El caso de Chubut

Sebastián Barros^[1]

Introducción

La ciencia política define la nacionalización como el impacto que tienen sobre el sistema político “la integración del pueblo, del Estado y la sociedad por medio de una amalgama de procesos históricos que conjugan a la modernización de la economía y la sociedad con la organización centralizada institucional y territorial del Estado” (Escolar, 2011: 271). Dicho proceso de integración también presupone que se consolida una matriz de preferencias y actores políticos generalizada, con lo cual a mayor integración, más alta será la probabilidad de que exista un sistema político nacionalizado y una estructura de preferencias más homogénea. En otras palabras, el grado de nacionalización sería consecuencia de la fortaleza del proceso de integración de las diferencias al interior de articulaciones políticas estatales que tendrían un origen estrictamente institucional. Esto les daría un carácter específico a estas comunidades, que serán llamadas “comunidades cívicas” para diferenciarlas de aquellas cuya integración depende de la adscripción de un carácter étnico, religioso o lingüístico.^[2]

La idea de comunidad cívica es central en el proceso de integración y tiene como condición la presencia de un grupo que se autoidentifica (es decir que da un contenido particular a su identificación) porque comparte la metáfora de un origen común (es parte de una tradición que estructura ese contenido particular) y cuyo sentido de pertenencia resulta de la delimitación de una comunidad en términos geográficos e institucionales (límite que se logra a través del señalamiento de una alteridad). Dada esta forma de pensar la nacionalización es lógico interrogarse sobre la idea de comunidad en Estados federales multinivel (Escolar, 2011). En estos casos una comunidad cívica deberá pensarse no como un ente homogéneo sino más bien como una composición de subcomunidades anidadas en un espacio de representación más general (Calvo y Escolar, 2005: 292).

Si la forma en que pensamos la nacionalización es importante porque nos permitiría entender mejor los procesos de articulación de las disputas electorales y de la toma de decisiones políticas, deberíamos asumir que las experiencias subnacionales comparten algo de esa misma lógica: el grado de integración del territorio, el pueblo y el Estado en el nivel subnacional debería tener impacto sobre el sistema político y su estructura de preferencias. La pregunta que decantaría a partir de enfatizar la centralidad de la comunidad cívica en la articulación de una formación política es el interrogante sobre el proceso de integración de las experiencias subnacionales y sus potenciales efectos “provincializantes”.

En este sentido, la experiencia de la provincialización de los territorios nacionales ofrece un objeto de estudio que permite acceder a la creación institucional de una formación política que conjugaba una dinámica particular de interacciones (Ruffini, 2005; Arias Bucciarelli, 2010; Raffaele, 2017). En Argentina, la provincialización es generalmente presentada como el punto de llegada institucional ineludible para los territorios nacionales.^[3] La provincialización se transformaría así en un sinónimo de la “constitucionalización” del proceso de integración social y política de las unidades administrativas que había instituido la Ley 1532 de Territorios Nacionales. La consecuencia lógica de esta percepción llevó a tratar la provincialización como la institucionalización de territorios ya definidos geográficamente, con la presencia de un pueblo homogéneo constituido a través de la organización del Estado.

Por otra parte, la nacionalización también pone sobre el tapete discusiones sobre la territorialización de la política (Rossi, 2018; Escolar, 2010; Escolar y Calvo, 2005). Así, al momento de analizar el funcionamiento del sistema político de Chubut la literatura destaca índices de competitividad política distintos a los de provincias que tienen atributos estructurales similares, como Neuquén o Santa Cruz (Bianchi, 2013 y s/f). Al explicar esos índices, Matías Bianchi sostiene que la particularidad chubutense reside en que la dispersión geográfica del poder evitaría la imposición de una particularidad política, partidaria o regional sobre las demás.^[4] La disposición territorial de Chubut, con centros económicos alejados de los centros de decisión política y grandes distancias entre los núcleos urbanos más poblados, evitaría la concentración de poder. La razón que esgrime Bianchi es que la dispersión territorial al interior provincial hizo que emergieran comunidades cívicas que limitan el poder centralizador de los gobernadores. La dimensión espacial posibilitaría mecanismos que favorecen el pluralismo en tanto incrementarían la competencia electoral intra- e interpartidaria, limitarían la posibilidad de desarrollar redes clientelares por parte del Ejecutivo provincial y facilitarían la existencia plural de medios de comunicación. Esta dispersión le daría entonces un carácter particular a Chubut porque ayudaría a la constitución de comunidades cívicas diferentes con cierta densidad en las interacciones políticas, culturales y económicas dentro del territorio.

Como puede observarse, la noción de comunidad cívica ocupa un lugar importante en la explicación del carácter que adquiere el gobierno del espacio político provincial. La existencia de una pluralidad de comunidades cívicas que habitan un territorio que favorecería esa pluralidad alimentaría la vida democrática facilitando su integración autónoma y competitiva. En este capítulo nos detendremos en dos cuestiones. Por un lado, problematizaremos la idea de comunidad cívica como un espacio de identificación que habilitaría una representación democrática sin contenidos adscriptivos. Por el otro, nos ocuparemos de la idea de territorio como un espacio que permitiría, dadas ciertas características geográficas, relaciones políticas plurales y competitivas.

En lo que sigue de este capítulo rastrearemos estas dos cuestiones en los debates de la Convención Constituyente de la provincia de Chubut en 1957. En primer lugar, presentaremos las particularidades que adquirió la provincialización de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y del territorio nacional de Chubut; a continuación, nos enfocaremos en las particiones que emergieron en la definición del pueblo provincial y los clivajes territoriales que hicieron a la constitución de un espacio político fragmentado.

1. El caso de Chubut

El caso de la provincialización de Chubut tiene una serie de particularidades que resaltan la pregunta por el proceso de constitución de la comunidad política que problematizamos en la sección anterior. En primer lugar, la creación de la nueva provincia supuso la reintegración de dos realidades institucionales que durante más de diez años habían estado separadas, la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y el territorio nacional. Con el argumento de defender el recurso hidrocarburífero de una potencial invasión extranjera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de facto que había comenzado en 1943 creó la gobernación militar durante la presidencia de Edelmiro Farrell.^[5] Así, el territorio nacional de Chubut y el de Santa Cruz perdieron buena parte de las superficies que estaban bajo su jurisdicción. En segundo lugar, estas realidades institucionales diferentes generaron formas de actividad política particulares, sobre todo porque la Gobernación fue un espacio militarizado en el que sus habitantes perdieron los limitados derechos políticos que les otorgaba la Ley 1532 de Territorios Nacionales. En tercer lugar, este espacio militarizado ocupaba los campamentos de la explotación petrolera, cuyos recursos económicos dejaron así de llegar a los territorios nacionales de Chubut y Santa Cruz. Cuarto, esa explotación era llevada adelante por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en una forma de organización que ha sido denominada como “enclave” o como “company town” (Torres, 1995).^[6] Por lo tanto, el proceso de provincialización supuso la reincorporación a Chubut de una región con particularidades políticas relevantes y estructuralmente bastante diferentes a las de otros espacios provinciales.

