Lic. Bautista Sala

Introducción

El presente artículo aborda las nociones de territorio, concepto que proviene principalmente del campo de la geografía, el cual en la última década, ha tomado relevancia en la bibliografía especializada y en los ámbitos tecno-políticos^[1] del Estado, desplazando al concepto de comunidad tradicional en las ciencias sociales y particularmente en el trabajo social, siendo central en la construcción de la intervención como campo problemático.^[2]

La implementación del modelo aperturista supuso la lesión de los mecanismos de integración social preexistentes, no solo los relacionados con la inclusión laboral sino también los relacionados con las posibilidades de acceso a los servicios sociales en el territorio.

El territorio y la nueva cuestión social

Durante los últimos años, el territorio vuelve a la escena pública desde una doble tendencia. Por un lado, aparece ligado a lo municipal, al desarrollo local y es el referente obligado de las políticas de descentralización. Al mismo tiempo, la intensificación de las relaciones y la interdependencia entre los lugares como parte de los procesos de globalización plantean el fin de los territorios por la influencia de las redes globales. Estas reflexiones ponen en evidencia (…) la necesidad de repensar los esquemas de interpretación de la acción pública, colocando al territorio como un componente clave de los procesos de cambio (Catenazzi y otros, 2009).

El territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales (Mazurek, 2005) En donde el territorio puede incorporar cualquier porción de la superficie terrestre, y traspasa por eso la noción de frontera y se construye una identidad alrededor de este territorio. El mismo es relativo a un grupo social determinado. Un mismo lugar puede corresponder a varios territorios sobrepuestos, proporcionado por diferentes grupos sociales de manera compatible o incompatible. El territorio se define así en función de la posibilidad de asegurar la reproducción social, es decir, el territorio mismo tiene funciones específicas que son fundamentales para su mantenimiento (Mazurek, 2005).

Por lo que la dimensión territorial implica, la diferenciación entre espacio y territorio, como términos que no son equivalentes (Raffestin,1980). El espacio aparece como preexistente a toda acción. Es un lugar de posibilidades, es la realidad material que precede a todo conocimiento y a toda práctica, que aparece como objeto sobre el cual los actores manifiestan una ambición intencional a su entorno. El territorio, evidentemente, toma apoyo sobre el espacio pero no es el espacio. Es una producción a partir del espacio. Es el resultado de una acción conducida por un actor que realiza un programa.

Al apropiarse de un espacio, el actor lo territorializa. La producción para todas las relaciones que se ponen en juego se inscriben dentro de un campo de poder. Entonces la construcción de un territorio revela relaciones marcadas por el poder, poder ejercido por personas o grupos sin el cual no se define un territorio (Raffestin, 1980).

Lo que transforma un espacio en territorio es el proceso de apropiación y de diferenciación por parte de los actores. En este sentido la esencia del espacio y del territorio es social. El proceso de apropiación del territorio da forma al capital espacial. El cual es entendido como el conjunto interiorizado de formas de relación (intelectuales y prácticas) de un individuo con el espacio considerado como bien social. Según esta perspectiva es posible analizar el espacio en función de las representaciones y de los usos que los individuos hacen de él. Este capital se construye con la experiencia.^[3]

Los cambios producidos por la implementación de políticas de cohorte neoliberal y la pérdida de la centralidad del trabajo como integrador social produjeron, lo que Castel llama, la nueva cuestión social. Efectivamente la dinámica que han sufrido en las últimas tres décadas las categorías relacionadas a la fuerza de trabajo han traído aparejadas nuevas y distintas formas de inserción de los sujetos en el mercado productivo, que signa una nueva relación entre trabajo e inclusión, con marcadas consecuencias sociales: independientemente de la crisis del mercado de trabajo, pero a la vez como reacción de ella, surge una crisis de la sociedad organizada en torno al trabajo, en la medida en que éste pierde su calidad como organizador de la vida de los sujetos, centro de valoración social y eje de orientaciones morales (Castel, 1997). Si, como señalan numerosos autores, la lógica del Estado de bienestar puede caracterizarse como de inclusión creciente, surge de esta forma una ruptura: a partir de la merma que sufre la capacidad de absorción del mercado de trabajo, emerge como consecuencia inmediata el aumento de la vulnerabilidad social.

