Transformaciones de la atención estatal en el PROGRESAR

Yussef Becher

Introducción

“El que responde es un bot”, dijo uno de los jóvenes entrevistados en la investigación^[1]. Comenzar el artículo con tal expresión verbal permite enunciar su objetivo: problematizar la dimensión virtual de la gestión del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) desde la perspectiva de lxs jóvenes receptorxs, acentuando –tal como se evidenciará– algunos ejes posibles.

El PROGRESAR ha ido mostrando en su implementación –desde 2014– una incorporación paulatina de las tecnologías de la información hasta que, tras la pandemia por COVID-19, algunos trámites vinculados al programa fueron totalmente virtualizados. Desde hace tiempo, más precisamente a partir de una tesis de maestría aprobada en 2016, se vienen indagando diferentes aspectos ligados al PROGRESAR, lo cual permite aseverar que la inclusión de dispositivos digitales en tal programa ha sido contundente. En ese sentido, la actual investigación posdoctoral posibilita profundizar en tal dimensión virtual. Dicho estudio se desarrolla en la provincia de San Luis (Argentina) –específicamente la ciudad de Villa Mercedes– y adopta un enfoque metodológico cualitativo. Asimismo, se centra en una de las líneas del PROGRESAR dirigida a juventudes universitarias, dado que su presencia en tal ciudad es más significativa por cuanto allí se radican dos universidades nacionales: Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME).

El artículo se divide en cuatro apartados. El primero de ellos introduce la relación entre burocracia y virtualización como parte de una dinámica social más amplia que se acrecentó durante la pandemia; se continúa con una descripción pormenorizada del PROGRESAR en cuanto programa socioeducativo y laboral del Estado nacional, considerando las improntas de los distintos gobiernos nacionales que han estado a cargo de su ejecución. Seguidamente, se propone adentrarse de lleno en el análisis del objetivo planteado en el texto, apelando a las voces de lxs jóvenes entrevistadxs. Y, por último, se arriba a conclusiones que sugieren interrogantes sobre los cuales se espera avanzar en la indagación posdoctoral en curso.

Burocracia y virtualización

La virtualización de la vida social es un fenómeno progresivo, pero vertiginoso. El filósofo francés Éric Sadin (2022) ubica en la segunda mitad del siglo XXI la emergencia de una antrobología, que implica un vínculo cada vez más estrecho entre las tecnologías digitales y el cuerpo humano; según el autor, el dispositivo fundante de tal amalgama es el smartphone:

Se trata de la aparición de un acoplamiento inédito entre organismos fisiológicos y códigos digitales, que se teje induciendo una tensión inestable entre aptitudes y misiones otorgadas a lo humano, por un lado, y a las máquinas, por el otro (Sadin, 2022, p. 31).

Sin duda, la pandemia aceleró el proceso de virtualización actual de la vida humana. El encierro total en los hogares durante la primera etapa de la emergencia sanitaria condujo al uso masivo de los dispositivos tecnológicos como sustitutivos de la presencialidad. A partir de tal momento, se impusieron tecnologías, tales como los programas de videollamadas, que no eran de un uso tan habitual y extendido, como también se evidenciaron las brechas digitales y la sobrecarga de tareas de cuidado para las mujeres en toda la región, quienes dedicaban 4,1 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado frente a 1,7 horas de los varones (ONU Mujeres, 2020). Vale agregar que la tecnología fue un recurso empleado casi a nivel mundial, con diferentes intensidades, que permitió el control de la pandemia. Han (2020) relata el uso de las tecnologías digitales durante la crisis sanitaria en Asia, señalando que la cultura en tales países permitió una rigurosa vigilancia digital que no tuvo demasiadas resistencias. Sin embargo, como advierte el mismo autor en otro texto (Han, 2014), apelando a la noción de “psicopolítica”, los modos de vigilancia contemporáneos adquieren formas subrepticias que, en lugar de disgustar, buscan agradar, incluyendo a las tecnologías, por lo que se instaura una psicopolítica digital (Han, 2020)^[2].