Es decir, más allá de la fragmentación regional lógica que podía llegar a suponer la existencia de un territorio extenso y de carácter diverso en cuanto a su estructura económica ─cuestión que compartía con otros territorios como Río Negro, por ejemplo (Ruffini, 2012) ─, lo que caracterizaba a Chubut era que la provincialización suponía volver a reunir dos espacios institucionales que tenían experiencias políticas recientes muy disímiles. Es por esto que, a la peculiar complejidad que la teoría señala respecto de la dinámica de la nacionalización en Estados democráticos multinivel (Escolar, 2011), al analizar la provincialización de Chubut debe sumarse una experiencia subnacional marcada por clivajes en relación con las instituciones, el pueblo y el territorio.

Históricamente, el tratamiento que se le ha dado a estos clivajes destaca el enfrentamiento entre dos regiones que se distinguen entre sí por su relación con la actividad política. La región del Valle Inferior del Río Chubut, donde se encuentra la capital administrativa Rawson, y la región sur, en la que se encuentra Comodoro Rivadavia y la explotación petrolífera. Esta distinción opera sobre la relación que ambas regiones han tenido con la actividad político-partidaria y con los liderazgos políticos provinciales. El sur ha sido históricamente subrepresentado en los elencos políticos provinciales y es generalmente identificado como un lugar de trabajo alejado de la política (Barros y Carrizo, 2012). La región cordillerana, por su parte, fue considerada como una tercera parte que, en general, dependía de la región capitalina del territorio nacional (Raffaele, 2017; Gatica y Pérez Álvarez, 2005).

La literatura sobre este enfrentamiento ha asociado la diferenciación de las estructuras productivas de cada región con la aparición de intereses y problemáticas distintivas. En estos análisis, las posibilidades de identificación que se abrirían a los sujetos que habitaban cada una de estas regiones parecen desprenderse, casi de una forma natural, de esa estructura económica diversa. El Valle como agrícola y ganadera, el sur como petrolera e industrial y la cordillera como forestal y turística. De esas características se desprendería el carácter de sus habitantes, su potencial arraigo a la tierra, su sensibilidad estética, su capacidad política, etc. Uno de los hallazgos de los estudios identitarios fue encontrar que los significados de estos conflictos políticos regionales tenían efectos al momento de pensar el gobierno de la comunidad (Barros y Carrizo, 2012). Es decir, el carácter que asumía la vida comunitaria no dependía solamente de la pertenencia, adscriptiva o no, sino que ésta aparecía como una comunidad partida en torno a quiénes podían legítimamente aspirar a gobernar y al lugar dónde se podía “hacer política”.

Este carácter especial de Chubut aparece con fuerza en el momento fundante que supuso la Convención Constitucional de 1957. La convención fue la instancia definitoria en la que se discutieron las condiciones sociales y políticas de la comunidad cívica.^[7] Eso es precisamente lo que analizaremos a continuación: los criterios de delimitación del pueblo y el modo en que se piensa la integración espacial comunitaria en los debates de la convención constituyente. En este análisis aparecerán dos argumentos centrales, por un lado, que la definición de la comunidad no implica solamente la definición institucional de la pertenencia a un pueblo y, por el otro, que el significado que adquiere la espacialidad no es “neutral”, sino que en ambos casos lo que se pone en juego es una distribución de lugares sociales que sostiene la posibilidad del gobierno de la comunidad.

Analizaremos la legitimidad de los criterios de pertenencia en el comienzo mismo de la Convención, cuando varios convencionales propusieron la realización de una serie de homenajes que nos muestran la distinción entre la mera pertenencia y la legitimidad en el gobierno de la comunidad. La dinámica de la integración espacial será precisada en la discusión del emplazamiento de la capital de la nueva provincia que nos deja ver que la dispersión geográfica no lleva necesariamente a un demos más igualitario y pluralista, sino que es también un clivaje jerarquizado.

2. El pueblo en la comunidad cívica

En la reunión del 20 de noviembre de 1957 de la Convención Constituyente se mocionó una seguidilla de homenajes^[8] que no parecían tener una relación obvia entre sí (Diario de Sesiones [en adelante DS]: 20). El primero de ellos fue solicitado antes incluso de pasar al primer cuarto intermedio de la reunión por parte de Jesús Menéndez, del Partido Socialista (PS), quien presentó una moción para rendir homenaje a los convencionales constituyentes de 1853. El resto de los bloques adhirió al homenaje “por el claro sentido del porvenir de la Patria que tuvieron” esos convencionales y porque “bajo su advocación los Convencionales de Chubut, piensan cumplir su mandato”. Los demócratas cristianos fueron más allá y solicitaron un doble homenaje: “el material: de ponerse de pie, y el espiritual: de seguir su camino y sus normas”. A continuación se solicitó un segundo homenaje mocionado por Guillermo López Bravo del Partido Demócrata Progresista. En este caso se solicitaba que el homenaje se hiciera “extensivo a los que murieron en la Revolución Libertadora, ya que ellos hicieron posible la restauración de la Carta Magna del 53”. Por último, se realizó un tercer pedido por parte de Diego Isidro Rica, de la Unión Cívica Radical Intransigente, para hacer extensivo el homenaje “a los primeros colonos galeses que arribaron a Puerto Madryn en 1865, como así también a las restantes corrientes inmigratorias que realizaron la conquista de Chubut y crearon el adelanto con el trabajo, la fe y el patriotismo”. Todos los bloques adhirieron a los homenajes poniéndose de pie y guardando un minuto de silencio.

Una lectura literal de las tres mociones por separado no debería presentar dificultad. En el primer caso, es claro que los convencionales, reunidos de forma apresurada,^[9] enmarcaban su tarea bajo el manto simbólico de la Constitución de 1853, que había definido el proceso de organización nacional. La legitimidad de dicho proceso extendía así su sombra protectora a la Convención chubutense. En la segunda moción, la referencia a la Constitución de 1853 se vinculaba más explícitamente con la coyuntura política. No puede dejar de recordarse que dicha Constitución había sido reformada en 1949 durante el gobierno peronista y que esta asamblea constituyente se reunía con el peronismo proscripto, con lo cual estos homenajes demostraban un claro posicionamiento político frente al partido derrocado. El tercer pedido hacía referencia a la supuesta identidad provincial de una comunidad que reconocía su origen en el arribo de la civilización europea. La “gesta galesa” era presentada como el puntapié inicial de la historia y la civilización del territorio conquistado que ocuparía la nueva provincia.