En una sociedad en que las oportunidades económicas, políticas y civiles están ligadas directamente o indirectamente al trabajo, aquellos que no logran su inserción en el sistema laboral y que, por consiguiente, sienten el desaprovechamiento de su capacidad de trabajo, ven la amenaza del estigma del fracasado o “del que sobra”, lo que trae aparejado el detrimento de sus oportunidades vitales y, en consecuencia, el fantasma de un futuro incierto (Diloretto y Larocca, 2011).

Este proceso junto a la desindustrialización, el deterioro de las identidades vinculadas con el mundo del trabajo y la condición de trabajador; y, la flexibilización y precarización laboral generaron el marco en el que se vivenció el proceso de distanciamiento creciente “entre el mundo del trabajo formal y el mundo popular urbano”, (Svampa, 2005) lo cual significo a su vez la “territorializacion y fragmentación de los sectores populares. Este proceso, que la sociología argentina contemporánea ha sintetizado como “el pasaje de la fábrica al barrio”, señala el ocaso del universo de los trabajadores urbanos, y la emergencia del mundo comunitario de los pobres urbanos” (Svampa, 2005).

Territorios: desigualdad y segregación

En el territorio la desigualdad social, se manifiesta como relegación. Dicho de otra manera, la relegación territorial es la manifestación de la desigualdad social en el espacio urbano.

La brecha de la desigualdad supera, en muchos ámbitos regionales, la distancia social y políticamente aceptada por la sociedad, creando territorios de relegación donde subyace un creciente individualismo y una progresiva reducción del nivel de cohesión interna local, como resabios persistentes del modelo neoliberal (Diloretto y Larocca, 2011).

Uno de las manifestaciones más gráficas surgen a partir del creciente déficit habitacional que caracterizó, por lo menos, los años 80 y 90, el cual abonó uno de los hechos más emblemáticos: la polarización social emergente que sufrió la Argentina (Torrado, 2004).

Katzman denomina Guetos Urbanos a las urbanizaciones resultantes principalmente del de achicamiento del estado y la desindustrialización que restringieron drásticamente las oportunidades laborales de los trabajadores no calificados o semi-calificados. Se observó un proceso inverso al de aquellos migrantes del interior que décadas atrás llegaron a las periferias industriales urbanas vivenciando un ascenso social en manos de las instituciones del Estado benefactor argentino. Las poblaciones que sufrieron los procesos de segregación urbana durante las décadas del 80 y 90 no solo vieron frustradas sus expectativas de movilidad social ascendente, sino que evidenciaron el deterioro que significó vivir el proceso de movilidad descendente generalizado que sufrió la sociedad argentina en el período neoliberal (Katzman, 2001).^[4]

A su vez, se vivió un proceso de reclusión hacia dentro de los hogares de clase alta hacia urbanizaciones privadas. Impulsados por el acrecentamiento de la desigualdad social y de la inseguridad ciudadana y la retracción del Estado de ciertas funciones cruciales (Torrado, 2004).

Al respecto el trabajo de Mariana Marcos (2010) brinda pistas para entender las modificaciones en la trama urbana en general y con las mediaciones necesarias el escenario local. Refiriéndose al Aglomerado Gran Buenos Aires explica el pasaje de la ciudad desarrollista a la post desarrollista, a partir de la implementación del modelo aperturista. La primera se asocia con el modelo de ciudad de tipo compacta, se trata de una cuadrícula en expansión que crece en forma de “mancha de aceite”, sin que el territorio pierda continuidad o articulación horizontal. A mayor distancia con respecto al centro, menor es el nivel socio-económico de la población, aunque los barrios tenían cierta diversidad social (Marcos, 2010). A su vez, el espacio tiene subcentro que son las cabeceras de los partidos del conurbano. Los cuales se interconectan a través del transporte público, principalmente el ferrocarril.

