Las disciplinas que guían esta tesis son la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, desde el enfoque de la gobernanza regional. La selección de este enfoque se debe a dos razones. En primer lugar porque permite incluir la multiplicidad y diversidad de actores e instituciones, sin privilegiar o limitarse a los actores e instituciones gubernamentales, lo que aporta una observación más completa de la arquitectura regional y; en segundo lugar porque esta perspectiva permite conocer a la gobernanza como objeto de estudio, en términos de coordinación y articulación socio-estatal, que existe entre las organizaciones, los actores, instituciones formales y alianzas sociales para producir bienes y/o servicios sobre la agenda de género regional.

Asimismo, el desarrollo del trabajo tendrá en cuenta los aportes metodológicos de otros enfoques que contribuyen al análisis de la gobernanza regional de género. De modo que el estudio también estará atravesado por las aportaciones teóricas del feminismo en las disciplinas mencionadas al inicio, cuya perspectiva nos habilita a comprender la información desde los fundamentos de género que poseen las instituciones políticas y su funcionamiento, incluyendo la importancia de las instituciones informales, no estatales, que inciden en los mecanismos generales para producir continuidad o cambios en las relaciones de género (Waylen, 2008; Kenny, 2007 y 2013; Krook y Mackay 2011).

Tal como planteamos al comienzo de esta tesis, el nivel regional ha demostrado ser un espacio propicio para la promoción y defensa de derechos y, conveniente, para que los actores no gubernamentales cuenten con una instancia “más allá del estado” para ejercer presión ante posibles bloqueos domésticos (Keck y Sikkink, 1998; Van der Vleuten, 2007). Particularmente la región de América cuenta con una larga tradición de esfuerzos para construir experiencias de cooperación e integración, con el objetivo de obtener beneficios o enfrentar amenazas comunes.

2.1. Regionalismos: ¿por qué hablamos de Gobernanza y no de integración regional?

La literatura tradicional distingue tres momentos correspondientes a variaciones del regionalismo a lo largo de la historia, separado en tres oleadas (Fawcett y Hurrell, 1995) de acuerdo al formato de construcción, los propósitos de integración y el contexto global.

El primer período^[1], caracterizado por un regionalismo de tipo cerrado, con un motor de demanda doméstica, la paz y la economía impulsada por los Estados (Botto, 2015) se diferencia en buena parte del período de fin de la Guerra Fría. El giro del contexto internacional durante la década del 90 provoca la construcción nuevos regionalismos que, a diferencia del primer período, en esta ocasión son factores exógenos que motorizan la unión, centralmente la nueva globalización del capital. Esta segunda etapa experimenta la transformación del modo en que los regionalismos surgen, al mismo tiempo que, se da una mayor delegación de autoridad en aquellos bloques de larga data, creados en el período anterior como la Unión Europea principalmente (Mansfield y Pevehouse, 2013).

El cambio de paradigma tuvo que ver con diversos factores, en primer lugar, la pérdida del predominio de Estados Unidos en términos económicos^[2] y la consiguiente emergencia de países desarrollados como Japón y Alemania con calidad de potencia. En segundo lugar, la expansión de la transnacionalización de la producción^[3], el aumento de la tecnocracia como consecuencia del aceleramiento de la revolución tecnológica y científica, el impacto de las reformas estructurales de corte neoliberal definidas como recomendaciones a través del Consenso de Washington en 1989 y, la pérdida de dinamismo del Estado como el principal agente de desarrollo. Así, quienes toman protagonismo son los mercados por medio de la desregulación y, se abre paso a actores privados e internacionales con un rol más central. La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1995) refleja el principio de multilateralismo y su relación con esta oleada de regionalismo es una de las principales diferencias con el viejo modelo de iniciativas de integración comercial^[4].

Para los países de la región llevar adelante acuerdos de integración económica entre vecinos fue el modo de responder ofensivamente a este contexto, lo que resultó en una proliferación de compromisos institucionales y bloques regionales (Börzel, 2011; Botto, 2015). Esta expansión de acuerdos comerciales multilaterales produjo un spaghetti bowl (Bhagwati, 2008) de regionalismos y una renovación teórica. En este entorno nace la teoría del Nuevo Regionalismo (Hettne y Söderbaum, 2002; Hettne, 2005) que poco dialoga con las teorías clásicas, pero comparten la incorporación de postulados constructivistas^[5] como denominador común producto del nuevo contexto (Perrotta, 2018).

