Natascha Castro^[1], Romina Martínez^[2] y Helena Suárez Val^[3]

Resumen

Compartimos un breve relato etnográfico de dos encuentros de familiares de víctimas de feminicidio realizados en marzo y noviembre del 2022, en Uruguay. Las reuniones fueron organizadas por distintas actoras feministas, incluyendo las autoras, que trabajan con la temática del feminicidio desde perspectivas complementarias: la academia, la sociedad civil y la producción de datos. Concebimos estos encuentros desde un posicionamiento feminista y solidario como una forma de “acuerpamiento” (Cabnal, 2015). Como resultado entendemos que esta experiencia nos ayuda a comprender otras dimensiones del fenómeno de la violencia feminicida a partir de lo queda después del feminicidio: los duelos y las dificultades por las que atraviesan las familias; las dudas sobre derechos y reconocimiento; también la manera de investigar, enjuiciar y penalizar este tipo de delitos y el acceso al sistema de justicia; y las demandas de asistencia al Estado, dejando evidencia de cómo se perpetúan las reverberaciones del feminicidio.

Introducción

Este capítulo presenta una reflexión situada como organizadoras y participantes de dos encuentros de familiares de víctimas de feminicidio realizados en marzo y noviembre del 2022, en Uruguay. Integramos el proceso de organización, la convocatoria, el trabajo conjunto, hasta los días de reunión. Compartimos el relato de los encuentros, ubicando esta experiencia en el contexto latinoamericano y en relación con otras experiencias de organización de familiares. En lo siguiente, integramos las concepciones sobre feminicidio articuladas a la experiencia, como forma de visibilizar el tránsito doloroso de las familias y sus integrantes.

A lo largo del capítulo, reflexionamos sobre la tramitación del duelo en colectivo, la inscripción del feminicidio en la vida cotidiana y las posteriores consecuencias en las relaciones con los feminicidas, el pasaje del duelo privado a una disputa política, y el proceso de construcción de conocimiento colectivo, que culmina en un librillo informativo para familias afectadas por estos crímenes. Finalmente, concluimos el texto con algunas reflexiones sobre lo que queda después de los feminicidios, y todo lo que queda para hacer.

El feminicidio y las familias afectadas

La categoría feminicidio nombra las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género^[4]. Mujeres asesinadas porque aún vivimos en un sistema patriarcal –entrelazado con el racismo, el clasismo y otras opresiones– que cosifica y desvaloriza a las mujeres y disidencias^[5].

Según la antropóloga feminista Rita Segato (2004), el feminicidio es una forma de violencia expresiva, una comunicación entre varones que expresan, a través del asesinato de una mujer, su alianza a la cofradía viril. Estas expresiones feroces del patriarcado forman parte de la convivencia entre el pacto y la exaltación de la masculinidad hegemónica que responde a la alianza de liderazgo entre varones cómplices y la dominación de varones a mujeres (Demetriou, 2001). Pero, más allá de las teorizaciones que nos ayudan a entender el feminicidio como un fenómeno que es parte de relaciones sociales desiguales, cada caso de feminicidio es también un evento. Aquí entendemos “evento” como un acontecimiento que marca un antes y un después: un evento define y a la vez es definido por quienes afecta, y genera múltiples interpretaciones (Fraser, 2010: 65, citando a Stengers, 2000). Cada evento de feminicidio desata disputas sobre las definiciones del evento en sí (¿es o no es feminicidio?) hasta las mismas definiciones de las personas afectadas (¿cómo llamar ahora al padre de mis nietos, que fue el asesino de mi hija?). Estas disputas definitorias se dan en distintos ámbitos. Atraviesan el seno de las familias directamente afectadas por la violencia (por ejemplo, desarrollan su comprensión sobre el concepto de “femicidio/feminicidio”, se visualizan o no como víctimas, o comienzan a cuestionarse los conceptos de “amor” y “violencia”), pasan por las comunidades (por ejemplo, entran en disputa las definiciones de “buen padre” o “buen vecino”) y llegan a nivel de las instituciones estatales (¿se investiga con perspectiva de género?, ¿se sentencia como femicidio?, ¿quiénes son víctimas que pueden gozar de reparación?).

El feminicidio es entonces un evento violento que marca un quiebre en la vida de las familias y las comunidades afectadas. En relación con ello, algunos estudios como los de Armour (2002) y de Black y Kaplan (1988) referencian al contexto familiar que sobrevive como un grupo de covíctimas, a quienes no se ha atendido ni evaluado, lo cual da como resultado que la principal consecuencia de la victimización son las reacciones al trauma, esto es, lidiar con la traumatización, la reestructuración de la vida cotidiana, la inseguridad de su futuro, y el estigma social relacionado con la violencia íntima. Y, si le agregamos que, en su gran mayoría, estos actos fatales se dan en el seno de la familia, entonces se configura una situación de crisis muy importante, ya que quienes sobreviven quedan doblemente desamparadas. Las dimensiones del daño acaecido conciernen a todos los órdenes de la vida psíquica, física, afectiva, social y política de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes, y de las comunidades afectadas. Atravesadxs por el Femicidio, por ejemplo, es como se nombra una agrupación de familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Argentina.