Por su lado, la ciudad post desarrollista se convirtió en un objeto de inversión y acumulación de capital nacional e internacional. El cual se orientó, en parte, a las empresas privatizadas de servicios, los grandes equipamientos de consumo, ocio y espectáculo, la nueva hotelería internacional, la reconversión industrial, a los grandes proyectos urbanísticos; y a la construcción de urbanizaciones cerradas y sistemas de autopistas. Ante este escenario, el Estado abandona su rol en la gestión de la ciudad y deja lugar a la gestión privada para convertirse en un auditor de esta.

Durante este proceso, la ciudad toma nueva forma. El desarrollo de autopistas, despoja al sistema de transporte del rol integrador que tuvo, y lo restringe a quienes tienen posibilidades (auto y dinero). “Esta nueva infraestructura urbana posibilita (y a su vez es demandada por desarrolladores de) formas de especialización territorial que tienen como novedad su estructuración en “islas”. Janoschka (2002), (citado por Marcos, 2010) clasifica a estas estructuras insulares según el uso al que estén destinadas en: islas de producción (parques industriales, hoteles edificios de oficinas), islas de consumo (Shopping, hipermercados y centros de entretenimientos) e islas residenciales de precariedad (“los barrios relegados”) y de riqueza (los barrios cerrados y edificios de categoría).^[5]

La aglomeración de forma compacta, que crece avanzando sobre el campo abierto en forma de mancha de aceite, da progresivamente lugar a un espacio urbano de bordes difusos, dotado de múltiples centros, y que parece crecer en forma tentacular o de red (Marcos, 2010).

Este proceso va a afectar fuertemente el patrón de segregación residencial. Por un lado, se observa un proceso de heterogeneización entre los sectores medios empobrecidos y los grupos de menores ingresos. Por otro, el desplazamiento territorial de estos últimos por parte de sectores de ingresos altos ante la revalorización de suelos antaño despreciados pero cercanos al centro. En este mismo sentido, a partir de los resultados del Censo 2010 se observa un desplazamiento de población de la capital, los distritos más ricos del conurbano y el interior hacia lo que sería un cuarto cordón del conurbano conformado por los municipios otrora del interior (Magdalena, Brandsen, Cañuelas, Lobos, Lujan, etc). Este cordón verde hoy alberga, entre otras cosas, como “vida de pueblo”, una infinidad de barrios cerrados. El proceso, se acrecienta en las últimas décadas, y lleva al agravamiento de la fractura social. 

Las islas urbanas con fuerte homogeneidad social, habían estado reservadas para los sectores sumamente relegados durante la etapa desarrollista (las villas miseria), pero ahora la estructuración urbana residencial en islas socialmente homogéneas emerge en el otro extremo de la escala social, al mismo tiempo que disminuye la distancia física entre ricos y pobres (Marcos, 2010).

El proceso de socialización de los niños, crecientemente privado y endocéntrico; la individualización social negativa; el incremento de la distancia cultural entre connacionales; la incipiente emergencia de una ciudadanía privada; la mercantilización de los lazos sociales; el creciente alejamiento de la creencia en la acción del Estado (en todos sus niveles); la construcción prejuiciosa de la relación con el “otro”, todos ellos son elementos que implican la progresiva construcción de relacionas sociales mucho menos igualitarias que las que había conocido tradicionalmente Argentina (Torrado, 2004).

En este sentido, Löic Wacquant,aporta una particular forma de entender procesualmente el conflicto social en el espacio urbano a través del concepto de relegación urbana: en la actualidad el barrio ya no representa un escudo contra las inseguridades y las presiones del mundo exterior, un paisaje familiar y reafirmante imbuido de significados y formas de mutualidad colectivos. Así, estos barrios de relegación son criaturas de las políticas estatales en materia de vivienda, urbanismo y planificación regional. En el fondo, entonces, su surgimiento, consolidación y dispersión final son en esencia una cuestión política.

Si hay algo que caracteriza a los barrios de relegación que brotaron en el continente cuando los mecanismos de reproducción de la clase obrera empezaron a sufrir tropiezos, es su extrema heterogeneidad étnica, así como su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y englobar las rutinas diarias de sus habitantes” (Wacquant, 2001: 179).

