Enfoques para un análisis situado

Yussef Becher

Introducción

El estudio de las juventudes en el campo de las ciencias sociales ha experimentado, en las últimas décadas, un corrimiento significativo respecto de las concepciones que privilegiaban el tiempo biológico y la edad como marcadores centrales de la condición juvenil. La emergencia de perspectivas críticas que problematizan los enfoques naturalistas y organicistas permitió reconocer que la juventud no constituye un período homogéneo ni unívoco, sino una construcción sociohistórica y situada, atravesada por desigualdades, clivajes identitarios e inscripciones institucionales diversas. En este marco, las políticas sociales dirigidas a jóvenes se configuran como un espacio privilegiado para interrogar no solo cómo el Estado clasifica y gestiona a estos sujetos, sino también cómo operan allí procesos de significación, negociación, apropiación y resistencia.

Comprender la dimensión subjetiva de estas intervenciones supone superar lecturas que conciben a lxs jóvenes como beneficiarixs pasivos o receptores de ofertas institucionales previamente definidas. Por el contrario, se trata de indagar las formas en que las subjetividades juveniles se producen en diálogo –y tensión– con discursos, prácticas y dispositivos estatales. Ello implica considerar de manera integrada dimensiones que el campo de estudios sobre juventudes ha venido complejizando: la construcción relacional de la categoría juventud; el peso de las desigualdades de clase, género y territorio; la historicidad de las experiencias juveniles; y los modos concretos en que los programas, servicios y agentes estatales interpelan, modelan o condicionan tales experiencias.

A su vez, las perspectivas contemporáneas sobre el Estado y las burocracias permiten avanzar hacia un análisis que reconozca su carácter heterogéneo, segmentado y atravesado por relaciones de poder que no son unidireccionales. Desde los enfoques foucaultianos y posfoucaultianos hasta los desarrollos de la antropología del Estado, el énfasis se desplaza hacia los modos específicos en que se ejercen, negocian y disputan prácticas de gobierno, como también hacia los márgenes, las grietas y los espacios de reconfiguración que habilitan las intervenciones sociales.

Considerar esta complejidad resulta especialmente relevante en el estudio de las políticas sociales, cuyos procesos de formulación e implementación no pueden pensarse como etapas lineales ni escindidas, sino como ámbitos en los que diversos actores –agentes estatales, organizaciones, profesionales y lxs destinatarixs– producen de manera cotidiana sentidos, reglas y formas de relación. Desde esta perspectiva, lxs jóvenes no solo son objeto de políticas, sino sujetos que participan de su performatividad productiva, transformando también las modalidades de su funcionamiento.

En este artículo se proponen una serie de enfoques y categorías teóricas especialmente fértiles para abordar la subjetividad juvenil en políticas sociales. A partir de un diálogo entre los estudios de juventudes, los análisis sobre género y generaciones, la antropología del Estado y los debates contemporáneos sobre formulación e implementación de políticas, se busca delinear un marco conceptual que permita comprender con mayor densidad las experiencias juveniles dentro de los dispositivos estatales. Este recorrido pretende, asimismo, ofrecer herramientas para investigaciones futuras que busquen dar cuenta de cómo se configuran, disputan y transforman las subjetividades en el cruce entre juventudes, instituciones y políticas públicas.

Juventudes. Más allá del reloj de arena

El paso del tiempo biológico fue el principal elemento considerado por las ciencias sociales –hasta fines del siglo XX– para determinar el inicio o fin de una etapa en la vida de lxs jóvenes (Hall y Jefferson, 2000). Por consiguiente, los discursos naturalistas y organicistas tuvieron una importante influencia, pues en ambos casos se colocaba énfasis en las transformaciones biopsíquicas (Macri y Van Kemenade, 1993; Chaves, 2005, 2010). A partir de ello, la edad se convertía en el único aspecto común de la juventud en todas las sociedades, y su principal caracterización surgía de la no correlación entre lo físico y lo psíquico.

