Abordaje desde los feminismos ecoterritoriales
Milenka Vanessa Almanza López y Oscar Ranulfo Ayala Aragón
Introducción
El municipio de Potosí en Bolivia representa uno de los espacios más paradigmáticos del extractivismo en Abya Yala. Desde la colonia, la minería ha moldeado su economía, sus estructuras sociales y su identidad, lo que ha convertido al Cerro Rico en símbolo de riqueza y sacrificio ambiental. Este legado histórico ha configurado una identidad colectiva profundamente vinculada a la explotación de los bienes comunes y una relación utilitaria con la naturaleza. En el contexto contemporáneo, esa identidad minera se reconfigura bajo nuevas formas de poder económico y político que, lejos de romper con el pasado colonial, reproducen las mismas lógicas de despojo y subordinación de los cuerpos y territorios.
El capítulo analiza las tensiones entre la identidad minera y la justicia hídrica en Potosí, comprendiendo el agua no solo como recurso, sino como bien común y territorio simbólico atravesado por relaciones de poder. Desde la ecopolítica y los feminismos ecoterritoriales, se plantea que la crisis hídrica en la región no puede entenderse como un fenómeno natural, sino como una consecuencia estructural del modelo extractivo, que privilegia la rentabilidad minera sobre los derechos de la naturaleza y de las comunidades.
El enfoque teórico combina los aportes de la ecología política y los feminismos ecoterritoriales, con el fin de comprender la dimensión política y simbólica del agua en un contexto marcado por la desigualdad, la colonialidad y la violencia ambiental. Autores como Svampa (2019), Gudynas (2011) y Cabnal (2010) permiten articular la lectura del extractivismo no solo como modelo económico, sino como régimen civilizatorio que produce jerarquías de género y territorio. En este marco, el cuerpo y el agua aparecen como espacios de disputa donde se inscriben las huellas del poder y las posibilidades de resistencia.
El propósito central de este trabajo es interpretar la relación entre minería, desigualdad y agua en contexto de sequía como un conflicto socioambiental que evidencia los límites del desarrollo extractivista y neocolonial. A partir de un análisis crítico del discurso minero, de los marcos normativos ambientales y de las prácticas de resistencia comunitaria, el capítulo examina cómo la apropiación del agua se convierte en mecanismo de dominación y en eje de las luchas por la vida.
Finalmente, la reflexión aporta a la comprensión de las alternativas ecoterritoriales que emergen en Potosí como respuesta a la crisis socioambiental, destacando el papel de las mujeres y las prácticas comunitarias en la construcción de un horizonte de justicia ambiental. Así, el estudio propone pensar el territorio no como un espacio de extracción, sino como un entramado vivo de relaciones donde el agua, la memoria y el cuerpo constituyen el fundamento de un nuevo sentipensar (Escobar, 2016) para habitar el mundo.
Identidad minera y construcción del poder patriarcal en Potosí
La crisis ambiental y del agua en el municipio de Potosí no puede entenderse únicamente desde su dimensión climática o técnica, sino como el resultado histórico de una estructura extractiva y patriarcal profundamente arraigada en la cultura minera. La denominada identidad minera se ha configurado en torno a una racionalidad productivista que normaliza la dominación de la naturaleza, que subordina la vida y los cuerpos feminizados, legitimando un orden económico y político.
Esta identidad, consolidada desde la colonia y reforzada por las cooperativas mineras, empresarios mineros, transnacionales, el Estado y medios de comunicación, encarna una visión del territorio centrada en la extracción como destino colectivo. En ella la figura del minero, proveedor, dispuesto al riesgo y al sacrificio, se convierte en modelo de ciudadanía local. Ulloa (2016) señala que esta forma de identidad está marcada por una lógica de masculinidad heroica que exalta la conquista de la naturaleza y disciplina las disidencias internas al considerarlas traición a la fuente de trabajo o al legado histórico del Cerro Rico.