Sin embargo, el análisis literal de estos homenajes nada nos dice sobre cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que tales discursos tuvieran la legitimidad suficiente para emerger en el momento inaugural de una comunidad cívica. Indagar en esta dirección, en términos de aquello que habilitó la emergencia de ciertos discursos en un tiempo y un espacio determinados, ayuda a tener mayor precisión al momento del análisis de la coyuntura y a dilucidar cómo esa emergencia se insertó en procesos identificatorios más amplios en los que se disputaba la creación de una comunidad política.

En estos homenajes pueden encontrarse los rasgos que constituyen todo proceso de identificación. Podemos entrever la relativa estructuralidad en la que se produjeron, que no es otra que la realidad institucional de los territorios nacionales, la reforma de la Constitución de 1949,^[10] la proscripción del peronismo y la inauguración de la historia (Ramos y Delrío, 2005) por parte de la conquista europea encarnada en las “corrientes inmigratorias”. Cada uno de esos homenajes implicaba a la vez un contenido particular que daba cuenta de aquello que disparaba su existencia y un contenido más universalizable encaramado sobre una promesa de plenitud asociada a la organización nacional representada por la Constitución de 1853 y a la civilización europeo-cristiana representada por el desembarco galés de 1865. La Revolución Libertadora de 1955 era el evento que representaba el regreso a esa plenitud luego del interregno peronista. Por último, los homenajes llevaban consigo el señalamiento, más o menos explícito, de una alteridad. La emergencia de discursos de este tipo supone lógicamente que existe algo de lo cual es necesario diferenciarse para lograr una identificación parcial de aquello que se considera propio de la comunidad (Laclau, 1990). Esa alteridad se ubicaría en la desarticulación del poder político previa a 1853, en el peronismo entre 1945 y 1955 y en los pueblos originarios que habitaban el territorio desde antes de 1865.

En los tres homenajes los contenidos particulares se mostraban como condición de posibilidad para la Convención, eran contenidos distintos y con objetivos específicos pero que apuntaban hacia procesos que hacían que la Convención fuese posible. El contenido más general de los homenajes se orientaba a legitimar el proceso constituyente enmarcándolo en una tradición y una historia que iban más allá de un tiempo y un espacio particular. Ahora bien, en el mismo movimiento puede verse que la construcción de la comunidad cívica fue un proceso que no solamente integraba diferencias a una historia común en un espacio recortado institucionalmente, sino que al hacerlo también excluía otras diferencias.

En el momento de pensar las figuras de la alteridad nos encontramos con que los dos primeros homenajes tuvieron en común la negación de la experiencia peronista encarnada en la Constitución de 1949 y, por ende, la legitimación del uso de la violencia para desplazar a un gobierno. Pero estos dos homenajes parecen no compartir nada con el rendido a la inmigración galesa. En este último caso, la alteridad no era nombrada pero aparecía detrás de una serie de significados que se asociaban a la “conquista” y al “trabajo, la fe y el patriotismo”. No es difícil entrever en el discurso de Rica la manera en que Pierre Clastres nos recuerda que los conquistadores españoles describían a los pueblos que encontraban en América como pueblos “sin fe, sin ley, sin rey” (Clastres, 2008: 174). El tercer homenaje hacía referencia entonces a la conquista progresiva y civilizatoria de un territorio natural encarnado en la figura de lo indígena.

Como dijimos, los dos primeros homenajes tenían un sentido coyuntural bastante claro. Evocar a los constituyentes de 1853, ponerse bajo su protección y seguir su camino era, en primer lugar, tomar distancia del peronismo y la Constitución de 1949 (Barros y Williams, 2017). Debe recordarse que al momento de elegirse los convencionales constituyentes provinciales también se habían puesto en marcha los mecanismos para la reforma de la Constitución nacional. En esa elección nacional la primera fuerza electoral fue el voto en blanco, que obtuvo el 24,3%; la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) alcanzó el 24,2% y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), el 21,2%. En un contexto político muy dividido, 120 bancas les correspondieron a los partidos favorables a la reforma y 85 fueron obtenidas por los partidos que se pronunciaron en contra. Además, tras

el planteo de nulidad de la Asamblea por parte de la UCRI y otras fuerzas como el Partido Laborista, el Partido de los Trabajadores y la Unión Federal basado en la falta de facultades del gobierno de facto para reformar la Constitución y el carácter antidemocrático de la proscripción del peronismo, sus constituyentes se retiraron de la Convención (Raffaele y Barros 2017: 225).

Entonces, más allá de la legitimidad con la que contaba la convención provincial, ya que la demanda de provincialización no era nueva (Ruffini, 2012), la coyuntura política forzaba un plus de legitimación. Por otra parte, 1853 es una fecha que marca la historia argentina como momento de consolidación de la organización nacional. En este sentido, traer a colación ese trabajo constituyente era regresar simbólicamente al momento inaugural del progreso de la historia desbaratado por la experiencia del peronismo y la reforma constitucional de 1949. Si 1853 era el mojón que señalaba la estabilización de la organización de una comunidad cívica, 1945 era marcado como el momento de su trastocamiento.

El segundo homenaje estaba ligado precisamente a ese trastocamiento ya que la Revolución Libertadora se presentaba a sí misma como la instancia política que reacomodaría la vida comunitaria retrotrayéndola al momento previo al peronismo. Las referencias a este movimiento en los debates fueron frecuentes y apuntaban básicamente a dos cuestiones. La primera era la ineficiencia en el gobierno a través de la presentación del peronismo como una fuerza burocrática que impedía el funcionamiento lógico de la agencia estatal. Dicha ineficiencia se desprendía generalmente del señalamiento de intereses ocultos del peronismo en pos de perpetuarse en el poder a través de la manipulación de una población que no parecía tener la capacidad de percatarse de esos intereses o que simplemente se aprovechaba de las circunstancias sin pensar en los efectos a largo plazo de su comportamiento.^[11] La segunda cuestión era el cercenamiento de libertades, el autoritarismo y la discrecionalidad del gobierno peronista que varios de los convencionales habían sufrido en tanto oposición. En ese sentido, los discursos de la convención no se separaban del discurso de la Revolución Libertadora que había decretado prácticamente la no existencia de Perón, de Eva Perón y del peronismo. Recordemos que durante el gobierno militar que comenzó en 1955 se tomaron medidas por las que era ilegal mostrar fotografías, cuadros o esculturas del ex presidente y su esposa, se prohibía utilizar la palabra “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, o la abreviatura “PP” (Partido Peronista), no se podían celebrar los días conmemorativos de “la tiranía” ni cantar la Marcha Peronista. También se abolieron la mayoría de las instituciones y organizaciones creadas en los diez años previos y el nuevo gobierno militar se presentó a sí mismo como la “civilización” en contra de la “barbarie” peronista. Esta civilización representaba un imaginario de valores libertarios europeos en contraposición a una Argentina “plebeyo-populista” de vagancia, deshonestidad y desorden generalizados.

