Contribuciones de la estatuaria en la formación de la memoria oficial sobre Julio A. Roca

La palabra latina monumentum se refiere en su origen a objetos cuya función primordial es activar determinadas memorias. Desde las más sencillas estelas a los grandes mausoleos de la antigüedad clásica, las obras conmemorativas están presentes en todos los continentes y, como observó Choay (2006), son un fenómeno cultural “universal”. Sin embargo, a diferencia de otros dispositivos de memoria en que la necesidad básica de recuerdo, evocación o perpetuación se da en la esfera privada (caso de las reliquias familiares, por ejemplo), las obras monumentales se refieren a recuerdos compartidos por toda la comunidad. Los hechos que son por ellos invocados no pertenecen, así, a un pasado cualquiera: “é [un pasado] localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar” (Choay, 2006: 18).

Se puede decir, por tanto, que la esencia misma de los monumentos está en una voluntad colectiva de memoria que se construye a partir de una relación específica con el tiempo vivido, vinculando pasado y futuro en una narrativa coherente y cohesiva. Como lo indica la etimología de la palabra recordar (“traer de nuevo al corazón”), la memoria se activa y se produce a través de una apelación de naturaleza afectiva; de modo que para cumplir la función memorial a que han sido proyectados los monumentos deben, ante todo, generar conmoción, haciendo vibrar el pasado invocado en el corazón de los miembros de la comunidad:

Esa parece haber sido la función central del monumento o de la memoria en piedra; es decir, la monumentalización de la memoria como un modo de documentar, construir o consolidar la identidad del ciudadano y de la polis (Achugar, 2003: 199-200).

La especificidad monumental reside, por ende, en su mecanismo singular de objetivación de memorias: en ellas, materialidad (invocación sensorial, casi siempre del orden visual) y localización espacial operan lado a lado en la creación de un conjunto alegórico que se pretende totalizador de los relatos a conservarse. Empero, dado que la localización de los monumentos es atributo exclusivo de quienes retienen el poder normativo sobre los espacios públicos —y, por tanto, de quienes centralizan la decisión sobre qué objetos pueden o no erigirse en esos espacios—, la forma monumental se configuró, a lo largo de siglos, como la forma-base que asumen las memorias hegemónicas en las ciudades.

Aunque la relación tradicional entre pasado, memoria y monumento haya sufrido cambios significativos durante la configuración de la modernidad occidental^[1], la monumentalización como forma de consolidar identidades hegemónicas se ha mantenido como práctica social hasta hoy. Los monumentos instauran presencias que, materializadas en el paisaje, terminan incorporándose progresivamente al cotidiano de la ciudad y cumpliendo, finalmente, la función de naturalizar ante la comunidad los relatos históricos que los han originado.

Partimos del supuesto que entender los mecanismos a través de los cuales las imágenes monumentales narran los relatos dominantes de una sociedad es condición necesaria para el desplazamiento o “desnaturalización” de esas imágenes. Por ello, buscaremos en este capítulo insertar los monumentos a Julio A. Roca en su campo elemental: el pensamiento monumental moderno y las especificidades propias del caso argentino. Por esa razón, dedicamos ese primer capítulo a recuperar las iniciativas y debates que, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, crearon las condiciones sociales y políticas para la construcción de los referidos monumentos en las ciudades de en Buenos Aires y San Carlos de Bariloche, identificando siempre que sea posible a los distintos actores que estuvieron involucrados en tales iniciativas.

No queremos decir que los monumentos hayan creado, por si solos, esa imagen hegemónica; por el contrario, ellos son vistos aquí como parte de la formación de un ideario social y político en torno a Roca que les abarca y supera. Sin embargo, sostenemos que el proyecto llevado adelante por la Comisión Nacional del Monumento al Tte. Gral. Julio A. Roca en los años 1930 incorporó en gran parte los sentidos de una cierta “pedagogía”, demostrando una gran preocupación en crear un relato hegemónico en torno al ex presidente y comunicarlo con eficacia a las generaciones posteriores, ya sea en la forma simbólica de los monumentos o del prolífico archivo documental que ella ha compilado, contribuyendo a la consolidación de las memorias oficiales sobre Roca y la “Conquista del Desierto”.

Por ello, el análisis a seguir fue estructurado en cuatro partes. En la primera, se retoma a la brevedad el período histórico de la “Conquista del Desierto y del roquismo. Enseguida elaboramos los antecedentes que influyeron directamente en esa empresa monumental, centrándonos sobre todo en las discusiones ocurridas hacia el Centenario de la Nación (1910) acerca del rol pedagógico desempeñado por las estatuas y otros marcos memoriales en el espacio urbano. En la tercera parte, presentamos el proceso que llevó a la construcción de los monumentos en Buenos Aires y en San Carlos de Bariloche durante las décadas del 1930 y 40 para, finalmente, indagar en los desdoblamientos de ese proceso monumentalista en las décadas subsiguientes, con énfasis especialmente en las conmemoraciones del Centenario de la “Conquista del Desierto” (1979), que tuvieron lugar durante la más violenta dictadura cívico-militar de la historia del país.

Julio A. Roca y la “Conquista del Desierto”

Nacido en San Miguel de Tucumán en el seno de una familia conocida por su actuación entre las filas unitarias de la Guerra Civil de 1828-1831^[2], Roca se involucró aún muy joven en las guerras que se siguieron; a los 15 años ingresó como subteniente al ejército de la Confederación, y al poco tiempo su nombre empezó a sonar, primeramente en la victoria obtenida sobre Cepeda (1859), después en la derrota sufrida en la batalla de Pavón (1861), cuando su resistencia en producir la retirada de las tropas le dio fama de comandante audaz.

Bajo las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868) y Domingo F. Sarmiento (1868-1874), subió nuevos eslabones al interior del ejército y en la política nacional: se incorporó a las tropas de la Triple Alianza en 1865 y, una vez terminada la guerra, ya Teniente Coronel, reprimió a mando de Sarmiento la sublevación de López Jordán, siendo designado en seguida al comando de fronteras en Córdoba. Después, al finalizar el mandato de Sarmiento, su nombre volvió a destacarse en la cumbre política nacional cuando derrotó en la batalla de Santa Rosa las fuerzas mitristas que se habían negado a reconocer Nicolás Avellaneda (1874-1880) como legítimo sucesor presidencial —hazaña que le valió el ascenso a General a los 31 años—.

Pero en ese período las guerras civiles no fueron el único obstáculo a la construcción del Estado; también las fronteras internas relacionadas a la “cuestión indígena” conformaron una preocupación mayor que seguía irresuelta. Según expuso Mases (2002:11), la relación problemática con los pueblos que habitaban las llanuras más allá del Río Salado formó parte de la cuestión social en Argentina durante todo el siglo XIX, movilizando un intenso debate ideológico y político acerca de la sociedad, el Estado y de los propios indígenas. Históricamente, desde el siglo XVIII los indígenas que habitaban ese inmenso territorio manejaban una red de caminos comerciales que cruzaba de Chile hacia el Río de la Plata, lo cual había conformado de a poco un amplio tejido social controlado por importantes cacicatos conocidos por la organización de malones^[3], el control sobre la circulación y el cobro de pagos por derecho de paso a los que transitaban su territorio.

Si antes esa situación era sólo un tema más entre muchos del Virreinato, después de 1810 pasó a confrontarse progresivamente con el avance agrícola-ganadero originado con la apertura de los mercados externos, tornándose un problema relevante tanto para las autoridades nacionales argentinas como para las chilenas. Por los casi 70 años que se extendieron de la Revolución de Mayo hasta la “Conquista del Desierto”, la zona fronteriza que empezaba al sur de la provincia de Buenos Aires se caracterizó por la coexistencia de complejas relaciones que involucraban desde intercambios comerciales pacíficos entre indígenas y no indígenas, acuerdos políticos puntuales entre caudillos y caciques, hasta confrontaciones bastante violentas en que los malones y las incursiones militares en su contra se tornaron cada vez más frecuentes —una dinámica que tuvo en las campañas al desierto comandadas por el caudillo Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834 su mejor síntesis—:

la política indígena del gobernador bonaerense se componía de varias líneas de acción que implementaba de acuerdo a las características de las distintas comunidades indígenas. Un aspecto significativo de esa política es la que se conoció en la época con el nombre de negocio pacífico con los indios y, que según Silvia Ratto, la misma “incluyó dos modalidades de relación con las parcialidades que aceptaron pactar con el gobierno. Mientras unas tribus, a las que denominamos aliadas permanecieron en sus asentamientos en las pampas, otras, las amigas, se asentaron dentro de la línea de frontera gozando de la protección y vigilancia de los puestos fronterizos. En ambos casos, las tribus percibían auxilios económicos a través de la entrega de raciones mensuales de ganado yeguarizo y vicio”. En cambio, para los considerados indios enemigos la estrategia consistía en perseguirlos mediante campañas punitivas (Mases, 2002: 32).

Pero a partir de 1874, cuando Avellaneda asumió la presidencia, había entre las autoridades nacionales una cierta consciencia de que esa dinámica anterior ya no podría más mantenerse, siendo necesario un cambio estratégico que resolviese definitivamente la cuestión indígena. El país estaba sumido en una crisis económica que se interpretaba en función de los límites de la producción agropecuaria, de modo que las fronteras internas y su necesaria expansión eran un tema prioritario del gobierno, que el gral. Julio A. Roca tampoco ignoraba.

Desde el período en que estuvo en Córdoba, Roca había comenzado a tejer al lado de su concuñado Miguel Juárez Celman una importante red de alianzas con grupos de poder en las provincias y también en Buenos Aires con vistas a un lugar en la alta cumbre de la política junto al Partido Autonomista Nacional (PAN) de Alsina y Avellaneda. Al mismo tiempo, acompañaba con atención la cuestión indígena en otros países, como Estados Unidos, habiendo llegado inclusive a encomendar informes sobre el tema a la Embajada Argentina en ese país; también realizó un intercambio epistolar con el entonces Ministro de Guerra de Chile, coronel Saavedra, con quien estudió estrategias conjuntas para expulsar a los indígenas del territorio austral (Mases, 2002). Así, después de la batalla de Santa Rosa, asegurado el gobierno en las manos de Avellaneda, Roca sabía que el suyo era un nombre posible para el Ministerio de Guerra y Marina, lo cual ambicionaba, pero que se terminó por ofrecer a Adolfo Alsina, hombre más cercano a los intereses políticos y económicos del puerto de Buenos Aires.

La solución presentada por Alsina partía del supuesto de que el principal enemigo a eliminarse era la propia geografía —el desierto^[4]—. Buscaba, así, ocupar y colonizar sin necesariamente exterminar a los indígenas; propuso entre otras medidas la construcción de una zanja de 600 km que se extendiese del sur de la provincia de Buenos Aires hasta San Rafael (Mendoza) e impidiese la incursión de nuevos malones sobre las estancias fronterizas, alejando con ello a los indígenas de esa fuente de riqueza. Según Mases,

Alsina estaba convencido que, en la medida en que las tribus que en ese momento se mantenían belicosas y totalmente refractarias a la autoridad del gobierno, se les cumpliera con lo estipulado en los tratados de paz firmados y, además, tuvieran la posibilidad de palpar los beneficios materiales que les podía brindar la civilización, el sometimiento de éstas sería inevitable y su incorporación a la vida civilizada sólo una cuestión de tiempo (Mases, 2002: 37).

Sin embargo, diversas parcialidades indígenas respondieron a la construcción de la zanja, a la instalación de telégrafos y nuevas fortificaciones en su territorio con más invasiones y ataques, impulsando duras críticas a esa política defensiva y abriendo camino para que soluciones más ofensivas empezasen a ser debatidas. Alsina falleció antes que pudiese organizar una política de contraataque, llevando Avellaneda a nombrar enseguida a Julio A. Roca como Ministro de Guerra y Marina. A diferencia de su antecesor, Roca interpretaba el sistema de fortines como una inmovilización impotente de armas en un territorio inmenso, proponiendo en contrapartida

abandonarlo de una vez e ir directamente a buscar al indio en su guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiéndole en seguida no una zanja abierta en la tierra por la mano del hombre, sino la grande e insuperable barrera del Río Negro, profundo y navegable en toda su extensión, desde el Océano hasta los Andes (Roca, “Mensaje al Congreso Nacional”, 14 de agosto de 1878).

Contando con el amplio apoyo de la oligarquía terrateniente integrante de la Sociedad Rural Argentina —de gran influencia al interior del Congreso Nacional—, Roca logró que este aprobase el proyecto de ley para las expediciones militares ya en octubre del mismo año de 1878. Según la estrategia trazada por él, primero se realizaron numerosas expediciones menores al centro del territorio indígena, partiendo de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Mendoza, más al norte; estas fueron verdaderos contramalones de rémington, cuyos golpes continuados y violentos lograron desconcertar rápidamente muchos de los asentamientos indígenas por donde pasaron. Terminada esa fase, Roca lideró entonces, personalmente, una expedición triunfal con la presencia de científicos, fotógrafos, periodistas, misioneros, etc., la cual entró en la isla de Choele Choel en el valle medio del Río Negro el 25 de Mayo de 1879, fecha elegida intencionalmente para promover su “Conquista del Desierto” simbólicamente como una especie de segunda revolución de la historia del país.

Si bien las incursiones militares sobre el territorio patagónico se completaron solamente en 1885 cuando las campañas ordenadas por el gobernador de la Patagonia, gral. Lorenzo Vitter, aprisionaron los últimos líderes indígenas resistentes, Inacayal, Foyel y Sayhueque, para Roca los resultados fueron bastante más inmediatos: con un saldo de cerca de mil muertos y más de 12 mil prisioneros —la mayoría mujeres y niños, muchos de los cuales fueron expuestos en Buenos Aires a modo de trofeo— la primera fase de la “Conquista del Desierto”, cerrada en 1879, le garantizó la fuerza política necesaria para postular su candidatura a la presidencia por el PAN al año siguiente, en las cuales salió victorioso.

