Proyectos de territorio en fricción al norte de la provincia de Río Negro
Ana Catania Maldonado, Laura Mombello y Ana Spivak L’Hoste
Materialidades y fricciones
Era el 8 de agosto de 2019. Tomamos la ruta 151 desde el Alto Valle hacia el norte, en dirección a la ciudad de Catriel. Ese era, aquella mañana, nuestro destino final. Pero, antes de alcanzarlo, teníamos coordinada una parada previa para visitar la comunidad mapuche Newen Kurruf, que había recibido, algunos meses antes, orden de desalojo de las tierras que ocupaban tradicionalmente desde hacía varias décadas. Dicha orden tenía como origen una demanda judicial realizada en su contra, en 2017, por parte de dos abogados que detentan el carácter de propietarios del predio que la comunidad ocupa[1].
Para concretar la visita, teníamos como indicación detenernos al encontrar una tranquera con la bandera mapuche. Esta estaría, nos informaron, en un paraje llamado Bajada la Escondida, a unos 45 kilómetros antes de llegar a Catriel. Allí, en la tranquera, nos estarían aguardando para guiarnos al Puesto La Marga, donde nos esperaban algunos miembros de la comunidad. Tranquera, bandera mapuche, puesto, paraje, eran en principio señales poco más que mudas, precarias marcas que, esperábamos, nos ofrecieran alguna orientación para llegar a ellos.
Para anticiparnos al punto de la ruta donde debíamos detenernos, teníamos, como datos a considerar, la subida a un cerro y su posterior descenso. No lo sabíamos previamente, pero no habría carteles indicadores en el camino que señalaran ese u otro cerro o paraje. A ambos lados de la ruta, asfaltada y mayormente recta, cargada de camiones que transportaban insumos o productos de la industria hidrocarburífera, el paisaje parecía repetirse: estepa en desnivel, escasa vegetación (pequeños arbustos fundamentalmente), tranqueras espaciadas por kilómetros unas de otras, algunas majadas de ovejas y chivos, aves dispersas y numerosas unidades de bombeo de pozos de petróleo, más conocidas en la zona como “cigüeñas petroleras”.
Foto 1. Cigüeña petrolera en la zona de Catriel

Fuente: elaboración propia.
Viajamos atentas observando descensos de la ruta y tranqueras embanderadas, únicas indicaciones entonces para dar con nuestro lugar de encuentro. Y conseguimos no pasarnos de largo. En la entrada del Puesto La Marga, nos esperaban dos muchachos que, en una camioneta, nos guiaron durante varios kilómetros tierra adentro por un camino de ripio y curvas, hasta la vivienda, muy precaria, donde nos aguardaban los miembros de la comunidad. Intuimos, tras realizar ese trayecto campo adentro, que, a la anterior descripción del paisaje, habría que sumar la presencia de este tipo de viviendas que se ocultan, por distantes, a quienes atraviesan la ruta sin traspasar ninguna de sus tranqueras.
Foto 2. Acceso al Puesto La Marga desde la ruta nacional 151

Fuente: elaboración propia.
La vivienda consistía en una construcción rectangular de unos 30 metros cuadrados hecha de adobe y techo de zinc, con una puerta frontal, dos ventanas y un alero. Al interior constaba de un ambiente único (aunque la cama estaba separada por una cortina de tela) y poseía escaso mobiliario (mesa, algunas sillas, mesada con pileta, fogón a leña). Sin acceso a agua, gas o electricidad de red, estaba rodeada por corrales hechos con maderas desiguales traídas del campo, restos de lo que fuera en otros tiempos un gallinero, y, a pocos metros, había un pozo rodeado de chapas que funcionaba aún como letrina. Desde el frente de la vivienda, y en todas direcciones, podían divisarse algunas cigüeñas. En un valle que comenzaba a unos 50 metros de ella, se podía ver, además, la marca de un gasoducto que recorre parte del subsuelo del terreno en litigio.
Foto 3. Vista de frente de la vivienda y del gallinero del puesto

Fuente: elaboración propia.
Foto 4. Vista de frente de la vivienda y de los corrales del puesto

Fuente: elaboración propia.
El recorrido por la ruta con referencias inciertas como orientación, el zigzagueante camino desde la tranquera hasta la vivienda donde nos esperaba la comunidad y la caminata con sus miembros por el puesto fueron dando pistas para comenzar a armar paulatinamente, en paralelo al devenir de las conversaciones que se sucedieron a lo largo del día, un conjunto significativo de relaciones y dinámicas sociales en lo que, desde la ruta, parecía un páramo deshabitado. En este conjunto, sobre el cual profundizaremos en este trabajo, resulta difícil y –creemos– innecesario escindir objetos de personas. Efectivamente, lejos de postular solo como objetos o externalidades propias del contexto a cigüeñas y puestos, o a la traza del gasoducto, los corrales, la tranquera, la cámara de vigilancia instalada en la entrada del puesto a la que referiremos más adelante, la camioneta tan usada, el alambrado, la bandera, la orden de desalojo o el candado que pusieron en la tranquera al intentar hacerla efectiva, proponemos abordarlos como constitutivos de esas relaciones y dinámicas, como materialidades que, más que ser, acontecen (Ingold, 2013). Desde esta perspectiva, las materialidades resultan experimentadas (en la práctica). Contar la historia de su acontecer es reponer las experiencias devenidas a medida que ellas “fluyen, se mezclan y mutan” (Ingold, 2013: 36).
La hipótesis que guía este texto es que, recorriendo las materialidades y poniéndolas en diálogo con los relatos que compartieron los miembros de la comunidad en esa jornada, se pueden develar distintos proyectos de territorio que se solapan conflictivamente en un mismo espacio: el del campo que ocupa el puesto en litigio entre la comunidad Newen Kurruf y quienes afirman ser propietarios del terreno. Distintos proyectos que, a lo largo de las décadas, con temporalidades y ritmos diversos, pero siempre solapándose en roce o fricción (Tsing, 2004), fueron modelando dicho espacio y dando forma, paralelamente, a los procesos, las vidas y los sentidos que se produjeron –que se siguen produciendo– en torno a él. Derivados de esta experiencia empírica particular, dos de esos proyectos surgen como especialmente relevantes. Por un lado, aquel que hace a las lógicas de uso y significación del espacio de la comunidad que ocupa de manera tradicional el puesto. Por otro lado, el proyecto de territorio que imagina y produce, paralelamente, la infraestructura de la industria hidrocarburífera en la región. Proponemos, además, que el enfrentamiento judicial y la orden de desalojo asociada a él exacerban las asimetrías de las agencias involucradas en esos dos proyectos territoriales que serán, en este texto, ejes de la reflexión.
