Graciela Castro

Ya me apuran los momentos
Ya mi sien es un lamento
Mi cerebro escupe ya el final del historial
Del comienzo que, tal vez, reemprenderá.

    

Luis Alberto Spinetta

Introducción

Necesaria, vapuleada, criticada y siempre ámbito cercano para acceder a un derecho. La educación, como institución dominante en la vida en sociedad, nunca es ajena a las dificultades que la atraviesan desde el contexto histórico y político. Tanto ella como las demás instituciones dominantes (familia, trabajo) en la contemporaneidad sienten sobre su conformación el peso de las complejidades sociales.

A comienzos del 2020, la crisis por el COVID-19, de manera repentina, modificó las prácticas de las organizaciones instituidas que integran la educación. Las actividades mutaron velozmente a la virtualidad conduciendo a las y los docentes, como también a las y los estudiantes, a apelar a estrategias que, en la mayoría de los casos, se enfrentaban a desafíos no exentos de frustraciones ante la falta de expertise en el uso de tecnologías y dispositivos, ya que, aunque venían siendo utilizados en muchos casos con finalidades de diversión y también académicos, no todos los actores educativos contaban con la formación necesaria para la utilización que demandaban las circunstancias sociales de entonces.

El regreso a la presencialidad no mostró al mundo ni a la sociedad libre de dificultades, sino, por el contrario, aquellas que preexistían a la pandemia se agudizaron y visibilizaron con crudeza. Las desigualdades sociales –que ya existían– mostraron situaciones de crisis económicas y sociales, y los índices de pobreza y marginalidad continuaron su doloroso crecimiento. A ello se sumaron conflictos bélicos que, al igual que el aleteo de una mariposa –partiendo de la teoría del caos–, nos permitieron comprender que no es preciso estar en el sitio donde se origina el problema, pues, como lo señala la teoría mencionada, ante la complejidad del universo y sus circunstancias, el funcionamiento de los sistemas es impredecible en sus consecuencias.

En Argentina en particular, la pandemia y el retorno a la presencialidad mostraron la agudización de conflictos sociales y económicos que venían existiendo y creciendo soterradamente sin lograr –desde los órganos de gobierno– respuestas tendientes a resolver las dificultades de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese marco temporal, se llevaron a cabo las elecciones para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales. Si bien el candidato que finalmente obtuvo el triunfo a nivel nacional durante la campaña electoral había expresado a viva voz y apelando a modos violentos –inclusive– sus propuestas, la ciudadanía le otorgó el triunfo a través de la legitimidad en su origen.

A partir de la asunción del nuevo gobierno caracterizado por sus propios protagonistas bajo el rótulo de “anarcocapitalistas”, Argentina comenzó a transitar tiempos de exacerbación de conflictos sociales como resultado de las medidas gubernamentales. La educación no fue ajena a ello, y se iniciaron reclamos organizados por gremios, autoridades de los establecimientos y estudiantes, en particular en el nivel universitario, frente a la crisis presupuestaria que obstaculiza el funcionamiento adecuado de los organismos científicos y las universidades públicas; todos expuestos a recortes económicos dispuestos por el gobierno nacional. Las consecuencias de la crisis financiera en aquellos ámbitos han producido cancelación de programas, tanto en lo académico como en lo científico, decrecimiento en el valor de los salarios de las y los trabajadores y también incertidumbre en la continuidad de las actividades docentes. Frente al actual panorama de la educación en Argentina, vale detenerse en conocer las representaciones sociales de las juventudes con relación a ella: ¿es importante para el desarrollo social y personal?; ¿requiere cambios en sus propuestas?; ¿lo que se transmite está alejado de la realidad?

Con la finalidad de conocer las opiniones de las juventudes, desde el proyecto de investigación “Generaciones, género y cuidados: encrucijada en la construcción de subjetividades. Experiencias en territorios”^[1], propusimos una encuesta que nos permitiera contar con tales apreciaciones, no desde los reclamos institucionales ocasionados por las medidas del gobierno nacional, sino buscando las voces y los testimonios de las juventudes con relación a la educación desde sus percepciones personales.