Si llevamos en consideración, además, que casi al fin del mandato de Avellaneda se solucionó también el problema de la Capital mediante la federalización de Buenos Aires en septiembre de 1880 —tema en torno del cual orbitaron las contiendas políticas del siglo XIX—, la llegada de Roca a la presidencia no solo finalizó una larga etapa de enfrentamientos entre indios y “blancos”, como también significó el fin de las guerras civiles entre caudillos del interior y del puerto, inaugurando un nuevo ciclo político caracterizado por la consolidación en el poder de una sólida oligarquía ya no más provinciana o porteña, sino nacional, cuya contracara social y política empezó a construirse en torno de la hola inmigratoria europea y, consecuentemente, cada vez más por la conflictividad en torno a los movimientos obreros.

En esa dirección, la “Conquista del Desierto” significó para las culturas indígenas sometidas un proceso profundo y violento de desintegración sociocultural que se extendió más allá del exterminio físico y de la expropiación territorial; supuso el desmembramiento de familias, un desplazamiento geográfico radical, la catequización forzada, la prohibición lingüística, la descalificación étnica, en suma, la construcción de lo que Delrio (2005) denominó de estatus de subalternidad, lo cual se tradujo, en términos institucionales, en las propuestas de “ciudadanización” forzada de esas poblaciones y, en términos culturales, en su invisibilización progresiva al interior del imaginario social hegemónico:

Los pueblos originarios pasaron a ser los ausentes en la historia oficial, que concibió al “tema indígena” como finalizado con la conquista militar de 1878-1885 y ocultó un largo proceso de sometimiento y de expropiaciones sistemáticas de la población originaria. Este silencio no ha sido neutro sino cómplice en la construcción de un nuevo status de subordinación y en la confirmación de aquellas imágenes del “indígena” que lo fundamentan (Delrio, 2005: 13-14).

Del breve panorama aquí trazado sobre Roca y la “Conquista del Desierto” podemos aprehender porqué uno de los primeros autores contemporáneos a revisarlo, Viñas (2013), lo interpretó como uno de los personajes-síntesis de lo que llamó de modelo castrense de “militares civilizadores” de la Argentina decimonónica; con un pensamiento estratégico racionalista y las maneras de un gentleman, Roca supo articular técnicas de guerra eficaces con una red complicada de alianzas políticas para llegar al cargo máximo de presidente de la Nación; asimismo,

al culminar su conquista sobre la Patagonia con la celebración de esa monumental misa de campaña al borde del Río Negro, mataba varios pájaros de un tiro. Su positivismo se manifestaba, sobre todo, en su severa economía de tácticas: monopolio de las tierras expropiadas a los indios, capitalización de un prestigio pulcro obtenido sobre los desmanes de sus subalternos, centralización, conservadurismo modernista, feroz “homogeneización racial”, fuerte estatización, sintonización con los ritos del capitalismo mundial, nacionalización de las oligarquías provinciales y del ejército frente a las milicias locales, reafirmación de fronteras, articulación de los ferrocarriles, los telégrafos y el puerto único. De hecho, reajustaba al máximo una versión del Poder de acuerdo a la concepción de las burguesías modernistas a fines del siglo XIX y planteaba, a la vez, el punto de partida de la Argentina oligárquica (Viñas, 2013: 23).

La “Conquista del Desierto” y el primer roquismo, sobre todo, señalaron, así, la institucionalización de un modelo liberal y positivista de gobierno que se afianzó en la articulación de intereses entre el ejército y la oligarquía; lo que se tradujo, en términos políticos, en la centralización del poder en manos del conservador Partido Autonomista Nacional (PAN) por el largo período que se extendió de la elección de Roca en 1880 hasta el fin del mandato de Victorino de la Plaza en 1916 y, en términos económicos, en el fortalecimiento del sistema productivo representado por las estancias y el mercado agroexportador.

Si, culturalmente, se debe al gobierno de Roca la sanción de la ley que permitió la laicización de la educación con la instauración del sistema público, obligatorio y gratuito de enseñanza básica (Ley 1.420 de Educación), también se le debe la invisibilización de las culturas indígenas. Si durante su primer mandato se estrecharon los lazos comerciales con Europa y se abrió el país a grandes olas inmigratorias del viejo continente, durante su segundo mandato la Ley 4.144 de Residencia autorizó las autoridades nacionales a expulsar todos los extranjeros involucrados en actividades políticas y gremiales. Si la expansión de la economía agrícola/ganadera transformó la Argentina en el “granero del mundo” al inicio del siglo XX, las tierras tomadas a los indígenas entre 1879 y 1885 —muchas de las cuales, vendidas a precios irrisorios para el círculo de aliados políticos de Roca— conformaron asimismo un enorme capital especulativo en manos de pocos estancieros, un hecho que no fue ignorado ni mismo por Sarmiento, quien en 1885 denunció en El Censor:

El general Roca, educado en el Colegio del Uruguay, no ha traído a su gobierno otra idea sobre el reparto de la tierra pública que la puesta en práctica en los tiempos de Urquiza —la voluntad sin límites de aquel que ejerce el poder— adoptándola como sistema. El pensamiento de un paseo de carruaje a través de La Pampa cuando no había en ella un solo indio fue un pretexto para levantar un empréstito enajenando la tierra fiscal a razón de 400 nacionales por legua, en cuya operación la Nación ha perdido 250 millones de pesos oro, ganados por los Atalivas [hermano de Julio A. Roca] y otras estrellas del cielo del presidente Roca. Pero si se puede explicar, aun cuando no se justifique, esta medida antieconómica y ruinosa para el Estado, por la famosa Expedición al Desierto después que ésta se realizó sin batallas ni pérdidas de ningún género para el Gobierno, no hay razón, no hay motivo legítimo para que el tal empréstito continúe hoy abierto […] para los amigos del general Roca, máxime cuando la suscripción se cerró hace ya mucho tiempo. Es necesario llamar a cuentas al presidente y sus cómplices en esos fraudes inauditos. ¿En virtud de qué ley el general Roca, clandestinamente, sigue enajenando la tierra pública a razón de 400 nacionales la legua que vale 3000? (Sarmiento citado en Viñas, 2013: 100).

Polémico desde su tiempo, el gral. Roca sin duda fue un estratega militar y político suficientemente astuto como para mantener alrededor de sí la cohesión de los intereses de clase de la oligarquía —sobre todo de su círculo personal de aliados— en un momento en que la coyuntura internacional favoreció la expansión económica de la (Nación) Argentina. Fue, en ese sentido, tal vez el emblema más bien sucedido del pensamiento liberal conservador argentino: militar, estadista, oligarca y moderno (cuando moderno era creer en el “progreso”, “paz y administración” fue su lema), logró consolidar las fronteras, centralizar el poder y asegurar la entrada definitiva del país al concierto capitalista internacional, a la vez en que mantuvo las disidencias políticas relativamente acalladas ya sea por la coacción violenta o por medio de favorecimientos.

El monumentalismo del Centenario (1910)

En el marco de los festejos del Centenario se fortaleció en el país, principalmente en la Capital Federal, un pensamiento urbano-arquitectónico destinado a erigir edificios y esculturas de carácter monumental. Esa concepción tuvo el fin pedagógico bastante preciso de consolidar en los espacios urbanos de gran circulación de personas los valores que se buscaba afirmar como los formadores por excelencia de la Nación y de la “argentinidad”. Así, más allá de indicar los precedentes formales e institucionales que fueron empleados dos décadas después por los impulsores de la Comisión Nacional del Monumento al Tte. Gral. Julio A. Roca (1935) las estrategias conmemorativas adoptadas en 1910 importan aquí en la medida que fundamentaron el corpus ideológico de aquella. Es decir, los monumentos a Roca son entendidos en cuanto consecuencia del monumentalismo inaugurado en el aniversario de la Nación, exigiendo una breve revisión de ese momento.

A fines del siglo XIX Buenos Aires era la ciudad más urbanizada de la Argentina. Con las reformas urbanas iniciadas por Torcuato de Alvear (1880-1887), el paisaje del centro político había cambiado definitivamente: la renovación del sistema de infraestructuras, la creación de un nuevo sistema de parques y plazas, los palacetes eclécticos y los lujosos hoteles de la Av. de Mayo habían borrado la imagen colonial de la “Gran Aldea” para consolidar a Buenos Aires en el imaginario social argentino como una capital moderna y refinada.

Asimismo ella se había convertido en puerto de entrada para millones de inmigrantes provenientes de Europa y, hacia 1910, era la metrópoli más poblada de Latinoamérica, superando largamente a São Paulo y a la Ciudad de México, en el mismo periodo^[5]. Ese flujo inmigratorio intenso y concentrado funcionó como contrapunto de la “ciudad moderna” de Alvear en la medida en que agravó los índices de pobreza, provocando la rearticulación de muchos de los barrios ya consolidados y condicionando, por ende, las estrategias institucionales de desarrollo de la Capital Federal^[6]. Hacia esos años, los llamados “conventillos” se convirtieron en el tipo de vivienda más común entre la población extranjera, que pasó entonces a ocupar masivamente las regiones central y sur de la ciudad en un proceso todavía inédito de expansión del área edificada. Y, si bien ese proceso favoreció a los intereses especulativos de la aristocracia porteña, también motivó el desarrollo de una serie de gremios y movimientos sociales que evidenciaron la segregación urbana y colocaron los conflictos de clase en su lugar más visible: el espacio público (Gutman & Hardoy, 2007; Gorelik, 2004).

De ahí que, en vísperas de la celebración oficial del Centenario, las transformaciones modernizadoras de la capital llamasen la atención en las tensiones sociales en aumento: las protestas callejeras organizadas mayoritariamente por extranjeros anarquistas —como la huelga de inquilinos de 1907 y la marcha obrera del 1º de Mayo de 1909— venían en desarrollo a la par de la formación de bandas civiles de tendencia nacionalista dispuestas a recurrir a la violencia^[7], y de una opinión pública cada vez más crítica del denominado “cosmopolitismo”^[8].

Los extranjeros se han convertido en esos años, así, en la metonimia obvia de los nuevos conflictos sociales. Para algunos escritores vinculados al naciente “nacionalismo cultural”, cuyos principales exponentes en esos años fueron Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez^[9], Buenos Aires materializaba todo aquello que la sociedad tradicional había perdido: los edificios art déco, el paisajismo inglés, los modernos boulevards del centro, la babel caótica que ellos escuchaban por las calles, todo se vinculaba directamente a la sensación de disgregación social, a la pérdida de la identidad nacional y al crecimiento de las “clases peligrosas”.

La restauración nacionalista (1909/2010) de Ricardo Rojas fue, en ese sentido, uno de los escritos que mejor ha reflejado el clima dominante hacia las celebraciones. Publicado por él en la condición de funcionario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el informe señalaba la preocupación de los intelectuales nacionalistas por las estrategias de homogenización que podrían ser aplicadas por el Estado para solucionar el “problema del inmigrante”. Entre otros puntos, Rojas observaba que la enseñanza cívica de una población tan heterogénea, que poco o nada sabía sobre los revolucionarios de Mayo, la literatura nacional y, no raras veces, sobre el propio idioma castellano, dependía no solamente de un plan de estudios formal, sino también de formas simbólicas capaces de articular efectivamente historia y cotidiano:

la historia no se enseña solamente en la lección de las aulas: el sentido histórico, sin el cual es estéril aquélla, se forma en el espectáculo de la vida diaria, en la nomenclatura tradicional de los lugares, en los sitios que se asocian a recuerdos heroicos, en los restos de los museos, y hasta en los monumentos conmemorativos, cuya influencia sobre la imaginación he denominado la pedagogía de las estatuas. Pero éstos son elementos didácticos extraños a la escuela, bien que todo gobierno esclarecido deberá también utilizarlos en la formación de la nacionalidad. Dentro del aula, el maestro los aprovechará con frecuencia, pero de acuerdo con el plan que el Estado le imponga (Rojas, 1909/2010: 221).

Rojas recién regresaba de un viaje a Europa en donde había podido observar el rol cívico y documental que había ganado la arquitectura histórica y monumental durante el siglo XIX. En contraste, las escasas referencias conmemorativas a los miembros de la Primera Junta y el descuido sufrido por los locales históricos que habían sido palco de la lucha independentista, como el edificio del antiguo Cabildo y la propia Pirámide de Mayo, eran motivo de preocupación para él y otros intelectuales nacionalistas, como Leopoldo Lugones^[10], para quienes la tarea nacionalizadora dependía directamente de una postura más rígida del Estado en todos aquellos espacios donde la diversidad pudiera emerger y amenazar los valores formadores de la “argentinidad”.

No es que el escrito de Rojas haya representado una innovación en relación a todo aquello que, efectivamente, las comisiones encargadas de los festejos ya estaban desarrollando; más bien correspondió, según Gorelik (2004), a una expresión sintomática del balance historicista que se había iniciado ya en la década de 1880, pero que se generalizó hacia el Centenario^[11]. Aún así, lo novedoso de su opinión acerca del papel pedagógico de las estatuas fue el haber explicitado esa sistematización de las prácticas de la memoria como política pública de valoración de la identidad nacional, la cual enmarcó la tendencia monumentalista en esta y en las décadas siguientes.