Los estudios estadísticos han sido influenciados por dicha perspectiva y, por ello, la necesidad de establecer un corte demográfico: edades a partir de las cuales se es o deja de ser joven (Chaves y Faur, 2006). A nivel nacional se pueden mencionar los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) –que coloca la edad joven entre los 15 y 29 años–, y, a nivel internacional, los de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señalando estas dos últimas como etapa biológica juvenil a la comprendida entre los 14 y 24 años^[1].

Teniendo en cuenta tales delimitaciones etarias, corresponde mencionar el ámbito jurídico donde el corte demográfico establecido por las leyes también ha ejercido su incidencia. Entre ellas, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; asimismo, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño. Tal como expresa Krauskopf (2000), las limitaciones etarias en materia jurídica pueden resultar complejas, pues el sujeto joven queda subsumido en la condición sociojurídica de adultx, de allí que se le aplique la legislación correspondiente a una condición que no le es propia.

En relación con lo anterior, Margulis (2015) indica que la edad –categoría atribuida al cuerpo– no es suficiente para abarcar la significación social que rodea a la juventud, como tampoco predecir a partir de dicho dato características, comportamientos y posibilidades de lxs jóvenes en la sociedad actual. A partir de ello, se introducen en el análisis de la cuestión juvenil un conjunto de signos que construyen un estilo propio: “La juventud-signo se transforma en mercancía, se compra y se vende, interviene en el mercado del deseo como vehículo de distinción y de legitimidad” (Margulis y Urresti, 1996, p. 3). Por lo tanto, se produce una fuerte ligazón con el mercado de consumo, con el aporte de los medios de comunicación masivos, de modo tal que, a mediados de los años 60, a nivel mundial, se reconoció el origen de la juventud como un sector social propio y diferenciado de otros. Aunque no fue el único factor que incidió en tal emergencia, pues los hubo también de índole política y vinculados a la construcción del colectivo como sujeto de derechos (Feixa, 1998; Hall y Jefferson, 2000; Reguillo, 2000).

Pero la juventud no es solo signo. Por consiguiente, se toma distancia –aunque ello no conduce a desconocer su importancia– del texto La juventud no es más que una palabra de Bourdieu (1990), pues no solo se trata de una construcción cultural, sino que también influyen condiciones materiales que provienen del contexto. Por ello, deben introducirse en los análisis variables que derivan del estudio de las desigualdades sociales. En ese sentido, Margulis (1994) y Margulis y Urresti (1996) proponen el concepto de “moratoria social”, el cual permite distinguir entre las condiciones materiales y simbólicas en que transitan su existencia lxs jóvenes pertenecientes a clases altas y sectores populares. Lxs primeros identificarán dicho período con una etapa para postergar exigencias –principalmente las que provienen de la conformación de una familia propia y el empleo–, por ende, la posibilidad de gozar de un tiempo legítimo para dedicarse al estudio y la capacitación. En cuanto a lxs jóvenes de sectores populares, la situación es distinta, pues no poseen el tiempo o el dinero necesario para disfrutar de iguales capitales que sus congéneres de clases medias o altas; en los jóvenes de estratos socioeconómicos medios o bajos, la juventud se define por la posición que ocupan dentro del núcleo familiar (Margulis y Urresti, 1996; Margulis, 2015). Dadas las limitaciones del concepto de “moratoria social”, ante la situación de lxs jóvenes que no son portadores de los signos ni de los capitales que definirían a la juventud, se acude a una experiencia material que resulta de la moratoria vital, “un modo particular de estar en el mundo, de encontrarse arrojado en su temporalidad, de experimentar distancias y duraciones” (Margulis y Urresti, 1996, p. 3). Ahora bien, ¿en qué se diferencia de la edad estadísticamente considerada? No solo se limita al tiempo cronológico, sino que se interesa por la edad procesada por la cultura, en consecuencia, como en todo enfoque cultural, lo que importa es la historicidad (que proviene del contexto social) y la problematización acerca de lo instituyente, lo instituido y el movimiento (Reguillo, 2000).

