Verónica Jaramillo Fonnegra

Las metodologías feministas proponen un acercamiento crítico a la producción de conocimiento, y además buscan transparentar las decisiones analíticas y metodológicas en el proceso investigativo desarmando la falsa idea de objetividad que permea a muchas de las investigaciones. Además, desde allí se invita a reflexionar sobre cómo el conocimiento feminista influye y se proyecta en la sociedad^[1].

La academia feminista hace años se pregunta por la neutralidad, la objetividad (Haraway, 1991; Biglia, 2018; Platero, 2018) y la universalidad. Este enfoque reconoce que el conocimiento es intrínsecamente político y que la investigación ha sido a menudo cómplice de la perpetuación de estructuras de poder desiguales y sistemas opresivos (Zárate Pérez, 2014; Russo, 1999; Spivak, 2010). Las metodologías de investigación feminista (Beetham y Demetriades, 2007) nos proponen un enfoque que cuestiona los paradigmas de investigación tradicionales y patriarcales e intenta centrarse en las experiencias, perspectivas y voces de las personas y los grupos subalternizados, especialmente las mujeres y personas de la diversidad, como también nos insta a denunciar el androcentrismo, el sexismo, el clasismo, el colonialismo, la cisnormatividad (Rosas y Jaramillo, 2023) y otras formas de dominación entrelazadas (Arroyave, 2023). En efecto, el feminismo interpela nuestra forma de percibir el mundo, enfatiza la necesidad de reconocer las experiencias únicas de las mujeres y corre los márgenes de las políticas heteronormadas, pero la puesta en práctica representa siempre un desafío.

Dentro de los estudios del sur global, encontramos la investigación acción participativa desde la cual se pretende, en una apuesta ético-política expresa (Colmenares, 2012), construir saberes transformadores, promover cambios sociales sostenibles y modificar la parafernalia institucional (normas, políticas y burocracias). Los comportamientos éticos son consideraciones clave en la investigación militante^[2], especialmente cuando se trabaja con comunidades vulnerabilizadas (Jaramillo Fonnegra, 2020).

Las metodologías de investigación feministas (Ramazanoğlu y Holland, 2003) tienen en cuenta una serie de marcos teóricos, como la teoría del punto de vista, la interseccionalidad (Vigoya, 2016), y los saberes decoloniales (Rivera Cusicanqui, Domínguez, Escobar y Leff, 2016). La teoría del punto de vista postula que la ubicación social del investigador y la ubicación social del investigado dan forma a la producción de conocimiento (Pandey, 2016; Gurung, 2020; Vasilachis de Gialdino, 2006). Sugiere también que las experiencias de los grupos marginalizados, como las mujeres, pueden proporcionar una visión única y valiosa sobre el funcionamiento del poder y la producción de conocimiento (Rivera Cusicanqui et al., 2016). La investigación feminista también se basa en las teorías posestructuralistas, que cuestionan la noción de un sujeto estable y unitario, y hacen hincapié en las formas en que el poder, el discurso y la identidad se entrecruzan para producir conocimiento y realidad social.

La investigación acción participativa (IAP) feminista en el sur global ha buscado empoderar a las mujeres y darles voz en los procesos de investigación. Trabaja con las comunidades, no sobre ellas, reconociéndolas como agentes activas en la producción de conocimiento (Smales, 2018). A partir de ello, se busca transformar las relaciones de poder y promover la justicia social (Chakma, 2016). Este método involucra a las participantes como cocreadoras de conocimiento y se centra en la transformación social. Algunos ejemplos de IAP feminista en el sur global incluyen proyectos que abordan temas como la salud de las mujeres (Ponic et al., 2010), el empoderamiento femenino (Cornwall y Sardenberg, 2014), la resistencia a la desposesión territorial (Castro, 2021), y el conocimiento de derechos laborales de trabajadoras domésticas (León, 2013; Jaramillo Fonnegra, 2019), entre muchos otros. Estos estudios demuestran la importancia de localizar la investigación y adaptarla a los contextos específicos, recolectar, analizar y validar la información en conjunto, transformar el campo y los saberes en comunidad (Fals-Borda y Rodríguez Brandao, 1986).

