La frontera contra el personalismo y sus diferentes usos en la década del 30

Sebastián R. Giménez^[1]

Introducción

Este trabajo pretende contribuir a una reflexión teórica sobre las diferentes modalidades de constitución de las identidades políticas y sobre la relación que ello guarda con el tipo de régimen político vigente en un determinado momento. Específicamente, hay una pregunta que nos interesa explorar con detenimiento: ¿hasta qué punto la presencia del regeneracionismo coadyuva a limar las potenciales aristas autoritarias de los regímenes políticos que se conciben como fundacionales? Antes de proceder a esbozar una respuesta, se impone avanzar tanto en una explicitación de los orígenes de la problemática que nos concierne como en una definición de los términos en ella implicados.

Las identidades políticas en la Argentina del siglo XX se erigieron muy a menudo a partir del establecimiento de abruptas fronteras en el tiempo. Uno de los mecanismos más transitados para demarcar el propio espacio de pertenencia identitario ha sido, en efecto, la identificación de una ruptura en el tiempo histórico. De tal modo, las identidades que en nuestro país durante el siglo XX mostraron mayor potencialidad hegemónica fueron aquellas que erigieron la promesa de inaugurar, frente a un pasado inmediato anterior considerado de oprobio e ignominia, una nueva era en la cual las injusticias pretéritas serían reparadas. Gerardo Aboy Carlés ha llamado la atención respecto a este fenómeno, al cual ha dado el nombre de “fundacionalismo” (2001; 2005).

Interesa subrayar aquí distintos elementos del modo en que Aboy Carlés ha problematizado esta cuestión. En primer lugar, la frontera respecto a un pasado inmediato anterior tiene como correlato, según dicho autor, la reivindicación de “un tiempo posterior venturoso que aparece como la contracara vis à vis de ese pasado que se pretende dejar atrás” (2005: 136). Las identidades que tienen un componente fundacionalista, por lo tanto, no se limitan a subrayar la diferencia con un tiempo pasado, sino que se proyectan también hacia el futuro. La nueva comunidad que aspiran a fundar se erige sobre la base de una doble escisión: respecto a una situación percibida como injusta, en primer término, y respecto a un actor (personal o impersonal) a quien se juzga responsable de ese estado de injusticia, en segundo término. Dado que el actor al que se imputa la responsabilidad de la injusticia pretérita detentó en el pasado inmediato una posición dominante, y dado que el nuevo orden que se pretende erigir se presenta como el exacto reverso del antes vigente, las identidades fundacionalistas deben necesariamente (y también: prioritariamente) lidiar con el lugar que en el nuevo estadio se reserva para ese actor que, aunque ya no en el ejercicio del gobierno, inevitablemente conserva gravitación en el presente.

En ese lidiar hay algo recurrente e inevitable: la tentación de no incluir a dicho actor como un miembro legítimo de la comunidad. Es, en efecto, inherente a las identidades fundacionalistas la pretensión de excluir del nuevo orden a quien en el pasado medró con el oprobio y la inmoralidad. Pero esto no significa que dicha exclusión efectivamente se materialice. Instancias de negociación e intercambio pueden de hecho abrirse. Según Aboy Carlés, la presencia o no, en la identidad de quienes promueven la instauración de un nuevo régimen, de un elemento regeneracionista ─entendiendo por este término la tentativa de “convertir a los pecadores de ayer en los virtuosos del mañana” (2005: 144), esto es, la pretensión de incorporar a los actores del viejo sistema a las nuevas reglas de juego─ puede incidir en la mayor o menor afinidad de éste con la democracia liberal.

Es precisamente esta hipótesis teórica la que nos interesa indagar aquí en mayor profundidad. Para ello, vamos a explorar los diferentes gobiernos de la década del 30. Consideramos que los años de la “república imposible” son especialmente ricos para reflexionar teóricamente acerca de las diferentes formas en que las identidades fundacionalistas repercuten en el régimen político. Esto por diferentes motivos: en primer lugar, debido a que, efectivamente, quienes tuvieron las mayores responsabilidades institucionales en ese período buscaron demarcar su propio espacio de pertenencia ─y también el ordenamiento institucional más vasto sobre el que proyectaron su identidad─ oponiéndose a una experiencia pasada a la que consideraban como la condensación de todos los males: el radicalismo personalista.^[2]

Ahora bien, si, en este sentido, las experiencias de gobierno de José Félix Uriburu, Agustín Justo y Roberto Ortiz ─puesto que en ellas nos concentraremos─ pueden considerarse comparables, en otro aspecto ellas resultan fuertemente contrastantes: el modo en que gestionaron la diferencia con el otro varió, en efecto, en cada caso. Éste es el segundo motivo por el cual creemos que el período posterior al derrocamiento de Yrigoyen reviste interés: en él se ofrece un rico muestrario de alternativas para afrontar la relación con el adversario que actúa de exterior constitutivo.

Adicionalmente, los años 30 ofrecen otra particularidad que los torna relevantes a los fines de nuestro análisis. Sucede que, en este período, la relación entre la configuración identitaria de quienes ejercieron el gobierno y las características que asumió el régimen político resultó especialmente estrecha. Como es sabido, el golpe de Estado de septiembre de 1930 terminó con más de seis décadas de estabilidad institucional. El desplazamiento de Yrigoyen abrió entonces un nuevo momento político, no sólo en el sentido coyuntural de que terminó con la hegemonía del radicalismo; más importante todavía, dejó expuesto el fundamento contingente del régimen político. Por lo tanto, los gobernantes no “trabajaron” sobre un orden institucional consolidado, sino sobre uno derruido, cuya mayor plasticidad no era entonces sino la otra cara de su mayor fragilidad. De aquí que las reformulaciones identitarias operadas con la sucesión de los elencos gubernamentales impactaran directamente en el régimen político que aquéllas sustentaban.

Teniendo estos elementos en cuenta, nos preguntamos: ¿cómo caracterizó cada gobierno del período el personalismo? ¿La oposición hacia la fuerza identificada con el liderazgo de Yrigoyen supuso el rechazo a cualquier forma de convivencia con ella? ¿Qué vínculos pueden establecerse entre la actitud hacia el personalismo y la adscripción o no a la democracia liberal?