Pero estos eventos marcan además el cuerpo social todo. Si bien toca a algunas más de cerca, el feminicidio nos afecta a todas las personas, en cuanto cada evento nos interpela como participantes (o disidentes) del sistema de género y nos presenta la oportunidad de elegir cómo nos posicionamos frente a la violencia y la injusticia social. Nosotras, las autoras, elegimos posicionarnos, en esta ocasión, como facilitadoras de otro tipo de evento: encuentros políticos y afectivos que puedan generar un después del feminicidio en colectivo.

Modos de acuerpar la teoría

En 2022 se realizaron dos encuentros de familiares de víctimas de feminicidio en Uruguay. Las reuniones fueron organizadas por distintas actoras feministas –incluyendo las autoras– que trabajamos con la temática del feminicidio desde la academia, la sociedad civil y la producción de datos. Concebimos los encuentros desde un posicionamiento feminista y solidario, como una forma de acuerpamiento, “la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos” (Cabnal, 2015). El principal objetivo fue abrir un espacio donde las familias y nosotras pudiéramos conocer y reconocernos, buscar lo común en la diferencia, un lugar donde sembrar potencial de acción conjunta a través del intercambio de experiencias y la escucha de las demandas de las familias atravesadas por el feminicidio.

Natascha Castro vive y trabaja en Brasil, pero su doctorado trata sobre el feminicidio en Uruguay y viaja con frecuencia entre los dos países. Romina Martínez vive en Montevideo y empezó su maestría sobre femicidios íntimos y masculinidades en el 2020. Helena Suárez Val comenzó su doctorado sobre datos de feminicidio en América Latina en Inglaterra, pero regresó a Uruguay durante la pandemia de COVID-19. Las tres investigamos el feminicidio desde distintos puntos, metodologías y perspectivas, pero lo que nos unió fue el deseo de hacer algo por y con las y los familiares de las mujeres que fueron asesinadas en casos de feminicidio en el Uruguay.

Cuando se trabaja desde un posicionamiento feminista y crítico, el tema de la retribución siempre camina junto con la investigación académica. Si bien nuestras investigaciones no se ciñen estrictamente a lo que se llama “investigación-acción feminista” (Biglia, 2007), sí comparten con esta metodología un fuerte compromiso para el cambio social y la premisa de que estimular procesos autorreflexivos en las personas con quienes investigamos constituye en sí el inicio de un proceso de cambio. Desde nuestros distintos proyectos, nos preguntamos justamente qué podríamos hacer, cómo ayudar, y de qué maneras podríamos contribuir con las personas que pasan por el fenómeno del feminicidio. Fue en esa coincidencia de tiempos, entre nosotras, entre encuentros virtuales con familias organizadas de otros países y con personas cercanas a mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Uruguay, en que decidimos facilitar que estas familias afectadas se pudieran encontrar, conocer y reconocerse.

Nos sentíamos inspiradas tras haber conocido el trabajo de las organizaciones de familiares que existen en Argentina, Chile y México, pero nuestra idea no fue proponer (ni imponer) un formato para la acción, sino más bien crear un espacio de encuentro e intercambio para algunas familiares que se habían acercado a la página Feminicidio Uruguay^[6], administrada por Helena desde 2015, y otras con las que veníamos hablando en el marco de nuestras vivencias e investigaciones. Conscientes de los dilemas éticos de investigar con personas atravesadas por violencias (por ejemplo, Meth y Malaza, 2003), nos cuestionamos mucho sobre hacer o no hacer un encuentro de este tipo, sobre todo por el potencial de reabrir heridas y la constante duda sobre nuestro lugar para proponer algo así (nuestra posición como académicas, nuestra legitimidad al no ser familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio). Pero pensamos que, con lo que veníamos aprendiendo a través de nuestras investigaciones feministas, podríamos organizar un encuentro cuidado y que fuera productivo para las y los familiares.

Así que decidimos hablar con la organización civil El Paso, que venía trabajando con Helena en el registro de casos, para pensar cómo realizar juntas un primer encuentro de familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Luego de pensarlo con Cristina Prego, Tamara Samudio y Dahiana Suárez, quienes trabajan en El Paso, decidimos proponer un encuentro en el marco de las actividades por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. La idea era abrir un espacio para que las participantes puedan conocerse, intercambiar experiencias, pensar si les gustaría organizarse y de qué formas podría hacerse. De ahí salieron los preparativos, los textos de invitación, el contacto con familiares y amistades de mujeres que habían sido víctimas de feminicidio, abogadas y activistas.

Tramitar el duelo en duelo colectivo

Feminicidio: muerte, ausencia, dolor, pérdida. El duelo es realidad y deseo que atraviesa a todas las personas integrantes de la familia y de la comunidad, así como a nosotras. Frente a esa muerte violenta, hay una elaboración necesaria y distinta para cada quien. Es el impacto de la pérdida de alguien imposible de sustituir, además de soportar el tránsito por el dolor. En la teoría psicoanalítica, atravesar el duelo implica “cobijar y reparar el dolor que acontece ante la pérdida y posibilitarle una apertura hacia lo nuevo: a un nuevo objeto, a un nuevo tiempo, a un nuevo avenir”, que puede adquirir “una nueva dimensión social, [cuando] se constituye en acto político de resistencia para no repetir” (García Canal, 2014: 21, 30). Pero “¿cómo tramitar cuando el ritmo que se instala es ausencia – ausencia – ausencia – ausencia – etc.?” (Mian, 2022: 67). El proceso del duelo conlleva la transformación, es por ello que nuestro acuerpamiento apunta a la producción de un duelo en colectivo.