En Argentina, la burocracia estatal, y en ella la de corte asistencial, no se mantuvo ajena al fenómeno de la virtualización. En ese sentido, Arcidiácono y Perelmiter (2024) reconstruyen el camino que condujo a la instauración del “mostrador digital” en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El primer antecedente corresponde al año 2006, cuando se implementó la primera prestación enteramente digitalizada: Jubilación Automática para Autónomos Puros (JAAP), que supuso la articulación de bases de datos entre ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y alcanzó a 1.300.000 beneficiarixs. En 2008 se creó el portal Autopista de Servicios de la Seguridad Social, que brindaba atención a personas que tramitaban jubilaciones, asignaciones familiares y otras prestaciones; de allí que los accesos a la web del organismo pasaran de 200.000 a fines de 2005 a más de 7.000.000 a principios de 2008 (Finquelevich, Prince y Jolías, 2011, citado por Arcidiácono y Perelmiter, 2024). Por su parte, en 2014 se lanzó la aplicación telefónica ANSES Móvil, que permite efectuar gestiones a través del celular sin tener que asistir presencialmente a ANSES ni contactarse por teléfono con unx operadorx del organismo. En 2020, durante la pandemia, se puso en funcionamiento el aplicativo Atención Virtual, que posibilitaba recibir algunos trámites y realizar consultas por la web, como también caratular expedientes y mantener con consultantes una atención personalizada por mail. Por último, en 2018 se instauró el canal de atención digital Mi ANSES, el cual requiere una clave de seguridad social, que da acceso a información sobre fechas de cobro, monto de estipendios, recibos de sueldo, trámites iniciados, turnos, entre otros.

Seguidamente, se realizará una breve descripción del PROGRESAR y de los principales cambios introducidos por los diferentes gobiernos nacionales que estuvieron a cargo de su gestión.

PROGRESAR: su derrotero a través de los diferentes gobiernos nacionales

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos se comenzó a implementar desde el año 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández. Si bien inicialmente su finalidad no era totalmente nítida –más allá de la definición de su población objetivo: jóvenes de entre 18 y 24 años–, a poco de andar se fue definiendo su componente socioeducativo y laboral. En efecto, se trata de un programa de transferencias condicionadas que otorga un monto de dinero a sus receptorxs a cambio del cumplimiento de una condicionalidad educativa o de formación para el empleo (en cualquiera de sus niveles dentro de la educación obligatoria, superior o cursos de formación laboral) y un control anual de salud (DNU 84/2014). El principal requisito para acceder al PROGRESAR se relaciona con los ingresos del joven y su grupo familiar, que no deben superar tres salarios mínimos (DNU 505/15). Otro aspecto significativo del PROGRESAR es que –al igual que programas con componente no contributivo, es decir que no se sustentan con el salario de los aportantes al sistema, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE)– se ejecutaba en el ámbito de la ANSES, organismo asociado institucionalmente al derecho a la seguridad social del que gozan lxs trabajadorxs registradxs, lo cual contribuyó a promover mayor formalización en programas que antes se desarrollaban en el ámbito de ministerios e imaginarios entre sus destinatarixs ligados a los derechos e inclusión social (Becher, 2017).

En esta primera etapa –que abarcó hasta 2015–, el número de jóvenes receptorxs llegó a 696.494 (CEPA, 2025). En ese sentido, quedó evidenciado el “potencial universalizante” del PROGRESAR (Becher, 2022), que, sin ser un programa universal, logró una cobertura y un alcance muy significativos entre su población objetivo:

Durante 2015-2017 poco más del 80% de los jóvenes de 18 a 24 años del país cumplía con los requisitos para ingresar al programa y representaban cerca de 4 millones de personas. Esto da cuenta del potencial que tiene el PROGRESAR para convertirse en el programa de transferencia de ingresos con mayor cobertura de la población juvenil del país, funcionando como una extensión de la AUH para este grupo etario (Bertranou, Jiménez y Jiménez, 2018, p. 6).

Tras el cambio de gobierno en 2016, al asumir la presidencia Mauricio Macri, se produjeron modificaciones sustanciales en el diseño original del programa. Como se registró en la tesis doctoral del autor del artículo (Becher, 2021), muchas de tales modificaciones –que implicaron bajas de receptorxs y restricciones en el acceso al programa^[3]– se efectuaron de modo informal a través de ANSES hasta que se dictó el DNU 90/2018. Dicho decreto introdujo una fuerte orientación meritocrática, característica que asumieron muchas políticas de juventud en aquel período (Barcala et al., 2018), en el PROGRESAR, que comenzó a denominarse Becas PROGRESAR^[4]: se incrementaron las exigencias académicas (en el nivel universitario, se pasó de requerir la aprobación de dos materias por año a la mitad de asignaturas según año de cursada y plan de estudios); se creó un premio para quien obtuviera un promedio de 8 o superior; se distinguió entre carreras prioritarias y las que no reunían tal condición (tecnicaturas, licenciaturas en ciencias naturales y médicas e ingenierías; por ende, se postergó a las de orientación en ciencias sociales). Asimismo, se desactualizó el monto de la beca, y desde ANSES, de modo informal, hubo una interpretación más restrictiva del requisito del monto salarial que impactó –junto a los otros factores antes señalados– en la cantidad de receptorxs (Becher, 2021). Con respecto al primer punto, en el informe “El deterioro del Programa Progresar: licuación y caída en la cobertura” (CEPA, 2025), se advierte:

Entre 2015 y 2019, el poder adquisitivo de la beca Progresar cayó significativamente. Si en 2015 el promedio anual del monto real de la beca para universitarios de carreras no estratégicas equivalía a $100, en 2016 bajó a $78,6 y en 2017 a $62,2. En 2018, con la reforma del programa, hubo una leve recuperación hasta los $67,3, pero en 2019 el promedio anual volvió a descender hasta los $49,8, es decir que la beca tenía la mitad de su poder adquisitivo respecto de 2015 (pp. 5-6).

Otro cambio significativo durante este tiempo fue el traspaso del programa al Ministerio de Educación y, en su interior, a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). No obstante, tras un lapso breve, se dispuso su inserción en la reciente Dirección Nacional de Becas Estudiantiles (DNBE) perteneciente a la Secretaría de Gestión Educativa (Res. ME 2534-2018), mientras que la ANSES continuaría prestando asistencia administrativa, en especial, en lo referido al trámite de inscripción.

Este período –que comprende hasta 2019– culminó con 571.445 jóvenes receptores, por lo cual se aprecia una caída respecto de 2015 que, según diversos estudios e informes, se vincularía con el aumento de exigencias académicas y la interpretación más restrictiva –en relación con la etapa anterior– del tope de tres salarios mínimos (Lombardía, 2018; Becher, 2021, 2022; CEPA, 2025).

El gobierno iniciado en 2019 –a cargo de Alberto Fernández– revalorizó aspectos originales del diseño del PROGRESAR; sin embargo, se mantuvieron algunas de las reformas producidas durante la gestión anterior, por ejemplo, la diferenciación entre carreras prioritarias y la permanencia del programa en el ámbito del Ministerio de Educación, reubicándolo en la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa. Quizá el cambio más importante de esta etapa fue la inclusión prioritaria de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional a los que se exceptuó del criterio de regularidad que estableció el Decreto 90/2018 (Res. ME 70-2020). En esa misma convocatoria, se priorizó a los siguientes grupos de personas:

1. mujeres con hijxs de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental;
2. integrantes de las comunidades indígenas o pertenecientes a pueblos originarios;
3. personas trans;
4. personas con discapacidad.

En educación obligatoria, el máximo de edad para tales grupos se extendió a 30 años, quedando exceptuadas las identidades trans y las personas con discapacidad. Mientras que en educación superior la edad de ingreso al programa se prolongó hasta 35 años y sin límite de edad para personas trans, integrantes de comunidades indígenas o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad. A fines de 2021, se dictó el DNU 857, el cual posibilitó el acceso al PROGRESAR a jóvenes de entre 16 y 17 años, que se fundamentaría, según lo dispuesto por dicha regulación, en la situación socioeconómica que enfrentaba el país como consecuencia de la pandemia y, en particular, por la necesidad de implementar políticas orientadas a la contención y retención en el sistema educativo. En este período el número de jóvenes receptores registró un pico máximo histórico que podría estar asociado con los nuevos criterios de edad: 1.870.986 (CEPA, 2025).

Actualmente, como se señala en el informe de CEPA (2025) antes citado, el gobierno de Javier Milei iniciado en diciembre de 2023 excluyó a una gran cantidad de inscriptxs por no cumplir con requisitos y colocó trabas administrativas para nuevos ingresos, por lo que hubo una disminución que ronda el medio millón de receptorxs. Sumado a ello, se produjo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la transferencia de ingresos del programa dado que permaneció congelada hasta septiembre de 2024. En esta nueva etapa, el PROGRESAR se inserta institucionalmente en la Secretaría de Educación (Ministerio de Capital Humano) y posee tres líneas: Progresar Obligatorio (finalización del nivel secundario), Progresar Superior (carreras terciarias y universitarias) y Progresar Trabajo (cursos de formación profesional). La edad de acceso al programa comprende desde los 16 hasta los 35 años, aunque en casos excepcionales, como la carrera de Enfermería y otras situaciones particulares, no se aplica el límite de edad. El monto mensual de la beca es de 35.000 pesos, que se abona en su totalidad o con la retención del 20 % mensual, según los requisitos específicos de cada línea.