1. La frontera innegociable: Uriburu y la Revolución de 1930

Prestemos atención a las siguientes palabras del general Uriburu, pronunciadas a fines de marzo de 1931:

Han transcurrido apenas seis meses desde que la jornada de Septiembre libró a la sociedad argentina de la bancarrota y del oprobio. El país, impulsado al abismo por las fuerzas de la orgía, se detuvo a su borde […] La Revolución fue, sobre todo, un estallido de la conciencia nacional, rebalsada en su capacidad de tolerancia, por el delito del gobernante. Las cifras de la deuda pública fabulosamente aumentada […]; la justicia, con honrosas excepciones, comprometida en su austeridad; la educación primaria y secundaria prostituida a la politiquería; las universidades convertidas en focos de anarquía, demagogia y desorden; las instituciones armadas desquiciadas por la violación de sus leyes orgánicas y conmovidas por el favoritismo, gritaban a voz en cuello la proximidad inevitable del derrumbamiento social. Como ya se ha dicho, un tiempo más y nos hundíamos en la crisis más terrible de nuestra historia. La Revolución vino y salvó intacta la estructura de las instituciones; aseguró el orden; reajustó la administración; moralizó las costumbres públicas y presidió y sigue presidiendo la liquidación peligrosa del período funesto que se abrió en 1916 […] El partido radical personalista fue el instrumento de que esos hombres se valieron para azotar al país. La Revolución depuso y enjuició a esos hombres. La opinión debe juzgar a ese partido (“Manifiesto al pueblo, 30 de marzo de 1931”; en Uriburu, 1933: 81-82).

No se necesitan muchos esfuerzos para identificar aquí el trazado de una frontera identitaria que es al mismo tiempo una frontera temporal. El pasado inmediato es presentado por Uriburu como el reinado del desorden y la anarquía. El partido radical personalista es juzgado responsable de conducir al país hasta el borde del abismo. Fue la Revolución de Septiembre la que impidió la caída en la “crisis más terrible de nuestra historia”. Ella vino a salvar las instituciones, asegurar el orden y moralizar las conductas públicas. Todo lo cual fue posible al precio de la “liquidación peligrosa” de la herencia radical.

¿Hasta qué punto es posible encontrar un elemento regeneracionista en esta identidad? Para pensar el problema, conviene situar las palabras de Uriburu en el contexto específico en que ellas fueron pronunciadas. El discurso del presidente de facto tuvo lugar pocos días antes de los comicios del 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires ─de allí el llamado a “la opinión” al cierre de sus palabras─. A principios de ese año, el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, había ideado un plan para reconstituir el Congreso y los poderes de las provincias intervenidas mediante comicios regidos por la Ley Sáenz Peña. Las elecciones se celebrarían primero en los distritos en los que se creía factible que triunfasen fuerzas opositoras al yrigoyenismo. Se decidió empezar por Buenos Aires dado que en esa provincia, en las legislativas de marzo de 1930, se había registrado un franco retroceso del personalismo a favor del conservadorismo. Ahora, despojado el radicalismo de la administración de los recursos públicos, el gobierno esperaba que cayera finalmente vencido. Lo que subyacía a esta hipótesis era la certeza de que el partido de Yrigoyen sólo conseguía resultados favorables en las urnas debido a la compra de voluntades a gran escala posibilitada por el manejo de fondos públicos. Una vez “depurada” la administración, no habría posibilidad alguna de un triunfo del Partido Radical.

Sin embargo, los resultados contradijeron estrepitosamente las expectativas oficiales: ante la convocatoria electoral, la UCR apuró la unidad entre sus fracciones, recompuso su organización y logró hacerse con la victoria. La respuesta de Uriburu al conocer el triunfo radical fue tajante y taxativa:

No señores, yo no soy un Presidente Constitucional de la Nación. Soy el Jefe de una Revolución que está en el Gobierno por el hecho de haber triunfado […] Si he creído que era necesario acudir al supremo recurso de las armas para destruir el sistema que arruinaba a la República, debo seguir creyendo que mi deber es tratar de impedir que el país vuelva a caer en las manos que lo explotaron y envilecieron (“Discurso pronunciado por el General Uriburu al ser recibido en la ciudad de Santa Fe, 11 de abril de 1931”, en Uriburu, 1933: 85).

Pues bien, lo que queremos señalar no es sólo la cuestión evidente de que la convocatoria electoral por parte del gobierno no se puede inscribir de ningún modo en una lógica de la democracia liberal. Más que eso, interesa destacar que, para Uriburu, las elecciones debían ser un suplemento de la victoria que el ejército ya había alcanzado por la vía de las armas. El radicalismo personalista había caído vencido en septiembre. De ningún modo podía otorgársele ahora la posibilidad de incorporarse a las nuevas reglas vigentes. Borrarlo de la escena política constituía el objetivo principal de la revolución. Si se acudió a las urnas, fue porque se pensó en ellas como un modo adecuado de lograr ese objetivo. Al quedar en evidencia que la estrategia no había dado los resultados esperados, se reafirmaron los derechos que toda fuerza vencedora tiene por el hecho de haber triunfado en una batalla. De aquí que se desconociera el acto electoral.^[3] Y de aquí también que, luego, ante la evidencia de que la capacidad electoral del radicalismo estaba intacta, se terminara decretando la prohibición lisa y llana de sus candidatos para la próxima convocatoria a comicios presidenciales. El decreto a través del cual Uriburu convocó a estos últimos, en efecto, rezaba:

Las Juntas Electorales y Escrutadoras de la Nación no oficializarán listas de candidatos en que figuren nombres de las personas que actuaron en el Gobierno y en las representaciones políticas como adictas al régimen depuesto el 6 de septiembre (“Decreto en acuerdo de Ministros, 5 de julio de 1931”; en Beresford Crawkes, 1932: 295).

Vemos así reafirmarse, una y otra vez, la construcción de la frontera identitaria del uriburismo como una frontera temporal: todo aquello identificado con el régimen depuesto en septiembre de 1930 no tendría lugar en el orden legado por la revolución. De aquí se puede extraer una conclusión: la frontera erigida por Uriburu era extremadamente rígida, y es esa inmovilidad la que, por sobre todo, la torna incompatible con la democracia liberal. Esta afirmación, que consideramos en esencia acertada ─volveremos sobre ella─, conviene con todo desagregarla en sus componentes: por una parte, resulta evidente que la frontera de oposición al personalismo era innegociable, dado que de ningún modo se permitiría una convivencia con ese “otro” radicalmente excluido; por otra parte, sin embargo, la infranqueable oposición al personalismo no supuso la completa ausencia de juegos de inclusiones y exclusiones por parte del uriburismo. Sucede que la definición de quiénes formaban parte del personalismo no era objetiva ni evidente. Entonces, aunque la oposición al “personalismo” pudo mantenerse constante, no sucedió lo mismo con los actores que se incluyeron en esa nominación, los cuales sí reconocieron desplazamientos de un lado a otro de la frontera, en función de si eran considerados personalistas o no.

