Fuerzas Armadas de la República Popular China están “… siendo incrementadas y modernizadas con el foco colocado en la compensación de las ventajas que los Estados Unidos tiene en materia de capacidades militares, priorizando sus fuerzas convencionales, nucleares, las capacidades espaciales y contra-especiales, de ciberguerra, electrónicos y de información”. Del mismo modo se encuentran embarcadas en una estrategia tendiente a expandir “… la presencia global y para establecer una más robusta infraestructura básica que permita proyectar el poder militar a grandes distancias” (Departamento de Defensa, 2022) y en el desarrollo de sus capacidades de “contra-espacio que podrían afectar nuestros sensores y comunicaciones basados en el espacio”, tal como indicó el general Glen D. Vanherck, comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, en su presentación durante la sesión 118 del Congreso de los Estados Unidos (8 de marzo de 2023).

Es interesante también destacar aquí un fragmento de la Apreciación correspondiente a la Directiva de Política de Defensa Nacional de la República Argentina, que desde la perspectiva de defensa local y del Cono Sur latinoamericano da cuenta de este proceso de creciente competencia en términos de poder global entre ambas potencias:

La redistribución del poder global en el campo económico-comercial es indudablemente una tendencia de fondo, que ha superado ya su etapa embrionaria y se encuentra en un proceso de consolidación estructural. Al iniciarse la década de 1980, los Estados Unidos de América multiplicaban por DOCE (12) las exportaciones chinas, mientras que en el año 2018 la situación se revirtió: el país asiático registró ventas externas por un valor superior en UNA COMA CINCO (1,5) veces las exportaciones de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Por su parte, las importaciones en ambos países también registran variaciones de similar tenor: mientras que para el año 1980 las importaciones de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA representaban casi TRECE (13) veces las realizadas por la REPÚBLICA POPULAR CHINA, para el año 2018 los volúmenes de importación de ambas naciones eran prácticamente iguales. Finalmente, la evolución de las reservas de uno y otro país exhibe una evolución muy representativa del proceso de transición económica en curso: en el año 1980, la REPÚBLICA POPULAR CHINA registraba un total de reservas (oro incluido) de solo el CINCO POR CIENTO (5 %) de las reservas estadounidenses, mientras que en el año 2018 las reservas estadounidenses constituían solo un CATORCE POR CIENTO (14 %) de las chinas. (Decreto 457/2021, 2021)

Sudamérica en el marco de la competencia global: de “patio trasero” a zona de competencia

Durante los años inmediatamente posteriores a la finalización de la Guerra Fría, América Latina en general no fue percibida como un ámbito que pudiera engendrar o anidar alguna amenaza militar concreta contra la seguridad de los Estados Unidos, la potencia históricamente preponderante en la región en términos generales. Esta circunstancia se combinó temporalmente con los procesos de expansión de los regímenes democráticos y de retracción política de las Fuerzas Armadas –progresiva o inmediata según los casos–, que había comenzado a desplegarse solo unos años antes.

La proyección exterior de los Estados Unidos se asentó particularmente a partir de comienzos de la década de los 90 sobre la base de la “Doctrina de la Ampliación y el Compromiso”, ello supuso (en el caso de América Latina) la priorización de asuntos relacionados con la extensión de condiciones de libre mercado a nivel global y la apertura de las economías nacionales. También, el apoyo a la instalación y consolidación de regímenes democráticos, en consonancia con una tendencia regional en ese sentido –que por cierto se venía observando con vigor en especial en América Latina desde principios y mediados de la década de 1980–, el reforzamiento de la estabilidad internacional, la cooperación y la paz y una política orientada a reforzar el control político-civil sobre las Fuerzas Armadas. ^[5]

Con respecto a este último aspecto, y en consonancia con ello, desde el gobierno de los Estados Unidos se impulsó una nueva iniciativa continental de defensa, actualizada y acorde a estos tiempos, las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas. Ahora, los vínculos en materia de defensa se articulaban desde una capa política superior, antes inexistente, mientras continuaban vigentes (aunque con algunos nuevos contenidos) los esquemas de trabajo bilaterales y multilaterales a nivel militar. Durante la primera reunión convocada y efectuada en los Estados Unidos durante 1995, bajo los auspicios del entonces secretario de Defensa William Perry, se labró y aprobó de manera consensuada los Principios de Williamsburg, precisamente un conjunto de parámetros que giraban en torno a la preservación del orden democrático y el proceso de distensión inter-regional, y que alentaban el control político sobre las Fuerzas Armadas (RESDAL, 1995).