La educación en la encrucijada de los tiempos

Es posible escuchar, casi de manera generalizada, aquella expresión que identifica a la educación como un ámbito necesario para el desarrollo de la sociedad y al mismo tiempo favorece el ascenso social de las personas. En el libro donde se analiza la situación de la educación superior regional, Arim y Cabrera afirman:

La apropiación de conocimiento siempre ha estado presente como fuente de riqueza y jerarquía social; pero en el siglo XXI es un recurso estratégico, cuya acumulación comienza a superar en relevancia la de otros activos, incluyendo a los recursos naturales, y su apropiación desigual está en la base del lugar de poco privilegio que América Latina ha tenido en la distribución de la riqueza y el ingreso (Arim y Cabrera di Piramo, 2023, 42).

Ahora bien, más allá del significado y la representación social que los Estados y las y los ciudadanos expresan acerca de la educación, vale detenerse, en primer lugar, en aspectos que hacen al presupuesto que –en especial en Argentina– se destina a la educación superior, que es el nivel al cual corresponden las juventudes que respondieron a la encuesta del proyecto de investigación y son los datos que subyacen a nuestro análisis.

Para una mejor comprensión del tema, apelamos a documentación que surge de los cuadernos del Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina (INAP)^[2]. En el informe considerado, advertimos que, del presupuesto total destinado a las universidades nacionales que reciben del Tesoro Nacional, un 90 % está destinado a salarios; el 4,7 %, a servicios no personales; 2,8 %, a transferencias; y 0,9 %, a infraestructura. Es importante señalar que las universidades nacionales se financian básicamente con transferencias del Tesoro Nacional. En el documento de INAP, se lee:

Las comparaciones internacionales ubican a la Argentina por debajo del financiamiento promedio de los países desarrollados en términos de porcentaje del PBI (se invierte alrededor del 0,8% del producto frente al 1% en los países desarrollados) y muy por debajo en términos de financiamiento por alumno, contando con alrededor de un 25% del presupuesto por estudiante con respecto a los países de la OCDE, dado que el PBI argentino es muy inferior (2020, 21).

Teniendo en cuenta que no buscamos en este texto ahondar en aspectos presupuestarios, sino los vinculados con análisis socioantropológicos, solo hacemos referencia a aquella situación para contextualizar la situación de la educación superior y las actitudes de las juventudes hacia ella. Por consiguiente, y partiendo siempre de considerar la incidencia del contexto histórico, político y social de Argentina en particular, nos detendremos en momentos especiales, que dejaron sus marcas en la educación, y en especial la que corresponde al nivel superior o universitario.

Tras el cambio de gobierno en 2015, sucedió un período de regreso de las políticas de derecha y una vez más un fuerte retroceso en las actividades científicas y académicas. En diciembre de 2019, asumió un gobierno que había concitado grandes expectativas en la mayoría de la ciudadanía tras cuatro años de complejas situaciones económicas nacionales y sociales. Sin embargo, el recorrido de la calesita de la historia no aguardaba el retorno con sortijas que alegraran el paseo, sino que una pandemia se adueñó del planeta. Desconocimiento acerca del virus, incertidumbre sobre el final y la urgencia en buscar alternativas para continuar con las prácticas propias de cada ámbito social. Una vez más, las universidades tuvieron que responder con las estrategias que fuesen posibles. De tal modo adquirieron protagonismo las pantallas: las comunicaciones mediadas por dispositivos electrónicos se volvieron la vía adecuada para mantener los vínculos sociales y laborales. Las prácticas universitarias migraron velozmente a la virtualidad, y transcurrieron dos años antes de retornar a la presencialidad. Tal vez las urgencias sociales, políticas y culturales no permitían el tiempo suficiente para detenerse y analizar las consecuencias producidas en la vida en sociedad por la pandemia. En diciembre de 2023, y tras el triunfo de un gobierno autodefinido como “anarco-libertario”, la crisis, no solo en la educación y los organismos científicos, sino en todas las áreas de la vida en sociedad, se fue agudizando, y las medidas de lucha se volvieron una constante en todo el país, como un medio de enfrentar la compleja situación socioeconómica.