El puesto y su proyecto de territorio
Tras las presentaciones y los saludos con los miembros de la comunidad, entramos a la vivienda. Éramos, esa mañana de invierno, unas 10 personas en el único ambiente. Nos acomodamos en las sillas disponibles, y otros de pie, cerca del fogón que calentaba la sala. Dispusimos grabadores para registrar la charla y cuadernos para tomar notas y abrimos el intercambio preguntando por el litigio que estaban atravesando y en el marco del cual habían recibido, unos meses antes, la orden judicial de desalojar el puesto.
Ana: Una buena manera de empezar la charla es que nos cuenten de qué se trata el pedido de desalojo.
Werken[2]: Bueno, según lo que me decía mi abuela, que yo tanto pasé con ella acá, la familia de nosotros acá es antigua, legendaria, digamos. Ellos vinieron, eh, el abuelo de mi abuela venía del lado de Buenos Aires, él era nacido en General Pringles, Provincia de Buenos Aires. El abuelo de mi abuela, que vendría a ser mi tatarabuelo. Y Pelegrina Montes, que también era de Azul, vino con la tribu de los catrieleros cuando le cedieron el territorio acá (entrevista grupal, 7 de agosto de 2019).
¿Por qué la respuesta a la consulta sobre un litigio que involucra a la comunidad en el año 2019 comenzaba con la descripción de sucesos acontecidos a fines del siglo xix? ¿Cuáles son y cómo operan las temporalidades y los ritmos que se pusieron en juego en el diálogo con la comunidad aquella mañana desde el puesto? Y, en otro orden de cuestionamientos, ¿en qué sentido el puesto, esa referencia espacial y al mismo tiempo de encuentro de la comunidad, implica un proyecto de territorio? ¿De qué tipo de proyecto se trata? ¿Sobre qué fricciones se despliega?
Contrariamente a lo que supone el lenguaje común, incluso el nuestro a la hora de volcar estas reflexiones en un texto, en el contexto local el puesto no alude estrictamente a la vivienda o rancho, tal como también se la suele reconocer. Refiere, en realidad, a una configuración más amplia, de límites poco definidos, que incluye la vivienda, pero también el predio más o menos extenso en el que se despliega la vida social y económica de sus habitantes. Un campo o terreno se mide y subdivide en hectáreas. El puesto, o los puestos (porque en un campo puede haber más de uno), por las actividades que se hacen en torno a él. De hecho, las actividades agropecuarias que se desarrollan allí dan identidad a un actor social particular: el puestero. Él es quien cuida los animales y el campo, habita el rancho y se hace cargo de las tareas cotidianas necesarias para el desarrollo de la actividad.
El puesto, como el rancho, remite a cierto estado de precariedad y permanencia al mismo tiempo. En ambos casos, la precariedad refiere tanto a la estructura edilicia de las viviendas y demás infraestructuras ligadas a la actividad productiva que en ellos se desarrollan (corrales, aguadas, caminos internos), como al estatuto legal, muchas veces difuso o en discusión, respecto de la tenencia de las tierras en las que estas viviendas e infraestructuras se asientan. Del mismo modo, para el rancho y el puesto, este estado de cosas puede extenderse largamente en el tiempo, de modo que lo precario adquiere un carácter permanente.
Sin embargo, el puesto, a diferencia del rancho, supone no solo una configuración más compleja en la que se entraman el techo, la tierra, la vida social y las prácticas de subsistencia, sino también pautas de estabilidad y de trashumancia. Efectivamente, para los puesteros, el arraigo supone la circulación y el recorrido por puestos ubicados en diferentes espacios geográficos, aptos para sostener la actividad ganadera en las distintas épocas del año. Las permanencias se narran como circuitos, los puestos son lugares en los que siempre se ha estado, porque recorrer es el modo local de estar. En esta configuración no es la residencia (el rancho, la vivienda) la que señala el arraigo (y con él la pertenencia), sino el recorrido y los conocimientos que en estos recorridos compartidos transgeneracionalmente se conservan y producen como acervo colectivo (conocen caminos, aguadas, pasturas, leen los vientos y el andar de los animales, etc.). En este marco se hace mención de la casa en el contexto urbano (o periurbano) cuando existe, se trata de la casa del pueblo, es decir, el lugar de residencia cuando la permanencia, en clave de recorridos y territorialidades ampliadas, abarca también a las ciudades. Así, la estancia en la casa del pueblo (y todos los saberes y las tecnologías que el recorrido por la ciudad implica) entra a formar parte de esa configuración que supone el puesto.
Esta movilidad característica de la dinámica puestera cuenta con historia y memorias que refieren a patrones tradicionales de ocupación territorial mapuche. En este sentido, Cañuqueo analiza cómo “a principios de 1900 aún había tránsitos que no necesariamente respondían a situaciones de traslados forzosos, sino a prácticas sociales relativamente autónomas sobre el espacio” (Cañuqueo, 2016: 21). Estas formas de ocupar el espacio, según la autora, dejaron marcas que configuran al paraje como espacio de anclaje de distintas trayectorias sociales (Massey, 2005; Ingold, 2013) que une a los diferentes lof[3], familias y pobladores en el presente. Los parajes, clave de identidad territorial con singular potencia en la provincia de Río Negro (Cañuqueo et al., 2007), no se definen por sus límites, como determinan las lógicas de las administraciones del Estado y de la propiedad privada (Kropff y Spivak L’Hoste, 2021, mimeo). La referencia al puesto y su dinámica dialoga y se recorta sobre esta persistencia reticular de los parajes en el ordenamiento jurisdiccional estatal.
Así, el puesto, como proyecto de territorio, emerge sobre la fricción (o las fricciones) entre las lógicas tradicionales de ocupación territorial que suponen tránsitos y desplazamientos como clave estructurante de la vida, por un lado, las sucesivas imposiciones sobre esa movilidad y sobre eventuales asentamientos promovidos por las distintas instancias estatales, por otro, y las temporalidades y exigencias de los emprendimientos económicos a gran escala, como es, en la región, el de la industria hidrocarburífera. Tsing señala: “Como una imagen metafórica, la fricción nos recuerda que los encuentros heterogéneos y desiguales pueden llevar a nuevas configuraciones de la cultura y el poder” (Tsing, 2005: 5). Estos procesos de fricción adquieren, por lo tanto, una dimensión creativa que, no obstante, no obtura ni niega los conflictos, sino que más bien generan espacios y dinámicas que habilitan otros modos de procesar estos encuentros heterogéneos y desiguales. La autora muestra cómo los procesos del capitalismo global y los conflictos derivados de su expansión en contextos locales mediante la explotación intensiva de bienes de la naturaleza ponen en relación sujetos, intereses e interpretaciones particulares que trazan configuraciones socioculturales originales y situadas. Estas configuraciones producto de la fricción habilitan, a la vez que limitan, el horizonte de posibilidad en el que los actores sociales despliegan sus interacciones e interpretaciones.
