Elementos para una crítica socio-antropológica

Vincent Dubois

Introducción^[1]

Una parte importante de mi investigación sobre las políticas de fraude social en Francia consiste en un trabajo de campo etnográfico en el marco del cual observo los encuentros entre los beneficiarios sospechosos de haber hecho trampas y los inspectores que verifican su situación familiar, sus ingresos y su comportamiento general (Dubois, 2021). Los interrogatorios de los desempleados tienen lugar en el departamento de empleo local donde se los convoca, y se llevan a cabo en los domicilios de los beneficiarios para quienes reciben las prestaciones mínimas.^[2] Estos beneficiarios rara vez resultan ser los astutos estafadores descritos por los discursos políticos y mediáticos. Algunos de ellos juegan bastante bien el juego de la asistencia social: estos “protoprofesionales” (Swaan, 1988) pueden conocer los programas de asistencia social y los medios para obtener ayudas de ellos, pero, la mayoría de las veces, simplemente intentan llegar a fin de mes (Gustafson, 2011). Sin embargo, lo hacen de una manera que los agentes de la asistencia social suelen considerar irracional. ¿Por qué esta pareja compró un nuevo televisor de pantalla plana en lugar de pagar el alquiler atrasado? ¿Por qué este joven renunció a la pasantía que podría haberle llevado a un trabajo estable? ¿Por qué esta mujer de 50 años no se inscribió en la agencia de desempleo para recibir las prestaciones a las que tenía derecho? En otras palabras, ¿por qué los pobres no muestran un comportamiento económico “normal”?

Los denominados “tramposos de la asistencia social” o “ladrones de prestaciones” son etiquetados de tal manera no principalmente porque se piense que infringen la ley, sino porque se desvían de las normas sociales dominantes. Despiertan sospechas no sólo por sus posibles mentiras o prácticas ilegales, sino simplemente porque sus situaciones inestables, complejas o ambiguas no se ajustan a los requisitos estándar de los programas de asistencia social. Por definición, los criterios burocráticos fijos no dan cuenta de la realidad inestable y confusa de la precariedad social y económica. En consecuencia, los beneficiarios que experimentan las situaciones más precarias son también los más sometidos a vigilancia y los más sancionados. Esta es también la razón por la cual los investigadores de fraudes sociales no pueden limitarse a las normas legales que deben aplicar. Debido a la complejidad y fluidez de los casos que tienen que investigar, basan sus decisiones en su sentido común o, más precisamente, en categorías de percepción relacionadas con su habitus profesional y personal, que traducen a posteriori al lenguaje jurídico (Dubois, 2014). Los estereotipos personales de estos burócratas de la calle no contradicen necesariamente el programa político oficial (Lipsky, 1980), sino que forman parte de los recursos cognitivos utilizados para su aplicación. Para dictaminar sobre los casos de los desempleados que inspeccionan, los investigadores tienen, por ejemplo, que complementar el concepto mal definido de “búsqueda activa de empleo” con sus categorías nativas de las prácticas pertinentes para volver a trabajar.

Como sociólogo político, mi método consiste en combinar este trabajo de campo etnográfico a nivel de la calle con el análisis de la elaboración de programas políticos; en este caso, las políticas de vigilancia de la asistencia social. Para ello, utilizo un corpus de documentos de diversa índole, entre los que se incluyen instrucciones legales, informes institucionales y documentos políticos en los que se citan ampliamente los conocimientos económicos. Dichos documentos se refieren a los mismos beneficiarios de la asistencia social que encuentro sobre el terreno, pero relatan una historia totalmente distinta de la que presencio. Utilizan cifras y modelos estadísticos para retratar a un grupo cuyo comportamiento estratégico causa supuestamente y en cierta medida los problemas que padecen. Básicamente, el desempleo se debería en parte al hecho de que las personas prefieren seguir recibiendo asistencia social en lugar de volver a trabajar. La mayor parte de esta literatura especializada aboga por una mayor vigilancia sobre los pobres como incentivo coercitivo para trabajar con el fin de corregir tales actitudes. Escucho discursos similares cuando realizo entrevistas con responsables políticos, y recuerdo haber conocido a dos jóvenes funcionarios superiores del servicio de asuntos sociales y desempleo del Ministerio de Finanzas. Habían sido nombrados allí poco después de terminar sus estudios en la ENA (Escuela Nacional de Administración), que selecciona a la élite de los funcionarios del Estado francés cuya legitimidad se basa en las altas competencias que se les supone en los distintos ámbitos de la administración pública y los asuntos del Estado. Su conocimiento de la experiencia del desempleo se limitaba a las lecciones de economía que habían aprendido y a su lectura de la literatura económica dominante. Esto no dejaba lugar a dudas: la única manera eficaz de reducir el desempleo era combinar la reciente reforma, que introdujo nuevas limitaciones para los desempleados que reciben prestaciones, con el anterior sistema de escala móvil. Según ellos, era evidente que los individuos estarían más dispuestos a buscar un trabajo y finalmente a encontrarlo si sus prestaciones disminuían con el tiempo. Dado que esta idea en apariencia evidente ilustra convenientemente el concepto de un homo œconomicus que se comporta con arreglo a la maximización de su interés, idea que se les había repetido a lo largo de su educación superior, ello les pareció especialmente convincente.

Hay muy pocas posibilidades de que estos dos jóvenes funcionarios y los beneficiarios de la asistencia social que observo durante mi trabajo de campo se conozcan en persona. Pero, aun así, están conectados a través de las largas cadenas de interdependencia que se extienden desde las posiciones más elevadas del aparato estatal hasta las regiones más desfavorecidas del espacio social. Las decisiones adoptadas por los responsables políticos tienen un impacto en los grupos sociales a los que se dirigen las políticas, a través de múltiples intermediarios, incluidos los encuentros diarios con los burócratas de la asistencia social de la calle que he estudiado recientemente (Dubois, 2020a). Estas decisiones se basan en ideas importadas de la economía, que pueden estar totalmente desconectadas de la experiencia ordinaria de los beneficiarios de la asistencia social, pero que les imponen indirectamente la definición de su propia situación, y justifican la forma en que son tratados en los programas políticos.