En lo que concierne a los preparativos de la celebración, se puede decir por tanto, que el poder público tuvo la intención clara de reforzar, en la población en general y sobre todo en la población extranjera, la idea del ser nacional, lo que se reflejó en distintas propuestas de acción. A través del Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, se promovió la visita a museos y edificios históricos, se uniformizó en las escuelas los ritos vinculados a la celebración de las efemérides y se instauró el saludo diario a la bandera. A través de la Comisión Nacional del Centenario formada en 1907, se organizaron y se centralizaron los eventos conmemorativos a realizar en los espacios urbanos, entre ellos, cinco exposiciones internacionales y una serie de monumentos donados al país por colectividades internacionales^[12]. Al mismo tiempo, la intendencia municipal continuó con el plan de reformas paisajísticas y de infraestructura urbana de la Capital, enfocándose sobre todo en la construcción de la Plaza del Congreso, la cual finalizaba el eje monumental formado por la Avenida de Mayo desde la Plaza de Mayo, y que había sido pensado ya en la intendencia de Torcuato de Alvear para ser el eje monumental por excelencia de la ciudad.

Asimismo, como forma de equilibrar la clara preferencia de la Comisión del Centenario por la zona norte de la ciudad, en donde se concentraron gran parte de los monumentos donados y todos los pabellones de exposición, el Consejo Deliberante de Buenos Aires promovió el masivo renombramiento de calles y plazas e inauguró sus propios monumentos en homenaje a los miembros de la Primera Junta, eligiendo para eso el vector formado por la Avenida Rivadavia al sur, en dirección a los barrios mayoritariamente obreros.

Pese a las concepciones distintas de conmemoración defendidas por el Consejo Deliberante y por la Comisión del Centenario^[13], sea como solución pedagógico-nacionalista al “cosmopolitismo” o como celebración del Progreso y de la Nación, lo cierto es que 1910 se ha caracterizado en términos urbanísticos por una apuesta general en el espacio público como lugar central de la construcción de sentidos sobre la identidad argentina. En ese sentido, si los modernos pabellones expositivos buscaron transmitir al gran público el entusiasmo de las élites nacionales ante la modernidad, las tecnologías industriales y el progreso científico, sanitario y material del país (Gutman, 1999), el elogio a los próceres de Mayo respondió más bien a las inquietudes educativas tendientes a construir una conciencia nacional que abarcase también a los extranjeros y sus primeros descendientes nacidos en suelo argentino (Espantoso Rodríguez et. al, 1995).

Empero, más que incrementar sustancialmente el número de estatuas en los espacios públicos, el Centenario implicó cambios subjetivos relevantes. Según Gorelik (2004), la estatuaria fundamentó, a partir de aquel momento,

una suerte de alegoría de gran representatividad de los conflictos políticos o sociales: desde el humor de las revistas ilustradas, que a medida que se acerque la fecha apelará crecientemente a la figura del monumento para satirizar los temas de la política cotidiana, hasta las polémicas ideológicas en las revistas literarias. El monumento parece el modo socialmente más efectivo para tomar partido, a la vez que es indispensable tomar partido sobre los monumentos porque esta vez, como vimos, finalmente se están construyendo (Gorelik, 2004: 207).

Con ello, el Estado desde sus distintas jurisdicciones pasó a centralizar definitivamente la decisión sobre quiénes o qué era pasible de representación monumental. Consecuentemente, las memorias e identidades vinculadas a la formación nacional se concretaron y homogenizaron en los espacios públicos, explicitando ante las clases dominantes el potencial comunicativo-pedagógico de los monumentos y consolidándolos como signos potentes del orden. Las ceremonias de colocación de las piedras fundamentales, por ejemplo, se tornaron eventos públicos importantes y disputados por intendentes, que encontraron allí una herramienta simbólica capaz de asegurarles status político. Finalmente, se incrementó la cantidad de comisiones de homenaje, ya sean públicas o particulares, que pasaron a demandar junto al poder público nuevos reconocimientos, produciendo una verdadera difusión de figuras patrióticas.

Primeras propuestas de homenaje a Roca (1925-1926)

15 años separaron las festividades del Centenario de la primera propuesta oficial de construcción de un monumento en homenaje a Roca, ocurrida en 1925. El general se había retirado de la vida pública en 1904 tras entregar la banda presidencial al también conservador Manuel Quintana (1904-1906) e irse a vivir en Francia con la familia. Según J. A. Ramos (2013), ya por esa época se observaba el debilitamiento político de Roca en cuanto articulador de los intereses oligárquicos; era asimismo cada vez más evidente la división interna del Partido Autonomista Nacional (PAN) entre aquellos que, como Roca, defendían el mantenimiento del caudillismo político y de las prácticas corrientes de fraude electoral, y los que, como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, creían que la introducción de reformas graduales en el sistema electoral era la mejor solución para contener una escalada más drástica de los conflictos políticos y sociales.

Esa tensión se sostuvo durante todo el mandato presidencial de Manuel Quintana (1904-1910)^[14], culminando en la ascensión del ala “pellegrinista” al gobierno nacional con Roque Sáenz Peña (1910-1914) y, poco tiempo después, la aprobación de la Ley Sáenz Peña (Ley Nº 8.871/1912) de sufragio universal masculino, secreto y obligatorio.

Para Ansaldi (2000), la ley permitió la formación de un sistema de partidos más competitivo que “hizo posible el pasaje de la hegemonía organicista a la hegemonía pluralista, proceso rápido en el que la nota dominante fue la continuidad del carácter burgués de la hegemonía” (Ansaldi, 2000: 25), eso en un momento en que la gradual estabilización de la población inmigrante produjo la conformación de una clase media urbana diversificada y con demandas propias por participación en el sistema político nacional.

Mientras tanto, en 1914, aún durante la presidencia de Sáenz Peña, Roca había regresado al país decidido a pasar sus últimos años de vida en su estancia La Argentina; a los pocos meses, sin embargo, falleció en la ciudad de Buenos Aires víctima de un ataque de tos mal curado. Su inesperada muerte a los 71 años fue largamente seguida por los periódicos conservadores La Nación y La Prensa, quienes lamentaron despedirse del “último de los próceres vivientes” (Valko, 2013: 68); el PAN perdía su principal articulador y también la hegemonía política: las siguientes elecciones presidenciales venció el opositor Hipólito Yrigoyen (1916-1922) de la Unión Cívica Radical (UCR), poniendo fin al Estado oligárquico e inaugurando un periodo de 15 años de gobiernos democráticos que ejercieron los radicales. En ese contexto, el PAN se disolvió definitivamente.

De modo que algunas cuestiones llamaban la atención en la década del 1920, cuando aparecieron las primeras propuestas de monumento para el ex presidente. Con Yrigoyen se delineó una reforma social fundamentada en la distribución de la renta agraria en la que, sin alterar la estructura agropecuaria y exportadora, llevó a una participación más expresiva de “aquellos que hasta aquél momento habían estado excluidos de los derechos cívicos y de las ventajas económicas que podía facilitar una política nacional” (J. A. Ramos, 2013: 162). Como resultado, al fin de su mandato, una tendencia popular de masas animaba el electorado de la UCR, haciendo que el radicalismo se interpretara desde sectores sociales muy diversificados como fueron los ganaderos menores más vinculados al mercado interno, los peones rurales, hijos de extranjeros y criollos nacidos en la Capital, la pequeña burguesía urbana, los universitarios, etc^[15].

Empero, esa ampliación relativa de la participación popular en el sistema de decisión política se acompañó por innumerables fracturas partidarias que dificultaban la función representativa de los partidos tradicionales (Ansaldi, 2000). En otras palabras, si había crecido el número de votantes después de 1912, eso se ha dado de forma paralela al debilitamiento de las instituciones a través de las cuales la sociedad civil podía expresar sus demandas ante el Estado:

el radicalismo —y en particular el yrigoyenismo durante el sexenio 1916-1922— gobernó en un contexto caracterizado por una ambigüedad, por una institucionalización perversa del conflicto político-social: en efecto, el Poder Ejecutivo fue controlado por una fuerza democrática con fuerte base popular urbana, mientras el Poder Legislativo tenía una composición caracterizada por la mayoría democrática (a partir de 1918) en la Cámara de Diputados y la mayoría oligárquica, con poder de veto, en la Cámara de Senadores. Por primera vez, las relaciones entre ambos poderes expresaban fuerzas sociales y políticas diferentes, incluso contradictorias. Los sectores oligárquicos de la burguesía argentina, con fuerte base estructural rural, tenían una sobrerrepresentación que les permitía convertir al Parlamento en su principal trinchera institucional de oposición al reformismo, diluyendo la capacidad y potencialidad transformadora de éste (Ansaldi, 2000: 28).

En ese sentido, es significativo que en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen —y a pesar de los esbozos de una política más favorable a los sectores medios y obreros— ocurrieran movimientos emblemáticos tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político. El vertiginoso incremento de las huelgas obreras (que en el año 1919 contabilizaron más de 300 mil trabajadores) y la supuesta ineficiencia del gobierno federal para resolverlas a favor de los “intereses nacionales” tuvieron como reacción contraria la formación de grupos civiles y paramilitares de ultraderecha que, con extrema violencia, pasaron a actuar al lado de la policía para reprimir “con mayor eficiencia que los regulares” a obreros, huelguistas, anarquistas e inmigrantes, principalmente aquellos de origen judío (Schiller, 1999).

De esos grupos se destacó la Liga Patriótica Argentina (LPA), que se instituyó en 1919 bajo la presidencia provisional del almirante Manuel Domecq García (después sustituido por Miguel Carlés). La LPA congregó a miembros de los grupos Orden Social y Guardia Blanca, los cuales pocos días antes habían actuado en la violenta represión de la huelga de trabajadores de los Talleres Vasena en Buenos Aires^[16]. Participando también de las masacres de La Forestal (Santa Fe) y de la Patagonia Trágica (Santa Cruz), ambas de 1922, la Liga Patriótica se estructuró como fuerza de choque permanente durante los años del gobierno radical (1916-1930), no solo incitando el odio hacia extranjeros y maximalistas, sino también provocando la muerte y desaparición de muchos de ellos, independientemente de su participación en gremios u organizaciones anarquistas consideradas subversivas (Schiller, 1999; Silva, 2011).

Si bien el análisis pormenorizado de la crisis política de los años 1920 escapa a los objetivos de esta investigación, los aspectos aquí mencionados —la disgregación del PAN, las limitaciones del poder ejecutivo en manos de la UCR, la radicalización de la protesta obrera y el desborde del aparato policial-represivo hacia las esferas civil y paramilitar— nos sirven de base para esclarecer las premisas que hubo detrás de esas primeras iniciativas monumentalistas.

Es decir, hacia ese periodo se agravó la sensación de disgregación social ya manifiesta por los sectores medios y las clases dominantes durante los preparativos del Centenario. Y, si en la esfera social eso ha resultado en la violencia xenófoba mencionada, en el plano simbólico se expresó en cierta tendencia a rescatar otros personajes históricos más allá de los próceres de Mayo que también representasen públicamente los valores culturales de la “argentinidad” y de un Estado nacional sólido, unificado y próspero. Completados 10 años de la muerte de Roca, el espectro político liberal-conservador seguía sin una figura con las habilidades de articulación y con la relevancia política del fallecido ex presidente, de modo que no suena del todo sorprendente que empezaran a surgir en ese momento las primeras propuestas para homenajearlo públicamente.

Aún así, nos inclinamos a pensar que el impulso memorialista de Roca se fecha a mediados de la década del 20, no sólo como un síntoma nostálgico de la elite conservadora, sino como reflejo, en la esfera de lo simbólico, del desgaste que la democracia liberal inaugurada en 1916 ya empezaba a experimentar.

Seguimos especialmente a Ansaldi (2000), quien sostiene que la hegemonía pluralista de la burguesía durante los años de gobiernos radicales (1916-1930) tendió a expresarse a través de asociaciones burguesas, colectividades de inmigrantes e incluso de la “‘aristocracia’ obrera” que, al mediar las negociaciones entre la sociedad civil y el Estado, acarrearon

un fortalecimiento de la sociedad civil en una dirección corporativista que no contribuyó a uno simétrico de la democracia política. La ineficacia de los partidos y del Parlamento para actuar y ser reconocidos como mediadores en la relación social sociedad civil-Estado fue acompañada por el contrario incremento de la mediación corporativista. Dicho de otra manera: la doble lógica del sistema político argentino —mediaciones políticas partidaria y corporativista— generó un comportamiento adicional muy significativo, cual es la generalización de una cultura política golpista, referida no sólo al clásico golpe de Estado sino extensible y extendida a procedimientos en el seno de instituciones de la sociedad civil. La cultura política golpista no es otra cosa que un conjunto de prácticas para resolver toda o cualquier diferencia o conflicto mediante la expulsión, la fractura o escisión de los disidentes, sin capacidad de procesar una y otro a través de reglas definidas y efectivamente acatadas [itálico nuestro] (Ansaldi, 2000: 41).

En nuestra interpretación, la recuperación discursiva de Roca en ese momento reflejó la negativa de importantes sectores de la elite nacional (sobre todo aquellos vinculados al PAN y a los intereses agrícola-ganaderos) en resolver los conflictos resultantes de la diversificación política dentro del juego corporativista-democrático inaugurado en 1916, caracterizándose, en ese sentido, como un ejemplo simbólico relevante de la visión política autoritaria que estructuró esa “cultura política golpista”.

En 1925, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), se hizo la primera moción oficial para realizar un monumento en conmemoración a Roca. Fue el senador por la provincia de Corrientes Evaristo Pérez Virasoro (Partido Liberal de Corrientes) quien presentó ante la Cámara un proyecto de ley con ese fin. En su discurso destacó la necesidad de perpetuar públicamente la memoria del ex presidente a quien todavía no se había realizado ningún homenaje público más que su propio mausoleo en el cementerio de la Recoleta. La justificación del proyecto recuperaba de Roca “la obra fecunda de sus dos presidencias históricas [1880-1886 y 1898-1904], que ensancharon el crédito moral y material del país y determinaron verdaderas conquistas en el orden de la legislación civil y en todas las esferas del progreso colectivo”. Pero destacaba sobre todo las hazañas del general durante la “Conquista del Desierto” de 1879, momento en que él “desaloja al salvaje de las vastas regiones que asolaba y entrega estas mismas a la labor pacífica en cuya virtud tanto han crecido la riqueza pública y la riqueza privada”, solucionando con ello “un problema más que secular, en nombre de la civilización argentina, y para hacer una completa verdad de su independencia y de su dominio esencial en toda la extensión del territorio patrio” (senador Virasoro, citado por Comisión Nacional, 1941a: 14-15).

