Daniel Jones y Santiago Cunial

En este capítulo exploramos las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) identificadas con un credo religioso que se dedican al tratamiento de los consumos de drogas, con el Estado, otras OSC y otros actores no estatales. El objetivo es describir y analizar los vínculos entre dichas organizaciones, el Estado (en sus distintos niveles, organismos y poderes) y otras organizaciones no estatales (iglesias, federaciones de organizaciones no gubernamentales, redes trasnacionales, partidos políticos),^[1] en la implementación de políticas públicas de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para ello, nos centramos en el origen y el funcionamiento de estos dispositivos de tratamiento, poniendo el foco en las relaciones y redes que construyen y en que se insertan. Analizamos tres dimensiones específicas de las relaciones entre las OSC identificadas con un credo religioso y el Estado: las relaciones económicas; la articulación en los tratamientos propiamente dichos; y los argumentos de sus referentes para explicar la falta de apoyo y/o articulación. Además, describimos el tipo de relaciones de estas instituciones con otras OSC y otros actores no estatales que dan origen, colaboran en el funcionamiento y permiten el sustento económico de estos dispositivos de tratamiento.

Desde la ciencia política, la noción de políticas públicas alude a la idea del Estado en acción (o inacción) (Jobert, 1994). Es decir, cómo opera el Estado, entendido como conjunto institucional, en el tratamiento de las situaciones social o políticamente problematizadas.^[2] Más allá de esta centralidad del Estado resaltada por la bibliografía especializada, encontramos que referentes de varias de estas OSC afirman que sus dispositivos de tratamiento no han contado con apoyo estatal, ni en su origen, ni en su funcionamiento. La idea de que el Estado es el actor que habilita la posibilidad de incidir en las políticas públicas y la idea de que estas OSC identificadas con un credo religioso (que implementan políticas públicas) no reciben apoyo estatal, además de parcialmente contradictorias entre sí, entran en tensión con hallazgos de nuestro estudio.

Para mostrar dicha tensión, indagamos las relaciones de estas organizaciones con el Estado y describimos los vínculos con otras OSC y otros actores no estatales que dan origen y sustento a estos dispositivos de tratamiento para el consumo de drogas.

Partimos de un conjunto de entrevistas individuales a referentes de dichas organizaciones en el AMBA, que trazan un cuadro de situación de sus organizaciones desde algunos años atrás hasta esa fecha. Para este artículo tomamos las entrevistas a referentes de once organizaciones católicas y evangélicas, que funcionan como comunidades terapéuticas o dispositivos de atención ambulatoria: las católicas Hogar de Cristo, Asociación Revivir, Comunidad Cenácolo, Asociación Civil Por Decir, El Palomar y Fazenda da Esperanza; las evangélicas Asociación Civil Emanuel, Vivir Libre, Centro Cristiano Bernabé, Reto a la Vida y Adictos a Jesús.

Organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas

Partimos de conceptualizar a las organizaciones identificadas con un credo religioso, que se dedican al tratamiento de los consumos de drogas, como organizaciones de la sociedad civil. Según Waisman (2006: 65), en América Latina existe una rica tradición asociativa: desde el restablecimiento de la democracia en varios países en la década de 1980, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos empresarios, iglesias, espacios comunitarios, clubes deportivos, etc., han sostenido una vida interna vigorosa y una creciente presencia pública. En efecto, como sintetiza Leiras (2007), una tendencia global en los últimos treinta años es el aumento de la visibilidad y la participación institucionalizada de este tipo de organizaciones en instancias de decisión política nacionales e internacionales,^[3] lo que ha llevado a pensar en un resurgimiento o reconstrucción de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1994).

Consideramos a la sociedad civil como una “esfera de provisión de bienestar” alternativa al Estado, el mercado y la familia (Esping Andersen, 2000, citado en Arcidiácono, 2011). Entendemos a las OSC no solo como prestadoras de servicios para el bienestar (actores privados que defienden intereses públicos), sino también como actores políticos cuya legitimidad no se sostiene en la representación que otorga el voto en elecciones (González Bombal y Villar, 2005). Las OSC

desarrollan actividades de advocacy,^[4] pero pueden incluir otro tipo de estrategias, incluyendo el lobby, la movilización, la participación en espacios de consulta para el diseño de políticas públicas y la colaboración en la implementación y evaluación de políticas públicas (Leiras, 2007: 23).

Las OSC identificadas con un credo religioso que se dedican al tratamiento de los consumos de drogas presentan varias de estas características: a) sus actividades tienen como objetivo la prevención y el tratamiento de un problema considerado de interés público (el uso de estupefacientes); b) entre sus acciones se encuentra la participación en la implementación de políticas públicas; y c) su legitimidad se sustenta en una tradición de participación de actores religiosos en políticas sociales en Argentina^[5] y en su inserción territorial entre los sectores populares.

Además del concepto de OSC, tomamos como eje analítico la noción de redes de políticas públicas, según la cual una política es el resultado de la interacción entre varios actores, con intereses, metas y estrategias divergentes (Scharpf, 1997: 346), que intentan orientar el proceso político en una dirección. Los actores en la red discuten problemas públicos e idean los instrumentos para su solución. La formación y la implementación de una política son resultado de esta interacción. En un cierto plazo estas interacciones pueden crear lazos parcialmente institucionalizados que reducen los costos de transacción (información, tiempo, etc.) propios de los procesos de decisión e implementación política (Williamson, 1985).

Ahora bien, la incidencia de las OSC en las políticas públicas depende de sus recursos y de las oportunidades que el contexto político ofrece. La participación de estos actores puede darse en diferentes etapas: la literatura especializada distingue entre momentos predecisorios, decisorios y postdecisorios (Theodoulou, 2013). En el primero, los problemas políticos son definidos y puestos en la agenda pública. En el segundo, se diseñan y adoptan las políticas para intentar resolver el problema público. En el momento postdecisorio, las políticas son efectivamente implementadas, monitoreadas y evaluadas. Las OSC pueden influir en cada uno de estos momentos. Este enfoque se centra en la complejidad del proceso de elaboración e implementación de una política pública, debida a una gran cantidad de factores: diferentes actores intentan influir en el proceso; no todos los actores tienen fijadas las preferencias sobre la cuestión previo a su debate; los procesos son el resultado de interacciones complejas de diferentes formas de acción estratégica; las percepciones de los problemas y soluciones cambian a lo largo del tiempo (Kingdom, 1984).