Burocracia virtual y gestión entre pantallas

En Argentina, los estudios sociales sobre el Estado y la administración pública han reflejado históricamente las interacciones entre destinatarixs de políticas y sus gestorxs; relaciones sociales que estaban mediadas de modo determinante por la presencialidad. De allí, por ejemplo, las investigaciones de Auyero sobre clientelismo político y performances prototípicas de la praxis peronista (1997), sobre la violencia estatal y social durante la crisis de 2001-2002 (2007), sobre las múltiples mediaciones estatales, sociales y culturales que atraviesan las estrategias de sobrevivencia de los pobres (2023), entre otras. Dentro del área específica de las políticas sociales, el interés académico de estos últimos años ha reparado en las características de las burocracias asistencialistas, por ejemplo, el estudio de Perelmiter (2016) sobre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante 2003-2009, el cual refleja la “vida interna” de la cara social del Estado y las pujas, las ambiciones, los dilemas y las convicciones que entrecruzan a empleadxs y funcionarixs en la provisión de asistencia, destacando –en el período analizado– una búsqueda de proximidad con lxs receptorxs de las políticas. En efecto, el encuentro “cara a cara” con lxs agentes del Estado era el que daba forma a las características principales que asumían tales interacciones; no obstante, como se señaló, la incorporación progresiva de las tecnologías de la información y con mayor impulso tras la pandemia invita a repensar los vínculos entre el Estado y lxs ciudadanxs en general y, en este caso, respecto de lxs receptorxs de programas sociales.

El PROGRESAR es un programa bisagra en ese sentido porque desde 2014 –año de inicio de su ejecución– hasta la actualidad ha ido atravesando tal incorporación de las tecnologías en su gestión. La instancia de ingreso al programa es la que parece estar más virtualizada dado que lxs jóvenes no tienen ningún tipo de contacto –ni siquiera telefónico– con representantes del Estado. Si bien en los comienzos del PROGRESAR, al igual que ahora, se completaba un formulario online a través de la web de ANSES, lxs receptorxs de nivel superior tenían que dirigirse a las respectivas universidades y solicitar un certificado de inscripción a la carrera o estudiante regular, según el caso, el cual se cargaba junto con el formulario. Actualmente, lxs jóvenes descargan su historial académico del sistema informático de cada universidad (en la UNSL y la UNVIME SIU Guaraní) y lo adjuntan al formulario; todo lo consignado allí tiene carácter de declaración jurada, por lo que se considera verídico salvo que la administración (Secretaría de Educación desde 2024) corrobore alguna información errónea al contrastar con su base de datos. Tal modalidad vuelve innecesario –al menos en esta instancia– el contacto de lxs jóvenes con la burocracia universitaria, la cual ha sido caracterizada por Ambort (2025) como burocracia satélite o gestión sui generis, por cuanto, sin pertenecer a organismos ligados directamente a la administración del PROGRESAR, ejercía un rol importante en la etapa de ingreso al programa; en efecto, las juventudes universitarias pueden prescindir de tal contacto, lo cual –como se irá advirtiendo más adelante– contribuye a la individualización de la acción estatal. Sin embargo, la virtualización del PROGRESAR no queda restringida a la etapa de ingreso. Algunxs receptorxs comentaron:

E: ¿Has tenido alguna dificultad, algún problema por el cual tener que consultar en una oficina de la administración pública?

R: No, la verdad que no. Creo que una vez tuve que consultar por un tema de la clave de seguridad social, pero lo hice todo también digitalmente. Llamé a un número que estaba ahí que te dan información para poder tener por ahí una comunicación más inmediata y me dijeron que me comunique por mail a una dirección de correo que me dieron y así fue, pero fue todo así, nada presencial.

E: ¿Y no tuviste que esperar mucho tiempo?

R: No, tampoco. Me acuerdo que me respondieron bastante rápido. El mail también, me acuerdo que me lo mandaron, creo que de un día para el otro; todo fue bastante inmediato [Ulises].

E: Y si llegás a tener algún problema, ¿sabés con quién comunicarte? ¿Hay un número para gestionar reclamos?

R: Sí, hay números de teléfono. Eh, también la página, si vos entrás a la página del PROGRESAR, cuando uno se fija si aceptaron o no, hay una parte de casilla de mensajes. Entonces ahí podés elegir por ahí si es algún reclamo o si es alguna consulta podés mandar un mensaje y te contesta [Melina].