En ese sentido, la noción propuesta para incorporar tales dimensiones es la de “generación”. Leccardi y Feixa (2011) mencionan tres momentos históricos relevantes para el análisis generacional:

1. los años 20, en los que surgió la noción de “relieve” debido a la sucesión y coexistencia de las diferentes generaciones;
2. los años 60, el período de la protesta, con el concepto de “vacío generacional” sustentado sobre la teoría del conflicto;
3. los años 90, con la aparición de la sociedad en red, en los que se originó la noción de “lapso generacional” al advertir la existencia de una generación más experta que la anterior en tecnologías digitales.

En los últimos quince años, ha habido un importante progreso en materia de indagaciones transgeneracionales que involucran a la juventud, lo cual ha permitido centrar la atención en otros clivajes identitarios tales como el sexo-género. Se menciona la necesidad de incorporarlos no como una mera variable de análisis, sino en términos de lo que producen o configuran: lo que se significa, experimenta, crea o impugna, constriñe, sanciona y regula en su relación con la clase, la edad, la etnia, las prácticas institucionales, políticas culturales, estéticas, entre otras (Elizalde, 2015). El sexo (al igual que la edad) ha sido uno de los principales clasificadores sociales en las distintas sociedades. La consideración de aquel, según la perspectiva teórica que se propone acerca de la juventud, conduce a introducir distinciones en relación con la moratoria social y vital, pues las mujeres se encuentran condicionadas por la maternidad, y de allí que el tiempo de mora se modifica, lo cual no solo afecta los aspectos socioculturales de la juvenilización, en cuanto estilo, sino también los que recaen sobre el cuerpo (Margulis y Urresti, 1996; Margulis, 2015).

Al mismo tiempo, es preciso añadir otra arista respecto de la cual se ha avanzado en los últimos años en el campo de estudios sobre juventudes: la construcción territorial (Castro, 2015). En ese sentido, los informes sobre investigaciones en el área muestran una mayor amplitud de indagaciones que ya no solo se concentran en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana, sino también en otras regiones del país (Chaves, 2009; Zaffaroni, 2012; Borobia, 2014; Rovacio, Arias, Galetto y Pacheco, 2016; Beretta, Cozzi, Estévez y Trincheri, 2017; D’Aloisio, Plaza Schaefer y Previtali, 2019).

De lo antes mencionado, es posible advertir que la juventud es un concepto construido de modo relacional con otros criterios identitarios (la edad, el sexo, el género, la clase), que muestran la heterogeneidad de las condiciones en que se encuentra anclada la existencia del colectivo, por ello, el uso del término “juventudes”, tal como afirma Vommaro (2015): “Pensamos entonces, junto con otros autores, que la juventud es una noción dinámica, sociohistórica y culturalmente construida, que es siempre situada y relacional” (p. 17).

El género en la construcción de la subjetividad

El género construye una diferencia al interior del sistema de posicionamientos sociales, por lo que Joan Scott (1996) lo define considerándolo un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las distinciones entre los sexos, y una forma primaria de relaciones significantes de poder. En cuanto al primer punto, señala que el género comprende cuatro elementos: símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y contradictorias; imposición de representaciones dominantes; influencia de instituciones y organizaciones sociales (familia, empleo, educación, política); construcción de identidades de género vinculadas con organizaciones y representaciones culturales. Con relación al segundo punto, Scott (1996) afirma: “… el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (p. 26). Por consiguiente, construye relaciones asimétricas entre varones y mujeres tanto en el ámbito doméstico, con la asignación de responsabilidades de cuidado, como en los espacios públicos.

A partir de desarrollos posteriores, Judith Butler (2007) plantea el carácter de construcción social de aquello que consideramos como natural o dato biológico que proviene del sexo. En ese sentido, tanto sexo como género son construcciones sociales; sin embargo, algunas autoras (Lamas, 2002; Facio y Fries, 2005; Pautassi, 2007; Richard, 2008) sostienen que conviene mantener la diferencia entre los conceptos a fin de reconocer las desigualdades que derivan de los patrones socioculturales en torno al género.