La investigación acción participativa generalmente se refiere a la investigación que se lleva a cabo con un objetivo explícito de cambio social. A menudo se asocia con movimientos sociales y busca empoderar a las comunidades marginalizadas (Derickson y Routledge, 2014). Otro enfoque relevante que es frecuentemente tenido en cuenta en este tipo de análisis es el “estudio ascendente”, que implica investigar a aquellos en posiciones de poder para comprender cómo sus políticas y prácticas afectan a las comunidades marginadas (Nguyen, 2019). Este tipo de investigación puede ser crucial para informar a los movimientos sociales de las estrategias del poder y promover la justicia social. Otro de los enfoques de los que se nutre este tipo de investigación es el de la interseccionalidad, el cual reconoce que las experiencias de las personas están determinadas por la intersección de múltiples sistemas de opresión y privilegio entrelazados, como el género, la raza, la clase, la sexualidad y la capacidad (Crenshaw, 2012; Magliano, 2015).

La investigación acción participativa y los desafíos del campo

El trabajo con metodologías participativas feministas tiene sus avatares cuando se trata de trabajar en el marco de proyectos de cooperación internacional. En 2022 coordiné el proyecto ATLAS, que financiaba una indagación sobre trabajo infantil, trabajo esclavo y trata de personas con especial incidencia en los órganos de gobierno; se realizaba en cuatro países en simultáneo: Argentina, Liberia, Tailandia y Paraguay. El proyecto era ejecutado desde la organización no gubernamental Desarrollo y Autogestión (DyA) en la Argentina, pero los fondos eran del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).

Quien pone el dinero marca la agenda; por ello es importante identificar cómo las investigaciones que se realizan en escenarios de proyectos de cooperación internacional construyen categorías que están elegidas para solventar las necesidades de quien financia. Incluso muchas veces la metodología y la mirada también están establecidas de antemano en manuales realizados con vocación de copiar y pegar, en distintos escenarios, técnicas que quizás en cada país no sean tan asimilables. En el caso del proyecto ATLAS, existía un manual que debía ser aplicado, cuyas teorías eran superadas con creces por el campo, y que en algunos casos creaba una épica que no existía sobre temáticas delicadas, como la trata de personas.

La primera gran discusión con los cooperantes tuvo que ver con la elección del territorio; según su evaluación previa, debíamos poder trabajar en el predio de La Salada, con organismos del Estado. Sin comprender muy bien de las autonomías dotadas al predio y las tensiones políticas y sociales que ello conllevaría, su propuesta estaba pensada para ese escenario, La Salada, considerado uno de los predios de venta ambulante más grandes de Sudamérica, y cuyos administradores cargaban con numerosas causas penales para la época de la elaboración del proyecto.

Después de un análisis de oportunidad y posibilidad, como contrapartida les propusimos hacer un trabajo con mujeres migrantes en el barrio 17 de Noviembre en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Este es un barrio asociado a los diversos eslabones de la producción de indumentaria, sobre todo porque, en una de sus localidades, Ingeniero Budge, se encuentran cercanos al complejo ferial. La localidad se caracteriza por una fuerte presencia de establecimientos de producción textil, producción de indumentaria y comercios mayoristas vinculados con esta industria, en la que se reconoce la presencia de trata de personas y trabajo infantil. Se proponía hablar con trabajadoras, no con vendedores, lo que a nuestro juicio tenía más sentido para realizar el diagnóstico de necesidades de derechos y posibles acciones de política pública.

La alta presencia migrante en los distintos eslabones de la cadena textil y lo feminizado del sector fueron los elementos clave a la hora de la elección territorial. En el Municipio de Lomas de Zamora, según el censo del 2010, la incidencia de la población migrante era de un 9 %, casi el doble que la media nacional. La elección consciente del territorio, después de un análisis de posibilidad y oportunidad elaborado con el Municipio y las autoridades provinciales para la prevención del trabajo infantil (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil [COPRETI]), nos llevó a retomar contactos con mujeres migrantes con presencia organizativa en ese territorio. Consideramos estratégico también el trabajo con mujeres por el tipo de vínculo que podíamos construir y por los saberes que se anclan a un determinado rubro y territorio.