Esta cuestión adquiriría una importancia crucial respecto a un caso en particular, el de Marcelo T. de Alvear, bajo cuya conducción el radicalismo se estaba reorganizando. Su figura resistía cualquier tipo de encasillamiento fácil: aunque Alvear, para llevar a cabo su gestión de gobierno, se había apoyado en el sector partidario contrario a Yrigoyen, no dejaba de ser cierto que su misma elección como presidente debía mucho al visto bueno que en su momento el viejo caudillo otorgó a su candidatura; asimismo, como reiteradamente le cuestionaron los antipersonalistas, durante su mandato no tomó ninguna medida para impedir la elección de Yrigoyen para un segundo mandato. En consecuencia, Alvear podía considerarse tanto un antipersonalista como un personalista. Y la importancia que esto tenía no era para nada menor, puesto que del modo en que se nominara a Alvear dependía el lugar que el radicalismo bajo su conducción podría ocupar en el orden cobijado por la revolución.

Todo esto es muy fácil de percibir a través de los posicionamientos de Uriburu: en los primeros meses de 1931, el presidente de facto vio en Alvear la posibilidad de que, bajo su dirección, el radicalismo renegara del personalismo y se reorganizara sobre la base del rechazo a Yrigoyen. Si seguía esta dirección, Uriburu estaba dispuesto a ofrecerle a Alvear todo lo que estuviera a su alcance para que lo sucediera en la primera magistratura. Alvear, sin embargo, no aceptó la propuesta. Su negativa significó que tanto él como la UCR reorganizada bajo su égida pasaran al otro lado de la frontera trazada por la revolución. La deportación que se le impuso es por demás ilustrativa de que esa frontera coincidía, de hecho, con los límites de la comunidad política. El posterior veto de su candidatura no debe entenderse entonces sino como una consecuencia de la exclusión comunitaria que ya se había operado luego de la negativa dirigida al presidente de facto.

Hay un punto que merece destacarse aquí: en su famosa entrevista con Uriburu, lo que el presidente de la UCR subrayó fue la necesidad de que el partido pudiera “por su iniciativa, libremente, reorganizar y defender sus cuadros, sin imposiciones exteriores” (citado en Luna, 1954: 87). Es decir, su postura estuvo específicamente ajustada a defender el derecho del radicalismo a darse sus propias directivas. Dicho de otro modo: a lo que Alvear se opuso fue a la interferencia del gobierno en la vida interna del partido. Por lo tanto, si bien es cierto que no hubo un rechazo del personalismo, también lo es que no existió una reivindicación de él por parte del nuevo jefe partidario. Precisamente en un punto intermedio en el juego de oposición entre personalismo y antipersonalismo fue donde Alvear intentó ubicar a la UCR. El manifiesto que convocaba a la reorganización, al afirmar que “la Unión Cívica Radical es una asociación política esencialmente impersonal”, daba plenamente cuenta de ello. El proyecto de reconversión partidaria bosquejado por Alvear buscaba, en efecto, transformar al radicalismo yrigoyenista ─al que se veía como un conjunto de facciones carentes de organización interna que sólo habían podido permanecer unidas por la acción y gracia de un liderazgo personalista─ en un auténtico partido moderno, identificado con la causa del progreso político y social. En esta medida, el proyecto de Alvear iba en el sentido de una despersonalización y de una mayor organicidad interna, tal como los sectores antiyrigoyenistas (radicales y no radicales) le habían reclamado por décadas (Giménez, 2016). Si bien, entonces, no se identificaba con el antipersonalismo, en algún sentido compartía la frontera de orden y disciplina que éste impulsaba, y que la Revolución de Septiembre había hecho suya.^[4]

Con independencia de todo ello, Uriburu interpretó el rechazo de Alvear como una reivindicación del personalismo. En esta medida, puede decirse que la frontera identitaria establecida por la revolución era “radical”: el campo político se dividía tajantemente en dos, y quien no estaba de un lado, estaba necesariamente del otro. Es precisamente esta radical partición dicotómica, que expulsa por fuera de los límites de la comunidad a todo aquel que no haga suyo el principio de división política propuesto por la revolución, la que impide todo tipo de regeneracionismo. En el discurso establecido por la revolución no hay, en efecto, ningún resquicio por el cual la fuerza hasta ayer dominante pueda ser reintegrada en el nuevo orden. Al personalismo no se le señala ningún proceso de cambio que pueda atravesar para que, aunque reconvertido y transformado, encuentre un espacio en el régimen que la revolución intenta erigir. En los términos que propusimos en la introducción de este trabajo, la negación rotunda y sin matices de un lugar para el actor hasta ayer dominante era lo que tornaba potencialmente autoritario a un régimen político, y lo que lo alejaba de los mecanismos propios de la democracia liberal. Esto es visible en el caso que estamos analizando. El carácter autoritario del uriburismo se desprende, en efecto, en gran medida ─y más allá de los contenidos presentes en su discurso─, de esta negativa a incorporar al personalismo como un partícipe legítimo de la comunidad.

2. La frontera ambivalente: Justo y la imperfecta restauración institucional de 1932

¿Qué relación guardó el gobierno de Agustín Justo respecto al período revolucionario? Más específicamente: ¿Justo se concibió como el heredero del uriburismo, o como la inauguración de una nueva etapa? La cuestión respecto a si el nuevo gobierno era la continuidad o la clausura de la Revolución de Septiembre adquirió un interés central para los mismos protagonistas del proceso sucesorio. En la ceremonia de transmisión del mando, al entregarle a Justo los atributos presidenciales, Uriburu afirmaba: “La obra de la revolución sólo podía continuarla un soldado de la revolución. Los hombres de septiembre confiamos, pues, plenamente en vos” (La Nación, 21/2/1932). Cuando, a continuación, Justo hizo uso de la palabra, respondió: “En posesión ya del alto cargo de presidente de la Nación mediante el juramento que acabo de prestar […], elegidas y en actividad todas las demás autoridades, la normalidad de la ley vuelve a imperar en toda su plenitud, y la revolución, como fuerza y como régimen, desaparece totalmente” (La Nación, 21/2/1932).

