Algunos antecedentes en la arena internacional

Este capítulo recupera los principales antecedentes que hacen a la conformación del tema en la arena regional e internacional. A través de una breve genealogía, se identificarán los eventos más significativos que abrieron paso para trabajar sobre la situación de las mujeres y sus derechos. Esta contextualización, permite ver que, ya para inicios del Siglo XX el activismo de las mujeres y feministas logra ocupar un lugar en la agenda de negociaciones internacionales.

El abordaje del recorrido será, en primer lugar, una revisión de la trayectoria de incidencia interamericana que tuvieron las mujeres para reivindicar y reconocerse como sujetas de derechos; seguidamente de las reconfiguraciones que trajo la idea occidental del desarrollo económico y la visibilización del rol de las mujeres en él. Por último, se presenta el estado del arte y los diversos enfoques desde donde se ha estudiado el tema, que introducen el marco teórico y metodológico utilizado en la presente tesis.

1.1. Construcción institucional: de lo regional a lo global y viceversa

Los últimos años del Siglo XIX fueron testigos de una época avanzada de disputas de derechos en varios países^[1] y que, probablemente hayan sido un importante impulso para los primeros años del siguiente siglo. En las primeras décadas de 1900 sucedieron significativos hitos para las mujeres latinoamericanas: el primer Congreso de Librepensamiento, en 1906 y los Congresos Internacionales feministas, que particularmente se llevaron a cabo en Sudamérica^[2]. Las preocupaciones de aquellos años giraban alrededor del acceso a la educación superior, la paz, la doble moral y, centralmente, conseguir el derecho al sufragio (Gargallo, 2004). Dicho contexto impulsó a nivel regional la creación de la Unión Panamericana de Mujeres en 1915, la cual lleva adelante los preparativos de la Primera Conferencia Panamericana de la Mujer en 1922 en los Estados Unidos. La construcción de estos espacios dio lugar a la creación de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) en la IV Conferencia Internacional Americana de 1928, en La Habana, Cuba.

De acuerdo con Giordano (2012) el cambio de siglo produjo una ruptura en la hegemonía internacional que favoreció al fortalecimiento de los espacios hemisféricos para canalizar las demandas. Proceso que reemplaza el intervencionismo europeo por una “tutela norteamericana” y en donde el “primer feminismo” forja un claro perfil “transnacional” (Giordano, 2012:75-76), característica ligada a los intentos de la unión de las subregiones de las Américas para fortalecer sus capacidades. El propósito del Panamericanismo era que las Américas del Norte, Centro y Sur unidas se potenciarían entre sí para trabajar en pos del desarrollo de la región. En este marco, -aunque poco estudiado- las mujeres también veían con ilusión la unidad del continente como oportunidad para gestar organizaciones con sus pares de todas las repúblicas americanas (Miller, 1991 en Jaiven, 2009:18).

La creación del sistema de Naciones Unidas (ONU) en 1945 sentó una importante base en materia de derechos:

En 1945, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas reafirmó la “fe en los derechos humanos fundamentales… en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Durante la primera Asamblea General de la ONU, realizada en San Francisco, las mujeres delegadas exigieron una atención especial a sus demandas. Como resultado, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó una subcomisión sobre la Condición de la Mujer. Durante la primera y única reunión de la Subcomisión, ésta votó unánimemente la instalación de una comisión que se dedicara exclusivamente al análisis de la condición de la mujer. Se estableció así, en el Departamento de Economía Internacional y Asuntos Sociales, una oficina de Avance para la Mujer. Como conclusión de este proceso, surgió en junio de 1946 la Comisión sobre la Condición de la Mujer (Centro Tribuna Internacional de la Mujer, 1994 en Guzmán Stein y Pacheco Oreamuno, 1996:57)

Estas declaraciones bajo el sistema ONU, establecieron un estándar global sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos en general y, en particular, delimitó un marco de referencia clave para los derechos humanos de las mujeres. De modo que, el reconocimiento específico de derechos durante estos años permitió avanzar en la actualidad con el objetivo de promover la igualdad de género tanto en el nivel global como regional dentro del sistema de protección de Derechos Humanos (Gherardi, 2017).