Hasta 2018 el PROGRESAR se ejecutaba en el seno de ANSES, por lo que lxs jóvenes contaban con un órgano burocrático de gran presencia territorial –todas las provincias y algunas de sus localidades poseen unidades de atención– al cual acudir en caso de inconvenientes con el programa. No obstante, a partir del dictado del DNU 90, la administración del PROGRESAR pasó al Ministerio de Educación, lo cual limitó el alcance de lxs receptorxs a instancias burocráticas presenciales. La ANSES –en cuanto organismo de la seguridad social– presenta particularidades que no son semejantes a las de otros entes de la administración pública, tanto por su magnitud en cuanto a personal, infraestructura, recursos presupuestarios, megabase de datos, como por su carga simbólica. Con relación al primer aspecto, según datos citados por Arcidiácono y Perelmiter (2024), ANSES poseía –a comienzos de 2024– 13.500 empleadxs y 1650 puestos de conducción, que se ubicaban en las 444 oficinas de atención distribuidas en todo el país.

Puede, por ello, hacerse presente en la vida de las personas (o en sus cuentas) de modo automático, casi sin que estas lo requieran o incluso lo adviertan. La interacción cotidiana es intensa y masiva. Cada mes, recibe alrededor de 1,5 millones de llamadas y 2 millones de personas acuden a sus oficinas (Arcidiácono y Perelmiter, 2024, pp. 11-12).

Respecto a la carga simbólica de ANSES, esta recae sobre su carácter de organismo que aglutina a lxs trabajadorxs registradxs, a diferencia de las burocracias asistencialistas históricamente relegadas a lxs destinatarixs de programas sociales. En ese sentido, la inclusión de receptorxs de programas en el ámbito de ANSES, que se inauguró con la AUH y se reiteró en el PROGRESAR, supuso incorporarlxs a un universo simbólico asociado a la estabilidad y los derechos que derivan del empleo formal (Becher, 2017).

El trabajo de tesis doctoral desarrollado durante 2015-2020 permitió identificar una relación muy estrecha entre lxs jóvenes villamercedinxs receptorxs del PROGRESAR y lxs empleadxs de ANSES, ya sea porque se conocían desde antes del acceso al programa o quienes trabajaban en el organismo se interesaban por lograr cierta proximidad con tales juventudes, concediendo algunas “licencias” en cuanto a trámites u otro tipo de requisitos burocráticos. De hecho, fue significativo advertir en una entrevista grupal que dichos acercamientos entre jóvenes y burocracia suscitaban sospechas de favores ilegales, ante lo cual quienes resultaban beneficiadxs alegaban que sus contactos no ocupaban un espacio jerárquico importante en el organismo, de allí que los favores se limitaban a turnos, certificados, averiguación de trámites (Becher, 2021). Más allá de lo que se obtenía por la cercanía con lxs empleadxs, vale destacar que tales interacciones eran posibles por la concurrencia de lxs jóvenes a ANSES, es decir, se podría inferir que la virtualidad no hubiese dado lugar a ese tipo de vínculos con agentes o empleadxs del Estado.

La pandemia puso en jaque los modos tradicionales de relacionarse con la administración pública y aceleró los procesos de virtualización de la “ventanilla del Estado”. La necesidad de la reclusión total en los hogares condujo a que la presencialidad fuera reemplazada por trámites a través de dispositivos electrónicos. Otra complejidad que se agregó en ese escenario fue la del acceso a internet, pues la emergencia sanitaria evidenció las brechas digitales. Por ejemplo, un estudio realizado durante la pandemia, según datos del Ministerio de Educación, advirtió que solo entre el 36 % y el 37 % de lxs estudiantes poseía internet de alta velocidad, y que entre los principales dispositivos a los que recurrían para cumplir con las tareas escolares se encontraba el celular (OAJ-UBA, 2020). Junto a ello, fue preciso desmitificar la imagen de las juventudes como “nativas digitales”, pues el peso de las desigualdades sociales, culturales y territoriales incide en la apropiación diferencial de las tecnologías; esto es, no se trata de cualidades innatas, sino de socialización mediada por condiciones de vida diferenciales (Paulín et al., 2021). Entre lxs jóvenes receptorxs del PROGRESAR que aportaron su testimonio en la investigación, ningunx adujo dificultades con el acceso a internet. En rigor, podría estar influyendo una característica de San Luis: la cobertura casi total de internet gratuito en todo el territorio provincial. En la provincia de San Luis, desde el año 2008, en el marco de una política de inclusión digital, se construyó infraestructura para la provisión de internet gratuito. Si bien en sus comienzos empezó como un proyecto de medio alcance, suministrado a través de la denominada “autopista de la información”^[5] e instalación de algunas redes de internet, actualmente cubre casi la totalidad de zonas urbanas y rurales. El progreso en la cobertura y extensión de internet fue paulatino, pues inició por medio de la mencionada autopista, luego se instalaron redes en las principales ciudades y al interior de ellas en los espacios más transitados. Se colocaron antenas de wifi de gran extensión en hospitales y escuelas, lo cual permitió, incluso, que algunos hogares comenzaran a contar con acceso a internet en los dispositivos personales del grupo familiar, pues instalaban antenas de wifi de menor alcance que, al conectar con las provinciales, posibilitan el ingreso a la red^[6].