Relaciones con el Estado

En esta sección analizamos las relaciones que las organizaciones religiosas dedicadas al tratamiento de usuarios de drogas establecen con el Estado. Decidimos optar por analizar el momento de implementación de las políticas de tratamiento de los consumos de drogas sobre la base de los testimonios de referentes de estas organizaciones. En las entrevistas destacan su trabajo en la atención a las y los consumidores de drogas y las relaciones, de distinto tipo e intensidad, que mantienen con el Estado en dicha instancia, al tiempo que denuncian la falta de articulación con el Estado en el momento del diseño de las políticas públicas. En efecto, referentes de distintas organizaciones resaltan la falta de iniciativas por parte del Estado para articular y gestionar políticas en materia de consumos problemáticos. Son muchas veces las propias organizaciones las que deben fomentar una acción conjunta:

Siempre fuimos nosotros los que fuimos a golpear puertas, digamos. Después, por ahí, los otros centros barriales, y demás, son convocados porque saben del trabajo concreto, ¿no? (…) Tratamos de generar la red, digamos. O sea, de hacer concreta la red, o de hacer concreta la gestión (referente, centro barrial católico).

Esta falta de convocatoria y/o de coordinación en la etapa de diseño de políticas públicas habilita acciones unilaterales de las organizaciones religiosas, aun existiendo políticas estatales con metas similares. En paralelo, la ausencia de iniciativas del Estado en ciertos campos de acción sobre drogas es señalada por referentes de estas organizaciones al resaltar su proactividad, por ejemplo, en la prevención del consumo y en los tratamientos terapéuticos exclusivos para mujeres:

Claro, no tenemos ni los recursos económicos, ni financieros, ni edilicios para poder brindar un tratamiento para mujeres, que es todo un problema en Argentina porque o los hay mixtos, o los hay dentro de una clínica psiquiátrica que tienen que convivir con patologías gravísimas, que no es el ámbito más adecuado, y bueno, lamentablemente es una cosa pendiente (referente, comunidad terapéutica católica).

A continuación analizamos tres dimensiones específicas de las relaciones entre estas OSC identificadas con un credo religioso y el Estado: las relaciones económicas; la articulación en los tratamientos propiamente dichos; y los argumentos de sus referentes para explicar la falta de apoyo y/o articulación.

Relaciones económicas

La literatura señala que uno de los principales capitales que necesita una OSC para poder influir en el diseño e implementación de políticas públicas es el económico (Leiras, 2007: 72), esto es, el conjunto de activos físicos y financieros que permiten sostener regularmente las actividades de la organización (incluyendo los bienes y recursos que son propiedad de la institución o que recibe de manera estable). Al hablar de la dimensión económica de sus vínculos con el Estado, las y los entrevistados resaltan potenciales beneficios e incentivos para proveer sus servicios. El beneficio al que acceden más comúnmente son las becas que otorga la SEDRONAR: “el lugar es privado y tiene convenio (…) con el Gobierno de la Ciudad [Autónoma de Buenos Aires], con Minoridad de Provincia [de Buenos Aires], con SEDRONAR. Entonces, ingresan los chicos por una beca” (referente, comunidad terapéutica católica). Si bien estas becas no son beneficios que el Estado les da a las organizaciones, estas devienen en insumos vitales para su funcionamiento al ser dirigidas a personas con problemas de consumo de drogas para costear los tratamientos.

Para poder recibir estos financiamientos para las personas en tratamiento, las organizaciones deben cumplir diferentes exigencias. Una es estar inscriptas en el Registro Nacional y Permanente de Efectores Asistenciales, dependiente de la Dirección Nacional de Asistencia y Reinserción Social por Adicciones de la SEDRONAR. En virtud de ello, según indica la normativa, son periódicamente supervisadas por profesionales integrantes del Programa de Auditoría de la mencionada Dirección Nacional, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada reciba el tratamiento indicado como lo establecen las normativas vigentes, y se controle el cumplimiento, por parte de las mismas, de las condiciones previstas por la Ley 26.657 de Salud Mental y su Decreto reglamentario 603/2013, además de las pautas de abordaje integral consignadas en la Ley 26.934 (SEDRONAR, 2015).

A quienes entrevistamos resaltan las tensiones entre recibir personas usuarias derivadas por el “gobierno”,^[6] la importancia de las becas en el financiamiento de sus organizaciones y la necesidad de mantener un buen vínculo institucional con el mismo, por un lado, versus las exigencias sobre el tratamiento y el tipo de funcionamiento burocrático que el “gobierno” demanda a estas instituciones para otorgarles becas a las personas asistidas, por el otro.

Estas exigencias son vistas por las y los referentes de algunas organizaciones como un intento del Estado por imponerles su modo de abordaje al problema de las drogas. Esta negociación (asimétrica) entre actores puede interpretarse como un mecanismo mediante el cual el Estado disciplina a las OSC en cuanto al modo de tratar a las personas usuarias y delinea los perfiles de quienes deben ser tratadas (aquellas por las que el Estado está dispuesto a desembolsar dinero para cubrir su tratamiento). En líneas generales, estas organizaciones religiosas trabajan con poblaciones pobres estructurales con un alto grado de marginalidad y, en menor medida, de sectores medios bajos, mayoritariamente jóvenes y varones. Son personas con policonsumo (es decir, de diversas sustancias), que han desarrollado adicciones.

Donahue y Zeckhauser (2008) señalan que en contextos de gobernanza colaborativa^[7] cada actor que forma parte del proceso de implementación de políticas públicas tiene la capacidad de direccionar la intervención en función de sus intereses. La capacidad de distribuir recursos financieros por parte del Estado lo habilita a orientar las intervenciones de las organizaciones religiosas y restringir los márgenes de autonomía de las mismas, lo que origina algunas tensiones:

Nada de subsidios, pero ¿por qué? Porque, yo creo, vamos a ser sinceros. SEDRONAR, por ejemplo, ¿no? Ellos te quieren ayudar, te quieren dar un subsidio, ¿no? Pero son personas que ellos quieren implantar lo que ellos realmente quieren. Y muchas veces no es así, porque nosotros tenemos ya nuestro sistema de poder ayudar a los chicos, ¿me entendés? Y muchas cosas, a veces te quieren imponer psiquiatras acá adentro y como te digo, un psiquiatra no te va a decir, “hermano, lo que vos estás pasando…”, ¿me entendés? Nosotros lo que necesitamos es, primeramente, ayuda económica (referente, comunidad terapéutica evangélica).

Varios testimonios aluden a una estructura profesional mínima exigida desde la SEDRONAR (con la presencia de terapeutas psicólogos/as o psiquiatras) para el otorgamiento de apoyo económico.^[8] El incumplimiento de los requisitos que esta exige inhabilita a las instituciones a recibir a personas becadas para su tratamiento u otro tipo de beneficios económicos. La falta de recursos propios de estas organizaciones limita su capacidad de acción, al mismo tiempo que actualiza el rol tutelar del Estado sobre las OSC en la implementación de políticas públicas:

Hemos pedido ayuda, ¿no?, y yo he llamado al SEDRONAR, he hablado con un coordinador, una parte bastante importante, inclusive recomendado y, viste, me dijo “mirá, las instituciones como las tuyas no pueden recibir la ayuda necesaria porque no entran dentro de los programas”. O sea, vos imaginate que en un centro como el nuestro no podemos internar y tener un chico internado con controles de los médicos, o de un psiquiatra para poderlo medicar, y ellos medican al chico (referente, comunidad terapéutica evangélica).