Esa Argentina plebeya no era otra cosa que una alteridad que se salía de su lugar legítimo en el orden vigente y dislocaba la vida comunitaria. El problema que provocaba, más allá de los costos y beneficios económico-instrumentales, era el desorden, la indisciplina laboral y la subversión de las jerarquías sociales (Altamirano, 2001: 82). Los sectores propietarios no temían una amenaza frente a la presencia de un movimiento obrero combativo. Esto ya lo había señalado Gino Germani (1971: 117-119) y lo retomaron luego, entre otros, Juan Carlos Torre (1991: 93) y Ricardo Sidicaro (1999). El problema acuciante era una gestión estatal que proponía una política que se legitimaba bajo el velo de la paz social, pero simultáneamente promovía y provocaba el aumento del estado de movilización de un sujeto que ilegítimamente se corría del lugar que ocupaba, y así ponía en duda los valores y los principios deferentes que estructuraban la vida comunitaria.

La forma en que se presentó lo indígena en la convención era demostrativa de los clivajes que se jugaban en la definición de la comunidad cívica y tenía similitud formal con el caso del peronismo. ¿Cómo fue posible que la figura de ese sujeto plebeyo-populista se desplazara de forma tal que quedara asociada a la presencia de los pueblos originarios? En este último caso nos encontramos con un sujeto definido en términos de un rasgo adscriptivo que no encajaba en la noción de individuo que respaldaba la noción de comunidad de rasgo cívico.

El momento de la discusión constituyente en que se debatió la problemática indígena fue cuando se trató el régimen de propiedad de la tierra. En la primera de las intervenciones en este tema, el convencional Roque González (UCRP) propuso que se procurara al aborigen “su instrucción y medios de subsistencia” y se le asegurara “la posesión de la tierra que ocupa” (DS: 111). El reconocimiento del rasgo adscriptivo (la aboriginalidad) fue respondido por los demás convencionales como una distinción privilegiada. Antonio Gargaglione del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alertaba que “hacemos una distinción entre el aborigen y el que no lo es, vale decir, le reconocemos una especie de privilegio, porque ya en las normas que damos para la educación común el aborigen en el territorio es un habitante como cualquier otro” (DS: 111). Hasta aquí, la conformación de una comunidad cívica iba por los carriles que señalaban los enfoques institucionalistas. La ciudadanía se debía sostener en la igualdad (cívica) que debía imponerse por sobre cualquier rasgo adscriptivo (aborigen).

Ahora bien, el problema adquirió otro cariz cuando se discutieron los efectos que tendría esa norma respecto a la particularidad que presentaba la adscripción “aborigen”. Uno de esos efectos era que el Estado parecía quedar a cargo de otorgarle al aborigen los medios de subsistencia. Gargaglione lo explicaba de la siguiente manera:

Como conozco varias colonias de aborígenes, la única medida compulsa será que el Estado se haga cargo de una vez de esos aborígenes, que tendrán que depender exclusivamente de los medios del Estado, hasta que no se propenda a una educación moral que crea a base de trabajo en el mismo (DS: 111).

Si se sancionaba esta norma el Estado debería hacerse cargo paternalmente de la subsistencia del aborigen hasta tanto éste se transformara en un sujeto moral. Si bien se buscaba “incorporarlo a la vida civilizada […] no podemos correr el riesgo de criar vagos y simples esperanzados en las manos del gobierno” (DS: 112). Esa falta de educación moral era la razón por la que también era problemático asegurar al aborigen la posesión de la tierra. “La posesión de la tierra en manos de esos aborígenes, muchas veces ha de conspirar contra la economía de la zona donde están radicados esos indígenas” (DS: 111). González respondió mencionando que “hay una deuda con el indígena” que estaba librado desde su niñez a su propia suerte en las tolderías, pero señalaba que “El trabajo […] no es el hábito pero creo que con una instrucción adecuada […] podríamos incorporar al aborigen a que ocupe el lugar que le corresponde” (DS: 112). El convencional Burgín (UCRP) lo puso en términos más fuertes que compartían los presupuestos esgrimidos por sus colegas: “Para los pobladores de muchas zonas el indígena resulta como vecino un problema más importante que el del zorro colorado. Hay lugares donde es mayor la cantidad de hacienda que roba o mata el indígena, que la que puede matar el zorro colorado” (DS: 112). Por lo tanto, el convencional estaba convencido

de que anteriormente al problema del otorgamiento de la tierra, existe el de que el indígena sepa ser propietario de esa tierra. […] Entonces considero que esa educación del indígena para que llegue al estado de poder ser propietario de la tierra, debe pasar por la etapa primera de que sepa qué hacer con una tierra una vez que sea propietario y de qué manera ha de manejarla (DS: 113).

Si en el caso de los homenajes que resaltaban la alteridad peronista se encontraba un sujeto que se salía del lugar legítimo que debía ocupar en la comunidad cívica, en el caso indígena se encontraba un sujeto definido por un rasgo adscriptivo al que se le adosaban una serie de incapacidades que obstaculizaban su plena inclusión en la comunidad cívica. Es decir, un sujeto que no podía ocupar un lugar legítimo dentro de esa vida comunitaria hasta tanto no fuera incorporado a la vida cívica. A su vez, dicha incorporación debía cuidarse de no “criar vagos” dependientes del gobierno y debía propender a la educación adecuada para un sujeto moral que no parecía reconocer el imperativo del esfuerzo laboral y la racionalidad que sostiene la creación de riqueza. Cuidados que el gobierno peronista no había tenido en relación con los sectores populares.

El caso de la provincialización de Chubut, entonces, a través del análisis de estos homenajes, nos pone frente a una comunidad que no estaba compuesta solamente por sujetos a quienes se consideraba autónomos y racionales dada su inclusión cívica más allá de cualquier adscripción. Por el contrario, los homenajes demuestran que la ficción que se elaboraba para pensar que el demos es una suma de individuos (Escolar, 2011) excluía de la palabra legítima a una porción importante de quienes habitaban la comunidad. La comunidad cívica sostenida por la posesión de derechos no se traducía automáticamente, como parecen asumir los enfoques institucionalistas, en una comunidad sin clivajes adscriptivos. El criterio de pertenencia institucional era atravesado por un criterio de legitimidad de la palabra que eclipsaba la igualdad en la posibilidad de participar efectivamente en los asuntos de la comunidad.