La tercera oleada de regionalismos se inauguró a comienzos del nuevo milenio en la región latinoamericana particularmente, tras las agudas crisis generadas por el agotamiento del modelo neoliberal. Este período, a diferencia de los anteriores, se ha calificado como más de tipo político-ideológico, caracterizado por un marcado declive de la hegemonía política estadounidense en la región vis a vis la construcción de una herramienta ofensiva con Venezuela y Brasil como líderes, en la IV Cumbre de las Américas de 2005, que años después se reflejarán en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En el campo de la teoría^[6], esto:

(…) habilitó el ensayo de respuestas autónomas de construcción de conocimiento que ganaron popularidad, cuestionaron los postulados del centro y revalorizaron aportaciones locales. (Perrotta, 2018:12)

La presente investigación, por lo tanto, estudia un período atravesado por dos oleadas de regionalismos que incluye a diversas teorías. Mientras que las teorías convencionales de integración regional del período de la posguerra estaban más preocupadas por el cómo se integran los países y el rol que debían tener los Estados como principales actores y únicos agentes de integración; las teorías de los años noventa, tanto las clásicas como las alternativas en cambio, cuestionaron los axiomas tradicionales e incluyeron otros actores y agentes en el análisis. Si bien existen elementos de continuidad, el principal clivaje entre estas corrientes de pensamiento y construcciones de conocimiento fue el viraje contextual de globalización, en donde surgen otros actores que impulsan el fenómeno del regionalismo y, son en distintos niveles sociales en los que se manifiestan, otorgándole a esta época un carácter multidimensional, multinivel y multiactor (Hettne, 2005:184).

Más allá de las divergencias entre teorías clásicas y alternativas o nuevas y viejas para el estudio del regionalismo, los autores de estas corrientes coinciden en la dificultosa tarea que enfrentan las y los cientistas sociales a la hora de investigar sobre este fenómeno (Botto, 2015; Hettne, 2005; Dür & Mateo González, 2004). No sólo por las variantes definiciones que se han compuesto para el concepto, sino también por la multiplicación de teorías y enfoques para ello. El trayecto que realizaron dichas formulaciones permitió la construcción de una visión superadora para el estudio de los regionalismos: la perspectiva comparada (Laursen, 2010) y de la gobernanza regional (Börzel & Risse, 2015), esta última será nodal en la presente tesis.

En primer lugar, entendemos que la construcción de una región puede darse de distintas formas de acuerdo con las experiencias y el tipo de relacionamiento entre vecinos para que se constituya, o no. La historia demuestra que existen distintas fórmulas de regiones, no todas siguen un patrón predeterminado, aunque comparten varias similitudes. De hecho, mientras los primeros ensayos de prueba y error iban produciéndose, la literatura empezaba a teorizar sobre la marcha. En este sentido, utilizamos la definición de Katzenstein (2005), entendidas como aquellas entidades porosas, sensibles a ser influenciadas por la difusión de normas, ideas o políticas de estándares globales o de los países potencias. Ya que las regiones no son solamente una delimitación geográfica y política continental, subcontinental o transcontinental simplemente porque no logra ser una categoría objetiva en sí misma. El concepto de región es una construcción social intermediaria y más efectiva para gobernar, por la proximidad geográfica, económica, social y cultural, gracias a su condición entre el nivel global del sistema internacional y el nivel doméstico de lo nacional.