Rivera Cusicanqui (2010) propone, a través de la noción de ch’ixi, comprender esta tensión entre lo indígena y lo moderno, entre lo subalterno y lo hegemónico, que coexisten sin fundirse. Esa convivencia conflictiva se reproduce en Potosí en forma de un extractivismo híbrido: colonial en su lógica de despojo y moderno en su discurso de progreso.
Estas prácticas se visibilizan con titulares como: “Potosí tiene agua gracias a la minería, la gente quiere que se les corte el agua a los ingenios y no sabe que no hubiera tenido agua si no hubieran existido estos”, asevera el historiador Juan Toro (Correo del Sur, 2017), afirmación que simplifica la complejidad de la problemática y limita el territorio potosino a una mera visión antropocentrista.
Esta identidad también se consolida en la música, como es el caso de la canción del grupo folclórico Savia Andina, que versa:
Desde mi cerro vengo
Potosí chirihuayrita (frío viento)
con sabor a copajira
Potosí colque llajtita (tierra de plata)
(Savia Andina, 1980)
Esta canción acepta abiertamente que Potosí tiene sabor a copajira (nombre coloquial que se da al drenaje ácido que emana de minas o rocas, cuya composición es ácido sulfúrico diluido) y la cobija en su identidad, la acepta en sus ríos y en sus cuerpos.
Desde los feminismos ecoterritoriales, esta matriz cultural es interpelada como expresión del patriarcado colonial que mercantiliza la naturaleza y se consolida en la identidad minera. Según Cabnal (2010, citada en Gómez y Libreros, 2021), la categoría cuerpo-territorio permite comprender que las agresiones sobre la tierra: contaminación, saqueo o la privatización del agua, son prolongaciones de las violencias ejercidas históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. Así las luchas ecoterritoriales en Potosí emergen como respuesta a un mismo sistema de opresión que opera sobre múltiples escalas: ecológica, política, social y de género.
Svampa y Viale (2020) advierten que el modelo extractivo vigente en América afro-Abya Yala impacta de manera desproporcionada sobre las mujeres, especialmente sobre las indígenas, campesinas y populares, quienes asumen los efectos de la contaminación y de la escasez de agua a través de la denominada “crisis de los cuidados”. En este marco, los feminismos ecoterritoriales no se limitan a denunciar los daños ambientales, sino que articulan una crítica estructural al capitalismo patriarcal y proponen una reconfiguración ética de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.
Desde esta perspectiva, la sequía no solo representa un fenómeno climático extremo, sino también un acontecimiento político que revela las jerarquías del poder. En la sequía, quien controla el agua controla la vida, lo que sintetiza la dimensión biopolítica del conflicto: el dominio sobre el agua equivale al dominio sobre la posibilidad misma de existir. Por ello, las resistencias de las mujeres y de los pueblos originarios no son simples respuestas coyunturales, sino formas de reexistencia que defienden la vida en su complejidad.
La sequía como catalizador del conflicto hídrico y social
La sequía constituye un fenómeno climático complejo y multifactorial que implica la reducción temporal y prolongada de la disponibilidad de agua en el suelo y la atmósfera. De acuerdo con SENAMHI, HELVETAS Perú y PREDES (2021), se trata de un “evento extremo de origen natural relacionado a la deficiencia de agua”, aunque en las últimas décadas su recurrencia e intensidad han sido agravadas por los efectos del cambio climático. En el caso de Potosí, la variabilidad de las precipitaciones se ha intensificado, lo que generó un desequilibrio en los ecosistemas y en la sostenibilidad de las fuentes de agua.
Durante el año 2024, el municipio de Potosí fue identificado como una de las zonas de mayor riesgo de sequía en Bolivia, evidenciando una vulnerabilidad estructural vinculada a su dependencia del extractivismo minero y la débil capacidad de gestión hídrica local. Esta crisis hídrica no se manifiesta únicamente como escasez física del recurso, sino también como una crisis política, social y de justicia ambiental, donde el acceso al agua reproduce relaciones de poder desiguales.