El imperio absoluto de la ley se erigía como el objetivo fundamental del nuevo gobierno. Pero ¿significa esto que el nuevo orden adquiría una legitimidad puramente procedimental, y que no había ningún elemento sustancial, del orden de la identidad, que lo sustentara? Las cosas no parecen resultar así de sencillas. El mismo día de la asunción del mando, en el discurso ─a la sazón, considerablemente más extenso─ pronunciado ante la Asamblea Legislativa, Justo se explayaba:

Hoy […] cuando todos los ciudadanos recuperan la plenitud de sus derechos y los organismos legales vuelven a su funcionamiento normal, sólo debemos recoger de ese pasado inmediato, la dolorosa experiencia destinada a evitar la reincidencia en los funestos errores que dieron lugar a la justificada y noble reacción del pueblo; errores que aun siendo imputables en lo esencial a determinadas personas, no puede desconocerse que obedecieron también a costumbres y regímenes políticos […] Será necesario no omitir esfuerzo para orientar la política hacia su verdadera finalidad, apartándola del electoralismo a cuyo torno ha girado constantemente desde hace algunos años. El sistema personalista, a que tal proceder nos condujera, con su consecuencia natural, la carencia de partidos orgánicos, de principios, está en desarmonía con la cultura cívica realmente alcanzada por el pueblo, y urge abandonarlo, pues mientras subsista, toda acción de gobierno carecerá de trascendencia y el país seguirá expuesto a la influencia perniciosa y deprimente de los hombres providenciales. […] Como habré de mantener abiertos los caminos y los medios legales que conducen al ejercicio de todos los derechos, como no he de cometer actos abusivos, aliento la seguridad de que ello será suficiente para asegurar el mantenimiento del orden, el que, por otra parte e interpretando la voluntad de mis conciudadanos de vivir a su amparo, no he de tolerar que sea turbado y he de asegurarlo, sin debilidades, con todo el poder de la Nación (La Nación, 21/2/1932).

Como vemos, Justo empieza subrayando la recuperación de la plenitud de los derechos por parte de la ciudadanía. Pero no se queda allí: inserta este hecho en una gramática de la caída y la redención, con lo cual nuevamente se hace presente la construcción de una frontera identitaria como una frontera temporal. Y lo que sobre todo le interesa al flamante presidente es identificar al responsable de la caída: es allí que menciona al “sistema personalista”, al “electoralismo” y a “los hombres providenciales”. Frente a ellos se asegura la férrea voluntad de consolidar el orden, en caso de que éste fuera turbado, “con todo el poder de la Nación”.

Vemos así una tensión constitutiva en el discurso de Justo: por un lado, se afirma el pleno imperio de la legalidad; por el otro, se construye una frontera ante un adversario que es el mismo de la Revolución de Septiembre, frente al cual también se erige una promesa de orden, y contra el cual, llegado el caso, se proclama legítimo utilizar la fuerza. Entre ambas dimensiones existe un frágil equilibrio, y en gran medida el éxito de su gobierno dependerá de la habilidad para manejar esa tensión sin deslizarse unilateralmente hacia uno de sus polos.

La cuestión clave era, nuevamente, qué lugar se reservaba para el radicalismo. En este aspecto, se hacía presente ahora un dato de enorme relevancia, que modificaba toda la ecuación: vetada su fórmula presidencial, la UCR había decidido abstenerse de participar en las elecciones de noviembre de 1931. Tampoco presentó candidaturas para las complementarias de enero de 1932. Y, una vez asumido Justo, desoyó los llamados a la legalidad que éste hizo. A los pocos días de la asunción del nuevo presidente, la UCR de la Capital Federal afirmó en un comunicado: “los tres poderes del Estado con los cuales ahora se nos gobierna no significan la expresión auténtica de la opinión pública, conforme a las exigencias de un sano sistema representativo” (La Nación, 6 de marzo de 1932). Al mes siguiente, en la primera reunión de su máximo órgano de conducción, el Comité Nacional de la UCR juzgó al de Justo como un “gobierno de facto” (La Nación, 7 de abril de 1932).

Con lo cual, era el mismo radicalismo el que se situaba fuera del orden institucional. En definitiva, entonces, el gobierno podía esgrimir que no excluía a nadie, y que quienes no participaban revelaban su disposición a socavar la institucionalidad vigente. Eran, en este sentido, fuerzas “revolucionarias”. En enorme medida, toda la lógica discursiva de Justo remite a la presencia de este significante clave. Su gobierno quería ser lo otro de la revolución, su exacto reverso: hacia el pasado, era la clausura de la Revolución de Septiembre; en el presente, era la lucha contra esas fuerzas revolucionarias que amenazaban el orden que con tanto esfuerzo se buscaba restablecer.

La profunda imbricación y solapamiento de ese doble juego era el que le permitía al nuevo presidente sostener la tensión entre la ley y la fuerza, la normalidad y la excepción. Frente a Uriburu, Justo se erigía en la encarnación plena de la ley y la normalidad. Frente al radicalismo, también, pero con una salvedad: dado que la UCR, en el presente, representaba la fuerza, contra ella se podía acudir, en nombre de la ley, a la fuerza.

Fuerza y ley convergen entonces en el modo en que Justo afrontó la cuestión radical. Y es en esta medida que el elemento regeneracionista está al mismo tiempo presente y ausente en él. Presente porque, de hecho, los canales de participación están abiertos, y es el radicalismo el que decide excluirse de ellos. Ausente porque la UCR, tal como Justo la concibe ─volveremos enseguida sobre esto─, guarda plena continuidad con su pasado revolucionario, y el nuevo orden se define en oposición a la revolución.

He aquí toda la tensión, la cual, en un primer momento, logró ser administrada con habilidad por Justo, en tanto se asentaba en dos condiciones: la permanencia en la abstención del radicalismo, y la identificación de éste como una fuerza revolucionaria. En relación con la primera: mientras la UCR se mantuvo por propia decisión a distancia del dispositivo electoral, el gobierno de Justo pudo alegar, con razón, que no le impedía a nadie la participación en el nuevo régimen. Sin embargo, la ausencia del partido mayoritario constituía en sí mismo un déficit de legitimidad para un gobierno que decía insertarse plenamente en el marco de la democracia. Es por ello que a la fuerza no incluida había que presentarla también como no incluible. Y a ello apuntó la asociación del radicalismo con la revolución, la cual se operó a través de un mecanismo específico: la imputación a la UCR de los diferentes alzamientos armados acontecidos a partir de febrero de 1932.