Finalmente, advertía la pertinencia de la memoria de Roca para las futuras generaciones, recordándole a los legisladores que había sido el único presidente hasta aquél momento en “regir en dos periodos completos los destinos nacionales, haciendo obra duradera aun sobre los sobresaltos de la anarquía, peores a veces que los del malón” y habiendo encontrado el medio de “salvar a un tiempo la dignidad del país y su tranquilidad y su progreso” (senador Virasoro, citado por Comisión Nacional, 1941a: 15).

Aunque el proyecto del senador Virasoro no fue aprobado^[17], lo hemos citado aquí no solamente porque fue la primera iniciativa formal de institucionalización de la memoria del ex presidente sino, y principalmente, porque reivindica a Roca en tanto “conquistador del desierto” y “pacificador de la república”. Esta apreciación no era una voz aislada, por el contrario, fue repetida en diversas ocasiones en las décadas siguientes, señalando así un fenómeno social más amplio que desvela el proceso de identificación de Roca con la consolidación del Estado Nacional. Una identificación, vale decir, hoy todavía vigente en los argumentos a favor de la presencia de las estatuas de Roca en los espacios públicos originalmente destinados.

De hecho, un año después, por ocasión de la Asamblea Patriótica organizada en 1926 en el teatro Prince George’s Hall —salón de bastante prestigio entre la élite intelectual porteña— el coronel Teófilo T. Fernández se valió de que allí se reunirían importantes familias de la aristocracia capitalina para lanzar públicamente la Comisión Provisoria Pro Monumento al General Roca^[18]. El objetivo era presentar a un gran número de posibles interesados el proyecto original del senador correntino y luego discutir un nuevo plan de homenajes públicos al ex presidente. Uno de los oradores de la noche^[19], el escritor Leopoldo Lugones, dejó claro en su discurso el mensaje político anhelado:

Hagamos en lo posible y lo mejor que podamos, desde luego, que este último día de mayo sea por justo merecimiento, el día de Roca. Y que lo sea, siquiera para remediar de tal forma el error, no menos deplorable por generoso, de iniciar el Mes de la Patria con la adopción de un fasto extranjero [referencia a las conmemoraciones populares del 1º de Mayo], destinado a negarla y escarnecerla en el odio de la confusa gente de las sectas, cuyo primer ensayo de rebelión tocóle precisamente domar a aquel mismo que con eficacia infalible impuso siempre a la anarquía interna o importada, el estricto freno de la fuerza y de la ley (Lugones, citado por Comisión Nacional, 1941a: 43)^[20].

En ese momento Lugones ya coqueteaba abiertamente con el fascismo, lo que se traslució en palabras bastante inflamadas y duras hacia el sistema político democrático y a los ideales de libertad, justicia y consciencia individual, considerados por él inferiores a la Nación:

De tal suerte que, si en un conflicto de consciencia, el ciudadano prefiere el principio abstracto, la patria lo obliga a proceder como ella quiere o lo castiga hasta con la muerte. Porque la patria es también superior a la consciencia. Y lo es, a causa de que constituye, no una abstracción, o si se quiere una norma moral como aquellos principios, sino una realidad viviente, impuesta ante los demás mediante un continuo acto de fuerza (Lugones, citado por Comisión Nacional, 1941a: 46).

Más allá de la simpatía de Lugones hacia Roca (a quien conoció personalmente), en la voz del escritor se evidenciaba que la defensa del monumento era sobre todo el elogio contundente de la nación y de un modelo de Estado fuerte y centralizador que fuese capaz justamente de resguardar los valores nacionales en un momento en que las ideologías internacionalistas (el anarquismo y el comunismo, principalmente) eran consideradas una amenaza a la Paz y a la Unidad argentinas.

Utilizándose palabras más amenas, por razones corporativistas, los discursos del cnel. Teófilo T. Fernández y del gral. Alonso Baldrich se centraron en las hazañas militares de Roca, con especial énfasis en la “Conquista del Desierto”. En continuidad con el pensamiento positivista decimonónico, la “Conquista” fue entonces exaltada como la victoria definitiva de la civilización sobre la barbarie, del trabajo agrario sobre la violencia improductiva del malón indígena, de la prosperidad nacional sobre el desierto:

una misión eminentemente civilizadora y nacionalista realizaron, pues, y deberán realizar todavía, las armas de la Nación, en los territorios lejanos, precediendo y amparando al trabajo fecundo, mediante el cual resultará más rica, fuerte y respetada la Patria que ellas escudan, y más efectiva que nominal en todas sus proyecciones, la soberanía nacional en aquellas latitudes (gral. Baldrich, citado por Comisión Nacional, 1941a: 35-36).

Finalmente, la postura enérgica de Roca frente al movimiento obrero^[21] y su reconocida habilidad de negociar acuerdos políticos diversos —los cuales han neutralizado temporalmente los intereses particulares de las fuerzas partidarias actuantes en el interior del Estado durante las últimas décadas del siglo XIX— fueron retomadas por los oradores como ejemplos de una estrategia exitosa para la creación del Estado Nacional fuerte que había sido el “modelo de una paz ejecutiva, fructífera, poderosa” (cnel. Fernández, citado por Comisión Nacional, 1941a: 22).

Para la Comisión Provisoria, el gral. Roca simbolizaba el progreso, el orden y la disciplina según la cual los intereses de la nación se sobreponían a todos los demás. Siguiendo una lógica similar a la ya presentada en las conmemoraciones del Centenario, los discursos de 1926 denotaron un carácter evidentemente reactivo, que tuvo entre sus principales motivaciones ideológicas la desconfianza hacia la población inmigrante —identificada con la izquierda— en cuanto elemento de desorden y amenaza a la paz nacional.

José Sebreli (apud. Schiller, 1999) interpretó ese sentimiento xenófobo como de la misma matriz del odio racial que había motivado la oligarquía nacional en contra del mestizo en el siglo anterior. Pero, para el autor, si en aquella ocasión el estímulo a la inmigración “blanca”, europea, ha sido una de las soluciones encontradas para “combatir” el mestizaje, en el momento que el inmigrante mismo pasó a revelarse un dinámico elemento de agitación social, el odio se volcó hacia él. Como ya hemos visto en las polémicas hacia el Centenario, también los inmigrantes, en la condición de elemento exógeno, representaban una amenaza potencial a la supuesta “argentinidad”.

Si pensamos esa hipótesis de Sebreli para el caso del monumento a Roca, la referencia insistente que se hizo sobre la “Conquista del Desierto” tanto del senador Virasoro (1925) como de la Comisión Provisoria (1926) se elucida no solamente por el innegable rol político y económico que ella ha desempeñado en el proceso de organización nacional, sino también en cuanto símbolo de una acción fundamental para el proceso mismo de aseveración del Estado Nacional en cuanto lugar de la civilización, del territorio unificado, de la estabilidad política y de una sola identidad social. Esa vinculación estrecha que se hizo entre un acto simbólico como es la edificación de un monumento y un proyecto político socialmente excluyente se evidenció, finalmente, en el cierre del discurso de Lugones:

La estatua de Roca! Qué cosa más hecha sobre el pedestal de medio país reintegrado por su espada, y en el bronce de aquel cañón de la patria con que asentó el subteniente de Cepada sus primeros martillazos de constructor. Así, en la persona de ese contemporáneo, se verá que la cepa de Mayo retoña siempre vivaz. Padres de la Patria y Constructores de la Nación, todos proceden de igual linaje. A él pertenecerá igualmente el que esperamos. El que nos dé la patria limpia y hermosa del orden y de la fuerza. El extirpador de demagogos. Y conforme a la exigencia de esta hora histórica, el nuevo jefe, el otro general (Lugones, citado por Comisión Nacional, 1941a: 53).

La llegada del “otro general” ya ganaba forma en los altos círculos del ejército; 4 años más tarde, en septiembre de 1930, José Félix Uriburu comandó el golpe militar que puso fin al segundo mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen (1928-1930), instaurando entonces los trece años de gobierno de la República Conservadora (1930-1943)^[22]. Se iniciaba un periodo de sucesivos fraudes electorales y de fuerte represión que enmarcó “el comienzo de una larga secuencia de inestabilidad política en un contexto frecuentemente no democrático” (Ansaldi, 2000: 49), en el cual la crisis económica en el centro del capitalismo se soldó finalmente con la crisis del modelo agrario exportador argentino, desencadenando un proceso más amplio de crisis del propio modelo liberal (Ansaldi, 2003).

Mientras tanto, la Comisión Provisoria de 1926 se disolvió sin que el proyecto se concretizara. Tal como el proyecto de Virasoro, no hallamos datos precisos que aclaren su término, sin embargo creemos que entre las razones para el fracaso figuraron la ausencia de apoyo de los bloques formados por el Partido Socialista, la UCR y la UCR-Antipersonalista en la Cámara de Diputados, así como la propia turbulencia política del país en el periodo que se extendió de las elecciones presidenciales de 1926, los dos años de gobierno de Yrigoyen, el estallido de la crisis internacional de 1929 y el golpe de Estado. Fue recién en la presidencia de Agustín P. Justo (1932-1938) y su vicepresidente, Julio A. Pascual Roca, hijo del homenajeado, con un Congreso más alineado al oficialismo, que surgieron nuevas propuestas monumentales.s

La oficialización de la Comisión Nacional (1935)

Las propuestas monumentalistas de los años 1930 se distanciaron con ello del optimismo hacia el futuro que había marcado las conmemoraciones oficiales de 1910 y, en cierta medida, también las primeras propuestas que analizamos en el acápite anterior. Para Lenton (2012), la monumentalización de Roca después del golpe reflejó los esfuerzos por recuperar, en medio a la crisis económica, una figura clave del liberalismo decimonónico, a quien se vinculaba gran astucia política y, también, indudable prestigio militar. En ese sentido, la Comisión reflejó los esfuerzos de la élite por legitimar las fuerzas armadas como grupo de poder en el interior del Estado.

Una década después del primer proyecto de ley pensado para homenajear a Roca, en junio de 1935 se presentó ante la Legislatura un nuevo texto, de autoría colectiva, que pidió un monto de 300 mil pesos para la construcción de un monumento que sería ubicado en la Capital Federal. Al mismo tiempo, pero independiente de esa propuesta, una nueva Comisión Provisoria se formalizó en el interior del Círculo Militar por iniciativa del almirante Manuel Domecq García (quien, citamos anteriormente, había sido uno de los fundadores de la Liga Patriótica Argentina) la cual contó con el apoyo directo del presidente y, naturalmente, del vicepresidente Julio Roca (h).

Ambas propuestas argumentaban que Roca había fallecido sin que se le hubiese realizado un homenaje público. Sin embargo, distinto al de Comisión Provisoria de 1926, el proyecto de 1935 no se caracterizó como reacción directa al orden político establecido, con lo cual, los impulsores de la propuesta se hallaban en franca consonancia, sino como elemento esencialmente celebrativo. Los discursos se refirieron, así, a Roca como antecesor directo del gobierno de Justo y buscaron establecer una serie de similitudes entre el pasado roquista y el militarismo que caracterizó la República Conservadora. Entre las palabras elogiosas, predominaron aquellas que ponían a Roca como “prototipo de lo que ha sido, como elemento civilizador en este país, el elemento militar” (Comisión Nacional, 1941a: 95), aunque se destacaron asimismo otras que subrayaban su carácter civil, ya que Roca había pertenecido “al selecto núcleo de los militares afortunados que prefirieron, por la nobleza intrínseca de su conciencia, trocar el laurel guerrero por la palma, más esquiva, del triunfo de las grandes lides cívicas” (Comisión Nacional, 1941a: 87).

Como fórmula general, el tono combativo presente en el discurso de Lugones en 1926 se sustituyó por palabras más conciliadoras. Roca dejó de ser el “extirpador de demagogos” para convertirse en el gran diplomático que “afianzó la paz externa, convirtiendo los pueblos rivales en pueblos hermanos; y realizó en el gobierno la política de administración que el país exigía, buscando y obteniendo la conciliación de los espíritus y la colaboración de Mitre” (Comisión Nacional, 1941a: 82).

Civilizador, progresista, educador y conciliador: casi todos los discursos proferidos en la ocasión de la defensa formal del proyecto de ley de 1935 utilizaron en alguna medida esas palabras. Lo mismo la bancada socialista —aunque con reservas en cuanto al personalismo implicado en la forma de homenaje elegida— se sumó a la iniciativa, admitiendo la importancia que el ex presidente había tenido en la construcción y consolidación nacional. Por ende, fue en un clima de consenso general en torno a la figura de Roca que el Poder Ejecutivo nacional oficializó la “Comisión Nacional del Monumento al Tte. Gral. Julio A. Roca” por medio del Decreto Nº 67.391/1935 y de la Ley Nº 12.167/1935^[23], con Domecq García como presidente y Justo como “presidente honorario”^[24]. Entre las atribuciones definidas por las dos normativas, se dio a la Comisión Nacional autonomía total para realizar los trámites que juzgase necesarios para la construcción del monumento: crear subcomisiones, realizar concursos públicos, contratar a los escultores, etc., quedando a cargo del Poder Ejecutivo solamente la decisión final sobre la ubicación del monumento.

