Mauro Benente^[2]

Introducción

Todavía las ciencias sociales tienen dificultades para conceptualizar los procesos políticos y sociales que irrumpieron a principios de siglo en América Latina, en particular en el Cono Sur. Gobiernos progresistas, de centroizquierda, procesos de cambio, revoluciones ciudadanas, socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, gobierno de los movimientos sociales, populismos, revoluciones pasivas, transformismos son algunas de las tantas caracterizaciones y conceptualizaciones que recibieron los procesos conducidos por el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el Frente para la Victoria en Argentina, Alianza País en Ecuador, y –los que creo más radicales­­– el Movimiento al Socialismo en Bolivia y el Partido Socialista Unido en Venezuela. Los procesos tienen sus particularidades, han tenido más o menos éxito, pero, en mayor o en menor medida, articularon un discurso muy crítico de las políticas neoliberales que arrasaron la región desde fines de la década de 1970 y hasta los primeros años de este siglo.

Este escenario se ha modificado en los últimos tres o cuatro años. La victoria de Mauricio Macri en las elecciones de Argentina en noviembre de 2015, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el ascenso a la presidencia de Michel Temer en agosto de 2016 y la posterior victoria de Jair Bolsonaro, y el giro de la presidencia de Lenin Moreno en Ecuador representan el retorno de las políticas y discursos neoliberales, en algunos casos articuladas con prácticas discursivas y no discursivas de corte neoconservador. Este contexto debe complementarse con la profunda crisis que vive la República Bolivariana de Venezuela, la moderación del proceso de Bolivia y la falta de apoyo a Evo Morales en el referéndum constitucional de febrero de 2016, aunque debe combinarse con la esperanza que trae la derrota electoral de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre de 2019.

Estas transformaciones en el panorama político y electoral abren numerosos interrogantes sobre aquellos procesos políticos que, aun sin poder nominar, desde lo discursivo presentaban un fuerte embate a aquella larga noche neoliberal que en algunas latitudes dio y da señales de un nuevo amanecer. Como sucede en cualquier proceso político, se cometieron errores, se construyeron alianzas polémicas, se traicionaron principios, y hasta se defendieron intereses espurios y contrarios a los sectores populares. Sin embargo, y sin pretender encontrar algo así como las causas de cierto ocaso de los gobiernos posneoliberales, me gustaría remarcar tanto ciertos límites en las críticas que desplegaron hacia el neoliberalismo, cuanto algunos déficits en la articulación de nuevas racionalidades de gobierno. En particular, deseo subrayar que no se ha puesto en discusión las técnicas de sí que se despliegan en el marco de las racionalidades neoliberales, ni tampoco se han desarrollado técnicas de sí vinculadas a las racionalidades posneoliberales. En términos más generales, me propongo remarcar que en estos procesos no se han disputado las subjetividades que se ponen en juego en el marco de los programas neoliberales. Es más, no solamente no las han disputado, sino que en algunos casos han sido reproducidas de modo absolutamente acrítico. Para plantearlo en términos más concretos, creo que, si bien varios programas económicos se han apartado del sendero neoliberal, en muchas oportunidades los marcos culturales delineados por estos procesos políticos no se han distanciado con tanta nitidez de la subjetivación consumista y competitiva a la que apela la matriz neoliberal.

Para desarrollar mis argumentos, en la primera parte del trabajo presento de modo genérico el concepto de “gubernamentalidad”, y luego desarrollo la manera en que Michel Foucault estudió al neoliberalismo en cuanto racionalidad de gobierno. Teniendo en cuenta estas premisas conceptuales, reviso cómo en Argentina, y fundamentalmente en Bolivia, se criticaron con dureza las políticas neoliberales de privatización y extranjerización de la economía, pero no se subrayó el tipo de subjetividad interpelada y (auto)constituida en el marco de las racionalidades neoliberales. El caso boliviano, durante las presidencias de Evo Morales, es el que registra una mayor ruptura con las políticas neoliberales, es el que más éxito ha tenido en la disminución de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, pero ni siquiera en este proceso se lee una potente crítica contra el sujeto del neoliberalismo, ni tampoco se encuentra qué tipo de subjetividad debería acompañar la racionalidad comunitaria de gobierno que proponía construir el Movimiento al Socialismo (MAS). En esta segunda parte del trabajo, no realizaré un contraste entre las políticas neoliberales y las posneoliberales, sino que me centraré en un plano estrictamente discursivo, en la dimensión cultural que acompañó y articuló el proceso político conducido por el MAS. Existen importantes discusiones sobre las continuidades en las políticas neoliberales en el gobierno, pero aquello que no se puede discutir es que la gramática que articuló su discurso intentó despegarse sistemáticamente de la larga noche neoliberal. Sin embargo, incluso en este plano discursivo, en esta dimensión cultural, a primera vista totalmente rupturista, no se encuentran mayores quiebres con las subjetividades interpeladas y (auto)constituidas por las racionalidades neoliberales.

Gubernamentalidad y racionalidades de gobierno

La noción de gubernamentalidad no es trabajada en ninguno de los libros publicados por Michel Foucault. Fue empleada por primera vez en la clase del 1 de febrero de 1978 del curso Seguridad, Territorio, Población, y su primera formulación alude a un conjunto constituido por instituciones, procedimientos, reflexiones y tácticas que articula un ejercicio de poder que tiene como blanco a la población, pero también refiere a un proceso por el cual esta forma de poder cobró preeminencia por sobre la soberanía y las disciplinas, y mediante el cual el Estado se encontró gubernamentalizado (Foucault, 2004a, pp. 111-112). Uno de los objetivos es estudiar al Estado, pero sin caer en dos grandes sobrevaloraciones: sin concebirlo como un monstruo frío,^[3] pero tampoco como una estructura que reproduce las relaciones sociales de producción (Foucault, 2004a). Posiblemente como consecuencia del estalinismo, el fascismo y el nazismo, durante los primeros años de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial se desplegó una “fobia al Estado”, una “sobrevaloración del ‘problema del Estado’” (Rose y Miller, 1992, p. 192), una crítica a su omnipresencia y desarrollo burocrático, y se lo concibió como un gran peligro para la humanidad (Foucault, 2004b).

A contrapelo de estas miradas que sobrestiman la estructura del Estado, estudiarlo bajo la grilla de la gubernamentalidad supone:

1. pasar al exterior de la institución, situándola dentro de “una tecnología de poder” (Foucault, 2004a, p. 121). Se trata de sustituir el privilegio que la teoría política le otorgó a las instituciones, por el punto de vista global de las técnicas de poder (Gordon, 1991);
2. pasar al exterior de la función proclamada del Estado, y situar su funcionamiento dentro de una economía general del poder (Foucault, 2004a); y
3. pasar al exterior del objeto, y poner de relieve cómo las prácticas lo constituyen.

La tarea consiste en situar al Estado dentro de una historia más general de las prácticas de poder, no por un capricho conceptual, sino porque “el Estado no es más que una peripecia del gobierno y no es el gobierno un instrumento del Estado […] el Estado es una peripecia de la gubernamentalidad” (Foucault, 2004a, p. 253). La invitación que nos realiza Foucault es a poner de relieve “la genealogía del Estado moderno y de sus diferentes aparatos a partir de una historia de la razón gubernamental” (Foucault, 2004a, p. 362) y a analizar los grandes problemas del Estado –ámbito que no estaba muy presente en sus estudios sobre el poder disciplinario– sin erigirlo como “una realidad trascendente cuya historia pueda realizarse a partir de sí misma” (Foucault, 2004a, p. 366).^[4]

La noción de gubernamentalidad fue construida para ahorrarnos “una teoría del Estado, como podemos y debemos ahorrarnos una comida indigesta” (Foucault, 2004b, p. 78).^[5] Eso implica desplazar el estudio sobre su naturaleza y sus funciones, no tenerlo como un universal político, y centrar la atención sobre las prácticas y racionalidades de gobierno (Valverde y Levy, 2006, p. 8). Esto es así porque “el Estado no es un universal, el Estado no es en sí mismo una fuente autónoma de poder” (Foucault, 2004b, p. 79), es la resultante de estatizaciones que son modificadas, desplazadas y transformadas: es “el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples” (Foucault, 2004b, p. 79).