Las mujeres fueron llegando desde distintas partes, algunas de Montevideo, otras de otros departamentos. Éramos sobre todo madres, hermanas e hijas de mujeres asesinadas en casos de feminicidio y también investigadoras y activistas que trabajamos en el tema. Cuando al final nos acomodamos, el silencio se impuso. ¿Cómo empezar? ¿Qué podemos habilitar frente a un duelo reciente, actual o vigente?

Las familias fueron invitadas por mensajes privados por Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes. Convocamos a personas que se habían contactado con Helena por Feminicidio Uruguay (algunas más recientes y otras que habían enviado mensajes en años anteriores), a familiares que Natascha conoció a través de su investigación, a otras que Romina conocía por sus redes, y a otras más que El Paso contactó a través de otras ONG. Además, invitamos a miembros de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), un grupo con base en la Facultad de Derecho de la Udelar que brinda apoyo legal a familiares y víctimas de delitos violentos.

El sábado 26 de marzo de 2022, nos juntamos en el local de El Paso en el barrio Paso Molino, Montevideo. Vinieron familiares de cuatro mujeres que fueron víctimas de feminicidio, de Montevideo y de Río Negro. Las familiares eran todas mujeres: hermanas, madres e hijas de las víctimas. Las organizadoras nos habíamos propuesto una agenda tentativa, pero también coincidimos en permitir que fluyera la conversación, ver cómo venía el sentir de las personas presentes y dejar que surgiera lo que fuera. Sentimos la responsabilidad de haber abierto este espacio, que creemos –esperamos– será productivo, pero que también será, seguramente, un espacio de repetición del dolor. Normalmente, como investigadoras nos sentimos a gusto con conectar gente entre sí, ver lo que estos encuentros pueden generar, trabajar centrando la solidaridad y desde (y a pesar de) la incomodidad como una metodología feminista (Shokooh Valle, 2021).

Pero este encuentro es diferente, pesado, un encuentro donde lo que nos une es la violencia feminicida y sus terribles reverberaciones. No sabemos cómo va a ser y nos preocupamos. ¿Podremos sostener y contener a las familias? ¿Podremos sostenernos a nosotras mismas? Antes de la reunión, ya habíamos hablado de lo que podíamos y no podíamos ofrecer cada una desde nuestro lugar. Hasta dónde y de qué formas podríamos acompañar a las familias, sus duelos y sus luchas (nuestros duelos, nuestras luchas). Conocer nuestros propios límites y potencias, y cuidar desde el autocuidado.

En un sentido, todo es nuevo y es viejo. Extraño y conocido. Especialmente por nuestras previas experiencias de trabajo activista, feminista o institucional. Estamos nerviosas e inseguras, pero la necesidad de hacer que aquel fuera un momento de acogida e intercambio, que les sirviera a los familiares, nos hizo concentrar en que saliera todo bien. Vibramos entre el deseo y la expectativa de que las personas que habíamos invitado lograran conectarse por videollamada o presencialmente. A la vez está presente también la ilusión de que esta potente ola de entusiasmo e impulso que sentimos las organizadoras pueda llegar a todas las participantes de forma positiva.

Fuimos llegando de a poco a la sede de El Paso y organizamos las sillas en ronda en uno de los salones del fondo, donde entraba mucha luz natural. Ahí preparamos café y una merienda. Se hicieron muchos silencios. Primero éramos Sonia y Yoselin, mamá y hermana de Valeria, a quien su expareja asesinó en Río Negro, Cristina, Tamara y Dahiana, que trabajan en el Paso, y nosotras tres (las autoras). Luego llegaron las abogadas de Asfavide, tres mujeres y un varón. Cuando la reunión ya estaba empezando, entró Viviana, la mamá de Carolina, otra de las mujeres asesinadas por su expareja; y más tarde Andrea, hija de Luna, también asesinada por su expareja, las dos de Montevideo.

Decidimos empezar y Helena tomó la batuta para romper el silencio. Empezó contando por qué organizamos el encuentro y repitió que era un espacio para las familias y para que hicieran con él lo que necesitasen. Luego nos invitó a presentarnos y decir cómo nos sentíamos de estar en la reunión. Ella le dio la palabra a la persona a su derecha, para que la ronda fuera en sentido antihorario y así dar tiempo a que la hermana y la madre de Valeria, Yoselín y Sonia (que estaban sentadas a su izquierda) pudieran escuchar a otras antes de que les tocase a ellas presentarse. Las dos habían viajado horas para llegar y, de las familias presentes, eran las que habían sufrido el impacto del feminicidio de forma más reciente. Estábamos todas emocionadas y buscando el tono con qué expresarnos. Algunas se ponían en posición más de escucha, y otras, en posición de promoción de la conversación, pero todas centradas en el cuidado con las familiares. ¿Cómo hablarnos de una herida tan íntima entre personas extrañas? ¿Qué decirnos de la violencia que nos convocaba?