Dentro de las regiones se dan procesos de construcción de instituciones intergubernamentales entre al menos tres países, llamados regionalismos. Cuando hablamos de instituciones, nos referimos a la definición tradicional para las Ciencias Sociales como el “conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten o limitan el comportamiento del actor” (Keohane, 1989; March y Olsen, 1989; Powell y DiMaggio, 1991; Hall y Taylor, 1996) y que se manifiestan en creencias compartidas y conocimiento común entre grupos de actores, así como prácticas de comportamiento (Börzel & Risse, 2015), es decir, en pocas palabras, es el proceso top to down o State-leader. Las organizaciones regionales constituyen el regionalismo, ya que son las relaciones cooperativas formales e institucionalizadas entre Estados o unidades subnacionales de distintos países que pueden variar en términos de capacidad vinculante según la autoridad delegada (Börzel, 2015). Por otro lado, la regionalización más bien connota procesos de interacciones, económico-político-sociales, cada vez más crecientes entre los Estados y sociedades contiguas geográfica o culturalmente, impulsadas por actores no estatales, generalmente económicos, pero también otros organizados en redes o alianzas informales. Estas interacciones dan cuenta de la creciente interdependencia que se busca, dejando prueba de que también pueden darse procesos ascendentes o bottom up (Hurrell, 1995; Börzel & Risse, 2015).

Las teorías clásicas de integración regional como el neofuncionalismo de Haas (1958) o el institucionalismo liberal de Moravcsik (1998), suponían la probabilidad de que la regionalización generaría regionalismo en términos de desarrollo institucional, sin embargo no necesariamente sucede así, ya que la regionalización enfatiza las interacciones transnacionales entre los actores no gubernamentales como impulsores o directamente involucrados que pueden no generar automáticamente la institucionalidad formal que el regionalismo constituye, sino continuar operando en redes informales.

Los procesos de regionalismos que se constituyen como organizaciones regionales intergubernamentales pueden variar en objetivo y diseño institucional. Pueden ser tanto de cooperación, es decir, no necesariamente los Estados miembros transfieren autoridad a la organización, sino que la relación que contraen es meramente cooperativa; o de integración regional, en donde sí implica una transferencia de autoridad a la organización respectivamente (Börzel, 2015). En resumen, la cooperación regional refiere a las relaciones principalmente intergubernamentales que no implican necesariamente transferencia de autoridad o soberanía, mientras que, en la integración regional, implica que los Estados sí transfieran al menos algunos derechos de autoridad y soberanía a nivel regional, construyendo lo que se conoce como la supranacionalidad. Esta estructura supranacional que se construye por medio de la delegación de autoridad consta de dos mecanismos: el mecanismo de agrupación, que requiere un ejercicio conjunto precisamente de agrupar los derechos de soberanía con respecto, por ejemplo, a la toma de decisiones, dejando de lado el derecho a vetar individualmente. Y en segunda instancia, el mecanismo de delegación que consta efectivamente de la transferencia de autoridad y soberanía a instituciones supranacionales, un ejemplo sería la creación de mecanismo de solución de controversias (Risse y Börzel et al, 2015).

Como vimos, las teorías clásicas de cooperación e integración regional usualmente se caracterizan por ser racionalistas, donde los Estados son los principales actores. Estas teorías convencionales según Börzel (2011 y 2015) tienen un doble sesgo debido a, por un lado, el carácter estado-centrista que ubica al Estado como el único agente activo dentro del regionalismo y por ende, su indiscutible impulsor; esta característica lleva al segundo sesgo, el cual es que sólo se focaliza en los procesos de construcción institucional formal además de que en su gran mayoría se centran en el caso de la Unión Europea. Al respecto de esto último, investigaciones como las de Perrotta (2018) y Tickner (2002) plantean la posibilidad de otras construcciones de conocimiento de estos estudios internacionales y de integración regional desde América Latina.

A partir de esta caracterización conceptual sobre los procesos de regionalismos, surge una llave analítica para ampliar la comprensión y su estudio: la Gobernanza Regional. Si bien el concepto de gobernanza es por demás polisémico y su historia se remonta a la Antigua Grecia (Hufty, 2011); llega a nuestros días desde distintas disciplinas y perspectivas de análisis. En el campo de las relaciones internacionales la agitación conceptual a su alrededor se desarrolla durante la década del 70 en los Estados Unidos cuando gana influencia el enfoque institucionalista por sobre el enfoque realista^[7]. Este período, en los países centrales corresponde a la etapa de crisis del modo de producción fordista y el cuestionamiento del Estado de bienestar. Para mediados de la década siguiente, el enfoque ya demuestra su fortalecimiento a través de los acuerdos multilaterales y los procesos de integración regional que dan cuenta de la creciente institucionalización que va tomando el escenario internacional; a la vez que se torna más complejo debido a la presencia de una multiplicidad y diversidad cada vez mayor de actores en el juego. Citando a Hufty el mundo global llegó a complejizarse de tal manera que las fronteras tradicionales entre la política nacional e internacional se volvieron más borrosas (2011:171). Al mismo tiempo, el proceso de globalización trajo una creciente intención de homogeneizar la política y el comercio, dando lugar a la multiplicación de interacciones en la coordinación macroeconómica, tanto verticales como horizontales, entre los actores y en los distintos niveles (Young, 2002) dejando una prueba empírica de la complejidad de este nuevo escenario internacional.