En este trabajo se comparan estas dos visiones diferentes de los problemas socioeconómicos que se supone debe abordar el Estado del bienestar, y más concretamente el desempleo de las fracciones precarias de las clases bajas: una se deriva de la teoría económica estándar y prevalece en la elaboración de políticas, y la otra se basa en la observación del trabajo de campo e incluye la experiencia concreta de los beneficiarios de la asistencia social Esta comparación no pretende abordar los conceptos de la ciencia económica en sí, lo que iría mucho más allá del alcance de este documento. No pretendemos aquí desarrollar una discusión conceptual. Ofrece la ocasión de abordar estos conceptos de forma indirecta, mostrando por un lado su difusión y usos en la elaboración de políticas, y, por otro, proporcionando una visión alternativa basada en métodos socio-etnográficos. La visión de los problemas sociales y económicos que prevalece en la cúpula del Estado está configurada por la economía, en una versión abstracta, cuantitativa y simplificada de la investigación económica. Esta es la razón por la que hablo aquí en términos de una vulgata económica. Al acercarse a las condiciones de las personas que experimentan el desempleo y la precariedad, y al prestar atención a la forma en que describen sus propias situaciones, la investigación etnográfica proporciona una visión más concreta, cualitativa y completa. Esto puede resultar útil para cuestionar la vulgata económica que se basa en los trabajos de los economistas profesionales y que es ampliamente compartida por los responsables de la formulación de políticas. Al hacerlo, el conocimiento etnográfico puede resultar una herramienta eficaz para criticar las categorías económicas que se han convertido en dominantes, si no hegemónicas, no sólo oponiendo la experiencia de los individuos de carne y hueso a los modelos y figuras abstractas del discurso económico y político, sino también desvelando los presupuestos antropológicos de este discurso, las orientaciones ideológicas que encierra y sus posibles consecuencias sociales. Por lo tanto, esta crítica no es sólo teórica. Dado que el discurso económico sirve de base para los programas políticos (o al menos para la legitimación de estos programas), tiene un impacto en la realidad que describe. En este sentido, el objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar, entablar una discusión con algunos de los conceptos económicos utilizados en las políticas de bienestar; en segundo lugar, dar cuenta de los efectos reales que estos conceptos, al ser influyentes en la elaboración de estas políticas, pueden tener en los grupos sociales a los que se dirigen. Para ello se propone una reflexión más general sobre el uso de la etnografía desde un enfoque crítico de las políticas públicas (Morgen & Maskovsky, 2003; Dubois, 2009, 2015).

Esta investigación se basa en el material recogido en tres encuestas principales. La primera la realicé entre 2001 y 2003. Se centró en la inspección de los beneficiarios de las prestaciones mínimas (principalmente el Ingreso Mínimo de Inserción y la Asignación de Padres Aislados), aplicada por las Caisses d’Allocations Familiales (CAF – oficinas de prestaciones familiares) encargadas de pagar y controlar estas prestaciones. Además del análisis de los debates políticos y de los documentos políticos (informes públicos, recomendaciones internas, evaluaciones de programas), y de 12 entrevistas con responsables políticos a nivel nacional, se realizaron 42 entrevistas con investigadores y 39 con responsables de las instituciones correspondientes en cinco lugares elegidos por su diversidad geográfica y socioeconómica. La observación directa de los controles se realizó durante 12 semanas completas, entre junio de 2001 y febrero de 2002. Esta observación consistió en seguir a los investigadores durante la totalidad de sus recorridos, y en particular los controles domiciliarios durante los cuales se realizan las entrevistas con los beneficiarios que se comentan en este trabajo. También pude acceder a una muestra de expedientes personales y de informes de inspección. Utilicé un marco metodológico similar para la segunda encuesta, realizada entre 2004 y 2006 sobre el control de los beneficiarios de las prestaciones de desempleo. Se realizaron 14 entrevistas con responsables políticos nacionales. Se investigaron tres lugares diferentes, donde se realizaron 27 entrevistas con funcionarios e inspectores. La observación directa de las entrevistas se llevó a cabo durante 6 semanas completas, principalmente en el departamento local de empleo (Direction départementale du travail), y ocasionalmente en la agencia de desempleo (ANPE) y en la oficina de prestaciones por desempleo (ASSEDIC). (Nota: La ANPE y la ASSEDIC se fusionaron en 2009 en una nueva institución, Pôle Emploi). Realicé un tercer trabajo de campo de octubre de 2013 a mayo de 2016, duplicando el diseño de investigación del primero. Aquí me baso únicamente en las dos primeras investigaciones.

La experiencia económica en las políticas de bienestar francesas

Los conceptos económicos tienen una doble condición. Se elaboran con fines científicos, pero también se utilizan en el mundo real, especialmente por los responsables de la toma de decisiones. Me centraré en este último aspecto. En esta perspectiva, los conceptos económicos pueden considerarse como creencias (ya sean basadas en el conocimiento científico), en el sentido de que son principios de visión incuestionables que orientan las prácticas, les dan sentido y legitimidad (Bourdieu, 2005; Lebaron, 2000). Ilustraré esta propuesta general con los conceptos económicos utilizados en las políticas de bienestar, a partir de mi investigación sobre las políticas contra el fraude social en Francia. Mientras que sus usuarios los describen como herramientas técnicas neutras para dar cuenta de la realidad, presentaré primero las premisas en las que se basan algunos de ellos para señalar sus sesgos ideológicos. A continuación, me referiré a las razones de su éxito en la elaboración de políticas, y daré algunos ejemplos de sus usos como herramientas políticas en el caso francés.

Bases antropológicas y orientaciones ideológicas implícitas

Los supuestos básicos de la teoría estándar prevalecen en la economía laboral y, por extensión, en la investigación económica sobre el bienestar, al igual que en los demás campos de esta disciplina. Entre estos supuestos más compartidos, la hipótesis de la elección racional postula que los individuos actúan para “maximizar sus beneficios”. En esta perspectiva, se supone que tienen “una preferencia por el ocio”, y consideran el trabajo como un coste. “Deciden” trabajar o no trabajar en función del equilibrio entre el nivel de este coste y el nivel de beneficios que pueden esperar del trabajo. La teoría del “desempleo voluntario” que sigue este razonamiento afirma que los trabajadores pueden decidir no participar en el mercado laboral porque los incentivos no son suficientes para hacer que “prefieran” trabajar a “no trabajar”. La idea es destacar las causas del desempleo que se deben a la agregación de “elecciones racionales” individuales. Este breve resumen es, por supuesto, una presentación excesivamente simplificada, pero basta con recordar las concepciones antropológicas implícitas en dicha teoría, según las cuales los seres humanos son ante todo máquinas calculadoras perezosas y egoístas, como resume Laurent Cordonnier de forma crítica y humorística (Cordonnier, 2000).

