Como corolario, y aunque no fue el objetivo de este estudio, el análisis realizado permite un ejercicio de reflexión sobre la relación planteada por Olson –esbozada en el capítulo 4– entre la naturaleza de los grupos de interés, su comportamiento y el desarrollo económico de un país. En este caso de estudio se vio que la política reformista de los años ’90 incentivó acciones particulares concentradas en la presión política para obtener legislación favorable a sus intereses, al punto que llegó a quebrar la representación de los empresarios del sector calzado en dos cámaras diferentes. Este desdoblamiento generaba una nueva actividad de representación frente a las autoridades (la de CAPCICA), que se sumaba (y oponía) a la ya existente de CIC, siendo ahora dos asociaciones con intereses particulares las que ponían en marcha su, en palabras de Olson, “lobby eficaz”. El decir del propio dueño de Gatic es elocuente sobre los efectos que Olson preveía de esta tendencia del accionar de los intereses particulares en la distribución del producto de una sociedad: el empresario dijo haberse transformado de industrial concentrado en la producción en “cortesano” de las altas esferas del poder y en “jurisconsulto” para explotar textos legales en su beneficio (como la ley sobre salvaguardias, que inclusive fue reglamentada por presión de la CIC)^[1]. Esta expresión, aunque anecdótica, era un indicio del aumento de los recursos consagrados a aquellas actividades^[2], poniendo en cuestión la principal función que se atribuye al empresario según la definición schumpeteriana: realizar innovaciones en el sistema de producción. El fortalecimiento de sus actividades políticas no significa que las motivaciones del empresario de Gatic fueran exclusivamente egoístas: su interés en la defensa de los puestos de trabajo se aprecia en todo su relato. Pero el medio para dicha defensa era la protección de su empresa. La década siguiente mostraría, además, en línea con lo previsto por Olson, una ineficiente utilización de recursos públicos (humanos y materiales) en el camino que intentó ayudar a esta empresa a sobrevivir. El propio Bakchellian se refería a tal ineficiencia cuando consideraba las restricciones a la importación tardías o incumplidas, así como la sucesión de reuniones con funcionarios de alta envergadura que no contribuyeron a solucionar su situación, hechos que inclusive llevarían a la empresa a presentar un reclamo por daños y perjuicios al ministerio de Economía en 1999. La dedicación de recursos públicos al conflicto por las importaciones se extiende aún más si se tiene en cuenta que las salvaguardias instauradas en 1997 fueron objeto también de demandas ante la justicia por parte de las empresas nucleadas en CAPCICA, que varias veces dieron la razón a los socios de la entidad (implicando la asignación de recursos del estado a resarcirlos) y que implicaron años de proceso judicial (una de ellas hasta 2012 aún estaban en proceso).

La investigación permitió conocer otras formas en las que aumentaron los recursos de las asociaciones dedicados al control de las importaciones a partir de la complejización de las disposiciones comerciales desde la eliminación del arancel intrarregional en 1999. En efecto, se involucraron más actores en el proceso, como fue la participación de CIC y CAPCICA en la Aduana, y la capacitación, por parte de la CIC, de sus agentes. Esta participación, como se vio en el capítulo 6, llegó a dar lugar a prácticas oscuras en la Aduana.

Por estos motivos, a estas dinámicas Olson les atribuye efectos negativos en términos de desarrollo económico de la sociedad en su conjunto, ya que las actividades se dirigen más a la presión política para conseguir rentas que a la búsqueda de eficacia productiva. Como se vio, los datos disponibles para el sector del calzado no permiten inferir ese comportamiento rentista; pero hacia fines del período de estudio la CIC mostró que priorizaba la coherencia de su discurso y ciertas vinculaciones políticas por sobre la eficacia del sector cuando explicó que no podía promover la importación de partes, ya que iría contra su promoción de la producción y el empleo local y contra una cámara amiga, aquella de los proveedores nucleados en CAIPIC.

Las dinámicas políticas observadas en la arena política distributiva, donde predomina la representación segmentada, los arreglos y las relaciones particulares, son otra manera de describir aquellas actividades “cortesanas” y sus efectos. Con la vista puesta en el sistema político, estas dinámicas pueden poner en tela de juicio las características representativas de una democracia. Si bien en todas las democracias coexisten intereses particulares e intereses generales, el espacio relativo que cada uno ocupa en la política y la consciencia ciudadana sobre dicho espacio afecta la percepción y confianza en la representación política^[3], con consecuencias para la legitimidad del gobierno involucrado y de cada decisión política que éste adopte.

En este sentido, la propuesta de Ana Castellani, que también se esbozó en el capítulo 4, analizaba algunas prácticas negativas identificadas en la relación entre empresarios y gobiernos en sectores estratégicos en Argentina. Esta propuesta disparó reflexiones sobre similares las observaciones en un sector que, aunque no se muestre como fundamental para la economía argentina en términos de participación en la producción o el empleo industrial, ha desarrollado algunas de las formas de articulación entre el sector público y privado que la autora atribuye a los ámbitos privilegiados de acumulación y que tienen consecuencias negativas tanto para el desarrollo económico como para el sistema político democrático. A lo largo de la historia del sector se observaron situaciones de prácticas institucionalizadas de presión corporativa (expresadas principalmente en las demandas de las organizaciones representativas del sector); de prácticas de influencia directa (observadas principalmente a través de indicios e información no oficial sobre el acceso directo de algunas empresas individuales a funcionarios de gobierno); prácticas de colonización (percibidas en los nombramientos, para cargos en puestos decisorios de la administración pública, de miembros que eran empresarios del sector o estaban estrechamente vinculados al mismo); y hasta de prácticas colusorias, entre las cuales podrían incluirse las restricciones comerciales si se las lee como forma de garantizar mercado a empresas reduciendo su nivel de riesgo.

De todas maneras, por lo desarrollado en el trabajo, está claro que las consecuencias del uso de estas herramientas no son necesariamente negativas en términos de innovación: por el contrario, justamente la garantía de mercado podría ser un incentivo al aumento de la inversión e innovación en empresas que, de otra manera, no lo hubieran hecho (ante un mercado dominado –de manera real o esperada–, por productos brasileños). En este sentido, un análisis en profundidad de la evolución industrial de este sector sería de suma utilidad, aunque, para realizarse, debería saltear la dificultad mencionada acerca de la obtención datos, tanto de productividad como de empleo reales. Este tipo de estudio permitiría analizar una serie de cuestiones cuya discusión permanece abierta, en particular, aquellas vinculadas al tipo de intervención estatal más adecuado para promover la industria o al tipo de industrias que pueden incentivarse con miras al desarrollo económico de una región.