En este sentido, en América Latina y el Caribe, la concepción del término Gobernanza está estrechamente relacionada a los organismos más hegemónicos para la cooperación, tales como el Banco Mundial (BM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes fueron los que mayormente difundieron sus interpretaciones sobre lo que significaba el término. No es casual que la emergencia de la gobernanza entendida como un nuevo formato de gestión pública, sucediera en un contexto en el que los Estados estaban llevando adelante reformas sustantivas cuyo modelo de desarrollo pasó a tener en el centro de toda decisión al mercado, bajo el Consenso de Washington y, una menor capacidad de acción estatal, aumentando la participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el sector privado para proveer bienes y servicios públicos^[8].

Según la literatura, gobernanza es el marco [que] permite teorizar más allá de los Estados (Börzel y Risse, 2015:5) ya que el término abre puertas a la inclusión en el análisis de diferentes actores y modos de diseñar e implementar políticas, que no sean solamente jerárquico-estatista. Su utilidad se debe a que posibilita la conceptualización de las diversas demandas del orden regional, cuyo espectro contiene las combinaciones entre regionalismo y regionalización. Así, el concepto de Gobernanza se torna en una llave para superar limitaciones explicativas de las teorías que desean comparar variedades de regionalismo a través del tiempo y el espacio. Por esta razón, las experiencias aquí estudiadas se abordan desde el marco de la gobernanza ya que las definiciones de integración económica o cooperación no alcanzan para enmarcar el propósito general del presente trabajo. Por otra parte, además todo concepto puede ser ambiguo y por ello requerir precisión. La gobernanza posee adjetivos que colaboran en este proceso semántico de definición. De acuerdo a la precisión inicial del concepto de gobernanza a secas, el mismo a nivel regional es un concepto que tiene la ventaja de no privilegiar al Estado sobre los actores no estatales y principalmente por esta razón la Gobernanza como perspectiva analítica proporciona un marco para comparar entornos institucionales en el que los actores estatales y no estatales a nivel global, regional, nacional y subnacional coordinan sus acciones en redes multinivel formales e informales (Börzel, 2015:54). La gobernanza se compone de una estructura y de procesos, es decir, aquellas instituciones y el mapa de actores en juego será la estructura que, no determinan, sino que promueven modos específicos de coordinación de acciones y que pueden ser tanto formales, gubernamentales, como informales, alianza o redes de otros actores no estatales. Esos modos de coordinación social son los procesos por los cuales los actores ajustan su comportamiento y que también pueden ser tanto formales como informales. En síntesis, esta investigación adscribe al concepto de Gobernanza definida como aquel proceso de coordinación más allá de la autoridad centralizada del Estado, que involucra una variedad de actores tanto estatales como no estatales y, en donde las organizaciones Intergubernamentales suelen ser el centro de las interacciones regionales y, principales vehículos para la generación de reglas y consensos (Rosenau, 1987; Herz, 2013). Por esta razón, optamos por un enfoque desde la gobernanza, ya que la misma permite abordar una metodología menos rígida a la ofrecida por el concepto de integración regional, para comprender la diversidad de dinámicas que se hallan entre organizaciones regionales de distinta índole, como propone el presente estudio.