La presencia militar de los Estados Unidos en la región se reprogramó sobre la base de una agenda diversa de temáticas militares, de seguridad e incluso propias del ámbito civil. En este punto hay que señalar que esta efectivamente se desarrolló al compás del impulso de aquellos asuntos que le permitieran al Comando Sur insertarse activamente en la relación con sus pares de la región. En el contexto de esa nueva agenda de seguridad, se contabilizan diferentes asuntos, diversas prioridades en términos geográficos y diferentes intensidades en su tratamiento en el transcurso de los siguientes años. Los esfuerzos en materia de control del narcotráfico, las denominadas “nuevas amenazas”, y la militarización de estos esfuerzos primó fuertemente desde de los 80 hasta la actualidad y se focalizó de forma principal en la zona Andina, el Caribe y México (Montenegro, 2000).

También la cuestión del control de armas, así como de eventuales desarrollos de tecnologías y armas de destrucción masiva, y la prevención de su esparcimiento, ocupó un lugar destacado en la agenda de seguridad de los Estados Unidos a nivel global, en particular durante el período inicial de la denominada Postguerra Fría. En lo atinente a este ítem con relación a la región, la atención se concentró especialmente sobre Argentina entre fines de la década de los 80 y principios de los 90, a partir del desarrollo relacionado con el proyecto misilístico Cóndor II.^[6]

Asimismo, se instalaron temas relacionados con el apoyo que las Fuerzas Armadas podían brindar al conjunto de la sociedad y a los Estados nacionales en casos de catástrofes de diversa índole. Si bien la asistencia ante estos casos, la ayuda humanitaria, la acción cívica y las actividades de fomento para la integración territorial son tareas que de manera regular las Fuerzas Armadas han desempeñado tradicionalmente en la región, el tema volvió a colocarse y alentarse desde la perspectiva estadounidense como una dimensión más de la cooperación militar entre esa nación y las Fuerzas Armadas de Latinoamérica.

La agenda global antiterrorista también comenzó a tomar vuelo durante los años 90 a partir de una serie de atentados tanto contra objetivos oficiales del gobierno de los Estados Unidos en el mundo, como contra objetivos civiles dentro de ese país^[7]. El brutal, múltiple y masivo atentado del 11 de septiembre de 2001 contra objetivos representativos del poder militar y económico de los Estados Unidos en el mismo territorio continental terminó colocando a esta temática como un asunto central y predominante de la agenda de seguridad internacional y militar de esa nación durante prácticamente la totalidad de la década siguiente.^[8]

En el plano regional sudamericano, y más específicamente en el denominado Cono Sur, las relaciones tradicionalmente teñidas de competencia y desconfianza estratégica y militar entre Argentina, Brasil y Chile cambiaron drásticamente. Por cierto, esa zona fue un ámbito privilegiado en cuanto a negociación e implementación de procesos de intervinculación económica y social, integración física y de infraestructura. Allí también se operó un proceso político-diplomático de diálogo político, desactivación de competencias internacionales, desarticulación de atritos fronterizos, construcción de medidas de confianza mutua y cooperación en el campo castrense, así como también en asuntos estratégicos sensibles como en el caso del desarrollo nuclear entre Argentina y Brasil, que asumió una calidad singular (Fuentes, 2008).

Todo ello contribuyó a gestar entre fines de los años 80 y a lo largo de la década del 90 un cambio de clima, un viraje hacia una situación de signo cooperativo especialmente enfático en la dimensión militar en esta subregión que, a su vez, se encuentra enmarcada en una región relativamente pacífica, tal como lo señalaba a mediados de los 2000 Carlos Fuentes:

Estadísticamente, América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las regiones más pacíficas del planeta –esto es, donde hay menos conflictos armados derivados de conflictos territoriales o guerras civiles. (2008)

Al respecto es conveniente destacar que, más allá de las decisiones gubernamentales, las Fuerzas Armadas adoptaron un rol de acompañamiento activo en este proceso mediante un compromiso significativo en el desarrollo de medidas de confianza mutua y en el desenvolvimiento de la cooperación militar. Parece evidente que las conducciones castrenses, en general, encontraron en estas actividades un nuevo rol para las Fuerzas Armadas en el proceso de cooperación e integración regional. Esto es interesante teniendo en cuenta especialmente los diferentes tipos de patrones de relacionamiento que se establecieron entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos en cada uno de estos Estados en el ámbito de las relaciones cívico-militares.