Al momento de analizar la gubernamentalidad, Foucault aborda no solamente las prácticas de gobierno, sino fundamentalmente su racionalidad, la reflexión que se despliega sobre las prácticas que se efectúan y que deberían efectuarse (Lemke, 2003, p. 53; Hindess, 1996, p. 106; Rose, 1999, p. 7). La racionalidad gubernamental, o arte de gobernar, es “la manera reflexiva de gobernar mejor y también, y al mismo tiempo, la reflexión sobre la mejor manera posible de gobernar” (Foucault, 2004b, p. 4). Uno de los problemas a ser abordados, entonces, es “la racionalidad del gobierno, es decir, la manera en la cual el gobierno reflexiona su práctica” (Gros, 1996, p. 85). Estas racionalidades no son meras teorías políticas ni filosóficas, sino que tienen una clara dimensión práctica (Dean, 1999, p. 18), y Foucault cree que “es posible analizar la racionalidad política, así como se puede analizar cualquier racionalidad científica […] Ella se encarna siempre en instituciones y estrategias, y tiene su propia especificidad” (Foucault, 2001a, p. 1646).

Una de las racionalidades de gobierno que estudia Foucault es el neoliberalismo, y entre los aspectos más novedosos y originales de su abordaje, se sitúa en el tipo de subjetivación y subjetividad que necesita y pretende poner en práctica la racionalidad neoliberal.

La racionalidad neoliberal

Foucault traza una genealogía de la gubernamentalidad y estudia al liberalismo y al neoliberalismo en cuanto que racionalidades de gobierno. El estudio del neoliberalismo se inicia en la clase del 31 de enero de 1979, solo algunos meses antes que Margaret Thatcher se transformara en primera ministra de Gran Bretaña, y dos años antes que Ronald Reagan accediera a la presidencia de los Estados Unidos. De todas maneras, las conceptualizaciones sobre el neoliberalismo son preexistentes a estos gobiernos, y Foucault se detiene en el estudio del neoliberalismo alemán y el estadounidense. Si bien no son idénticos, ambos tienen como enemigos al keynesianismo y a la dirección estatal de la economía, pero no eliminan al Estado, sino que lo convierten “en un instrumento para crear la autonomía del mercado” (Castro-Gómez, 2010, p. 178).

Para dar cuenta del neoliberalismo alemán, Foucault aborda las obras de Franz Böhm, Alfred Müller-Armack, y fundamentalmente las de Rudolf Eucken, uno de los máximos exponentes de la Escuela de Friburgo o Escuela del Ordoliberalismo. También resulta de importancia la obra de Friedrich A. von Hayek, quien representa una bisagra entre el ordoliberalismo y el neoliberalismo estadounidense.

El ordoliberalismo comenzó a desplegarse en la década de 1930 y se consolidó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, período atravesado por la necesidad y la urgencia de reconstruir la economía y recomponer lazos sociales. En este marco, el 19 de diciembre de 1947 se creó un Consejo Científico integrado por representantes de la Escuela de Friburgo, la doctrina social cristiana y el socialismo, con la misión de administrar los asuntos económicos en la zona angloamericana del territorio alemán. En abril de 1948, el Consejo propuso limitar la intervención del Estado en la economía, y en el informe de Ludwig Erhard se subrayó que, si el Estado violaba las libertades fundamentales de los individuos, dejaba de representarlos. Visto de otro modo, el aporte del neoliberalismo alemán fue asentar la legitimidad del Estado sobre las libertades de mercado: “La economía produce legitimidad para el Estado, que es garante de la economía” (Foucault, 2004b, p. 86). De modo contrario a las planificaciones del mercado propias de las racionalidades gubernamentales keynesianas, se proponía situar al mercado como organizador y regulador del Estado: “[…] un Estado bajo vigilancia del mercado más que un mercado bajo vigilancia del Estado” (Foucault, 2004b, p. 120).

Si el nudo problemático del liberalismo del siglo XVIII y XIX era introducir la libertad de mercado dentro del Estado, el objetivo del ordoliberalismo es el inverso: ¿cómo legitimar al Estado partiendo de la libertad económica? Pero, además, si para el liberalismo el elemento definitorio del mercado era el libre intercambio, para los ordoliberales es la competencia, que no se concibe –al estilo del liberalismo clásico– como un fenómeno natural, sino como una meta a alcanzar con políticas activas. El neoliberalismo se sitúa no “bajo el signo del laissez-faire, sino al contrario, bajo el signo de una vigilancia, de una actividad, de una intervención permanente” (Foucault, 2004b, p. 137). El Estado debe intervenir, pero no de modo directo sobre el mercado, sino sobre su marco, “sobre las condiciones de mercado” (Foucault, 2004b, p. 144). Para el neoliberalismo, la intervención estatal no debe ser menos frecuente ni activa. Lo distinción no es cuantitativa sino cualitativa, no se juega en más o en menos, sino en la modalidad de la intervención: debe realizarse “para que los mecanismos de competencia, a cada instante y en cada punto del espesor social, puedan jugar el rol de regulador” (Foucault, 2004b, p. 151).

Por su parte, si para el liberalismo político de los siglos XVIII y XIX la igualdad formal en el plano del Estado garantizaba el juego de las libertades naturales en la esfera mercantil, y de esta manera se desentendía de las desigualdades materiales que se generaban, para el neoliberalismo es necesario “producir artificialmente la desigualdad entre sujetos económicos” (Rossi y Blengino, 2014, p. 210). Todo esto lleva a redefinir los objetivos de la política social que era propia de los Estados de bienestar, puesto que el objetivo ya no se sitúa en la disminución de la pobreza “relativa” –la diferencia entre los ingresos más altos y más bajos–, sino que el esfuerzo debe estar en erradicar la pobreza “absoluta”, que alude al umbral por debajo del cual los individuos no están en condiciones de acceder al mercado (Foucault, 2004b, pp. 210-211). Bajo este paradigma, la apuesta no es igualar a todos y todas con la protección del Estado, sino generar el marco, las condiciones que permitan que las desigualdades puedan entrar al juego de la competencia, sin mayor atención al resultado de esos juegos competitivos (Castro-Gómez, 2010, p. 185).

Foucault realiza un tratamiento más breve del neoliberalismo norteamericano y se concentra en dos variables puntuales: la teoría del capital humano y el análisis de la delincuencia. Me concentraré sobre la primera de ellas, que permite volver a la noción de gubernamentalidad y avanzar sobre las prácticas de sí propias de las racionalidades neoliberales, prácticas descuidadas y desatendidas en los procesos políticos posneoliberales del Cono Sur.

Neoliberalismo y empresario de sí. El gobierno de sí y de los otros

Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica son los cursos en los cuales Foucault se detuvo con mayor precisión –o menor imprecisión– en el concepto de “gubernamentalidad”, pero en trabajos posteriores lo redefinió. Por un lado, encontramos menciones en las cuales la gubernamentalidad incluye las prácticas disciplinarias (Foucault, 2014a) y se emplea casi como sinónimo de “relaciones de poder” (Foucault, 1984, p. 338; Foucault, 2001b, p. 1570; Foucault, 2001c, p. 214). Por otro lado, en otras menciones, la gubernamentalidad incluye el dominio de la ética, el gobierno de sí (Foucault, 2014b, 2001d), y puede entenderse como el “encuentro entre las técnicas de dominación ejercidas sobre los otros y las técnicas de sí” (Foucault, 2001e, p. 1604). A la luz de este último registro, cobra sentido preguntarse por el tipo de técnicas de sí que se imbrican con el neoliberalismo en su dimensión de racionalidad de gobierno de los otros. Dicho de modo contrario, cobra relevancia revisar cómo aquella racionalidad preocupada por generar marcos de competencia se retroalimenta con determinadas técnicas de sí.