Mientras que esta teoría se aplica a través de sofisticados argumentos y complejos modelos estadísticos que presentan sus resultados como objetivos y neutrales, los factores utilizados principalmente para explicar un posible “desempleo voluntario” revelan una orientación política específica, aunque no siempre explícita. Siguiendo este razonamiento, se podría pensar, desde una perspectiva utilitaria, que la gente decide no trabajar porque la “tasa salarial de equilibrio” es demasiado baja para considerar que el trabajo es suficientemente digno. En ese caso, la lección práctica de esta teoría sería aumentar los salarios. Pero en una política económica orientada al mercado esto no se considera seriamente como una opción. En lugar del nivel de ingresos laborales, la teoría hace hincapié en dos factores principales: un tipo de impuesto sobre la renta supuestamente demasiado alto y lo que se describe como “prestaciones sociales excesivamente generosas”. En la Francia de los años 2000, varias investigaciones económicas que seguían estas ideas han enmarcado el debate político, aunque a veces fueran controvertidas, como por ejemplo un artículo que afirmaba que la gran mayoría del “no empleo” es resultado de elecciones individuales deliberadas (Laroque y Salanié, 2000; para un análisis de esta controversia, véase Mirau, 2002). Estas lecciones políticas se han aplicado ampliamente en los países desarrollados durante las últimas décadas, con recortes fiscales y diversas formas de reducción de la asistencia social o reformas diseñadas para que la gente “prefiera el trabajo a la asistencia social”.

La idea de “trampa de la inactividad” o “trampa del desempleo” procede de este enfoque general y es una referencia clave para la reforma de la asistencia social. Aquí se hace hincapié en el hecho de que las prestaciones sociales o de desempleo “desincentivan” a los que pueden conseguir un empleo y volver a trabajar. Según este tipo de análisis, “los trabajadores aprovechan las prestaciones del seguro de desempleo para el ocio subvencionado” (Boone y van Ours, 2012: 414). Para evitar este efecto, se aboga por disminuir el nivel de las prestaciones para que incluso los trabajos mal pagados sean comparativamente preferibles a la asistencia social, así como por dificultar el acceso a las prestaciones o acortar su duración. En esta perspectiva, se han concebido requisitos más estrictos para acceder a las prestaciones de desempleo, o prestaciones mínimas y mayores restricciones burocráticas sobre los beneficiarios. Esta es también una de las explicaciones del giro coercitivo de las políticas de bienestar y desempleo en Francia, como en el resto de Europa, a partir de mediados de los años noventa, que consiste, entre otras cosas, en el desarrollo del control individual sobre los pobres, no sólo porque se sospecha que abusan del sistema, sino para hacer que la asistencia social sea “menos cómoda” y crear “incentivos negativos” para que vuelvan a trabajar. Una gran parte de la literatura académica sobre economía aboga por este tipo de reformas (véase, por ejemplo, Abbring et al., 2005).

El desarrollo de la experiencia económica en el bienestar francés

La traducción de las recomendaciones políticas implícitas o explícitas de los economistas en categorías mentales y discursivas y en reformas concretas no es, sin embargo, evidente. Se ha demostrado ampliamente el papel específico que desempeñaron los conocimientos económicos en el giro neoliberal en Francia (Jobert y Théret, 1994), así como en el Reino Unido (Hall, 2001). Sin embargo, esta influencia difiere de un país a otro y de un ámbito político a otro. En el caso del bienestar francés, está estrechamente relacionado con un giro gerencial, que se produjo tras los cambios en los perfiles de los altos directivos públicos de las organizaciones de bienestar, a partir de la década de 1980. La antigua élite del bienestar, formada en derecho público y que compartía el ideal de los programas e instituciones puestos en marcha después de la Segunda Guerra Mundial para reducir las desigualdades socioeconómicas, ha sido progresivamente sustituida por una nueva generación, formada en administración y economía, con carreras previas en departamentos financieros, y más preocupada por la reducción del coste del bienestar (Genieys y Hassenteufel, 2001). Además, los medios de comunicación desempeñaron un papel decisivo en la difusión de una estrecha visión financiera del bienestar entre el público en general. El seguro de enfermedad, por ejemplo, se presentó casi exclusivamente en términos de déficit, que los periodistas redefinieron de forma popular como “trou de la sécu” (Duval, 2002)^[3]. El discurso de los medios de comunicación impuso el diagnóstico de gastos excesivos como explicación de este déficit, echando la culpa a los pacientes y a los médicos que prescriben medicamentos y bajas laborales con demasiada facilidad. Esta visión financiera es ampliamente compartida por los políticos de izquierdas y de derechas que han gobernado el país durante las últimas décadas.

Aunque el giro gerencial y la influencia de los conceptos económicos dominantes son dos procesos distintos, ambos forman parte de la misma orientación hacia la reducción del bienestar, la responsabilización de los beneficiarios de la asistencia social y la individualización de las causas de los problemas sociales. A diferencia de lo que ocurrió en EE.UU. y en el Reino Unido, los think tanks no desempeñaron un papel destacado en el aumento de la influencia de la economía (neoliberal) a través del asesoramiento y la promoción de políticas por parte de expertos en Francia; la mayoría se crearon posteriormente, durante las décadas de 1990 y 2000. En realidad, esta influencia procedía del propio Estado, y pronto fue ejercida por economistas que trabajaban como expertos en el Ministerio de Finanzas, la Oficina Nacional de Estadística (INSEE) y, en menor medida, en los departamentos y organizaciones de bienestar social. Así es como la teoría económica estándar se convirtió en un elemento clave del “pensamiento del Estado”, para usar la frase de Bourdieu, que describe los principios de visión y división avalados por el Estado, aplicados a través de sus políticas, y promovidos como las representaciones legítimas del mundo social (Bourdieu, 2014). Tendencias similares se desarrollaron antes y fueron más fuertes en otros países, como Estados Unidos. Sin embargo, se trata de un cambio sustancial para Francia, donde el bienestar “clásico” es una fuerte tradición.