A partir de los discursos de lxs jóvenes, otra idea que emerge con fuerza es la de eficiencia en relación con los canales y las vías de atención digitales. Todxs alegaron, en principio, haber recibido una respuesta a la que caracterizaron como sencilla y rápida, lo cual trasciende, aunque la mayoría se mostró satisfecha, si la dificultad que plantearon se resolvió. En efecto, como afirma Sadin (2022), el ingenio humano es el que ha logrado el desarrollo de tecnologías sofisticadas dotadas de formas de inteligencia diferentes de la nuestra, por lo que es probable que logren mayor “eficiencia” respecto de actividades humanas principalmente mecánicas, tales como algunas tareas de tipo burocráticas; en verdad, siguiendo al autor citado, la tecnología ya no aparece solo como una potencia aumentativa tanto física como cognitiva, sino también “como una entidad substitutiva encargada de actuar en nuestro lugar, subterráneamente y bajo formas diversas, en función de registros de acción destinados a extenderse de modo indefinido” (p. 73). En definitiva, esta idea de eficiencia o inconmensurabilidad ha ido configurando una imagen totémica de la tecnología (Sadin, 2022), en este caso burocrática, difícil de cuestionar en la praxis o de asemejar a la tarea del empleadx públicx. Sin embargo, si bien es posible que se obtengan respuestas, que tal vez el/la empleadx o agente públicx no proporcione o eluda, que a su vez sean más veloces o ágiles, se pierde aquella “discrecionalidad” que en ocasiones resultaba favorable a lxs receptorxs de programas sociales. Como se señaló antes, en el caso del PROGRESAR, se advirtieron tales concesiones por parte de empleadxs de ANSES en turnos o trámites que eran necesarios para lxs jóvenes (Becher, 2021) y que ya no serían factibles dado que la concurrencia personal a los organismos públicos –en aquel entonces ANSES– es sustituida por las consultas o los trámites online. De allí surge la “política de la distancia” (Arcidiácono y Perelmiter, 2024), la cual no solo promete eficiencia, sino la supresión de cualquier decisión humana del proceso de asignación de prestaciones sociales, garantizando supuestos criterios objetivos de distribución que podrían ser sometidos a cualquier pedido de rendición de cuentas.

En aportes previos, se ha indagado en torno a modos de gestión híbridos e individualizantes que combinan en la implementación de un mismo programa la acción estatal y la del sector privado (Becher, 2024). Si bien en el PROGRESAR la ejecución se encuentra enteramente a cargo del Estado, es posible pensar que el fenómeno de la virtualización ha delegado parte de su gestión a lxs propixs receptorxs, quienes se manifiestan a través de redes sociales; es decir, la hibridez se da en esa conjunción entre participación estatal e individual. En la tesis doctoral (2015-2020), ya se había identificado una presencia contundente de la red social Facebook como un medio por el cual lxs jóvenes se comunicaban, compartían inquietudes y evacuaban dudas; por su parte, lxs entrevistadxs en el marco de la investigación actual indicaron:

E: ¿Estás en algún grupo en redes sociales sobre el PROGRESAR donde se puedan contactar o comentar?

R: Sí, estoy en un grupo en Facebook que se llama Beca Progresar. Y creo que me uní, no sé, el año pasado y este año, como el año pasado a mí no me aceptaron, como que mucha bola no le daba, pero está bueno porque se hacen muchas preguntas que por ahí uno tiene, entonces, sí, bueno, informarse y ver por ahí porque siempre contestan. No sé específicamente quién es o cómo es, si es alguien que será cercano al programa o trabajará, no sé, en ANSES, pero siempre hay alguien que se toma el tiempo de contestar dudas que se van teniendo, que van surgiendo.