En la ronda de presentación, presenciamos el desconsuelo desgarrado de la mamá y la hermana de Valeria, el caso de Río Negro. Luego, cuando se presentaron Viviana y Andrea, sentimos el dolor y la rabia más procesados de los casos más antiguos, pero aún latentes. Nos preguntamos cómo se verían entre ellas. Quizás para quienes estaban empezando a atravesar el proceso, ver a las otras fuera como una foto del futuro, un futuro donde el proceso judicial, al menos, ha terminado, aunque el duelo perdure. Para las que llevaban más tiempo conviviendo con lo que queda después del feminicidio, quizás el encuentro con las otras fuera un recordatorio de donde estuvieron y una oportunidad de ver dónde estaban ahora. Hubo una escucha atenta, ávida, entre las familiares. Intercambiaron sus historias, pero también consejos, advertencias, piques.

La inscripción del feminicidio en la vida cotidiana y la relación con los feminicidas

Al concluir las presentaciones, otra vez se impuso el silencio y fue nuevamente Helena quien lo rompió contando sobre las definiciones del feminicidio y sobre cómo la ley uruguaya lo trata. En Uruguay la ley tipifica el femicidio como el asesinato de una mujer “por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal” (Parlamento del Uruguay, 2017). Nosotras (las organizadoras del encuentro) utilizamos el término “feminicidio” para enfatizar el rol del Estado y que el feminicidio es un atentado contra los derechos humanos de todas las mujeres, como señala Marcela Lagarde (2008) en su conceptualización, pero entendemos que los dos términos son análogos. Esta explicación movió a las abogadas a explicar el proceso legal.

En ese momento Viviana, la mamá de Carolina, empezó a hablar sobre el proceso judicial del asesinato de su hija, caso que no había sido reconocido como un femicidio por la Justicia uruguaya en la primera sentencia. Viviana habló con mucha seguridad sobre su situación y expuso sus críticas a la ley uruguaya, comentando que no estaba bien tener que demostrar el “odio hacia las mujeres”, pero sí el odio a una mujer específica, la mujer asesinada. Ese tema de las definiciones del odio, hacia quién, y cómo comprobarlo ocupó parte de la conversación.

La dimensión de la teoría del feminicidio que habla de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres fue muy criticada por las familiares en la reunión. Especialmente la noción de “misoginia”, que parecía muy abstracta y difícil de comprobar en casos de relaciones sin violencia previa. Viviana sostenía que el hombre que mata a una mujer puede muy bien amar a todas las otras mujeres de su vida, su madre, su abuela, sus hijas. Para las que tenemos un pie en la academia, nos enfrentamos a la distancia entre las teorizaciones y críticas feministas –por ejemplo, sobre qué es amor y qué es violencia– y el vivir cotidiano de estas mujeres. Valentina Pereyra, una de las abogadas de Asfavide que más apoyó el proceso de Viviana, comentó que había una dificultad también por parte de las familias en entender lo que es violencia en una relación íntima, y contó cómo Viviana solo se dio cuenta de que había violencia en la relación de pareja de su hija después del crimen.

Las emociones también estuvieron en el centro de la conversación: sobre todo esa dificultad de comprobar que el móvil del crimen fue el odio, desprecio o menosprecio por razones de género; pero también hablamos de las emociones de las personas que quedan, de las familias de las víctimas. Andrea, hija de Luna, comentaba que sentía un odio muy grande por el asesino de su madre, que, si pudiera, lo mataría de manera muy dolorosa. En contraste, Yoselín, hermana de Valeria, reflexionaba sobre lo raro que era no odiar al asesino de su hermana, alguien a quien siempre había querido antes de que pasara todo. Andrea también criticó a las organizaciones feministas que no la ayudaron cuando su madre fue asesinada. Ella habló de la sensación de abandono, de desamparo por no poder contar con la ayuda de nadie. Cada familia contó sobre sus distintas relaciones con las organizaciones feministas, algunas recibieron mucha ayuda, otras no tanto. Nos duele escuchar y sentir el sufrimiento que, en el mejor de los casos, podrá deflectar en sentido de justicia, pero esa madre, hermana, hija, familiar, amiga no volverá. Somos conscientes de las dificultades que tienen las familias en el acceso a la justicia.

En un momento Yoselín comentó su necesidad de ayuda jurídica porque la abogada que tenían en Río Negro nunca había actuado en un caso de feminicidio. A raíz de ello, las abogadas de Asfavide contaron que solo podían actuar en Montevideo, pero que podían responder a las dudas y consultas de familias de otra parte del país de manera informal y con la limitante de sus recursos. Esta situación nos hizo pensar sobre la diferencia y las desigualdades entre la capital y el llamado “interior” del país en términos de amparo, ayuda, acceso a datos e información. Al final de la reunión, las familiares hablaron mucho sobre el tiempo que llevaba todo el proceso judicial. Viviana comentó que demoró tres años llegar hasta la sentencia final. También fue ella la única en llamar al asesino de su hija “femicida”, que era como ella quería que lo reconocieran. Andrea dijo que en realidad no lograba llamar al asesino de su madre ni por el nombre.

