Entrevistadores: Julián Pérez Álvarez y Cecilia Fernández Tuñón.

Mi acercamiento a los derechos de la infancia y la juventud comenzó con la militancia política y se juntó con la vocación profesional

Mi primer acercamiento a la militancia fue en la escuela secundaria, primero como delegado de curso en el Colegio Mariano Moreno y después como presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Justo José de Urquiza. Desde ese momento apareció la idea de construir derechos. Por otro lado, hubo un acercamiento ideológico que fue descubrir por qué el peronismo había construido el paradigma “los únicos privilegiados son los niños”. La justicia social, la soberanía política y la independencia económica respecto de la niñez se comprenden en clave de derechos con un Estado presente y activo. En esta perspectiva, participé como coautor del libro La Constitución de 1949, que en mi criterio se anticipa a las convenciones de derechos humanos incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño porque garantiza derechos a partir de definir la transformación del Estado.

Luego del secundario, primero decidí ser maestro, después médico. Y lo que en general no se menciona es que fui arquero de Argentinos Juniors, pero mi familia no podía mantenerme económicamente así que enseguida empecé a trabajar. Fui maestro durante diez años en una escuela en Villa Tesei. Después elegí la pediatría, la atención primaria de la salud y el Hospital de Lanús. Terminé la residencia en 1973 y en ese momento también hacía guardias en el Hospital de Morón para completar el ingreso. Fue cuando se produjo la ocupación de un conjunto habitacional en La Matanza. A partir de esa organización comunitaria y básicamente de las mujeres, con la que me solidaricé, se conformó una junta vecinal y me convocaron para crear y dirigir un centro de salud comunitario, el único que funcionó hasta el 24 de marzo de 1976.

Entonces mi acercamiento a los derechos de la infancia y la juventud comenzó con la militancia social y política, se juntó con la vocación profesional y también con la necesidad de trabajar. Luego, ya en dictadura, me secuestraron en abril de 1978 y pocos meses después pasé a ser preso político y fui a parar al mismo pabellón del que acababa de salir Adolfo Pérez Esquivel en la cárcel de La Plata. Yo salí en el ‘82 y a la semana Adolfo entró en huelga de hambre por la aparición con vida de los desaparecidos. Lo primero que hice fue ir a verlo y le dije que necesitaba un médico a su lado. Luego él fue el referente en Argentina y quien me invitó a mí a participar del proceso latinoamericano de revisión y discusión de los borradores previos a la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la organización Defensa de los Niños Internacional.

Norberto Liwski y Adolfo Pérez Esquivel en la conferencia “Defender derechos en tiempos de ajuste” con la organización del Centro de Estudios Sindicales y Sociales (CeSyS- a.d.u.m.), agosto de 2018.
Gentileza de Prensa Agremiación Docente Universitaria Marplatense.

América Latina tenía que construir una voz

La Convención tuvo dos mesas de funcionamiento en la elaboración. Una mesa representada por un grupo de expertos designados por los Estados, encabezados por Polonia, con buen acompañamiento de Francia y Holanda, entre otros, y una mesa de representación de organizaciones no gubernamentales internacionales acreditadas ante Naciones Unidas, que para aquel momento no eran tantas. Hubo dos que marcaron el liderazgo: la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE) y Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI). Hacia mediados de 1980, me designaron junto con el fundador de DNI, Nigel Cantwell, como los dos miembros titulares de esta coordinación del buró de ONG internacional, que tenía un sistema de enlace con la mesa gubernamental.

Para comprender ese momento, hay que ir un poco más atrás. En los primeros años de la década, comenzaron procesos en la región que fueron fomentando niveles de resistencia a las dictaduras y esto fue creando nuevos espacios, nuevos circuitos y también nuevos colectivos. El de infancia y adolescencia no tenía un lugar muy destacado. El aporte más importante de la región era el surgimiento, la práctica y la presencia in crescendo de Abuelas de Plaza de Mayo y, en Brasil, Meninos e Meninas da Rua, ambos nacidos bajo dictaduras. Y un tercer actor es UNICEF. Entonces podemos ubicar una etapa que comenzó a tejerse en 1985 con la convocatoria de la Secretaría Internacional de DNI a un encuentro en Colombia. No recuerdo todos los nombres, pero de Argentina fuimos con Adolfo Pérez Esquivel y Chicha Mariani; también le pidieron a Paulo Freire que designara representantes de Brasil. Y otra personalidad muy importante, fundamental en la historia de la pediatría latinoamericana y caribeña: José Renán Esquivel.

En esa reunión en Colombia se discutió un primerísimo borrador, que ni siquiera tenía forma de Convención. Eran temas -por ejemplo: desigualdad y pobreza, universalidad de la escolaridad, erradicación del analfabetismo, altos índices de mortalidad infantil, niñez indígena, entre otros- que reconocimos que pertenecían a nuestra agenda y por consecuencia merecían ser parte del debate internacional. En la ONU se estaba discutiendo una Convención cuyo texto no siempre se conectaba con nuestra realidad. La reunión del ‘85 puso en agenda a América Latina. Y América Latina tenía que construir una voz, con la intención también de no dejarla sin presencia en el mecanismo que se había dispuesto de una mesa de elaboración de expertos gubernamentales y otra de organismos no gubernamentales. Así, se impulsó la creación de secciones nacionales de DNI. Entre el ‘86 y el ‘87 se fue tejiendo una red latinoamericana de organizaciones de la sociedad civil que tenía por objeto que la Convención no nos llegara a América Latina sin haber hecho lo suficiente, diría el canto de Mercedes Sosa.