Tal como asevera Margulis (2015), tanto la edad como el sexo constituyen dos de los principales clasificadores sociales, aunque existen profundas distinciones entre uno y otro. Por su parte, Mintz (2008) establece las semejanzas entre ambas categorías, por cuanto son un constructo social que implica una urdimbre de significados y valores particulares insertos en un contexto cultural; no obstante, como señala el autor, a pesar de estas coincidencias, existen notables contrastes pues la edad es una etapa más fluida, mientras que las diferencias sexuales, como componente de la desigualdad, tienden a acompañar la experiencia vital. Asimismo, tal como se refirió, al igual que otros condicionantes sociales, se interrelacionan con clase o sector social de pertenencia, por lo cual el sexo es más proclive a ser objeto de segregación y prácticas discriminatorias que la edad. Ello equivale a afirmar que es posible que vivencie mayores situaciones de discriminación una mujer joven pobre que un varón joven pobre.

Elizalde (2015) afirma que en los últimos años se han producido avances en las ciencias sociales en torno a considerar la edad como una etapa de transición hacia otra, pero con las identidades sexuales y de género no ha sucedido lo mismo, pues aún se las considera como una condición estable más que como una posibilidad de experiencia que puede ir modificando con el paso del tiempo.

Sobre la concepción de Estado y burocracia

Según el enfoque que se adopta, el Estado es representado como dos polos, en uno de sus extremos se encuentra el poder dominante de lo público y, en el otro, las resistencias. Tales ideas son herederas del pensamiento foucaultiano sobre el poder, las cuales suponen, como explican Abélès y Badaró (2015), “deslegitimar los instrumentos tradicionales de la teoría política” (p. 57), por cuanto el acento no está puesto en lo que legitima al poder apelando a los modelos institucionalistas: acá lo que importa es cómo, en el sentido de los fines que se persiguen, y sobre quiénes se ejerce el dominio estatal. A partir de ello, el sujeto se convierte en el foco de atención, pues, tal como explica Foucault (1988), “no hay una relación de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual regreso” (p. 19).

Deleuze y Guattari (2004) reconocen en el Estado, como en toda institución, una segmentariedad que se objetiva a través de la presencia de líneas molares y moleculares; se trata de espacios en donde las personas se encuentran con estructuras menos permeables, lo molar, pero, al mismo tiempo, con flujos externos, moleculares, que van agrietando las estructuras y adquiriendo menor o mayor visibilidad. En ese sentido, Guattari y Rolnik (2006) señalan:

Toda problemática micropolítica (que es el ámbito de lo molecular) consiste, exactamente, en intentar agenciar los procesos de singularización en el propio nivel en el cual emergen […] con el fin de frustrar su cooptación por la producción de subjetividad capitalística (p. 152).

Haney (1996), por su parte, en su etnografía sobre ámbitos públicos, menciona que el Estado se halla conformado por diversos contextos institucionales que muestran dualismos y heterogeneidades; aclara: “Estos dualismos problematizan la predominancia de concepciones del Estado como una estructura homogénea y singular” (p. 773. Traducción propia). En consecuencia, sugiere la posibilidad de comprender lo público como un ente fragmentado y en capas, con varios sitios de control y resistencia. Sumado a ello, el aporte de Das y Poole (2008) contribuye a comprender el modo en que se comportan e interrelacionan los espacios de control y resistencia; las antropólogas parten de considerar la existencia de márgenes en donde el Estado disminuye su capacidad de regulación, de allí que los actores puedan reapropiarse de sus mecanismos de disciplinamiento. Tales márgenes no se ubican por fuera del Estado, “sino […] ríos que fluyen al interior y a través de su cuerpo” (p. 29), y es allí, en esa intersección entre lo público y los sujetos, donde se producen formas de resistencia que logran modificar, en algunas circunstancias, la regulación estatal. Si bien el Estado es representado por dos polos –de un lado, el dominio de lo público, y del otro, las resistencias–, vale aclarar que la relación entre ambos no es lineal; por ende, aparecen modos particulares de negociación que, tal como señalan Abélès y Badaró (2015), contribuyen a desmitificar la imagen de un Estado que ejerce poder sobre un ciudadano ingenuo:

… no quedar atrapado en la trampa del binomio heurístico subordinación-resistencia… la tendencia a concebir la posición de los actores sociales en estas relaciones sea como subordinados que acatan pasivamente su subordinación… (p. 73).