Como forma de ordenar lo que se dio, Cristina, del colectivo El Paso, puntuó algunos de los principales temas que surgieron: el proceso judicial y el acceso a la justicia; las dificultades y los cuestionamientos de la ley; la cuestión de la movilidad y la movilización; y la necesidad de llegar a las familias que pasan por el fenómeno en distintas regiones del país, sobre todo donde hay menos recursos que en la capital. Para cerrar el encuentro, Romina propuso que cada una hablara sobre lo que estaba sintiendo en ese momento, lo que fue muy importante ya que las emociones habían estado presentes desde el inicio, incluso desde la idea de realizar estos encuentros. Es central hacer el ejercicio de nombrar lo que nos y les pasa, siendo que, en la inmensidad del dolor, aún existe mucho estigma en exponerlo. Ella afirma que es necesario un cuidado, pero definitivamente existe una ética con los procesos de las personas afectadas directamente y una necesidad de “gritar” que aquí están presentes personas que miran de frente a la violencia contra las mujeres y sus familias. Este ejercicio tiene que ver con colocar en práctica parte del reconocimiento de lo sucedido, del impacto del evento, de reconocerse vulnerable ante una victimización generada por una traumatización que altera la vida de la familia. Tiene que ver con buscar y encontrar un resarcir en el acto de enunciar, de usar la palabra, de encontrar una escucha empática. Es decir que el testimonio pueda alcanzar la forma de posicionamiento político que sirva para exponer el impacto, el daño y la necesidad de una reparación integral (en todos sus matices), y la ética del testimonio implica necesariamente una escucha de validación respecto a la persona que dice (Gámez Fuente y Gómez Nicolau, 2017). Cristina comentó que en ese momento sentía una gran tristeza y una fuerte indignación por la situación que esas familias pasaban. Al final, concluimos con la intención de usar todos los instrumentos tanto sean conocimiento, información, herramientas, o incluso la escucha, la voz, como agentes de uso para las que ya no están, para las que les sobreviven y para todas nosotras.

Del duelo privado a la disputa política

El trabajo en la organización del encuentro y el contacto con las familias de las mujeres asesinadas en casos de feminicidio también nos lleva a reflexiones sobre el lugar de las familias como víctimas y sobre su proceso emocional. Esta discusión se inscribe en un contexto de emergencia de organizaciones de familiares de víctimas de feminicidio en Latinoamérica. Es un fenómeno que habla de la movilización de “familiares-activistas” (Perelman & Pita, 2020), personas que están vinculadas a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio por algún lazo de parentesco. O sea, son sus madres, padres, hermanas, hermanos, hijas, hijos y hasta amigos cercanos, que no comparten necesariamente un vínculo sanguíneo, pero se comprometen con las reivindicaciones por justicia.

Este movimiento no es novedoso, los grupos que luchan por los derechos humanos especialmente en Argentina, pero también en muchas otras partes, incluso en Uruguay, son muy conocidos y se han caracterizado por el lugar protagónico de las mujeres en su rol de madres y abuelas. Elizabeth Jelin (2007) habla de las figuras emblemáticas de las madres y abuelas de desaparecidos políticos que ocuparon un lugar central en la acción política en contra de la dictadura militar, que lleva el sufrimiento personal y el duelo al espacio público. La autora cuestiona la centralidad de la figura de las madres en la historia de las resistencias contra la violencia del Estado, resaltando que no se debe ignorar los motivos culturales e históricos que dan ese lugar emblemático a la maternidad, o al maternalismo, opacando su sentido político. Además de las madres y abuelas, otras actoras también participan de movilizaciones por verdad y justicia, las personas consideradas “afectadas/os directas/os”. Marcela Perelman y María Pita (2020), al pensar sobre el lugar de “les hermanes” en el activismo-familiar vinculado a las y los desaparecidos políticos, apuntan al lugar social que ocupan distintas actoras con diferentes vinculaciones a las víctimas desaparecidas.

Hablamos entonces de grupos históricos formados por familias afectadas que se organizan por la reivindicación de justicia, verdad y memoria. Pero también de familias que se apropian de estas demandas en torno a “eventos críticos otros que el terrorismo de Estado”, como la violencia policial, los conflictos armados, la violencia delictiva, o grandes tragedias (Vecchioli y Rebollar, 2019: 22). Detrás de ese trabajo, está la interpretación de que las familias son profundamente afectadas y de que es la movilización por justicia y reconocimiento que les transforma en víctimas como una afirmación política (Vecchioli y Rebollar 2019). Brenda Rico Ríos (2021) identifica en ese proceso una batalla por algo que es material, la efectiva punición de los responsables por las muertes y desapariciones; pero también por algo que es inmaterial, en cierto sentido, el reconocimiento simbólico del lugar de víctimas de las familias. En ese entrecruce, Rico Ríos ve cómo se juntan y se acercan las movilizaciones sociales en contra de la violencia, del feminicidio, de la desaparición forzada o de la violencia contra las mujeres. Esa búsqueda por lo que no es material, por el reconocimiento, explica, en parte, por qué el trabajo judicial, solamente, no responde a todas las demandas familiares ni es suficiente para aplacar dolores, como escuchamos tan claramente en las reuniones con familiares en Uruguay.

Esto también podría explicar por qué los familiares, después de alcanzar lo que puede considerarse justicia, se mantienen en la lucha social para apoyar a otras personas. La justicia otorga el castigo, pero la verdadera injusticia está en el acto cometido a su familiar, en su asesinato. Es ahí donde la justicia se vuelve un ente en movimiento, en constante transformación. Por más castigo que se aplique al homicida, el feminicidio deja un vacío. La desaparición forzada es consecuencia de la misma problemática; la mujer asesinada y la mujer desaparecida son dolores y luchas diferentes, aunque se entrecruzan (Rico Ríos, 2021: 13).