3. El territorio en la disputa por la capital

El otro rasgo particular de la provincialización de Chubut se desprendió de la existencia de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. En la Asamblea Constituyente se debió discutir cuál iba a ser el emplazamiento de la capital provincial.^[12] Como mencionamos antes, desde 1944 hasta 1955 lo que hoy es la provincia de Chubut estuvo dividida entre el territorio nacional y la Gobernación Militar, con sendas capitales, Rawson y Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, ambas capitales reclamaban para sí el derecho a continuar siéndolo.

La discusión sobre el emplazamiento de la capital de la nueva provincia fue importante porque nos permite problematizar la territorialidad en los procesos de provincialización.^[13] La ciencia política que pone el acento en el funcionamiento institucional se ha inclinado generalmente a pensar el espacio geográfico-político como un espacio único, sin clivajes que no sean aquellos marcados por los propios límites institucionales. Como explica Matías Bianchi, incluso los estudios sobre federalismo “no han prestado atención a la distribución de recursos a lo largo de un territorio específico” (s/f: 7). Recursos que no son sólo recursos económicos sino también simbólicos.

La dimensión espacial resalta la formación de distintos espacios territoriales y sus interacciones. La idea de espacio se refiere no sólo a un territorio geográfico sino también a la densidad de las interacciones políticas, culturales y económicas que se producen en su interior (Bianchi, s/f: 8). El desarrollo de una comunidad cívica implica intercambios densos y disputas entre actores que ocupan el mismo espacio territorial (Escolar, 2011; Rossi, 2018). El argumento de Bianchi es que la densidad de estas actividades en cada ciudad-región de la provincia, sumada a la dispersión territorial que implicaban las grandes distancias entre ellas, ayudó a forjar comunidades políticas competitivas a lo largo del territorio. La dimensión espacial habría creado así mecanismos que favorecerían el pluralismo en tanto incrementarían la competencia electoral, limitarían el desarrollo de redes clientelares y facilitarían la pluralidad de medios de comunicación.

Como puede verse, la lógica del argumento es similar a la discusión anterior sobre los criterios institucionales de pertenencia a la comunidad cívica. El criterio de pertenencia no adscriptivo era la asignación institucional de derechos que creaba una comunidad de iguales que voluntariamente se inscribían como miembros, a diferencia de las comunidades en las que la pertenencia estaba marcada por algún criterio lingüístico, étnico o cultural. En el caso del territorio, éste es pensado como un espacio naturalmente dado que proveería ─o no, dependiendo del caso─ las condiciones para el pluralismo. Si se quiere, podría hablarse de un “espacio no adscriptivo” como un espacio natural sin un significado político que lo divida más allá de los propios límites institucionales. A la indiferenciación política de la inclusión cívica le correspondería, en el caso chubutense, la indiferenciación política del territorio y sus regiones.

Si en la discusión anterior argumentamos que la comunidad cívica estaba respaldada por una noción de pertenencia institucionalmente universal pero políticamente restringida, ahora podrá verse que el territorio pensado como un paño indiferenciado se transformaba en un espacio simbólico atravesado por clivajes políticos que suponían una distribución jerárquica de los lugares sociales. Una de las discusiones en la Convención Constituyente en la que se puede rastrear este problema fue la que se dio sobre el emplazamiento de la capital de la nueva provincia. En ella puede percibirse la forma en que operó un discurso político que estructuraba esos lugares sociales al interior de la comunidad. La decisión que debía tomar la convención era si la capital de la nueva provincia se ubicaría en Rawson, que siempre había sido la capital del territorio nacional, o en Comodoro Rivadavia, que había sido la capital de la Gobernación Militar. Los argumentos sobre el emplazamiento de la capital tuvieron tres aristas. La primera estuvo vinculada a una contraposición entre la administración de necesidades y la historia; la segunda, a la oposición entre valores materiales y valores espirituales; y la tercera, a la diferencia entre una población fluctuante y heterogénea frente al arraigo de una comunidad política que tenía una tradición marcada por la llegada de las primeras poblaciones europeas a la región.

En el caso de la contraposición entre administración de necesidades e historia, por un lado se discutían temas como la ubicación geográfica de las ciudades en pugna, las posibilidades de comunicación y desplazamiento que ofrecía cada una de ellas, la posibilidad de satisfacer ciertas necesidades edilicias y la provisión de comodidades. Por el otro, se hacía referencia a la historia de cada lugar, generalmente en términos del esfuerzo que suponía vivir y poblar estas regiones de la Patagonia.

El convencional que primero pidió la palabra para discutir sobre el emplazamiento de la capital fue Francisco Salvador,^[14] convencional por la UCRP y oriundo de Comodoro Rivadavia. Su gesto inicial fue solicitar consentimiento a los demás convencionales para leer su discurso, cuestión que hasta el momento no se había permitido. Ha de recordarse que el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación impedía la lectura de discursos por parte de legisladores, cuestión que había sido revocada durante el gobierno peronista. La Revolución Libertadora había vuelto a prohibir la lectura en las convenciones constituyentes. El convencional Zamit fue quien remarcó que no se podía leer y ante eso Salvador le espetó que se pretendía coaccionar su uso de la palabra. Zamit respondió: “Por mis principios, por mi modo de ser y por mi carácter de demócrata cristiano, en momento podría pedir algo que signifique un cercenamiento en la libertad de expresión de ninguna persona y, con mayor razón, la de ningún señor convencional” (DS: 52). Todo esto cuando las elecciones por las que había sido electo se habían realizado con el peronismo proscrito.

Desde un primer momento la cuestión sobre la ubicación de la capital estuvo vinculada a una discusión sobre los criterios de pertenencia necesarios para tener la posibilidad de tomar la palabra de manera relevante en la vida comunitaria, como argumentamos en la sección anterior. Ése también fue el sentido que Salvador dio a su discurso luego de resuelto el impasse por la solicitud de lectura, de hecho el convencional por Comodoro Rivadavia comenzó con una tónica, si se quiere, bastante peronista:

porque entiendo que por la evolución que ha habido en nuestro país, por suerte, en la actualidad puede llegar a estas funciones, o a las de gobierno, gente que antes ─por la organización que se había mantenido en el país, y lo voy a decir concretamente porque entiendo que pasó la época en que las Convenciones debían ser integradas solamente por universitarios─ no tenía acceso a las funciones de gobierno. Ahora llegan a las convenciones representantes de otras corrientes, como en mi caso ─y no tengo malestar en decirlo─, que soy de la corriente de los trabajadores que no han tenido la suerte de poder llegar a una universidad para cursar estudios que me hubieran capacitado intelectualmente (DS: 51).