Políticas sociales: presupuestos teóricos

Oszlak y O’Donnell (1981) definen las políticas públicas como el conjunto de toma de decisiones, por acción u omisión, de parte de la administración pública, que manifiestan una determinada modalidad de intervención ante una cuestión que concita la atención, el interés o la movilización de otros actores de la sociedad civil. Por ende, las políticas sociales constituyen una forma específica de intervención estatal; se trata de aquellas de contenido social que se orientan, en el sentido que moldean y producen, a las condiciones y la reproducción de la vida de un determinado sector de la sociedad, especialmente operando en el momento de la distribución secundaria del ingreso, tras la aplicación de tributos (Danani, 2004).

Si bien las políticas sociales, en el contexto de los Estados de bienestar, buscan remediar las disparidades producidas por el sistema capitalista, de allí el efecto compensatorio que ejercen sobre él, además pueden lograr modificaciones favorables en las condiciones de vida de la población. En ese sentido, tal como señalan Adelantado et al. (1998), las intervenciones sociales suelen aparecer como una “red salvadora” de todo aquello que el mercado centrifuga en “las cunetas de la periferia” sin negarle su potencia redistributiva. Aunque, continúan lxs autorxs, aquel no sería el papel central de las políticas sociales, más bien lo contrario, pues en su labor de estructuración social definen y modulan desigualdades sociales, con efecto a corto o largo plazo; por lo tanto, en la mayoría de los casos, no logran modificar las estructuras sociales injustas, sino que las sostienen o perpetúan.

Comúnmente, tales políticas han sido estudiadas según su diferenciación en dos etapas que, a su vez, comprenden otras: diseño e implementación. Mientras que la primera se encuentra asociada al interés general de la sociedad, la segunda, a la burocracia estatal (Oszlak, 1980; 2006). Sin embargo, otrxs autorxs plantean diferentes distinciones que incorporan aspectos compartidos de las fases de diseño e implementación. Por su parte, Regonini (1989) propone el análisis de las intervenciones sociales a través de imágenes monocéntricas y policéntricas. El primer enfoque responde a las teorías normativistas de la democracia y el papel central de las decisiones gubernamentales en las que no solo ocupa un rol importante el gobernante, sino también el partido político (party government); en consecuencia, esta perspectiva posee mayor recepción en las investigaciones sobre implementación. En cambio, las imágenes policéntricas de la política ponen énfasis en el examen de las negociaciones del gobierno con grupos de interés, lo cual permite una visión más amplia en relación con los actores que intervienen en el policy making; asimismo, se incorpora la imagen de la comunidad para explicar la participación de determinados actores (Regonini, 1989).

Al mismo tiempo, otrxs investigadorxs en el área sugieren nociones tales como “gestión social”, “elaboración de políticas”, “performatividad” y “productividad”. A partir de la distinción entre políticas y programas sociales, en donde las primeras responderían a procesos amplios –“cuestiones socialmente problematizadas”–, en tanto los segundos se orientan a resolver problemas específicos desde un diagnóstico expresado en sus objetivos, la gestión social se vincula con las intervenciones sociales “en acto”. Ello implica una mayor proximidad con los programas y, en particular, con su etapa de implementación, aunque se considera que la gestión actúa como mediadora entre la política y las acciones concretas, entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población (Chiara y Di Virgilio, 2009). Por otro lado, se usa el concepto de “elaboración de políticas” como un modo de integrar sus diferentes etapas, especialmente, el diseño, la gestión, el monitoreo y la evaluación (Giménez Mercado y Adarme, 2010). En relación con las nociones de “performatividad” y “productividad”, La Serna et al. (2010) señalan que la primera instancia se relaciona con las interacciones que se producen entre los actores colectivos y el Estado, motivados en su actuación por el interés sobre la orientación de la política; en tanto la segunda etapa, momento productivo, refiere a los intercambios “cara a cara” entre prestadores (médicos, asistentes, educadores) y receptores de los servicios (pacientes, pobladores, alumnos), por consiguiente, en esta última la política adopta sus rasgos más concretos y definitivos. Desde la antropología y los estudios etnográficos, se advierte que las políticas no pueden ser analizadas escindiendo etapas de formulación e implementación, como tampoco dejando fuera a los sujetos de dicho proceso, por lo cual deviene necesario “hilar prácticas” y relaciones sociales que producen y van produciendo, reproduciendo y dando forma a las políticas (Isacovich, 2013). Por ello, si bien se utilizan los conceptos de “diseño” (o “formulación”) e “implementación”, se considera fundamental incluir en cada una de las “etapas” de la política social el rol asignado a lxs destinatarixs, actores con intereses particulares que se vinculan entre ellxs y con lxs agentes estatales.