Las investigaciones sobre la gubernamentalidad marcan ciertas discontinuidades con abordajes previos realizados por Foucault, puesto que, en sus estudios sobre las sociedades disciplinarias, el saber y la subjetividad parecían reducirse a epifenómenos del poder. Por el contrario, el estudio de la gubernamentalidad llevó a Foucault a centrarse “en las articulaciones que se dan entre tres dimensiones irreductibles unas a otras: el poder, el saber, la subjetividad […] las formas de saber y los procesos de subjetivación ya no son vistos como meros epifenómenos del poder” (Castro-Gómez, 2010, p. 26). En la primera parte del decenio de 1970, el concepto de “poder” abarcaba los saberes y la subjetividad como elementos pasivos, pero con la noción de gubernamentalidad se instala “la idea de una articulación entre formas de saber, relaciones de poder y procesos de subjetivación como planos distintos. Se establece un gobierno sobre los sujetos, con la ayuda de saberes” (Gros, 1996, p. 84).

Con la perspectiva de la gubernamentalidad, Foucault abre un camino, no completa ni prolijamente explorado, que estudia la relación y la articulación que existe entre las tecnologías de gobierno de los hombres y las técnicas de sí mismo. El sendero que se abre, y que se inscribe en el esfuerzo por pensar al gobierno más allá y por fuera del Estado, indica que las tecnologías de gobierno de los individuos se entrecruzan e interrelacionan con las técnicas que empleamos para gobernarnos a nosotros mismos, con el modo en que parcial y fragmentariamente nos (auto)constituimos como sujetos. La racionalidad del gobierno debe vincularse a la forma en la cual los individuos se gobiernen a sí mismos (Burchell, 1996, p. 24) y su éxito, al menos en parte, depende de la articulación con el gobierno de sí mismo. Podemos pensar, entonces, que el gobierno de sí mismo es una forma de gobierno indirecto (Rose, 1993).

Es a partir de esta interrelación entre gobierno de los otros y gobierno de sí a partir de lo que se puede afirmar que el neoliberalismo despliega una ethopolítica: el autogobierno individual puede y debe estar conectado con los imperativos del buen gobierno. Esta interconexión indica que la política y la ética no son dominios autónomos ni paralelos, puesto que “el gobierno incluye siempre una dimensión moral, implica una pretensión de conocer el bien, tanto para los gobernados como para los gobernantes” (Vázquez García, 2005, p. 82). Teniendo en cuenta lo anterior, Rose propone el neologismo de “subjetificación” para aludir a los modos en los cuales nos relacionamos con nosotros mismos, nunca de modo aislado, sino en el marco de racionalidades y estrategias de gobierno: “Nuestra relación con nosotros mismos adoptó la forma que tiene porque fue objeto de toda una serie de esquemas más o menos racionalizados, que procuran modelar nuestros modos de entender y llevar a la práctica nuestra existencia como seres humanos en nombre de ciertos objetivos” (Rose, 2003, pp. 217-218). Es a partir del entrecruzamiento entre el gobierno de los otros y de sí mismo, a la luz de esta dimensión ethopolítica o de prácticas de subjetificación a partir de lo cual hay que observar la imagen del empresario de sí, esa forma de constitución de subjetividad que se despliega con el neoliberalismo.

Para llegar al concepto de “empresario de sí” es menester revisar la teoría del capital humano, desarrollada por los teóricos del neoliberalismo, y que Foucault restituye a partir de los aportes de dos profesores de la Universidad de Chicago galardonados con el Premio Nobel: Theodore W. Schultz, quien en 1959 publicó “Investment in Man: An Economist’s View” –la transcripción de una conferencia dictada en febrero de ese año– y Gary Becker, quien en 1964 publicó su célebre The Human Capital –una compilación de trabajos que ya se encontraban en circulación–.

Si bien el trabajo de Becker se considera una bisagra en la materia, Ignacio Felgueras recuerda que algunas pistas de estas conceptualizaciones pueden encontrarse en los economistas clásicos. Es así que, en La riqueza de las naciones, Adam Smith reconoce que las habilidades de los trabajadores forman parte del capital de un Estado, y que la diferente instrucción de los trabajadores explica las distintas escalas salariales. Por su lado, en Los principios de economía política, John Stuart Mill subrayaba que la productividad del trabajo se encontraba condicionada por el grado y el nivel de formación de los trabajadores, y por ello creía que el progreso en la instrucción tenía efectos favorables en la producción. Finalmente, en el Tratado de economía política, John Baptiste Say también asociaba el conocimiento de los trabajadores tanto con la productividad del Estado cuanto con las diferencias salariales, pero agregaba que las razones por las cuales los países subdesarrollados crecen más rápido que los desarrollados radican en que los primeros se benefician de los conocimientos que se generan en estos últimos (Felgueras, s/d, pp. 21-25).

Si en estos trabajos clásicos ya se encuentran delineados los trazos gruesos de la teoría del capital humano, sin dejar de remarcar la trascendencia de los aportes de Schultz y Becker, hay que subrayar que el concepto fue acuñado por el economista polaco Jacob Mincer en “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”, un artículo aparecido en agosto de 1958 en el volumen 66 del Journal of Political Economy, un año antes del citado trabajo de Schultz. Por su lado, es importante tener en cuenta que la teoría del capital humano no ha quedado encerrada en los claustros universitarios, sino que ha permeado en las recomendaciones que en la década de 1990 –momento de auge mundial del neoliberalismo– realizaron diferentes organizaciones multilaterales sobre la educación superior: recordando, en términos generales, que la capacitación contribuye a conformar sociedades más productivas y democráticas (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998), y, en términos más específicos, sugiriendo que para avanzar en el crecimiento económico no solamente había que incrementar la inversión en educación, sino también diversificar la oferta educativa y desregular la intervención del Estado (Banco Mundial, 1996).

Más allá de los antecedentes conceptuales, y de los documentos de los organismos multilaterales, de acuerdo con la lectura que hacen los neoliberales, la economía clásica no ha establecido una ajustada conceptualización del trabajo, puesto que lo ha reducido a una simple variable temporal del proceso económico. Para corregir estos errores, y reintroducir adecuadamente el trabajo en el análisis económico, es necesario situarse desde la perspectiva de quien trabaja, de aquel que desea obtener un ingreso que no representa el precio de su fuerza, sino el rendimiento de un capital. El salario es la renta de un capital que no se reduce a fuerza y tiempo, sino que está integrado por las destrezas, capacidades y habilidades que los individuos desarrollan y perfeccionan durante su vida. El trabajo ya no es tenido como un medio de producción originario, sino que se lo concibe como “un medio de producción producido” (López-Ruiz, 2007, p. 408). Con esta redefinición del trabajo, se reconoce que el análisis económico debe tomar como punto de partida “no tanto al individuo, no tanto los procesos o los mecanismos, sino a las empresas” (Foucault, 2004b, p. 231). Si el homo œconomicus del liberalismo era el individuo que participaba en el intercambio que se desarrollaba en el mercado, el del neoliberalismo “es un empresario, y un empresario de sí mismo” (Foucault, 2004b, p. 231).

Bajo este punto de vista, el salario es la renta de un capital humano que está compuesto por elementos innatos y adquiridos: los primeros refieren a las capacidades congénitas, y los adquiridos aluden al desarrollo voluntario de aptitudes y destrezas. Es por esto por lo que no llama la atención “que las personas inviertan en sí mismas” (Schultz, 1959, p. 107), ni que Gary Becker postule que “la educación y la formación son las inversiones más importantes en capital humano” (Becker, 1993, p. 17). En este sentido, Becker no solamente explica y justifica las diferencias de salarios a partir de las disímiles instrucciones de los trabajadores (Becker, 1993, pp. 108-158), sino que recomienda que las empresas inviertan en la formación de sus trabajadores para luego alcanzar mayor productividad (Becker, 1993, pp. 29-58). Pero, además de esta redefinición del trabajo, y de la reconfiguración de un sujeto que ya no solamente consume, sino que fundamentalmente invierte sobre sí, el neoliberalismo emplea a la economía como “principio de desciframiento de las relaciones sociales y de los comportamientos individuales” (Foucault, 2004b, p. 249). De esta manera, no solamente la educación, sino también la alimentación y el tiempo que los padres y las madres pasan con sus hijos e hijas se contemplan como una inversión tendiente a construir un capital humano (Becker, 1993, pp. 70-75).