En ese breve recorrido histórico anterior, procuramos describir las encrucijadas históricas y políticas atravesadas en la sociedad argentina contemporánea y, en particular, en lo relativo a las universidades públicas y los organismos científicos. Antes de acercarnos a las representaciones de las juventudes con relación al papel de la educación, consideramos apropiado detenernos en el significado, la evolución y el papel de las universidades en Argentina.

La universidad pública ante los cambios históricos

Detenerse a reflexionar acerca de la universidad puede implicar un muy interesante desafío cognitivo; sin embargo, si a ello se le suma haber sido el ámbito que elegimos para el desarrollo de la vida académica, puede traer consigo la pasión por el objeto de análisis. Esa emoción puede conducir a distorsionar la reflexión o animarnos a profundizarla. En este texto, solo consideraremos la universidad pública en Argentina. Tal vez podrían hallarse situaciones que sean similares a otros países, pero acordemos desde ya que el contexto histórico atraviesa los diversos espacios. De allí que, aunque en otros lugares un determinado modelo político o social pueda aportar al bienestar de ese país, no necesariamente tiene que esperarse el mismo resultado más allá de esas fronteras.

En Argentina, la universidad tiene su origen en tiempos de la colonia, y en cada momento de su desarrollo se ha advertido –en su actividad– la influencia del contexto histórico. Tras la asunción del gobierno nacional que asumió en diciembre de 2023, las funciones propias de la universidad se alteraron de manera alarmante. Ahora bien, no obstante que el ajuste presupuestario ha perjudicado absolutamente todas las actividades, vale detenernos en otras áreas que se relacionan con la situación académica, y acá reflexionar si hay que pensar en masividad o cupos, contenidos de los programas de estudio, como así también el papel de la universidad en un mundo con un predominio de milmillonarios dueños de empresas tecnológicas que procuran adueñarse del devenir de todo el globo, con un único fin: acrecentar sus fortunas personales y definir las políticas de los países. Estos puntos pueden orientar la reflexión, pero de lo que no hay duda alguna es de que la universidad tal como está funcionando demanda debatir hacia el interior de sus claustros, no desdeñar otros paradigmas epistemológicos y mantener el vínculo con la sociedad y los territorios.

En las siguientes páginas, procuraremos hacer una muy breve referencia a aspectos de la universidad en Argentina con el único fin de poner de relieve cómo, a través de distintos momentos de la historia del país, su funcionamiento se vio alterado por el atravesamiento de situaciones políticas del contexto. A continuación, como resultado de observaciones propias y compartidas por otras y otros universitarios, como así también provenientes de investigaciones en nuestra actividad, nos detendremos en las y los actores de la universidad: tanto docentes como estudiantes y sus actitudes frente al objeto de análisis. Desde ya que no procuramos realizar una catarsis frente al objeto, sino, por el contrario, tratar de reflexionar acerca de lo que observamos, bucear en las razones de la actual situación y, por sobre todo, intentar un análisis a partir de valiosos intelectuales que nos ayuden a transitar un camino para tratar de entender comportamientos de las y los actores de la universidad actual y si aporta seguir recurriendo a antiguos paradigmas de conocimiento o animarse a buscar alternativas académicas que permitan construir una universidad que brinde respuestas científicas rigurosas, apelando a estrategias de aprendizaje más dinámicas y siendo siempre un ámbito de compromiso científico riguroso, social y ético.

