El presente trabajo propuso analizar las políticas públicas de control del narcotráfico en Córdoba, sus características, su funcionamiento y sus efectos desde el enfoque conceptual de las políticas públicas como ciclo. En este sentido, se advirtió que en Córdoba el problema del narcotráfico fue abordado ineficazmente por el poder ejecutivo ya que, por un lado, no formuló un diagnóstico situacional sobre el estado que revestía dicha problemática en la provincia y, por otro, propuso al parlamento cordobés la adhesión a la Ley de Desfederalización con el objetivo de poder tomar parte en investigaciones relacionadas con delitos menores enmarcados en la Ley de Estupefacientes. De esta forma, con tan solo algunas acciones institucionales el gobierno cordobés atravesó las etapas del surgimiento del problema público, inclusión en la agenda y formulación e implementación de una política. La evaluación, por su parte, arrojó que esta medida no cumplió con las metas planteadas por la administración provincial cordobesa conforme lo establecido en el proyecto de ley y, también, lo manifestado por el gobernador cordobés en las alocuciones públicas vinculadas con dicha medida.

Frente a un evento de alta relevancia institucional –a saber, el narcoescándalo– desatado luego de la puesta en marcha de la primera política impulsada por el gobierno, el gobierno volvió a la carga con el impulso de una nueva política pública basada en la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, pasando una vez más por alto las distintas etapas que conforman el ciclo de las políticas públicas. En este caso particular, el problema público surgió por sí mismo y se incluyó en la agenda pública del mismo modo. Sin embargo, las etapas de diseño e implementación de la misma impulsadas por el gobierno fueron apresuradas y carecieron de un debate institucional a la altura de una medida semejante. La evaluación de la misma, nuevamente, arrojó que esta iniciativa gubernamental no cumplió con los objetivos planteados al momento de su conformación.

De este modo, para describir el funcionamiento del control del narcotráfico en Córdoba, es preciso distinguir tres grandes etapas. Primero, la implementación de la Ley de Desfederalización en la provincia, anunciada enfáticamente por el gobernador cordobés en tanto política pública de control del tráfico ilícito de drogas. En esta instancia, el poder ejecutivo cordobés, en tándem con la legislatura provincial, dieron luz verde a una cuestionada reforma legislativa, pese a las reiteradas advertencias emanadas por distintos referentes de la justicia provincial y la evidencia respecto de la implementación de esta medida en otro punto del país. En este punto, la lucha o la guerra contra el narcotráfico fue plenamente capitalizada por la clase política cordobesa, la cual se adentró en temas y problemas sobre los cuales reina un profundo desconocimiento y que, históricamente, le han sido ajenos, acaso buscando aumentar su caudal electoral (independientemente de su espacio político de pertenencia) por medio de la puesta en escena, el marketing, la videopolítica y la capitalización de las emociones ciudadanas.^[1] Bajo esta perspectiva, la guerra o lucha contra el narcotráfico no es más que una cabal expresión de ello.

El narcoescándalo fue el segundo gran momento de esta saga, el cual cobró una inusitada relevancia pública por medio de la televisión. La incidencia de los medios de comunicación en asuntos de alta relevancia política es un fenómeno al cual nos hemos acostumbrado cada vez más en los últimos tiempos y, aun así, en Córdoba todo estalló con una entrevista difundida en un programa de periodismo de investigación.

El hecho mencionado puso al descubierto las miserias del sistema político provincial. El propio gobernador, así como también miembros del gabinete provincial apuntaron contra el fiscal federal a cargo de la investigación e insinuaron que la misma se enmarcaba en cuestiones políticas. Mientras se perdía el tiempo en debates y chicanas, la policía provincial intervenía abiertamente en el narcotráfico. El propio juez de la causa terminó absolviendo a los involucrados en el proceso judicial y negando la existencia de una asociación ilícita. Finalmente, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo y demostró con pruebas contundentes la existencia de una organización criminal comandada por policías de la división Drogas Peligrosas que se abocaba, entre otras actividades ilícitas, a regentear el tráfico ilícito de drogas, participando activamente de él.

El tercer (¿y último?) hecho de la trama cordobesa estuvo signado por el borrón y cuenta nueva que el gobernador intentó llevar adelante con la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. La respuesta política, además de basarse en la fusibilidad de los altos funcionarios políticos en lo atinente al gobierno de la seguridad, replicó la persecución a infractores menores, creando un cuerpo policial abocado, de forma exclusiva, a la desestimación de los grandes grupos criminales abocados al narcotráfico. Dicho de otra forma, con la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se profundizó la persecución de los delitos menores por drogas, con la convalidación del gobierno, y a sabiendas de la activa participación que la policía provincial había tenido en esta materia previamente.