Como en otros ámbitos, el cambio de las políticas de bienestar bajo la influencia de la economía neoliberal es un proceso internacional, en el que organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Comisión Europea (CE) han desempeñado un papel decisivo. Estas instituciones han convertido las fórmulas económicas en lemas de la política de bienestar que sirven de guía para la reforma a nivel nacional. “Hacer que el trabajo sea rentable” es un lema de la OCDE desde mediados de los años 80, como demuestra la frecuencia de los editoriales dedicados a este tema en la serie Employment Outlook que publica anualmente la organización. Los documentos de la Comisión Europea repiten el mismo leitmotiv, sobre todo desde la creación de la Estrategia Europea de Empleo en 1997 (de la Porte & Pochet, 2004). Con este lema, los responsables políticos instan a “reforzar los incentivos al trabajo”. Por otro lado, abogan por una asistencia social menos “atractiva”, restringiendo las condiciones de acceso, reduciendo el periodo de las prestaciones, exigiendo un compromiso a cambio y endureciendo los controles. Todas estas medidas constituyen las soluciones prácticas que prolongan lógicamente el principio de “recompensar el trabajo digno” (Dubois, 2020b). Entre otras muchas declaraciones similares, una comunicación de la Comisión Europea de julio de 1999, recogida en las Conclusiones del Consejo de diciembre de 1999, subrayaba que “el nuevo mercado de trabajo exigía algo más que proporcionar formas tradicionales de protección como la garantía de una renta de sustitución” y llamaba la atención sobre la “necesidad de un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad, así como entre derechos y responsabilidades”^[4]. Más explícitamente, una comunicación de la Comisión Europea del 23 de diciembre citaba las prestaciones del seguro de desempleo como uno de los “obstáculos a la integración en el mercado laboral”, argumentando que “las prestaciones de desempleo pueden crear contra-incentivos al trabajo, ya que se pagan durante un largo período y no se supervisan ni controlan adecuadamente mediante requisitos claros en términos de búsqueda activa de empleo, pruebas profesionales y participación en medidas activas en el mercado laboral”^[5]. Esta es la base intelectual para la aplicación de medidas que refuerzan las obligaciones y limitaciones que recaen sobre los desempleados y los beneficiarios de la asistencia social, incluido el aspecto coercitivo del control del llamado “fraude a la asistencia social”. Estas diversas prescripciones institucionales de los organismos internacionales, puestas en práctica de forma más o menos directa por los gobiernos nacionales, se hacen eco del conjunto de teorías económicas mencionadas. Pero no se trata sólo de llevar la teoría a la práctica. Si estas teorías han sido influyentes, es también gracias a su posible resonancia con la retórica política y las creencias populares.

El modelo teórico de la “trampa de la inactividad”, aplicado con sofisticados tratamientos estadísticos, proporciona al discurso político y a las políticas una legitimidad científica. En comparación, el concepto de “no aceptación”, que se refiere al hecho de que las personas no solicitan las prestaciones a las que tienen derecho, ha tenido mucho menos éxito entre la élite

política, aunque describe un fenómeno ciertamente más extendido que el abuso de la asistencia social. Pero en tiempos de recortes del gasto público, es poco probable que este problema se promueva en la agenda gubernamental. Por el contrario, la “trampa de la inactividad” justifica la reducción de la asistencia social. La fuerza política de este argumento económico reside también en el hecho de que se hace eco de representaciones de sentido común, a menudo repetidas en las conversaciones cotidianas: “¿qué sentido tiene que se levanten por la mañana para ir a trabajar si pueden ganar lo mismo quedándose en casa?”. Aquí, un modelo económico sofisticado se acopla a un argumento demasiado simplista que parece irrefutable. Las dos caras (la científica y la ordinaria) de tales creencias hacen que sean difíciles de cuestionar en el debate público. Hay una ambigüedad adicional. El discurso del “estado de bienestar activo” se presenta como neutral y técnico, aunque se apoye en juicios morales implícitos o explícitos. Éstos se hicieron muy explícitos bajo el régimen de Nicolas Sarkozy (2007-2012), en un discurso gubernamental binario que oponía “la Francia de los madrugadores” (“la France qui se lève tôt”) a “la Francia de los beneficiarios” (“les assistés”), de los que se suponía que se aprovechaban excesivamente de la generosidad pública, cuando no trampeaban el bienestar. Hay dos características principales de esta moral socioeconómica, que conecta el neoliberalismo con el neopaternalismo (Wacquant, 2009; Soss et al., 2011). La primera se basa en la idea tradicional del trabajo en sí mismo como valor moral. Al valorar el trabajo (además de “hacerlo rentable”), esta idea define la valía social de los individuos en función de su trabajo, es decir, de su esfuerzo como trabajadores, pero también de su valor en el mercado laboral. De ahí que desvaloriza por contraste el bienestar, convertido en sinónimo de inactividad, cuando no en la causa de la misma. Esto significa también devaluar a las personas que reciben asistencia social, porque carecen del trabajo que podría hacerlas valiosas, y por su supuesta falta de voluntad de buscar empleo. Aquí los conceptos de la teoría económica estándar actual se encuentran con la vieja noción moral de la indignidad de los pobres capaces que podrían trabajar, pero no lo hacen. Esto conduce a nuevas formas de calificar de culpables a los pobres de la asistencia social. En primer lugar, se les considera parcialmente responsables de su situación: en términos morales, por su pereza; en términos económicos, por su cálculo de costes y beneficios. En segundo lugar, su comportamiento se considera una causa de los problemas socioeconómicos, como el desempleo. Podemos pensar en ese sentido en el cuestionable énfasis en las “vacantes de trabajo no cubiertas” en un periodo de alto desempleo, que pretende demostrar que el desempleo se debe menos a la falta de oportunidades en el mercado laboral que a la falta de voluntad de los desempleados para tomarlas. Una tercera forma de tachar de culpables a los beneficiarios de la asistencia social consiste en describirlos como tramposos. Desde esta perspectiva, los beneficiarios no sólo son vagos, sino también deshonestos. No sólo incumplen su deber de trabajar, sino que también infringen las normas morales y legales de los requisitos de la asistencia social, cobrando indebidamente las prestaciones a costa de los trabajadores que pagan más impuestos para financiarlas. En términos de valor social, esto significa que los “inútiles sin empleo”, definidos económicamente por su indignidad en cuanto a la producción de valor, son definidos socialmente por su “capital simbólico negativo” (Bourdieu, 2000, p. 598) resultante de su estigmatización como responsables de los problemas socioeconómicos. De nuevo, la teoría económica estándar actual (que promueve la provisión de “incentivos negativos” para hacer que la gente “prefiera el trabajo al ocio”) se encuentra con antiguas nociones morales (que separan a los que merecen de los que no, recordando los deberes asociados a los derechos). En términos de política, esta convergencia de la economía y la moral añade a las orientaciones neoliberales las tendencias neopaternalistas, que definen la era post- bienestar. Esta tendencia se concreta en procedimientos coercitivos y otros medios para “disciplinar a los pobres” (Soss et al., 2011).

Perspectivas alternativas: de regreso al campo

Los mismos problemas socioeconómicos aparecen bajo una luz totalmente diferente cuando se contemplan desde el punto de vista de las prácticas reales de los beneficiarios en materia de bienestar. Es evidente que el concepto utilitario de “racionalidad” dista de ser el motivo universal del comportamiento humano que describe la teoría económica. En términos de Marx, se podría decir que, si el “agua helada del cálculo egoísta” teorizado por la economía estándar es el patrón básico de las prácticas capitalistas, este patrón dista de ser compartido unánimemente por los miembros de este nuevo Lumpenproletariado constituido por los receptores de bienestar social bajo los regímenes capitalistas actuales. Y cuando pasamos a la aplicación concreta de las políticas de bienestar reformadas según los preceptos de la economía ortodoxa en términos de “incentivos al trabajo”, pronto vemos, por decirlo de alguna manera, que las cosas no son tan sencillas como parecen, y sobre todo observamos la moralización en la práctica.