Aunque el lugar social de las familias sea considerado emblemático en las organizaciones por los derechos humanos, investigaciones recientes apuntan para las disputas morales en torno a este rol de familiares-activistas. Las contiendas morales que se dan a partir de estos asesinatos están muy vinculadas a marcadores sociales de la diferencia. En Brasil, los asesinatos producidos por agentes del Estado en regiones empobrecidas también son combatidos por grupos de familiares, especialmente grupos de madres de las víctimas de la violencia estatal. Adriana Vianna y Juliana Farias (2011) analizan el rol de las madres, las familias y los amigos en el trabajo de convertir el dolor personal en acción política al llevar para la escena pública, como capital primordial, la historia de sus relaciones personales. En estos casos, el Estado ocupa un lugar antagónico frente a las familias, muchas veces culpabilizándolas por no haber evitado la violencia o protegido a sus hijos, hijas o hijes.

Por un lado, está la indagación sobre el lugar de las familias como víctimas de los crímenes; y, por otra parte, la cuestión de que no todo familiar es o puede ser considerado un familiar-activista. La ley uruguaya reconoce a la familia de la víctima como víctimas secundarias, con derecho a participar del juicio, con su representante legal, como un “tercer coadyuvante” que actúa en diálogo con las fiscales del caso. El tema es que no se trata tan solo del reconocimiento legal sobre la figura de la víctima, sino también del reconocimiento público.

Estos aspectos sobre la formación de grupos y organizaciones familiares también aparecen en Uruguay, pero de manera muy particular. Esto se debe, quizás, a que todavía no se han conformado grupos organizados de familiares de víctimas de feminicidio, pero también por la experiencia histórica de familiares de víctimas de desapariciones forzadas en el país que han dejado pistas sobre un modo de actuar frente a esas críticas, reflejado en la campaña Todos Somos Familiares^[7]. Esa frase –repetida en camisetas, carteles y pintadas por el país– habla de una elaboración política que entiende que la violencia daña a toda la sociedad, incluso a las personas que no fueron o no se sienten directamente afectadas por el terrorismo de Estado. Elizabeth Jelin, en entrevista con La Diaria, reflexiona sobre la campaña:

[“Todos somos familiares” es] un eslogan de identificación. Es decir, no importa que biológicamente no estés en ese lugar o que políticamente no estés en ese lugar, pero te identificás con esa causa. Ahora, la dinámica de los movimientos es otra cosa. En Uruguay están todos juntos en Madres y Familiares; en Argentina hay una dispersión de parentesco (Madres 1, Madres 2, Abuelas, Hijos, Nietes), preferentemente un parentesco de carácter biológico. Esa definición es sumamente excluyente. […] en Chile, el grupo antidictatorial de mujeres, que se jugó muchísimo, se llamaba Mujeres por la Vida y [sus integrantes] no tenían que ser parientes de nadie, eran mujeres. En Argentina no, acá el familismo jugó fuertemente. […]. Y parte de las disputas internas fue quién puede estar o no adentro, la barrera, la frontera, aun dentro de la comunidad de víctimas: hijos de exiliados, hijos de presos políticos, ¿entran o no entran? Entonces, lo que están haciendo con Todos Somos Familiares en Uruguay es tratar de abrir la exclusividad^[8].

En ese sentido, reconocer que todos (y todas y todes) somos familiares es poner en evidencia que compartimos una vida común (comunidad), que sufrimos de igual manera la pérdida de un familiar o una amiga y que es responsabilidad colectiva (Estado y sociedad) proteger y preservar la vida, la justicia y la memoria de todas, todes y todos. A pesar de las distancias y diferencias entre los contextos que hablan de desaparecidos políticos de la dictadura militar, de víctimas de la violencia del Estado en las zonas más pobres de Latinoamérica o de casos de feminicidio, las formas en que las familias, y en especial las madres, hijas y hermanas, se involucran para reclamar justicia guardan similitudes. En todos estos casos, el interjuego de la necesidad de justicia, es decir, de reconocimiento, amparo y contención, pero también de información, es central.

Ecos de la experiencia de agrupaciones de familiares en la región

En un conversatorio que organizaron la Red Interamericana Anti-Femicidio (RIAF)^[9] junto con Datos contra el Feminicidio^[10] y la Coordinadora 19 de Diciembre de Chile^[11], familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Chile y Argentina contaron sus experiencias de organización y compartieron las siguientes preocupaciones: que el feminicidio debe tratarse como un tema de derechos humanos; que hay una necesidad de leyes de protección y reparación integral de familiares; que el Estado vulnera derechos a través de la indiferencia o negligencia, por ejemplo, con la falta de recursos; que los datos sobre feminicidio son incompletos, confusos o, en algunos casos, incluso tapados; que se necesita una visión comprometida con la perspectiva de género para proteger a las mujeres; que es importante contar con redes de apoyo y contención; que como familiar nada te prepara para el dolor y que es algo para siempre; que la pregunta “¿cómo seguir viva?” es recurrente y capaz de llevar a las personas de la indignación a la agrupación y acción; y que los medios son una arma de doble filo porque pueden tanto revictimizar como apoyar la difusión de las acciones y demandas de las familias^[12].