Teniendo en cuenta estos desarrollos, no es exagerado afirmar que la puesta en funcionamiento y el éxito de la racionalidad gubernamental neoliberal dependen no solamente de llevar adelante programas de gobierno sobre los otros, sino también de lograr una forma particular de gobernarnos a nosotros mismos. El neoliberalismo demanda que los individuos desplieguen una particular actitud: que se hagan cargo de sí mismos, se gestionen, inviertan sobre sí, y se responsabilicen por esas buenas o malas inversiones. La racionalidad del neoliberalismo tiene una dimensión del gobierno de los otros, a quienes induce a competir en el mercado, pero este gobierno de los otros debe articularse con un gobierno de sí mismo, con un incentivo a constituir una subjetividad que asuma que la calidad de vida depende de elecciones en un marco competitivo, y que el sentido y valor de esa vida se puede cuantificar en función de esas decisiones (Rose, 1996, p. 57). Esta racionalidad, es importante aclararlo, no se opone, sino que se apoya en cierta libertad de los individuos, y por ello hay que producirla, administrarla y conservarla (Castro Orellana, 2010, p. 36).

Críticas al neoliberalismo y posneoliberalismo en América Latina

Los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, de Mauricio Macri en Argentina y, en menor medida, de Lenin Moreno en Ecuador izaron e izan la bandera de la restauración, en algunos aspectos conservadora y en otros neoliberal, en países del Cono Sur que hasta hace poco estaban bajo banderas populares. En el caso argentino, la gramática neoliberal puede leerse en diferentes políticas gubernamentales, pero aquí quisiera detenerme en la constante y sistemática apelación e interpelación a los emprendedores, a los empresarios de sí mismos. Durante su campaña electoral de 2015, Macri no aludía ni interpelaba a las trabajadoras y trabajadores, estudiantes, desocupadas y desocupados, y ni siquiera a las ciudadanas y ciudadanos. Mucho menos, su referencia era a organizaciones colectivas como sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes, organizaciones feministas, u organismos de derechos humanos. Interpelaba a los cuarenta millones de “emprendedores” (Cambiemos, 2015). Se proponía la construcción de “un Estado atento y generoso que ayud[ara] a los emprendedores y a la vez les enseñ[ara] el camino, y que permit[iera] una verdadera igualdad de oportunidades para quienes qui[sieran] abrir su negocio” (Cambiemos, 2015). En esta propuesta, que reducía la igualdad de oportunidades a una futura apertura de negocios, prometía el diseño de políticas públicas que incentivaran “a todos sus ciudadanos a ser emprendedores” (Cambiemos, 2015). En el mismo orden de ideas, a poco de asumir, el gobierno de la alianza Cambiemos renombró la “Secretaría de Pymes” del Ministerio de Producción y la tituló “Secretaría de Pymes y Emprendedores”. Al año y medio de mandato, logró aprobar la ley 27.349, que llevó el sugestivo título de “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor”, y, al momento de promulgarla, el expresidente subrayó el hecho de “haber convencido a tantos que necesitábamos no solo una Ley PyME, sino una Ley de Emprendedores” (Macri, 2017a). Asimismo, al momento de vetar la denominada “ley anti-despidos”, en una carta aparecida en el mes de mayo de 2016 en el Diario La Capital, el expresidente decía: “Tenemos fe en nosotros mismos porque sabemos que vivimos en una tierra privilegiada, con gente capaz y emprendedora” (Macri, 2016). Además, lejos de plantear la necesidad de construir un espíritu cívico, una subjetividad comprometida y sensible con las otras y los otros, Macri remarcó que “la Argentina necesita fortalecer el espíritu emprendedor” (Macri, 2017b). De la misma manera, el candidato a vicepresidente de Macri para las elecciones de octubre de 2019, Miguel Ángel Pichetto, en plena campaña electoral, subrayó que “la Argentina necesita más emprendedores tecnológicos y menos cartoneros”.^[6] Finalmente, en algunas de sus intervenciones públicas, Macri vinculó explícitamente la creación de un mercado competitivo –dimensión del gobierno de los otros– con la actitud emprendedora –plano del gobierno de sí–: “Hay que poner reglas claras para la competencia. Al emprendedor lo tenés que hacer competir […] Hay que animarse a competir.”^[7]

Si bien podría incorporar más discursos del expresidente Macri, y de sus ministros y ministras, mi intención no es revisar cómo los gobiernos marcadamente neoliberales apelan a las prácticas de sí propias del neoliberalismo. Más bien, quisiera mostrar que, en sus fuertes y reiteradas impugnaciones al neoliberalismo, los gobiernos progresistas y de izquierda de la región no se han detenido en reprochar las prácticas de sí propias del neoliberalismo, ni tampoco se han preocupado por instar prácticas de sí acordes a sus racionalidades posneoliberales.

Si se repasan los discursos y conceptualizaciones que realizaron los gobiernos progresistas y de izquierda sobre la larga noche neoliberal, podemos notar que el foco se ha puesto sobre las políticas de privatización, concentración y extranjerización de la economía, el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado y el consecuente incremento de la desocupación y la pobreza. Entiendo que estos reproches no ponen en escena todos los aspectos de los programas neoliberales, pero aquí no quisiera detenerme en evaluar todas las insuficiencias de estos discursos críticos, sino solamente subrayar que estas impugnaciones no avanzaron sobre las prácticas de sí propias del neoliberalismo, sobre el modo en que el neoliberalismo también despliega un gobierno de sí mismo. Tal como veremos, en las fuertes críticas al neoliberalismo se repudia la dimensión del gobierno de los otros, pero no se hace alusión al plano del gobierno de sí propio de las racionalidades neoliberales. De la misma manera, cuando los gobiernos posneoliberales han reivindicado sus programas de gobierno, no han reivindicado prácticas de sí tan distintas ni distantes a las articuladas por las racionalidades neoliberales.

Si tomamos el caso argentino, y analizamos los discursos que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pronunciaron con motivo de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, es recurrente el reproche al “modelo de concentración económica” (Kirchner, 2004) que supuso una “venta de los activos fijos del Estado” (Fernández de Kirchner, 2013) y se reiteró en varias ocasiones el repudio a quienes “desguazaron el Estado en función de sus intereses y negocios, los que se favorecieron con la pérdida y el retroceso del poder público” (Kirchner, 2005). Durante la oleada neoliberal, “nos quisieron convencer de que el Estado es un mal administrador” (Fernández de Kirchner, 2014) mientras las grandes corporaciones “aumentaban sus márgenes de ganancias vía desocupación y salarios a la baja” (Kirchner, 2006) y los concesionarios de los servicios públicos se aprovechaban “de la posición dominante y las ganancias fáciles a costas de los que menos tienen” (Kirchner, 2006). En estos discursos se criticó fuertemente el modelo de crecimiento acompañado de “una creciente expulsión del mercado laboral de millones de argentinos” (Fernández de Kirchner, 2010), y de “reformas laborales que cercenaban el derecho de los trabajadores” (Fernández de Kirchner, 2014). Las políticas neoliberales, asimismo, redujeron los poderes de regulación del Banco Central: “Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue a parar a algún lado […] fue a parar a las entidades financieras, a los bancos” (Fernández de Kirchner, 2012).

Podría incluir otros discursos de Néstor y Cristina Kirchner en los que se reiteraron los reproches a las políticas de concentración y privatización de la economía, pero sin hacer ninguna mención al tipo de subjetividad a la que aspiraban las políticas neoliberales. De todas maneras, me parece más interesante abordar el caso boliviano, porque es el que mayor resistencia popular articuló frente a las políticas neoliberales y, junto con la República Bolivariana de Venezuela, se trata del gobierno que avanzó con más nitidez hacia una agenda posneoliberal. En este marco, me interesa revisar el modo en que Álvaro García Linera –vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia– teoriza tanto las críticas al neoliberalismo, cuanto el avance hacia racionalidades posneoliberales, hacia una racionalidad gubernamental comunitaria.