En este contexto, la identidad minera, arraigada en una lógica productivista y patriarcal, actúa como catalizador de inequidad hídrica. El predominio de la minería sobre otros usos del agua genera una jerarquía en la distribución, priorizando la producción sobre la reproducción de la vida. Esta dinámica confirma lo que Gudynas (2011) denomina la “acumulación por desposesión ecológica”, en la que los bienes naturales son subordinados a las necesidades del capital extractivo. En Potosí, las cooperativas y empresas mineras, amparadas por su influencia política y económica, garantizan un suministro de agua incluso en periodos de emergencia, mientras que las poblaciones urbanas y rurales deben restringir su consumo doméstico o recurrir a fuentes alternativas a kilómetros de sus hogares.
Las consecuencias sociales son profundas. La sequía ha incrementado las desigualdades existentes y ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres y grupos empobrecidos. En barrios periurbanos de Potosí, mujeres y niños recorren largas distancias para obtener agua, mientras que el acceso permanece garantizado para los ingenios. Estas experiencias no son meramente anecdóticas: representan la materialización de una injusticia hídrica estructural donde el poder político, económico y patriarcal son pilares históricos de dominación.
En Potosí, el despojo hídrico y la sequía no solo desestabilizan los ecosistemas, sino que fracturan las redes comunitarias y los cuidados que sostienen la vida cotidiana. Así, la sequía actúa como un espejo que refleja la arquitectura del poder hídrico en el contexto potosino: el agua fluye hacia quienes ostentan poder económico y político, mientras que las mayorías empobrecidas enfrentan su escasez como forma de violencia estructural. Este escenario confirma que la crisis climática no es neutra ni natural, sino profundamente social, patriarcal y colonial. En consecuencia, el conflicto hídrico en Potosí se configura como un espacio donde se disputan sentidos de justicia, soberanía y la vida misma, y así abre el camino hacia las resistencias ecoterritoriales que buscan restablecer el equilibrio entre el territorio y los cuerpos que lo habitan.
Estructuras de poder económico, político y patriarcal del agua
El control del agua en Potosí se encuentra determinado por una estructura de poder que combina la fuerza económica del sector minero, la mediación política de las cooperativas y la legitimación cultural de una identidad masculina ligada al trabajo extractivo. Esta tríada económica, política y simbólica sostiene un régimen de dominación sobre los recursos naturales que perpetúa desigualdades y normaliza la subordinación de la vida frente al capital.
Desde la relocalización de 1986, las cooperativas mineras adquirieron protagonismo en la economía regional y, con ello, una influencia decisiva en la gestión del territorio y del agua. Su papel trasciende la esfera productiva: se desempeñan como actores corporativos con capacidad de presión sobre el gobierno local, condicionando las decisiones en torno a licencias, concesiones y distribución del agua. Esta situación ha derivado en una forma de captura institucional según la cual los intereses privados se imponen sobre el bien común, de modo que se consolida lo que Ulloa (2016) denomina “hegemonía extractiva patriarcal”, sustentada en la masculinidad productivista que naturaliza la dominación sobre el territorio.
El poder político de las cooperativas se refuerza mediante vínculos con las instancias municipales, departamentales y nacionales, lo que les permite acceder al agua aun en periodos de sequía. En este contexto, la Ley de Minería y Metalurgia (2014) y la persistencia de la Ley de Aguas de 1906 operan como marcos normativos que mantienen una concepción instrumental del agua, al priorizar su uso productivo sobre su valor ecológico y social. Esta institucionalización de la desigualdad confirma que el Estado, lejos de actuar como regulador, se convierte en mediador funcional del poder extractivo.