En consonancia a la creación de la ONU, en 1948 a nivel regional se crea la Organización de Estados Americanos (OEA). A partir de ese momento, la CIM se incorpora como el órgano especializado para promover y asesorar sobre los derechos de las mujeres en todo el continente. El 10 de diciembre de ese mismo año se adopta y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos (Res. 217 A), motor de las convocatorias internacionales para discutir y trabajar en pos de estos derechos y, en donde las delegadas de la región en particular fueron quienes presionaron para que la declaración no lleve el nombre de “derechos del hombre”, sino que sea la categoría de “humanos” la que se incluyera para abarcar tanto varones como mujeres y sentar las bases que introducen el concepto “sexo” (Tomasevski, 1993 en Guzmán y Pacheco, 1996). En especial, los archivos de esos años recuperan el legado de Eleanor Roosevelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino, Begum Shaista, Ikramullah Bodil Begtrup, Marie-Hélène Lefaucheux, Evdokia Uralova y Lakshmi Menon (Adami, 2018).

Esta declaración universal, afianza las bases fundamentales sobre el principio de la no discriminación. En su artículo número 2 dice que todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en la Declaración “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Acorde a Gherardi, la prohibición a toda discriminación negativa, entre otras por el sexo de las personas, también se introdujo en términos semejantes en dos pactos internacionales sobre los derechos conocidos como de primera generación, estos son los derechos civiles y políticos y; los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos aprobados por las Naciones Unidas en 1966, donde también se explicitan la garantía del goce de todos los derechos para todos los hombres y todas las mujeres (Gherardi, 2017:1-2).

Estos principios globales sobre derechos establecieron la no discriminación hacia las mujeres por su condición de mujer, que es la más generalizada a nivel mundial. Gracias a este precedente, los años posteriores fueron protagonistas de un desarrollo teórico más profundo acerca de la discriminación negativa hacia las mujeres^[3]. Con anterioridad, las Naciones Unidas desarrollaron distintas actividades, declaraciones y documentos sobre la situación de la mujer en el mundo, que serán uno de los principales cimientos para la preparación de la conferencia mundial de la mujer décadas después (Grammatico, 2004). A lo largo de la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos, se establecieron normativas en sintonía con el consorcio mundial, como la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933), las Convenciones Interamericanas sobre las Concesiones de Derechos Políticos y Civiles a las Mujeres (1948) y las resoluciones aprobadas entre 1954 y 1957 sobre derechos económicos y políticos de las mujeres (CIM, 2019).

A partir de la década de 1960, se inaugura la concepción de un desarrollo particular con un giro significativo para las mujeres con foco en la arena internacional. El protagonismo que asume el sistema de Naciones Unidas durante estos años deja translucir las sinergias que se generan, en especial sobre estos temas, entre los niveles regional y global. Se trató de la creación de un área de investigación desde nuevas dimensiones de análisis sobre el desarrollo y el rol de las mujeres en él, a través del establecimiento en 1963 del Instituto autónomo de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD en inglés) encargado de investigar y analizar multidisciplinariamente las dimensiones sociales de las políticas de desarrollo, lo que representó el comienzo de una nueva percepción del lugar de las mujeres en los procesos económicos. La nueva apreciación y los esfuerzos para incluir como sujetos de derechos a las mujeres en las declaraciones universales de derechos humanos abrieron paso para la defensa de las mujeres como sujetos económicos partícipes del proceso de desarrollo. La producción académica^[4] de esos años sobre este tema, fueron los resortes de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975^[5]. Esta conferencia, acordó diseñar un plan estratégico para llevar adelante en el decenio de la mujer 1975-1985 un paquete de medidas que debían adoptarse a nivel nacional para conseguir la realización del lema elegido para la década “Igualdad, Desarrollo y Paz”:

Las directrices emanadas del Plan se centraron en 8 áreas de acción: cooperación internacional y fortalecimiento de la paz mundial; participación política; educación y formación; empleo y funciones conexas en la economía; salud y nutrición; la familia en la sociedad moderna; población; y servicios de vivienda y afines. En cada una de estas áreas se fijaron una serie de metas a alcanzar destinadas a provocar el “adelantamiento de la mujer (Grammatico, 2004:105)

En términos institucionales, este hecho produjo una valiosa oportunidad para la gestación de grandes redes de organizaciones de mujeres, feministas, independientes y ONGs a nivel global (Guzmán Stein y Pacheco Oreamuno, 1996:60). Según el Consejo Económico y Social -encargado de coordinar económica y socialmente el desempeño de los 14 organismos del sistema ONU- la reunión internacional debía elaborar:

(…) un programa de acción internacional que incluya medidas a corto y largo plazo destinadas a lograr la integración de la mujer como partícipe cabal e igual del hombre en el esfuerzo total del desarrollo y a eliminar la discriminación por motivos de sexo, así como a lograr la más amplia intervención de la mujer en el fortalecimiento de la paz internacional y la eliminación del racismo y la discriminación racial (ONU, 1976: 6-7).

El énfasis estuvo puesto en el lugar que la mujer debía tener en el proceso de desarrollo, especialmente en aquellos países en vías de hacerlo, bajo los argumentos que conectan las preocupaciones sobre el desarrollo, la eficiencia productiva y la contribución de la mujer en tal proceso.

Esta corriente de pensamiento se originó por un grupo de profesionales del desarrollo femenino^[6] en Estados Unidos a finales de los años sesenta y principio de los setenta, los cuales sostenían que la modernización tenía un impacto diferencial entre varones y mujeres por lo que, el desarrollo debía mejorar sus derechos y su estatus por medio de su integración a la economía productiva (Tinker, 1999:30). Este enfoque de las mujeres en el desarrollo se conoce más por sus siglas en inglés de women in development (WID) y por haber desafiado a los supuestos del desarrollo económico desde el enfoque de bienestar, destacando la importancia de las mujeres para las economías, principalmente aquellas que eran esencialmente agrícolas como los países de África Subsahariana (Boserups, 1970).

La incorporación de estos argumentos en el sistema de Naciones Unidas y en sus agencias de desarrollo, generaron las recomendaciones internacionales para promover por primera vez a escala global los intereses de las mujeres, fundamentalmente el derecho a la participación y a beneficiarse del proceso de desarrollo. La promoción de estas recomendaciones sienta las bases para la creación de una legislación nueva, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, más conocida por sus siglas en inglés, la CEDAW, sancionada en 1979 y con vigor desde 1981. En paralelo, a nivel regional, la OEA declaró el decenio 1976-1986 de la Mujer en las Américas, un período que no se puede ignorar para la historia latinoamericana la cual experimentaba los autoritarismos más cruentos y, en donde las mujeres organizadas fueron quienes instalaron el concepto de delito de violencia sexual para visibilizar la situación diferencial de violencia que sufren las mujeres en contextos bélicos y de golpes de estado.