E: ¿Y ese grupo es a nivel nacional?

R: Es un grupo a nivel nacional porque es un grupo de Face… pero de Becas Progresar en el que hay gente de todos lados; es más, hay gente no solamente exclusivamente universitaria, sino también chicos que están en el secundario [Lucas].

Vale destacar que, si bien los grupos de la red social eran de acceso restringido, tras solicitar la incorporación, quienes se ocupaban de administrarlos brindaron el permiso requerido. De allí se advirtió que las participaciones de lxs usuarixs estaban ligadas a períodos según las diferentes “marchas y contramarchas” del programa, que se reflejaron antes. Por motivos éticos, se decidió no copiar fragmentos textuales de las intervenciones de lxs jóvenes en la red, por cuanto se trataba de un grupo privado al cual solo se accedió con fines investigativos; asimismo, en ningún momento se intervino en sus comentarios.

En ese sentido, el contenido de la participación de lxs jóvenes en el grupo de Facebook fue variando, aunque siempre muy vinculado a los cambios coyunturales en la gestión del programa. Por ejemplo, hasta 2015 dichos grupos funcionaban como foros de consulta ante dudas –que se podrían calificar como menores– tales como diferencias entre ellxs, por algunos días, en las fechas de cobro de la transferencia de ingresos. Si bien no implica que no se produjeran otras dificultades burocráticas, en la red social los comentarios giraban en torno a consultas de menor relevancia. También se agregaban las referidas a cumplimiento de requisitos formales (constancias, formularios, copias de documentos). Por el contrario, con el inicio de la gestión de Cambiemos (2016-2019), y dado que se modificó desfavorablemente la situación general del PROGRESAR, las juventudes comenzaron a manifestar sus angustias e incertidumbres a través de la red. Durante los primeros meses de 2016, se empezaron a difundir mensajes sobre algunas bajas en el programa, ante lo cual surgían distintas explicaciones en torno a la eliminación de receptorxs, pues para muchxs era una acción de “ajuste” esperable de la gestión de Cambiemos, en tanto que para otrxs era “necesario” ante una supuesta saturación en la cantidad de destinatarixs. Si bien se manifestaban entre ellxs diferentes posturas ideológicas, no se producían profundas diferencias que lxs motivaran a iniciar discusiones políticas o a abandonar el grupo de Facebook; allí “la grieta”, en su faceta más nociva, no tenía lugar (Becher, 2021).

A pesar de que los grupos de Facebook eran cerrados, lo cual implicaba que administradorxs tuvieran que otorgar permiso a quien lo solicitaba, en ningún momento se dieron a conocer; quizá por la posición que ocupaban dichos miembros de la red, se esperaría de su parte algún tipo de liderazgo. Por el contrario, no se evidenciaron jóvenes que asumieran tal actitud o bien tuvieran el rol de moderadorxs u organizadorxs de las intervenciones que se iban suscitando. Por ese motivo, las participaciones de lxs receptorxs no manifestaban censuras o restricciones aparentes, pues cada unx se expresaba libremente e, incluso, sin seguir un orden en función de diálogos anteriores.

En síntesis, la interacción por la red entre receptorxs del PROGRESAR no individualiza per se, pues supone un diálogo entre jóvenes de diferentes provincias del país que conduce a conocerse y socializar aspectos de su condición de receptorxs del programa: ventajas, beneficios, dificultades, problemáticas compartidas que pueden constituir “atajos o trucos” para enfrentarse de una forma más amena a la burocracia estatal. No obstante, si bien las redes facilitan tal interacción, se delega en lxs destinatarixs resolver las dudas e inquietudes que suscita la tramitación del acceso y la permanencia en el PROGRESAR; esto equivale a sostener que la gestión del programa no recae solo en el Estado, por lo cual se produce la mixtura o hibridez entre gestión individual y pública. Ahora bien, una posible hipótesis ante el contexto actual de virtualización impuesto tras la pandemia conlleva inferir que tal mixtura público/individual se ha incrementado y, junto a ello, que la gestión entre pantallas individualiza, ergo, no solo se trata de destinatarixs que deciden autoadministrarse, sino que, fundamentalmente, la acción estatal, en su modalidad actual, transfiere a lxs receptorxs responsabilidades que históricamente correspondían al Estado. De este modo, se promueve la autogestión de trámites –incluida la inscripción al programa–, la resolución autónoma de dudas administrativas y el uso excluyente de canales virtuales, de modo que se desplaza la atención presencial.