Racionalidad comunitaria y gobierno de sí. El caso boliviano

El proceso social, político y económico que se desarrolló en el territorio boliviano durante el gobierno del MAS se transformó en un interesante laboratorio para las ciencias sociales. El extraordinario ciclo de resistencias a las políticas neoliberales y neocoloniales protagonizado por organizaciones indígenas, campesinas, sociales y sindicales se tradujo, al menos parcialmente, en el gobierno del MAS, que, encabezado por Evo Morales, construyó una agenda plurinacional y posneoliberal que muestra grandes resultados en términos de disminución de la desigualdad, el desempleo y la pobreza. El proceso boliviano es objeto de reflexión desde las izquierdas autonomistas que denuncian la matriz Estado-céntrica del proceso (Gutiérrez Aguilar, 2017; Machado y Zibechi, 2016), desde las tradiciones gramscianas que lo conciben como una revolución pasiva (Modonesi, 2012), hasta la ecología política que reprocha la matriz extractivista.^[8] Relativizando muchas de estas críticas, y realzando muchos de los logros del proceso iniciado hace casi quince años, el vicepresidente Álvaro García Linera es quien con mayor originalidad ha defendido el gobierno que ha integrado, y buena parte de este ejercicio defensivo se construye en contraste con el drama neoliberal que en Bolivia se había iniciado a mediados de los años ochenta, durante el gobierno de Víctor Ángel Paz Estenssoro.

Las críticas al neoliberalismo

En términos generales, para García Linera “el sistema neoliberal periférico se configuró entre un Estado reducido en sus capacidades y su poder de intervención económica y cultural […] y un sector económico privado extranjero, que se apropiaba de las riquezas públicas” (García Linera, 2013, p. 27). En varias oportunidades, el vicepresidente subrayó que el neoliberalismo se caracterizó por la “privatización extranjerizada de los recursos públicos” (García Linera, 2011a, p. 24), y en términos más amplios representó un dispositivo de “expropiación de riqueza común que deviene en riqueza privada” (García Linera, 2015a, pp. 251-252). La estrategia del neoliberalismo fue “la mercantilización de las condiciones de reproducción social básica (agua, tierra, servicios), anteriormente reguladas por lógicas de utilidad pública (local o estatal)” (García Linera, 2015b, pp. 251-252). En un primer momento, se privatizaron recursos públicos estatales –empresas mineras, petroleras y telecomunicaciones–, y luego se avanzó con la privatización de recursos públicos no estatales, como fue el caso del agua (García Linera, 2010a, p. 7). Este escenario neoliberal comenzó a disputarse a partir de la Guerra del Agua, y a desterrarse con el ascenso del MAS a la presidencia en enero de 2006. En este sentido, creo que, muy apresuradamente, en un artículo del 2015, García Linera sentenció que, “mientras que en el resto del mundo, el neoliberalismo aún sigue destruyendo sociedades y economías popula­res, en Latinoamérica ya no es más que un triste recuerdo arqueológico” (García Linera, 2015c, p. 67).

Frente a la privatización y extranjerización del excedente, una de las primeras políticas que desarrolló el MAS fue incrementar la presencia estatal para lograr su redistribución (García Linera, 2011a, p. 24), promoviendo la inversión externa, pero con un control sobre los flujos y los réditos (García Linera, 2010b, p. 16). Se potenció al Estado como un dispositivo para generar riqueza, pero “no para la acumulación de una clase sino para su redistribución en la sociedad, especialmente entre los más humildes, los más pobres y los más necesitados” (García Linera, 2011b, pp. 67-68). La nacionalización de empresas (YPFB, ENTEL, ENDE, Huanuni, Vinto) y el desarrollo de diferentes políticas públicas –tales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, distintos créditos productivos, etc.– “convirtieron el uso del Presupuesto del Estado, anteriormente monopolizado para beneficio particular por unas diminutas élites empresariales, en fuerza y poder económico general del pueblo” (García Linera, 2010b, pp. 43-44).

Si bien en enero de 2006 el MAS accedió a la presidencia, la victoria electoral no garantiza la consolidación de un nuevo bloque de poder al interior del Estado, ni tampoco asegura la conformación de un nuevo bloque económico y social. Un paso importante hacia la consolidación del poder de mando del Estado fue “el ejercicio de la facultad ejecutora del Poder Ejecutivo, fundamentalmente a partir de sus resortes de inversión pública” (García Linera, 2010b, p. 24). Pero, además, este proceso tuvo un correlato económico: “La re-composición económica del Estado, en cambio, internalizó y redireccionó el uso del excedente económico a favor de los actores productivos nacionales, configurando un nuevo bloque de poder económico” (García Linera, 2010b, p. 26). Incluso, puede decirse que antes que la conformación de un nuevo bloque político se avanzó en la constitución de un nuevo bloque económico (García Linera, 2010b, p. 31).

“La bandera del común”

Ya en el marco de cierta consolidación del proceso de cambio, una de las tensiones que se despliega es la pugna entre intereses generales e intereses particulares, disputa que se desarrolla al interior del bloque que conduce el proceso. Una de estas tensiones se produjo con el reclamo por incrementos salariales que, en el 2009, llevaron adelante sindicatos de la salud y la educación. Admitiendo que los sectores merecían mejores ingresos, en un trabajo publicado dos años después del conflicto, García Linera defendió al gobierno y recordó que en el período 2006-2011 los salarios de estos rubros se habían incrementado más que el de otros empleados públicos, y agregó que “la política de austeridad administrativa que lleva adelante el Gobierno tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados” (García Linera, 2011b, p. 58). Más allá de este caso particular, lo importante es que estas tensiones se resuelven a través de un debate democrático entre indígenas, trabajadores/as, campesinos/as, y estudiantes que llevan –o deberían llevar– “la bandera del común, el interés del común, de la comunidad que es toda Bolivia” (García Linera, 2011b, p. 61).

Si el neoliberalismo se había caracterizado por la privatización y la mercantilización de los recursos públicos estatales y no estatales, por la apropiación privada de lo común, García Linera plantea que las izquierdas –no solamente en Bolivia– deberían avanzar en la “reivindicación de lo universal, de los idearios universales, de los comunes. La política en común, la participación como una participación en la gestión de los bienes comunes, la recuperación de los comunes como derecho” (García Linera, 2015a, p. 24). A la racionalidad neoliberal de gobierno, García Linera le opone una racionalidad atravesada por lo común. De esta manera, en las conceptualizaciones que despliega sobre las políticas que desarrolla el MAS, enfatiza y subraya la contracara del diagrama neoliberal: la constitución y preservación de lo común.

En su visita a Bolivia, Antonio Negri (2008, pp. 110-111) sostenía que un poder constituyente tenía que “ligarse a las nuevas dimensiones de la producción y, por tanto, insistir en el hecho de que la riqueza viene de lo común”. En esta misma sintonía, García Linera entiende que el MAS está construyendo un socialismo comunitario que, si bien el gobierno puede fomentar, deben ser las comunidades rurales y urbanas las que asuman “el control de la riqueza, de su producción y de su consumo” (García Linera, 2010, p. 15). El socialismo no consiste en estatizar los medios de producción porque, aunque ello ayude a redistribuir la riqueza, “no es una forma de propiedad comunitaria ni una forma de producción comunitaria de la riqueza” (García Linera, 2015c, p. 68). El Estado debe mejorar la situación de trabajadores/as y campesinos/as, y crear las condiciones “para democratizar aún más allá del Estado el control de la riqueza común, y comunitarizar (también más allá del Estado) la propiedad y la propia producción social” (García Linera, 2013, p. 111). En el socialismo coexisten la propiedad privada y la estatal, la propiedad comunitaria y la cooperativa, sin embargo “hay sólo una propiedad y una forma de administración de la riqueza que tiene la llave del futuro: la comunitaria” (García Linera, 2015c, p. 70).