A partir de los años 80, se fortalecieron las redes de activistas por medio de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (EFLAC). El primer EFLAC se realizó en Bogotá en 1981, allí se acordó declarar el 25 de noviembre como el día de acción contra la violencia hacia las mujeres en conmemoración a las hermanas Mirabal, víctimas de la dictadura dominicana de Trujillo (1960) reforzando la concepción de la violencia de manera integral y no meramente como un acto doméstico-privado. Cabe señalar que recién en el año 2000 la Asamblea de la ONU lo declaró día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General, Resol. 54/134). Para las activistas de la región, la posibilidad de encontrarse dio lugar a nuevas formas de intercambio y acción coordinada para el movimiento, como la creación en 1984 de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que articula redes nacionales, diversas organizaciones y mujeres individuales. (Valdés, 2003) y, en 1987 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres^[7] (CLADEM), por mencionar algunas más activas. En este sentido, los EFLAC forman parte del registro más valioso de nuestra actualidad con relación a la construcción colectiva, desde la sociedad sobre los debates, acuerdos, desacuerdos, consensos y avances en términos regionales. Estos Encuentros, comprenden uno de los espacios autogestivos más importantes para el feminismo regional y donde se forjaron los debates y análisis en torno a la relación etnia-clase-sexo-colonialismo (Vitale, 1987:228). Podría decirse que durante esa década, mujeres y feministas organizadas consolidaron sus alas -teórico y práctico- políticas^[8].

El escenario internacional durante estos años estuvo atravesado por la II Conferencia mundial de la mujer en Copenhague (1980), que debía examinar los avances de los compromisos asumidos en la primera conferencia. Al igual que en la III Conferencia en Nairobi (1985), donde se evaluaron los resultados de ese período, definiendo así, un nuevo paquete de medidas concretas para superar los obstáculos y lograr los objetivos del decenio. Las medidas estaban orientadas a que los gobiernos adopten las estrategias para el adelanto de la mujer, promoviendo principalmente la igualdad a nivel nacional y, la participación en aquellas iniciativas orientadas al desarrollo y la paz. Las principales discusiones que estuvieron presentes en Nairobi giraron alrededor de los estudios sobre las asimetrías sociales con respecto a las mujeres en relación a sus (im) pares varones, pero ya no como algo aislado, sino como la consecuencia de un “sistema de género” reproductor de las desigualdades (Rigat-Pflaum, 2008). Estos avances en el sistema de la ONU influenciaron directamente sobre la OEA que en 1986^[9], creó el Plan de Acción: “Participación Plena e Igualitaria de la Mujer para el año 2000”.

A esta altura, a nivel global, lo que impulsó el enfoque WID, presentó serios limitantes y efectos contraproducentes con su puesta en práctica, que obligaron a repensar la fórmula. En pocas palabras, la visión de este enfoque fue acotada, su fracaso se debió principalmente por pensar a las mujeres de manera aislada, sin problematizar las relaciones sociales con respecto a los varones y desconoció el trabajo en el hogar, llamado doméstico. La reducida visión de las mujeres como madres y esposas impidió el acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y generó consecuencias no esperadas, como un mayor deterioro de la vida de las mujeres (Razavi y Miller, 1995; Goetz, 1994a; Young, Wolkowitz y McCullagh, 1981). Esto habilitó dos nuevos enfoques: el GAD (Gender and Development) y, el enfoque WED (Women, Environment and Development)^[10].

Finalmente, el aumento de las críticas y cuestionamientos a la eficiencia de la planificación centralizada del Estado y el consiguiente descrédito, en gran medida a razón del ajuste estructural, dio lugar a un cambio importante en la agenda de desarrollo. Se toma distancia de los problemas económicos y se pone énfasis en los asuntos políticos e institucionales, principalmente dando mayor importancia a los derechos humanos, el buen gobierno y la participación (Razavi y Miller, 1995). Esto implicó una revisión de la concepción del desarrollo y, por consiguiente, del rol que ocupan las mujeres en él, y ya no de manera aislada como una pieza externa que se incluye y se analiza, sino desde el reconocimiento del género y las relaciones desiguales que lo constituyen. Este salto conceptual hacia el género profundizó los debates internacionales en relación al desarrollo en general y, en particular a darle visibilidad a las estructuras que reproducen la desigualdad.

