Entrevistadoras: Julieta Grinberg y Carla Villalta.

Mi introducción al campo de la infancia fue un poco casual. No es que elegí el tema, me fue eligiendo…

Soy socióloga recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el ‘76 me fui de acá medio eyectada a Inglaterra, donde hice un posgrado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Di mis exámenes y no terminé la tesis… Después en el ‘84 hice un posgrado en España de Formación de Investigadores en Administración Pública, que dictaba el CLAD de la OEA junto con el INAP de España, y en esos años también estudié en la Escuela de Psicología Social de las Organizaciones. Así que me fui perfilando por el lado de cómo pensar el Estado y sus organizaciones en el campo de las políticas sociales. De hecho mi tesina para el CLAD fue una investigación sobre la implementación de un programa social. En ese sentido, mi introducción al campo de la infancia fue un poco casual. No es que elegí el tema, me fue eligiendo… Yo por entonces trabajaba en el INAP, entonces venía de trabajar con todo el tema del Estado… La reforma del Estado es un tema que en sí siempre me inquietó, cómo repensar al Estado, y en eso me fui un poquito especializando. Me interesaba lo social junto con repensar el Estado. Pero bueno, en el ‘86 me fui de allí y encontré trabajo en primer lugar con temas de infancia. Hacia fines de los ‘80, antes de que se sancionara la Convención, trabajé un tiempo con todo el tema de los chicos de la calle en un programa del Banco Mundial que apoyaba a la Secretaría del Menor, donde estaba entonces Carmen Storani. Entonces planteé, en vez de trabajar con chicos de la calle, empezar a trabajar con algunas provincias con algún modelo de intervención más colectivo. Es decir, todavía no estaba involucrada en temas de la Convención pero sí estaba interesada en cómo repensar el Estado para poder incluir a niños en esas situaciones.

A UNICEF entré en marzo del ‘90 y en septiembre Argentina ratifica la Convención. Creo que Eduardo Bustelo se incorpora a la oficina de UNICEF en Argentina en el ‘89, porque él trabajaba en UNICEF en Colombia como asesor regional en políticas sociales. Por entonces UNICEF era una oficina chica, no tenía el financiamiento que tienen ahora, no tenía programas, solo unos pocos proyectos. Éramos cinco gatos locos. Yo entro en realidad por el tema de trabajo infantil… Era un financiamiento del Comité Holandés para UNICEF, pero lo empezamos a usar para todo lo que fuera “menores”. Entonces el programa regional era Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles. ¡El enfoque no me convencía para nada! Así que en 1994 le cambio la denominación por Área Derechos del Niño, cuando vuelvo de una reunión en Colombia con Emilio García Méndez, que ya era asesor regional de UNICEF. Y bueno, estaba muy entusiasmada con la perspectiva que empezaba a proponer la Oficina Regional y le cambié el nombre al área. Yo a él lo conozco en el ‘90 o ‘92, no me acuerdo bien, en un Congreso en Brasilia, cuando era oficial del área de infancia en Brasil. Ellos venían de haber sancionado el Estatuto da Criança e do Adolescente en 1989 y la verdad es que yo quedé fascinada, entusiasmada no solo con el planteo de Emilio, sino con todo el despliegue, todos los discursos. Dije: “Por acá pasa la cosa”. Me acuerdo de que a raíz de eso lo invité a Emilio algunas veces acá, una vez en particular para hablar del tema del rol de los municipios. Se trataba de meter en los municipios la importancia del trabajo con la infancia, que todavía no estaba del todo incorporado. Había algunos directores de Niñez en el conurbano pero no sabían qué hacer porque eran temas muy incipientes… Pero la verdad es que cuando entré a UNICEF, el tema de la Convención recién estaba llegando. En la oficina de Argentina, salvo Bustelo nadie le daba demasiada importancia, si llegaba algo de la Convención se lo derivaban a Irene, que yo recién lo estaba conociendo… Entonces si bien yo entré para un programa en torno al trabajo infantil, se fueron ampliando los límites.