Todo esto se vincula con un fenómeno fundamental: la regulación ilegal de los emprendimientos narcocriminales llevada adelante por distintos sectores del Estado argentino –en particular, por sectores de sus policías, lo cual constituye la contracara de la política de persecución a infractores menores del Régimen Penal de Estupefacientes–. La desestimación de la persecución penal a los grandes grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de estupefacientes y la focalización sobre las manifestaciones menos complejas está vinculada con la intervención de distintos sectores policiales en el asunto. Esto ocurrió en numerosos centros urbanos del país, y Córdoba no fue una excepción.

En definitiva, la respuesta a un hecho político-institucional severamente grave fue, apenas, una crisis de retroalimentación de la regulación del narcotráfico. Ahora bien, el involucramiento de funcionarios policiales en esta regulación ilegal acarrea notorios conflictos. Quizás, los más relevantes para el funcionamiento de la mencionada regulación sean aquellos que pasan a la esfera pública. El narcoescándalo fue un ejemplo de esto, aunque existen otros casos notorios en el país. Estos casos representaron ejemplos de estas crisis, y pusieron en evidencia la intervención de diferentes sectores de las policías (fundamentalmente, provinciales, pero también federales) en las actividades narcocriminales. La respuesta política a esto suele consistir, básicamente, en dos acciones fundamentales: por un lado, la desestimación pública del problema, desacreditándolo, ocultándolo, negándolo o minimizando su relevancia político-institucional; y, por otro lado, la reformulación inmediata de los esquemas regulatorios, a partir de cambios en las políticas ejecutadas. Puede derivar, ocasionalmente, en la renuncia forzada de un funcionario político o policial, en la creación de nuevas unidades policiales o medidas similares, pero nunca en la implementación de modificaciones sustanciales. No hay una reforma política de fondo sobre el gobierno de los asuntos de seguridad pública, ni tampoco reformas en las instituciones policiales. Esto recuerda al desgobierno político de los asuntos de seguridad pública y a la policialización de la seguridad descriptos en el inicio de este libro. Estas son, indudablemente, sus consecuencias.

En Córdoba la mencionada crisis de retroalimentación de la regulación del narcotráfico tuvo una fuerte respuesta política basada en la reformulación de las unidades policiales abocadas al control de dicha actividad ilícita, el despido del ministro de seguridad y del jefe policial y en la creación de una nueva policía provincial abocada a la persecución del tráfico ilícito de estupefacientes a menor escala. Un caso emblemático, del cual se desprenden algunas conclusiones de orden más general.

3.1. Reflexiones finales: ¿un caso de qué?

Esta investigación aborda una cuestión fundamental: la relación entre política y narcotráfico en la Argentina, mediante el estudio de las políticas de control del narcotráfico implementadas en la provincia de Córdoba entre 2012 y 2014 y, en particular, de sus características principales, su funcionamiento y sus efectos. El trabajo pudo evidenciar el fracaso de las dos principales políticas implementadas, por medio de una pormenorizada descripción del funcionamiento y las características que ambas llevaron consigo, así como también de los principales efectos que las mismas trajeron aparejados –en particular, la persecución masiva de infractores menores de la Ley de Estupefacientes, por un lado y, por otro, el denominado narcoescándalo que sacudió a la provincia de Córdoba–. Todo esto constituyó un caso de alta relevancia para su abordaje.

Ahora bien, ¿qué es lo que se desprende del abordaje del caso seleccionado y qué dinámicas más generales podemos comprender a través de él? En primer lugar, y desde un enfoque más amplio, este trabajo invita a la reflexión respecto de cuestiones de orden general, como el papel de los gobiernos políticos ante la seguridad pública y, en particular, ante la criminalidad compleja y los vínculos entre dependencias estatales y emprendimientos criminales. Estas son cuestiones de alto impacto en las democracias de la región, dado el grado de desarrollo y complejización que dichos emprendimientos han alcanzado en los últimos años.

Además, hay una cuestión determinante en la relación entre política y crimen, y está dada, básicamente, por el hecho de que la política está a cargo de la gestión de la seguridad pública y de que la policía es la herramienta operativa de mayor capilaridad con la que cuenta para ello. Sin embargo, ambas terminales exhibieron durante los últimos años un funcionamiento distorsionado. Los gobiernos políticos a cargo de las distintas y sucesivas administraciones en el país (nacionales y provinciales) tendieron a experimentar un desentendimiento de la conducción del sistema de seguridad pública y del control político de las policías y fuerzas de seguridad. Esto no fue un descuido, sino una verdadera decisión política basada en el desinterés por estos asuntos.