Leído como proceso, el socialismo supone revolucionar tanto en forma, cuanto en contenido los nudos principales, decisivos y estructurales de la sociedad. Los nudos principales son el gobierno, el parlamento y los medios de comunicación; los nudos decisivos son la organización de los sectores subalternos, la participación social en la gestión de bienes comunes, y el uso de los recursos públicos; finalmente, los nudos estructurales son las formas de propiedad y de gestión de las fuentes de generación de rique­za, y los esquemas simbólicos que permiten desmontar los monopolios de la gestión de los bienes comunes. Cuando se producen cambios en los nudos principales, estamos frente a renovaciones en los sistemas políticos que no alteran el orden estatal. Si hay cambios en nudos principales y decisivos, nos encontramos con revoluciones democráticas y políticas que renuevan el orden estatal capitalista, democratizando instituciones y derechos. Finalmente, cuando se producen cambios en los tres niveles, tenemos revoluciones sociales que transforman al Estado, construyen un nuevo bloque de clases dirigentes, y democratizan la economía y la política, y lo que resulta decisivo para García Linera es el “proceso de desmo­nopolización de la gestión de los bienes comunes de la sociedad (impuestos, derechos colecti­vos, servicios básicos, recursos naturales, sistema financiero, identidades colectivas, cultura, símbolos cohesionadores, redes económicas, etc.)” (García Linera, 2015d, p. 19).

Esta dimensión revolucionaria de la decisión y gestión común de los bienes comunes es en parte la mirada y en parte la apuesta del proceso boliviano tal como lo conceptualiza García Linera. Revisemos ahora si esta propuesta se encuentra articulada con una racionalidad común que oriente, siempre parcial y fragmentariamente, las prácticas de sí.

Gobierno de sí y subjetividad neoliberal

Hasta aquí puedo decir que las lecturas que realiza García Linera del neoliberalismo son correctas, no creo que presenten graves errores o inexactitudes, pero también entiendo que son incompletas e insuficientes, porque no cuestionan las formas de constitución de subjetividad ni el tipo de técnicas de sí que despliegan las racionalidades neoliberales de gobierno. Solamente en un artículo de gran densidad conceptual publicado en 1999 –seis años antes que la victoria del MAS en las elecciones presidenciales– advertía que el neoliberalismo contribuía a la constitución de identidades atomizadas y competitivas. Allí planteaba que destruye la unidad del trabajo y sus estrategias de dominación pasan “por la desarticulación de la sociedad civil, por la agresión a las formas de autoaglomeración que los trabajadores de distintos rubros fueron creando durante décadas; por la proscripción de los sindicatos, por la deslegitimación de las estructuras de mediación política plebeyas” (García Linera, 2009, pp. 144-145). Además, despliega una disciplina del proceso de trabajo y con ello constituye una “nueva identidad económica, política y cultural mercantilizada, atomizada, en descarnada competencia interna” (García Linera, 2009, p. 145).

Es sorprendente que, en las numerosas teorizaciones desarrolladas por García Linera desde el ascenso a la Vicepresidencia, no encontremos estudios ni objeciones a las formas de constitución y autoconstitución de la subjetividad que se despliegan en el marco de las racionalidades neoliberales. En buena parte de sus trabajos, lo común en tanto racionalidad de gobierno se muestra como la contracara del neoliberalismo, pero que no se haya detenido en los sujetos del neoliberalismo tal vez explique que no haya dedicado ni una línea al tipo de subjetividad a interpelar y (auto)constituir en el marco de las racionalidades comunitarias.

En Nacimiento de la biopolítica, Foucault recuerda que, para administrar los asuntos económicos de la Alemania occidental, el 19 de diciembre de 1947, se instituyó un Consejo Científico cuyas propuestas, si bien este tuvo una conformación plural, fueron marcadamente neoliberales. Lo curioso es que estas recomendaciones fueron adoptadas en 1950 por el Partido Socialdemócrata Alemán, y por ello Foucault postula que el socialismo no había desarrollado una racionalidad gubernamental propia (Foucault, 2004b, pp. 89-93). Creo que el ejercicio reflexivo que despliega García Linera sobre su propio gobierno muestra el despliegue de una racionalidad gubernamental distinta al neoliberalismo, pero se trata de una racionalidad trunca, que enfatiza la dimensión del gobierno de los otros, pero que al mismo tiempo descuida completamente el gobierno de sí mismo. Llama la atención que, en los trabajos en los que teoriza sobre el gobierno del MAS –haciéndolo a su mejor luz, enfatizando aciertos y minimizando errores–, se encuentren numerosas líneas sobre lo común como el horizonte de nueva racionalidad de gobierno de los otros y las otras, pero no se enuncie ni una palabra sobre el tipo de gobierno de sí que debería imbricarse con la política común.

Si volvemos al inicio de este trabajo y retomamos la pregunta por el ocaso de ciertos procesos posneoliberales, en Bolivia podríamos analizar las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 y la derrota en El Alto, donde el MAS venía ganando todas las elecciones desde el 2002. De todas maneras, creo que más emblemática es la derrota en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, en el cual el 51,3 % de los electores y las electoras se opuso a que Evo Morales y Álvaro García Linera pudieran presentarse a una nueva elección presidencial en el 2019.^[9] Finalmente la fórmula pudo presentarse, puesto que el Tribunal Constitucional Plurinacional consideró que la prohibición de una nueva reelección era contraria a los derechos políticos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2017), pero en aquel 2016 este proceso electoral resultaba crucial. En parte, aquella derrota puede explicarse porque unos días antes del referéndum circuló con mucha fuerza, por medios gráficos, radiales, digitales y televisivos, la noticia de un supuesto hijo no reconocido de Evo Morales, algo que luego fue completamente desmentido. Más allá de este episodio, que muestra el modo en que los medios de comunicación masiva han asediado y asedian los procesos populares, quisiera detenerme en los discursos de campaña previos a aquella votación que, insisto, en ese momento era concebida como clave para la continuidad del proceso emancipador.

En estos discursos, enunciados con motivo de la inauguración de obras públicas, conferencias de prensa y entrevistas con distintos medios, se reiteran las críticas a las políticas de privatización y extranjerización de la economía desarrollada por los gobiernos neoliberales (Morales, 2016a, p. 20; 2016b, pp. 14-15; 2016c, p. 22; 2016d, p. 35), se reivindica la lucha de los movimientos sociales (Morales, 2016b, pp. 15-16; 2016c, pp. 20-21; 2016e, pp. 26-27; 2016f, pp. 9-10; 2016g, p. 38; 2016h, p. 6; 2016i; 2016j, p. 34), y se enfatiza que el progreso y la estabilidad económica se explican por la desobediencia a las sugerencias del FMI y el Banco Mundial, las políticas de nacionalización de empresas, de intervención del Estado en la economía, y la redistribución de los excedentes (García Linera, 2016b, pp. 28-29; Morales, 2016a, p. 20; 2016b, p. 16; 2016e, pp. 27-28; 2016h, p. 6; 2016j, pp. 5-7; 2016k, p. 5; 2006l, pp. 5-6; 2006m, pp. 10-11; 2006o, p. 21; 2006p, pp. 44-45). En términos generales, estos discursos no ponen en discusión las interpelaciones y (auto)constituciones de la subjetividad propias del neoliberalismo, y tampoco interpelan al sujeto, ni a la (auto)constitución de sujetos que deberían acompañar estas racionalidades posneoliberales de gobierno. De todos modos, en algunos discursos de García Linera, sí se leen vestigios de interpelación y (auto)constitución de subjetividades, pero cuesta encontrar su vinculación con las racionalidades gubernamentales de lo común. Al contrario, creo que es notablemente más sencillo advertir lógicas opuestas: matrices de continuidad con las racionalidades gubernamentales propias del neoliberalismo.

