En la provincia de Córdoba^[2], Argentina, entre los años 2012 y 2014 se impulsaron dos políticas públicas vinculadas directamente con el tráfico ilícito de estupefacientes. La primera se basó en la adhesión de la provincia en 2012 a la Ley de Desfederalización, sancionada por el Congreso Nacional en 2005. Esta medida implicó la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, pero solo para algunos tipos penales –en rigor de verdad, para aquellos de menor envergadura–. Así, esta virtual desfederalización implicó una paulatina desestimación de la persecución penal de los delitos complejos vinculados al tráfico de drogas, la cual fue reemplazada por la penalización fáctica de los delitos menores por drogas, tales como el comercio al menudeo, el consumo y el transporte a menor escala.^[3] En el marco de la adhesión a esta ley, a su vez, se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en el ámbito de la justicia provincial cordobesa, integrado por un Juzgado de Control y tres Fiscalías de Instrucción.^[4]

Por otro lado, en 2014 se creó en Córdoba la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La creación de esta unidad especializada se produjo como consecuencia inmediata del narcoescándalo –del cual se hará referencia seguidamente–, pero su establecimiento también guardó relación con la adhesión a la desfederalización, dado que dicha fuerza se abocaría, de manera exclusiva, a la persecución del tráfico de drogas a menor escala.^[5]

Como se mencionó, entre ambas iniciativas se produjo el narcoescándalo, un hecho singular ocurrido en 2013 que reveló la existencia de una trama vincular entre la comercialización ilícita de estupefacientes y un sector de la Policía de Córdoba. Este caso puso en jaque a la institución policial, así como también al gobierno cordobés, llegando, inclusive, a forzar al ministro de seguridad provincial y al jefe de la Policía de Córdoba a renunciar a sus respectivos cargos.^[6]

El libro tiene por objetivo principal analizar y describir las características, el funcionamiento y los efectos de las principales políticas públicas de control del narcotráfico llevadas a cabo en la provincia de Córdoba entre los años 2012 y 2014. Los objetivos específicos del mismo, en tanto, apuntan a identificar y relevar las principales características y el funcionamiento de la implementación de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes en Córdoba en tanto política de control del narcotráfico; identificar y relevar las principales características y el funcionamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico creada en Córdoba en tanto política de control del narcotráfico; y, por último, describir e interpretar los efectos que tuvieron las políticas públicas estudiadas.

La hipótesis básica que orienta la investigación es que, entre los años 2012 y 2014, en Córdoba las políticas orientadas al control del narcotráfico priorizaron la persecución y criminalización de los infractores menores de la ley de drogas, desestimando, de esta manera, los emprendimientos criminales dedicados al comercio ilícito de estupefacientes de mayor envergadura. Este fenómeno se hizo presente en las principales urbes de la Argentina en las últimas dos décadas, aun cuando gobiernos de signos políticos contrapuestos se encontraron al frente de los distintos poderes ejecutivos (tanto a nivel nacional como provincial). Este fenómeno tendió a enmarcarse en un modelo delegativo del gobierno de la seguridad pública.^[7]

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigación “Política y narcotráfico. El control del narcotráfico en la Argentina reciente (2003-2017)”^[8], dirigido por Marcelo Sain y radicado en la Secretaría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Bernal, Argentina. El proyecto tuvo como objetivo central analizar el desempeño político-institucional de distintas administraciones nacionales y provinciales con relación a la problemática del tráfico de estupefacientes en el periodo 2003-2017, observando tanto mercados internos como el tráfico internacional de drogas, mediante un abordaje integral de la cuestión. Se introducen aquí algunas reflexiones y conclusiones parciales respecto del control del narcotráfico en la Argentina, así como también sobre el control del narcotráfico en el caso cordobés.

El trabajo se divide en tres capítulos. El primero de ellos establece algunas definiciones teórico-metodológicas a partir de las cuales se llevó a cabo la investigación, que constituye un estudio de caso. En este sentido, se detallan las principales características de este tipo de estudios. Posteriormente, se introducen las dos principales políticas de control del narcotráfico desarrolladas en la Argentina reciente: la regulación policial del narcotráfico y la persecución de infractores menores. En este sentido, se detalla el funcionamiento de ambos lineamientos aportando información sobre ello.

En el segundo capítulo, se presenta el caso cordobés en profundidad mediante el abordaje del material empírico. Esto es realizado a través de la confección de una sistemática sobre el abordaje oficial del narcotráfico entre los años 2012 y 2014, signados por las dos políticas mencionadas previamente: la adhesión a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes y la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Mediante el análisis documental y el estudio del impacto de estas políticas, se definen las principales características, el funcionamiento y los efectos que dichas iniciativas tuvieron en materia de control del narcotráfico en Córdoba.

En tercer y último lugar, se presenta un capítulo en el cual se reflexiona en torno a las políticas de control del narcotráfico en Córdoba, así como también a los hechos previamente analizados para observar la recurrencia del desentendimiento gubernamental y la priorización de los abordajes policiales sobre los aspectos vinculados con la seguridad pública en Argentina. Finalmente, el trabajo presenta algunas conclusiones vinculadas con la relación entre el caso abordado y fenómenos similares que tuvieron lugar en la Argentina y la región latinoamericana, pensando en el aporte que la presente investigación constituye en dos sentidos. Primero, en el aporte científico respecto de un área sobre la cual las ciencias sociales locales en general, y la ciencia política en particular, se interesaron de manera excepcional. Este trabajo, entonces, pretende ser una contribución para saldar esta pronunciada vacancia.

Segundo, el trabajo busca tener un impacto de transferencia sobre el sector público –en particular, sobre los actores político-institucionales involucrados en la toma de decisiones–, invitando a la reflexión sobre el abordaje gubernamental de los asuntos atinentes a la seguridad pública y al control del crimen. Es decir, apunta a la posibilidad de que los resultados alcanzados permitan llevar a cabo acciones en el ámbito institucional de la seguridad pública (gobiernos ejecutivos, legislaturas y estructuras de seguridad) y en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

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