Los límites de una visión económica estrecha

Las categorías supuestamente neutrales y universales del pensamiento económico estándar encajan mal con los estilos de vida, las condiciones de vida y las prácticas económicas de los pobres. Esto es lo que revela la observación cualitativa y etnográfica. En su estudio etnográfico de las familias desfavorecidas de una ciudad del noreste de Francia, Ana Perrin-Heredia observa la confrontación cotidiana de actitudes y prácticas económicas de las mismas con los esfuerzos de los trabajadores sociales especializados en el “asesoramiento en economía social y familiar” (conseillères en économie sociale et familiale) que los supervisan (Perrin-Heredia, 2013). Entre otras cosas, muestra que si la unidad de tiempo mensual económico-burocrática básica se ha convertido en una categoría naturalizada e interiorizada para los que participan en la economía “normal” (por ejemplo, los que trabajan de forma regular), no lo ha hecho para la mayoría de los que pertenecen a las fracciones precarias de la población. Si se anticipan, lo hacen a su manera, según un calendario específico marcado por el abastecimiento en tiendas de comestibles de bajo coste, los eventos familiares o, en el caso de los emigrantes, por el viaje anual de vuelta a su país de origen para el que ahorran dinero y compran regalos. Del mismo modo, Perrin-Heredia indica que el concepto de hogar (ménage) utilizado en las estadísticas y con fines administrativos no da cuenta de las complejas relaciones socioeconómicas dentro de los medios desfavorecidos y precarios que combinan el parentesco, la amistad, la ayuda mutua, los intercambios financieros y los acuerdos de vivienda. En consecuencia, cuando los supervisores económicos elaboran el presupuesto “del hogar”, incluyen ingresos y gastos que no forman parte de la estructura económica real de las personas a su cargo y, a la inversa, excluyen otros que sí son importantes. En resumen, las categorías económicas de la unidad de tiempo mensual y del hogar se dan por supuestas, pero no lo son para todo el mundo. Parecen conceptos bastante abstractos cuando los trabajadores sociales los aplican a poblaciones cuyas economías no comparten las normas sociales implícitas que conllevan. La aplicación de esas categorías, supuestamente para ayudar a las personas, les impone las pautas de un comportamiento económico “normal” (es decir, “racional” y “moral”). La misma brecha separa los conceptos más sofisticados que he estado discutiendo de las condiciones de vida reales y los patrones de comportamiento de los pobres observados en situaciones concretas. Permítanme volver a hablar de la “trampa de la inactividad”. Más allá de las críticas internas al propio modelo, en Francia se han realizado trabajos sociológicos que abordan la cuestión de su pertinencia desde un punto de vista empírico, utilizando otros métodos y otro marco que la investigación económica estándar. El análisis de un gran número de expedientes de prestaciones de ingresos mínimos (RMI) y de numerosas entrevistas realizadas a los beneficiarios demuestran que este modelo, basado en una concepción estrecha de la racionalidad, es insuficiente para explicar la propensión a volver a trabajar y las razones para hacerlo o no (Dubet y Vérétout, 2003). El “efecto desincentivador” de recibir la RMI dista de ser tan sistemático como predice el modelo de la “trampa de la inactividad”. Este efecto sólo se observa en una pequeña proporción de casos. Además, se contradice con otros casos más numerosos que resultan absurdos en la perspectiva de este modelo: beneficiarios que pierden dinero cuando dejan la asistencia social por un empleo y, a la inversa, los que permanecen en la asistencia social cuando podrían encontrar trabajo y aumentar sus ingresos. Los autores abogan por razonar no sólo en términos de empleo, y por tener en cuenta el contenido del trabajo disponible, es decir, su valor social, no estrictamente cuantificable e imposible de entender en una visión estrictamente utilitaria. Aunque la mayoría de ellos no siguen la estrecha racionalidad financiera del modelo de la trampa de la inactividad, los individuos pueden tener buenas razones para hacer lo que hacen, aunque estas razones sean diversas y a veces contradictorias: encontrar un trabajo a cualquier precio para evitar la vergüenza de la asistencia social, ajustarse a las expectativas de la red social y familiar, permanecer en la asistencia social para llevar a cabo un proyecto de vida alternativo, o para terminar un doctorado… Benarrosh (2003) complementa este análisis a partir de entrevistas cualitativas y biográficas realizadas a beneficiarios de la renta mínima. Reconoce que, en algunos casos, los beneficiarios que rechazan ofertas de trabajo pueden, en cierto modo, “calcular”, pero afirma que este posible cálculo no se limita al arbitraje financiero realizado en un momento dado que define la “trampa de inactividad”. En primer lugar, intervienen otras dimensiones de la vida social, como la vida familiar, que pueden predisponer o no a considerar el trabajo como una opción valiosa. En segundo lugar, aceptar o rechazar un empleo tiene que ver con las actitudes individuales hacia el trabajo. Considerarlo en términos de una utilidad financiera enfrentada a una “preferencia por el ocio” no es tan natural como supone el modelo económico. Es una de las diversas actitudes posibles que también se basan en el significado que las personas dan a su trabajo y en la medida en que pueden ser valoradas en él. Estas actitudes se configuran a lo largo de la vida. Por tanto, hay que tener en cuenta una tercera dimensión: el tiempo. La posibilidad de una “preferencia por el trabajo”, según el vocabulario de la economía, viene determinada por la experiencia laboral previa. Demasiado sufrimiento físico o psicológico durante la experiencia anterior puede llevar a las personas no sólo a considerar el trabajo como “demasiado costoso”, sino a excluirlo de las opciones concebibles. La “decisión” de trabajar o no viene determinada también por las expectativas de futuro de los beneficiarios de la asistencia social, que, una vez más, no equivalen a una anticipación “racional” en un momento dado, sino que son el resultado de su edad, su situación social y familiar concreta, las normas de su entorno y la experiencia de oportunidades, esperanzas y fracasos acumulada durante su vida.

Como ha demostrado Bourdieu en sus investigaciones sobre la Argelia colonial y rural de los años sesenta (Bourdieu, 1979), los conceptos de trabajo o renta y la noción de anticipación que se dan por supuestos en las economías capitalistas modernas pueden resultar desconocidos e irrelevantes para las formas tradicionales de economía. La dominación colonial consistió en parte en imponer estas ideas para reformar y “modernizar” una economía considerada arcaica. Esta “racionalización” forzada destruyó las estructuras locales de la economía y puso en tela de juicio la visión tradicional del mundo, que quedó devaluada y sin utilidad en una situación tan cambiante. La dominación económica (en el sentido materialista de la explotación) va de la mano de la dominación simbólica (en el sentido de la imposición del punto de vista legítimo). Podríamos basarnos en el marco general inspirado en este análisis para considerar la aplicación de los programas de bienestar reformados como la imposición de normas de comportamiento y categorías de percepción definidas como universalmente legítimas a personas cuyas economías específicas son deslegitimadas y restablecidas.