Sin embargo, la falta de financiamiento por parte del Estado no es considerada exclusivamente como un obstáculo. Si las relaciones económicas con el Estado generalmente implican condicionamientos (al delinear el tipo de tratamiento a ofrecer) y cierto desgaste (por el tiempo y la energía que dedican a cumplir requisitos burocráticos), la ausencia de dichas relaciones puede ser pensada en clave de una mayor autonomía de acción: “el trabajo con el gobierno implica someter, someterse a ellos, ¿no? Acá, nuestra metodología no es política, es más, somos como independientes, ¿no?” (referente, comunidad terapéutica católica).

Articulación para y en el tratamiento

Un segundo tipo de relación entre estas organizaciones religiosas y el Estado se da a partir de la derivación de personas usuarias de drogas judicializadas para su tratamiento y la acción complementaria con el sistema de salud y el educativo en el marco del mismo.

Nuestros entrevistados señalan cómo las interacciones estables de sus OSC con actores del Poder Judicial y de los sistemas de salud y educativo agilizan los tratamientos de usuarios de drogas. Respecto de sus vínculos con el Poder Judicial, mencionan que existen acuerdos^[9] para que se deriven usuarios judicializados a sus instituciones. La Ley 23.737, vigente desde 1989, penaliza la tenencia para el uso personal como medida orientada a disminuir la demanda de drogas.^[10] Dicha medida puede suspenderse (e incluso eliminarse) si la persona usuaria depende física o psicológicamente de la sustancia y accede a someterse a un tratamiento de rehabilitación. En función de esta normativa y de la decisión de jueces, varias de las instituciones relevadas funcionan como una alternativa para que las y los usuarios con problemas con la ley puedan cumplir su condena en un lugar que no sea la cárcel. Referentes de estas organizaciones señalan un flujo regular de personas judicializadas como una parte numéricamente significativa de sus usuarios. Estos vínculos fluidos reducen los costos de transacción (es decir, aquellos costos en los que incurren los individuos al intentar cumplir un objetivo –por ejemplo, el tiempo, la información, etc.‒) entre las organizaciones religiosas y el Poder Judicial, y generan beneficios que devienen de la capacidad de los actores de realizar acuerdos creíbles y sustentables en el tiempo para implementar políticas públicas (Spiller y Tommasi, 2011). Esto evita la necesidad de (re)negociar continuamente cómo gestionar hacia dónde se traslada a un usuario de drogas para recibir tratamiento:

Hay muchos jueces que conocen el método de [nombre de la institución] y los mandan, chicos que tienen la causa incautada, robó un auto, tuvo una pelea en la disco, estaba drogado, la familia de él estaba drogada y el juez sabe que estaba drogado y le recomienda un tratamiento, una medida alternativa, ¿no? En vez de ir a hacer un servicio para alguna cosa, recomienda un tratamiento porque se da cuenta que él es adicto y ahí lo manda para [nombre de la institución] (referente, comunidad terapéutica católica).

Al menos dos de las organizaciones relevadas reciben personas derivadas judicialmente para realizar tratamientos por consumos de drogas como medida alternativa a la cárcel, y simultáneamente su propuesta terapéutica no es reconocida (ni apoyada económicamente) desde la SEDRONAR, por no cumplir con requisitos establecidos por la normativa vigente. Esta situación refleja cómo las redes de políticas públicas no suponen relaciones unívocas (y ni siquiera consistentes) entre estas OSC religiosas y los distintos poderes y dependencias estatales.

En lo que concierne al sistema de salud, las y los referentes entrevistados resaltan la acción conjunta que establecen sus organizaciones con diferentes hospitales públicos, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los Centros de Prevención de las Adicciones (CPA). Dichas relaciones agilizan el acceso a servicios médicos de aquellas personas usuarias que lo necesiten:

El área de salud es fundamental (…). Hospital Fernández, Hospital Rivadavia, para nosotros son los focos fuertes. Y después, situaciones infecciosas graves, Muñiz, el Tornú, el Vaccarezza, este… y bueno, después para embarazadas, cuando la problemática es muy grave, vamos directamente a la Sardá, que está muy aceitado eso con la (villa) 21 ya. De hecho, con los médicos, con las médicas concretas, jefas, digamos, de los… de pediatría, maternidad, obstetras y todo, le dan mucha prioridad a los chicos de [nombre de la institución] (referente, centro barrial católico).

En cuanto al sistema educativo, señalan cómo algunas personas jóvenes internadas en sus comunidades son enviadas a concluir la secundaria a escuelas públicas de la zona, así como la prevención que algunas de sus instituciones llevan adelante en escuelas públicas mediante charlas y talleres sobre consumo de estupefacientes.

Las articulaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas configuran redes de política pública, orientadas a la solución de los problemas de coordinación entre actores interesados en el asunto. Como señala Börzel (1997: 15):

En un entorno dinámico y crecientemente complejo, donde la coordinación tiende a dificultarse si no a imposibilitarse (…), la gobernanza se hace cada vez más factible solo en los policy networks, proveyendo una estructura para la coordinación horizontal eficiente de los intereses y las acciones de los actores corporativos públicos y privados, mutuamente dependientes de sus recursos.

Según esta visión, gobernar es siempre un proceso interactivo e iterativo (es decir, las relaciones entre actores involucrados se repiten y eventualmente se institucionalizan en el tiempo) porque ningún agente, sea público o privado (no estatal), tiene suficientes conocimientos ni capacidad de emplear recursos para resolver unilateralmente los problemas (Stoker, 1998), como ilustran las descripciones de quienes entrevistamos sobre las respuestas para tratar el consumo de drogas a partir de un complejo entramado institucional.

Falta de apoyo y/o articulación

Así como varias de estas organizaciones religiosas reciben financiamiento estatal y/o coordinan con instancias gubernamentales para el tratamiento que proveen, algunos referentes subrayan una falta de apoyo de (y/o articulación con) el Estado. Las distancias y/o tensiones entre dichas OSC y el Estado ameritan explorarse en tanto inciden en la implementación de políticas públicas sobre drogas, particularmente en la oferta de tratamientos para las personas usuarias. ¿Qué dinámicas explican esta desconexión?, ¿qué argumentos ofrecen los y las referentes de las OSC?