La Convención fue un arma de resistencia y una herramienta de interpelación al Estado

Los ‘90 fueron años en que la política social la hacían el Banco Mundial y el BID. Acá no había financiamiento para el área social, se manejaban con esa plata nada más, y con el área de menores que tenía su financiamiento de siempre. Ellos venían con una agenda de achicamiento del Estado. Era un contexto de retiro del Estado que se fue produciendo a lo largo de la década… Y en ese sentido Bustelo era muy buen director de la oficina porque vivía interpelando… Era un tipo muy combativo ideológicamente, fue la persona que nos dio un paraguas para poder discutir un montón de cosas… Se dio una situación muy anómala porque normalmente no hay representantes nacionales, tiene que ser internacional para no meterse en las internas del país, ¡cosa que hacía Bustelo fantásticamente! Él le dio una impronta muy de resistencia. Y estaba James Grant, además, el director ejecutivo de UNICEF, que era un tipo que Eduardo quería mucho, era un americano demócrata. Bueno, y además estaba la directora regional, una chilena muy polenta, digamos, muy discutidora, que se enfrentaba bastante desde lo conceptual con algunos personajes de la sede de UNICEF en Nueva York. Todo eso moldea mucho, se dio una actitud muy interpelativa. Hubo un trabajo militante en aquel UNICEF. De alguna manera la Convención a mí por lo menos me sirvió como un arma de resistencia, como una herramienta de interpelación al Estado. De interpelación a las políticas focalizadas y al histórico abordaje de los “menores”, que por su carácter residual era absolutamente funcional a dichas políticas. Entonces fue también una herramienta para plantear lo social en clave de derechos y no desde la agenda del Banco Mundial…

Mónica Rosenfeld, Irene Konterllnik y Juan Antonio Travieso en el Encuentro Federal sobre Infancia y Adolescencia. 1992.
Gentileza del archivo personal de Irene Konterllnik.

Pero era un momento muy difícil. A nivel nacional, el área que en ese momento inicial asumía todo lo relacionado a la Convención era el Consejo del Menor, que resultó estar a cargo de un interlocutor muy complejo. De alguna manera se planteaba como que la Convención no hacía falta, con la ley de patronato ya estaba bien… Yo iba a las reuniones de los jueces, era como una metida, me reunía con los jueces, pero era como arar en el desierto. Ellos decían involucrarse pero, de hecho, una adecuación del rol de la justicia a los principios de la Convención era cambiarles el posicionamiento y perder, de alguna manera, el sentido de su práctica, entonces no era fácil para ellos… También tuve reuniones con la presidente de la Comisión de la Minoridad, Irma Roy, que decía: “Todo lo que quieras, querida, te cambio la ley pero, eso sí, no me cambies el presupuesto de Atilio Álvarez…” No nos prestaban demasiada atención… Recuerdo que con Lucila Larrandart, que era consultora de UNICEF, una vez llevamos un proyecto de ley que elaboró ella, como para animar la discusión. Venía mucha gente, éramos un número considerable que nos reuníamos en una sala de la Cámara de Diputados en Riobamba y Rivadavia. Nos reunimos por mucho tiempo, pero la verdad que no pasó nada después… Creo que todavía no se entendía el alcance de la Convención en términos de las transformaciones que suponía… O sí se entendía pero, por sus implicancias, no era el momento político adecuado. Por eso fue un poco sorprendente lo de la Constitución Nacional de 1994 porque nosotros… Yo fui una o dos veces a Paraná, fuimos con el director de UNICEF, y estábamos dando vueltas, no sabíamos con quién hablar. Finalmente, Juan Pablo Cafiero nos hizo una reunión a todos los organismos internacionales con el presidente de la Convención Constituyente, que era Eduardo Menem, para promover la necesidad de incorporar los pactos internacionales a la Constitución Nacional. Pero fijate cómo son los tiempos de la política, porque fue en el ‘94 que se incorpora a la Constitución y recién en 2005 se sanciona la ley de protección integral y se deroga la ley de patronato, cuando hubo un cierto clima de época de incorporar los derechos. Pero fue muy difícil…

Encuentro Federal sobre Infancia y Adolescencia. 1992.
Gentileza del archivo personal de Irene Konterllnik.