Se decidió un presupuesto final de 350 mil pesos para el total de las tareas a su encargo —monto considerado alto para la época—. Finalmente, se determinó que ese presupuesto debería emplearse no sólo para la construcción del monumento en la Capital Federal sino también para la compra de la casa natal del general en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con el fin de transformarla en un museo biográfico. Esa última decisión se alteró en 1938 (Ley Nº 12.565) pues, tras evaluar la casa de Tucumán, la Comisión juzgó que como ya había sufrido demasiadas modificaciones y había perdido las características históricas decimonónicas era mejor destinar el dinero de la compra de la casa (cotizada en 70 mil pesos) para la construcción de un monumento a Roca también en esa ciudad, a ser inaugurado en 1943, en el aniversario del natalicio del General.

Con ello, la Comisión Nacional asumió un posicionamiento más abarcador en lo que se refirió a la gestión de la memoria oficial de Roca, lo cual excedió con el paso de los años su propuesta original e incluyó asimismo una serie de otras realizaciones importantes como fueron: a) el financiamiento y construcción de otros tres monumentos al ex presidente, en San Carlos de Bariloche (1941), Río Gallegos (1941) y San Miguel de Tucumán (1943); b) la inauguración de placas conmemorativas y c) la contratación de especialistas para organizar un meticuloso archivo histórico sobre la vida pública y hazañas de Roca^[25], factores que sin duda contribuyeron para la construcción de las memorias hegemónicas en torno al general.

El monumento de la Capital Federal

Definidas las atribuciones de la Comisión Nacional, se iniciaron las tareas propiamente materiales y espaciales a su encargo, de las cuales nos interesa subrayar dos en especial: la elección del sitio en donde se ubicaría y la forma final del monumento.

Como era común de procederse con los monumentos conmemorativos, se convocó a un concurso público para el año de 1935. En el edicto pudimos observar la preocupación de los realizadores por proyectar una imagen noble del ex presidente, la cual se reflejó en la preferencia por el uso de materiales de alta durabilidad, como el mármol o el bronce, bien como en la presencia obligatoria de la estatua ecuestre, considerada entonces la forma más digna para retratar a un héroe militar (Viñuales, 2004); ya el tema y la altura final del monumento se quedaron a cargo de cada artista postulante.

En el concurso participaron artistas nacionales y extranjeros, muchos de ellos de gran prestigio social en la época. Las maquetas presentadas eran bastante diversificadas y, pese a los proyectos estéticamente más osados como el presentado por los italianos Lucio Fontana y Luciano Baldessari^[26], la elección final de los jueces fue favorable a la obra del escultor uruguayo José Zorrilla de San Martín y del arquitecto argentino Alejandro Bustillo, en estilo neoclásico. Aunque Fontana lamentó la elección “lastimosa” de un “conjunto de cosas tan mediocres” (Viñuales, 2004: 142), subrayamos que el neoclásico fue el estilo en boga a principios del siglo XX en Francia, siendo identificado por la aristocracia porteña como un estilo refinado, noble y moderno, en suma, de los más adecuados para el homenaje propuesto^[27].

Además, la elección de los jurados se explica más allá de las supuestas preferencias artísticas de cada uno. Zorrilla y Bustillo eran artistas bastante conocidos en la región rioplatense: mientras el primero ya contaba con una gran producción de estatuas ecuestres antes de presentarse al concurso, Bustillo había ganado notoriedad en el país después de proyectar la arquitectura del famoso Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario. Se optaba, por tanto, por los cánones clásicos emblemáticos de la modernidad europea para homenajear un personaje decimonónico vinculado a la formación del moderno Estado nacional. Es decir, la Comisión no quería una representación contemporánea de Roca; era más bien el fundador definitivo de la Nación —una especie de padre simbólico de la República Argentina—, a quien se quería inmortalizar en el bronce.

Concomitantemente a la elaboración del edicto, la Comisión también preparó un minucioso estudio de posibles ubicaciones para el monumento, el cual se presentaría posteriormente al Poder Ejecutivo para su decisión final. Esa decisión fue el motivo de mayor polémica al interior de la Comisión Nacional y también en las negociaciones de ésa con otras esferas del poder público, como la Intendencia Municipal (quien era la responsable de las virtuales reformas viales y remociones edilicias que el monumento exigiría), siendo, en efecto, una de las principales razones por las cuales la obra tardó casi 6 años en inaugurarse.

Es decir, para que la estatua tuviese el impacto anhelado, según la Comisión, debía “ocupar un lugar destacado, ya que la acción del ilustre militar y mandatario lo señala como a uno de los grandes argentinos que han realizado una obra provechosa para el país y sus relaciones continentales” (Comisión Nacional, 1941a: 145). Para tanto, interesaba que ella fuera instalada dentro de la región central, en donde sabidamente siempre existiría un gran flujo de personas y la estatua se identificaría así más fácilmente con el centro de decisiones políticas del país. Sin embargo, encontrar en la densa masa edificada del centro porteño un sitio que agradase a todos los miembros de la Comisión y asimismo demandase gastos no muy exagerados en la compra, desalojo y la probable demolición de las edificaciones circundantes no se mostró una tarea sencilla.

FIGURA 1. Las ubicaciones indicadas en el estudio encargado por la Comisión Nacional: 1) la manzana ocupada por el Museo Argentino de Ciencias Naturales y por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, en el cruce de la av. Diagonal Sur y la calle Perú; 2) la manzana cortada por la av. Diagonal Sur entre las calles Perú y Chacabuco; 3) el cruce de la av. Diagonal Sur con las calles Belgrano y Piedras; 4) manzana del antiguo Palacio Miró (demolido en 1937), en la continuación de la plaza Lavalle; 5) la plaza Gelly y Obes, con la Facultad de Derecho de fondo; 6) los jardines del Paseo Colón, al frente del edificio de la Aduana. La Comisión evaluó económicamente posibles solamente las opciones 1, 4 y 6. Fuente: Foto aerea de Google Maps © editada por la autora.

FIGURA 2. El sitio elegido, en el eje vial de la av. Pres. Julio A. Roca (Diagonal Sur) con las calles Alsina y Perú. Fuente: foto aerea de Google Maps © editada por la autora.

En el primer estudio encargado, cuatro de las seis ubicaciones consideradas se acercaban a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo —escenarios históricos de la Revolución de 1810 (véase la figura 1)—. Sin embargo, a la fuerza simbólica de esa ubicación se contrapuso una mancha edificada bastante densa y vertical que dificultaba enormemente la elección de un marco que fuese realmente capaz de destacar el monumento a ser construido. Era necesario, por tanto, buscar perspectivas favorables y, al mismo tiempo, que implicasen gastos menores en las expropiaciones de predios y edificios.

De modo que al momento de publicarse el edicto del concurso apenas se había decidido por la instalación provisoria del monumento sobre el eje longitudinal de la recién creada av. presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur), que además de llevar el nombre del homenajeado también obedecía a los criterios de centralidad deseados por la Comisión, ofreciendo una “perspectiva magnífica, de modo que no sería necesario preparar el marco para la estatua” (Comisión Nacional, 1941a: 144). Empero fue recién en 1937 (dos años después del concurso y luego de largos debates) que la Comisión se decidió por la actual ubicación del monumento en el cruce de la av. Diagonal Sur con las calles Alsina y Perú.

Aún así hubo inconvenientes con esa ubicación. Era necesario expropiar y demoler algunas construcciones de las manzanas contiguas al futuro monumento, entre ellas el antiguo Museo Argentino de Ciencias Naturales y un “comercio menor”, privado, cuya compra y demolición tardó hasta mediados de 1940 para concretarse. Ese dato, aparentemente de menor relevancia, indica, sin embargo, en nuestra opinión, la opción consciente de la Comisión Nacional por el factor lugar sobre el factor tiempo. En otras palabras, era preferible posponer varias veces la fecha inaugural que relevar el local elegido para el monumento^[28].

No obstante todas las dificultades que en aquél entonces aún necesitaba solucionar, en abril de 1937, la Comisión Nacional realizó la ceremonia de colocación de la piedra fundamental, de la cual participaron los miembros de la Comisión y personalidades ligadas al gobierno de Agustín P. Justo. En la ocasión, el presidente buscó destacar una vez más el carácter conciliador de Roca. Recordó a los presentes de las disputas políticas en las cuales el general se había involucrado antes y durante sus dos gobiernos, y también de las duras críticas que había sufrido de parte de adversarios políticos importantes como había sido el ex presidente Bartolomé Mitre, subrayando la capacidad de Roca de sobreponerse a esas críticas y realizar acuerdos que beneficiasen los supuestos intereses de la Nación. En una especie de advertencia a los críticos de su propio gobierno, Justo mencionó asimismo que el reconocimiento a Roca por parte sus adversarios había sido posterior a su salida de la presidencia y había resultado en su inmortalización como héroe nacional. En ese sentido, el monumento recordaba el “fracaso de quienes condenaron la obra del gral. Roca con pomposas declamaciones y pretendieron luego asegurar el imperio de la soberanía popular por el peligroso camino del desenfreno demagógico” (P. Justo, citado por Comisión Nacional, 1941a: 204).

Un tono muy parecido marcó, años más tarde, los festejos por la inauguración oficial del monumento realizada a 19 de octubre de 1941 —a 27 años de la muerte de Roca—, fue un gran evento. Periódicos como La Nación y La Prensa anunciaron el evento en diversas notas publicadas en los días previos, como para garantizarle la visibilidad anhelada. También se acuñaron medallas conmemorativas con la efigie del general, se organizó un gran desfile militar con representantes del Ejército, Marina y Aviación, y hablaron en público (formado mayormente por miembros del ejército, familias de la élite porteña y la casi totalidad del Poder Legislativo) no solamente los miembros de la Comisión y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también soldados, académicos (entre los cuales disertó como representante de Universidad de Buenos Aires el decano de la Facultad de Derecho, Clodomiro Zavalía), enviados especiales de todas las provincias y los embajadores de Brasil, Chile y Uruguay.

Los discursos se han enmarcado en la exaltación de las cualidades militares de Roca y sus habilidades en transformar un país entonces en vísperas de una guerra civil en una nación sólida y próspera. En su totalidad, la “Conquista del Desierto” figuró como gesta civilizatoria y como el punto de inflexión decisivo en la carrera de Roca, siendo rememorada como uno de los puntos más importantes de su biografía política. Sin embargo, de todas las prédicas nos interesa retomar la que fue preparada por el presidente Roberto M. Ortiz^[29] (1938-1942), quien aludió a ejemplo de su predecesor Agustín P. Justo a las polémicas políticas en las cuales se involucró Roca. En concordancia con el clima bélico de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), M. Ortiz exaltó la capacidad diplomática de Roca para realizar acuerdos de paz duraderos con los países vecinos. Y, frente al cuestionamiento de la propia idea de civilización que el conflicto mundial trajo, las palabras de M. Ortiz identificaron Roca con un liderazgo sólido que supo promover el orden y la paz interna, garantizando la soberanía nacional frente a la “amenaza anarquista” y a otras disidencias políticas:

Se propuso terminar con el desorden, los alzamientos de caudillos, la inercia administrativa, el obstruccionismo político, las reyertas de facción, la improvisación y el derroche. Los medios de que se valió tal vez no fueran siempre inobjetables y quizá podrían discutirse. Pero lo cierto es que durante sus gobiernos en la república hubo orden y paz, trabajo, justicia y prosperidad (M. Ortiz, citado por Comisión Nacional, 1941a: 237).

Si tomamos la inauguración del monumento como síntesis de la narrativa hegemónica construida alrededor del gral. Roca, podemos concluir que fue esencialmente como representación de los ideales modernos de Civilización, Trabajo, Orden y Progreso que la Comisión Nacional buscó consolidarlo en el imaginario social argentino.

Vale resaltar que más allá de principios abstractos, nos referimos con esos ideales a un proyecto político y económico bastante específico. La Civilización, el Trabajo y el Progreso eran interpretados en función de la “Conquista del Desierto” y aludían, por antonomasia, a la expansión de la producción agraria hacia las llanuras patagónicas a fines del siglo XIX a cargo de los grandes estancieros. Por ende, el elogio al Orden se refirió sobre todo al régimen oligárquico, en donde la participación política se restringía a unos pocos “ciudadanos de bien”.

Durante el acto inaugural, en las tribunas de honor montadas en la av. Diagonal Sur figuraron antiguos políticos del PAN y del gobernante Partido Conservador, miembros del Círculo Militar y de la Liga Patriótica, además de nombres de peso de la Sociedad Rural Argentina, en suma, apellidos destacados de la elite militar-oligárquica nacional, entre los cuales podemos citar: Larreta, Avellaneda, Saavedra, Alvear, Lavalle, Casares, Lugones, Baldrich, Schóo Lastra, Estrada, Drago Mitre, Navarro Viola, Dellepiane, Videla Dorna, Quintana, Madero, Ramos Mejía, Castex, Madariaga, Deheza, etc. Asimismo los registros fotográficos muestran la predominancia, entre los presentes, de representantes de las fuerzas armadas, mientras que los curiosos y demás interesados (no tan numerosos) se mantuvieron alejados del grupo selecto de invitados de honor por una barrera policial. El monumento reflejaba y confirmaba, de esa manera, los intereses de clase excluyentes que le habían impulsado. Era como si Roca se estuviese dirigiendo desde el alto pedestal directamente a quienes habían sido sus aliados históricos entre los militares y la vieja oligarquía, quedando el pueblo reducido a un observador a la distancia.

FIGURA 3. Desfile militar en el acto inaugural, el 19 de octubre de 1941. Fuente: Comisión Nacional (1941a)

El monumento en su lugar: posibles lecturas

El monumento ecuestre a Roca se erigió a 200 metros de Plaza de Mayo. El conjunto escultórico se compone por dos alegorías laterales y, en el centro, la estatua ecuestre, todos en bronce; se destaca al elevarse más de 5,5 metros del piso sobre un pedestal de granito. Se trata, aún hoy, del monumento escultórico más alto de la ciudad —y, también, de los más centrales—.