Una primera respuesta de quienes entrevistamos parte de su percepción negativa sobre el gobierno y la clase política: de recibir ayuda por parte del Estado o de dirigentes de partidos políticos se involucrarían en prácticas clientelares y corruptas. En referencia a las dinámicas políticas en el AMBA, Auyero (2004: 134) sostiene que punteros y patrones políticos ‒quienes controlan directamente territorios reducidos‒, aprovechándose de su posición privilegiada, utilizan recursos estatales con los que a) resuelven un sinnúmero de necesidades básicas a habitantes de los enclaves de pobreza urbana, b) acumulan capital político que les ayuda a conquistar mejores posiciones en el campo político local, y c) mantienen en funcionamiento la maquinaria electoral. Así, tendrían un poder de veto sobre quién puede ser beneficiario/a de los recursos estatales en un determinado territorio. En este sentido, para algunos referentes de comunidades terapéuticas esta relación resulta problemática, pues las y los dirigentes políticos y/o funcionarios estatales aprovecharían su trabajo en el campo de las drogas para beneficios partidarios y electorales.

Han venido todos acá, o sea, han venido todos de todos los partidos políticos… no te digo de que acá no se hace política, acá no se hace partidismo, son dos cosas muy distintas. Han venido todos pero siempre en épocas electorales, con propuestas… verdaderamente indecentes, y nunca hemos agarrado viaje [aceptado] (referente, comunidad terapéutica católica).

Nosotros que hemos tratado algo, pero mayormente aquellos que quieren sacar una gran tajada de lo que van a hacer, claro, y ellos pueden, tendrán su beneficio pero tampoco podemos hacer algo que ellos quieran controlar también. Entonces, es un tema un poquito, sí, sí, si el gobierno nos ayuda bien, si no, no, tampoco buscamos mucho, hemos intentado algunas, algunas ayudas pero tampoco hemos podido llegar a un punto porque iba a ser muy deshonesto. No, no, no entramos en la deshonestidad porque seguimos a la Biblia así que, cuando querían ya, querían que, que sea… entonces ya se cortaba todo ahí (referente, comunidad terapéutica evangélica).

En un registro ético-moral, estos referentes denuncian el interés espurio de dirigentes políticos, por un lado, en obtener beneficios económicos de la articulación con los dispositivos terapéuticos y, por el otro, en la capacidad de movilización de las iglesias evangélicas. La ayuda estatal estaría supeditada a que la organización religiosa movilice un número significativo de personas, que le reditúe al dirigente político, bajo el imaginario y/o la experiencia de su cantidad de fieles y poder de movilización. Estas percepciones explicarían, al menos parcialmente, por qué algunas de estas organizaciones –tanto católicas como evangélicas– declaran que no quieren o no pueden vincularse con gobiernos o dirigentes de partidos políticos.

Una segunda respuesta, que dan entrevistados evangélicos, se refiere a la histórica desigualdad simbólica y jurídica de sus iglesias frente a la Iglesia católica, que las obliga a gestionar una personería jurídica como cualquier otra asociación civil (clubes deportivos, barriales, etc.) para poder acceder a convenios con el Estado:^[11]

Siempre funcionaron cuestiones sociales de la Iglesia hacia la sociedad, pero bueno, por cuestiones de esas cuestiones que las iglesias evangélicas no tenemos personería jurídica de por sí, tenemos solo personería religiosa. Eso significa que no podemos hacer convenio con el Estado o con universidad si no tuviéramos persona jurídica. Entonces, nos obligan a crear o una asociación civil o una fundación (referente, centro ambulatorio evangélico).

Un último argumento para explicar las barreras de articulación con el Estado (y también con las obras sociales) son los complejos trámites burocráticos exigidos para poder recibir la ayuda. Dichas gestiones, al igual que las requeridas para la obtención de la personería jurídica, no resultan sencillas para algunas de estas organizaciones, por la escasa educación formal y/o la falta de experiencia administrativa de sus referentes. La percepción de algunos es que, al brindar sus organizaciones una solución para una demanda hacia y responsabilidad del Estado, este debería facilitarles los trámites.

Parece que quieren abrir puertas pero cuando vas a hacer un trámite a la Municipalidad, no parece, [risas] esa es la realidad, no parece, porque, lo que vos necesitarías sería que te faciliten, no digo que te regalen nada porque uno tiene que hacer las cosas bien (…), tenés que estar legalmente todo bien trabajadito y bien armadito, pero como así te faciliten, el hecho bueno si yo soy una salida para tu municipio, una ayuda, yo te brindo este servicio, de alguna manera, tratá de ayudarme a que yo pueda hacer los trámites más rápido (referente, comunidad terapéutica evangélica).

La ausencia de apoyo estatal no impide que las organizaciones religiosas puedan ofrecer y llevar adelante sus tratamientos para el consumo de drogas. Tres de las instituciones no reciben financiamiento por parte de la SEDRONAR ni de otras agencias estatales, ni funcionan como prestadoras de prepagas y obras sociales. Esto se vincula con la forma en que enmarcan la problemática del consumo de drogas y el abordaje terapéutico que proponen. Para ser incluidas en el Registro Nacional y Permanente de Efectores Asistenciales, dichas instituciones deberían adecuar su tratamiento a los lineamientos que exige la SEDRONAR, previamente descriptos. Sin embargo, de las entrevistas a sus referentes surge que dichos centros no están dispuestos a modificar sus prácticas terapéuticas (duración prolongada de las internaciones,^[12] ausencia de profesionales de la salud, obligatoriedad de las actividades religiosas, entre otras), ya que eso iría en contra de la forma en que conciben el consumo (como una problemática de índole espiritual) y sus causas (la falta de sentido de la vida). En contraposición, estas instituciones pertenecen a redes internacionales de tratamiento de drogas, que les brindan diferentes formas de apoyo.

En efecto, tanto las organizaciones que reciben algún tipo de ayuda estatal como aquellas que no gozan de ella establecen múltiples relaciones con OSC y otros actores no estatales para avanzar en la implementación de sus programas (es decir, de políticas públicas). Dichas relaciones son abordadas a continuación.

Relaciones con OSC y otros actores no estatales

En esta sección describimos el tipo de relaciones con OSC y otros actores no estatales que dan origen, colaboran en el funcionamiento y permiten el sustento económico de estos dispositivos de tratamiento, para dar cuenta del complejo entramado relacional por fuera del Estado que (también) hace posible el trabajo de estas organizaciones identificadas con un credo religioso.

Orígenes

Los relatos sobre el surgimiento de dispositivos terapéuticos evangélicos, en varias oportunidades, enfatizan la iniciativa de figuras individuales, apoyadas por sus comunidades religiosas de pertenencia mediante una propiedad para que allí funcione o la personería jurídica de la iglesia como asociación civil. Este fenómeno se condice con el rol que la literatura especializada en políticas públicas y sociedad civil les atribuye a las estructuras de liderazgo institucional: las y los líderes son cruciales para establecer y mantener reglas institucionales, facilitar el diálogo y consolidar vínculos de confianza con actores estatales y no estatales (Ansell y Gash, 2007: 554):

Te explico el testimonio del pastor que es el cabeza de todo el Ministerio. (…) Dios le había puesto en su corazón de poder ayudar a los chicos con problemas de adicciones. (…) Él dice que oraba, oraba, y bueno, hasta que se dio la posibilidad… Le habían regalado allá en [el barrio] La Fe, le habían regalado a la Iglesia la casa y bueno… y ahí estaba y ahí estaba y seguía teniendo en su corazón de poder abrir un lugar así, porque él no quería ver todas esas cosas que estaba viendo, ¿me entendés? Y bueno, de ahí nació y se abrió [nombre de la institución] (referente, comunidad terapéutica evangélica).