Por eso nosotros empezamos por las provincias, había más receptividad

Recuerdo que Bustelo me pidió que viaje a Mendoza por un proyecto que promovía la inserción productiva de jóvenes. La verdad que no era mi tema, abarcaba otra franja de edad, no era trabajo infantil. Allí conozco al director de Niñez de la Provincia y, a raíz de eso, no me acuerdo bien cómo fue la secuencia, se conecta conmigo el director de Niñez de Tucumán, quien había ido a visitar Mendoza para ver cómo trabajaban allí. Tucumán no tenía nada; solo institutos de menores de la Iglesia y jueces. Punto. Se entusiasmaron porque Mendoza tenía dispositivos y algunos programas que dependían del Estado. Entonces dada la falta de iniciativas desde Nación empiezan a pensar en juntarse con otras provincias… Y no me acuerdo cómo terminamos reunidos con varias provincias en Tucumán, invitados por la secretaria de Desarrollo Social, que era una monja, para armar el Encuentro Federal que se hizo en el ‘92. Por eso nosotros empezamos por las provincias, había más receptividad. De hecho, los motores del Encuentro Federal que armamos en Mendoza en el ‘92 fueron Mendoza, Tucumán, La Pampa… El objetivo era definir las metas y el plan de acción para la infancia. Me acuerdo de que Bidart Campos sugirió a Juan Antonio Travieso para dar una conferencia sobre derechos humanos. Fue un encuentro combativo, las provincias estaban enojadas porque no había un trabajo colaborativo desde el Consejo Nacional del Menor. Se consensuaron una serie de metas que apuntaban a la creación de programas de apoyo a la familia, la reforma de la ley de patronato del Estado, el cambio de las estructuras administrativas y judiciales para adecuarlas a la Convención y la asignación de mayor presupuesto, entre otras medidas. Y más tarde, en 1997, se hizo un nuevo Encuentro Federal en Mendoza, esta vez mutitudinario, con el objetivo de avanzar en la agenda de infancia y promover el cambio de la legislación. También en este caso UNICEF apoyó a un grupo de provincias y a la ciudad de Buenos Aires, que tomaron la iniciativa, y se llegó a conclusiones más claras que en el anterior encuentro.

Una de las experiencias más importantes que acompañamos fue la de Mendoza. En un encuentro en Brasil, Emilio García Méndez –que por entonces ya era asesor de la Oficina Regional de UNICEF en Derechos del Niño– conoce a una legisladora de Mendoza, María Teresa Oldrá, quien se propone trabajar por el cambio de la legislación provincial. Lucila Larrandart me ayudó con la ley… La ley era malísima, pero es lo que se pudo hacer en el ‘95. Mendoza tenía una institucionalidad muy asentada y no era fácil que ellos aceptaran en ese momento una gran transformación. A raíz de mis viajes a Mendoza se acerca un concejal de Guaymallén que era un muchacho joven, Alejandro Vanzo, muy entusiasta. No entendía mucho del tema pero era muy empujador. Dijo: “Yo quiero que hagamos algo en Guaymallén”. Fue muy insistente, lo volvió loco al intendente y comienza a contratar gente para darle forma a un área de infancia en el municipio. Bueno, la contrata a Teresa Muñoz, que es un lujo, una persona con mucha cabeza, con mucha reflexión, que venía con experiencia pero en el área de salud, no en el área de niños, así que venía con la perspectiva de la atención primaria. Una persona de territorio… La verdad que hace un trabajo fantástico Alejandro, se rodea de buena gente. La otra es Cecilia Pelliza, que es una psicóloga, una chica muy clara, muy crítica. Y ahí empiezan a armar la experiencia. Viajamos, viajó Mirta Bokser –a quien tenía como consultora desde UNICEF–, no me acuerdo quién más viajó… La ley invitaba a los municipios a sumarse, y nosotros íbamos a hacer un experimento en función de otras ideas… Pero no fue fácil construir… Incluso Mendoza hizo su Consejo Provincial y no hubo forma de que le den una orientación, un sentido… Pero me acuerdo con mucha claridad, en la oficina del municipio de Guaymallén, Alejandro, yo y una puntera radical que era un balazo, una petisa que se metía por cualquier lado. Ahí empezamos: “Bueno, entonces vamos a hacer una oficina de protección de derechos y un servicio”, como diferenciando un área más de programas, de acción, y otra más de atención. Y ya le dimos un nombre: Oficina y Servicios de Protección, que al final quedó. La experiencia de trabajo en Guaymallén nos enriqueció mucho y creo que generamos una propuesta perfectible pero muy avanzada para ese momento.

Y después, en el ‘94, ‘95, vino el trabajo en Chubut. Ahí trabajó Sara Cánepa como consultora desde UNICEF. Ella tenía una contraparte muy activa y comprometida. Tenían gente que decodificaba lo que ella planteaba, no es que hablaba en el aire, había con quiénes hablar. Ellos habían tenido un gran maestro, Mauricio Minor, y que ya en los años ‘80, antes de la Convención, había sacado una resolución –porque creo que era director o secretario, en Chubut– muy progresista sobre el trabajo con los niños en la comunidad. Y había todo un grupo de gente que había trabajado. Uno era Jorge Walker, una persona que sigue en estos temas, ahora está creo en el tema penal juvenil, pero Jorge es de vieja data del… Aparte muy comprometido sobre el tema, formó mucha gente alrededor de eso… En Neuquén fue a través de otra legisladora: Alicia Gillone, que murió. Bueno, Alicia fue la que nos llevó a Neuquén, donde también salió una ley como se pudo. Todas las leyes salían como se podía en ese momento, con muchas limitaciones, en general malas. La de Mendoza era la peor, la de Chubut fue bastante mejor y la de Neuquén es bastante mala…