Recordemos que la actividad conspirativa desarrollada por sectores militares y civiles opositores a Justo fue constante durante los primeros años de su presidencia. Los principales referentes de la UCR se esforzaron públicamente por mostrar al partido como ajeno a las tentativas sediciosas. Sin embargo, el gobierno acusó al radicalismo de ser el verdadero instigador de ellas. Los “manifiestos” que Justo daba a la prensa ante cada desafío recibido tenían precisamente ese objetivo. Para citar un ejemplo, luego del levantamiento armado de Paso de los Libres, el presidente afirmó:

El Poder Ejecutivo no puede dejar de decir de inmediato al pueblo de la Nación, sin vacilaciones ni eufemismos, donde están los verdaderos responsables de las reiteradas y continuas intentonas revolucionarias […] Los inspiradores del movimiento sedicioso no han de conseguir esta vez eludir, ante el fracaso, la responsabilidad de los sucesos acaecidos, haciéndola recaer íntegramente en sus ejecutores materiales. La reunión de todos los dirigentes, con el motivo o el pretexto de una convención partidaria, en la provincia que se consideró más asequible a la prédica insurgente; el desconocimiento de las autoridades constituidas proclamado con alarde; la resolución de abstenerse de los comicios y el levantamiento armado inmediato de elementos de acción, capitaneados por militantes del mismo partido en Santa Fe y en otros puntos del país, y la ausencia de toda manifestación de repudio por los demás afiliados, bastan como prueba total y definitiva de la culpabilidad de la agrupación y de sus dirigentes (La Nación, 30 de diciembre de 1933).

Para Justo, las incursiones armadas constituían la prolongación natural del alejamiento del radicalismo de las urnas. La abstención y la revolución eran la prueba de que la UCR no había roto amarras con su pasado bélico. Incluso, las actividades que el radicalismo organizaba con el fin de presentarse de cara a la opinión pública como un partido orgánico e institucionalizado escondían la realidad de una agrupación que seguía obstinada en amenazar el orden público: así, la Convención Nacional celebrada en Santa Fe ─que los máximos dirigentes radicales promocionaban como un hito en el avance del proceso de reorganización partidaria─ era vista por Justo como una fachada para encubrir la planificación de acciones sediciosas. La coincidencia en el tiempo y en el lugar de ambos acontecimientos evidenciaba la duplicidad de objetivos de las huestes radicales. El hecho de que Alvear, símbolo de la pretendida renovación de la UCR, fuera uno de los principales acusados de organizar el levantamiento armado, habla a las claras de que, en opinión del oficialismo, no existía en la UCR nadie que mostrara una sincera vocación de hacer de ésta un partido compatible con el nuevo régimen que imperaba en el país.

El uso de la fuerza, entonces, legitimado a través de la vinculación de la UCR con los alzamientos revolucionarios, continuó siendo bajo Justo el vértice de la estrategia contra el radicalismo. Pero, a diferencia de lo sucedido en la etapa abiertamente dictatorial presidida por Uriburu, Justo combinó el recurso a la represión con una reivindicación del imperio de la legalidad. Como ya dijimos, ambas dimensiones pudieron coexistir en tanto y en cuanto el radicalismo permaneció en la abstención. El regreso a las urnas decidido a principios de 1935 significó, en este sentido, un profundo impacto.

A partir de allí, como es largamente conocido, el gobierno decidió acudir a la práctica del fraude. Es indudable, en consecuencia, que se produjo un deslizamiento hacia el polo de la fuerza en detrimento del de la legalidad. La tensión constitutiva de la que hablamos antes experimentó allí un vuelco irreversible. El elemento regeneracionista, presente en las alusiones que hablaban del pleno respeto de la institucionalidad y el pluralismo, se opacó frente a la realidad de un gobierno dispuesto a falsear los resultados del sufragio con tal de impedir el retorno del radicalismo a los primeros planos de poder.

Hay aquí, empero, una cuestión fundamental: para Justo no se trataba de negarle al radicalismo su participación en el orden restaurado en 1932. A diferencia de Uriburu, que no imaginaba ninguna forma de convivencia con el personalismo, Justo aceptaría a la UCR como partícipe de la comunidad. Pero ─y sin dudas ese pero es el quid de la cuestión─ el lugar que el radicalismo podría ocupar sería uno subordinado. En los hechos, esto significaba que se le permitiría enviar representantes a los órganos legislativos y gobernar algunas provincias. Pero lo que de ningún modo se aceptaría era que ocupase nuevamente un rol dominante en el sistema político.

A los fines de nuestro análisis, resulta relevante destacar que este proceso fue acompañado de una revisión por parte de Justo de su lealtad al ideario democrático liberal. En el discurso de inauguración del período de sesiones legislativas del año 1937, el presidente reflexionaría:

Como factor concurrente para nuestro mejoramiento político, corresponde recordar que voces autorizadas han expresado a menudo sus dudas sobre las ventajas de la extensión ilimitada del derecho de sufragio. Dirigentes políticos de alta autoridad moral han compartido recientemente ese escepticismo. Sin dejarnos dominar por el respeto exagerado a concepciones caras a nuestros sentimientos, corresponde analizar serenamente si ellos han resistido la prueba de los hechos o si, por el contrario, una larga experiencia ha confirmado las previsiones de uno de nuestros más grandes constitucionalistas, el ilustre Alberdi ─consignadas en forma de acotaciones a un proyecto de constitución para un país hermano─, según las cuales el sufragio universal, ilimitado y por igual, ha dado malos resultados aun en países de alta cultura política. He ahí un problema que debierais abordar con serenidad para saber si conviene mantenerse en el camino seguido o rectificar el rumbo (La Nación, 15 de mayo de 1937).

Como vemos, Justo hace explícitas sus dudas hacia la democracia de sufragio universal. Encuentra en Alberdi una referencia para legitimar su nueva postura frente al régimen político. Reivindica del intelectual tucumano la claridad con la que supo bosquejar ─Justo no utiliza la expresión, pero resulta evidente que es en ella en la que piensa─ una “república posible”, es decir, un ordenamiento institucional liberal en el que la gravitación de las mayorías se encontrara cuidadosamente morigerada. La inclusión plena del radicalismo como expresión de la voluntad popular, por lo tanto, aunque no se niega de plano, se proyecta hacia un futuro impreciso. El elemento regeneracionista, en consecuencia, no termina de eclipsarse como en Uriburu. Pero su desdibujamiento ─presentado bajo la forma de un postergamiento─ marca un punto de inflexión en la caracterización que se hace del régimen democrático-liberal.