Para el abordaje del proyecto, nos propusimos tres etapas: una investigación preliminar con entrevistas a informantes clave, una cartografía social construida dentro del barrio 17 de Noviembre y un proyecto que se presentaría al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para darles continuidad y fortalecimiento a las necesidades del barrio. Iniciar la investigación preliminar fue muy difícil; la trata y el trabajo infantil no son temas fáciles de indagar, hay mucho tabú. Por ello, evidenciar las categorías con las que se trabajaría de entrada no era estratégico para la recolección de información.

Para entender la cadena productiva del trabajo textil, nuestro primer relevamiento fue efectivamente en La Salada, por insistencia del cooperante. Para efectuar entrevistas allí, la primera decisión clave fue la de proponer a una investigadora con identidad étnico-racial, para que las personas que iban a ser entrevistadas sintieran identificación y cercanía, y sobre todo no sintieran que podía ser una policía o alguien que intentara criminalizarles. Conocíamos a una investigadora con gran criterio, a la que su propia condición étnico-racial la había dejado siempre en los márgenes de los “buenos trabajos”, y contratarla fue un gran aporte para el proyecto, por su mirada aguda. En sus primeras entrevistas, se hacía pasar como compradora o como una feriante que intentaba conseguir un puesto en La Salada. Las primeras conversaciones mostraron prevenciones que venían del trabajo con las marcas “truchas” o falsificadas y la criminalización que se hace de ello; los letreros por todo el predio, donde se explicitaba que no se vendía mercancía falsa, ya nos alertaban que era una situación sensible. Como el proyecto no nos proponía entrar en esos márgenes, evitamos este tipo de temas, sensibles para el mantenimiento de la vida de muchas personas migrantes.

Posteriormente, esta investigadora empezó a plantearnos que la gente no tenía tiempo para responder sus preguntas, y un día, charlando, pensamos: ¿cuánto vale el tiempo de una mujer pobre, que decide compartir su experiencia en el marco de un proyecto de investigación? Paralelamente comenzó a rondarme la idea de que todas las personas que realizarían la investigación estarían bien pagadas, pero tenían títulos profesionales y podían tributar para el proyecto. ¿Pero qué pasa con los otros saberes?, ¿y su tiempo?, un tiempo vital, que es para conseguir los mínimos indispensables.

Como gran parte de la investigación transcurría en sectores populares, planteé frente a los cooperantes la necesidad de pagar a las personas por su tiempo, más si se trataba de personas que tenían poco tiempo y poco dinero. Hablar de extractivismo académico (Pérez, M., 2019), de desconocer saberes, de ceñirnos a un modelo que desconoce los aportes de la episteme de los sectores populares fue disruptivo para el equipo que coordinaba el proyecto. Y después de varios debates, se opusieron a que pagáramos por realizar entrevistas, pues consideraban que eso condicionaría las respuestas y llamaría a personas que seguramente no estaban viviendo situaciones de trabajo infantil, explotación laboral o trata de personas, que era de lo que se trataba el proyecto.

Después de muchas idas y vueltas con quien financiaba, propusimos llevar a cabo actividades comunitarias y no individuales, pensando en que ello podría generar espacios barriales y redes institucionales en las que las organizaciones del barrio y los organismos del Estado con los que trabajaríamos –y no necesariamente se conocían– pudieran quedar en contacto y en articulación; es decir, sumar al menos capital social (Bourdieu, 1996). Propusimos, entonces una investigación acción participativa (Fals-Borda, 1990) en un trabajo articulado con el gobierno provincial y municipal, intentando que el barrio se interesara en buscar soluciones para el trabajo infantil, la trata de personas o la explotación laboral, para que estos temas dejaran de ser tabúes y pudiéramos hablar con claridad acerca de lo que se estaba viviendo al respecto.

Para realizar las reuniones barriales y propiciar los encuentros, las estrategias usadas fueron ofrecer comida realizada por las mismas mujeres del barrio, y contratada por el proyecto, lo que atrajo a madres con sus hijos. Pudimos realizar muchas de esas actividades contratando también dinamizadoras de las charlas y cuidadoras locales que permitieran a las madres participar de la actividad dejando a sus hijos al cuidado de otras mujeres del barrio. Cuando buscamos a quién podría cuidar a esas niñas y niños y hacerles actividades mientras esperaban a sus madres, los cooperantes nos exigieron contratos de trabajo que pudieran demostrar las capacidades certificadas de quienes cuidaban, además de contar con facturas para poder rendir el financiamiento. Tanto la titulación como la facturación fueron barreras claras para poder incluir dentro del proyecto a cuidadoras y a personas del barrio que se dedicaban a distintas actividades en un primer momento, pero nosotras las queríamos incluir para dejar algo más que un intercambio con el gobierno local y provincial en el barrio.