La arquitectura propuesta por Bustillo obedece a los cánones neoclásicos todavía bastante valorados por la élite porteña en la década del 1930 y da al conjunto una gran sobriedad. También la estatua ecuestre pensada por Zorrilla de San Martín guarda una expresión “concentrada y tranquila, mesurado el gesto, como fue su aspecto exterior habitual” (Comisión Nacional, 1941a: 187). En ella, Roca usa el uniforme de teniente general y la banda presidencial.

FIGURA 4. Vista general del monumento a Roca, en donde se observan su proporción y altura en relación al entorno edificado. Fuente: fotos de la autora, sacadas en enero de 2014

Las alegorías también poseen una expresión serena y han sido realizadas para recordar los grandes hechos de la vida militar y política de Roca. La delantera representa la Paz Continental: es la imagen de la Patria Argentina armada, concentrada y tranquila, cargando en una de las manos un escudo y en la otra una lanza en la cual se enreda un ramo de olivo, signo de la paz. La parte trasera representa el Desierto Patagónico “conquistado para la Patria, la civilización y el trabajo” (Comisión Nacional, 1941a: 187). Es asimismo una figura femenina vestida con el gorro frigio —símbolo de la unidad republicana— que lleva en una de las manos la bandera nacional y en la otra un arado, en donde se enredan cardos típicos de las llanuras pampeanas.

Básicamente, el conjunto narra el momento histórico en que Roca dejó de ser una figura militar para convertirse, definitivamente, en estadista. El Desierto conquistado, detrás de él, señala los primeros frutos de la “guerra contra el malón”: el trabajo agrario (simbolizado por el arado) sobre la naturaleza salvaje del desierto (el cardo). Frente al general, la Patria indica la paz deseada: externamente, los acuerdos de paz firmados con Brasil y Chile formalizaron finalmente la soberanía argentina sobre el territorio e, internamente, la federalización de Buenos Aires^[30] puso un punto final en las guerras civiles que habían marcado las primeras décadas de la República.

En cuanto a la localización del conjunto, ya mencionamos las dificultades que hubo en su elección. El monumento se ubica sobre el eje longitudinal de la av. Diagonal Sur, que fuera diseñada en el inicio del siglo XX para aumentar la cantidad de accesos directos a la Plaza de Mayo y, también, para dotar la ciudad de un aire más “moderno”, capaz de romper la monotonía del damero histórico. A lo largo de la avenida y alrededor del monumento se encuentran destacados edificios institucionales: el antiguo Cabildo —escenario de la Revolución de 1810—, la Manzana de las Luces, el antiguo edificio del Ministerio del Trabajo —donde hoy funciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)— y, finalmente, el edificio de la Legislatura de la Ciudad, casi delante del monumento.

FIGURA 5. Alegorías a la Paz Continental (superior) y al Desierto Patagónico (inferior). Fuente: fotos de la autora, sacadas en enero de 2014

La opción por la diagonal no se hizo, por tanto, simplemente por sus cualidades en términos de perspectiva y marco urbano. Se sabía que este sería siempre un punto de gran circulación de personas y, también, que allí se concentrarían grandes aparatos administrativos e institucionales del país. De hecho, hasta hoy esta es un área de flujo intenso y de diversas actividades, reuniendo cotidianamente a estudiantes (dada la cercanía del Colegio Nacional de Buenos Aires), turistas, funcionarios públicos y, también, legisladores. Asimismo por su conexión con la Plaza de Mayo, se tornó palco de muchas marchas y protestas a lo largo del siglo XX.

El espacio monumental no ha sido diseñado ni se caracteriza, sin embargo, como un espacio de permanencia. La vereda ovalada donde el conjunto escultórico está ubicado es angosta y alrededor suyo circulan muchos coches durante todo el periodo laboral. La propia escala de la obra indica que ella ha sido proyectada para observarse a lo lejos, desde las veredas laterales y a partir de la perspectiva abierta por la diagonal hacia la Plaza de Mayo, lo que le da un aire de autoridad intocable.

Ya citamos anteriormente que la elección definitiva de la ubicación del monumento ha sido un tema cuidadosamente debatido entre los miembros de la Comisión Nacional; fue el discurso inaugural de Manuel Domecq García, presidente de la Comisión, lo que mejor aclaró las razones urbanas y paisajísticas por detrás de esa decisión por ende a su intención discursiva y simbólica:

Está en la cima de la colina de la Plaza de Mayo, pues existe una diferencia de nivel de cuatro metros entre la intersección de esta Avenida con la calle Belgrano, en donde al principio de pensó ubicarlo, y además está colocado en el cruce de la calle Alsina, la calle de los Alsinas, —apellido prócer— donde falleciera el gran Ministro Don Adolfo Alsina, el principal propagador de la idea de la “Conquista del Desierto”. El eje de esta avenida tiene una orientación hacia el Sudoeste del mundo; y si desde el centro del Monumento trazáramos una línea imaginaria de algunos cientos de kilómetros, llegaríamos con muy pocos grados de diferencia en el rumbo, a la confluencia de los dos magníficos ríos Limay y Neuquén. El primero, el desagüe natural del grandioso lago de Nahuel Huapi, y el segundo, el colector de los deshielos de la imponente cordillera andina que nos separa de la gran nación amiga: Chile. Ambos ríos forman el magnifico y caudaloso Río Negro, el padre de los ríos patagónicos (Domecq García, citado por Comisión Nacional, 1941a: 243-244).

En resumen, a espaldas de la estatua de Roca no se encuentra simplemente la alegoría del Desierto, sino la propia dirección geográfica que indica la campaña militar que llevó a Roca a ocupar en 1880 el puesto máximo de presidente de la nación. Y, en frente, no se ve apenas la alegoría de la Patria, sino la propia Casa Rosada, ocupada por él en dos ocasiones.

El monumento de San Carlos de Bariloche

La idea de inaugurar un monumento a Roca en Bariloche ha surgido casi al mismo tiempo que los proyectos comandados por la Comisión Nacional para el monumento de Buenos Aires. Empero, como veremos adelante, aun existiendo una importante correlación entre ambas iniciativas, ellas se han desarrollado de forma paralela y con relativa independencia una de la otra. En el caso de la ciudad patagónica, la iniciativa competió casi exclusivamente a Exequiel Bustillo, quien ha sido una figura clave del desarrollo urbano local en los años 1930 y sin el cual no se puede comprender la consolidación del imaginario hegemónico sobre Roca en esa ciudad y sus especificidades.

Presidente de la Dirección de Parques Nacionales —cargo, vale decir, que ocupó desde 1934 hasta 1944, en una coincidencia casi perfecta con los años de la Restauración Conservadora— Bustillo no escondía su simpatía por Roca ni el desprecio político hacia Yrigoyen. De hecho, era bastante cercano al Partido Conservador de Buenos Aires (formado después de la fragmentación del PAN), inclusive, fue diputado nacional por dicho espacio entre 1924 y 1927. En ocasión del golpe militar de José F. Uriburu, estando en la agencia del periódico La Nación en la ciudad de París, escribió:

celebramos el acontecimiento con una comida en los altos de Fouquet. Entre los concurrentes —flor y nata de la oligarquía— recuerdo a: Benito Villanueva, César González Segura, Aarón Anchorena, Dionisio Schoó Lastra, Ricardo Green, Luis Castells y varios otros. Hubo brindis y caras muy alegres, porque se sentía felicidad, en ver que al fin se había derrocado uno de los peores y más retrógrados gobiernos de la historia nacional (Bustillo, 1999: 25-26).

Una vez de regreso a Argentina y bastante optimista ante las posibilidades políticas abiertas con la renuncia de Yrigoyen, Exequiel Bustillo viajó a la Patagonia en donde, tras maravillarse con el paisaje, compró tierras y tomó conocimiento de los graves problemas de infraestructura de la región, principalmente en relación al Ferrocarril Sur, cuyas obras habían sido abandonadas en 1925 a solamente 75 km de la entrada de Bariloche. Según cuenta el mismo Bustillo en el libro biográfico El despertar de Bariloche, en 1932 se valió de sus contactos personales al interior del Círculo de Armas, “cuyos socios más destacados habían vuelto a la acción pública después de la revolución del 6 de septiembre y ocupaban ahora posiciones en el Parlamento y en el gobierno” (Bustillo, 1999: 79), para encontrarse con el presidente Justo y discutir el tema del ferrocarril, lo que acarreó su asignación, poco tiempo después, a la Dirección de Parques Nacionales^[31].

Vale recordar que históricamente el desarrollo de la región se vinculó a la actuación de Ezequiel Ramos Mexía como Ministro de Obras Públicas y Agricultura en los gobiernos de Roca (1898-1904), Quintana (1904-1906), Figueroa Alcorta (1906-1910) y Sáenz Peña (1910-1914), es decir, se vinculó directamente al proyecto de nación sostenido por la República Oligárquica. En ese período, la zona cordillerana circundante del lago Nahuel Huapi fue objeto de atención del gobierno nacional gracias a sus recursos naturales, belleza paisajística y la fácil comunicación con las tierras trasandinas (factor que le había convertido de a poco en hinterland de los puertos del sur de Chile), así como debido a la escasa presencia de colonos argentinos frente a los extranjeros de origen europeo y, principalmente, chileno.

En el marco de las políticas de poblamiento de la zona, Ramos Mexía promulgó entonces la Ley de Fomento de Territorios Nacionales (Ley Nº 1559/1908), que pretendía acelerar la integración de las tierras norpatagónicas al restante del país mediante un fuerte intervencionismo del Estado y la construcción de una red de ferrocarriles que uniese la costa a Bariloche; un plan que se vio limitado, sin embargo, con la progresiva pérdida de fuerza política del PAN y la consecuente ascensión de los gobiernos radicales (1916-1930), momento en que el Estado dejó de fomentar los planes de colonización prescriptos en la ley. Así, cuando el golpe de Estado de 1930 instauró el nuevo régimen conservador, la creación de la Dirección de Parques Nacionales a cargo de Bustillo significó no solo el retorno de la intervención estatal en las zonas de frontera, sino también la puesta en marcha de una nueva política de territorialización de la Patagonia en el marco de la exacerbación de los nacionalismos impulsada por el régimen conservador.

Bustillo puso en evidencia en El despertar de Bariloche su preocupación en promover a través de la Dirección de Parques Nacionales la “argentinización” de un territorio que, desde su punto de vista, estaba mal integrado al restante del país y en riesgo de perder su soberanía por el expansionismo chileno. Sin embargo, más que sus aspectos geopolíticos, aquí nos interesa explorar las operaciones discursivas-ideológicas desplegadas por él entre 1934 y 1944, las cuales fueron, en nuestra opinión, esenciales al entendimiento del proceso de consolidación del imaginario social hegemónico sobre Roca en la ciudad de Bariloche.

Seguimos particularmente al historiador Navarro Floria (2008), para quien Bustillo reprodujo en la práctica como presidente de Parques Nacionales los lineamientos generales del plan de desarrollo de Ramos Mexía, al mismo tiempo en que se asumió discursivamente como el continuador de la obra de conquista y territorialización de la región norpatagónica iniciada por Roca en 1879 —una postura que debe ser comprendida a partir de “una serie de lecturas superpuestas acerca de la historia nacional y regional y de su [Bustillo] vinculación personal y de clase con esa historia”—. De modo que

La argentinización suponía para él tanto la construcción de una infraestructura material como la legitimación de sus iniciativas mediante su vinculación simbólica con una genealogía de prestigio y la construcción de la memoria social local. El entroncar su política con la de la oligarquía gobernante antes de 1916 suponía tanto el propósito de reconquistar –reconociendo como su ancestro nada menos que al general Roca- como el de definir los actores sociales de la gesta del Estado-Parque: deschilenizar en perjuicio de muchos de los pobladores originarios; aristocratizar en beneficio de su círculo inmediato, el de la alta sociedad porteña. El programa se completa con la imposición de una estética y una ética: europeizar el lugar y su actividad paradigmática, el turismo (Navarro Floria, 2008: 3).

Bustillo se valió de que las condiciones políticas en Europa ya no facilitaban el turismo de las clases altas argentinas como en las décadas del 1910 y 1920, y que crecía, por tanto, la demanda interna de nuevas opciones de veraneo, para proponer un plan turístico para Bariloche. Típico hijo de la aristocracia porteña y, por tanto, detentor de sus valores simbólicos, Bustillo empezó un plan para “hacer, pues, de Bariloche una ciudad de rasgos típicos, con cierta gracia arquitectónica y con algo de europeo. Una de esas pintorescas ciudades de montaña que son el encanto de Suiza y del Tirol” (Bustillo, 1999: 201).

Como mencionamos con Navarro Floria, la “turistificación” concebida por Bustillo tuvo como ejes principales la atracción de nuevos colonos argentinos (preferentemente entre la aristocracia), la expulsión o limitación de tierras a los colonos de origen chileno (muchos de ellos indígenas) y la europeización del paisaje mediante reformas urbano-arquitectónicas.