El litigio que tiene como epicentro al Puesto La Marga permite desagregar estos procesos, recuperar las temporalidades y reponer los actores de esas fricciones, dando cuenta de las agencias desiguales que modelan tanto las relaciones sociales como los espacios en cuestión.
Historia de un litigio
La ocupación del puesto por parte de la comunidad y el desarrollo de las actividades pecuarias datan, según testimonios, de 1983. Ahora bien, la presencia de la familia en la zona, como anticipa el fragmento de diálogo citado anteriormente, se retrotrae a principios del siglo xx. Más precisamente, a la llegada de sus antepasados junto a los restos de la tribu de Catriel[4], que se desplazaba liderada por Bibiana García. Los primeros datos figuran, al igual que los de Bibiana García, en los registros del Segundo Censo Nacional de 1895.
Foto 5. Página del Segundo Censo Nacional, 1895: Río Negro (territorio). Libreto n.° 37, Departamento Coronel Pringles

Los bisabuelos de la actual lonko (autoridad comunitaria), subrayados en amarillo en la foto anterior, se establecieron primero en la zona de Peñas Blancas (al norte de Catriel) y luego, tras la gran inundación del río Colorado de 1914, en un puesto cercano a Sargento Ocón[5]. Los hijos de esa pareja se desplazaron, a lo largo de los años, entre puestos y poblaciones cercanos. En los primeros se desempeñaron en tareas rurales a escala familiar, y en las segundas realizaron actividades de mercachifles o trabajos domésticos a cambio, fundamentalmente, de vivienda y alimento[6]. Hacia los años 40, uno de ellos formó familia con una mujer que conoció en General Roca y tuvo aproximadamente 10 hijos. Entre ellos, Margarita (1947-2007), madre de la lonko y primera en instalarse en el puesto que actualmente, en su honor, lleva su nombre.
Margarita se estableció ya casada en el Puesto La Marga en 1983, donde desempeñó tareas vinculadas a la ganadería para subsistencia y venta. Allí crecieron sus hijos. La familia acondicionó la precaria construcción existente en el puesto como vivienda y realizó las mejoras asociadas a las actividades que desarrollaban. Llegaron allí guiados por el marido de Margarita. Él lo conocía de sus recorridas previas con ganado debido a su ocupación de tropero. Al situarse en cercanías de la Aguada La Pichana, lo había utilizado en algunas de sus paradas para dar de comer y beber a los animales durante el traslado. El puesto había sido habitado, según testimonios, por generaciones previas de la familia y algunos vecinos para pastoreo de animales en invierno[7] o para realizar actividades recreativas como la boleada[8].
Así, respondiendo a patrones tradicionales de ocupación territorial mapuche, las generaciones previas a Margarita (padres y abuelos) se trasladaron por los parajes de la zona, habitando y desarrollando actividades productivas de subsistencia en distintos puestos por distintos lapsos de tiempo. La instalación más estable en el Puesto La Marga de Margarita y su familia, y el uso doméstico y productivo del campo que lo rodea, fue parte y producto de esos movimientos previos en fricción, como profundizaremos a continuación, con las limitaciones que el Estado, la propiedad privada y la industria hidrocarburífera le imponían.
Ahora bien, la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro había otorgado, desde 1974, permisos precarios de ocupación del terreno fiscal donde se encontraba el puesto y hacia el cual se extendían las actividades productivas de la comunidad[9]. Más precisamente, sobre la parcela de 11.977 hectáreas ubicada en los Lotes 3, 4, 7 y 8 de la Fracción D de la Sección xxv. Dichos permisos de ocupación eran asignados, de manera anual, a Félix Mabellini, un reconocido automovilista de la ciudad de Cipolletti. En 1978 esa misma dirección le adjudicó el terreno en venta a Mabellini, quien escrituró la propiedad a su nombre en 1986[10].
Mapa 1. Ubicación del predio donde se encuentra el Puesto La Marga

Fuente: producción propia.
Mabellini habrá muerto hace cinco años, vivía en Cipolletti y tenía un taller mecánico, un auto de colección. Mi papá era amigo de él […]. Por eso, mi papá reclamarle algo a Mabellini no lo iba a hacer y tampoco tenía sentido porque todos los campos eran abiertos. Viste que la gente de antes conversaba algo y era eso. No había papeles. Eran por ahí muy legales en las amistades (lonko, entrevista individual, 8 de febrero del 2020).
Mabellini fue poseedor primero de los permisos de ocupación y luego de la escritura sin haber ocupado ni realizado mejoras o actividad pecuaria alguna en el terreno (requisito, al menos, de lo primero). Mientras, la comunidad habitaba y producía el puesto y el terreno. La disposición de campo abierto y los acuerdos de palabra sobre cuál era el territorio en que vivía y utilizaba cada uno y cuáles eran los espacios de uso común se correspondían con los valores tradicionales manifestados por la comunidad. El énfasis puesto en la palabra se sustenta en el peso cultural e identitario de la oralidad del pueblo mapuche. La palabra es el hilo con el que se tejen las relaciones constitutivas del territorio como modo de ser juntos en la tierra. A la vez, es fundamento de los acuerdos, las negociaciones y los compromisos vinculantes entre las personas, y entre estas y los seres no humanos con los que cohabitan, basados en una relación de mutuos cuidados, escucha atenta y respeto (Ramos y Cañuqueo, 2018).
Ahora bien, un año después de la escrituración del predio a nombre de Mabellini, tras perder un juicio que le había iniciado otro particular, Mario Contreras, se tramitó el remate de este[11]. Con la comunidad en el puesto y las mejoras realizadas por sus miembros en marcha en función de sus prácticas sociales y económicas, se dictó en 1993 un auto del remate que se aprobó el 17 de noviembre de 1994. En esa fecha se ordenó la entrega de la posesión a Mario Contreras, quien cedió los derechos de la propiedad a Alberto Aparicio y Rafael Ortiz, los abogados del estudio jurídico de Neuquén que lo habían patrocinado en el juicio contra Mabellini.
Durante años la situación se mantuvo en similares condiciones. Margarita y sus hijos habitando y trabajando el puesto, las escrituras del campo en manos de dos abogados que no hacían uso doméstico ni productivo del terreno. Como el predio tenía propietarios, la comunidad no podía tramitar permisos precarios de ocupación en la Dirección de Tierras de la provincia. Por el mismo motivo, tampoco la dirección realizó inspecciones de tierras que permitieran fundamentar con documentos oficiales la presencia de los pobladores y las mejoras realizadas. Debido a esa situación, además, la comunidad no pudo recibir pagos a nombre de regalías de la actividad hidrocarburífera que coexiste con su actividad ganadera, ni servidumbres de paso por la presencia de infraestructura fija (pozos, tanques, caños) o móvil (camiones, camionetas, casillas, etc.) de esa industria en el predio. Mientras que los propietarios del predio sí reciben canon por servidumbre de paso, al menos desde el 2001.