Conclusiones

En este texto se propuso indagar la dimensión virtual del PROGRESAR (virtualización) y los cambios que ha ido introduciendo en su gestión, enfatizando algunos ejes. En primer lugar, el trámite de acceso al PROGRESAR para juventudes universitarias denota una total virtualización que prescinde, incluso, de las burocracias satélite o sui generis (Ambort, 2025). De hecho, Arcidiácono y Perelmiter (2022) han identificado que quienes antes se desempeñaban como gestorxs en la presencialidad habrían pasado a convertirse en “mediadores capilares” a través de las pantallas; sin embargo, entre lxs jóvenes receptorxs del PROGRESAR en la provincia de San Luis, no se reconoció tal presencia. Ante ello un interrogante que surge es si estarán influyendo las políticas de acceso gratuito a internet que se implementan en la provincia desde comienzos de siglo. Si bien no se cuenta con datos cuantitativos actualizados sobre brechas digitales en San Luis, es importante considerar que, en el marco de este estudio, lxs jóvenes adujeron no tener dificultades con el uso de internet. En segundo lugar, es innegable el efecto del fenómeno pandémico sobre la virtualización de la burocracia estatal, la cual ha ido supliendo casi la totalidad de instancias presenciales a las que recurrían las juventudes destinatarias del PROGRESAR. Ello obtura la posibilidad de vínculos intersubjetivos entre agentes estatales y jóvenes que podrían decantar en concesiones beneficiosas para estos últimos, aunque, para otros integrantes del colectivo juvenil, suponían favores poco éticos. En ese sentido, vale destacar la performatividad del discurso de la “corrupción” que trasunta las expresiones de lxs jóvenes que piensan de ese modo, aunque ello suponga beneficios en la realización de los trámites. Por consiguiente, la idea de la eficiencia junto a la política de la distancia (Arcidiácono y Perelmiter, 2024) que emerge con fuerza de los testimonios de lxs entrevistadxs conduce a la creencia de “objetividad” o falta de discrecionalidad en torno al uso de los recursos públicos, contraponiéndose a aquella supuesta “corrupción” de parte de quienes, por tener un vínculo más estrecho con lxs agentes estatales, lograban en la presencialidad turnos, mayor celeridad en consultas, eludir alguna constancia, etc. En tercer lugar, la virtualización del PROGRESAR que se manifiesta a través de la red social Facebook permite pensar en aspectos de la gestión del programa que son delegados a lxs receptorxs, de modo que produce una mixtura o hibridez entre la acción estatal y la privada. Tal vez el Estado no procura directamente la autoadministración de lxs destinatarixs, pero, en un contexto de incremento de vías y canales de atención virtuales –que respecto del PROGRESAR han suprimido casi en su totalidad la presencialidad–, es posible prever que aquello suceda, individualizando la experiencia de ser receptorx de un programa social.

Por último, vale detenerse en dos ejes más de análisis: por un lado, es preciso considerar que el actual gobierno nacional que implementa políticas neoliberales podría profundizar la individualidad a la que conduce la virtualización de la burocracia estatal, pues dicho modelo de gobierno se basa en una concepción de la desigualdad y la movilidad social en cuanto responsabilidad de cada persona (Dubet, 2020); de allí que el Estado no tendría por qué asumir obligaciones que serían de cada ciudadanx, ergo, ante dificultades o inconvenientes con la gestión de los programas, se estilaría que cada receptorx las resuelva por sí mismo, aunque ello conlleve el riesgo de ser excluidx de ellos, desatendiendo desigualdades de género, edades, clase y sociales en general. Por otro lado, algunas de las complejidades que imponen las tecnologías de la información no son atribuibles a la orientación ideológica de un gobierno en particular, por ejemplo: el progreso en la virtualización del PROGRESAR –y los desafíos e inconvenientes que ha ido suscitando– inició hace varios años y se profundizó durante la pandemia; no obstante, es factible reconocer que cada gobierno debe implementar políticas que disminuyan las brechas que produce la virtualización de la burocracia estatal y, mientras tanto, procurar un equilibrio entre virtualidad y presencialidad que compense las faltas de la primera o bien evaluar qué instancia de cada programa social conviene mantener de modo presencial. En el caso de la gestión del PROGRESAR, una propuesta en pos de lograr tal equilibrio sería estimular, en particular ante los primeros contactos de lxs jóvenes con la burocracia estatal, encuentros presenciales entre receptorxs que no solo permitan compartir las dificultades, sino también las experiencias positivas de ser parte de un programa socioeducativo/laboral del Estado.

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