En discursos dirigidos a estudiantes, García Linera mostraba la necesidad de formar ingenieros, técnicos, y científicos: “El estudio y el trabajo es la clave del desarrollo, un país se vuelve fuerte y poderoso si hay trabajo y si hay estudio” (García Linera, 2016c, p. 36). Para ello, el gobierno articuló una serie de incentivos: “[A fin de año] el mejor alumno varón y la mejor alumna van a recibir 1.000 bolivianos” (García Linera, 2016c, p. 37). Además de estos incentivos, el gobierno dotó a las escuelas y a los estudiantes de mochilas, útiles y sistemas informáticos: “[Ahora] van a tener internet gratis, van a poder faceboquear, van a poder wasapear gratis, nadie les va a cobrar” (García Linera, 2016d, p. 34). Aquí no se trata de poner en duda la importancia de la formación de científicos y técnicos, ni podemos caer en la analogía torpe de pensar que todo proceso formativo debe leerse en los términos neoliberales de una inversión sobre un capital innato. Tampoco se trata de problematizar que las computadoras sean utilizadas para acceder a Facebook o a otras redes sociales. Sin embargo, García Linera no realiza ningún esfuerzo por vincular la apuesta en los procesos formativos con lo común como racionalidad de gobierno. Resulta todavía más difícil encontrar esta vinculación con la matriz de competencia y de sujetos competitivos que se encuentra en la trama que premia al mejor alumno y a la mejor alumna. Si de lo que se trata es de establecer una racionalidad de gobierno que apueste a la decisión y gestión común de los bienes comunes, no queda claro cómo la comunidad se construye articulando lógicas de competencia: instando a que los individuos se asuman como sujetos competitivos y lean sus lazos sociales a través de la grilla de la competencia.

Por su parte, en estos discursos previos al referéndum del 2016, también se subrayó que “la mejor forma de garantizar el crecimiento económico es con mercado interno” (Morales, 2016q, p. 5). El crecimiento económico, una de las banderas del MAS, se garantizaba con un dispositivo parecido al venerado por los neoliberales: el fortalecimiento del mercado interno. Muy vinculado a él, se encuentra el énfasis en el incremento de la clase media, caracterizada por el consumo. En El “oenegeismo”, enfermedad mental del derechismo, García Linera respondió al documento Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y por el pueblo firmado en junio de 2011 por intelectuales y varias ONG. Allí el vicepresidente sostenía que, “en la última década, la población ubicada en el estrato de ingresos medios aumentó del 30 % al 36 %, es decir, 1 millón de personas pasaron de la condición de pobres a la de personas con ingresos medios” (García Linera, 2011a, p. 15). El incremento de la clase media debía inscribirse, además, en una notable disminución de la desigualdad (Morales, 2016q, p. 16). En la misma línea, en los discursos previos al referéndum, recordaba: “Hemos logrado que 2 millones de bolivianos, el 20 %, pase a la clase media, nunca había habido tanta incursión de gente pobre a clase media” (García Linera, 2016e, p. 47). Es así que, “mientras que en otros países los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, en Bolivia los pobres se vuelven clase media y los ricos ya no son tan ricos” (García Linera, 2016e, p. 47). Por su parte, en ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, una conferencia dictada en mayo de 2016 en Buenos Aires, reconocía el estancamiento y hasta el retroceso de varios gobiernos populares, pero seguía destacando que uno de los logros había sido el engrosamiento de los sectores medios (García Linera, 2016a, p. 5).

El crecimiento de la clase media se traduce en un incremento del consumo y en la ampliación del mercado interno. En este orden de ideas, sobre el incremento de los ingresos de los sectores medios, García Linera se preguntaba: “Si la gente tiene más recursos, ¿qué hace cuando tiene más recursos? Compra más, consume más, invierte más” (García Linera, 2016e, p. 16). Es así que “la clase media es el conjunto de personas que consume, su caracterización como clase media es de consumo” (García Linera, 2016e, p. 16). Dicho de otro modo, “la clase media significa incremento de los consumos y el incremento del consumo” (García Linera, 2016e, p. 16). Reducir la pobreza y aumentar la clase media tiene un “correlato económico, ¿cuál es? Hay más consumidores, hay más compradores, es decir, crece el mercado interno” (García Linera, 2016e, p. 20). Los sectores subalternizados, ahora, devienen en sectores consumidores: “Se amplía la capacidad de consumo de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los distintos sectores sociales subalternos” (García Linera, 2016a, p. 5).

Si en los discursos dirigidos a estudiantes parecía que la interpelación a sujetos competidores tenía muy poca vinculación con una racionalidad gubernamental que apela a la decisión y gestión común de los bienes comunes, con las referencias a las clases medias cuesta entender cómo los sujetos que se interpelan y se conciben a sí mismos/as como consumidores/as o compradores/as logran articularse con aquella racionalidad comunitaria. Circunscriptos al proceso electoral de aquel referéndum constitucional de 2016, en el cual el MAS salió derrotado, la pregunta que hay que hacerse es por qué sujetos que se ven a sí mismos en competencia, o que se autoconciben como consumidores/as o compradores/as, apostarían por un proceso político que propone construir una racionalidad gubernamental comunitaria.

El plano cultural de la revolución

Con motivo de cumplirse el centenario de la Revolución rusa, en el mes de diciembre de 2017 García Linera publicó un denso trabajo dedicado a teorizar sobre la revolución bolchevique en particular, y sobre la revolución en general. Allí planteaba que una de las dimensiones más importantes de cualquier revolución era la cultural: “La revolución se muestra fundamentalmente como una revolución cultural, una revolución cognitiva que vuelve lo imposible y lo impensado en realidad” (García Linera, 2017, p. 36). En este sentido, en los procesos revolucionarios, las pautas morales y cognitivas estallan

en mil pedazos y habilitan otros criterios morales y otras maneras de conocer, otras razones lógicas que colocan a los dominados, es decir, a la inmensa mayoría del pueblo, como seres constructores de un orden en el que ellos mandan, deciden y dominan (García Linera, 2017, p. 36).^[10]

Toda revolución supone un momento jacobino, un tiempo de ocupación de las estructuras estatales, algo que puede alcanzarse haciendo uso de la violencia o por medios electorales. Sin embargo, necesariamente, este momento jacobino se encuentra precedido del “poder político-cultural previamente alcanzado por las fuerzas insurgentes” (García Linera, 2017, p. 44). Las revoluciones representan procesos muy excepcionales, nada frecuentes, “y ello obliga a un trabajo paciente e imaginativo de ‘guerra de posiciones’ ideológico-cultural a fin de abrir fisuras en el armazón de la sociedad civil y del Estado, que puedan contribuir a la emergencia excepcional de una época revolucionaria” (García Linera, 2017, p. 55).

Esta dimensión cultural de las revoluciones, que García Linera pone de relieve en términos conceptuales, es fundamental para comprender la potencia, y quizás también los límites, del proceso boliviano de los últimos tres lustros. Por supuesto que una revolución no se agota en el plano cultural, sino que debe estar combinada con poderosas transformaciones en los espacios de toma de decisión política, y en los modos de organizar la producción económica. Sin embargo, esta dimensión cultural juega un papel fundamental en el modo en que los sujetos se (auto)constituyen como tales en relación con esas nuevas formas de organizar la política y la economía.

Hacia el año 2005, el exvicepresidente comenzaba a detectar una crisis en los componentes del Estado neoliberal y colonial, y, desde entonces, y hasta la publicación de Las tensiones creativas de la revolución, en el año 2011, ha teorizado sobre la transformación del Estado en Bolivia. El primer momento de esta transformación es el denominado “develamiento de la crisis”, que supone la emergencia de un bloque social y político disidente, con una importante capacidad de movilización y expansión territorial, que comienza a ganar aceptación en diferentes sectores y no logra ser canalizado por las estructuras estatales.^[11] Esto sucedió en Bolivia entre el 2000 y el 2003, un período iniciado con la “Guerra del Agua” (1999-2000) y continuado con otras manifestaciones, entre las que se encuentra la “Guerra del Gas” (2003), que culminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (García Linera, 2010, pp. 6-8). De todos modos, esta era solamente una dimensión de la crisis, una crisis de los componentes de corta duración del Estado, en este caso del modelo neoliberal que había comenzado a desarrollarse a mediados de la década de 1980 (García Linera, 2005, pp. 452-455). Sin embargo, también se hizo presente una crisis de los componentes de larga duración del Estado, que se manifestó con su fisura colonial –asociada a “la presencia de los actores sociopolíticos más influyentes del país, que son básicamente los indígenas” (García Linera, 2005, p. 456)–, y con su fisura espacial –relacionada con “el traslado de los ejes decisorios económico-políticos del Estado, de una región (norte-occidental) a otra (oriental)” (García Linera, 2005, p. 463)–.