De la descripción a la prescripción: las implicaciones sociales de los conceptos económicos

La confrontación concreta de los beneficiarios de la asistencia social con los agentes de la misma proporciona un buen punto de vista para analizar la relación entre las condiciones de vida concretas de los pobres y sus “economías morales” (es decir, la forma en que ven su propia situación y se enfrentan a sus problemas y a los mandatos institucionales), por un lado, y la “maquinaria moral” de las representaciones oficiales y las expectativas sociales hacia los pobres, por otro (Fassin, 2009). Me centraré aquí en las prácticas de inspección de los beneficiarios de la asistencia social. Estas prácticas no son nuevas, pero se han reforzado especialmente durante las dos últimas décadas en Francia, como parte de una política más general llevada a cabo en nombre de la “vuelta al trabajo”. Esta política también ha cambiado el estatus de las prácticas de inspección: han pasado de la sombra al discurso político y al debate en los medios de comunicación. Lo que se consideraba una rutina burocrática mundana se convirtió en un instrumento político que supuestamente reduciría las “trampas de la inactividad” a través de la búsqueda de los beneficiarios de las prestaciones de desempleo que no estuvieran dispuestos a trabajar, y de la identificación de los “perezosos con derecho” de los que se sospechara que organizaran su “cómodo” bienestar a costa de los contribuyentes.

Los interrogatorios deben situarse en el contexto de las lógicas económicas de las renovadas políticas de vigilancia del bienestar. El pensamiento gerencial y la vulgata económica de la que he hablado influyen en esta renovación. El primero considera los controles de la asistencia social como un medio para ahorrar dinero limitando el pago de prestaciones indebidas y para recuperar el dinero de los beneficiarios fraudulentos. Sin embargo, esta visión financiera muestra rápidamente sus límites cuando se pone a prueba con algunos hechos sencillos. En primer lugar, aunque la cuantía del fraude social es una cuestión controvertida e imposible de establecer con precisión, las evaluaciones oficiales atestiguan que sigue siendo muy inferior a otros fraudes a los presupuestos públicos. Las cifras facilitadas por los organismos contables gubernamentales franceses para el año 2007 estiman el fraude a las prestaciones sociales (incluidas las prestaciones de desempleo y las mínimas, las pensiones y los gastos sanitarios) en 2.000 a 3.000 millones de euros, mientras que el impago de las cotizaciones sociales por parte de los empresarios y los trabajadores no declarados asciende a entre 8.400 y 14.600 millones de euros y la evasión fiscal a entre 20.500 y 25.600 millones de euros. Si su objetivo era equilibrar los presupuestos públicos, el gobierno no debería haber dado prioridad al fraude social (como hizo en Francia en particular desde 2002), sino a la lucha contra la evasión fiscal (que se convirtió ligeramente en una preocupación del gobierno, después de que François Hollande 2012-2017, miembro del Partido Socialista, fuera elegido Presidente de la República Francesa en mayo de 2012). En segundo lugar, la vigilancia de la asistencia social no resulta ser un medio eficaz para ahorrar dinero. La propia organización de la vigilancia es costosa. Además, los informes financieros de los controles de las organizaciones de asistencia social que proporcionan prestaciones mínimas revelan una cantidad de prestaciones no pagadas aproximadamente igual al total de los abusos de la asistencia social y los pagos indebidos. Estas organizaciones pagan la totalidad de las prestaciones a los beneficiarios que no recibieron las que les correspondían, pero sólo recuperan la mitad de las que se pagaron inmerecidamente, debido a las reclamaciones por equidad o insolvencia. Como me comentó un gestor de la asistencia social en una ocasión, “al final, la inspección no es un buen negocio”.

Más allá de este aspecto financiero, podríamos considerar el impacto económico de la vigilancia de la asistencia social en términos de retorno al trabajo. Como hemos visto antes, la vigilancia de la asistencia social se ha concebido en parte desde la perspectiva de los “incentivos negativos” al trabajo. Pero también en este caso, no resulta ser una política eficaz de vuelta al trabajo. Aunque sean inspeccionados e “incentivados”, los desempleados no pueden volver a trabajar… cuando prácticamente no hay puestos de trabajo disponibles para ellos. Esto es tanto más cierto cuanto que la mayoría de los beneficiarios vigilados son desempleados de larga duración, madres solteras o trabajadores no cualificados, es decir, los menos “empleables” entre los beneficiarios de la asistencia social, por utilizar un término habitual en las políticas de workfare. Esto no significa que las políticas de inspección de la asistencia social no tengan implicaciones en el mercado laboral. Desde principios de la década de 2000, el control de los desempleados ha sido un factor importante en la eliminación de los solicitantes de empleo de las listas de la agencia nacional de desempleo. Esta sanción burocrática supone la suspensión del pago de sus prestaciones si las recibían, pero no equivale a conseguir un empleo. En consecuencia, estos programas no impulsan a la gente a volver a trabajar, pero forman parte de una política general que tiende a hacer que se acepte el trabajo mal pagado y precario, para los que se ven obligados a aceptar cualquier trabajo, y para los que ya están trabajando y temen más que nunca el desempleo.

Ahora podemos entender por qué la confrontación directa de los beneficiarios de la asistencia social con los agentes de la misma durante los interrogatorios no puede interpretarse de forma estrictamente económica. Si cumplen funciones económicas no es en el sentido del cálculo utilitario y del impacto directo, sino a través de los condicionantes sociales y morales: evaluación moral, probación moral y rectificación moral.