2.2. Gobernanza regional de género ¿a qué nos referimos?

Ahora bien, para hablar de estos procesos de coordinación social con relación a las agendas de género y las demandas del movimiento de mujeres y feministas, es necesario precisar lo que entendemos por género y, la gobernanza de este tema. En este sentido, la gobernanza de género refiere a una dimensión específica de la gobernanza social. Esta última es definida según la literatura como aquellas políticas que regulan el mercado mediante la armonización social, de normativas laborales o la formulación de derechos sociales y principalmente a la redistribución de beneficios y garantías del derecho a la educación, la vivienda y la salud (Deacon et al 2007; Falkner, 2013). Es decir, el resultado de la coordinación social que supone la gobernanza de estos temas, son políticas que regulan el mercado ya que per se genera consecuencias negativas no esperadas. En síntesis, se trata del uso del poder político para reemplazar, complementar o modificar las operaciones del sistema económico con el fin de lograr resultados que no lograría por sí solo (T. H. Marshall, citado por Falkner, 2013:269). Los estímulos y los instrumentos políticos para corregir el mercado son muy similares a la gobernanza del desarrollo (Bruszt y Palestini, 2015).

Dentro de este amplio abanico de la gobernanza social, se halla la que específicamente abarca una regulación que tiene el objetivo de lograr políticas de igualdad de oportunidades y de trato y, medidas que distribuyan equitativamente los beneficios entre varones y mujeres (Van der Vleuten, 2015:405) así como también entre todas las identidades que no responden a las categorías tradicionales del paradigma binario. En este sentido, esta dimensión específica de la gobernanza es una de las más integrales por su carácter transversal intrínseco, cuya incorporación de un enfoque de género en la política, la economía y la sociedad es un objetivo transversal en sí mismo. Esto puede verse reflejado como estrategia transformadora cuando se introduce la perspectiva de género en todas las políticas de todos los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en la formulación de políticas (Verloo, 2005:350). Esto significa que, las otras dimensiones de la gobernanza como la ambiental, del desarrollo, migratoria o de seguridad, que constituyen instancias de la gobernanza social, también hacen parte de la gobernanza de género en la medida en que afectan diferencialmente a varones y mujeres ya que el género, como vimos, no sólo es una variable sino también es una perspectiva.

Al respecto, este trabajo entiende al género como la construcción conceptual y categórica, que tiene una múltiple variabilidad en diferentes contextos culturales y socioeconómicos a lo largo de la historia y en la propia historia de las personas. En consonancia con la definición de Joan Scott (1993), el género es la categoría utilizada para definir las relaciones sociales desiguales entre dos categorías previas: lo masculino y lo femenino o bien, el varón y la mujer^[9] del sistema binario; y no es sinónimo ni de “mujer” ni de “sexo”. En esta definición que nos brinda Scott (1993), subyacen dos premisas: el género es constitutivo y no aditivo de las relaciones sociales en tanto que es la forma primaria de relaciones significantes de poder -forma de poder-; y, el carácter constitutivo se compone de cuatro elementos para entender las anteriores premisas, las cuales son en primera instancia los símbolos y mitos culturales, es decir aquella simbología que representa la matriz binaria asociada a lo masculino y lo femenino. En segundo término, los conceptos normativos, que interpretan la significación de los signos y traducen los discursos de poder como el médico y el jurídico, entre otros, de la diferencia específica de los sexos. En tercer lugar, lo que hace al entramado de las instituciones y organizaciones sociales como lo es el sistema de parentesco del Estado, la Familia, el Mercado de trabajo, etc. Y en última instancia, lo que produce en la identidad subjetiva. Por este motivo a la teoría feminista -en su mayoría- le interesa la tensión entre agencia-estructura, es decir, la relación entre lo que produce la estructura sobre las identidades y, qué vínculos se generan con dicha estructura desde lo subjetivo. A esta definición de Scott adherimos los aportes de Ridgeway y Correll (2004), quienes conceptualizan al género como un sistema institucionalizado de prácticas sociales que constituye a las personas en dos categorías y organiza relaciones de desigualdad basadas en esas diferenciaciones.