Si bien Sudamérica es una zona de relativa calma en comparación con otras zonas más “calientes” del globo, hay que señalar que a lo largo de las décadas siguientes se registraron situaciones de tensión y conflicto e incluso limitados enfrentamientos armados interestatales. Entre otros tópicos, puede señalarse la denominada Guerra del Cóndor, en la que confrontaron Ecuador y Perú (en enero-febrero de 1995), la recurrente tensión política e incluso militar entre Colombia y Venezuela a mediados de los 2000, el conflicto entre Ecuador y Colombia a partir del bombardeo aéreo sin autorización por parte de Colombia de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio soberano ecuatoriano (en marzo de 2008). Recientemente, durante 2023 y 2024 se pueden mencionar las tensiones que se están desarrollando entre la República Bolivariana de Venezuela y la Guyana por la disputa en torno a la región del Esequibo, que supuso un incremento de la tensión político-diplomática e incluso la movilización de fuerzas militares de ambos Estados, la activación por parte de Guyana de sus vínculos con los Estados Unidos en términos de seguridad e incluso la movilización preventiva de las Fuerzas Armadas de Brasil hacia la zona de frontera que comparte con ambos países.

Tal como acertadamente señalaba un reconocido académico ecuatoriano hacia mediados de los años 90:

… la estructura del juego estratégico en América Latina, en donde aún se reconocen la existencia de conflictos e intereses competitivos e incluso recíprocamente predatorios –que aun en algunas circunstancias pueden llevar a conflictos y guerras limitadas–, se tornaron significativamente atenuados por la existencia de intereses interconectados y por estructuras y prácticas institucionales formales e informales, que constituyen un aparato relativamente eficaz de prevención y contención de antagonismos y guerras. (Bustamante, 1995)

En este sentido, hay que indicar que los conflictos, crisis e incluso enfrentamientos armados que se señalan precedentemente no derivaron en guerras de larga duración ni profundidad estratégica. Complementariamente, la región posee una extendida tradición de respeto al derecho internacional y de funcionamiento de instrumentos políticos y diplomáticos que han contribuido a contener y encauzar situaciones de conflictividad tanto internas como interestatales. A lo largo de las últimas décadas, han funcionado el Grupo de Contadora, el Grupo de Países Amigos de Contadora, el Grupo de Río, la Organización de Estados Americanos y la más reciente Unión Sudamericana de Naciones, entre otras instancias a los efectos de encauzar situaciones política y militarmente conflictivas.

Cabe consignar al respecto la conformación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) –básicamente un ámbito de diálogo institucionalizado entre los ministerios de Defensa de la región–, a partir de una iniciativa de Brasil aprobada en diciembre de 2008. Se trató de una medida novedosa para la institucionalidad de la seguridad internacional en la zona enmarcada en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que tuvo por finalidad gestar un espacio para tratar los temas de la agenda sudamericana de la defensa, revalorizando perspectivas y enfoques regionales sobre estos asuntos, así como también la vigencia de la conducción política en los asuntos militares y de la defensa. Por cierto, esta iniciativa perdió vigor político y comenzó a desarticularse a partir de la instalación de una oleada de gobiernos de centro-derecha en la región a mediados de la década del 2010 y, efectivamente, no recobró la impronta activa preexistente.

Ahora bien, más allá de estas circunstancias auspiciosas, así como de eventuales diferencias y conflictos políticos y/o económicos coyunturales y sectoriales entre los principales Estados que componen la región, las tendencias parecen ser favorables a la construcción de vinculaciones e intereses mutuos comerciales, físicos, energéticos, sociales e infraestructurales, y a la consolidación de un ámbito geopolítico relativamente pacífico, en el cual no parece haber margen para solucionar conflictos interestatales por la vía militar. Esta situación, además, parece manifestarse más enfáticamente aún el Cono Sur sudamericano, el ámbito territorial más inmediato a la República Argentina.