Un breve recorrido por el desarrollo de la conformación de los espacios destinados a los estudios superiores en Argentina puede iniciarse desde los tiempos de la colonia y la presencia de los jesuitas en Córdoba, a partir de lo cual se fundaría la que sería la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese ámbito de construcción del conocimiento debió enfrentar situaciones de lucha por nuevos derechos, y las acciones que mostró la Reforma Universitaria de 1918 marcaron un hito fundamental para abrir nuevos espacios educativos, sociales y en la estructura institucional. A ello, años más tarde, en 1945, la gratuidad de los estudios universitarios se incorporó como un derecho social al que todas y todos los ciudadanos y las ciudadanas podían acceder. Sin embargo, no todo ese transcurrir fue miel sobre hojuelas para las universidades argentinas. En la década de 1960, la Noche de los Bastones Largos quedó registrada en la historia como el momento de represión y detenciones de integrantes de la comunidad universitaria, muchos de los cuales debieron iniciar un largo exilio que perjudicó notablemente el desarrollo científico de Argentina. En la década siguiente, otra dictadura, la más sangrienta y cruel vivida en el país, trajo consigo muertes, desapariciones, censuras, miedos y un largo período de oscurantismo durante el cual las ciencias sociales en especial, sus docentes e investigadores, al igual que estudiantes, padecieron persecuciones y nuevos exilios internos y externos que llevaron a clausurar los espacios de formación y pensamiento crítico. La reapertura democrática en 1983 pareció augurar tiempos de crecimiento y libertad. Sin embargo, aunque las universidades públicas retornaran a las formaciones con rigor científico y sus aulas se colmaran con miles de estudiantes, las dificultades presupuestarias continuarían muchos años más, a la par de la necesidad de atender a situaciones en el funcionamiento para responder a nuevas demandas.

En la década de 1990, el gobierno de ese momento inició un período político caracterizado por la instrumentación de políticas neoliberales objetivadas en precarización laboral y la privatización de empresas públicas, y las universidades públicas no estuvieron ajenas a las reformas del Estado planteadas por el gobierno vigente en esa década. En ese entorno histórico, un informe del Banco Mundial anunciaba:

Existe una conciencia creciente de la necesidad de proporcionar recursos adicionales a las universidades. Como lo ha indicado la experiencia habida en otros lugares, la única forma de generar fuentes de ingresos estables para las universidades estriba en la recuperación de los costos, al menos parcial, mediante el cobro de derechos de matrícula a los estudiantes (Banco Mundial, 1991, p. 159).

El informe del Banco Mundial introdujo una visión economicista de los estudios superiores, al tiempo que también llevó a un desconocimiento de las singularidades de los países. Fue precisamente durante la década de 1990 cuando la aprobación de la Ley de Educación Superior (LES) “estableció un nuevo marco regulatorio que modificó el control que ejercía el Estado sobre las instituciones universitarias al introducir la evaluación y el aseguramiento de la calidad como nuevo eje de la política universitaria” (CONEAU, 2012).

La crisis política y económica que se produjo a fines de 2001 también influyó en la vida institucional de las universidades. A ella le sucedieron tres gobiernos: desde 2003 hasta 2007, desde 2007/2011 y desde ese año hasta 2015, con perfiles progresistas en las políticas públicas. Durante estos tres gobiernos, también el papel de la ciencia y los organismos científicos tuvo su relevancia, como así también se crearon universidades en todo el territorio del país, en particular en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, lo que permitió acrecentar la matrícula estudiantil, en particular con jóvenes que se transformaron en la primera generación como universitarios. En pocas palabras, las universidades, así como sus docentes e investigadores, obtuvieron reconocimiento social y fundamentalmente científico. A estos gobiernos les continuó otro con un perfil ideológico de derecha y nuevamente con amenazas presupuestarias, pero también, hacia el interior de las casas de estudio, volvieron los discursos neoliberales de la década de 1990. En diciembre de 2019, se inició otro gobierno sobre el cual las expectativas por superar aquellos discursos y políticas del gobierno anterior eran mayoría. En 2020 se inició la pandemia por COVID-19 y, más allá de las implicancias sociales que ella mostró, se revalorizó el papel de la ciencia y las ciencias sociales tuvieron su papel de importancia. Al finalizar el período de ese gobierno en 2023, la situación económica del país era sumamente compleja, y quien asumió en dicho año desde sus primeras medidas encendió las alertas para todos los sectores y en especial en las universidades públicas. Ya en el primer mes de gobierno, comenzaron las marchas en todo el país, que mostraron el punto más importante el 23 de abril de 2024, cuando una marcha multitudinaria, convocada por docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, investigadores y el CIN^[3] (Consejo Interuniversitario Nacional), que se extendió a todo el país, de manera que amplió la participación a toda la sociedad –más allá del vínculo directo con la universidad–, colocó a la universidad pública como un actor fundamental en el nuevo tiempo político. Ante el desfinanciamiento presupuestario, se sucedieron marchas, clases públicas, tomas de edificios, paros y reducción de programas de investigación y de extensión. A pesar de todas esas acciones, el gobierno nacional no ha modificado su decisión acerca del ajuste, que también incluye a organismos científicos de reconocido prestigio internacional y representa un ataque muy fuerte a las ciencias sociales. Mientras tanto, ¿cuál es el ánimo y las actitudes de las y los actores que conforman la vida universitaria?