1.2. Abordajes de género en las Relaciones Internacionales

El pasaje a la conceptualización del género en los debates internacionales y desde los estudios del desarrollo se realizó por medio de dos miradas investigativas distintas. Una desde un enfoque más económico, que refería a los roles de género y de la cual se consolida la economía feminista y; otro más sociológico que analiza las relaciones sociales (Razavi y Miller, 1995). Este último fue el que instó a las agencias de desarrollo a que adoptaran una perspectiva sensible al género, es decir, tomando en cuenta las críticas y el fracaso de la corriente WID que mencionamos previamente de los años sesenta y setenta.

Si bien el concepto de género tiene sus orígenes a comienzos de la década de los años setenta, fue recién a mediados de los años ochenta (1984) que se precisó mundialmente como enfoque de mainstreaming:

[c]uando se reestructuró el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y se estableció como mandato la incorporación de las mujeres y de la igualdad de sus derechos a la agenda para el desarrollo, junto con el objetivo de promover su participación en la toma de decisiones relativas al desarrollo (Rigat-Pflaum, 2008:41).

Un paso muy significativo se dio en el año 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, cuando estableció como estrategia central a la Transversalidad de Género, en su traducción al español de Gender Mainstreaming^[11]. Considerado como un enfoque clave para llevar adelante las estrategias y pautas mínimas acordadas en la Plataforma de Acción para reducir las desigualdades de género^[12] por medio de los mecanismos de “adelanto y empoderamiento” de las mujeres^[13]. Este paso, resultó central en la región para tratar de incorporar la estrategia en las instituciones^[14] desde finales de esa década. Incluso, dentro del consenso global asumido, bajo la Plataforma de Acción de Beijing, se estipularon dos artículos específicos sobre la aplicación de los compromisos acordados en la Conferencia para el plano regional, los cuales dictan expresamente que:

351. Se debería solicitar a los bancos de desarrollo regionales, las asociaciones de negocios y otras instituciones regionales que contribuyan a la aplicación de la Plataforma de Acción en sus actividades de concesión de créditos y de otro tipo y que ayuden a movilizar recursos para ese fin. También se los debería alentar a que tomen en cuenta la Plataforma de Acción en sus políticas y modalidades de financiación.

352. Las organizaciones subregionales y regionales y las comisiones regionales de las Naciones Unidas deberían prestar asistencia, en caso necesario y en el marco de sus actuales mandatos, en la movilización de fondos para la aplicación de la Plataforma de Acción (ONU Mujeres, p.220)

 

Si bien el acuerdo de la plataforma refleja un consenso global para incorporar la estrategia en todas las instituciones, lograrlo implica un proceso que dista de algo automático o más automatizado. No obstante, algunos de los principales factores que han habilitado los primeros pasos para la institucionalidad del tema, tanto en los Estados como en las organizaciones regionales, fueron, por un lado el retorno y consolidación de la democracia como sistema político y de gobierno en muchos de los países de la región, lo que permitió pensar a la institucionalidad como una opción real a diferencia de los años anteriores. La vuelta de la democracia a su vez hizo posible que regresen quienes habían tenido que exiliarse como muchas activistas feministas en otros países e incluso, muchas todavía involucradas en la política se incorporaron en órganos del Estado (Guzmán, 2001). En paralelo a los procesos de democratización en cada uno de los Estados en particular, se suceden las conferencias mundiales arriba mencionadas que, de manera más indirecta, alientan una apertura institucional del tema en las experiencias de integración que fueron surgiendo alrededor de esos años, al calor de las reformas de ajuste estructural y la nueva globalización del capital. Estos procesos llamados “los nuevos regionalismos” de la segunda oleada (Fawcett y Hurrell, 1995) caracterizada por una proliferación de bloques regionales (Börzel, 2011) en general tuvieron una gran impronta de integración económica, es decir lograr acuerdos de intercambio preferencial entre zonas de libre comercio y/o alcanzar una unión aduanera, o mercados comunes^[15].