En el año 2014, los miembros de la comunidad iniciaron un juicio de usucapión a fin de lograr el reconocimiento legal de la tierra. El juicio se perdió en esa instancia por caducidad[12]. Posteriormente, en 2017, fueron Aparicio y Ortiz quienes iniciaron una demanda judicial contra los miembros de la comunidad, que derivó, en 2019, en una orden de desalojo en su contra. La comunidad apeló por vías legales a esa orden denunciando penalmente a los propietarios por estafa y visibilizando su ocupación por casi cuatro décadas del campo y el puesto[13]. Más allá del derrotero de las acciones jurídicas, sus vidas cotidianas, relaciones y actividades económicas han sufrido alteraciones y perjuicios a lo largo del tiempo. Alteraciones que fueron producto, en parte, del litigio en proceso. Entre otras, las derivadas de la instalación de una cámara de seguridad en el acceso al puesto que generó no solo malestar para los miembros de la comunidad, sino también conflictos con sus vecinos, o la colocación de un candado en la tranquera en un intento de desalojo que los dejó encerrados dentro del puesto y limitados en movimiento. Alteraciones que, por otra parte, anteceden y exceden a dicho litigio y que son efecto de las fricciones que genera otro proyecto territorial que se solapa en su espacio de vida: aquel que acompaña la expansión de la industria hidrocarburífera desde los años 60 en la zona.
La cigüeña y su proyecto de territorio
Las industrias extractivas promovieron sus propios proyectos territoriales en los distintos lugares del país en los que se desarrollaron. En el caso de los hidrocarburos en Patagonia, desde sus inicios a principios del siglo xx, el desarrollo industrial estuvo acompañado por políticas de Estado en las que se articulaban cuestiones estrictamente económicas con cuestiones de carácter político y social (Favaro, 1999; Yeatts, 1996; Solberg, 1986; Kaplan, 1981; Bernal, 2005; Ortiz, 2008). La expansión de la industria hidrocarburífera se desplegó sobre el proyecto político del desierto (Navarro Floria, 2002) configurando una nueva territorialidad[14].
Este proyecto territorial implicó importantes modificaciones espaciales y económicas que complejizaron la dinámica demográfica y social (Díaz y Fuentes, 2008). En Río Negro, en la década del 60, YPF encontró petróleo en la región norte y noroeste de la provincia, instalando los primeros campamentos en el pueblo de Catriel. Estos pozos productivos son parte de la cuenca sedimentaria neuquina, que abarca además el sur de La Pampa y Mendoza. Ya en los 70 la zona de explotación se fue extendiendo hacia el Alto Valle[15].
Catriel, que hasta ese momento era una región de crianceros y de agricultura incipiente, redefinió su perfil socioeconómico a partir del establecimiento de YPF. La población estable se multiplicó significativamente y comenzó un proceso similar al de otras localidades petroleras, caracterizado por la estructuración y organización de la sociedad en torno a la industria y sus vaivenes[16]. Al mismo tiempo, los accesos y usos de la tierra y bienes naturales subsidiarios, como el agua y el mismo petróleo y gas, se vieron implicados en nuevos circuitos de mercantilización. De estos circuitos participan actores no solo locales, sino también nacionales y transnacionales. Asimismo, los usos y procesos de legitimación sobre la ocupación de la tierra impuestos por la industria dan lugar a la aparición de nuevos roles para viejos actores. Así, puesteros y propietarios comenzaron a pugnar por devenir superficiarios, categoría social y jurídica generada al calor de la proliferación de cigüeñas en la zona. Se trata de los sujetos con derecho al cobro de un canon por servidumbre de paso asociado a la instalación de esa infraestructura de extracción y/o al consecuente transporte del hidrocarburo (gas y petróleo) extraído. Para ser reconocido como superficiario por parte de las empresas, que son las que abonan esos cánones, es condición contar con permisos de ocupación otorgados por la Dirección de Tierras de la provincia, o poseer el título de propiedad de la tierra. Por eso la comunidad Newen Kurruf, contrariamente a los poseedores del título de propiedad del predio, no podían ni pueden acceder a ellos.
La normativa jurídica que regula el acceso y usufructo de los bienes naturales del subsuelo subordina los usos y las relaciones que se establecen con la superficie de la tierra y con el agua a los requerimientos de la industria[17]. Con eso refuerza la capacidad de esa industria para modelar el territorio con su propio proyecto. Un proyecto distinto que supone una jerarquización de los usos y las apropiaciones del espacio, otra valorización de la naturaleza, así como el despliegue de objetos y materialidades (caminos, gasoductos, pozos, etc.) que habilitan, modifican o clausuran actividades y recorridos.
Entre esos recorridos, se destaca, por ejemplo, el de los hidrocarburos a través de tuberías conexas de poco más de un metro de diámetro y cientos de kilómetros de longitud. Una suerte de mapa subterráneo de tubos que conducen fluidos o gases de punta a punta, como el Oleoducto del Valle S.A. (OLDELVAL) que atraviesa La Marga[18]. Este pasa a, aproximadamente, 500 metros de la vivienda y 400 de la zona de corrales y bebederos del puesto. Desde arriba de la barda, y equidistante de la barda paralela, puede distinguirse la traza de línea recta que quedó impresa tras su construcción en el año 2005. La impresión de esa línea en el espacio resulta no tanto una huella de la materialidad de la industria, como una manera de objetivar procesos en curso, cuyo fluir y mutación permean las experiencias locales (Ingold, 2013). La construcción alteró, según los miembros de la comunidad, la disponibilidad de agua dulce en el predio debido a que se secaron las aguadas existentes durante el período de obras.
A nosotros nos pasó, cuando hicieron el movimiento de tierras del oleoducto a Puesto Morales, teníamos dos aguadas dulces, una maravilla, ¿viste?, y el movimiento de tierra se ve que se fue, pero pincharon la barda allá arriba y sacaron agua dulce. ¿Qué hacen? Llenan los camiones, pero a nosotros no nos dan, perdimos el agua nuestra (lonko, entrevista grupal, 7 de agosto de 2019).
Foto 6. Oleoducto OLDELVAL S.A. visto desde La Marga
(izquierda a derecha)

Fuente: elaboración propia.
Foto 7. Margarita señalando la ubicación de la aguada que se secó

Fuente: archivo de la comunidad.