Valiosas investigaciones han construido una biblioteca nutrida al respecto de esto, sin embargo, esta categoría de uso cada vez más frecuente incorporada en diversos discursos, a menudo cae en una inclusión del término de un modo meramente superfluo^[10], es decir, comúnmente “el género” queda segmentado como un área o una mención aislada de la estructura política, sin comprender el enfoque transversal que le constituye. En este sentido, el análisis que nos invita a realizar Palomar (2015) sobre esta categoría, nos permite notar su potencial, pero también los riesgos a causa de dicha ambigüedad. Tal como señala Butler (1999), el género propio no se “hace” en soledad, siempre se está “haciendo” en relación con una otredad^[11]. Y del mismo modo podemos analizar las configuraciones de sentido que la perspectiva de género puede tomar según quién o quiénes la enuncien discursivamente:

el género es, simultáneamente, en el acto de hablar del género, un significante que alberga un equívoco porque su sentido se vincula con significados distintos en distintos contextos (…) se muestra <<flotante>>, porque es vehículo de una sobre-determinación de significados que imposibilitan fijar un sentido, lo cual produce esa propiedad mencionada del género de estar sobrecargado de sentido. Pero, en realidad, esos significados son puestos ahí para cubrir el hecho de que el género es un significante vacío, en tanto no tiene ningún significado (…) un espacio blanco en el cual es posible situar una gran cantidad de significados posibles (Palomar, 2015:29)

La perspectiva de género entonces puede ser expresada y/o entendida de múltiples formas, así como también, los propósitos prácticos que de ella se desprendan. Siguiendo a Palomar el género es un elemento simbólico que (…) produce efectos concretos en lo real (Ibídem). Vista superficialmente se entiende, en la teoría, la búsqueda de la igualdad entre los sexos o bien, la eliminación de la diferencia sexual generadora de desigualdades injustificables. Luego se puede ahondar más o menos sobre cómo esa búsqueda se quiere llevar a la práctica y bajo qué herramientas analíticas y de planificación política, los Estados -como constructores y garantes de mejores condiciones sociales- impulsan sus voluntades para concretarlo. Lo central aquí es que la perspectiva de género reconoce que tal desigualdad es producto de la división sexual del trabajo, que dicha diferencia es injustificada y la misma refuerza la violencia que se ejerce hacia las mujeres, en particular, entonces busca la distribución de recursos a fin de desentrañar el engranaje reproductor de la desigualdad y la violencia.

Por consiguiente, en sintonía con Van der Vleuten (2015) también nos preguntamos si la gobernanza social y de género es un refugio para protegerse de los efectos negativos no esperados de la nueva globalización o, es más bien un dispositivo para acelerar y legitimar la reducción de los sistemas de bienestar y sus variantes en todas las latitudes del globo. Según el análisis de esta autora, en el contexto de globalización y, por el carácter neoliberal de los regionalismos, sólo hay desarrollo gradual de formulación de políticas sociales más regionales y no una tendencia a instrumentos vinculantes. Su desarrollo se basa en explicar el surgimiento de la gobernanza regional de género y las diferencias en sustancia y diseño institucional, utilizando el método de Börzel y Van Hüller (2015) propuesto en el texto Towards a Global Script? Governance Transfer by Regional Organizations. Como su título lo indica, engloba el estudio de la transferencia de gobernanza por parte de las organizaciones regionales hacia los Estados que la demandan y que, si bien excede a esta investigación las acciones de los Estados de manera individual, tomamos el marco teórico creado por las autoras para precisar la identificación de los factores de demanda y oferta, en términos de incidencia, resistencias, filtros y resultados. De este modo, podremos conocer las dinámicas internas de las organizaciones y lo que ofrecen a la gobernanza regional. A la vez que será útil para entender si hay o no un “guion global” y cuál es la transferencia que existe entre la OEA y el Mercosur.

Una importante aclaración que hace la literatura del presente marco conceptual es que, este proceso de construcción de conocimiento encuentra restricciones institucionales para el desarrollo de una gobernanza más consolidada. Estas son identificadas al momento en que los Estados miembros preocupados por su soberanía ponen un gran freno a una mayor construcción institucional para el desarrollo de la gobernanza. A este límite institucional se le suma que, la caja de herramientas específica de la gobernanza de género para medir dicho enfoque en los análisis del regionalismo comparado, entre otros estudios afines en el campo, continúa en construcción, siendo algunas proposiciones para emprender esta suerte de knowledge gap las preguntas acerca de dónde están las mujeres en la gobernanza regional y, en qué condiciones pueden las instituciones adaptarse mejor a los intereses de las mujeres que las instituciones nacionales o globales (Van der Vleuten, 2015:420). No obstante, gracias a los diversos estudios que han trabajado la gobernanza regional en general, la gobernanza social y, la de género en particular, desde diferentes enfoques y analizando otras experiencias, se logra sortear desde la metodología tales límites.