En el encuentro con las familias de las mujeres asesinadas en casos de feminicidio en Uruguay, encontramos varios ecos de estas preocupaciones y debates que se producen en las organizaciones familiares. Por ejemplo, el reclamo de Viviana sobre los límites de la ley y los problemas del proceso legal, que no le parecían suficientes para brindar el reconocimiento necesario al caso, especialmente cuando el fallo no determina que el asesinato fue un feminicidio y obliga a que la familia se involucre para cambiar esa determinación.

También encontramos ecos en el caso de Andrea, que no encontró apoyo después de la muerte de su madre, crimen conocido como el primer caso de feminicidio juzgado en Uruguay luego de aprobada la ley del femicidio, pero que no fue reconocido por la Justicia uruguaya como tal. Este es un ejemplo de la diferencia que se hace entre quiénes pueden o no ser consideradas familiares-activistas en contra del feminicidio a partir de la clasificación oficial de los casos. De igual manera, encontramos ecos en las desigualdades entre las familias que viven en Montevideo y las radicadas, como Sonia y Yoselín, en otras regiones del Uruguay que no cuentan con la misma oferta de atención a sus necesidades, desde el acceso a servicios (por ejemplo, el apoyo psicológico posterior al feminicidio se coordina desde el Banco de Previsión Social en Montevideo) hasta la posibilidad de acceder a una asociación que brinda atención legal gratuita, como lo hace Asfavide en la capital.

Otro eco entre la experiencia de agrupaciones de familiares y lo que se habló en el encuentro fue el tema de los medios, que son determinantes para definir cada caso y el conjunto de casos de feminicidio como un problema que nos involucra a la sociedad toda. Se habló de la necesidad de estar en los medios y de la dificultad en encontrar periodistas que den un tratamiento respetuoso a los casos. Varios estudios han comprobado la tendencia de los medios a sensacionalizar los casos, a revictimizar y culpabilizar a las mujeres (Toledo Vásquez & Lagos Lira, 2016). Sin embargo, la comunicación es clave para la promoción de derechos, y para las familias los medios pueden ser una importante herramienta. Por ejemplo, los tiempos largos de la Justicia generan la “necesidad incómoda de tener a los medios observando a las y los operadores de justicia para que el caso no muera” (Zambrano Díaz, 2021). Por otra parte, como mostró Ela Marcie Zambrano Díaz (2021: 94) en su estudio sobre familiares de víctimas de feminicidio y cobertura mediática en Ecuador, a medida que atraviesan el proceso, y sobre todo con el acercamiento al movimiento feminista, las familias van desarrollando “una capacidad crítica frente a las noticias que publicaron los medios de comunicación, al punto de encontrar medios aliados y cuestionar el relato sobre las víctimas”.

El duelo, el trabajo emocional de volver a habitar las casas familiares, de cuidar a los niños y niñas huérfanos por los feminicidios, de abrir camino a la vida después de sufrir la violencia feminicida son todas partes de lo que implica vivir el después del feminicidio. La experiencia de otros familiares de víctimas de violencia, sea en casos de desapariciones, de crímenes de agentes estatales o de la violencia cotidiana, nos ayuda a entrever los desafíos en el camino que tratan de seguir las familias de mujeres víctimas de feminicidio que buscan en la acción colectiva, en el encuentro y en lo común un espacio para reivindicar su lugar de víctima social y política con derecho a reparación y cuidado. Encontramos un ejemplo de ese involucramiento en el trabajo que viene desarrollando Yoselín, la hermana de Valeria, víctima de feminicidio, al formar la Colectiva Feminista Mburucuyá en Young y convocar a charlas y eventos sobre el tema, como el conversatorio “No son cifras, son mujeres”, realizado en setiembre de 2023, que presenta un librillo informativo para familiares de víctimas de feminicidio creado a partir de una segunda reunión con las familias.

El proceso de construcción del conocimiento colectivo

En el primer encuentro, habíamos hablado de los procesos que desencadena un feminicidio, no solo el duelo y la recuperación vital, sino también los procesos judiciales y administrativos que deben sortear las familias, que se complican aún más por la falta de información. Las familiares expresaron que hubieran agradecido contar con algún apoyo y, a partir de esto, las compañeras de El Paso y Helena se abocaron a la tarea de producir un librillo informativo pensado para otras familias que tengan que transitar el doloroso proceso después de un feminicidio. El objetivo de esta publicación, que se logró publicar recientemente con el título “Femicidio y acceso a la justicia. Derechos, garantías, recomendaciones y redes para acompañar a víctimas”^[13], es ofrecer información sobre los procesos policiales, judiciales y administrativos que las familias deben sortear para obtener (un mínimo de) justicia y reparación, y compartir algunos de los aprendizajes que compartieron las familiares que participaron en el primer encuentro.

Reflexionamos mucho sobre cómo integrar a las familias en la elaboración de este trabajo. Nuestra principal preocupación era no cargarlas con una tarea más –visto todo lo que nos habían contado sobre el esfuerzo que demanda el después del feminicidio– y sobre todo no ponerlas en otra situación que las llevase a revivir la violencia y el trauma. Por otra parte, sabíamos que la primera reunión había tenido un efecto positivo: las participantes nos habían contado que se habían sentido bien estando juntas, que habían podido procesar algunas cosas de otras formas y que se habían puesto en contacto entre sí para intercambiar consultas. Así que, para contarles a las familias que estábamos trabajando en esta publicación y para integrarlas en el proceso en la medida que quisieran, decidimos organizar un segundo encuentro a fines de noviembre, esta vez centrado en la pregunta “¿Qué le transmitirías a otra familia que está transitando el después de un feminicidio?”.