Para el autor, no significa solamente tener cada vez más dificultades para salir, conectarse, desplazarse e intercambiar con los otros que viven “afuera” –es más, la virtual desaparición de los proyectos “barrio afuera”– implica que cada vez menos gente quiere entrar en este tipo de espacios.

El territorio de relegación constituye una forma institucional, que puede caracterizarse como una formación socio espacial fundada en la relegación forzada de una población negativamente tipificada, en un territorio en el cual esa población desarrolla un conjunto de instituciones específicas que actúan como sustituto funcional y escudo protector de las instituciones dominantes de la sociedad (Wacquant, 2001).

Considerando las implicancias que el proceso de crecimiento de la desigualdad ha dejado, se observa una inercia que genera un movimiento hacia la profundización de una sociedad dual y desigual. Esta desigualdad persistente expresa en los territorios periféricos de las grandes ciudades de nuestro país, la consecuencia de una acelerada segregación de pobres con acumulación de desventajas en sus procesos de integración relacional y su inserción laboral.

Se observó en estos barrios una tensión entre antiguo y nuevo poblamiento. Entendiendo que esta tensión en parte es provocada porque este crecimiento poblacional no fue acompañado por la oferta institucional en el mismo ritmo, y provoca que las instituciones tradicionales del barrio se vean saturadas. Lo que hace necesario pensar no solo nuevas instituciones, sino que las mismas deben estar dotadas de capacidades para intervenir en escenarios heterogéneos y complejos.

Entonces, cómo desarrollar una perspectiva anticipatoria a posibles conflictos entre vecinos de un mismo barrio. Surge la necesidad de profundizar el conocimiento sobre esta cuestión. Por otra parte, el nuevo poblamiento cuenta con características similares a las del segundo cordón del Gran Buenos Aires, que denominamos como “segundo cordón difuminado”, en el sentido que se trata de poblaciones con gran vulnerabilidad social pero con la característica que no unifica a un distrito, sino que se integra a otras condiciones preexistentes.

En estos barrios de relegación social, observamos que se han desarrollado estructuras organizativas que estaban volcadas fundamentalmente hacia la lucha por la sobrevivencia cotidiana, ocasionando una situación de debilitamiento organizacional para instalar demandas y construir agendas en ámbitos públicos. Estas organizaciones sociales permanecieron aisladas mucho tiempo haciendo evidente que sus demandas sufrían la atomización y segmentación que impuso el neoliberalismo. En las condiciones actuales, las organizaciones sociales, en algún sentido, articulan prácticas cotidianas en tanto acciones políticas orientadas a intereses y necesidades específicas que significan conquistas que van a perdurar en el tiempo – la lucha por servicios básicos, por los servicios de salud, los servicios educativos, por la regularización de tierra, documentación, entre otros -; y que no se limitan a la obtención de los servicios, sino que además se concentran en la lucha por la manera en la que ellos se distribuyen en el territorio y, en muchos casos, construyen la accesibilidad.

La accesibilidad a los servicios sociales en los territorios de relegación

Los servicios sociales -en tanto componentes de las políticas sociales- son constitutivos del régimen social de acumulación. Encuentran su especificidad en el hecho de orientarse de manera directa a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales, operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso. Los servicios sociales, a partir de su inscripción como políticas, colaboran con el orden social, produciendo discursos referidos a la sociedad y al principio articulador de ésta como un todo.

La accesibilidad a los servicios sociales es concebida como parte de la efectivización de los derechos sociales. Para Esping-Andersen (2002), los derechos sociales tienen la capacidad de desmercantilización y el acceso a los mismos eleva el nivel de vida de las poblaciones, las hace más independientes y autónomas de las fuerzas del mercado. La prestación de los servicios sociales supone constituir determinados arreglos cualitativos entre el Estado, el mercado y la familia.