2.3. Abordaje metodológico: ¿cómo analizar la gobernanza regional de género?

Los estudios sobre regionalismos comparado a menudo suelen ser entre experiencias de integración y/o cooperación de distintas latitudes (Laursen, 2010; Börzel, 2015; Van der Vleuten, 2015). Sin embargo, aquí nos concentramos en la región de América Latina y el Caribe que, históricamente, las experiencias de regionalismos en esta parte del mundo fueron en dos sentidos: uno es la cooperación intrarregional entre países de América Central y del Sur y, el otro, se refiere a la cooperación interamericana o hemisférica que involucra a los Estados Unidos (Hurrell, 1992).

Esta investigación, estudiará no sólo comparativamente sino en conjunto, dos organizaciones de una misma región que, estrictamente no son comparables, como mencionamos, por tratarse de experiencias de distinta índole, no sólo por el alcance que tienen, debido a la cantidad de miembros que involucra cada una, sino principalmente por sus propósitos de creación y sus significados. Mientras que la OEA es una organización hemisférica de cooperación política principalmente para temas de seguridad y paz, con antecedentes desde finales del siglo XIX que, una vez creada la Organización de Naciones Unidas, asumió el carácter de organismo regional; el Mercosur es una organización de integración subregional más bien híbrida, donde su objetivo de mercado común logra hasta el momento ser una unión aduanera imperfecta (Botto, 2015) que, sin embargo, en el último tiempo ha avanzado en agendas de cooperación política en temas como la educación superior, el medioambiente y las migraciones, tomando como referencia varias formulaciones de la OEA. No obstante, encontramos entre ellas puntos de conexión en relación con la construcción que tienen sobre la agenda de género y que buscamos analizar con el fin de contribuir en el conocimiento sobre este asunto en la región.

La delimitación del período tiene que ver con el protagonismo que asumen las regiones a partir de la década de 1990 debido principalmente a que se configuran como espacios provechosos para el intercambio de conocimiento y experiencias entre los diversos actores de la sociedad civil, cuyo rol a partir de estos años, irrumpe en el escenario regional como pieza clave para la incidencia en la formulación de políticas sociales (Tussie y Botto, 2003) “más allá del Estado” (Börzel y Risse, et al, 2015) en busca de crear y articular estrategias que propongan soluciones a problemas comunes. Además, durante estos años se produjo un impulso transnacional para terminar con la violencia por razones de género, en particular las violencias contra las mujeres (Van der Vleuten, et al, 2020). Por tanto, la gobernanza regional de género se torna cada vez más necesaria. En primer lugar, como consecuencia de la nueva globalización de los mercados nacionales que limitaron la capacidad de los Estados para desarrollar políticas sociales efectivas en el nivel doméstico de autoridad; a la vez que, el nivel regional permitió la coordinación para lograrlo, aunando la incidencia de y entre distintos grupos que tuvieran más restringido el acceso y la participación en sus países (Van der Vleuten y Ribeiro Hoffmann, 2010).

En dicho contexto, la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, así como la incorporación de un enfoque de género en el diseño de las políticas, se configuraron como los principales ejes de debates en relación a estos temas en el ámbito global. Las declaraciones internacionales como la de Naciones Unidas en 1993 para eliminar esta violencia, estableció un consenso mundial sobre la naturaleza del problema (Van der Vleuten, et al, 2020). Y, a pesar de que las organizaciones regionales intergubernamentales aquí estudiadas no son intrínsecamente sensibles al género, en este período comenzaron a prestarle una mayor atención a la problemática. Quizás porque América Latina y el Caribe es una región que registra uno de los índices más altos de violencia y desigualdad por razones de género en comparación a otras regiones del globo (PNUD, 2019; CEPAL, 2019) y quizás también como consecuencia del fuerte activismo feminista que marcó presencia en estos ámbitos y que, es reconocido internacionalmente como gran aportante al feminismo global (Gargallo, 2007).