Una vez más invitamos a las familias que ya habían participado e intentamos llegar a distintas personas, esta vez circulando la invitación a través de otras organizaciones de la sociedad civil, pero aclarando que el objetivo era crear un espacio íntimo para que las familias pudieran hablar libremente. Respondieron positivamente las mujeres que vinieron la primera vez y se sumó otra familia más. Al llegar el día, nos reunimos otra vez en El Paso: llegaron Yoselín y Sonia, la hermana y madre de Valeria, y más tarde Viviana, la madre de Carolina. Finalmente, no pudieron venir más familiares. Además, estábamos Helena, Tamara, Dahiana y Cristina de El Paso. Otra vez éramos muchas “organizadoras” y pocas “familias”. Otra vez se compartían las ansiedades y las dudas sobre si realmente la reunión sería beneficiosa para las familias. Pero no. Estuvo bien. Como éramos menos, fuimos a un salón en el primer piso donde había una merienda rica que prepararon las de El Paso.

Helena inició la reunión explicando por qué nos habíamos reunido, contándoles a las familias sobre el librillo que estábamos armando. Luego abrimos la conversación con la pregunta que habíamos planteado: ¿qué les contarían a otras familias que tuvieran que atravesar el feminicidio? Salieron temas relacionados al proceso judicial y a los trámites administrativos para obtener pensiones y otras reparaciones, sobre todo los tiempos largos que conllevan, la frustración de la falta de (re)conocimiento por parte de las instituciones, y cómo las familias deben aprender sobre leyes y normativas para acceder a los mecanismos de reparación que ofrece el Estado (incluso a veces llegando a saber más que los funcionarios estatales con quienes interactúan).

También hablamos de las redes sociales, en particular con relación a las familias o amistades de los victimarios. Hablamos de lo que se comenta en las redes, de cómo la gente opina sobre los casos sin cuidado, pero también sobre cómo el formato de las redes puede facilitar amenazas y hostigamiento hacia las familias de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Estas amenazas y hostigamiento también pueden suceder en otros entornos no virtuales: en el barrio, en la escuela, en el trabajo, sobre todo porque, como la mayoría de los casos de feminicidio en Uruguay son feminicidios íntimos, los círculos sociales y familiares de las mujeres y sus asesinos tienden a estar muy entrelazados.

Al cierre de la reunión, Helena invitó a las participantes al conversatorio mencionado arriba, donde los grupos Atravesadxs por el Femicidio (Argentina), Agrupación Familiares Víctimas de Femicidios (Chile) y Coordinadora 19 de Diciembre (Chile) compartieron sus experiencias como familiares que se organizaron para demandar justicia contra el feminicidio y la violencia machista y para visibilizar sus reclamos. La intención era abrir la posibilidad de que estas familias uruguayas vieran cómo algunas familias en otros países habían decidido organizarse para colectivizar sus demandas de justicia, reconocimiento y reparación frente al feminicidio.

Lo que queda después

La necesidad y la experiencia de las organizaciones de familiares de víctimas de feminicidio en América Latina da cuenta de las dificultades que quedan después de los crímenes. El duelo, el desamparo y la indignación se mezclan con el dolor de sentir la vida congelarse en ese momento en que llega la noticia del asesinato de una hija, de una madre, de una hermana. Cuando hablamos de mujeres asesinadas, no solo hablamos de mujeres que formaban parte de sus familias, sino también de mujeres que tenían un lugar, no importa cuán destacado, en la vida de la comunidad toda, como compañeras de trabajo, como voluntarias, como amigas. Cuando decimos “ni una menos”, decimos justamente eso. La pérdida de cada mujer deja vacíos, incertidumbres, faltas materiales y simbólicas, un sinfín de cosas que no se reparan con la punición de los responsables.

Los encuentros, las asociaciones, las organizaciones surgen de la falta y pasan a ser facilitadores que buscan amparar a esas familias y acompañarlas en sus protestas y movilizaciones por justicia con esa mirada hacia lo que se rompió en la vida de cada una, pero también promoviendo una mirada que busca un futuro donde el feminicidio no vuelva a ocurrir nunca más. Los encuentros van más allá del momento en que ocurren, produciendo olas de expansión, conexión y comprensión que se desarrollan con el tiempo.

En este caso las familias quedaron conectadas entre sí, se escribieron para apoyarse, participaron en otros eventos y encuentros de familiares. También de estos encuentros, surgió un librillo informativo, un mínimo apoyo para otras familias que tengan que enfrentar el después del feminicidio. Así, estos encuentros que organizamos se conformaron en un lugar de producción de conocimiento y cuidado feminista, que resuena con las experiencias de familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio y activistas de otros países latinoamericanos. Cerramos este capítulo aquí, pero lo que queda después del feminicidio no tiene final. No tiene final el dolor, como tampoco el compromiso de buscar reconocimiento, justicia y reparación.

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