Otros dispositivos de tratamiento parten de iniciativas en otros países que, con el correr del tiempo, desarrollan redes trasnacionales que recalan en Argentina. Según la literatura especializada, la importación institucional es una forma regular de difusión y creación de políticas públicas: los actores políticos y sociales tienden a imitar modelos externos que perciben como exitosos (Weyland, 2011). En los casos aquí analizados, la importación de modelos de abordaje terapéutico de los consumos de drogas y la inserción de la organización en una red trasnacional fueron resaltadas por varios referentes al describir el origen de sus propuestas.^[13]

Varios de los relatos sobre el origen de los dispositivos enfatizan el rol de una figura individual, presentada con ribetes casi míticos (por su iluminación, voluntad y entrega). Pocas veces surgen de un proyecto comunitario y nunca aparece el Estado como un actor relevante en su creación y desarrollo inicial. El modelo top-down de análisis de políticas públicas asume que las políticas surgen de manera jerárquica y controlada por el Estado, y que la implementación de las mismas se reduce a un mero trámite administrativo. El modelo bottom-up, en cambio, entiende que las políticas públicas nunca son instituciones “completas” y que, en consecuencia, actores locales (estatales y no estatales) tienen amplios niveles de autonomía para implementarlas (Theodoulou, 2013: 293). Los testimonios analizados ilustran los límites de optar por uno u otro enfoque para abordar este fenómeno: los modelos de tratamiento y atención a jóvenes con consumos problemáticos de drogas no surgen solo desde el Estado, pero tampoco exclusivamente desde las comunidades religiosas. En la práctica conviven propuestas con orígenes gubernamentales (no abordadas en este estudio) y no gubernamentales (aquí centradas en figuras individuales o redes transnacionales). El rol de las comunidades religiosas, por otra parte, también es destacado al explicar el funcionamiento y el sostenimiento en el tiempo de estas iniciativas.

Funcionamiento

Al explicar su funcionamiento, las y los referentes de organizaciones evangélicas dedicadas al tratamiento por consumo de drogas mencionan múltiples y diversos vínculos dentro del mundo institucional evangélico. Uno es la articulación entre dos grupos de una misma iglesia, uno terapéutico y otro de actividades propiamente religiosas (alabanza y oración), como parte de la contención ofrecida a las personas en tratamiento. Otro vínculo consiste en las derivaciones entre organizaciones evangélicas, según las necesidades de las personas, las modalidades terapéuticas prestadas y las posibilidades económicas de las organizaciones para ofrecer tratamientos y sustentarse. Si en la sección previa mencionamos las redes formales e informales entre organizaciones religiosas e instancias estatales, en este caso observamos cómo algunas redes adquieren un carácter para-estatal: las organizaciones comparten información entre sí y cooperan en la derivación de usuarios, sin que el Estado las coordine. Este tipo de relaciones puede entenderse como “patrones de interacción cerrados” (Henriksen, 1996, citado en Bifarello, 2000: 9): dichas organizaciones trabajan de manera separada al Estado y ocupan una posición marginal para el mismo.

Referentes de instituciones evangélicas resaltan la pertenencia a redes institucionales (por ejemplo, el “Programa Vida”^[14]) como espacio de intercambio de experiencias e información entre las comunidades. En efecto, las derivaciones entre las organizaciones se basan en la pertenencia compartida a una red, el conocimiento mutuo del tipo de dispositivo y/o la gratuidad del tratamiento. Participar de estas redes de instituciones no estatales no supone necesariamente un trabajo terapéutico coordinado entre diferentes organizaciones, ni una percepción positiva sobre el tratamiento ofrecido por las otras.

Los lugares evangélicos gratuitos que nosotros conocíamos y que teníamos algún tipo de relación son “Reto a la Vida” y “Remar”, son los más renombrados dentro del ambiente evangélico… pero la mayoría no tienen atención médica, atención psiquiátrica… en ese momento era un grupo… internación, una granja, muy… muy crudo el trabajo. Que en algunos casos es efectivo y en otros casos para nada… pero bueno, así eso era lo que era gratuito y nosotros teníamos alguna relación y hacíamos una derivación, pero después no había un tratamiento compartido. Reto y Remar se hacían cargo de la persona y ellos trabajan con bastante… cerrado, digamos. Después nosotros los esperamos para la reinserción, la segunda etapa… cuando volvían. Y en eso sí, volvíamos a facilitar el grupo (referente, centro ambulatorio evangélico).

Este tipo de descripciones ilustra las relaciones de las instituciones analizadas con organizaciones con fuerte anclaje territorial (grass-roots) (Bifarello, 2000), que facilitan y potencian sus intervenciones en los espacios bien definidos en que estas comunidades actúan. Dentro del mundo evangélico también operan articulaciones entre comunidades terapéuticas e iglesias que no son su congregación religiosa de origen, por ejemplo, yendo a tocar música a las celebraciones religiosas o “ir a otras iglesias a hacer teatro, hay un grupo de teatro, solemos ir a dar testimonios y así y nos invitan a que vayamos a dar testimonios” (referente, comunidad terapéutica evangélica). Las visitas a congregaciones evangélicas para realizar prevención y dar a conocer el trabajo terapéutico de la organización permiten que jóvenes que asisten a estas iglesias sepan de la existencia del dispositivo y eventualmente accedan a él.

Las experiencias de las OSC católicas exploradas van desde un escaso vínculo con la institucionalidad católica hasta aquellas que articulan con diócesis, parroquias y escuelas católicas, o incluso dependen directamente del Arzbobispado. Por ejemplo, para actividades de prevención del consumo de drogas y promoción de sus tratamientos, algunas comunidades terapéuticas usan instalaciones de iglesias y escuelas céntricas. En ocasiones, obispos y sacerdotes enviados especialmente por la diócesis cumplen tareas religiosas (como celebrar misa y confesar o confirmar a las personas asistidas), que son consideradas esenciales para el funcionamiento de su dispositivo terapéutico por parte de referentes. En otras oportunidades, las personas adictas en tratamiento son invitadas a escuelas y parroquias católicas para dar “testimonio de su propia historia y de cómo el tema espiritual les fue muy favorable” (referente, comunidad terapéutica católica).