La actividad hidrocarburífera en el predio que ocupa la comunidad ha ido en aumento desde los años 80 hasta el presente. Cuando Margarita y su marido se asentaron, solo había dos cigüeñas. Actualmente, existen entre 50 y 60 explotaciones convencionales de extracción de gas y petróleo, algunas de las cuales son observables desde el puesto. Estas infraestructuras de la industria hidrocarburífera forman parte del área de concesión Agua Salada, cuyas operadoras son las empresas argentinas Tecpetrol (un 70 %) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales–Yacimientos del Sur (YPF-YSUR) (un 30 %) y las áreas denominadas El Santiagueño y Bajo del Piche, ambas operadas por la empresa Petróleos Sudamericanos (100 %)[19], con contratos vigentes hasta el año 2027. Además de estas operadoras, circulan y desarrollan actividades dentro del predio otras empresas de servicios a la industria hidrocarburífera que se desempeñan como contratistas.
Así, a los tránsitos tradicionales de ganado y gente, por caminos de ripio zigzagueantes dibujados a fuerza de repetir recorridos, se sumaron, intersectaron o superpusieron otras rutas de vehículos, personal de empresas, insumos y productos de la industria. Tal como sugiere Tsing (2004) cuando retoma el ejemplo de la ruta abierta sobre un paisaje que carecía de ella, las obras producen fricciones que dan lugar a nuevos recorridos, al tiempo que coartan las posibilidades de movilidad. Del mismo modo, las características diversas de las huellas en el paisaje de los diferentes proyectos de territorio pueden leerse como escrituras en distintos idiomas, cada una con su lógica, que, sin desconocerse del todo mutuamente, se ven imposibilitadas de dialogar. Los caminos, las cañerías y demás instalaciones requieren abrir senderos o zanjas en líneas rectas que permitan transportar insumos y personal de origen a destino de la forma más directa posible. Estas materialidades de los caminos y las zanjas rectas aparecen como la escritura en el paisaje del proyecto de la cigüeña, un proyecto guiado por la racionalidad de alcanzar el mayor rédito con el menor costo en tiempos y recursos. Lo que queda entre el origen y el destino de los flujos a movilizar resulta invisible o simplemente un estorbo que remover para abrir la senda del desarrollo industrial. Previos, y atravesados por estas rectas, se encuentran los caminos sinuosos y aparentemente caprichosos hechos por los recorridos de gente y ganado. Caminos que se hicieron acompañando los desniveles del terreno y las formaciones rocosas, buscando incorporar las fuentes de agua en el trayecto, preservando la flora considerada valiosa para alimentar el ganado, o para otros usos de la subsistencia, medicina o rituales. La lógica de esta escritura en el paisaje, más que centrarse en los recursos (su extracción, su producción, su traslado, su mercantilización), tal como ocurre con el proyecto de la cigüeña, parece otorgar centralidad al paisaje y al devenir de los seres vivos y no vivos con lo que se interactúa, haciéndolos parte de la circulación y el recorrido, dinámica social que otorga sentido al proyecto territorial que expresa el puesto.
Para la industria, la comunidad es invisible, y su presencia y actividad socioeconómica resultan tan irrelevantes como los ecosistemas y la biodiversidad sobre los que impacta. Las personas que forman parte de ella, sus animales y las materialidades asociadas a sus vidas domésticas y reproductivas (puestos, aguadas, corrales, etc.) quedan fuera del proyecto de territorio que movilizan. En el marco de ese proyecto, tierra, agua, petróleo, gas y demás minerales son recursos disponibles para su explotación y mercantilización. Sus interlocutores principales son, entonces, quienes administran y regulan el acceso y usufructo, en este caso las entidades estatales y subestatales. Los superficiarios son actores emergentes creados por las normativas impuestas por el Estado para regular el acceso y uso de la tierra, y para administrar la conflictividad social, en tiempos de auge de la expansión hidrocarburífera.
Así, la cigüeña, y la restante infraestructura de la industria hidrocarburífera, en su materialidad, “acumula fuerzas productivas y deseos, tanto como destrucción y deterioro” (Steyerl, 2014: 56). Condensa, asimismo, los sentidos desplegados por el paradigma desarrollista que le dio origen y fundamento a su proyecto de territorio, así como las expectativas actuales de generación de riqueza o mejora del ingreso para distintos actores. Para las empresas el objetivo es optimizar la rentabilidad, mientras que para las instancias estatales provinciales y locales se trata de garantizar el suministro de combustible necesario para el desarrollo de la vida productiva del país y de aumentar las regalías. Los pobladores locales (indígenas y no indígenas), en franca desventaja al no ser dueños del subsuelo ni poder intervenir en las decisiones que se toman sobre los minerales, intentan mejorar sus ingresos ya sea vía el empleo en la industria o el cobro de servidumbres, teniendo en cuenta que sus actividades agrícola-ganaderas se ven seriamente afectadas y limitadas por el despliegue de la industria hidrocarburífera.
Así, este proyecto territorial genera un nuevo escenario en el que se rearticulan y emergen nuevos y viejos actores sociales en fricción, como vimos con el devenir de la comunidad Newen Kurruf y el de su litigio, con otros proyectos que, con otras historias y desigual capacidad de agencia, siguen siendo parte del presente en la región.
Paisajes y agencias desiguales
Donde afloran las cigüeñas, cambia el paisaje y se expresan nuevos regímenes de uso, autoridad y legitimación que entran en fricción con regímenes anteriores impuestos por el mismo Estado (en sus distintos niveles) y por los usos tradicionales. Podríamos postular, en realidad, a los propios proyectos territoriales como sucesivas fricciones y nuevos escenarios devenidos de ellas. Algunos quedan ocluidos, y otros conviven conflictivamente como capas superpuestas. Abordarlos requiere, en todo caso, reponer su historicidad.
Sobre el proyecto territorial previo a la conquista militar, impactó la extensión de la frontera agropecuaria de la llanura pampeana que, en las últimas décadas del siglo xix, forzó el desplazamiento de pobladores (familias, comunidades enteras) como los bisabuelos de la lonko de la comunidad Newen Kurruf hacia el norte de la Patagonia (actuales provincias de Río Negro, Neuquén y norte de Chubut). En el caso de los antepasados de la comunidad, previamente pobladores de la zona de Azul (Provincia de Buenos Aires), fueron desplazados junto al “resto de la tribu de Catriel” en febrero de 1879, antes de las campañas militares, para conformar la colonia General Conesa en el entonces Territorio Nacional de Río Negro. La creación de la colonia buscaba incorporar tierras al circuito productivo agrícola-ganadero en expansión (Pérez, 2014; Mombello y Spivak L’Hoste, 2019). Sin embargo, ese propósito fracasó debido, fundamentalmente, a que el tamaño de los lotes era inadecuado para la ganadería extensiva y las tierras eran de una productividad insuficiente para la subsistencia. Con los años las precarias condiciones en las que se vivía en la colonia llevaron a algunos pobladores a solicitar al Estado nacional nuevas tierras para habitar (Pérez, 2014)[20].