Junto a estos procesos, surgieron también los interrogantes acerca de qué manera dichos acuerdos comerciales de integración regional afectarían a las mujeres. Es decir, en términos de oportunidades en el esperado marco de desarrollo económico y humano, investigadoras feministas se preguntaron si cabían nuevos espacios para que las relaciones de género se pudieran transformar y reconfigurar dando lugar a avances en términos de equidad (Celiberti y Espino, 2005; Moser, 1991 y 1993; León, 1993). El interés en profundizar acerca de los efectos de estos procesos económicos sobre la vida de las mujeres fue posible también a partir del nuevo impulso que toman los movimientos de mujeres y feministas al lograr una mayor visibilidad e incidencia en la agenda pública. Así, de acuerdo con Pautassi (1998) las investigaciones tomaron dos direcciones, por un lado desde el análisis que identifica a un movimiento social y, por otro lado, como categoría analítica, como particularidad de fenómenos sociales globales, incorporándose como una dimensión de las principales cuestiones de la agenda global tales como educación, trabajo, salud, etc. (Pautassi, 1998:1). Pues el género y las formas de abordarlo resultan complejas debido a que en sí misma, la categoría subyace múltiples aristas en las que se ejerce la opresión y donde se manifiestan la desigualdad y la discriminación.

Agotado el modelo de desarrollo neoliberal tras las profundas crisis que dejaron a cuestas los años noventa, fue necesario repensar una vez más la idea del desarrollo. Esto produjo una suerte de clivaje al humanizar el desarrollo, ya que permitió preocuparse explícitamente por la vida de las mujeres. En palabras de López Méndez (2005) “la “humanización” del desarrollo trajo consigo inevitablemente su “feminización” y el aliado sin duda ha sido el concepto de género” (p.3)

Para lograr un desarrollo con equidad es imprescindible que, en la formulación de políticas públicas, se aplique un enfoque de género como instrumento técnico-analítico que acompaña este objetivo ético-político (Daeren, 2001:7)

Como mencionamos, a nivel global el tema se convirtió en un objetivo y una estrategia para el desarrollo de las sociedades, que sugiere alcanzarse a través de la cooperación internacional (De Miguel Álvarez, 2014). A partir de distintos enfoques de observación, se elaboraron múltiples trabajos. Distinguimos cuatro grupos de estudios que hacen a la producción de conocimiento en esta área.

En primer lugar, se encuentran los estudios de los derechos humanos de las mujeres, desde el Derecho Internacional como vía para alcanzar el desarrollo humano. La investigadora española López Méndez (1999, 2000 y 2005) aporta un ordenamiento elemental para entender desde qué enfoques se cruzan estos grandes temas, a saber: a) equidad de género como un derecho humano; b) género como una construcción sociocultural y un proceso; c) género como un sentido ético y político; d) como cuestionamiento a las relaciones sociales e instituciones arraigadas históricamente, dando lugar a una nueva comprensión del poder, ya no como dominio y opresión, sino como “empoderamiento” y “autoconfianza” (capacidad de vivir en el entorno en el que toca vivir) (2005:6), al mismo tiempo que sistematiza en términos cronológicos los avances que han habido en materia de Derecho Internacional sobre los derechos de las mujeres^[16].

En segundo lugar, los estudios sobre los procesos de integración regional, que encuentran en dichos acuerdos, un nuevo espacio para transformar las relaciones de género y lograr la equidad, a partir del análisis de las posibilidades que ofrece la integración regional para la equidad de género (Valdés, 2003:258). Valiosos estudios se han realizado especialmente con el fin de incidir durante el proceso de consolidación del Mercosur, por ejemplo, donde autoras como Espino (2000); Valdés (2003); Abramo y Rangel (2003); Azar, Celiberti y Espino (2005) sostienen que, existen impactos sociales de las políticas económicas sobre el empleo pero las condiciones de trabajo y labores de cuidado no remunerado, se dan en forma diferenciada entre hombres y mujeres y que, por esta razón, “los acuerdos comerciales deben considerar la perspectiva de género para evitar perjuicios y favorecer la equidad de los géneros”, garantizando la igualdad de oportunidades para ambos sexos, “como una condición de la equidad social y de la eficiencia en la asignación de los recursos” (Espino, 2000:8). Más recientemente, a partir de la herramienta de la transversalidad de género por ejemplo en la Unión Europea, los trabajos apuntan al análisis de su implementación, aportando estrategias para lograrlo.