3. La frontera porosa: Ortiz y la trunca recuperación de la institucionalidad liberal-democrática

En contraposición a Uriburu y a Justo, Roberto M. Ortiz es usualmente considerado como aquel presidente de la “república imposible” que se mostró dispuesto a transparentar el régimen político, permitiendo la libre manifestación de la voluntad popular. La lealtad que guardó al ideario democrático liberal habría sido consustancial con una política de apertura hacia el conjunto de los actores políticos. ¿Significa ello, entonces, que la frontera erigida en septiembre de 1930 contra el personalismo no informó su gramática discursiva? ¿Qué diagnóstico sobre el radicalismo construyó el nuevo primer mandatario? ¿Qué lugar reservaba ese discurso para el partido que sus dos antecesores habían desistido de aceptar como miembro legítimo y pleno de la comunidad? Para empezar a responder estos interrogantes, prestemos atención a las siguientes palabras de Ortiz, pronunciadas en uno de sus discursos de campaña:

La Revolución de Septiembre de 1930 es un hecho cuya gravitación ha de perdurar en la vida argentina. Ella puso fin a un sistema de desgobierno que substituía el imperio de la ley por el capricho arbitrario de un gobernante demagogo, que posponía los intereses generales de la Nación a los apetitos desordenados y estimulados por la presión de las masas más inferiores […]

Todo eso ha terminado, felizmente, para tranquilidad de la República. Partidos políticos que hasta muy poco antes de la Revolución de Septiembre se habían combatido como leales enemigos discrepantes en los detalles, pero coincidentes por su adhesión a principios fundamentales, y sobre todo por la ética republicana de sus conductores, se aprestaron a recoger, unidos, la experiencia histórica que significaba el pronunciamiento del 6 de Septiembre. Así nació la Concordancia, como nacieron en otras épocas graves de la vida nacional las conjunciones de fuerzas que permitieron el advenimiento de las históricas presidencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca (Ortiz, “Discurso pronunciado en la plaza Belgrano de Jujuy el día 20 de julio de 1937”, 1937).

Lejos de ser una excepción, la reivindicación de la Revolución de Septiembre fue uno de los puntos más recurrentes en los discursos del candidato concordancista. De hecho, en todos ellos Ortiz hizo referencia al “pronunciamiento histórico” llevado a cabo en forma conjunta “por el pueblo y el Ejército”, y consideraba una actitud cobarde y esquiva que su principal adversario en la contienda electoral, Marcelo Alvear, no explicitara su postura sobre el tema.^[5] La Concordancia era para Ortiz un producto de la gesta setembrina, y, acorde a ello, consideraba que su gobierno debía “completar” la obra iniciada en esa fecha gloriosa:

Se ha dicho, aquí, que es esta una hora de subversión moral. Efectivamente, es una hora de subversión moral, porque el gran movimiento patriótico del año 1930, en que se aunaron el pueblo y el Ejército, no ha podido radiar totalmente a los elementos de perturbación, a los que levantan, ahora, la bandera de una revancha inconcebible; a los que produjeron una de las situaciones más bochornosas por que haya atravesado el país.

[…]

Pero, felizmente, señores, el triunfo del 5 de septiembre, que será una reparación a nuestros sentimientos nacionalistas, completará la obra de la Revolución. Y en el desbande general de los que atentaron contra el bienestar del país, desaparecerán los últimos vestigios de un régimen subalterno y negativo (en Corrientes, 21 de agosto de 1937).

Las afirmaciones que Ortiz echó a rodar en el curso de la campaña electoral tornaban difícil percibir en él a un paladín de la lucha por la recuperación de la institucionalidad liberal-democrática. La reivindicación sin matices de la gesta setembrina, la exaltación constante del ejército y del rol que las fuerzas armadas jugaron en el desplazamiento de Yrigoyen, el silencio frente a los hechos de fraude cometidos en los comicios celebrados desde 1932 en adelante, y los mismos términos a los que acudía para caracterizar a los actores que intervenían en la vida pública (referir a “masas inferiores” no parece compatible con el imperativo de la igualdad en el que se sustenta todo régimen democrático) no permitían esperanzarse respecto a su vocación por restablecer el normal funcionamiento de las instituciones.

Esto se acentuaba si además se advierte el modo en que Ortiz concebía la contienda que estaba por disputarse. En este sentido, resulta significativa la analogía que estableció con acontecimientos bélicos. En su paso por la ciudad de Salta, el candidato concordancista consideró oportuno recordar la presidencia para él digna de elogio de José Evaristo Uriburu, quien hubo de afrontar “la angustiosa amenaza de guerra exterior que se cernía por el lado de la cordillera”. Inmediatamente después, Ortiz comparaba esa situación con la que se vivía en el presente, para concluir: “No nos amenaza ahora, felizmente, ningún peligro exterior. Pero el peligro se insinúa adentro. Y quizá hasta pueda resultar más grave que una guerra exterior. Unámonos todos, sin distinción de matices partidarios, para conjurarlo definitivamente” (en Salta, 19 de julio de 1937).

Sucede que, en opinión de Ortiz, el radicalismo al que debía enfrentar en las próximas elecciones representaba una amenaza para la nación. De allí que la tarea principal de la fuerza oficialista consistiera en erigir una valla para salvaguardar a la patria de sus enemigos. En la misma ciudad de Salta, Ortiz sentenció: “Nos hemos propuesto defender los más vitales sentimientos nacionales, amenazados por la demagogia organizada en partido y corrompida por el morbo de las ideas disolventes extranjeras”. Si en el pasado el radicalismo yrigoyenista había subvertido el normal funcionamiento de las instituciones debido a la demagogia que destiló desde sus más altas esferas, ahora, la alianza que estableció con “fuerzas de ideología extranjera”^[6] mostraba que, lejos de rectificar el rumbo, la UCR no había hecho sino avanzar más profundamente en su propensión a socavar las bases de la nacionalidad.

Al igual que Justo y Uriburu, entonces, Ortiz también creía que Alvear no representaba una ruptura en la historia de la UCR. Como ya mencionamos, el proceso de reorganización llevado adelante bajo la conducción del segundo presidente radical había perseguido la finalidad de hacer del movimiento legado de Yrigoyen, un moderno partido político. Esto implicaba insuflar de nueva vida a los organismos de decisión internos, para transparentar la relación de las bases con la dirigencia. Otro elemento con el que se procuró hacer más fluida la comunicación entre los correligionarios fue la búsqueda de un nuevo lenguaje para transmitir las ideas imperantes en el partido. La elaboración de una plataforma quiso ser, en este sentido, un punto de inflexión. El radicalismo encaró así la campaña electoral de 1937 munido con un preciso y meditado programa, en el cual constaban las medidas que se tomarían en caso de resultar electos sus candidatos. Explicitar propuestas programáticas como símbolo de un radicalismo remozado: he allí uno de los puntos salientes de la apuesta renovadora radical.

Sin embargo, lejos de reconocer este proceso de cambio, Ortiz leyó el presente radical en clara continuidad con su pasado personalista. En relación a la cuestión del programa, afirmaría:

Yo también puedo decirle al adversario que no podremos entendernos […] Yo hablo un idioma claro, preciso, verdadero. Ellos continúan gastando una retórica hueca e incomprensible, que despierta más de una sonrisa en el espíritu popular, porque le recuerda los medios de expresión de una época que ha de figurar en nuestra historia política como un factor negativo del adelanto nacional.