En el plano simbólico, la identidad minera masculinizada reproduce jerarquías de género en la administración del agua. La toma de decisiones y la representación política del agua están dominadas por varones, mientras que las mujeres, encargadas cotidianamente de su uso doméstico y comunitario, son relegadas al ámbito privado. Esta división refuerza lo que Svampa (2019) describe como la “racionalidad de la extracción”, una matriz cultural donde la productividad se opone al cuidado y donde el sacrificio del territorio se justifica como precio del progreso.
La conjunción de estos factores convierte el agua en un bien político y no ambiental. Así, la estructura patriarcal de la minería no solo agota los acuíferos y contamina los ríos, sino que también consolida un orden social donde el privilegio hídrico se convierte en un marcador de dominación. Este régimen, sostenido por la alianza entre corporaciones, burocracia estatal y cultura patriarcal, revela que el despojo del agua en Potosí es simultáneamente un proceso económico y una práctica de poder sobre la vida.
Injusticia hídrica, desigualdad y despojo socioambiental
Bajo esos antecedentes en Potosí la gestión hídrica, en lugar de orientarse al bienestar colectivo, responde a una lógica de acumulación que privilegia el uso industrial por encima de las necesidades vitales de la población.
En el área urbana de Potosí, con una población de 218.336 habitantes (INE, 2024), el consumo establecido es de 140 litros por persona al día, lo que equivale a 30.567 metros cúbicos diarios o 982.512 metros cúbicos mensuales; en contraste, los 34 ingenios mineros que operan dentro de la ciudad utilizan en promedio 8.000 metros cúbicos por mes cada uno (La Estrella, 2024), alcanzando un total de 272.000 metros cúbicos mensuales, equivalentes a casi una tercera parte del volumen total de agua que consume la población. Esta proporción revela la inequidad en la distribución, que se agrava por la debilidad institucional. La Secretaría de la Madre Tierra de Potosí realiza los monitoreos de vertidos de los diques de colas únicamente en puntos de confluencia (Guevara, 2022), lo que impide identificar la responsabilidad individual de cada ingenio, situación que contradice lo dispuesto en el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (1995). A ello se suma el desvío de 30 litros por segundo del rebalse de las lagunas del Sistema Kari Kari hacia el ingenio San Silvestre, mientras las zonas periurbanas enfrentan cortes prolongados del suministro (El Potosí, 2024).
En las zonas periurbanas y rurales, la escasez y la contaminación se traducen en precariedad y sobrecarga de tareas domésticas; las mujeres, responsables principales del trabajo de cuidados, recorren varios kilómetros hasta el Municipio de Chaqui para lavar ropa o asear a sus hijos (AFP, 2023). Estas prácticas consolidan una economía de la carencia que traslada el costo de la crisis hídrica a los hogares y profundiza las desigualdades de género. En ese contexto, vecinos de la zona de San Cristóbal señalan las dificultades que atraviesan para abastecerse de un poco de agua: “nos levantamos a las cuatro de la mañana para recoger lo poco que llega, al menos para el uso higiénico”. Añaden que muchas veces no logran abastecerse o deben compartir con los demás vecinos (ALER, 2024).
Desde los feminismos ecoterritoriales, este proceso constituye una forma de violencia estructural sobre el cuerpo y el territorio. La apropiación del agua y la contaminación minera son extensiones de las violencias patriarcales que disciplinan la vida y fragmentan el tejido comunitario (Cabnal, 2010, citada en Gómez y Libreros, 2021). Los estudios sobre drenaje ácido del Cerro Rico evidencian concentraciones de zinc de hasta 550 mg/L, muy por encima de los límites permisibles, lo que confirma el legado tóxico del modelo minero y su deuda ecológica con el territorio (Strosnider y Llanos, 2011).
Gudynas (2011) y Svampa (2019) definen este fenómeno como despojo hídrico, es decir, la pérdida del acceso y de la calidad del agua que, aun estando físicamente presente, se vuelve inutilizable para la reproducción de la vida.