La prestación de los servicios sociales y sus modos organizativos pueden asumir formas complejas y pertenecer a un campo específico con relación a la economía de servicios y los regímenes de Estados de bienestar. Los servicios sociales, se enmarcan en el trabajo de “servicios”, operan principalmente como producción inmaterial a través de símbolos, información, competencias discursivas e interacción con personas. El servicio social está marcado por el desarrollo de la “relación de servicio”, en la medida en que la actividad está concebida -y con mucha frecuencia, realizada- con la colaboración del demandante (Britos, 2006).

Atento a las diferentes dimensiones de accesibilidad (geográfica; económica, administrativa y cultural o simbólica), entendemos ésta como un concepto relacional que se presenta como el encuentro entre los sujetos y los servicios. En esta dimensión subjetiva intervienen vivencias, saberes construidos, sentimientos y percepciones, entendiendo que la subjetividad se construye a lo largo de la vida de los sujetos y que la misma es producto de experiencias vinculares. En tanto definimos a la accesibilidad como un vínculo que se construye entre usuarios y servicios sociales, se considera que su análisis debe incluir el estudio de las representaciones, prácticas y discursos de la población, conjuntamente con las condiciones, discursos y prácticas de los servicios.

El aumento de la accesibilidad a bienes colectivos no sólo contribuye a una distribución más equitativa de los mismos a nivel micro, sino que también va conformando terrenos de interacción, encuentro y negociación entre vecinos. Esto lleva a interrogarse sobre un tema relevante: las reglas de accesos formales e informales en las distintas instituciones locales. Por reglas y exigencias formales nos referimos a los horarios de atención, o el tipo de requisitos (ser socio, pagar cuotas o prestaciones, y otros) que permiten prever qué tipo de población no tendrá acceso. Así, por ejemplo, los horarios de atención de los consultorios en los hospitales y salas de atención primaria dejan fuera a una parte de la población adulta ocupada. Por otra parte, existen las reglas informales, más complejas de percibir y remover, que también contribuyen a delimitar poblaciones que no accederán a servicios. Son barreras y mecanismos institucionales vinculados con la posesión de capital social mínimo para acceder a un servicio, con el umbral de capital cultural básico para interactuar en ellos de manera eficaz y con otros obstáculos de orden sociocultural.

Otro aspecto a tener en cuenta se relaciona con las construcciones histórico-culturales que establecen vinculaciones entre el acceso a derechos sociales y la subjetividad, que trascienden en el tiempo. La existencia en la propia historia de las personas de acceso a derechos o la privación histórica de ellos, incide en las expectativas y en las capacidades de modificar las condiciones que limitan la vida.

Algunos autores que han planteado la relación entre políticas sociales y territorio, describen como uno de los principales cambios en los últimos años, el hecho de que las políticas sociales han pasado del mejoramiento de las condiciones de reproducción (salud, educación, previsión, formas de consumo, etc.) a la posibilidad misma de la reproducción (planes alimentarios, planes de empleo, desarrollo comunitario). Estos últimos se presentan siempre como una respuesta originariamente transitoria, que, sin embargo, perdura en el tiempo (Arias, 2003).

Boaventura Santos, en sus escritos sobre la crisis del contrato y la exclusión, advierte sobre los riesgos de la emergencia del fascismo societal y de un estado paralelo en las zonas de relegación. Entre esos riesgos destaca el fascismo del apartheid social. Se trata de la segregación social de los excluidos a través de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Las zonas salvajes son las zonas de estado, de naturaleza hobbesiano. Las zonas civilizadas son las zonas de contrato social y viven sobre la constante amenaza de las zonas salvajes (Santos, 1998:25). Una de las manifestaciones más gráficas de la desigualdad en América Latina (que es la región más desigual del mundo), es la proliferación de guetos de pobres, pero también guetos de ricos.

Maristella Svampa (2005) ha analizado parte de la fractura social que sufrió la Argentina en la década de los noventa a partir del auge de los countries, barrios privados y otras formas de encierro de sectores de las clases medias y medias altas. En América Latina, la población que vive en la ilegalidad/informalidad con relación al suelo urbano llega a aproximadamente al 40% en muchas áreas urbanas, según la CEPAL^[6]. La situación de ilegalidad/informalidad donde viven la gran parte de las poblaciones jóvenes más desprotegidas, se caracteriza por la ausencia de servicios y un deterioro de las condiciones de vida, en este sentido en el mencionado estudio de la CEPAL de 2006, se han sistematizado diversas experiencias exitosas en la prevención de la informalidad urbana en América Latina.