Sudamérica como espacio de disputa global

Para principios de los años 2000, antes de la ocurrencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 –y que por lo tanto la agenda de seguridad internacional fuera permeada por la cuestión del terrorismo global durante casi una década–, habían comenzado a instalarse nociones acerca de una nueva conflictividad que se estaba instalando y gestando a nivel mundial, en reemplazo de la ya desactivada confrontación ideológica y militar entre el Este y el Oeste, que giraba en torno a la “guerra por los recursos”:

Pero en este mundo posterior a la Guerra Fría, las guerras por los recursos no son hechos fortuitos ni inconexos. Sucede más bien todo lo contrario: forman parte de un sistema geopolítico más amplio e interconectado. Hasta época bien reciente los conflictos internacionales se regían por consideraciones políticas e ideológicas, en cambio las guerras del futuro se harán, principalmente, por la posesión y el control de unos bienes económicamente vitales, y más particularmente por los recursos que precisan las modernas sociedades industriales para funcionar. (Klare, 2003)

Si bien esta perspectiva no registraba aún la instalación de una competencia interestatal franca y central a nivel global, como la que en la actualidad se desarrolla fundamentalmente entre Estados Unidos y la República Popular China, sí colocaba la cuestión de los recursos y su obtención en el marco la agenda de seguridad internacional. Por cierto, Sudamérica nos es ajena a estas circunstancias.

En la actualidad se está conformando un escenario global signado por una pendencia cada vez más aguda entre grandes potencias –e incluso potencias regionales– en torno a intereses estratégicos e influencia, acceso a recursos cada vez más demandados a mercados, vías e infraestructuras de comunicaciones consideradas esenciales y localizaciones territoriales ponderadas con relevantes. Ello se encuentra enmarcado en un contexto de tendencias que, para principios de la década de 2010, un reconocido especialista describía adecuadamente como:

Nos encontramos ante la constatación del traslado del centro del poder desde Occidente hacia Oriente y de un reacomodamiento de la influencia desde el Norte hacia el Sur. El auge de Asia, que era una tendencia observable y previsible frente a la reaparición de China e India como actores dinámicos en la economía global, se ha acelerado y profundizado. (…) particularmente después del fin de la Guerra Fría, se hizo evidente que también la dinámica geopolítica se traslada en la dirección de Asia. Esto significa que Europa, el anterior escenario de potencial confrontación en el marco de la bipolaridad soviético-estadounidense, resulta menos preponderante, y los asuntos centrales de Asia y del Pacífico empiezan a cobrar más trascendencia porque lo que allí ocurre en términos de paz y guerra tiene un efecto sistémico y no solo regional y continental (Tokatlian, 2012, pp. 96 y 97).

Al respecto, es interesante hacer referencia que a lo largo de los últimos años ha ocurrido un giro “geopolítico” en la mirada con la que el gobierno de los Estados Unidos visualiza la situación de seguridad de la región Latinoamericana. Como se ha mencionado –hasta hace poco tiempo– esta se encontraba muy enfocada en aspectos relacionados con la cuestión de las migraciones ilegales, el narcotráfico y el crimen organizado. En la actualidad, la percepción adoptó una ponderación “estratégica” y se ha vuelto crecientemente urticante con respecto a la presencia de China y su potencialidad económica, logística y eventualmente militar en la región. Esta consideración también se registra con respecto a otras potencias de menor poder relativo –como Rusia e Irán– pero confrontativas con sus intereses en el ámbito latinoamericano (Chindea et al., 2023).

La competencia y tensión global entre grandes potencias tiene repercusiones a escala latinoamericana y Sudamérica en particular no es ajena a ello. En el marco de consideraciones militares y de seguridad nacional, el continente americano –o como refieren los documentos oficiales de los Estados Unidos, “el Hemisferio Occidental”– es percibido (o sigue siendo percibido) como una zona de relativa paz y estabilidad en términos de los intereses de seguridad globales de los Estados Unidos. De tal modo, las acciones y el despliegue regional de esta nación son planificados y ejecutados en función de prevenir “amenazas distantes que puedan convertirse en desafíos para el territorio estadounidense” (Departamento de Defensa, 2022).