Salvador leyó finalmente su discurso y mencionó “la presión psicológica de la barra”, ya que el pueblo de Rawson se había agolpado en el lugar donde sesionaba la asamblea y aclaró, antes de empezar, que sabía que perdería la votación. Sin embargo, también explicó que era su deber como representante acercar la moción de algunos gremios y de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia para que ésta sea la capital. El discurso primero se refirió al carácter del espacio territorial. En este sentido, señaló, hubiese sido ideal que la capital esté en el centro geográfico de la provincia para facilitar el acceso equitativo de sus habitantes. Sin embargo, esto no era posible en Chubut, al que describió como un triángulo cuyos lados unían Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia. Entre las tres ciudades, las ventajas de esta última eran obvias. La ciudad tenía la capacidad edilicia disponible para albergar el gobierno sin necesidad de gastar fondos en su construcción, contaba con todas las facilidades de infraestructura, de logística, de medios de comunicación, de servicios de seguridad, educativos, etc. Esto era fácticamente evidente y ver otra cosa “significaría colocarse de espaldas a la realidad” (DS: 54). Salvador llevaba a la convención “los títulos que la habilitan, holgadamente, para ser capital de la provincia. Títulos basados en el imperio de su economía cuantiosa y por indiscutible derecho de la magnífica y abnegada acción de sus hijos”. Esto no era una pretensión caprichosa “sino, antes bien, su indiscutible derecho a ser capital de la Provincia” (DS: 54).

Es decir, en principio el discurso de Salvador planteó una división interna a la vida política entre legos y no legos, y destacó el daño que suponía el impedimento de la lectura para alguien que no había pasado por la universidad. Pero luego su discurso derivaba en una enumeración de ventajas administrativas y edilicias a través de la cual ese daño se esfumaba. Al momento de postular a Comodoro Rivadavia como capital de la nueva provincia, la discusión perdía su cariz conflictivo para transformarse en la descripción de una división territorial naturalizada. Era a partir de la diferenciación de bienes y servicios que Comodoro Rivadavia “naturalmente” debía imponerse como capital; pretensión que aparecía como despolitizada pero fácticamente evidente a pesar de la presión psicológica que ejercía la presencia del pueblo de Rawson.

La respuesta de quienes se opusieron a que la capital estuviese emplazada en Comodoro Rivadavia indirectamente retomó estos dos aspectos del discurso del “modesto obrero”, tal la forma en que se refirió el convencional Garasino a su par Salvador (DS: 57). La negativa de elegir la ciudad del sur retomaba los aspectos de la “superioridad” comodorense, pero para remarcar la distinción jerarquizada de lugares sociales a la que se refería Salvador cuando mencionaba la condición universitaria como condición pretérita para la política. En el discurso que proponía a Rawson como capital esa distinción era reemplazada por otra: la distinción entre una capacidad habilitada por una particular sensibilidad histórico-cultural y la incapacidad política que suponía la mera satisfacción de necesidades materiales.

El primer convencional que pidió la palabra fue Carlos Ibarra, del Partido Demócrata Progresista (PDP), quien comenzó preguntándose:

¿Da derechos el ser grande, poblado y con suntuosos edificios oficiales levantados en épocas que prefiero no recordar y que fueron construidos por un sector que gusta del derroche, del lujo y de todo aquello que signifique un acto de una falsa grandeza? (DS: 55).

A continuación, el convencional volvió a repetir el listado de servicios e infraestructura que había señalado Salvador y preguntó nuevamente: “¿Todo esto da derechos? ¿Todo esto lo despoja de los sentimientos patrióticos y el proceder noble de que tanto se alardea? ¿Qué importa todo ello?” (DS: 55).

A partir de allí, la discusión para decidir dónde se ubicaría la capital provincial adquirió otro cariz. La diferencia territorial de bienes y servicios tomó un sentido distinto que iba más allá de la distribución geográfica o de la potencial satisfacción de necesidades.

Es más, el argumento que oponía la historia a la satisfacción de necesidades invertía los términos del debate: el hecho de que Comodoro Rivadavia tuviera esa grandeza material era precisamente el punto que negaba la posibilidad de que fuese la capital provincial. Inicialmente, el argumento no evitaba el registro de las necesidades sino que se sostenía en la importancia de descentralizar la administración provincial y no concentrar todos los recursos en un solo lugar empobreciendo a los demás. La intervención que siguió a la de Ibarra fue aún más lejos. Antonio Gargaglione (PDC) opinó que Comodoro Rivadavia debía ser descartado geográficamente pues “en ninguna parte de nuestra República hay emplazada tan mal topográficamente una ciudad como Comodoro Rivadavia, cuyos desparejamientos nos hacen recordar las ilustraciones de Doré en el infierno de Dante” (DS: 57).

Este carácter infernal de la geografía iba acompañado de un argumento que, en segunda instancia, apuntaba a la posibilidad de distinguir entre ciertas capacidades sensibles que daban lugar a determinada idea del mérito necesario para ser capital. La contraposición por el emplazamiento de la capital se transformó en una polarización entre valores materiales y valores espirituales.

Si bien se reconocía fácticamente el hecho de que Comodoro Rivadavia tenía mejores edificios públicos, la pregunta que planteaba Gargaglione iba dirigida a la forma en que esas ventajas materiales habían sido obtenidas.

[P]ero no se ha hecho la salvedad de que esos edificios públicos fueron una especie de regalo del despilfarro a que nos acostumbró la dictadura cuando inconsultamente y sin que se moviera un dedo de parte de los habitantes de Comodoro Rivadavia, segregó de la Provincia una gran parte de su territorio para hacer una gobernación artificial (DS: 58).

El discurso de Salvador sólo mostraba que Comodoro Rivadavia iba detrás de “un mezquino interés”, en un “intento de atropello a un pueblo (Rawson) que con todo orgullo puede gritar a los cuatro vientos que le corresponde el honor de continuar siendo la capital de la Provincia del Chubut” (Ibarra, DS: 55). La satisfacción económica de necesidades no podía ser presentada como un argumento superior a la sensibilidad de un pueblo que, cuando le arrebataron la mitad de su territorio con la creación de la Gobernación Militar, no fue defendido por los habitantes comodorenses con algún tipo de movilización para evitarlo.

Es decir, la realidad de la grandeza de Comodoro Rivadavia era fácticamente observable, accesible para cualquiera capaz de un simple cálculo. Sin embargo, con el correr del debate lo relevante para pensar la ubicación de la capital pasó a ser la capacidad sensible de poder ver más allá de lo estrictamente necesario o de la imposición de lo mayoritario, para poder entender la historia, la tradición y los valores del honor ─ajenos a la necesidad─. Todo eso quedaba fuera de los argumentos sobre la grandeza económica.