La contracara de estos procesos fue la paulatina policialización de la seguridad pública. Este conjunto de acciones se basó en un “pacto de reciprocidad entre gobierno y policía” caracterizado por la delegación a ésta última de la gestión de la seguridad pública a cambio del compromiso de no interferir en el autogobierno policial. Ello fue, a su vez, a cambio de la “conformación de una situación de seguridad estable y sin sobresaltos sociales ni crisis institucionales”, así como también de la “posibilidad de hacer un uso instrumental de la policía como instancia de control político o disciplinamiento social”:^[2]

Gobernar la seguridad implica establecer un cuadro de situación de las conflictividades y problemáticas delictivas existente en un cierto espacio; determinar las prioridades para las intervenciones sobre las conflictividades y delitos; llevar a cabo las estrategias institucionales tendientes a actualizar y modernizar los dispositivos normativos y organizacionales de gestión institucional de la seguridad; y, finalmente, desarrollar las estrategias sustantivas sobre aquellas conflictividades y delitos tendientes a controlarlas mediante su prevención, conjuración e investigación. En la democracia argentina, estas labores no fueron desempeñadas por las autoridades políticas sino que fueron encomendadas y transferidas a las instituciones policiales, ya sea de manera manifiesta o tácita. Y éstas las llevaron a cabo de acuerdo con los criterios, orientaciones y modalidades de intervención autónomamente formulados por sus cúpulas institucionales, dando lugar a una suerte de policialización de la seguridad pública. Asimismo, el desgobierno político implicó la delegación, a las cúpulas policiales, de la formulación y reproducción de las bases doctrinarias, organizacionales y funcionales de las propias instituciones policiales, así como de la conducción institucional y operacional de las mismas. En razón de ello, la autonomía policial también implicó el autogobierno policial.^[3]

El desgobierno político y la policialización de la seguridad fueron expresiones recurrentes en la Argentina. Esto fue lo que permitió que surgieran y se desarrollaran diversos mercados ilegales, dentro de los cuales el narcotráfico destacó por sus características fenomenológicas y su compleja impronta.

Estas dinámicas son comunes en varios países de la región.^[4] Y en todos ellos, pese a ciertos cambios o rupturas, existen patrones comunes, como la autonomía policial, el desinterés por la reforma policial, la vinculación entre Estado y narcotráfico, el desinterés por la expansión del crimen organizado, la persecución a las manifestaciones más visibles del crimen –desestimando, de esta forma, la persecución penal de los delitos de cuello blanco, como el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas– y, finalmente, el constante esfuerzo por sostener el orden establecido. Todo ello se evidencia en el caso de estudio abordado en el presente trabajo.

La policía cordobesa es una policía antigua, con una impronta autoritaria y autonómica. La clase política cordobesa de los últimos años aceptó ese modelo policial y no concretó ningún tipo de iniciativas reformistas.^[5] Es ese el motivo por el cual se producen hechos como el descripto en el presente libro. Mientras que no se tome dimensión del daño que produce a la seguridad pública –y a las instituciones conexas a la misma– el desgobierno de la seguridad y los asuntos policiales, los hechos de vinculación entre Estado y crimen seguirán multiplicándose.

En el caso cordobés, el gobierno orientó su accionar, exclusivamente, a la prevención de conflictos políticos. No se trató, entonces, de una política de control del narcotráfico, sino de una política de evitación y prevención de conflictos políticos. El hecho de tomar una serie de medidas políticas e institucionales para que todo siga igual no indica que algo le salió mal a la política sino que, por el contrario, se produjo lo que la política quería: evitar los conflictos y los costos políticos. A su vez, la ausencia de iniciativas institucionales por parte de los distintos espacios opositores permite dar cuenta de patrones comunes en toda la clase política cordobesa frente al fenómeno abordado en el presente estudio.

En definitiva, este caso –de altísima notoriedad, con un fuerte impacto y con profundas consecuencias en el entramado político-institucional cordobés– es un ejemplo cabal que exhibe la intrincada relación entre política y narcotráfico en la Argentina y que da cuenta de cómo la idea generalizada entre los dirigentes políticos es evitar todo tipo de conflictos para no pagar el costo político de la toma de decisiones gravitantes sobre los asuntos de seguridad pública.

---