Desde principios del siglo XXI, la región ha sido objeto de un creciente interés económico, político y estratégico por parte de la República Popular China, la cual se ha incorporado como una potencia más en la competencia por las inversiones y los negocios en esta parte del mundo, más allá de la tradicional presencia de los Estados Unidos y de otras potencias europeo-occidentales de menor envergadura relativa. China está jugando un rol cada vez más importante en la región, tanto en términos comerciales como de inversión, al compás de su crecimiento como potencia comercial, productiva y financiera a nivel global. En este marco, en 2008 el gobierno de la República Popular China emitió un documento oficial que encuadraba el esfuerzo gubernamental chino para impulsar los vínculos económicos, políticos y sociales en la región. Así también ha desarrollado una plataforma de cooperación institucionalizada, el Foro China – Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en cuyo marco se planifica el despliegue de fuertes inversiones para los próximos años (Zhimin, 2015). Por lo demás, la “punta de lanza” del arribo chino está conformada por un conjunto de corporaciones, grupos empresarios y empresas, dirigidas por el Estado o con una fuerte presencia de este en su composición; lo cual contribuye a generar mayores expectativas y prevenciones entre las agencias del gobierno de los Estados Unidos con responsabilidad en materias estratégicas y de seguridad para la región.

Tal como lo señala el especialista Dussel Peters con relación al vínculo entre América Latina y China hacia mediados de la década de 2010:

En la última década, se ha producido un creciente boom en la relación de América Latina y el Caribe con China, en particular en materia de comercio, pero asimismo en términos de relaciones políticas, cultura, educación, historia, enseñanza de chino y español, así como también de inversiones. (Dussel Peters, 2015)

En la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos, la región es contemplada por ahora como un ámbito de rivalidad en materia de inversiones críticas en cuanto a la extracción de recursos, tecnología informática, logística, comercio, así como también de influencia netamente política más que como un ámbito de fricciones militares inmediatas propiamente dichas, como lo es la zona del Pacífico Occidental, el Mar del Este y del Sur de la China o Asia Oriental. Ahora bien, todo ello debe ser computado no solo en función de una carrera meramente económica-política, sino también con relación al acceso a recursos y posiciones estratégicas importantes en el marco de una hipotética escalada o conflicto militar global entre ambas potencias.^[9]

Desde una óptica enfocada en el ámbito regional y tomando en consideración cuestiones de seguridad y militares, el Comando Sur de los Estados Unidos contempla con prevención la presencia activa de actores estatales extra-regionales además de China, entre ellos Rusia e Irán, aunque señala fundamentalmente a la República Popular de China por ejercer una “agresiva influencia” sobre los Estados latinoamericanos en función de sus capacidades y recursos para la inversión y el desarrollo de actividades comerciales de gran envergadura relativa.

Bajo una mirada eminentemente militar, el Comando Sur destaca que en el marco de un potencial conflicto global, la República Popular de China podría aprovechar posiciones ubicadas estratégicamente para “restringir” el acceso de medios militares estadounidenses. El despliegue de importantes “… inversiones en infraestructura crítica, puertos de aguas profundas, facilidades espaciales y cibernéticas que tienen capacidad dual comercial/militar”, ejecutadas por empresas de propiedad o bajo control estatales, o el despliegue de grandes flotas pesqueras chinas, colaboran en este sentido para un mejor posicionamiento estratégico-militar de China en el ámbito regional vis a vis las capacidades de los Estados Unidos. De hecho, este Comando da cuenta de cinco Estados nacionales de la región “bajo su responsabilidad” (sic) en los cuales la República Popular China se encuentra expandiendo y mejorando sus capacidades espaciales-militares. Así lo indicó en su presentación de la general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur, ante el Comité de Servicios Armados en la sesión 118 del Congreso de los Estados Unidos (8 de marzo de 2023).

Por cierto que a lo largo de los últimos tiempos se vienen registrando acontecimientos y acciones que están contribuyendo a gestar un escenario más competitivo que en períodos anteriores, y que a su vez dan cuenta del interés estratégico por parte de potencias de gran envergadura en el sentido precedentemente mencionado. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, la activación de la IV Flota de los Estados Unidos (2007)^[10] y el intento fallido de establecer bases estadounidenses permanentes en territorio colombiano (2007/2008). Asimismo, la instalación en 2017 de una estación para monitoreo del espacio profundo perteneciente a la República Popular de China en Argentina (provincia de Neuquén) –una situación señalada formalmente por el gobierno de los Estados Unidos– y la controvertida instalación de radares para monitoreo de satélites de baja orbita en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por parte de una empresa estadounidense con capital británico y contratista de ministerios de Defensa occidentales, coloca la tensión que se registra en nuestro territorio en términos espaciales (Dandan, 2023).