Choferes, camarógrafos, cocineras, maestras, costureras y cuidadoras requerían de un cuidadoso análisis laboral para poder ser contratadas para la cooperación internacional; ellas muchas veces son personas de sobra calificadas por sus saberes tradicionales y por los años de experiencia, pero estaban por fuera de las posibilidades de contratación en el proyecto, por su falta de certificación. Nuestro plan fue registrar y generar monotributos sociales^[3] a muchas de estas personas en el barrio, pero eso retrasó la elaboración del proyecto. Muchos de estos trámites son límites claros para el reconocimiento del trabajo que realizan las personas en los barrios; en las primeras sesiones, quienes terminaron cobrando fueron solo dos o tres personas que podían participar del trabajo porque tenían monotributo y titulación, pero estas personas no conocían el territorio y sus necesidades, y estaban lejos de generar la confianza comunitaria, por lo que insistimos en contratar mujeres del barrio, y para ello debimos formalizar su contrato. Trabajar con personas que viven en los márgenes de las políticas públicas evidencia que ciertas burocracias y trámites son marcas de distinción que permiten el acceso a cierto tipo de trabajos y contratos que las mujeres del barrio 17 de Noviembre no habían tenido.

La elección de una cartografía social

Para nuestro equipo, era importante hacer una investigación que implicara un real contacto con el territorio, porque al conocerlo “es más factible intervenir en él, navegando en sus múltiples realidades. Que el territorio es subjetivo, por lo tanto, construido desde nuestros sentidos, experiencia y procesos sociales. Lo territorial es memoria; deseo; evento y proyección” (Diez Tetamendi, 2018, p. 11). Para comprender las singularidades del territorio, se le propuso al financiador el uso de una cartografía social, la cual actuaría como método de recolección de información y diagnóstico de necesidades dentro de un proceso participativo y colectivo, a partir del cual se construyen saberes y se ponen en valor las experiencias de quienes participan, por medio de un intercambio que se genera utilizando mapas y gráficos que se vinculan a los espacios locales.

El proyecto, entonces, construyó una propuesta metodológica para la recolección de información desde la investigación acción participativa, empleando la cartografía social como elemento de trabajo con la comunidad, en la que identificamos desafíos y oportunidades para trabajar desde lo local en diferentes políticas públicas, las cuales pudimos analizar y concretar trabajando con la COPRETI, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Área de Trata de la Provincia de Buenos Aires, el Programa de Niñez y Adolescencia, el Área de Género de la Municipalidad de Lomas de Zamora y cuatro organizaciones de la sociedad civil (Wawa Wasi-Caritas Alegres, Tercer Tiempo, Entramando Mujeres y Puertas Abiertas) del barrio 17 de Noviembre de Lomas de Zamora.

Para fortalecer el equipo de trabajo del gobierno provincial, se sumaron facilitadoras del barrio 17 de Noviembre pagadas por el proyecto ATLAS, a quienes se les ayudó con su alta de monotributo y se les brindó un curso de cartografía social con un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) experto en el método. Además, trabajamos con otro cartógrafo facilitador que coordinó las cuatro jornadas de tres horas cada una en el territorio y fue quien construyó las preguntas en conjunto con las mujeres del barrio; el diagnóstico se debatió con COPRETI, el Municipio y las organizaciones barriales. También se trabajó con una dibujante que recreó los pictogramas iniciales para ubicar en el mapa.

La construcción de los íconos para trabajar en el mapa fue un trabajo cuidadoso, que contó con el saber de dos referentas del barrio y con una joven radialista (locutora de radio) de la comunidad boliviana, que también se sumaría al equipo de comunicación del proyecto. Ella contaba con una historia personal y de su familia como víctimas de trata de personas y de explotación laboral en la industria de la indumentaria. La descripción del barrio, del interior de los talleres textiles y de las problemáticas que podrían salir en el desarrollo de la cartografía social fue tan detallada, que las personas que llegaron a los talleres se identificaron plenamente con las imágenes o iconografías y pudieron ubicarlas fácilmente en los mapas propuestos.