Más allá de la crisis de las dimensiones de corta y larga duración, desde una perspectiva más cultural y general, puede decirse que este develamiento de la crisis se produce cuando el sistema político y simbólico que lograba constituir una “tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente” (García Linera, 2011b, p. 12). Durante el período 2000-2003, en ese momento fundante del proceso de cambio emancipador, aquello que se había quebrado era el discurso neoliberal y colonial que generaba que los sectores subalternos participaran, reiteraran y reprodujeran activamente las prácticas y discursos que los subalternizaban.

En una perspectiva heredera de la obra de Gramsci, podemos advertir que la dimensión cultural de las revoluciones, de los procesos de cambio de tinte emancipador, es fundamental. Lo primero que se quiebra es el sentido común creado por un orden establecido, y el nuevo orden a establecer, el nuevo bloque histórico, se presenta –aunque de ningún modo se reduce a ello– como una sedimentación de otros sentidos comunes. En este orden de ideas, y a modo de resumen de lo anterior, puede decirse

que antes de las victorias políticas y militares de todo proceso revolucionario, existe, primero, una victoria cultural, una victoria de significados y esquemas interpretativos-orientadores del futuro inmediato, una victoria moral sobre el adversario, que convierte la carencia social, la frustración colectiva y la necesidad diaria, en una voluntad general que apunta a un horizonte que se apodera de las pasiones del pueblo. Entonces, las victorias políticas y militares sólo cumplen, en el tiempo, lo que de inicio ya constituye una victoria moral sobre el viejo régimen (García Linera, 2016a, p. 16).

En la ya mencionada conferencia ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, García Linera marca algunos déficits de los procesos posneoliberales latinoamericanos, y uno de ellos es no haber logrado lo que denomina una “revolución cultural permanente”. En este sentido, reitera que, hacia fines del siglo XX, al horizonte de sentido neoliberal se le enfrentó “otro horizonte colectivo creíble, palpable y realizable, capaz de contener las expectativas y las ansias individuales y colectivas de las clases populares” (García Linera, 2016a, p. 15). Sin embargo, una vez que los sectores populares ocuparon las estructuras estatales, esta dimensión cultural, este proceso creativo de nuevos sentidos, ha perdido bastante intensidad. En términos más precisos, García Linera identifica que el problema se sitúa en la “redistribución de la riqueza sin politización social” (García Linera, 2016a, p. 17). Es así que, si las políticas de redistribución y de acceso al consumo no se acompañan

con la politización social revolucionaria, con la consolidación de una narrativa cultural, con la victoria de un orden lógico y moral del mundo, producidos por el propio proceso revolucionario, no se está ganando el sentido común dominante. Lo que se habrá logrado es crear una nueva clase media con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador (García Linera, 2016a, p. 17).

La deficiencia que subraya el exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia guarda aires de familia con los déficits en el modo en el cual los procesos de cambio no han reflexionado sobre las prácticas de sí, sobre cómo han descuidado el plano de la (auto)constitución de una subjetividad acorde a las nuevas racionalidades gubernamentales. Pero, además, creo que es una deficiencia que debe leerse como fuerte autocrítica, puesto que, en los discursos previos al referéndum de 2016, García Linera reivindicaba fuertemente el ingreso a la esfera del consumo de sectores otrora excluidos, pero no agregaba ninguna dimensión que permitiera corregir o atenuar el peligro de transformar a quienes históricamente fueron subalternizados en meros consumidores y consumidoras.

Por su parte, creo que es posible marcar un matiz y una advertencia en el modo en que García Linera subraya las (sus) deficiencias. Si bien es fundamental acompañar las políticas de redistribución y de acceso al consumo con una politización, con una dimensión de (auto)constitución de la subjetividad que evite que la carta de ciudadanía se reduzca al ingreso al mercado de consumo, entiendo que la disputa no es contra aquel “viejo sentido común conservador” al que alude el exvicepresidente, sino contra un sentido neoliberal que, lejos de ser conservador, apela a un discurso de cambio, de transformación y de constante innovación. El neoliberalismo es un programa económico, pero también una racionalidad política que crea nuevos sujetos, conductas y percepciones del mundo (Brown, 2015, p. 36). No es una racionalidad que apuesta a la conservación, sino a una profunda transformación, aunque no emancipatoria.

Notas finales

Con los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el Frente para la Victoria en Argentina, Alianza País en Ecuador, el Movimiento al Socialismo en Bolivia y el Partido Socialista Unido en Venezuela, en el Cono Sur se desplegaron potentes críticas a la larga noche neoliberal que arrasó la región durante más de dos décadas. Las políticas de privatización y extranjerización de la economía estuvieron en el centro de las críticas, pero curiosamente no se leen embates a las formas de constitución de la subjetividad que se insertan en el diagrama neoliberal. Si el gobierno supone prácticas de gobierno de los otros, pero también prácticas de gobierno sobre sí mismo, los procesos posneoliberales han enfatizado sus reproches sobre la primera de las variables, y han desatendido el segundo de los aspectos.

Si tomamos el caso boliviano, resulta especialmente llamativo que en las finas y muy originales teorizaciones de Álvaro García Linera no se lean críticas a las prácticas de subjetivación que pone en juego el neoliberalismo, y también resulta preocupante no encontrar pistas sobre aquella subjetividad a (auto)constituir en el marco de las racionalidades de gobierno comunitarias. En muchos de sus trabajos y discursos, el exvicepresidente ha remarcado la importancia que adquiere la dimensión cultural de los procesos revolucionarios, la relevancia de crear nuevos sentidos comunes desde los cuales interpretar las nuevas y viejas realidades. Sin embargo, en este punto, en esta tarea de avanzar hacia una revolución cultural permanente, no hay pistas sobre cómo (auto)constituir una subjetividad distinta y distante a la ofrecida por las racionalidades neoliberales. No se ofrecen mayores apuestas por una racionalidad de gobierno común que, además de proponer un horizonte de gobierno de los otros, ofrezca una dimensión sobre cómo gobernarnos a nosotros mismos.

Si bien desde la perspectiva de la gubernamentalidad es clave centrar la atención no solo en el gobierno de los otros, sino también en el de sí mismo, la reflexión sobre las formas de constitución de nuevas subjetividades no es ajena a las tradiciones de izquierdas. En Nuestra América, Ernesto “Che” Guevara subrayaba que el comunismo solo podría construirse si, además de avanzar en una transformación de la estructura económica, se creaba un hombre nuevo (Guevara, 2014, p. 417). Esta mirada de Guevara, tan cara para las izquierdas latinoamericanas, no representa una desviación de la ortodoxia marxista, puesto que el propio Engels no dudaba en sostener que la caída del capitalismo traería la emergencia de una nueva generación de individuos (Engels, 1998, pp. 147-148).

La pretensión de este trabajo no es dar con las causas o las razones que permiten explicar –siempre muy parcial y limitadamente– cierto ocaso de las experiencias posneoliberales en América Latina. De lo que se trata, escribiendo con algo de nostalgia, no es de centrar la atención en aquellos aspectos donde la imaginación no se tradujo en realidad porque no se contaba con una correlación de fuerzas favorable, sino en donde ni siquiera se imaginaron alternativas. En Nacimiento de la biopolítica, Foucault planteaba que el socialismo no había desarrollado una racionalidad de gobierno propia, distintiva, distinta y distante de las racionalidades neoliberales. Creo que, en América Latina, los procesos políticos posneoliberales sí construyeron una racionalidad de gobierno propia, pero trunca, fracturada, enfatizando la dimensión del gobierno de los otros y las otras, pero descuidando la dimensión del gobierno de sí mismo. Esta fractura no es menor, puesto que las subjetividades moldeadas bajo racionalidades del neoliberalismo, más temprano que tarde, terminan votando programas de gobierno neoliberales.

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