De modo que, el interés puesto en el contraste y análisis de estas dos organizaciones tan disímiles se debe a que su cotejo desde la perspectiva de la gobernanza regional permite identificar el entramado de actores e instituciones que existen y están en juego sobre temas que le son comunes, como lo es la agenda de género. Y este es el aspecto innovador al que nos aventuramos, ya que se analiza la construcción de cada organización con el objetivo de conocer de qué manera crean soluciones a la problemática. Este camino investigativo, nos habilita explorar una parte de la arquitectura de la región para evidenciar la interconexión entre la multiplicidad de actores e instituciones con el fin de promover normas y consensos. La observación está anclada en la revisión de los avances institucionales que focalizan al género en las dos organizaciones.

La hipótesis sostiene que la OEA y el Mercosur aportan a la gobernanza regional de género, a pesar de su limitada capacidad vinculante (Börzel, 2015; Botto, 2015; Malamud, 2011) porque han logrado construir instancias provechosas para la participación e incidencia y, en consecuencia, la creación de herramientas útiles para la promoción y difusión de normas de género. La gobernanza no se refleja sólo en normas formales o instituciones gubernamentales sino también en instancias informales y actores de la sociedad civil, por eso se habla de un proceso de coordinación.

De acuerdo con las definiciones que mencionamos en el apartado conceptual, indagaremos sobre los aportes que hacen a la gobernanza las dos organizaciones, a través del abordaje metodológico estructurado a partir de la identificación de tres variables, las cuales hacen a la coordinación social en materia de género. Son en primer lugar, la identificación de los actores, es decir, la incidencia del movimiento de mujeres y feministas en los espacios regionales de cada organización, con el objetivo de responder a la pregunta sobre quiénes y qué impulsaron para la construcción de la agenda. En segundo lugar, la identificación de las agendas, es decir de aquellos temas impulsados cuáles se establecieron como temas específicos a ser trabajados y atendidos intergubernamentalmente y, en tercer lugar, la identificación de las instituciones creadas para el abordaje de las agendas en cada organización, en términos de políticas públicas, consensos, compromisos, normas, acuerdos u otras.

Se trata en definitiva del análisis de una suerte de caja negra, la cual posibilita conocer cuáles son los elementos presentes, tanto de los inputs, así como de los outputs. Para ello, tomaremos como principales fuentes de evidencias, la información de documentos oficiales de cada organización regional, las fuentes secundarias bibliográficas y, aquellas memorias colectivas que se han sistematizado sobre el tema. Fruto de este camino de observación y análisis de la construcción de las agendas de género de estas organizaciones, podremos identificar los consensos, normas, mecanismos y dispositivos institucionales que fueron creados y que aportan a la gobernanza regional de género. Aquellos destinados a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres; como así también los encaminados a incorporar un enfoque transversal de género en las políticas, programas e iniciativas de cada organización.

Por tanto, las agendas de género de cada organización regional son la unidad de análisis de las cuales partiremos para indagar en torno al cómo se constituyeron, es decir lo que se logró a partir del mecanismo de coordinación entre, la incidencia del activismo feminista vis a vis la institucionalización en la OEA y el Mercosur. La vía para conocer los aportes que hacen a la gobernanza regional de género será por medio de la identificación de aquellas instancias en donde se genera la coordinación entre el movimiento de mujeres y feministas y, los actores estatales para la institucionalización de las agendas de género. Siendo éstas las que, por consiguiente, otorgan el marco de regulación que resulta estratégico para la formulación de políticas y presión a nivel doméstico, también conocidos como efectos “boomerang” (Keck y Sikkink, 1998) o de “pinzas” (Van der Vleuten, 2007).

En función de los conceptos hasta aquí precisados y la presentación de la metodología propuesta, el siguiente capítulo se dedica a emplearlos en cada uno de los dos bloques regionales. Con el objetivo de echar luz sobre los actores y procesos que dieron lugar a la coordinación para avanzar en una agenda de género en cada uno de ellos, así como también en aquellos avances institucionales que forman parte y representan aportes a la gobernanza regional.