Para trabajar en el barrio, propusimos la búsqueda de un equipo que tuviera identidad étnico-nacional y que pudiera darnos una visión cercana a la comunidad y, a su vez, les ayudara a salvaguardar los intereses de las referentas del barrio. Por eso se trabajó con referentas territoriales que eran de la comunidad migrante, quienes convocaban a las jornadas de cartografía y facilitaban el trabajo en grupos, grabando y haciendo minutas dentro de las jornadas, las que realizamos en distintos espacios del barrio, para que cada referenta se sintiera reconocida con su espacio.

Las jornadas de cartografía social iniciaron con el análisis de la identidad latinoamericana, común a todas las personas participantes. Elegimos un mapa de Sudamérica y con flechas ubicamos el pasaje y el tránsito por las distintas fronteras, y nos contaron los desafíos de la llegada al país, al barrio y a la comunidad de 17 de Noviembre. Diferenciar lugares y saberes fue muy importante: algunas de las mujeres conocían sus derechos, entendían que algunos estaban siendo vulnerados, pero otras tenían naturalizadas las jornadas intensivas de trabajo y “la ayuda infantil”, como nombraban al trabajo de las niñeces y adolescencias.

Las mujeres habían construido con otros referentes masculinos, años atrás, un mapa de su barrio para conocer las manzanas; ellas mismas habían nombrado las calles interiores del asentamiento y conocían los números de las manzanas al dedillo. Por ello, el primer material en el que empezamos a trabajar fue en el propio mapa construido por ellas. Sumar saberes, reconocer el trabajo de referentas barriales y poder analizar las problemáticas que se tienen en el barrio fue parte importante del método elegido.

Después de la sistematización y organización de los hallazgos, se construyó un árbol de problemas, retomando todo el recorrido realizado, en el cual puedan verse las causas, los efectos y las líneas de acción que trabajar en articulación interinstitucional. El diagnóstico realizado terminó con la creación de un NODO de acción de COPRETI, los cuales se conciben como un espacio de gestión compartida con el gobierno local mediante los cuales se piensan, se ejecutan y se evalúa la implementación de los proyectos, que articulan la inversión en infraestructura, material recreativo, además de capacitación a docentes y autoridades, incluyendo la construcción de material para la promoción de derechos; con una inversión del gobierno provincial en ese territorio de cinco millones de pesos argentinos para 2022^[4].

Las propuestas de trabajo que emergieron de las jornadas se dividieron en tres ejes principales de trabajo:

1. El fortalecimiento de las redes de cuidados, lo que inició con el armado de un recursero (o guía de recursos locales), involucrando a otros actores del Estado, para pensar estrategias de solución articuladas y con un abordaje integral centrado en las infancias.
2. La promoción de campañas de difusión de políticas públicas, diseñadas en clave de derechos y que contemplen las miradas de las personas migrantes.
3. La optimización del trabajo cooperativo como modelo alternativo, pero dentro de procesos de registración laboral que pudieran proveerles seguridad social, partiendo de reconocer algunas experiencias con talleres familiares. En ese marco se brindaron herramientas de economía social invitando a actores que trabajaban con políticas públicas destinadas al sector, con la intención de dar a conocer los derechos laborales de cooperativistas y diseñar un plan de trabajo que contemplara el apoyo estatal en la producción, el diseño, el equipamiento y la logística, y la creación de marcas y estrategias de venta.

Consideraciones finales

Las metodologías feministas de investigación representan un enfoque crítico fundamental para la producción de conocimiento, y desafían las nociones de neutralidad y objetividad al reconocer la intrínseca politicidad de la investigación. Su objetivo central radica en visibilizar las experiencias, perspectivas y voces de grupos históricamente marginados y subalternizados, como las mujeres y las personas de la diversidad sexo-genérica, denunciando distintas formas de opresión entrelazadas como el androcentrismo, el sexismo, el clasismo, el colonialismo y la cisnormatividad.