Me acuerdo de que también trabajamos asociados con la Municipalidad de Buenos Aires en la gestión de Grosso. Sería el año 1991, 1992. En ese momento había un director de Minoridad con mucha iniciativa, Mario Imas, que empieza a incluir las defensorías y crea el espacio para niños de la calle en Paseo Colón. Con él empezamos a trabajar la idea de área metropolitana. Nos reuníamos con un grupo de municipios de zona norte, de zona sur, para pensar estrategias comunes en torno a niños que deambulaban por la Capital y venían del conurbano. La idea era la vuelta a casa. Fue una experiencia preciosa que yo hice asociada con él, porque era muy importante asociarse con el Estado en ese emprendimiento. Eso habrá sido en el año ‘92. Se trataba de pensar lo metropolitano. Los chicos van y vienen, entonces la idea era ir armando articulaciones… Y más tarde, hacia principios del 2000, fue Lomas de Zamora junto a Laura Taffetani, que estaba como directora de Niñez… Era una excelente oportunidad para avanzar con una propuesta novedosa teniéndola a ella como interlocutora. Dimos algunos pasos pero luego vino el 2001 y terminó todo. Yo trataba siempre de buscar un interlocutor que pudiera habilitar un proceso, porque teníamos que acompañar la construcción de un modelo de trabajo a nivel local, como decíamos en Guaymallén “un modelo para armar”. Cada lugar va a tener su especificidad pero medianamente nos planteábamos cómo pensar circuitos, cómo organizar un sistema de protección, de qué hablamos cuando hablamos de sistema…

Cuadro comparativo de las características de las instituciones tradicionales y las instituciones alternativas sobre infancia del libro Introducción al trabajo con chicos en riesgo. Apuntes de un taller de capacitación para operadores sociales-Chaco, 1990. Publicación de UNICEF. Editorial La Crujía.
Gentileza del archivo personal de Irene Konterllnik.

Si no se interviene en el marco de un sistema de protección entonces los servicios locales se pueden ir asemejando a lo que hacían los jueces…

A mí me preocupaba que cambie la legislación que da un marco, una obligatoriedad, pero la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tampoco fue la ley que yo hubiera querido… Creo que le falta algo de carnadura en muchas cosas. Pero bueno, es la ley que salió… Creo que se sigue sin entender lo que es un sistema, porque la ley no permite entenderlo del todo… Las medidas de protección integral son indicativas pero no dan una idea de proceso de protección. Para mí hay que pensarlas en términos más amplios, en términos de procesos, en donde de repente para un chico necesitás armar un rompecabezas de recursos que modifique su situación y no asesoramiento psicológico. Yo creo que muchos conceptos se vaciaron de sentido, entre ellos el concepto de sistema de protección se ha ido reduciendo a las intervenciones del organismo administrativo… Entonces cuando me dicen que soy idealista, yo digo si no tenés esa hoja de ruta, entonces tenés esto… Y, bueno, entonces volvamos a los juzgados. No hay vueltas. Si no se interviene en el marco de un sistema de protección articulado formalmente con las políticas sociales, entonces los servicios locales se pueden ir asemejando a lo que hacían los jueces… Justamente se pasa la intervención ante amenazas o violaciones de derechos desde la justicia al ámbito de la administración, porque se supone que hay una serie de políticas sociales que tienen que ir respaldando los procesos de restitución de derechos… Ahora está la ley, hay cómo agarrarse. Entonces tenés que insistir en las provincias con que tienen que trabajar desde una perspectiva sistémica enhebrando acuerdos con las áreas sociales que tienen competencia en la satisfacción de derechos y que son las que tienen la obligación de promoverlos y restituirlos…. Aunque sea en lo que refiere a las medidas de protección integral que son anteriores, que son, digamos, las que van a hacer que se desactiven situaciones más complejas porque se interviene antes. Pero no tienen programas, no hay programas de apoyo a la familia en un sentido amplio (hábitat, trabajo, cuidados). Entonces lo único que hay es separar al niño, institucionalizarlo y darlo en muchos casos en adopción … Me parece que se terminó vaciando la idea que a uno lo había ilusionado. Y me da mucha pena, mucha pena porque la verdad que fueron años de mucho trabajo por avanzar en una perspectiva de derechos e ir superando las estructuras y prácticas tutelares. Y yo entiendo que el contexto es muy complicado, hasta más que en los años ‘90 porque en ese momento uno seguía luchando después de la recuperación de la democracia porque viniera un gobierno mejor, y ahora tenemos uno peor, es más deprimente que en esa época. Los servicios ahora están en emergencia. Pero para eso hay que financiar, se trata de un tema de decisión política además de técnica.