En relación a los intentos de “aristocratización” y “deschilenización”^[32] mencionados por el autor, se puede decir que la Dirección de Parques Nacionales cumplió un papel dual en relación a los habitantes y tierras localizados dentro de su jurisdicción: fue bastante permisiva cuando se trató de ceder tierras a vecinos prestigiosos -a quienes eran otorgados títulos de propiedad-, y estricta en el cumplimiento de las normativas cuando eran indígenas o chilenos en general -a quienes se entregaba, cuando mucho, los llamados “Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje”. En los hechos, Bustillo destinó las mejores tierras en torno del Nahuel Huapi a amigos y otras personas pertenecientes a su red social y de poder. Uno de los casos más ejemplares de esa actuación fue la compra con fondos públicos de los lotes XII y XIII de la antigua Colonia Pastorial Nahuel Huapi^[33], a las cuales dotó antes que al restante de los lotes de comunicación por tierra y telégrafo; luego, organizó a fines de 1935 una excursión con amigos de la alta sociedad porteña al final de la cual

cada uno de mis huéspedes, maravillados con aquel paraíso, acabó por adquirir su pequeño lote de tierra para levantar algún día su residencia veraniega. Ésta era mi obra de zapa, mi trabajo de hormiga, quizá uno de los más trascendentes y del que más me enorgullezco en la actualidad. Porque poblar aquello con argentinos, que con su capital y su presencia fuesen consolidando nuestra soberanía, no dejaba de ser la más efectiva acción a que estaba llamada la institución que me honraba en dirigir (Bustillo, 1999:183-184).

Sin embargo, Navarro Floria (2008) señala que reducir esa política doble de desplazamiento de la población originaria y atracción de grandes propietarios de la aristocracia porteña solamente a la figura de Bustillo sería recortar y simplificar la forma como se dio la segregación social y urbana de la región. El autor recuerda, en ese sentido, que ya en los primeros años del siglo XX, la Dirección Nacional de Tierras y Colonias en diversas inspecciones realizadas ha expresado su preferencia por los inmigrantes europeos frente a los considerados chilenos,

no solamente en el plano retórico sino también mediante la práctica administrativa de otorgar títulos de propiedad a los compradores argentinos, europeos o norteamericanos de tierras fiscales –que se consideraban vacías aunque no lo estuvieran en realidad—, y negar el mismo tratamiento –otorgando permisos precarios o parciales— a los pobladores originarios (Navarro Floria, 2008: 8).

Más que responsabilizar a Bustillo por la política segregacionista que enmarcó a las ciudades patagónicas bajo la jurisdicción de la Dirección de Parques Nacionales (Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, principalmente), aquí nos interesa indagar en qué medida ese accionar se reflejó en los valores que él ha buscado materializar en el Centro Cívico, con el monumento a Roca ocupando allí el lugar de máximo relieve —y, en consecuencia, buscar allí las raíces de los conflictos sociales que caracterizan las disputas alrededor del monumento en esa ciudad en la actualidad, tema del tercer capítulo de esta tesis—.

Una vez que los esfuerzos por aristocratizar y transformar Bariloche en polo turístico nacional pasaba también por el desarrollo de un plan urbano que cambiase el paisaje semirural de la ciudad en la anhelada “Suiza argentina”, Bustillo debió implementar un ambicioso plan de reformas que incluyó desde elementos básicos —como el sistema de agua corrientes, el servicio de cloacas y la pavimentación de calles— hasta el proyecto de rutas, avenidas costaneras y edificios públicos de arquitectura sobresaliente, entre los cuales se distinguen en el paisaje la Catedral Metropolitana (en estilo neogótico), y el lujoso Hotel Llao Llao (imitando la arquitectura de los chalets Suizos), ambos de autoría de Alejandro Bustillo, hermano de Exequiel. Empero, fue el arquitecto Ernesto Estrada quien presentó a Bustillo el proyecto edilicio que impulsó definitivamente la urbanización local y ha dado al centro de la ciudad la “postal” que ése necesitaba: era el proyecto del Centro Cívico, una plaza seca definida por un conjunto de edificios públicos en estilo normando, todo ello construido con modernas técnicas de hormigón armado, empero revestidos de piedra volcánica y ciprés, que se compone hasta hoy por la Biblioteca Municipal, el Museo Histórico, la Municipalidad, el Correo (actual Consejo Municipal) y la Policía:

Estrada se apareció una mañana en mi despacho, desplegando un plano, que representaba su primer trabajo. Era nada menos que el proyecto del Centro Cívico. Un conjunto de edificios públicos que precisamente se necesitaban en Bariloche, con una armoniosa plaza en su centro y que el todo constituía una masa arquitectónica concebida con arte y gracia, que sin duda entraba por los ojos (Bustillo, 1999: 213).

El proyecto era ambicioso y demandaba un presupuesto que la municipalidad local no poseía. Fue como solución a ese problema que Bustillo concibió entonces “la idea que podría significar el triunfo”: instalar en el centro de la plaza una estatua del general Roca:

No es que el Centro Cívico fuese construido para servir de marco a la estatua del gral. Roca, ni mucho menos. Tampoco ésta se levantaba para complementar aquella realización arquitectónica. Pero no hay duda —como ya he explicado— que ambas ideas nacieron asociadas, como si al satisfacer la necesidad que este Centro Cívico venía a llenar, sirviese al mismo tiempo de decoración al gran homenaje que la Patagonia debía a quien había conseguido libertarla del indígena que la asolaba (Bustillo, 1999: 222).

Desde un punto de vista estrictamente material, la estatua de Roca significaba la posibilidad de conseguir fondos extras para el proyecto de construcción del Centro Cívico. Es decir, Bustillo ya se había enterado de la existencia de la Comisión Nacional en Buenos Aires y sabía que, siendo vicepresidente Julio Roca (h), un homenaje a su padre facilitaría la asignación de más fondos. Utilizando una vez más los contactos políticos y la amistad que tenía con miembros del Círculo de Armas, logró reunirse con el vicepresidente y negociar con la Comisión Nacional parte importante del presupuesto necesario para las obras^[34].

Empero, como mencionamos anteriormente, su actuación frente a Parques Nacionales se ha caracterizado por un proceso complementario de construcción material y de legitimación del espacio construido mediante su vinculación simbólica con la obra de conquista y territorialización iniciada por Roca en 1879. Siendo así, interpretamos su elección por homenajear a Roca también como la expresión más contundente de la identificación que él buscó promover entre su propia actuación y la oligarquía gobernante antes de 1916^[35]. Eso es aún más evidente si tomamos en cuenta un hecho histórico básico: la fundación de Bariloche y la conquista de la zona del Nahuel Huapi fue obra no de Roca, sino del gral. Villegas, quien continuó las campañas militares hacia el sur del Río Negro cuando Roca regresó a Buenos Aires para disputar la presidencia —un hecho que no era ignorado por Bustillo—:

Roca era quien había concebido y planeado la expedición. Tal como Julio César la conquista de la Galia sin ser por ello necesario que llegase al frente de sus legiones a los confines de la tierra conquistada. Eso sin tener en cuenta todo lo que hizo por la Patagonia y también por el país. De ahí el justo emplazamiento de su estatua, sin perjuicio de que alguna vez se levante también la del general Villegas, su colaborador, que siguió al frente del ejército en marcha, mientras Roca se retiraba para ocupar las altas posiciones que le permitieron prestar al país extraordinarios e inolvidables servicios (Bustillo, 1999: 227).

Finalmente, casi como la síntesis final de ese proceso de identificación entre la “turistificación”/poblamiento de Bariloche en la década de 1930 y la nacionalización de la zona norpatagónica por las campañas militares decimonónicas, Bustillo decidió inaugurar el monumento y el conjunto del Centro Cívico el 14 de enero de 1941, misma fecha en que se inauguraba el hotel Llao Llao y se iniciaba oficialmente la temporada de vacaciones de verano en la ciudad. La inauguración se hizo, sin embargo, con una comitiva bastante más modesta que la de Buenos Aires: pese a que estuvieron presentes tropas del ejército nacional y diversas personas del círculo de amistad de Bustillo, muchos de los cuales pretendían pasar el verano en la ciudad, la ceremonia fue sencilla. Los discursos fueron cuatro: de Daniel Amadeo y Videla (Ministro de Agricultura^[36], representando el Poder Ejecutivo), de Clodomiro Zavalía (representante de la Comisión Nacional), de Exequiel Bustillo y del Comisionado Municipal de Bariloche, Víctor Gonella.

Una anécdota narrada en El despertar de Bariloche es que el propio Julio Roca (h) no ha comparecido a la ceremonia valiéndose de la excusa de que “a ello me obliga la atención impostergable de numerosos asuntos de despacho en el Departamento a mi cargo” (Bustillo, 1999: 225). Empero, era del conocimiento de Bustillo que a él no le había gustado la estatua, en donde su padre se representaba, en sus propias palabras, como un “hombre viejo, cansado, vencido” (Bustillo, 1999: 224). Además, en 1941 los primeros resultados de la reforma urbana recién empezaban a mostrarse, de modo que a los ojos de la elite nacional Bariloche era todavía una pequeña localidad sin mucha importancia. En efecto, para Bustillo eso justificaba aún más la presencia del monumento en la ciudad: a la vez que vinculó simbólicamente a Bariloche al proyecto de nación concebido por Roca, la estatua también fue, en ese momento, un recordatorio a la dirigencia política de la Capital Federal de la necesaria labor de desarrollo local que él venía desempeñando en Parques Nacionales.

En ese sentido, en comparación con los discursos enunciados en la capital, aquí los temas locales y las dificultades aún vividas en la región fueron los temas más citados por la comitiva. El monumento se convirtió, sutilmente, en una especie de reclamo hacia el gobierno, a quien se acusaba de olvidarse de las tierras patagónicas y, por ende, de los frutos de la “Conquista del Desierto”. Se resaltó principalmente la importancia del trabajo agrícola para el país y la necesidad, todavía, de llevar adelante la ocupación productiva de aquel territorio mediante la atracción de nuevos pobladores, la inversión de recursos e infraestructura. Finalmente, con menos oradores de las fuerzas armadas, no se exaltó tanto el carácter militar de Roca, sobresaliendo más bien la imagen del estadista y civilizador. El propio Bustillo buscó caracterizarlo como “un pioneer, un colonizador, que como Cecil Rhodes [sic]^[37], explora buscando espacio para fundar con el trabajo del hombre la nación integral y fuerte que desde ese momento ha de gobernar toda su vida pública” (Bustillo citado por Comisión Nacional, 1941b: 44). Los esfuerzos que hizo Bustillo para transformar Bariloche en una “pintoresca ciudad de montaña” según los valores estéticos europeos han sido así respaldados por el simbolismo del colonizador-civilizador que tuvo en Roca y en la “Conquista del Desierto” su “punto-cero” de origen.

Si por sí mismo el giro hacia esa construcción del imaginario del colonizador, o sea, aquél que emprende el poblamiento del territorio, civilizándolo, era comprensible para una ciudad todavía incipiente como la Bariloche de los años 1930, vale decir que también terminó por conferirle un relato de origen bastante interesante. Pues, al enfatizar el proceso de colonización sobre la conquista militar, realizó una operación ideológica en que la guerra y la violencia hacia los indígenas que originalmente habitaban la zona fue matizada, terminando por eclipsar la presencia misma de esos pueblos preexistentes a la fundación de la ciudad de su memoria fundacional. Una versión de la historia que se ha reforzado a través de la construcción de una serie de edificios públicos emblemáticos, todos ellos inspirados en una visión bastante fetichizada de la arquitectura europea. Consecuentemente, en el imaginario social local se afirmaba la noción de Bariloche como la “ciudad europea”, “blanca”, que ha nacido en el medio del “desierto patagónico” por la voluntad civilizadora de Roca y que se ha desarrollado, después, gracias a la obra de Bustillo.

El monumento en su lugar: posibles lecturas

Desde el Centro Cívico tenemos una vista privilegiada del lago Nahuel Huapi, en relación al cual la plaza se encuentra en una topografía levemente elevada^[38]. Al este del conjunto está el eje formado por la av. Mitre, importante eje comercial y de servicios turísticos de la ciudad y, al oeste, siguiendo el eje formado por la actual av. Exequiel Bustillo, se desarrolla el sector hotelero que liga Bariloche a Llao Llao.

La estatua de Roca, bastante sencilla, representa al militar sobre su caballo; ambos tienen la apariencia cansada y postura desplomada como quienes, después de larga travesía, miran la obra de su esfuerzo. Desde el centro de la plaza, bautizada “Expedicionarios al Desierto”, Roca observa frontalmente al lago Nahuel Huapi y a la cordillera, de forma que el monumento señala, a la vez, la entrada del Parque Nacional —obra e iniciativa de Francisco P. Moreno, el principal científico de la expedición de 1879— y, al menos simbólicamente, la frontera con Chile, también ella resguardada por el general^[39].

FIGURA 6. Monumento al gral. Roca (izq.) y vista del monumento con el lago Nahuel Huapi a su frente (dir.). Fuente: fotos de la autora, sacadas en diciembre de 2012

Según Bustillo, la suma de 23 mil pesos donada por la Comisión Nacional de Buenos Aires no alcanzaba para pagar al escultor y el costo del material. Así, la fundición del bronce se quedó a cargo del Ministerio de Guerra “por gestión que hice personalmente ante el jefe del arsenal, general Rocco” (Bustillo, 1999: 223) y el pedestal lo dibujó ad honorem el hermano de Exequiel, Alejandro Bustillo, quien, hemos visto, fue también el autor del pedestal del monumento de Buenos Aires. Como escultor se eligió a Emilio J. Sarniguet, especialista en esculturas ecuestres y famoso por el monumento al Resero, ubicado en Mataderos (Buenos Aires), “un artista modesto, accesible, lleno de buena voluntad, que no sólo aceptó con orgullo nuestro ofrecimiento, sino que se contentó con el reducido honorario de que disponíamos” (Bustillo, 1999: 223).

El pedestal tiene cerca de 3 metros y sobre él está la estatua ecuestre casi en dimensiones naturales, con una altura total del piso de 4,5 metros aproximadamente. Si tomamos en consideración las dimensiones totales de la plaza seca —un rectángulo de 60 metros de largo y 20 metros de ancho— el Centro Cívico garantiza la vista sin obstrucciones del monumento a la vez en que ése se mantiene cercano a los transeúntes; por tanto, a diferencia de su correspondiente porteño, en Bariloche es posible establecer el contacto visual directo y en detalle del monumento en su totalidad. Asimismo, una vez que los edificios alrededor fueron concebidos para albergar actividades culturales y administrativas, la plaza se ha caracterizado desde su fundación por el continuo movimiento peatonal de turistas y habitantes, contribuyendo a que Roca se tornase una figura bastante familiar e indisociable del restante del conjunto restante.