Tras los pasillos de la universidad

Quienes vienen transitando desde hace varias décadas –por sus actividades académicas– los pasillos y las aulas de la universidad advierten comportamientos preocupantes tanto en la formación de las y los docentes y su actitud hacia la docencia, como en las y los estudiantes en cuanto al rendimiento académico. De ningún modo ello implica que quienes cuentan con mayor antigüedad hayan sido mejores. Lo que muestra la realidad es que van cambiando comportamientos. Por cuestiones generacionales se van sucediendo recambios en la planta docente y, si bien en los últimos años se han acrecentado las formaciones de posgrado, en muchos casos no se ha visto tal formación reflejada en las prácticas docentes. Junto a la sobrecarga de actividades docentes, los salarios se han ido deteriorando cada vez más. Esta última situación que –como en décadas anteriores– constituía un tema para motivar el involucramiento gremial no se refleja en la actualidad; aunque se sigue apelando a medidas de lucha, los debates están ausentes. En cuanto a las y los estudiantes, si bien las agrupaciones mantienen su vigencia, han disminuido las convocatorias de otros tiempos, como sucedió tras el regreso a la democracia y en los años de gobiernos con perfiles progresistas. Pero, sin duda, otro punto crucial son las actitudes hacia el conocimiento y el peligroso decaimiento en el rendimiento académico, tanto en estudios del grado como en el posgrado.

Es indudable que la virtualidad a la cual condujo la pandemia por el COVID-19 influyó de manera desfavorable en las prácticas universitarias. La urgencia por direccionar todas las actividades a la virtualidad, falta de expertise en muchas y muchos docentes y estudiantes en el uso de las herramientas tecnológicas, dificultades económicas para su uso y otro aspecto no menor: dificultades emocionales y económicas que, si bien preexistían a la pandemia, se desmejoraron en ese encuadre sanitario. El retorno a la presencialidad no mejoró las prácticas, sino que en ciertos casos se agudizaron en cuanto al cumplimiento de las exigencias académicas, a las dificultades salariales y a la priorización de intereses individuales por sobre proyectos colectivos.

En cuanto al punto salarial, se reiteraron las protestas, que se acrecentaron desde la asunción del gobierno libertario en 2023. A ello se agregaron marchas por las calles de todas las ciudades donde hubiese una universidad pública en todo el territorio y tomas de edificios, de manera que se redujo la cantidad de clases presenciales. A la par de estas acciones, en el claustro estudiantil, se comenzaron a observar comportamientos agresivos en el mismo sector entre aquellos que apoyaban las medidas de fuerza y quienes se oponían, mostrándose estos últimos con discursos violentos y cercanos a los del gobierno nacional.

En cuanto a las actitudes y acciones frente al conocimiento, también se viene observando la decadencia en los rendimientos de aprendizaje de las y los estudiantes, como así también –en carreras de tipo profesional en especial, tales como Abogacía, Contador, Ingenierías– el desconocimiento que expresan las y los estudiantes con relación a temas que no son los específicos de la carrera que eligen; esto es, ignorancia en cuanto a la literatura, la sociología, la psicología, la antropología, la economía como ciencia social, el medio ambiente, la política y también la importancia del conocimiento en el desarrollo del país, sea desde las ciencias exactas, el desarrollo científico tecnológico o las ciencias sociales. Es evidente que, ante la actual situación del mundo, el predominio de los sectores financieros, por un lado, y por el otro, los avances tecnológicos que van abriendo posibilidades de vinculación más allá de lo presencial, la universidad como actor fundamental en la construcción y el desarrollo del conocimiento necesita debatir su papel en la sociedad, sus propuestas y los paradigmas epistemológicos a los cuales apelar.