En cuanto a las relaciones entre organizaciones católicas y organizaciones evangélicas, son pocas las experiencias de derivaciones entre comunidades de distinta pertenencia religiosa. En cambio, varias sí se vinculan con OSC no religiosas que también se dedican al tratamiento para el consumo de drogas, en el marco de la Federación de ONG de la Argentina (FONGA) y en congresos nacionales de comunidades terapéuticas.

Sustento económico no estatal

Más allá de recibir o no algún apoyo económico estatal, un mecanismo habitual de financiamiento de las comunidades terapéuticas es a través de las actividades laborales de las personas internadas, señalado por varios referentes, sobre todo, de organizaciones evangélicas. Se ofrecen servicios (de jardinería, pintura, lavado de autos) y/o productos (de huerta o panadería, por ejemplo) realizados por las personas bajo tratamiento, que se venden a sus propias familias (como una forma de pago de una cuota e involucramiento en el tratamiento), a las comunidades religiosas vinculadas a la comunidad terapéutica y a la población general (vía el “canasteo” en la calle y los medios de transporte).

¿Cómo se sostienen económicamente?

Del propio, de todas las actividades que nosotros hacemos se hace una canasta de productos, de panadería, huerta, manualidades, todas esas cosas, ¿no? Las familias mensualmente aportan 2.500 pesos, esa es la colaboración, la participación de la familia, ella paga 2.500 y nosotros entregamos una canasta de productos, que esa canasta la pueden utilizar para sí mismo o se puede vender, es una forma pedagógica de la familia involucrarse en la recuperación (referente, comunidad terapéutica católica).

Al sustento económico para el dispositivo se suma la función terapéutica que algunos referentes les atribuyen a estas actividades laborales de la persona bajo tratamiento e, incluso, destacan el tipo de involucramiento familiar que habilitan dichas actividades. Por un lado, el trabajo es fundamental porque disminuye el tiempo libre y, como profundizan Camarotti, Güelman y Azparren en el siguiente capítulo, es una forma privilegiada de incorporar valores tales como el esfuerzo, la dedicación, el autocontrol. Por otro lado, el trabajo que desempeñan residentes resulta esencial para el sostenimiento de algunas de estas instituciones, ya que realizan las tareas que permiten el funcionamiento cotidiano de la comunidad, y generan una parte considerable de los ingresos económicos de la institución, mediante la comercialización de productos y la prestación de servicios.

Estas organizaciones también se financian mediante las cuotas pagadas por la familia de la persona en tratamiento o su obra social. Asimismo, solicitan y reciben donaciones de comercios, organizaciones barriales y personas particulares, desde productos de panadería, ropa y muebles para vender, hasta una camioneta para el funcionamiento de la institución y alimentos para los usuarios. Las iglesias que les dieron origen también pueden afrontar algunos gastos.

En el caso de aquellas organizaciones con una pertenencia a la estructura formal de la Iglesia católica, parecen multiplicarse las fuentes de financiamiento estatal y no estatal:

La mayor parte es un aporte grande de la Iglesia, “Cáritas” y después se le va mangueando un poquito a todos digamos, el gobierno nacional, igualmente son, al gobierno de la ciudad también… son convenios que se van viendo, al gobierno de la ciudad le sacás el tema de… le sacás digamos, articulás el tema de los recursos de la comida, los grupos comunitarios, viste, para que sea un lugar de almuerzo, merienda (referente, centro barrial católico).

Varios testimonios ilustran cómo muchas veces las mismas organizaciones combinan recursos estatales y no estatales para su funcionamiento. También identificamos que las redes de OSC pueden funcionar como mediadoras (por ejemplo, transmitiendo información) para que estas organizaciones religiosas tengan acceso a subsidios estatales, procurando que esto no implique renunciar a cierta autonomía en el trabajo terapéutico y la búsqueda de financiamiento:

(…) yo no tuve una asistencia allá, el Programa Vida sí, se acercó y nosotros pertenecemos a ese Programa Vida, estamos dentro… o sea, cualquier cosa que baje del Programa Vida, del gobierno para el Programa Vida, vamos a estar de, por ahí de alguna manera ahí atentos a lo que podamos usar nosotros como una herramienta más para, para la ayuda. (…) Cuando pase algo estratégico allá arriba nosotros queremos, si podemos, tomar la bendición, si Dios nos abre una puerta para que el gobierno nos dé subsidios, nos dé como SEDRONAR, como todo lo demás, estar haciendo bien las cosas para que eso llegue a nosotros. (…) Pero no me caso con que todo lo que voy a hacer es esperar que el gobierno me dé, no, no yo me opongo a medida que, de todo punto de vista, seguimos trabajando autónomamente y bueno si se abre una puerta, será una bendición (referente, comunidad terapéutica evangélica).

Aquellas que optan por una mayor distancia frente al Estado, lo compensan parcialmente con su pertenencia a una red internacional. Es el caso de Comunidad Cenácolo, Reto a la Vida y Fazenda da Esperanza, que integran redes con sedes en distintas provincias argentinas y en otros países del mundo, que colaboran con un flujo de recursos económicos que –junto a otras fuentes– les permiten ofrecer tratamiento en forma gratuita y, a la vez, prescindir de los aportes estatales.^[15]

Discusión: ¿por qué el Estado delega en las OSC?

Las entrevistas con referentes de estas OSC reflejan las múltiples relaciones y modos de interacción que establecen dichas instituciones con el Estado. Najam (2000, citado en González Bombal y Villar, 2005) diferencia formas de vinculación entre OSC y el Estado utilizando como criterios la convergencia o divergencia entre metas y medios en sus relaciones estratégicas. Así, caracteriza cuatro modos de interacción: cooperación, confrontación, complementación y cooptación. Las relaciones de cooperación se presentan cuando OSC y agencias gubernamentales tienen metas y medios similares; las de confrontación, cuando metas y medios son divergentes. En la complementación las metas son convergentes pero hay divergencia en los medios para alcanzarlas. Por último, las situaciones de cooptación existen cuando hay metas divergentes pero coincidencia en los medios.

En cuanto a las organizaciones indagadas, identificamos principalmente relaciones de cooperación y complementación. La cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil OSC y el Estado es a partir de una coincidencia en considerar al consumo de drogas como un problema de salud que amerita una respuesta terapéutica, en ocasiones provista por el Estado –por ejemplo, mediante los CPA– y en otras, por las OSC religiosas. Es la adopción por parte de estas organizaciones de ciertas pautas de intervención establecidas por el Estado la que las habilita a recibir beneficios económicos –principalmente mediante la SEDRONAR–. Se da una complementación cuando ciertas OSC apuntan al tratamiento de los consumos de drogas, pero la metodología adoptada no coincide con el paradigma propuesto por el Estado –por ejemplo, al no aceptar la inclusión de psicólogos/as o psiquiatras en sus abordajes o al exceder el tiempo máximo de tratamiento contemplado por la normativa estatal–.