En tercer lugar, se encuentran los aportes que abarcan los diversos significantes que tomó la idea del desarrollo. Aquí, haremos una sub distinción entre la idea del desarrollo-mujer-género principalmente desde la visión de los organismos impulsores y sus variantes a lo largo del tiempo, de acuerdo al recorrido que realizamos sobre los enfoques WID, WED y GAD; en donde se resalta la importancia de incluir en la ecuación de los programas para el desarrollo la perspectiva de género, es decir, consideran “la igualdad de género [como] una parte intrínseca de la visión del desarrollo humano^[17]” (Sen, 1999 en Porter y Sweetman, 2005:2). Dentro de este campo de estudio, también se hallan los trabajos elaborados desde una perspectiva crítica del desarrollo, al considerarlo como un escudo para la reproducción de la desigualdad entre los géneros (Falquet, 2003). Este subgrupo de estudios críticos cuestiona el origen y consiguiente conformación de la idea del desarrollo^[18]. El problema que se plantea, según una de las autoras de estas críticas, gira sobre:

(…) en qué medida podría existir una recuperación del trabajo, de las propuestas y de la legitimidad del movimiento de mujeres y feministas por parte de las instituciones internacionales, para imponer un desarrollo supuestamente “consensual” que en el fondo está diametralmente opuesto a los intereses de las mujeres y a los análisis radicalmente transformadores del Feminismo. (Falquet, 2003:14)

Por último, se encuentran aquellos estudios que analizan desde la perspectiva de la gobernanza, las interacciones entre los diversos actores que inciden en la construcción de las agendas de género y, los distintos niveles de implementación que se alcanzan en los órdenes y regímenes regionales. Los trabajos de las investigadoras Anna Van der Vleuten, Anouka Van Eerdewijk, Conny Roggeband (2014 y 2020) representan una importante base representativa de este grupo de estudios ya que, gracias a sus investigaciones, fue posible distinguir las diversas lógicas con las que se estructuran los regímenes regionales existentes en el mundo, de gobernanza social y de género^[19].

Esta contextualización genealógica que hemos planteado brevemente hasta aquí, sobre la incorporación del “tema de la mujer” y a posteriori, una prematura agenda de género, en la esfera pública internacional y regional, tiene su correlato en los avances de la agenda global de Naciones Unidas, que los Estados adhieren. El salto conceptual hacia el género de los debates internacionales se ve reflejado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados para el período 2000-2015, que estipularon, entre otros, “la promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” (ODM 3, 2000); y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el período subsiguiente 2015-2030 en donde se acuerda “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas” (ODS 5, 2015).

Con ello, buscamos ver de qué modo la introducción, construcción y avance del tema fue estudiado desde distintas perspectivas, enfoques y disciplinas, pues la presente investigación si bien se nutre de dichos aportes, principalmente se enmarca en el último grupo de trabajos más actuales bajo el paraguas de la gobernanza regional. Con el propósito de contribuir en una respuesta a la pregunta acerca de qué modo los organismos regionales, como la OEA y el Mercosur aportan a la gobernanza regional de género. Para aproximarnos a ello, en el siguiente capítulo nos adentraremos en los marcos teóricos y metodológicos, englobados en las Ciencias Sociales y que, como tales, su precisión es vital para la lectura interpretativa.

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