Incluso esa tradición y ese honor iban a estar acompañados en Rawson por la tranquilidad óptima que necesitaba el gobernante al momento de tomar decisiones y que sólo una ciudad pequeña y tranquila podía darle, a diferencia de Comodoro Rivadavia, que era una ciudad percibida como el lugar de esparcimiento nocturno de quienes habitaban los campamentos petroleros. Ibarra fue contundente:

Rawson, en cambio, es en la práctica la otra cara de la moneda. Es el bálsamo más preciado para que los actos de gobierno se cumplan con verdadera justicia y meditación, discutidos y resueltos en un clima agradable, totalmente imparcial y sobre todo muy honesto (DS: 55).

Ante la evidencia natural que debía regir la elección según el comodorense Salvador, se erigía la artificialidad de la Gobernación Militar y las dádivas del peronismo al sur de la provincia. La grandeza de Comodoro Rivadavia se desnaturalizaba al mismo tiempo que se politizaba. La ubicación de la capital de la provincia no podía definirse por la simple constatación de una riqueza recibida sin esfuerzo (o bien recibida de parte de la naturaleza con la bendición del petróleo o bien por parte del régimen peronista) en medio de un territorio injustamente empobrecido, sino que dependería de otro tipo de sensibilidad. Una sensibilidad que se alejaba de los argumentos “eminentemente materialistas” que se imponían “sobre los valores espirituales de la Provincia” porque “quien olvida la historia nuestra, la historia del Chubut, hace de cuenta que anula su propia geografía” (DS: 58).

Puede percibirse entonces, y éste es el argumento que queremos proponer para repensar el lugar que puede tener la espacialidad en la distribución de lugares sociales vinculada al gobierno de la comunidad, que el espacio territorial no aparecía simplemente como un plano en el que se distribuyen objetos y sujetos sólo limitado por fronteras definidas institucionalmente. El espacio territorial es también un espacio simbólico en el cual se inscriben procesos identificatorios que están atravesados por clivajes internos a la vida comunitaria que operan como límites de sentido para la vida política. En este caso, estos límites de sentido tuvieron un impacto sobre la discusión de las instituciones en el momento fundacional. Este límite interno a la vida comunitaria marcó una distinción entre una sensibilidad atada a la satisfacción de necesidades que retóricamente se vinculó al peronismo y una sensibilidad vinculada al honor y la historia. Esta frontera implicaba también una jerarquía de méritos argumentados políticamente frente a la natural elección que supondría apostar por Comodoro Rivadavia como capital.

Se preguntaba el convencional Gargaglione: “¿la futura Legislatura irá a trabajar a propender al bien de la Provincia o a solazarse materialísticamente con las comodidades que le pueda brindar una ciudad, las que no ha hecho esa ciudad precisamente?”. Lo mismo sostenía Mónaco, representante del PS:

los convencionales comodorenses, que propician a Comodoro Rivadavia como capital, lo han hecho solamente sustentando su grandeza material, que nosotros creemos que sustentan injustamente, porque ni siquiera se ha debido al esfuerzo de sus habitantes, como bien lo sabemos, sino a las facilidades que el Estado le ha otorgado, mirando exclusivamente el interés y los beneficios de una casta a la cual después le dio el gobierno de esa zona. El gobierno central en una época nefasta, felizmente ya superada, volcó en Comodoro Rivadavia todos los recursos que podía, dejando de lado y sin tomar en cuenta los intereses de los demás pueblos de la Provincia, al sólo objeto de que los militares que gobernaban esa zona se solazaran en esa grandeza y tuvieran todas las comodidades de que han gozado (DS: 60).

Quienes representaban a Comodoro Rivadavia pretendían entonces un derecho a partir de la defensa de un interés mezquino. Su pretensión era inmerecida ya que su grandeza no había sido obtenida a partir del esfuerzo de sus habitantes sino que había sido un regalo de Perón. Quienes querían imponer a Rawson como capital, por un lado, señalaban que la representación comodorense no reflexionaba sobre los méritos que reclamaba, no aceptaba que su grandeza sólo dependía de las ventajas de la naturaleza “bendecida por el petróleo” y de las dádivas de Perón. Por el otro, y frente a esto, estas demandas reclamaban para sí la historia y la creación política de un espacio que de un modo natural no existiría, tal como lo demostraban las recurrentes menciones de “la gesta galesa” y su lucha contra la naturaleza en el “desierto” (Williams y Barros, 2017).

Este espacio era descrito como un lugar de arraigo muy diferente al retrato de una población fluctuante y heterogénea que se ubicaba en Comodoro Rivadavia. Ésta era la tercera arista que aparecía en la discusión sobre la ubicación de la capital. Este punto fue más discutido durante los debates que trataban el régimen electoral y la constitución de las circunscripciones. Sin embargo, es constante a lo largo de la convención la referencia a una tensión entre un pueblo arraigado al terruño a partir de la agricultura y la ganadería y un pueblo temporario seminómade que habitaba los campamentos petroleros. Así lo exponía el convencional Diógenes Varela Díaz de la UCRP. Para él, la región cordillerana era “una zona de arboricultura, selvicultura, ganadería y turismo”, “una zona de vida tranquila, paradisíaca; característica más distinta de Comodoro (DS: 32)”. Algo similar sucedía en la zona del Valle, a la que se sumaban algunas industrias y la pesca. El caso de la población de Comodoro Rivadavia era bien diferente:

no nos debemos olvidar que Comodoro Rivadavia tiene una población, es cierto, excesiva, de crecimiento producido más por la migración de gente que viene del exterior, y de otras provincias, es una población, ya lo he dicho, un poco aluvional, que se dedica con preferencia a la explotación minera, que tiene por característica ser eventual. Esa población puede trasladarse del lugar siguiendo la riqueza petrolífera. Ya la vemos deslizarse poco a poco hacia el sur del territorio de Santa Cruz y la veremos también deslizarse hacia el oeste, rumbo a Sarmiento. De manera que no tenemos ninguna seguridad de que esa población va a tener estabilidad en el crecimiento como lo tuvo hasta ahora (Varela, Comisión Redactora: 234).

A su vez, el convencional Garasino relataba su visita a un campamento petrolero cercano a Comodoro Rivadavia “que tiene abundante producción y que los obreros habitan en casas, habitáculos llamados carpas, que no tienen ni siquiera las más mínimas condiciones de confort para sus habitantes (DS: 113-114)”. Como puede observarse, el argumento sobre la población vuelve de algún modo a la discusión previa sobre los criterios de pertenencia. El gobierno de la comunidad debía quedar a resguardo de una región marcada por la tranquilidad de la vida rural, agrícola ganadera, antes que quedar a merced del ritmo frenético, fluctuante y en constante movimiento de la explotación petrolera.