El radicalismo conducido por Alvear era para Ortiz, por lo tanto, la continuidad en todos los aspectos del yrigoyenismo derrocado en 1930: ambos encarnaban el peligro de la disolución social, el atraso, y el reinado del caos y el desorden.

De lo que hemos dicho hasta aquí, sin embargo, no debe desprenderse la idea de que entre Ortiz, Uriburu y Justo sólo existen semejanzas. Un punto significativo que diferenció al candidato concordancista fue la reivindicación de su identidad radical, y, dentro de ella, el reconocimiento de 1916 como un hito importante ─aunque lamentablemente malogrado─ de la evolución política del país. Así, lo oímos decir en el discurso de lanzamiento de su campaña electoral:

En plena juventud abracé un gran ideal de perfeccionamiento social y político, ingresando como modesto soldado en las filas de un partido que significó en su época una esperanza legítima de renovación, al perseguir como finalidad esencial la de que nuestra democracia cobrase su verdadera forma republicana […] Figuras ilustres de aquella época, conscientes de sus responsabilidades, permitieron que esa corriente emocional pudiera concretarse en aquel inolvidable movimiento democrático de 1916 que, a pesar del tiempo transcurrido, impresiona aún por su pujanza y su significado.

[…]

Pero la acción destructora de malos dirigentes políticos desnaturalizó la propia esencia de aquel pronunciamiento, al no encauzarlo más tarde por las verdaderas sendas democráticas y provocar las consecuencias lamentables de todo orden que perturbaron nuestro pasado inmediato […] La incomprensión popular estimulada por la demagogia y por los instintos materiales que corrompen la conciencia pública anularon el esfuerzo patriótico que inspiró tan sabiamente a hombres y a partidos, a fin de poner una valla a los desmanes demagógicos; y los resultados previstos de esa política destructora que abatió ideales e instituciones, fueron el estallido de 1930, donde todas las fuerzas morales de la Nación realizaron un supremo esfuerzo para suprimir el desorden que carcomía a la República” (en Buenos Aires, Luna Park, 6 de julio de 1937).

Ortiz, incluso, también se permitió en alguna ocasión emitir un comentario elogioso hacia la presidencia de Alvear, a cuyos “principios esenciales” decía permanecer apegado, a diferencia del mismísimo Alvear, a quien acusaba de haber abandonado el antipersonalismo con el cual, según su interpretación, se había identificado su gestión presidencial.^[7]

Más allá de esto, no deja de ser cierto que, frente a la apasionada exaltación de 1930, palidecía la reivindicación algo ambigua que Ortiz hacía de 1916 ─nótese, en efecto, que si bien al mencionar esta fecha conmemoraba el “inolvidable movimiento democrático” allí iniciado, en contrapartida, al rememorar su adscripción al primer radicalismo, Ortiz subrayaba la idea de que ese partido había sobre todo pujado por hacer que “nuestra democracia cobrase su verdadera forma republicana”, dando a entender que en la Argentina anterior a la llegada de Yrigoyen a la presidencia ya existía la democracia, y que la tarea que se había propuesto la UCR consistía en hacer de ésta una “verdadera república”─. Por otra parte, su adscripción al radicalismo antipersonalista no significaba ningún compromiso acabado con el imperio efectivo de la voluntad popular, en tanto bajo Justo los principales referentes del antipersonalismo habían acompañado sin quejas la aplicación sistemática del fraude. En definitiva, entonces, el candidato oficialista no dejaba mucho espacio para imaginar el restablecimiento de la normalidad institucional bajo un eventual gobierno suyo. Y el masivo fraude que signó su acceso a la presidencia no hizo sino acentuar los pronósticos pesimistas.

Es sabido, sin embargo, que al asumir la primera magistratura Ortiz se embarcó en un proceso de saneamiento de las prácticas electorales. No reconstruiremos aquí el derrotero del programa presidencial, el cual acabaría por frustrarse debido a múltiples factores ─entre los cuales la salud del propio presidente desempeñó un rol mayor─. Lo que nos interesa analizar es cómo se operó el pasaje hacia la vigencia plena de la soberanía popular. ¿Existió un cambio en la percepción del radicalismo conducido por Alvear? ¿Hubo una resignificación de la UCR que permitió operar su reintegración a la institucionalidad vigente? Para responder a estos interrogantes, conviene citar un extracto del que tal vez fue el discurso más importante de Ortiz, pronunciado en mayo de 1940, cuando el entonces presidente creía ya cumplida la etapa de normalización institucional iniciada dos años antes:

Si examinamos atentamente los conceptos generales con que la opinión pública denunció en los últimos tiempos las malas prácticas de los partidos políticos […] se llega a la conclusión de que la política argentina ─casi sin excepción de tendencias─ habría caído en una absoluta confusión de ideas, y también en la más peligrosa corrupción psicológica, ocultando tras los programas y plataformas electorales, exponentes de auténticas finalidades cívicas, el interés por el reparto de las posiciones públicas, las prebendas y aun hasta los negociados […] Tales procedimientos no son inherentes a nuestra libertad ciudadana ni tienen origen en la ley electoral, pues los padecen también las agrupaciones que pública o secretamente abominan de la democracia e imputan a la ley del voto obligatorio y secreto la corrupción cívica y la demagogia de los partidos.

[…]

Cabe admitir que los regímenes democráticos y libres pueden llevar a la demagogia; pero ese peligro ha podido ser conjurado siempre, entre nosotros, cuando los ciudadanos de mejor temple y más carácter han despertado el sentimiento patriótico y la sinceridad política de los argentinos. Nuestra experiencia demuestra que el pueblo verdadero repudia cualquier clase de demagogia, porque ésta desencadena odios, persecución política y privilegios de clase, gérmenes todos de disolución social.

[…]

Ha sido para mí ineludible deber de conciencia garantizar al pueblo el ejercicio de su soberanía y el goce de sus libertades cívicas.

[…]

Sé que el solo restablecimiento de la libertad electoral no ha de salvar a la Nación de los males políticos y sociales que debemos prevenir. Creerlo, sería ingenuo y peligroso. Pero sé, también, que la libertad y las garantías constitucionales son la condición previa para crear el clima y el medio que han de permitir la extirpación de los vicios políticos a que me he referido, impropios de un pueblo celoso de su dignidad y libre albedrío (La Nación, 15 de mayo de 1940).

Como podemos observar, más que un cambio en la percepción de una fuerza política en particular, lo que Ortiz articuló fue una nueva visión del conjunto de los partidos que actuaban en la Argentina. Los vicios que antes tendían a descubrirse en el radicalismo, y especialmente en el personalismo, aparecían ahora como la moneda corriente de todas las fuerzas partidarias que competían por el favor ciudadano. En ese contexto, Ortiz consideraba que el restablecimiento de la libertad electoral no era condición suficiente, pero sí necesaria, para crear “el clima y el medio” en el que pudieran superarse los males que aquejaban al sistema político.