Desde 1900 hasta 1904, ocurrió el desplazamiento de las familias hacia donde se conformaría la colonia agrícola pastoril Catriel. El proyecto original de la colonia se situaba en la zona de Medanito de los Barriales. Estimaba una superficie de 125.000 hectáreas, divididas en 200 lotes de 625 hectáreas cada uno, destinada a las familias indígenas, y reservaba 5.000 hectáreas para futuras colonizaciones agrícolas y la formación de centros urbanos. Según la normativa que regía para la entrega de campos, se debía demostrar cinco años de residencia continua y una serie de mejoras para contar con la propiedad definitiva. Ahora bien, en la práctica las ocupaciones de los lotes nunca se oficializaron. Esto, sumado a que dichos lotes estaban en tierras de regular calidad y con carencia de agua, produjo la dispersión de las familias, como las de la lonko de Newen Kurruf, sobre la costa del río Colorado, para obtener agua y mejores suelos (Iuorno, 2008).
Estos desplazamientos no solo involucraron personas. Junto con ellos, se desplazaron formas de vida y modos de dar sentido a esas vidas, atravesados por negociaciones en condiciones asimétricas de poder, violencias diversas y estrategias de supervivencia y organización. El proyecto territorial basado en los desplazamientos se expresó materialmente con la aparición y extensión del alambrado. Es contra esta materialidad que se construye la memoria del campo abierto, que explicita la lonko al rememorar el acuerdo de palabra respecto del uso del puesto y del predio con su primer propietario, Mabellini. Aquel campo abierto hace referencia no solo a las posibilidades de circulación y a un proyecto territorial como el del puesto que se expresaba en otro paisaje, sino, y fundamentalmente, a otra manera de concebir la organización de lo común.
Según Richard y Hernández, “para estudiar dónde se activan las fuerzas del capital hay que mirar por dónde van sus alambradas” (Richard y Hernández, 2018: 88). Consideran el alambrado como un indicador sensible en cuanto su aparición resulta disruptiva, repentina y muy evidente, y trasforma radicalmente el paisaje. La relevancia del alambrado no solo se debe a su impacto inmediato, sino a las reconfiguraciones territoriales que supone y a su perdurabilidad en el tiempo. Hoy, como en el siglo xix, en Norpatagonia los alambrados continúan organizando el espacio y expresando la sedimentación de disposiciones jerárquicas y desiguales entre grupos y sectores sociales (Grossberg, 1992). Tal como puede observarse en Catriel y, específicamente, en la comunidad Newen Kurruf, el alambrado en esta zona es la expresión de la fricción entre el proyecto territorial mapuche y el de la extensión de la frontera pecuaria y la privatización de la tierra. Fricción que tiene fecha de inicio (principios del siglo xx) y que perdura con singular eficacia hasta el presente. En la historia del litigio, se ha referido a la particular condición del alambrado, y la tranquera como puerta de entrada al puesto, como clivaje material, expresión de las tensiones alrededor de la definición del estatuto jurídico de la tierra: fiscal, comunitaria o privada.
Para esta comunidad, como para el resto del pueblo mapuche, el alambrado significó también la limitación de la ganadería por trashumancia. Efectivamente, el alambrado “opone una ganadería móvil […] que se acopla al animal en largas peregrinaciones por entre aguadas y pastizales distantes […] a otra ganadería de superficies compartimentadas” (Richard y Hernández, 2018: 86). Ya referimos cómo el puesto emerge de esta fricción y genera un nuevo proyecto territorial. El litigio de la comunidad Newen Kurruf y su reclamo de reconocimiento de permanencia en el Puesto La Marga por cuatro décadas con patrones de ocupación tradicional también tienen que ver con este proceso.
Ahora bien, en Catriel (como en otras zonas petroleras de la Patagonia), el alambrado no quedó circunscripto a los procesos de enajenación de la tierra, de modificación de la producción ganadera y de la trasformación del paisaje. Por el contrario, se extendió y diversificó su incidencia con la expansión de la industria hidrocarburífera. Efectivamente, el alambrado acompaña también a la cigüeña y consolida su proyecto territorial.
Esta consolidación, en lugar de operar sobre la oclusión del proyecto territorial devenido con la expansión de la frontera agraria, se sobreimprime, formando capas superpuestas. Así, un alambrado no reemplaza al otro, sino que se agrega multiplicando la organización claustrológica del espacio, que implica “una nueva forma de organizarse la propiedad, una nueva forma de organizarse la relación animal-vegetal-humano, y una nueva forma de escribirse o simbolizarse los límites” (Richard y Hernández, 2018: 87). En el caso del cerramiento de la infraestructura petrolera, el alambrado se presenta también como elemento de seguridad, para preservar tanto el instrumental como la integridad de los seres vivos que circulan por la zona. Así, esta claustrológica, como señalan los mismos autores, no solo encierra la infraestructura, sino que es una manera de encerrar humanos y animales al revés. Es decir, dejándolos afuera. Aquello que se presenta como medida de seguridad constituye la materialidad que organiza agencias desiguales donde, a quienes quedan encerrados del lado de afuera, se les niega la capacidad para intervenir en las decisiones que se toman sobre el territorio, los sistemas productivos y la renta.
Reflexiones finales: sobre el devenir de las materialidades y las fricciones en el territorio
El litigio, como vimos, condensa procesos sociales, territoriales y económicos de larga data y expone interacciones entre actores sociales y sectores de interés con agencia desigual. Reponer la historicidad y emergencia de algunas materialidades permite, en cierta medida, desagregar la complejidad de estos procesos y dar cuenta no solo de las desigualdades de agencia entre los actores implicados, sino también de sus diferencias constitutivas. Estas diferencias remiten tanto a sentidos, trayectorias y recorridos diversos, como a personas jurídicas claramente diferenciadas. Efectivamente, se trata de un litigio entre la comunidad Newen Kurruf y dos particulares definidos como “propietarios”. Cada persona jurídica implicada cuenta con sus propias materialidades respaldatorias, los documentos, con su propio peso específico para la causa. Los primeros cuentan con certificaciones de ocupación, registros como comunidad ante instancias nacionales y provinciales y otras documentaciones que acreditan su status comunitario, su pertenencia originaria, y su permanencia en el territorio. Los segundos esgrimen títulos de propiedad y órdenes de desalojo. El Estado, en sus distintas instancias y niveles, paradójicamente, reconoce tanto a unos como a otros. Esto es así debido a que es responsable de los documentos que, a lo largo de los años, han otorgado legalidad a los diversos reclamos. Estos reconocimientos se vuelven paradójicos, en la medida que, lejos de resolver las tensiones, las exacerban, a la vez que omiten la propia responsabilidad estatal en la generación de los conflictos, manteniendo invisible su protagonismo en los procesos históricos y actuales de enajenación de los territorios indígenas.