La investigación acción participativa (IAP) feminista, particularmente en el contexto del sur global, emerge como una apuesta ético-política para construir saberes transformadores y promover cambios sociales sostenibles. Este enfoque prioriza la colaboración con las comunidades, reconociéndolas como agentes activos en la producción de conocimiento, y busca escuchar sus voces para transformar las relaciones de poder y alcanzar la justicia social. Sin embargo, la implementación de estas metodologías en el marco de proyectos de cooperación internacional presenta desafíos significativos.

La experiencia del proyecto ATLAS ilustra las tensiones inherentes a la cooperación internacional, donde las agendas y prioridades de los financiadores pueden no alinearse completamente con las necesidades y realidades de las comunidades locales. La imposición de metodologías preestablecidas, la falta de comprensión de los contextos territoriales específicos y las resistencias a reconocer y valorar los saberes y el tiempo de las personas de los sectores populares son obstáculos importantes. La burocracia y los requisitos administrativos, como la necesidad de certificaciones formales para la contratación, pueden excluir a actores clave de las propias comunidades, limitando la eficacia y el impacto de los proyectos.

A pesar de estos desafíos, la aplicación de la cartografía social en el proyecto ATLAS demostró ser una herramienta valiosa para la recolección de información y el diagnóstico de necesidades dentro de un proceso participativo. Involucrar a las mujeres migrantes del barrio 17 de Noviembre como cocreadoras de conocimiento, reconocer sus saberes previos y construir soluciones en conjunto con organizaciones locales y gubernamentales permitió generar un impacto concreto en la política pública local, como la creación de un NODO de acción de COPRETI y la implementación de iniciativas en áreas clave como el fortalecimiento de redes de cuidado, la promoción de derechos y la optimización del trabajo cooperativo. En definitiva, la investigación feminista participativa, aunque compleja en su implementación, ofrece un camino prometedor para generar conocimiento comprometido con la transformación social y la justicia para los grupos más vulnerables.

Por otra parte, es importante no continuar profundizando las desigualdades con nuestras investigaciones, y es indispensable cuestionarnos el uso del tiempo y el lugar que les damos a las personas en nuestros estudios. Debemos propiciar espacios donde las personas que nos brindan su experiencia y su saber sean protagonistas y puedan aprovechar también nuestros saberes.

No debemos olvidar que las intervenciones desde nuestras investigaciones son productoras de subjetividades que aportan a construcciones discursivas (Carballeda, 2008) y formas de repensar las dinámicas sociales; por ello, para las mujeres del barrio 17 de Noviembre participantes de la cartografía social, comparar sus saberes desde el origen y evidenciar la diferencia entre el allá y el acá resultó un elemento clave en su discurso. Exponer su trayectoria de vida y su experiencia permitió darles un lugar particular en la comunidad y con las instituciones; darles valor a sus saberes, a sus redes, y hacerlas partícipes en la investigación en las distintas etapas del diseño de la cartografía nos permitió recuperar importantes experiencias que enriquecieron la investigación.

Para estas mujeres, darse cuenta de que en la Argentina hay derechos diferentes, o que se abordan con otra institucionalidad, les permitió construir relatos comparados, desde donde deben desandar algunas experiencias y donde deben reconocer los aprendizajes (Salgado, 2018) que han ido construyendo con su proyecto comunitario.

Para los y las funcionarias, reconocer a las referentas del barrio como parte importante del entramado social y como pares en la construcción de la institucionalidad y de saberes fue central para entender su trabajo al servicio de la comunidad, una comunidad que tiene nociones y saberes de derechos distintos a los locales y que percibe las instituciones con desconfianza o con desconocimiento. Plantear herramientas o realizar planes con estas comunidades tendrá, entonces, necesidades especiales que considerar para propiciar soluciones conjuntas desde la investigación acción.

Finalmente, es importante comprender que la investigación social feminista se presenta como necesaria en la construcción de escenarios más inclusivos; por ello debe cuestionar el rol de quien investiga en el campo (Jaramillo Fonnegra, 2020) sin perder de vista las imposiciones de las categorías de análisis de quienes financian y los tiempos que quitamos a personas en situación de vulnerabilidad. La valorización de saberes, la comprensión de los aportes específicos al territorio y la construcción de redes y capital social entre las personas participantes son centrales en la elección de un método como la cartografía social.

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