Hay dos encuentros que a mi juicio marcaron claramente el grado de incidencia que América Latina tuvo sobre la Convención y que tuvo la Convención sobre América Latina. El más significativo fue la reunión en Buenos Aires en el año ‘87, donde se encontraron representantes de ciento veinte organizaciones de la sociedad civil de América Latina, que venían con sus respectivas discusiones acerca de los textos que hasta entonces estaban circulando. Esa reunión empezó con la aprobación de lo que se llamó la “Carta de los Derechos del Niño Latinoamericano”, que define: “Soy de tez morena. Fui a la escuela pública, mi hermano no…”. Una descripción de un conjunto de derechos que reflejaban que en América Latina teníamos una agenda de deudas en materia de derechos de los niños que era muy específica y que no estaba recogida por el texto que estaba llegando. Luego siguieron dos días de debate con recomendaciones muy concretas que Nigel y yo asumimos en las reuniones en Ginebra, al año siguiente.

La voz latinoamericana incidió en el último tramo de la redacción del texto de la Convención

Nosotros planteamos como recomendaciones incluir el derecho a la identidad –que luego se concretó en el artículo 8–, por otra parte pugnamos por incluir en el artículo 4 los derechos económicos, sociales y culturales y el compromiso de inversión de los Estados, planteamos la reforma del artículo 15 con respecto al derecho asociativo y la preocupación también con respecto al artículo 20 sobre adopción internacional. En este punto, tanto UNICEF como el gobierno del Dr. Alfonsín tuvieron una actitud dual. Nos apoyaron, pero no imaginaban que nuestro debate iba a cuestionar en un nivel tan importante el documento oficial. Se pensaba que era para darle respaldo más que para ponerlo en discusión. Lo cierto es que de estas cuatro recomendaciones principales, el artículo 8 efectivamente fue incorporado, pero hay que contar un poquito la historia.

Leandro Despouy, el director de Derechos Humanos de la Cancillería, aceptó sumar como suyo el texto que había redactado Chicha Mariani y otras abuelas, que se había aprobado en esta reunión regional. En este punto, el gobierno acompañaba a la sociedad civil. Cuando tuvimos este debate en esta articulación de los dos burós, me tocó ser vocero y me sorprendió que los representantes de los países nórdicos, de Francia, de Italia, de Holanda, no nos acompañaran y fueran algo reticentes con respecto a esta propuesta. Luego entendí que para estos países, incorporar el derecho a la identidad suponía poner en situación de crisis el funcionamiento de las agencias internacionales privadas de adopción que estos gobiernos reconocían, porque las identidades de estos niños no siempre son producto de procesos plenamente transparentes. Finalmente, otros países comenzaron a darle volumen a esta discusión y también el peso mundial de las Abuelas hizo lo suyo para que se escuchara su voz, sobre todo en la reunión de Milán, que fue la última previa a la aprobación de la Asamblea General en Nueva York en el ‘89. Esto fue un gran triunfo.

Respecto del artículo 4, referido a los derechos económicos, sociales y culturales, reclamamos que la inversión pública para garantizar esos derechos no podía estar por debajo del estándar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En realidad esa fue la discusión más técnica. Para los países europeos, esto aparecía como innecesario porque todavía estaban bajo el Estado de Bienestar. Nosotros sí que necesitábamos explicitarlos. Este fue un segundo triunfo. Sin embargo, nuestra propuesta de texto expresaba que se explicitara que el compromiso de orden presupuestario definiera la intangibilidad y no regresividad y el texto que finalmente quedó dice “en el máximo de sus recursos, y cuando estos no fueran suficientes, con la cooperación internacional”.

El artículo 15 define lo que nosotros llamábamos la construcción de la voz colectiva, particularmente pensando en las asociaciones u organizaciones de los adolescentes. Para muchos expertos el artículo 12 era suficiente al plantear que “el niño debe ser escuchado y tenido en cuenta en sus opiniones”, estaba todo dicho. Pero esa es una voz individual. Nosotros decíamos que los chicos en América Latina no son sujetos de derechos solamente cuando van a un acto administrativo en la escuela o cuando van al Poder Judicial. Nosotros en América Latina promovemos que nuestros pibes y pibas sean escuchados colectivamente. Se reúnen en la esquina, se reúnen en la parroquia, se reúnen en el club, se reúnen en la escuela. Se reúnen. Generan una voz colectiva. Logramos hasta el primer párrafo, pero el segundo lo atenúa absolutamente. En el primero, establecemos el derecho asociativo y el segundo dice “con fines pacíficos”. De todos modos, creo que fue un logro.