Caso Manquiri: apropiación neocolonial del agua
La tensión entre la minería y la vida se expresa con particular intensidad en el caso de la transnacional Manquiri, donde el conflicto por el agua se traduce en una apropiación neocolonial corporativa y de continuidad del despojo socioambiental en Potosí.
La Empresa Minera Manquiri S.A., subsidiaria de la firma sueca Argentum Investments y capitales mexicanos, opera sobre áreas arrendadas por la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), procesando minerales de baja ley provenientes de material suelto, como desmontes, escombreras y pallacos, mediante lixiviación con cianuro de sodio para la recuperación de plata doré (MMAyA, 2018).
La operación no solo implica un alto impacto ambiental, sino que consolida una dependencia económica estatal respecto de la renta extractiva, lo que debilita las alternativas productivas y los derechos colectivos sobre el territorio (Andreucci y Radhuber, 2017).
En 2008, la comunidad originaria del Ayllu Jesús de Machaca denunció que la empresa construyó su dique de colas sobre la ciénega o humedal más importante de la zona, lo que provocó una escasez crónica de agua para el consumo humano y la ganadería. Los testimonios reportan la muerte de animales por beber agua contaminada y la desaparición de un río local, como se manifestó por las familias afectadas: “era un lugar grande, ahora está seco, había un río y ha desaparecido. Antes habían pequeñas ciénegas y casas y esas están desapareciendo” (OMAL, 2008).
Este caso refleja cómo la lógica del capital se impone sobre los sistemas ecológicos y culturales, subordinando los derechos de los pueblos originarios reconocidos por la Constitución Política a los intereses extractivos estatales y corporativos.
Los indicadores ambientales de la propia empresa confirman la magnitud del impacto hídrico. En 2023, el balance hídrico de Manquiri registró un uso total de 2.287.270,04 m³ de agua, proveniente principalmente de la laguna Chaluma. Del total, el 48,79 % corresponde a “agua producida” y el 48,75 % a “agua de terceros”, mientras que solo el 2,47 % proviene de fuentes superficiales.
El empleo del término “agua producida” evidencia un intento discursivo de privatizar simbólicamente un bien común, puesto que el agua no es generada por la empresa, sino por los procesos ecológicos y geohídricos de la naturaleza. Esta apropiación semántica forma parte de una estrategia de legitimación corporativa que encubre la mercantilización del agua.
En cuanto a la huella hídrica, los registros de 2024 señalan una huella azul del 72 % relativa a la extracción directa de fuentes naturales, y una huella gris del 28 % vinculada a la contaminación por efluentes (Minera Manquiri, 2024).
Estas cifras revelan que el impacto principal proviene del consumo extractivo del agua, más que por la contaminación. Sin embargo, sus operaciones de gran escala obligaron al Tribunal Agroambiental (2024) a ordenar la restauración integral de las lagunas Chalviri, Lovato, Ulistia y Phisco Kocha, afectadas por la actividad de la empresa, y a ejecutar una auditoría ambiental en un plazo de cuatro meses.
La magnitud de la extracción y la concentración del control sobre las fuentes hídricas configuran un caso paradigmático de apropiación neocolonial del agua. Como advierte Shiva (2016), el “cercamiento del agua” constituye una nueva fase de mutación del colonialismo, donde las corporaciones transnacionales monopolizan el acceso a los bienes comunes y transforman los territorios en zonas de sacrificio. En Potosí, la exclusividad de uso sobre la laguna Chaluma reproduce el mismo patrón: la empresa dispone de un bien vital, mientras que las comunidades enfrentan racionamiento y contaminación.
Esta dinámica no solo perpetúa la dependencia económica y política del extractivismo, sino que reconfigura el territorio como un espacio de subordinación múltiple: ambiental, económica y epistémica. La huella hídrica de Manquiri no es solo una medida técnica, sino una expresión material de la colonialidad del poder sobre la naturaleza.