Conclusiones

En consonancia con los estudios sobre la relación entre nacionalización y territorialización de la política en la Argentina, el análisis identitario comparte la idea de que el proceso de integración del territorio, del pueblo y del Estado impactó en la provincialización de los territorios nacionales. Ahora bien, el lugar importante que dicha integración adquiere en el estudio de la constitución de un espacio político no puede dejar de lado los procesos que llevaron a su conformación. La ciencia política no ha dirigido su mirada hacia la constitución de las comunidades cívicas sino que las ha tomado como dadas y uniformes. El adjetivo “cívica” dejaría la imagen de un pueblo rasado igualitariamente por la vara de la ciudadanía y, en el caso de Chubut, ubicado en una geografía que dificultaría que dicha igualdad se vea superada por la centralización del poder. De este modo, el proceso de integración daría lugar a la instauración de “un” orden institucional, dispuesto en “un” territorio para “un” pueblo cívicamente homogéneo.

En esta dirección, pueden señalarse dos cuestiones.

Una es que para la literatura el carácter cívico de estas comunidades se desprende de su origen puramente institucional. Desde este punto de vista, el carácter de la comunidad depende de la norma institucionalizada que otorga la ciudadanía y legitima así la pertenencia. Esto permite distinguir este tipo de constitución comunitaria de otras formas de legitimación de la pertenencia que asumen características adscriptivas como la lengua, la religión, la etnia, etc. Para los enfoques institucionalistas, la definición de las condiciones institucionales de la pertenencia a la comunidad definen también las condiciones para una participación efectiva en su gobierno. Sin embargo, el estudio de la constitución de una comunidad política y los procesos identificatorios que allí se ponen en juego nos mostraron en el caso de Chubut que esta distinción entre comunidades cívicas y comunidades adscriptivas es problemática. Los estudios identitarios nos dejan ver que la definición de la comunidad política no está supeditada solamente a la definición de las condiciones (cívico-institucionales o adscriptivas) de la pertenencia, sino también a la legitimidad que habilitaría la posibilidad de gobernar los significados que adquiere la comunidad. Es decir que, si bien la legitimidad de la pertenencia es una característica relevante de la forma comunitaria, el análisis gana precisión cuando presta atención a la manera en que se legitima quiénes entre quienes pertenecen pueden estar “en la primera fila” de la comunidad y gobernarla (Foucault, 2009: 117-121). En otras palabras, la participación efectiva^[15] en la forma que adquiere la comunidad supone la escansión de la ciudadanía no con base en la posesión o no de cierto estatus legal o socio-económico, sino en el lugar simbólico que ocupan en tanto miembros en el reparto del poder comunitario.

En este sentido, los estudios identitarios nos muestran que toda comunidad política tiene carácter adscriptivo, ya que implica la adscripción de alguna característica que opera como condición para la posibilidad de participación efectiva en la dinámica política de la vida comunitaria. La comunidad política está atravesada por un clivaje central que implica que el demos, el cuerpo de la ciudadanía, no es un campo homogéneo sino que está atravesado por una distribución de lugares sociales que no está exclusivamente atada a la pertenencia cívico-legal, ni a la capacidad o incapacidad natural de algunos grupos para gobernar, ni a la falta de un derecho para hacerlo, ni a la posesión o no de riqueza, sino a la adscripción de legitimidad a su palabra al momento de decidir efectivamente en la dirección que asume la vida comunitaria, de decidir sobre lo común (Rancière, 2011: 112).

La otra cuestión que nos permiten precisar los estudios identitarios está vinculada a la competitividad política de Chubut, apoyada según la literatura en la dispersión geográfica. Las características distintivas del territorio abonarían la emergencia de una comunidad cívica subnacional plural y competitiva. En esta provincia, la geografía misma generaría una distribución horizontal de lugares sociales en la que ninguna de las diferencias que la integran tendría la capacidad de imponerse sobre las demás de forma regular y extendida en el tiempo. Pero esta imagen de pluralidad y competitividad originada en la dispersión geográfica no nos deja ver que los significados que adquieren las comunidades pueden estar marcados por una distribución de lugares sociales atravesada por un clivaje vertical y jerarquizado. A través de esa distribución, la tarea política de gobernar la comunidad es asociada a una parte de ese territorio y a ciertos elementos dentro del pueblo definido por la nueva institucionalidad producto de la provincialización. La dispersión no genera en sí misma un espacio libre de jerarquías porque lo que importa es el significado que adquiere la dispersión al momento de pensar la posibilidad de emitir una palabra legítima para gobernar.

En resumen, los enfoques institucionalistas asocian el carácter adscriptivo a rasgos esencializantes ─como la etnia, la lengua o la religión─ opuestos a la pertenencia definida institucionalmente, pero no tienen en cuenta que la comunidad no se define solamente en la contraposición entre el carácter adscriptivo de la pertenencia y el carácter cívico de la norma institucionalizada. La comunidad política es siempre adscriptiva en tanto lo que está en juego en su constitución es la legitimidad de la posibilidad de dar un sentido a los significados que le dan forma. Si no se toma en cuenta este clivaje, la definición del espacio comunitario aparece ella misma despolitizada, privada de todo carácter conflictivo y como paño contextual en el que competirían pluralmente las diferencias. Esto de alguna manera dificulta el análisis del carácter de la comunidad y de sus efectos sobre las formas que adquieren tanto el pueblo como el espacio, elementos que se definen en la disputa política por su significado.

A partir del análisis de las discusiones que se dieron en la Convención Constituyente de Chubut en 1957 pudimos analizar estos procesos en el nivel subnacional y concluir que presuponer la existencia de “unidad” en el proceso de integración institucional de un territorio y de un pueblo es problemático. No sólo por la imposibilidad empírica implícita en la existencia de varias comunidades cívicas y niveles de gobierno superpuestos compartiendo el pueblo y el territorio, sino por la lógica que adquirió su constitución. La constitución de cualquier unidad política, y esto es lo que nos deja ver el análisis de los procesos identificatorios, supone la existencia de dos tipos de límites. Los límites externos que permiten que esa unidad se distinga de otras y los límites internos a la unidad que hacen a una distribución política de los lugares sociales. Esta distribución es distinta a la idea de dispersión del poder generalmente concebida como condición del pluralismo y la competitividad política, y apunta a la definición de las voces que legítimamente pueden participar en la dirección de los sentidos y significados que estructuran la vida comunitaria. Son voces que cívicamente están autorizadas a hablar pero que son desautorizadas en su capacidad de acceder a los sentidos que deberían guiar la vida de la comunidad. En Chubut, las deliberaciones de la convención constituyente dejan ver que esas voces desautorizadas estaban asociadas al peronismo y a lo indígena y que estaban territorialmente asignadas a la zona sur de la nueva provincia en la que se encuentra la industria petrolera.

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