De tal modo, la democracia se concebía en términos similares a como lo habían hecho los reformadores de la época del Centenario, esto es, como una manera de hacer posible un avance en la cultura cívica de un país cuyas prácticas políticas continuaban ligadas a costumbres atávicas. En otras palabras, la democracia era el régimen que posibilitaría una regeneración casi completa de los actores políticos de la nación. En ese marco, el radicalismo era aceptado como partícipe de la comunidad no tanto porque se valorara positivamente algún proceso de cambio que él hubiese experimentado, sino porque, en rigor, los vicios que a él lo corroían también afectaban al resto de los partidos políticos. La participación en un sistema democrático era lo único que podía ofrecerse como alternativa en esa difícil situación.

El diagnóstico por demás pesimista que subyacía a esta política de vuelta a la normalidad institucional quizá contribuye a entender los motivos por los cuales Ramón Castillo, al asumir primero provisoria y luego definitivamente la presidencia a raíz del agravamiento de la enfermedad de Ortiz, pudo restablecer sin resistencias la práctica del fraude, y dar así por concluido el breve y fallido ensayo de reapertura del sistema institucional, encarado sin entusiasmo por su antecesor.

Conclusiones

Dijimos al principio de este trabajo que las identidades fundacionalistas están atravesadas por la tentación de no incluir al actor otrora dominante como un miembro legítimo de la comunidad. ¿Debe derivarse de aquí que dichas identidades tienen entonces, necesariamente, un componente autoritario? En el desarrollo de nuestra presentación quisimos evidenciar que este interrogante no se deja responder sin más por la afirmativa o la negativa. Sucede que las características más o menos autoritarias de la identidad en cuestión estarán estrechamente ligadas en cada caso a cómo se gestione la diferencia con el otro excluido.

Una primera posibilidad en este sentido es que la identidad reafirme y refuerce la propia frontera constitutiva, y que el nuevo orden se erija sobre la base de la exclusión continua y radical del adversario identificado con el pasado de oprobio. Este camino puede conducir a la violencia y al autoritarismo. Ciertamente, la deriva autoritaria no es el derrotero necesario de esta primera posibilidad: dependiendo de la forma en que se opere la exclusión, y del contexto en que ésta tenga lugar, otros destinos son posibles ─en particular, puede influir la mayor o menor institucionalización del pluralismo vigente en el régimen político─. Pero, aun teniendo en cuenta esta salvedad, es evidente que una mayor potencialidad autoritaria subtiende a los espacios identitarios que no admiten poner en suspenso la frontera que les dio origen. La frontera innegociable, analizada aquí a través de la dictadura de Uriburu, suele estar entonces ligada a regímenes autoritarios.

Una segunda posibilidad es que la identidad en cuestión no refuerce siempre la frontera fundacional, sino que, a través de diversos mecanismos, impulse su desdibujamiento y simultánea reinscripción en otros horizontes de sentido. Este juego de desplazamientos de la propia frontera identitaria habilita, al menos potencialmente, la instauración de espacios de negociación e intercambio con el otro que en un primer momento se tendió a excluir. Es por ello que esta segunda variante contiene, en mucha mayor medida que la primera de ellas, rasgos pluralistas que tornan menos probable la deriva autoritaria y violenta del régimen político. La apertura de un espacio de regeneración del adversario ─a menudo impulsada por la gravitación que éste conserva en el presente─ supone la intención de instaurar un espacio de convivencia entre las diferentes partes que componen la comunidad, sin el énfasis en la exclusión de ningún miembro en particular.

Esta dimensión regeneracionista es la que permaneció en gran medida ausente en las diferentes experiencias de gobierno de la década del 30. No es posible encontrarla en la experiencia revolucionaria comandada por Uriburu. Luego, fue insinuada por Agustín Justo en sus primeros años de mandato, pero se opacó cuando la UCR decidió retornar al escenario electoral a principios de 1935. En efecto, tal como mostramos, la frontera ambivalente erigida por el sucesor de Uriburu al asumir la presidencia en 1932 sólo pudo administrar exitosamente su tensión constitutiva en tanto y en cuanto el radicalismo permaneció en la abstención. Ortiz, por su parte, en el trascurso de la campaña electoral de 1937, se hizo eco de la impugnación a la UCR como partícipe legítima de la comunidad. El discurso del candidato concordancista reactualizó en toda su potencia la frontera erigida en septiembre de 1930 contra el personalismo. Desde el gobierno, sin embargo, el sucesor de Justo avanzó en una dirección opuesta, y adoptó medidas para garantizar que todas las fuerzas políticas compitieran en igualdad de condiciones. La erección de esta frontera porosa no implicaba, sin embargo, un cambio en la visión sobre el radicalismo, en tanto éste era presentado como portador de un déficit que, lejos de ser una cualidad específicamente suya, constituía un rasgo compartido por el conjunto de los partidos políticos que actuaban en la Argentina.

Bien mirada, entonces, la postura que Ortiz articuló desde la primera magistratura guardaba todavía continuidades con las opiniones que había vertido en la campaña presidencial: el diagnóstico profundamente negativo sobre los partidos “realmente existentes” en el país ─y, ligado a ello, el pesimismo sobre las posibilidades de establecer una verdadera democracia en la Argentina─ hacen sentir su presencia, aun cuando ahora no se hiciera referencia a la Revolución de Septiembre.

Sucede que la frontera erigida por Uriburu en 1930 contra el personalismo, y, más ampliamente, contra el radicalismo y contra la democracia en su conjunto, lejos de desdibujarse cuando su principal promotor cayó en desgracia, continuó ejerciendo su influjo en la experiencia posterior. Aquella frontera sobredeterminó, en efecto, la constitución identitaria de los diferentes gobiernos de la república imposible ─y fue precisamente ese influjo el que hizo que todos ellos guardaran una relación sumamente problemática con la democracia liberal─.^[8] La reivindicación de Yrigoyen y del yrigoyenismo que se operó en la etapa de los orígenes del peronismo por parte de buena parte del espectro político (y que Florencia Campo y Julián Melo abordan en el artículo publicado en este volumen) constituye en sí misma un índice de la ruptura operada en la génesis populista: ésta redefinió a tal punto las identidades políticas argentinas que el principio sobre el cual se había erigido todo el régimen de la república imposible ─el rechazo al yrigoyenismo─ no sólo fue revisado, sino en gran medida revertido.

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