En estas relaciones entre dichas OSC y el Estado opera una delegación (al menos parcial) a las primeras de la responsabilidad estatal en llevar adelante los tratamientos para consumos de drogas (en el marco de su obligación de garantizar el derecho a la salud). Esta delegación no necesariamente implica una cesión premeditada de las competencias para abordar la problemática. Lo que sucede más frecuentemente es que, frente a la inacción del gobierno en áreas específicas del problema –por ejemplo, en materia de prevención en general y de tratamiento de mujeres usuarias–, las y los referentes entrevistados resaltan las iniciativas de sus instituciones para subsanar dicha falta, aun haciéndolo muchas veces sin ayuda estatal. Al dejar actuar a dichas OSC entendemos que el Estado opta –explícita o implícitamente– por confiarles la responsabilidad sobre la cuestión.

¿Por qué el Estado delega en las OSC? ¿Por qué lo hace en estas organizaciones identificadas con un credo religioso? ¿Qué especificidad les permite atribuirse un rol protagónico en esta cuestión? A nuestro entender, las OSC afiliadas a un credo religioso actúan frente a la problemática del tratamiento del uso de drogas en la medida que a) tienen capacidades diferenciales, sustentadas en su anclaje territorial^[16] y la información que poseen de dicho territorio; b) detentan una doble legitimidad, como OSC y como organizaciones religiosas; y, como consecuencia de los dos rasgos previos, c) son más eficientes en la provisión de estos tratamientos.

En primer lugar, creemos que las OSC son vistas por decisores políticos como poseedoras de capacidades diferenciales para el abordaje de los consumos de drogas. Las instituciones relevadas son consideradas como dueñas de acervos de información mayores a los del Estado con respecto a la población específica a ser atendida por sus dispositivos de tratamiento, y con una inserción sostenida en los barrios y en las comunidades afectadas. Ambos rasgos serían evaluados como beneficiosos a la hora de ejecutar sus acciones en este campo.

En segundo lugar, dichas OSC poseen una doble legitimidad, entendida como un reconocimiento ganado en la ciudadanía y/o en decisores que consideran justificado el derecho de la organización a ejercer influencia en las políticas públicas (González Bombal y Villar, 2005: 4), en tanto OSC y en tanto organizaciones religiosas. Por un lado, el hecho de trabajar junto a organizaciones barriales en la comunidad y otras OSC específicas sobre drogas les otorgaría una legitimidad sobre la base de una solidaridad comprometida con la población afectada y económicamente desinteresada. Como sugieren las opiniones de sus referentes, parte del discurso virtuoso sobre la sociedad civil se asocia con una visión negativa sobre el Estado y lo político:

Se ha identificado al Estado como sinónimo de corrupción cuando no de ineficiencia, insensibilidad e inoperancia. Por el contrario, la moralidad se traslada ahora “liberada” al campo de una sociedad cuya civilidad, ahora voluntaria, expresa la “nueva” solidaridad individual, fruto de un compromiso personal y directo, implementado en proyectos concretos, no burocráticos y, sobre todo, no políticos (Bustelo, 2000: 36, citado en Arcidiácono, 2011: 6).

Por otro lado, las OSC analizadas también poseen una legitimidad por su identificación con un credo religioso. ¿Por qué esta delegación del Estado para implementar una política pública se da en organizaciones religiosas? Una clave interpretativa es la noción de laicidad subsidiaria desarrollada por Esquivel como una tradición política argentina:

La cosmología que contorna a la subsidiariedad condena la intervención directa del Estado. Legitima, en cambio, el soporte estatal a las entidades intermedias de la sociedad civil. Soporte que se ve operacionalizado en la transferencia de recursos económicos, en la participación de estas organizaciones en la ejecución de políticas públicas. (…) No solo los decisores gubernamentales piensan la política pública desde la lógica de la subsidiariedad; las propias organizaciones intermedias interpelan las estructuras estatales desde las mismas coordenadas de sentido y sus estrategias de reproducción institucional dependen en buena medida de esos mecanismos de interacción (Esquivel, 2011: 13-16).

Si bien el concepto de subsidiariedad remite al marco axiológico de la Doctrina Social de la Iglesia católica, que fomenta el protagonismo de la sociedad civil y permite la intervención estatal solo cuando la primera no garantice el bien común (Esquivel, 2011: 15), dicha lógica parece haberse extendido a la interacción entre el Estado y las organizaciones evangélicas. En dichas organizaciones ha operado una progresiva legitimación “desde abajo”, en tanto su trabajo territorial sostenido en el tiempo les ha provisto del reconocimiento de los habitantes de sus barrios, de otras OSC y del propio Estado, produciéndose un salto en los últimos 15 años “de redes de asistencia religiosa paralelas al Estado a redes anexadas a la acción estatal” (Carbonelli, 2015: 76).

Finalmente, las capacidades diferenciales y la legitimidad dotarían de mayor eficiencia a las OSC en sus abordajes de consumos problemáticos de drogas. Como observa Arcidiácono (2011: 7):

Se asume que existe una relación costo-beneficio óptima en la provisión de servicios sociales a cargo de estas organizaciones, ya que al estar cerca de los receptores y de su contexto, conocerían mejor las necesidades del lugar y de la población, (…) y harían más eficiente la política.

El Estado optaría por delegar (parcialmente) las competencias en la materia, dado que estas OSC poseen recursos institucionales y simbólicos que les permiten intervenir de mejor forma sobre el problema.^[17]

Conclusiones

En este artículo exploramos cuáles son las relaciones de las OSC católicas y evangélicas del AMBA dedicadas al tratamiento de los consumos de drogas, con el Estado, OSC y otros actores no estatales, en la implementación de políticas públicas de drogas. Nos centramos en el origen y el funcionamiento de estos dispositivos de tratamiento, poniendo el foco en las relaciones y redes que construyen y en que se insertan. Procuramos mostrar cómo nuestros hallazgos ponen en tensión tanto la idea de que el Estado es el actor que habilita la posibilidad de incidir en las políticas públicas, presente en la literatura especializada, como el argumento de que estos tratamientos por consumos de drogas no cuentan con el apoyo estatal, sostenido por referentes de varias de las OSC indagadas.

Para ello, primero, analizamos tres dimensiones específicas de los vínculos entre estas OSC identificadas con un credo religioso y el Estado: las relaciones económicas; la articulación en los tratamientos propiamente dichos; y los argumentos que esbozan sus referentes para explicar la falta de apoyo y/o articulación. Luego, describimos las relaciones con OSC y otros actores no estatales que dan origen, colaboran y se articulan en el funcionamiento y permiten el sustento económico de estos dispositivos de tratamiento, para dar cuenta del complejo entramado relacional por fuera del Estado que (también) hace posible el trabajo de estas organizaciones. Finalmente, interpretamos la delegación parcial por parte del Estado a estas OSC como consecuencia de a) sus capacidades diferenciales; b) la doble legitimidad que detentan en tanto OSC y como organizaciones religiosas; y c) su mayor eficiencia en la provisión de tratamientos.