Por otra parte, podemos registrar la actividad de submarinos nucleares de la Armada de los Estados Unidos patrullando las aguas del Atlántico Sur y coordinando operaciones con fuerzas británicas asentadas en las Islas Malvinas (2021) (Telam Digital, 2021), el intento recurrente para desarrollar un proyecto de gran envergadura por parte del gobierno de las Islas Malvinas para establecer un polo logístico a los efectos de proyectar presencia en el Atlántico Sur y la Antártida, y el interés de los Estados Unidos en el control de la pesca irregular y no declarada en el Atlántico Sur –entre otros ámbitos oceánicos– como un asunto de seguridad nacional (Schaeffer, 2022).

El desarrollo de polos logísticos de gran envergadura por parte de la República Popular de China en áreas neurálgicas para el comercio internacional latinoamericano,^[11] y la competencia que comenzó a despuntar entre China y Estados Unidos para la venta de armamento crítico a los Estados de la región son indicadores que dan cuenta de cierta competencia y rispideces en este ámbito regional en particular, manifestado ahora en asuntos logísticos y de provisión de armamentos.^[12]

Paralelamente, en este marco de competición creciente, América Latina en general y Sudamérica en particular, se han posicionado como un ámbito territorial con disposición de importantes dotaciones de recursos naturales, hoy extremadamente necesitadas por el mundo: litio, gas, petróleo, cobre, hidrógeno verde y azul, entre otros, y como fuente de alimentos de todo tipo. Del mismo modo, la región tiene características favorables para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía renovable, como la eólica, la solar y el calor geotérmico, entre otras, y para el desarrollo de nuevos esquemas y nodos logísticos de gran envergadura que la articulan de una manera efectiva con las corrientes globales de comercio.^[13]

Este conjunto de circunstancias brinda a la región, a la República Argentina y al ámbito territorial inmediato a ella la posibilidad de ubicarse como un espacio con cierta significación para contribuir con el abastecimiento de energía, alimentos y enlaces logísticos en el mercado global. Sin embargo, del mismo modo, se expone a disputas y competencias crecientes y cada vez más evidentes, en especial entre los Estados Unidos y la República Popular China.

En este marco en general, y más allá de la orientación política-ideológica de los gobiernos de turno, los Estados de la región sudamericana han adoptado un criterio de relativo pragmatismo dando lugar a inversiones, proyectos y esquemas de cooperación en una diversidad de planos a ambas naciones. Así, la administración del presidente libertario argentino Javier Milei (2023-2027) parece constituir una excepción sobre-ideologizada que resalta de manera evidente. El área continúa siendo una zona relativamente pacífica, vis a vis otras zonas del mundo mucho más conflictivas y violentas; sin embargo, las condiciones actuales colaboran para construir un escenario estratégicamente expuesto e inestable, y política y diplomáticamente más tenso que anida focos para potenciales conflictos.

En este sentido, hay que resaltar la disputa por la soberanía en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la ocupación ilegal de estas por la potencia europea. Por cierto, más allá de un proceso diplomático existente y de la vigencia de la Resolución 2065 (1965) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la situación colonial e incita a ambas partes a negociar una resolución diplomática, el Reino Unido mantiene en las islas una dotación militar regular relativamente robusta agrupada en las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur (BFSA, por sus siglas en inglés), que son complementadas por las fuerzas de defensa locales de reserva, las Fuerzas de Defensa de las Islas Malvinas (Falkland Island Defense Forces). Estos elementos ejecutan ejercicios militares regulares de manera individual e incluso con potencias aliadas en ese territorio.^[14]

De tal manera, ocurre una situación paradójica. En general, entre los Estados nacionales sudamericanos –y en especial del Cono Sur– parece continuar una tendencia de paz interestatal y cooperación en el plano estratégico y militar. En el horizonte cercano, no se visualiza entre ellos la gestación y desarrollo de conflictos de envergadura o escaladas políticas, diplomáticas y militares ancladas en disputas internacionales. Tampoco, por lo tanto, la posibilidad de que se produzcan agresiones y enfrentamientos armados internacionales que puedan amenazar militarmente la integridad territorial y la independencia política de la República Argentina originados en conflictos intrarregionales; como aquellos que contribuyeron a modelar históricamente, desde el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, la organización, el despliegue y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas argentinas.^[15] Por otra parte, esta situación relativa de escasa conflictividad intrarregional, se contrapone con un escenario territorial surcado y apetecido por intereses de potencias con capacidad de acción global, que tienen potencial para configurar situaciones pugnantes entre ellas en las cuales los Estados nacionales de la región podrían verse arrastrados o afectados de alguna u otra manera.