Violencia ecoterritorial y resistencias
El avance de la minería en Potosí no solo ha reconfigurado el territorio físico, sino también los cuerpos que lo habitan. La explotación de los bienes comunes impone una lógica de desposesión que atraviesa tanto la naturaleza como la vida cotidiana, y así genera lo que se ha denominado violencia ecoterritorial: una forma de dominación que destruye los ecosistemas y, al mismo tiempo, fragmenta los tejidos sociales y simbólicos que los sostienen. En este escenario, las mujeres son las principales afectadas, no solo por la carga material del trabajo de cuidados en contextos de escasez, sino también por la violencia simbólica y estructural que las excluye de la toma de decisiones sobre el agua y el territorio.
Esta violencia se expresa en múltiples dimensiones. En los barrios más afectados por la minería, las poblaciones en situación de vulnerabilidad enfrentan la contaminación del aire, del agua y del suelo como una extensión de la precarización de sus vidas. La presencia de metales pesados y drenajes ácidos provenientes del Cerro Rico afecta la salud de las familias, deteriora las fuentes de agua y agrava las condiciones de pobreza (Strosnider y Llanos, 2011). Frente a ello, aunque pocas, las mujeres se han convertido en las principales portadoras de memoria y denuncia, asumiendo la defensa del agua y la vida como una tarea política, simbólica, ética y de resistencia cultural.
Las luchas en barrios afectados por la minería, como Pailaviri, muestran que, ante la contaminación y el abandono institucional, las mujeres han creado estrategias de resistencia estética y comunitaria a través de bordados, en los que plasman la devastación de su entorno y la persistencia de la vida. Estas prácticas reconfiguran el dolor en expresión, la pérdida en memoria y la subordinación en denuncia. Los bordados de Pailaviri traducen en lenguaje textil lo que la minería intenta silenciar, en frases como: “La copajira no es identidad minera porque contamina”, o “Los desechos mineros no son nuestra identidad, son una amenaza destructora: mujeres Campamento Pailaviri”; esto denota el vínculo inseparable entre la opresión de las mujeres y el territorio. Cada puntada reconstruye una narrativa de resistencia, donde la tierra herida se convierte en símbolo de dignidad y supervivencia.
Desde la perspectiva de los feminismos ecoterritoriales, la articulación entre arte, memoria y cuerpo constituye una respuesta ética al extractivismo. Cabnal (2010) sostiene que el cuerpo-territorio es el primer espacio político de defensa, porque en él se inscriben las huellas del colonialismo y el patriarcado. Cuando las mujeres bordan ríos contaminados o montañas heridas, no representan solo la naturaleza devastada: narran su propia experiencia de despojo, violencia y reconstrucción. De esta manera, la práctica artística se transforma en acción política, en una forma de hacer visible lo que el modelo minero busca invisibilizar: la dimensión humana y emocional de la crisis ecológica.
Svampa (2019) señala que los feminismos ecoterritoriales reconfiguran las nociones de desarrollo y progreso al situar la vida en el centro de la política. En el contexto potosino, esta reconfiguración adopta un carácter concreto: denunciar la contaminación, cuestionar el monopolio del agua y recuperar la voz de las comunidades en la gestión de los bienes comunes.
La violencia ecoterritorial no se limita a la destrucción ambiental, sino que también afecta los imaginarios y las subjetividades. Sus prácticas expresivas, sostenidas en el dolor y la esperanza, constituyen la base de una política de la vida que desafía el orden patriarcal y colonial del territorio. De ahí que los cuerpos y los bordados de las mujeres se erijan como territorios de resistencia, donde el arte y la acción cotidiana devuelven sentido a la tierra devastada y anuncian la posibilidad de una justicia ecológica con rostro humano y femenino.