Conclusión

El recorrido realizado permite afirmar que el análisis de las juventudes en el marco de las políticas sociales exige poner en tensión las nociones que históricamente han ordenado su estudio: la edad como marcador central, la linealidad de los ciclos vitales, las definiciones homogéneas de generación, como también las concepciones del Estado y la burocracia como estructuras unívocas y coherentes. Tal como muestran los aportes revisados, las experiencias juveniles se configuran en el cruce entre condiciones materiales desiguales, procesos simbólicos de identificación, relaciones de poder generizadas y territorializadas e interacciones situadas con agentes, dispositivos y prácticas estatales. En este sentido, la subjetividad juvenil no puede concebirse como un dato previo ni preexistente, sino como una forma en producción permanente, modelada y disputada en los espacios concretos donde se despliegan las políticas.

El reconocimiento de esta complejidad abre una serie de interrogantes que invitan a profundizar futuras indagaciones. En primer lugar, se vuelve pertinente explorar cómo se reconfiguran las subjetividades juveniles cuando los dispositivos estatales operan en clave performativa, es decir, cuando la política adquiere formas específicas en el intercambio cotidiano entre profesionales y destinatarixs. ¿Qué nuevas modalidades de interpelación emergen allí? ¿Qué criterios de legibilidad, clasificación o distinción se actualizan, se negocian o se impugnan en esas escenas?

En segundo lugar, resulta necesario avanzar en análisis que articulen las desigualdades de clase, género, etnia y territorio no solo como condicionantes externos, sino como elementos que estructuran de modo diferencial la experiencia institucional. ¿Cómo se traducen estas desigualdades en expectativas, posibilidades, tiempos de la moratoria social o vital y en los modos de participación en los programas? ¿Qué subjetividades se habilitan y cuáles se restringen en función de estos clivajes?

Un tercer eje para profundizar refiere a la necesidad de comprender la heterogeneidad interna del Estado, sus tensiones, márgenes y capas. ¿Cómo inciden estas variaciones institucionales en la producción de subjetividades? ¿De qué manera las líneas molares y moleculares, los espacios de control y los márgenes de reapropiación estatal generan oportunidades distintas para la negociación, la resistencia o la creación de sentidos juveniles?

Finalmente, se abre la pregunta por las transformaciones contemporáneas en las formas de agencia juvenil, particularmente en contextos atravesados por reconfiguraciones tecnológicas, precarización laboral, cambios en los vínculos afectivos y conflictos en torno al reconocimiento de identidades sexo-genéricas. Indagar cómo estas dinámicas amplían, tensionan o redefinen las subjetividades que las políticas buscan moldear constituye un desafío central para las investigaciones futuras.

En conjunto, estas líneas de análisis invitan a pensar las políticas sociales no solo como instrumentos de intervención, sino como espacios donde se (re)producen formas situadas de ser joven. Atender a esas configuraciones –sus límites, posibilidades y disputas– no solo permite comprender mejor los procesos contemporáneos que atraviesan a las juventudes, sino también aportar a la construcción de políticas más reflexivas, sensibles a la heterogeneidad social y capaces de reconocer a lxs jóvenes como sujetos activos en la producción de su propia experiencia.

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