La unidad esencial de la vida urbana es el barrio, apareciendo como ámbito de producción y reproducción material, como referente de identidades sociales distintivas y como representación simbólica. Dentro de la vida urbana se constituye en un mediador fundamental entre el universo privado de la casa y el mundo público de la ciudad y proporciona, por lo tanto, algunas referencias básicas para la construcción de indicadores que nos permitan caracterizar ámbitos más amplios de sociabilidad (Gravano, 1996).

En los procesos de constitución de redes de sociabilidad se ponen de manifiesto las distintas atribuciones de derechos y las modalidades diferentes en que las familias se apropian del espacio urbano. “El derecho al espacio urbano, el derecho a la ciudad, no es solo el derecho de ocupación del mismo, en el sentido de simple habitación, es también la capacidad de influir sobre aspectos que hacen a la calidad de vida y el acceso a los bienes y servicios presentes en la ciudad. Diferentes localizaciones geográficas implican un acceso diferente y desigual a los bienes y servicios urbanos (Ozlak, 1991). Por esta razón, los barrios y sus habitantes son valorados de manera diferente. De esta forma, la ciudad es un objeto de disputa entre sectores sociales tal vez fragmentados. La trama que va dibujando la lucha por el espacio urbano está ligada a procesos de industrialización–desindustrialización, a la profundización y extensión de la pobreza, a las migraciones, a la formación de identidades que conllevan la construcción de sentidos.

La posibilidad de pensar esta trama desde la escala barrial se presenta para el Trabajo Social en su práctica cotidiana, como un desafío que se caracteriza por la complejidad de la intervención y que implica la construcción de espacios de diálogo, de conexión desde áreas microsociales en la singularidad de la demanda fundada en el padecimiento conectado con lo macrosocial, con la historia, entendiendo al sujeto de la intervención como histórico social (Carballeda, 2006: 138).

Reflexiones finales

El saldo del neoliberalismo en términos de condiciones de vida del conjunto de la población fue devastador presentando situaciones de alta complejidad donde se combinan fenómenos como la pauperización y la desigualdad en el marco de un desmembrado sistema de protección social.

A partir de la post convertibilidad, los indicadores económicos y sociales presentaron una considerable mejoría, principalmente a partir de la recuperación del empleo y del despliegue de políticas sociales de transferencias de ingresos. No obstante se observa la persistencia de situaciones de pobreza extrema que no muestran mejoría en su situación las cuales darían cuenta de una rigidización de la estructura social.

La pobreza excede el problema de los ingresos he incluye una infinidad de problemas sociales asociados que, de una forma u otra, lesionan la integración social. Esta situación exige pensar un sistema de protección social, integrado e integral, que pueda articular respuesta a la diversidad de sujetos y de situaciones problemáticas.

La Argentina ha sufrido un proceso de fragmentación y polarización social que se manifiesta no solo en el acceso al trabajo, al consumo y a los servicios sociales. La relegación territorial es la manifestación de la desigualdad social en el espacio urbano. Durante años, el Estado, dejó la gestión de la ciudad en mano de los actores del mercado quienes se dedicaron a la construcción de edificaciones y vías de transporte accesible a quienes tuvieran los medios económicos, dejando a su propia suerte a las poblaciones que no podían pagarlo.

Este proceso produjo el encierro de las clases sociales en urbanizaciones relativamente cerradas en las que se observa un distanciamiento social. No obstante la cercanía física, el uso diferenciado de los espacios genera territorios diferentes, habitados diferentes.

Se observó en pequeños territorios la reproducción de patrones de segregación, conformando barrios relegados con características similares al segundo cordón del conurbano, con abundancia de nuevos pobladores que no encuentran en la institucionalidad administrativa preexistente las posibilidades de acceder a servicios sociales y de infraestructura.^[7]

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