No obstante, en el territorio se dejan ver las huellas del litigio y de las acciones que se despliegan en función de aquellas legitimidades reconocidas. Volviendo al momento de la llegada a La Marga, recuperamos los primeros signos que advertían las tensiones en el ingreso al territorio: la tranquera, la bandera mapuche, el candado, la cámara de vigilancia. En este punto las posiciones irreconciliables entre las partes (en lenguaje jurídico) se ponen en evidencia, y los propietarios, los sentidos que sostienen sus lógicas, parecen adquirir particular relevancia. Pasando la tranquera, ellos se desdibujan, y priman las acciones y experiencias de la comunidad abriéndose paso ante otro actor con mucha más relevancia y poder, también con su historia: la industria hidrocarburífera. Por el camino sinuoso, alcanzamos el puesto, vemos las instalaciones relativas a la actividad ganadera a pequeña escala y, en los alrededores, se multiplican las cigüeñas y las marcas del desmonte en líneas rectas por donde pasan las tuberías propias de la industria. El devenir de las materialidades de las rectas y sinuosidades yuxtapuestas en el territorio, de las fricciones que implican y de las tensiones que no resuelven va hilvanando las temporalidades no lineales y, sin embargo, convergentes con las que la comunidad expresa, pone en palabras el proyecto del puesto. Así, la orden de desalojo vigente en el siglo xxi se contesta y se significa trayendo al presente los acontecimientos de fin del siglo xix a los que alude la comunidad cuando se le pregunta por el problema actual. No obstante, estas temporalidades convergentes no resultan antojadizas, ni son exclusivas de esta comunidad. Por el contrario, ponen de manifiesto y actualizan los quiebres sobre los que se desplegaron las sucesivas fricciones. Estas fricciones terminaron constituyendo el horizonte de posibilidad tanto para el proyecto de la cigüeña, como para el anterior, relativo a la expansión de la frontera agropecuaria. Ambos modificaron sustantivamente el campo abierto, las interrelaciones y dinámicas sociales, el alambrado acompaña y refuerza esos proyectos territoriales.
Por su parte, las temporalidades convergentes en las que se entrama el proyecto del puesto desafían la legitimidad del alambrado y su claustrológica, signada por el proceso de cercamiento y despeje (esto es, expulsión de los pobladores rurales), momento fundacional de la creación de la propiedad y con él de la mercantilización de la tierra y la transformación drástica del paisaje (Richard y Hernández, 2018)[21]. A la manera de la ruta señalada por Tsing (2004), la fricción que expresa el alambrado en Patagonia, y en particular en el caso recorrido, altera las trayectorias tradicionales, habilita y determina los modos posibles de transitar, produciendo exclusiones y modelando tanto espacios como dinámicas y procesos de producción e interacción social. Así, el acontecer del alambrado (Ingold, 2013) resulta más relevante y determinante que las mismas fronteras jurisdiccionales de las que ambos proyectos, el del puesto y el de la cigüeña, se conciben desacoplados.
Efectivamente, el proyecto de la cigüeña ordena su expansión y desarrollo a partir de la noción de “cuenca”. Las cuencas abarcan regiones amplias, en la zona de Catriel se trabaja sobre la llamada “cuenca Neuquina”, que atraviesa parte de las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, así como varios ejidos municipales. La cigüeña configura su proyecto territorial sobre la cuenca en su conjunto, tratando al área como una unidad restringida al subsuelo, donde la localización de los yacimientos se determinará teniendo en cuenta las variables intrínsecas de la industria (factibilidad, reserva, calidad del mineral, etc.). El resto de los aspectos, aquellos que se relacionan con la gestión del subsuelo (gobiernos locales) y los usos de la superficie (actores superficiarios, comunidades, propietarios, pobladores con derechos de uso o pastaje, etc.), se consideran subordinados a las variables principales.
Por su parte, el proyecto del puesto implica, como se mostró, la articulación de varias locaciones en un recorrido amplio y dinámico modelado por el alambrado. Asociado con la trashumancia de origen, las personas y los animales circulan atravesando jurisdicciones provinciales, municipales y, en ocasiones, nacionales. Estos recorridos pueden adoptar rodeos importantes en el afán de esquivar los alambrados, encontrar agua y acceder a ella. O se realizan utilizando las rutas concebidas para el tráfico automotor, una alternativa eficaz para evitar el alambre y los postes que cercaron el campo abierto, como los riesgos implícitos para la integridad de animales y personas al transitar entre las instalaciones hidrocarburíferas diseminadas por el territorio.
Imagen 8. Desplazamiento de ganado por las rutas neuquinas

Fuente: elaboración propia.
A diferencia del poder del proyecto de la cigüeña para imponer su propia configuración territorial, el puesto se sostiene en las tensiones con los dueños de la superficie y los administradores del subsuelo. Se reinventa, incorpora las ciudades y las rutas en su configuración territorial, esquivando cigüeñas y alambres, atravesando jurisdicciones y disputando desde las temporalidades convergentes los sentidos del presente y del futuro de la vida en común, incluyendo la relación con los bienes de la naturaleza.
Así, la extensa meseta, con sus desniveles y homogeneidad de pigmentos, que aquella mañana al llegar al Puesto La Marga aparecía ante nuestros ojos visitantes como un espacio con escasas marcas de vida social, fue cobrando otros sentidos. Sus chivas y ovejas, sus picadas invisibles a nuestro paso por la ruta, las tranqueras que habilitan accesos y conectan los caminos internos con esas rutas y con los centros urbanos, así como las viviendas meseta adentro, son algunas materialidades que, puestas en relato y en imágenes a lo largo de nuestra investigación, permiten exponer los trazos humanos, históricos y presentes que dieron y dan forma al proyecto del puesto. La dispersión de las cigüeñas en el paisaje, con la imponencia de su tamaño y su mecánico movimiento, no solo nos evidencia que no se trata del único proyecto de territorio que se imprime sobre ese espacio. También explicita el dinamismo que tienen estos proyectos, sus interacciones y transformaciones temporales y las dimensiones de poder que los restringen o los favorecen, y sobre las cuales queda aún mucho por decir.