Estos interrogatorios consisten en parte, si no principalmente, en una evaluación moral. Lo que se controla no es la situación objetiva, sino en gran medida el comportamiento del beneficiario. Esto es evidente en el control del desempleo. No se trata de verificar si el desempleado está realmente desempleado o no, aplicando criterios de hecho. El control se centra principalmente en la obligación de comportamiento individual de “búsqueda activa de empleo”, y consiste en comprobar hasta qué punto el desempleado la cumple. En consecuencia, se juzga a los desempleados sobre una base moral más que jurídica. ¿Son sus planes realistas y fiables? ¿Se esfuerzan lo suficiente para conseguirlos? ¿Son perezosos o están dispuestos a trabajar? ¿Se prestan al juego? Para responder a estas preguntas, los investigadores y asesores no pueden basarse en los conocimientos económicos. Sólo tienen vagas nociones de la situación del empleo en los distintos sectores laborales y ocupaciones. No disponen de los datos necesarios para formular una idea realista de las posibilidades objetivas de que tal o cual persona consiga tal o cual empleo. Tampoco pueden basarse en normas económico-burocráticas definidas con precisión. La “búsqueda activa de empleo” no se traduce en un conjunto de criterios objetivos que puedan utilizarse de forma estandarizada (un número de cartas de solicitud y de entrevistas de trabajo al mes, por ejemplo). En consecuencia, utilizan sus propios criterios, basados en su experiencia personal y profesional, es decir, englobando las categorías de percepción emanadas de su entorno social. Lejos de la fría perspectiva técnica de los conocimientos económicos que inspiran la formulación de las políticas de vigilancia del bienestar, su aplicación se sitúa en el ámbito de la subjetividad, los sentimientos y la moral. Como dicen los inspectores, “no queremos que nos tomen el pelo”, lo que significa que su sospecha hacia los clientes de la asistencia social está relacionada con su autoestima como individuos y no sólo con su función oficial. No obstante, las consecuencias de su desconfianza varían de un cliente a otro, según su percepción personal de la moralidad de los clientes. Los pobres que mantienen un perfil bajo durante las entrevistas y tratan de demostrar que hacen todo lo posible por encontrar un trabajo, tienen menos probabilidades de ser sancionados que los que cumplen con menor empeño las normas implícitas de un interrogatorio burocrático. Los agentes rara vez se muestran indulgentes con los casos minoritarios de desempleados que gozan de un estatus social superior al suyo, como ilustra el siguiente ejemplo:

El 25 de febrero de 2005, Charles, inspector, recibe a Peter, un farmacéutico de 50 años que lleva dos años desempleado:
Charles: Vamos a hablar de tu búsqueda de empleo. Ya han pasado más de dos años [de desempleo]. ¿Cómo puedes explicarlo?
Pierre: Bueno, mi larga experiencia profesional bloquea. Pero hay otras preocupaciones. [Explica que, por problemas de pareja, su mujer, propietaria de una farmacia y que le había contratado durante 33 años, le ha despedido. Se ha divorciado y ahora vive con su madre].
Charles: ¿Por qué es un obstáculo para que vuelvas a trabajar?
Pierre: El obstáculo es cuando me preguntan cuánto ganaba y cuáles son mis expectativas. Cuando respondo, se acaba la entrevista de trabajo.
Charles: ¿Nunca te han hecho más preguntas?
Pierre: No, nunca sucede.
Charles: Eso es raro. Sinceramente, [insiste] no puedo creerte. […] Conclusión: tu búsqueda de empleo es insuficiente.
Pierre intenta argumentar que es difícil para él, como antiguo director de farmacia, pedir un puesto de trabajo a sus antiguos colegas. Charles sigue diciendo que la búsqueda de empleo es insuficiente y pone fin a la entrevista. Tras la salida de Pierre, éste decide “sin reparos” una exclusión de dos meses.

Durante estas entrevistas la evolución moral es también una prueba moral. Las entrevistas se basan en la sospecha hacia los beneficiarios que se cree que defraudan y se comportan mal. Como las pruebas objetivas son difíciles de reunir, los inspectores intentan que el supuesto defraudador confiese, utilizando técnicas policiales de amenazas o de falsa simpatía. Esto es lo que explicó un investigador:

Siempre trato de ser muy amable. Siempre doy la mano a la gente, eso les gusta. Eso hace que se sientan cómodos. Siempre encuentro un tema para aligerar el ambiente al principio. Por ejemplo, si hay niños, hablo de ellos: “Es guapo. Es alto para su edad”, cosas así. Si hay un perro, hablo del perro, si hay plantas de interior, hablo de las plantas de interior… Así la persona se sentirá más a gusto, menos vigilada. Para que durante la entrevista esté menos a la defensiva. Así les saco mucha más información…

Antes de conseguir que los beneficiarios de la asistencia social vuelvan a trabajar, la vigilancia consiste en hacer que se sientan incómodos o culpables de su situación. Hay un aspecto moral en estas confesiones, en cuanto a la reparación de la culpa y la vuelta a la normalidad.

Se puede considerar que estas entrevistas basadas en la evolución moral y en la prueba moral tienen una función de rectificación moral. Los inspectores recuerdan a sus supervisados las normas burocráticas y los deberes de los derechohabientes. En otras palabras, reiteran las expectativas sociales hacia los pobres. La mayoría de los comentarios que hacen se refieren a consideraciones morales sobre el trabajo, el esfuerzo y la buena voluntad. Como me dice uno de ellos en una conversación informal, “somos moralistas, les damos lecciones, ¿no?” Así pues, la vigilancia no se limita a sus resultados en términos de sanciones y recortes de prestaciones. La inspección y el control son en sí mismos medios de regulación que hacen que los destinatarios vuelvan a su comportamiento esperado. Algunos inspectores optan por citar a los beneficiarios “perezosos” a primera hora de la mañana, para “sacarlos de la cama”, como dice uno de ellos, con el fin de recordarles lo que es la vida laboral. “¿Cómo quieren que encuentren un trabajo si no son capaces de estar aquí a las ocho de la mañana?”, se pregunta. Las “virtudes educativas” de las entrevistas es una frase habitual que utilizan los inspectores para expresar su creencia en la utilidad social de su trabajo. Como explica uno de ellos:

En realidad, la entrevista en sí, el simple hecho de convocar a la gente, para algunos… tiene un aspecto coercitivo evidente, pero también hay otro aspecto, que puede ser beneficioso para los propios desempleados. Puede darles nuevos incentivos para… intensificar su búsqueda de empleo. Porque a veces, se puede entender que ralenticen su búsqueda, o incluso que dejen de buscar. El hecho de convocarles, siempre que la entrevista sea positiva y no sólo coercitiva, puede hacer que se digan a sí mismos: “bueno, por qué no volver a la búsqueda activa, ya que me interesa hacerlo, puesto que soy responsable”. Ser más activo, ayudará a causar una buena impresión en la próxima cita, y posiblemente, quién sabe, a encontrar un trabajo.

Como expresa esta última frase, antes de devolver a los beneficiarios a su comportamiento económico esperado (buscar un empleo y encontrarlo), la inspección consiste en hacerles volver a su papel burocrático esperado, en el sentido teatral del término. Las entrevistas de control son, en efecto, hipócritas: la mayoría de las veces los investigadores sólo verifican que un desempleado pueda aportar pruebas de búsqueda activa de empleo, aunque ambos sepan que es poco probable que el empleo llegue. Ni los beneficiarios ni los agentes se dejan engañar por el juego en el que actúan. “No podemos culparles por no buscar empleo cuando éste no existe”, dice uno de ellos. Si no pueden conseguir que vuelvan a trabajar, al menos se aseguran de que se comporten como auténticos desempleados, pagando su deber a la comunidad al demostrar que cumplen con sus obligaciones, aunque sólo sea a efectos de entrevistas burocráticas.