Alternativas ecoterritoriales y horizonte de soberanía hídrica
Frente a la identidad minera masculinizada, estos feminismos proponen una contrahegemonía identitaria basada en la ética del cuidado (Paredes, 2014). Mientras que la identidad minera promueve el sacrificio, los feminismos ecoterritoriales, encarnados por mujeres indígenas y populares, rechazan cualquier forma de sacrificio y defienden la vida en el centro. Su consigna es “cuidar el territorio como se cuida un hijo”, una identidad política construida desde la defensa del agua (Zeballos, 2021).
Las iniciativas en Potosí, aunque escasas frente a la escala industrial, expresan una voluntad de reorganización comunitaria que desafía la lógica mercantilizadora del agua. En ellas, la gestión del recurso deja de ser un asunto técnico para convertirse en un acto político de soberanía.
La soberanía hídrica implica restituir la capacidad colectiva de decidir sobre el agua y sus usos, desde un principio de reciprocidad ecológica. En la cosmovisión andina, el agua no es una mercancía ni un insumo, sino una entidad viva que participa del equilibrio entre los mundos. Este principio se sintetiza en el concepto de yakumama (mama agua), que reconoce el carácter sinérgico del agua, y recuperar esa dimensión espiritual y política equivale a desmontar la racionalidad moderna que separó lo humano de lo natural.
Por todo ello, es urgente seguir construyendo los cimientos hacia una transición socioecológica en Potosí que implique un cambio de paradigma relacional entre sociedad y naturaleza. En el caso potosino, esta transición se construye desde abajo, a partir de las prácticas de cuidado y reciprocidad.
Conclusiones
Esta investigación demuestra que la sequía actúa como un catalizador que hace visibles las contradicciones estructurales entre la identidad minera y la justicia hídrica en Potosí. Este fenómeno no puede interpretarse únicamente como una consecuencia natural del cambio climático, sino como el resultado de un modelo económico y político que privilegia la minería por encima de la vida. La minería, al ocupar el centro de la identidad regional, ha configurado un sistema patriarcal, corporativizado y neocolonial que define quién accede al agua y bajo qué condiciones. En este orden extractivo, el agua fluye hacia quienes concentran el poder y se aleja de los cuerpos y territorios que la producen.
Los datos analizados reflejan que la presión minera sobre el agua ha intensificado la desigualdad social y ambiental, evidenciando el despojo hídrico por contaminación. La desproporción entre el consumo industrial y el doméstico, junto con la contaminación generada por los diques de colas, ha transformado las fuentes naturales en espacios de riesgo ecológico. La falta de control estatal confirma la captura institucional por parte del sector minero. En consecuencia, la justicia hídrica no puede alcanzarse sin una transformación profunda del régimen extractivo que regula el agua en Potosí y en Bolivia.
Desde la mirada de los feminismos ecoterritoriales, la crisis del agua en Potosí se revela como una expresión simultánea de dominación patriarcal y colonial. Las agresiones contra los ecosistemas y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, obedecen a una misma lógica de poder que mercantiliza la vida. En este sentido, la defensa del agua se convierte en una defensa del cuerpo-territorio, las manifestaciones tienen rostro de mujer y evidencian que las respuestas comunitarias emergen como alternativas concretas ante la crisis.
La relación entre minería y agua en Potosí sintetiza las tensiones del neoextractivismo: la naturaleza se encuentra atrapada entre el discurso desarrollista, capitalista y de persistencia de las formas coloniales de despojo. Romper con esta estructura implica avanzar hacia un horizonte de soberanía hídrica, sustentado en la justicia ambiental, y abolir las opresiones en relación con género. Solo en esa convergencia entre saberes ancestrales, responsabilidad ecológica y transformación política puede pensarse un futuro posminero que refleje un Potosí más allá de la minería, donde el agua fluya en un ciclo, no hacia el poder. De lo contrario, Potosí seguirá transitando hacia un territorio vacío, incluido de manera forzada en la economía mundial.
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