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- Los abogados Alberto Aparicio y Rafael Humberto Ortiz.↵
- Función que designa al vocero de la comunidad.↵
- Esta categoría articula procesos de territorialización y tramas de relacionalidad descritas a partir del lenguaje del parentesco. En ella confluyen diversos significados que deben interpretarse en función del contexto en el que se enuncia (Kropff y Spivak L’Hoste, 2021, mimeo). ↵
- Para una referencia sobre la constitución de la colonia Catriel y el proceso de transformación poblacional, espacial y productivo de la zona, se puede ver Manzanal (1983), Iuorno, Miralles y Nasser (2007), Nagy (2014) y Pérez (2014).↵
- La inundación del río Colorado de 1914 fue producto de una catástrofe natural que produjo pérdidas de vidas humanas, de animales y sembradíos. Sobre el tema se puede consultar Rögind (1937).↵
- Los desplazamientos entre puestos complementaban, según los miembros de la comunidad, con el desempeño de otras actividades laborales que respondían a condicionamientos de orden estatal capitalista. Entre estas destacan la ocupación de tropero (comerciante de ganado), mercachifle o vendedor itinerante, así como la de jornaleros de cosecha o de alguna otra tarea temporaria ligada a la producción agrícola-ganadera.↵
- Se trata de un uso tradicional vinculado al desplazamiento del ganado por temporada para acceder al alimento y al agua.↵
- “Boleada” refiere a la acción de cazar con boleadoras al choique, un tipo de avestruz patagónica. Estanislao Zeballos describió, a fines del siglo xix, la “boleada de avestruz” como una actividad recurrente entre los indígenas de la “tribu de Catriel” radicados en la zona (Lenton, 2005). Aunque actualmente esta práctica se desarrolla como competencia de destreza, antiguamente se realizaba para vender pluma de choique.↵
- Expediente de la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro n.° 301.886/1975.↵
- Descripción del dominio con fecha del 9 de junio de 1987. Expediente de la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro n.° 301. 886/1975.↵
- Contreras Mario del Carmen c/Marbellini Félix y otros. Expediente 13.335/1987 del Juzgado Civil n.° 5 con fecha de sentencia del 6 de noviembre de 1989. General Roca, Río Negro.↵
- Parada, Lucía Perla y otro c/Aparicio; Alberto Ricardo y otros/Prescripción Adquisitiva s/Ordinario. Expediente n.º 34.086/2014 del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones n.° 1. Cipolletti, Río Negro.↵
- En abril de 2019, la comunidad participó, junto con la consejera zonal del Co.De.C.I. y una abogada, en la audiencia convocada en respuesta a la orden de desalojo. Allí negaron el derecho a la posesión de Aparicio y Ortiz fundamentándose en que estos nunca habitaron ni desarrollaron ninguna actividad productiva en el predio. Asimismo, la comunidad presentó una denuncia penal por estafa contra Contreras, Aparicio y Ortiz por irregularidades en el acto de posesión formal del inmueble realizado el 5 de noviembre de 1996. Junto a esa denuncia, los miembros de la comunidad solicitaron, además, una medida cautelar urgente a fin de que no se innovase la situación de hecho existente en el predio. Pese a dicha solicitud, el jueves 19 de septiembre de 2019, se inició un desalojo con la presencia de un oficial judicial, personal policial de la provincia, Alberto Aparicio y personal de seguridad de una empresa privada. ↵
- Navarro Floria muestra cómo para la cultura europeo-occidental la idea de “desierto” no se relacionaba con los espacios despoblados o yermos, sino con “los no apropiados ni trabajados según las pautas capitalistas” (Navarro Floria, 2002: 140). La noción de “desierto” así entendida fue fundamental en el período de la consolidación de la matriz Estado-nación-territorio. En este contexto, la imagen del “desierto” aplicada a la Patagonia se constituyó más como un programa político que como una categoría descriptiva (Navarro Floria, 2002). Sin embargo, la efectividad de tal programa requería en primer término de “un vaciamiento humano, es decir, la creación del desierto postulado inicialmente” (Navarro Floria, 2002); las campañas militares de fines del siglo xix estuvieron puestas al servicio de este objetivo.↵
- Actualmente, en Río Negro se reconocen cuatro cuencas hidrocarburíferas, compartidas con otras provincias. Además de la neuquina, con epicentro en Catriel, que es la más importante y la más antigua, cuenta con la de Ñirihuau y la de Cañadón Asfalto-Somuncurá (compartidas con Chubut). La cuarta es una cuenca mixta (se extiende sobre el continente y el lecho marino) que también abarca parte de la Provincia de Buenos Aires, conocida como cuenca del Colorado.↵
- Con respecto a las dinámicas socioeconómicas y culturales propias de las localidades petroleras, puede verse, entre otros, los trabajos de Klachko (2005), Cabral Marques y Crespo (2006), Díaz y Fuentes (2008), y Mombello (2018). ↵
- Ver leyes n.º 17.319 y sus modificatorias y n.º 27.007, el Decreto n.º 872 del 1.º de octubre de 2018, las Resoluciones n.º 65 del 4 de noviembre de 2018, n.º 196 del 11 de abril de 2019, n.º 55 del 3 de abril de 2020, n.º 356 del 23 de abril de 2021, y Decreto n.º 900 del 29 de diciembre de 2021.↵
- Oleoductos del Valle S.A. se dedica al transporte de petróleo crudo por oleoductos desde la cuenca Neuquina hacia el Atlántico y hacia destilería Plaza Huincul. Comenzó sus actividades en 1993 y tiene la concesión por 35 años. Atraviesa el puesto en el tramo Medanito-Allen. Información disponible en bit.ly/3NsBOlT. Consultado el 23 de septiembre de 2019.↵
- Concesiones de explotación de hidrocarburos según resolución n.º 319/1993. Página web del Ministerio de Energía de la Nación. Disponible en bit.ly/3sR0g8S. Consultado el 3 de febrero de 2021.↵
- En ese marco Bibiana García comenzó, en 1896, las gestiones para solicitar 10 mil leguas (125.000 hectáreas) de campo fiscal entre los ríos Negro y Colorado a fin de destinarlas a ganadería y agricultura para ella y su tribu, compuesta de 900 personas. Estas tierras le fueron cedidas mediante decreto presidencial en julio de 1899.↵
- Para ejemplificar estos procesos y sus implicancias, los autores, no por casualidad, toman un caso patagónico: “La industria ovejera en Tierra del Fuego, por ejemplo, es con alambre inglés. Es decir que, en un primer momento, el alambre no redunda ni sobrescribe formas anteriores de cercado, sino que funda propiedad ahí donde no la había y entonces, inversamente, revela o muestra esas nuevas formas de propiedad” (Richard y Hernández, 2018: 85).↵