Al momento de implementarse políticas públicas de abordaje terapéutico al consumo de drogas en Argentina, el Estado no es el único actor relevante e, incluso, posiblemente no tenga primacía en términos del alcance numérico (cantidad de personas asistidas) de sus dispositivos de atención (aunque sí en cuanto a los recursos económicos para financiarlos). Asimismo, las OSC identificadas con un credo tampoco cuentan, en su mayoría, con la capacidad y la voluntad de prescindir del apoyo estatal a la hora de ofrecer sus propuestas terapéuticas. En ese complejo entramado institucional que describimos se desarrollan las políticas públicas que hoy responden a las demandas de tratamiento para los consumos de drogas.

Bibliografía

Abal Medina, J. M. (2010). Manual de ciencia política. Buenos Aires: Eudeba.

Acuña, C., Jelin, E. y Kessler, G. (2007). Políticas sociales y acción local. 10 estudios de caso. Buenos Aires: Claspo argentina

Ansell, C. y Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.

Arcidiácono, P. (2011). El protagonismo de la sociedad civil en las políticas públicas: entre el “deber ser” de la participación y la necesidad política. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 51, 33-58.

Auyero, J. (2004). Clientelismo político. Las caras ocultas. Buenos Aires: Capital intelectual.

Bifarello, M. (julio, 2000). Public-third sector partnerships. A major innovation in argentinian social policy. Cuarta Conferencia Internacional ISTR, Dublin, Irlanda.

Börzel T. A. (1997). What’s so special about policy networks? An exploration of the concept and its usefulness in studying European governance. European Integration Online, 1 (16), 8-25.

Bustelo, E. (2000). Políticas sociales: Aproximación desde la política. En S. Hintze (comp.), Estado y sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI (pp. 93-114). Buenos Aires: Eudeba.

Carbonelli, M. (2012). En el evangelio y en el partido: trayectorias políticas de pastores en el Gran Buenos Aires. Revista Colombiana de Antropología, 48 (2), 89-113.

Carbonelli, M. (2015). Valores para mi País. Evangélicos en la esfera política argentina 2008-2011. DADOS-Revista de Ciências Sociais, 58 (4), 981-1015.

Carbonelli, M. y Jones, D. (2015). Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina (2002-2010). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 225, 133-160.

Cohen, J. L. y Arato, A. (1994). Sociedad civil y teoría política. México: Fondo de Cultura Económica.

Donahue, J. D. y Zeckhauser, R. (2008). Public-private Collaboration. En M. Moran, M. Rein y R. Goodin (eds.). Oxford Handbook of Public Policy (pp. 496–525). Oxford: Oxford University Press.

Esping Andersen, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel.

Esquivel, J. C. (noviembre, 2011). Repensando un concepto: la laicidad entre la política, la religión y la ciudadanía. Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina, Punta del Este, Uruguay.

González Bombal, I. y Villar, R. (2005). Organizaciones de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.

Hall, P. y Soskice, D. (2001). Varieties of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

Heclo, H. (1978). The Issue Network and the Executive Establishment. En A. King (ed.), The New American Political System (pp. 268-287). Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

Henriksen, L. (1996). Voluntary organisations and local government in Denmark. Voluntas, 7 (2), 177-194.

Hogwood, B. y Peters, B. (1985). The Pathology of Public Policy. Oxford: Oxford University Press.

Jenkins, J. (1983). Resource mobilization theory and the study of social movements. Annual Review of Sociology, 9 (1), 527-553.

Jobert, B. (1994). El Estado en acción: la contribución de las políticas públicas. Ciencia Política. Revista Trimestral para América Latina y España, 36, 79-104.

Keck, M. y Sikkink, K. (1998). Activists beyond Borders. Ithaca: Cornell University Press.

Kingdom, J. (1984). Agendas, alternatives and public policies. Boston: Little Brown.

Leiras, M. (2007). La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas: definiciones, explicaciones y evaluaciones de la literatura especializada local e internacional. En C. H. Acuña y A. Vacchieri (comps.), La incidencia de la sociedad civil sobre las políticas públicas en la Argentina (pp. 17-65). Buenos Aires: Siglo XXI editores.

McFarland, A. S. (2007). Neopluralism. Annual Review of Political Science, 10 (1), 45–66.

Meyer, D. S. (2004). Protest and political opportunities. Annual Review of Sociology, 30, 125-145.

Misra, K. (2006). Politico-moral transactions in Indian AIDS service: confidentiality, rights and new modalities of governance. Anthropological Quarterly, 79 (1), 33-74.

Najam, A. (2000). The Four C’s of Government Third Sector‐Government Relations. Nonprofit Management and Leadership, 10 (4), 375-396.

Página web Programa Vida: http://programavida.com.ar/. Visitada el 16 de febrero de 2016.

Scharpf, F. (1997). Games real actors play: actor centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview.

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (2015). Registro Nacional de Instituciones. Recuperado de https://goo.gl/R7wcUS

Segato, R. L. (2007). La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en los tiempos de políticas de la identidad. Buenos Aires: Prometeo.

Spiller, P. y Tommasi, M. (2007). The institutional foundations of public policy in Argentina. Cambridge: Cambridge University Press.

Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. International Journal of Social Sciences, 50 (1), 17-28.

Tapia, A.; Bajpai, K.; Jansen, J.; Yen, J. y Giles, L. (mayo, 2011). Seeking the Trustworthy Tweet: Can Microblogged Data Fit the 27 Informational Needs of Disaster Response and Humanitarian Relief Organizations. Octava Conferencia Internacional ISCRAM, Lisboa, Portugal.

Tarrow, S. (1988). National politics and collective action: Recent theory and research in Western Europe and the United States. Annual Review of Sociology, 14 (1), 421-440.

Theodoulou, S. (2013). The Structure and Context of Policy Making. En S. Theodoulou y M. Cahn (eds.), Public Policy. The Essential Readings (pp. 287-299). Nueva York: Pearson.

Thompson, A. A. (1997). Non-governmental organizations and philanthropy: The case of Argentina. Voluntas, 8 (4), 401-417.

Viladrich, A. y Thompson, A. (1996). Women and philanthropy in Argentina: From the society of beneficence to Eva Perón. Voluntas, 7 (4), 336-349.

Waisman, C. (2006). Autonomía, autorregulación y democracia: sociedad civil y Estado bifurcado en América Latina. Postdata, 11, 57-74.

Weyland, K. (2011). Cambio institucional en América Latina: modelos externos y consecuencias no previstas. América Latina Hoy, 57, 117-143.

Williamson, O. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. Nueva York: Free Press.

---