Y, si en Buenos Aires el monumento tuvo que ser instalado en medio a una masa densa de edificios, aquí, por el contrario, la consolidación de la urbanización ha sido posterior a la gestión de Bustillo en Parques Nacionales y subordinada al plan paisajístico, urbano, arquitectónico y turístico entonces propuesto. Eso es un dato relevante pues vincula el monumento a una lógica de gestión espacial que se ha fundamentado en la gentrificación de las tierras próximas al Nahuel Huapi y, consecuentemente, en el desplazamiento de la población indígena y de bajo ingreso para barrios alejados del centro, muchos de ellos completamente ocultos a la vista de los turistas.

Desdoblamientos de la empresa monumental

Los monumentos a Roca de Buenos Aires y Bariloche tomaron, cada uno a su modo, el proceso de integración del territorio nacional ocurrido en el siglo XIX bajo la denominación de “Conquista del Desierto” como tema de los homenajes: en la Capital Federal, centro político del país y ciudad geográficamente distante de las fronteras nacionales, la “Conquista” figuró más bien como metáfora de la civilización victoriosa sobre la barbarie, del trabajo agrario sobre la tierra no productiva, de la aseveración del orden sobre la anarquía; ya en la todavía incipiente Bariloche de los años 1930, en donde las fronteras eran una preocupación central para la Administración de Parques Nacionales, la acción militar fue tomada en sus consecuencias más concretas, siendo que la labor colonizadora fue el principal elemento conmemorado.

Eso revela la vigencia en estos años del mismo andamiaje ideológico que sustentó el Estado Oligárquico decimonónico, cuando la noción de “territorio” funcionó como el elemento aglutinador que permitió el afianzamiento del programa civilizatorio moderno y su asociación al proceso de construcción nacional: “era necesario un factor de integración para que la heterogeneidad y ajenidad de los aportes se transformara en unidad y pertenencia, y para que lo circunstancial deviniera esencial. Ese elemento era el territorio” (Quijada, 2000: 382). Es decir, la exaltación de Roca era, también, el elogio de una operación ideológica sobre la construcción nacional que

eludió cualquier tipo de referencia a la consanguinidad —el mestizaje— e hizo depender la antigüedad y la esencialidad de la nación del territorio, único elemento capaz de definir tanto las condiciones de pertenencia a la nación como sus límites (Quijada, 2000: 382).

Lo novedoso de los homenajes realizados durante la “década infame” es que retomaron el imperativo decimonónico de “dominar, conquistar, colonizar” mediante la exaltación del ejército como institución responsable de la formación de la estatalidad en Argentina, explicando por qué las memorias públicas construidas en torno a Roca y la “Conquista del Desierto” en la década de 1930 se mantuvieron en boga sin cuestionamientos públicos hasta mediados de los 1990.

De igual manera, durante el primer gobierno del gral. Juan Domingo Perón (1946-1955), conocido por haber contrariado frontalmente los intereses de clase de la oligarquía conservadora que condujera al país en la “década infame” a través de la alianza con los sindicatos, el monopolio estatal del comercio exterior y una política de redistribución de recursos agropecuarios a la industria, las referencias a Roca siguieron reproduciéndose en la toponimia urbana según los relatos previamente consolidados por la Comisión Nacional; ejemplo de ello fue el renombramiento del Ferrocarril del Sud para General Roca (FGR) tras la nacionalización de la red de ferrocarriles entre 1946 y 1948. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos observado hasta 1943 (cuando se inauguró el último monumento por iniciativa de la Comisión Nacional en la ciudad de Tucumán), los homenajes subsiguientes no fueron parte de una política general concebida para ese fin, indicando más bien que el proceso de asimilación y naturalización del relato propuesto en los años 1930, como la versión histórica hegemónica sobre el gral. Roca había sido exitoso^[40].

De modo que entre las décadas de 1940 y 70 Roca dejó paulatinamente de ser debatido en los espacios públicos; las memorias hegemónicas sobre él siguieron reproduciéndose sin mayores cuestionamientos sobre todo en los planes escolares y, puntualmente, en notas de periódicos o en celebraciones al interior del Círculo Militar. Empero, en la década de 1970, en el marco de la más violenta dictadura cívico-militar de la historia del país, el Centenario de la “Conquista del Desierto” (1979) impulsó una nueva oleada de homenajes oficiales en las cuales Roca y las campañas militares decimonónicas volvieron a celebrarse públicamente como hitos emblemáticos de la formación del Estado-nación, mereciendo que indaguemos aquí algunos elementos.

En el 24 de marzo de 1976, ante la escalada de los conflictos sociales y la formación en la década de 1970 de importantes organizaciones armadas en las ciudades y en el campo^[41], las fuerzas armadas llevaron adelante un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela “Isabelita” Perón. Bajo la justificación de que se habían agotado “todas las instancias de mecanismo constitucionales” y no había más posibilidad de “rectificaciones dentro del marco de las instituciones”, las fuerzas armadas sostuvieron que la intervención militar era necesaria para “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”^[42] que amenazaban la nación. El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” impuso entonces el gobierno de facto de la Junta Militar encabezada por los tres comandantes generales de las fuerzas armadas —el gral. Jorge Rafael Videla (Ejército), el almte. Eduardo Massera (Armada) y el brig. gral. Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea)— dando inicio a un régimen dictatorial fuertemente represor que al fin de 7 años tuvo como saldo general la violación sistemática de los derechos humanos en el país a través de las prácticas clandestinas de secuestro —inclusive de recién nacidos—, tortura, desaparición y muerte de miles de personas^[43], todo justificado como parte de una “guerra a la subversión” que perseguía recuperar

Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional (Proclama del 24 de marzo de 1976).

Específicamente sobre la instrumentalización de las memorias roquistas hecha por la Junta Militar, es relevante cómo la propia denominación “Proceso de Reorganización Nacional” retomó explícitamente el período que desde la historiografía oficial se conoce como Organización Nacional —comprendido entre la derrota del régimen rosista en la Batalla de Caseros (1852) y el ascenso al poder de Julio A. Roca en 1880—, insinuando con ello que estaba entonces en marcha un proceso de restructuración y fortalecimiento de las instituciones estatales y de la sociedad con vistas a reconducir el país a los “tiempos áureos” de su consolidación: una vez más, un Estado militar recuperaba al gral. Roca como hito de la construcción nacional y padre simbólico de sus instituciones modernas.

Empero, fue sobre todo en el marco de los festejos del Centenario de la “Conquista del Desierto” marcados para junio de 1979 que esa correlación ganó su expresión más evidente. Según Vezub (2011), las fuerzas armadas buscaron en esa ocasión pensar las prácticas que acompañaron la expansión territorial del siglo XIX como un hito fundacional del mismo devenir que ellas clausuraban a fines del XX. Es decir, el gobierno de facto buscó vincular su Proceso de Reorganización Nacional a una percepción lineal de la historia que retomó como su antecedente lógico el proceso de estabilización del Estado Nacional llevado adelante por la Generación del 80. Eso en un momento en que las disputas fronterizas con Chile se habían reavivado y una fuerte campaña nacionalista animaba al país luego de la victoria argentina en el Campeonato Mundial de fútbol de 1978. Esto promovió un discurso celebratorio que, como señala Trímboli (2013: 3), más que cultivar la figura de Roca, se interesaba por identificar la “Conquista del Desierto” con “una gloriosa y trascendente gesta de todos los argentinos”.

De hecho, el plan de homenajes propuesto por el gobierno tuvo como uno de sus principales ejes la escenificación de los distintos actores que participaron en la “Conquista” —entre legisladores, militares, misioneros e indígenas— lo que se evidenció en la carta que el Ministerio del Interior envió a la provincia de Neuquén (elegida oficialmente como sede de las conmemoraciones) en octubre de 1978:

dar a las celebraciones un carácter solemne, sobrio y austero que expresen el justo homenaje del país al legislador, al militar, al misionero, al colonizador, a la mujer, al aborigen, y a todos aquellos que con su visión, esfuerzo y sacrificio posibilitaron el logro de tan significativa epopeya (carta del Ministro del Interior gral. div. Albano E. Arguindeguy, citada por Azconegui, 2011: 4).

Para cumplir esos objetivos, las conmemoraciones contaron con dos ceremonias clave: la marcha de jinetes que salió de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en la provincia de Río Negro —y que reproducía el camino de los expedicionarios de 1879—; y el acto nacional del 11 de junio de 1979, en esa misma localidad, con la presencia del presidente de facto, el gral. Jorge Videla (1976-1981). Allí, en el Parque del Centenario inaugurado para ese fin, se celebró una misa al aire libre y Videla, ante un público formado por representantes del gobierno federal y provincial, de autoridades eclesiásticas, civiles, militares y algunos pocos representantes de comunidades indígenas locales^[44], emitió un discurso en la condición de único orador, en el que reforzó la visión positivista-militar ya largamente explorada por la historia oficial. El homenaje a los expedicionarios fue reforzado también por la llegada de los jinetes y la presencia de numerosos efectivos militares vestidos con uniformes típicos de la época de la “Conquista” portando pabellones usados por distintos regimientos de la historia del país.

Al igual que el discurso de Justo en la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del monumento a Roca de Buenos Aires (1937), el gral. Videla subrayó en Neuquén los obstáculos al avance del Progreso y la Civilización con los cuales Roca se había enfrentado en su época, enfatizando la victoria sobre los “indios salvajes y extranjeros” como la gesta que había llevado el Orden a todo el territorio nacional. Con ello, tendió un puente en el que la lucha contra la “guerrilla apátrida” que había justificado el golpe de Estado de 1976 se convirtió en la nueva gesta necesaria para la aseveración de los intereses patrios. Como síntesis general, según Azconegui:

Videla no se apartó de la visión militar instalada por la historia oficial y centró su recordación en el avance de la civilización. El énfasis en la importancia de este proceso fue reiterado cuando rescató el rol de los militares, los sacerdotes, los maestros, los colonizadores e incluso el de los propios indígenas. Más allá de mencionar el temor generado con sus ataques, la figura del indígena fue recuperada de manera instrumental para enaltecer los beneficios de “la integración que les permitió acceder a la civilización y a la responsabilidad ciudadana”. Con respecto al presente, Videla asoció su régimen con los principios de la libertad, la moral y la justicia e instó a la ciudadanía a asumir su responsabilidad ineludible con la empresa encarada por el gobierno y apoyada por “aquellos que han antepuesto el interés general a sus conveniencias particulares” (Azconegui, 2011: 8).

A esa celebración que buscó escenificar y revivir simbólicamente hechos emblemáticos de la “Conquista” según la versión hegemónica de las FFAA se sumaron otras iniciativas en el ámbito escolar y académico, destacándose el Congreso Nacional de Historia sobre la “Conquista del Desierto” realizado en la localidad de General Roca (Río Negro)^[45] y la reedición de una serie de publicaciones sobre la expedición militar, muchas de las cuales habían sido compiladas inicialmente por la Comisión Nacional del Monumento al Tte. Gral. Julio A. Roca en 1940. También se produjeron obras en el ámbito mediático, como películas y la publicación de suplementos periodísticos, entre los cuales el más relevante fue seguramente el suplemento especial de Clarín —un total de 56 páginas dedicadas al tema y organizadas en artículos encomendados a especialistas de distintos campos del saber que buscaron abarcar el acontecimiento en su totalidad cultural, económica e histórica^[46]—. Finalmente, hubo una nueva política de homenajes públicos a la “Conquista del Desierto” y a Roca que involucraron desde una serie de cambios en la toponimia urbana hasta la inauguración en las principales ciudades del país de placas conmemorativas del Centenario.

En un balance general, las conmemoraciones de 1979 poco han agregado de informaciones nuevas a la visión hegemónica ya consolidada en las décadas del 1930 y 40 por la Comisión Nacional; más bien reprodujeron a través de una serie de analogías los relatos ya extensamente legitimados por la historia oficial dirigiéndolos a favor del discurso contrasubversivo que fundamentaba el régimen represor. Las condiciones específicas en que se ha dado la empresa monumental durante la década de 1930, en medio a la crisis económica y política de la Restauración Conservadora, determinó los aspectos de la vida pública de Roca que se anhelaba enaltecer: la ascensión militar rápida y una carrera considerada brillante; la “Conquista del Desierto” como hito civilizador responsable del desarrollo económico del país y la consolidación definitiva del territorio y unidad nacional; la pacificación interna y externa del país; el control en manos firmes de las tensiones sociales; la prosperidad nacional mediante el trabajo agrícola-ganadero.

Todos esos aspectos fueron retomados en mayor o menor grado en las conmemoraciones del Centenario de la “Conquista del Desierto” en 1979, insinuando con ello que hacia los años 1970 había en torno a Roca un amplio consenso dentro del imaginario social hegemónico respecto a su rol en la formación del Estado nacional en el siglo XIX y, también, de su lugar entre los grandes próceres de la nación. Empero, el propio carácter inaudito de la violencia desencadenada por el “Proceso” llevó a que esa imagen también se vinculara a una política represiva de Estado que se había fundamentado en el exterminio de todas las diferencias que pudieran presentarse como amenaza al orden nacional. El propio hecho de que Roca haya sido militar y presidente, y que las celebraciones más importantes que le hacen referencia hayan ocurrido en dos momentos en que las FFAA se configuraron como el principal grupo de poder en el interior del aparato político del Estado terminaron por vincular su figura inevitablemente a la imagen negativa que se empezó a construir en torno a los militares con la apertura democrática de 1983 —tema que será trabajado en el próximo capítulo—.

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