Conclusión

Las inspecciones no reducen los presupuestos públicos y hay pocas pruebas de su eficacia en términos de retorno al trabajo. Pero sí cumplen funciones económicas. Para comprender estas funciones, es necesario ir más allá de la estrecha visión de la vulgata económica que inspiró las políticas de vigilancia y, más generalmente, la reforma de la asistencia social. Las funciones económicas de la vigilancia de la asistencia social son, en efecto, inseparables de las dimensiones sociales, morales y políticas. Se puede ilustrar este enredo resumiendo las tres poblaciones a las que se dirigen las políticas de vigilancia. En primer lugar, los propios beneficiarios de la asistencia social, cuyos deberes se recuerdan y cuya estigmatización a través de la sospecha de fraude forma parte de una política general que deslegitima a “los que tienen derecho” para deslegitimar el antiguo estado de bienestar “pasivo” convertido en sinónimo de derecho. La segunda población es el objetivo de las políticas de vigilancia de una forma más indirecta, y está formada por los trabajadores, especialmente los de las clases bajas, a los que se les muestra a través del giro coercitivo de las políticas de bienestar que cualquier trabajo es mejor que la asistencia social (Piven y Cloward, 1993). Por último, uno de los principales objetivos de la política de vigilancia es demostrar a los contribuyentes que las instituciones de bienestar ya no son excesivamente permisivas y que no malgastan el dinero público pagando prestaciones indebidas a beneficiarios vagos o fraudulentos. Este reaseguro moral tiene un impacto político más que económico directo; forma parte de una tendencia general que, mediante la reducción y la reforma, promueve un modelo social en el que la asistencia social ya no tiene la función reguladora socioeconómica que solía tener en un país como Francia. Se podría decir que, por el contrario, ahora es el repliegue del bienestar y la culpabilización de los clientes de la previsión, lo que cumple esta función reguladora al ocultar las causas de la crisis económica, al intensificar la presión sobre los trabajadores y al contribuir a mantener los salarios en un nivel bajo.

Bibliografía

Abbring, J. H., Berg, G. J. van den, & Ours, J. C. van. (2005). The Effect of Unemployment Insurance Sanctions on the Transition Rate from Unemployment to Employment. The Economic Journal, 115(505), 602–630. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2005.01011.x

Benarrosh, Y. (2003). Les trappes d’inactivité: Chômage volontaire ou chômage de résistance ? Travail et Emploi, 95, 73–85.

Boone, J., & van Ours, J. C. (2012). Why is There a Spike in the Job Finding Rate at Benefit Exhaustion? De Economist, 160(4), 413–438. https://doi.org/10.1007/s10645-012-9187-8

Bourdieu, P. (1979). Algeria 1960. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (Ed.). (2000). The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society (P. P. Ferguson, Trans.). Stanford University Press.

Bourdieu, P. (2005). The social structures of the economy. Polity.

Bourdieu, P. (2014). On the State. Polity press.

Cordonnier, L. (2000). Pas de pitié pour les gueux. Liber.

de la Porte, C., & Pochet, P. (2004). The European Employment Strategy: Existing Research and Remaining Questions. Journal of European Social Policy, 14(1), 71–78. https://doi.org/10.1177/0958928704039879

Dubet, F., & Vérétout, A. (2003). “Reducing” Actor’s Rationality : Why Go off the RMI. Welfare Program ? Revue française de sociologie, 44(5), 79–108. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/rfs.445.0079

Dubois, V. (2009). Towards a critical policy ethnography: Lessons from fieldwork on welfare control in France. Critical Policy Studies, 3(2), 221–239.

Dubois, V. (2014). The State, Legal Rigor and the Poor: The Daily Practice of Welfare Control. Social Analysis, 58(2), 38–55.

Dubois, V. (2015). Critical policy ethnography. In F. Fischer, D. Torgerson, M. Orsini, & A. Durnova (Eds.), Handbook of Critical Policy  Studies (pp. 462–480). Edward Elgar Publishing.

Dubois, V. (2020a). Sujetos en la burocracia. Relación administrativa y tratamiento de la pobreza. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. https://ediciones.uahurtado.cl/libro/sujetos-en-la-burocracia-relacion-administrativa-y-tratamiento-de-la-pobreza/

Dubois, V. (2020b). When elective affinities foster europeanization: How the active welfare state EU model and national policies for controlling the unemployed have fed off each other (1997-2005). Journal of Public Policy Studies, 1(25).

Dubois, V. (2021). Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre. Raisons d’agir.

Duval, J. (2002). Une réforme symbolique de la Sécurité sociale. Les médias et le “trou de la Sécu.” Actes de la recherche en sciences sociales, 143(3), 53–67.

Fassin, D. (2009). Moral Economies Revisited. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 64th Year(6), 1237–1266.

Genieys, W., & Hassenteufel, P. (2001). Entre les politiques publiques et la politique: L’émergence d’une “élite du welfare”? Revue Française Des Affaires Sociales, 4, 41–50.

Gustafson, K. S. (2011). Cheating welfare: Public assistance and the criminalization of poverty. New York University Press.

Hall, P. A. (2001). Organized Market Economies and Unemployment in Europe: Is it Finally Time to Accept Liberal Orthodoxy? In N. Bermeo (Ed.), Unemployment in the New Europe (p. Ch. 2). Cambridge University Press.

Jobert, B., & Théret, B. (Eds.). (1994). Le tournant néo-libéral en Europe: Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales. Harmattan.

Laroque, G., & Salanié, B. (2000). Une décomposition du non-emploi en France. Economie et Statistique, 331(1), 47–66. https://doi.org/10.3406/estat.2000.6789

Lebaron, F. (2000). La croyance économique: Les économistes entre science et politique. Seuil.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Mirau, C. (2002). L’« affaire Laroque-Salanié »: Une controverse avortée en matière d’expertise économique et sociale. Genèses, 49(4), 110–122. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/gen.049.0110

Morgen, S., & Maskovsky, J. (2003). The Anthropology of Welfare ‘Reform.’ Annual Review of Anthropology, 32, 315–338.

Perrin-Heredia, A. (2013). La mise en ordre de l’économie domestique: Accompagnement budgétaire et étiquetage de la déviance économique. Gouvernement et action publique, 2(2), 303–330. https://doi.org/10.3917/gap.132.0303

Piven, F. F., & Cloward, R. (1993). Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare. Vintage.

Soss, J., Fording, R. C., & Schram, S. (2011). Disciplining the poor: Neoliberal paternalism and the persistent power of race. University of Chicago Press.

Swaan, A. de. (1988). In care of the state: Health care, education, and welfare in Europe and the USA in the modern era. Oxford University Press.

Wacquant, L. J. D. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

---