Y con respecto a la adopción internacional, nosotros planteamos que tal como funcionaba y funciona hoy, puede encubrir el tráfico internacional de niños. No tuvimos éxito. Sí lo logramos en la Argentina, cuando se hizo reserva de ese artículo.

Con lo cual, para cerrar esta etapa, quiero decir que América Latina se movilizó. Sus organizaciones sociales asumieron un rol protagónico en el debate. Las opiniones, las recomendaciones, la voz latinoamericana incidieron en el último tramo de la redacción del texto de la Convención.

Miramos la Convención y no miramos el marco en el que la Convención estaba siendo aprobada. Y el marco era el Consenso de Washington

En 1989, nosotros tendríamos que reconocer que hay dos sucesos, casi en paralelo y contradictorios al mismo tiempo. Por un lado, la Convención y por el otro lado el Consenso de Washington. La Convención le recuerda al Estado que es el garante del ejercicio de los derechos, debe rendir cuentas y tiene una relación jurídicamente vinculante con el Comité y sus recomendaciones. Pero en simultáneo, los mismos países de América Latina aprobaron el Consenso de Washington, que les decía todo lo contrario: “Reduzcan el gasto público. Reduzcan el nivel de intervención del Estado. Privaticen todo lo que sea privatizable. Endeuden a sus países”.

Nosotros estuvimos lentos. Miramos la Convención y no miramos el marco en el que la Convención estaba siendo aprobada. Y el marco era el Consenso de Washington. Dentro del contexto mundial marcado por la caída del Muro de Berlín, nuestro país se encontraba en un proceso hiperinflacionario. En este aspecto, la aprobación de la Convención en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas representó un signo de resistencia por parte de los Estados y pueblos, especialmente de los países del “Tercer Mundo”, entre los cuales se situaba el nuestro como parte de la región latinoamericana.

Entonces, lo que nos dieron los años ‘90 fue una hipertrofia legislativa. Transcurrieron con un entusiasmo enorme para que América Latina actualizara su legislación y la pusiera en armonía con la Convención. En algunos casos, hemos visto países que aprobaban esas nuevas leyes como una legislación enlatada. Sin debate, como un mero trámite legislativo. La demora de Argentina yo debo confesar que la pensé siempre como un acto de mayor autonomía, porque no cedíamos ante el modelo impuesto de aprobar leyes enlatadas. El discurso hegemónico era que la Convención sobre los Derechos del Niño era el nuevo paradigma. Nosotros decíamos que el nuevo paradigma iba a llegar cuando se produjeran las transformaciones institucionales reflejadas en las políticas públicas con enfoque de derechos. No es el documento en sí mismo el nuevo paradigma.

Creo que fue más rico el debate en la Argentina y finalmente cuando se aprobó en el año 2005 fue en un contexto político donde el Estado renunciaba al mandato del Consenso de Washington. La Ley 26.061 de Promoción y Protección Integral fue previa a la Ley de Educación Nacional y a la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces vivimos la experiencia de la implementación de la Convención desde una exigibilidad mayor hacia las políticas integradas.

Nota del diario Clarín del 21 de noviembre de 1989 donde se anuncia por unanimidad la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tenemos que pensar cómo construimos mecanismos de mayor participación protagónica de los chicos

Creo que a treinta años el logro mayor es de tipo cultural. Los derechos de los pibes y de las pibas, más allá del grado de ejercicio efectivo, se han incorporado a una base socialmente aceptada. De todas formas, no puedo dejar de señalar que los treinta años nos encuentran con un gobierno que ha producido que más de seis de cada diez chicos estén en la pobreza y ha situado a los muchachos más pobres como un riesgo o amenaza social. Entonces el contexto actual nos está creando una realidad que va a necesitar de una transformación muy importante de las políticas públicas. Me parece necesario reorientar la inversión pública. Por otro lado, nosotros tenemos que ir a contramano de lo que ha sido en estos años la política para el sector, es decir, la fragmentación como modalidad dominante. Debemos hacer un gran esfuerzo integrador. Si no, no hay recurso que alcance. En segundo lugar, tenemos que dejar de dividir al mundo de la niñez casi como una herencia irreversible que nos deja el patronato. La ley de protección integral no puede ser una versión actualizada de los excluidos, donde ya no vamos a decir “peligro moral o material”, pero vamos a decir “vulnerables”. Y, a su vez, la Convención propone generar un sistema, y esto supone que muchos actores intervengan coordinadamente. Yo creo que tenemos que construir instrumentos que les den a los sistemas en sus tres niveles visibilidad, pero también viabilidad, que funcionen. También creo en los sistemas paritarios, donde la representación gubernamental sea paritaria con la representación de las organizaciones sociales.

Otro punto es que tenemos una Convención sexista, tenemos que transformarla con enfoque de género. También es necesaria una construcción más sistemática de datos y la elaboración de planes de acción estratégicos, donde espero que tenga un rol central la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último y más importante, tenemos que pensar cómo construimos mecanismos de mayor participación protagónica de los chicos en general y de los y las adolescentes en particular.