Pues comencemos a desandar el pensamiento y la reflexión.

Estado, ley y universidades

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521), las universidades públicas en Argentina son autónomas. Ello implica que, entre otras atribuciones, ellas dictan y reforman sus propios estatutos; definen sus órganos de gobierno, establecen sus funciones y eligen a sus autoridades; administran sus bienes; crean carreras de grado y de posgrado; establecen sus planes de estudio y dan títulos habilitantes, entre otras potestades de importancia para el funcionamiento institucional. La misma ley establece que, si bien las universidades tienen autarquía económica y financiera y, por eso, se administran a sí mismas, quien las sostiene económicamente es el Estado nacional. Es en este último punto donde comienza el análisis, pues es el propio Estado quien, a través de su estructura institucional de gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), determina las políticas que organizarán el país.

Ahora bien, lo que en Argentina se denomina “ley de leyes” comprende el presupuesto del país y caracteriza el plan de gobierno propio de cada gobierno nacional. En dicho presupuesto se establecen los montos de fondos que se destinarán a áreas de funcionamiento del país. En tiempos democráticos, dicho presupuesto debe ser tratado y aprobado o rechazado por el Congreso Nacional, y su descripción permite conocer el perfil del Poder Ejecutivo. Entonces, lo primero que se advierte es no solo el perfil ideológico de la gestión política en el poder, sino acercamientos internacionales y también el estado financiero en que se halla dicho país, lo cual se refleja en las partidas incluidas en el presupuesto.

Volvamos sobre el Estado. Desde el tiempo de la colonia hasta el presente, cambiaron las relaciones internacionales entre las regiones y también hacia el interior de los propios países. Algunos diferencian entre países desarrollados y subdesarrollados, y, en otro tiempo histórico, se diferenció a los países del tercer mundo. Lo concreto es que el mundo cada vez más se caracteriza por la desigualdad entre los países y hacia el interior de cada uno de ellos. Sin dudas, frente al COVID-19 –tal como expresa Berardi (2022)–, “ya era una sociedad en pleno colapso” y la pandemia solo agudizó las situaciones, mucho más críticas en sociedades y sectores más vulnerables. Pero también mostró palmariamente cuáles países podían acceder a las vacunas y cuáles no por cuestiones de costos y prioridades de cada país. A la par de esas dificultades, es preciso considerar el peso de las abultadas deudas externas que en particular aquellos que podemos identificar como países subdesarrollados mantienen con organismos financieros internacionales. Estos representantes del capitalismo actúan como un corset que condiciona y limita el funcionamiento de los países deudores, tornándolos dependientes de organismos externos. Así lo explicita González Casanova:

A los países endeudados, cuando les llega la hora de pagar y no tienen con qué, los hacen acumular deuda sobre deuda y pagar más y más intereses hasta que por fin los embargan y los obligan a desnacionalizar y privatizar propiedades nacionales y estatales […] es decir, los despojan (2016, 17).

Sin dudas, el posicionamiento ideológico de cada país acentuará esa dependencia o procurará limitarla. Si nos ubicamos en la primera de las posibilidades nombradas, se advertirán otros elementos que muestran cierto “colonialismo” en dicho país. Acá podríamos recurrir a González Casanova cuando afirma que “los motivos o motores de la colonización no son sólo económicos, sino militares, políticos y espirituales” (1963, 20).

En la actualidad, estamos observando cómo a nivel global van ocupando espacios de poder y decisiones políticas gobiernos de derecha y, más específicamente, sectores de ultraderecha y libertarios cuya marca los identifica por la dependencia con grupos financieros internacionales, y que, con inaudita crueldad, desdeñan las políticas sociales destinadas al bienestar de los pueblos de sus propios países. Y la educación, al igual que la salud, son desfinanciadas, lo que coloca en grave riesgo su continuidad, cuando no destruye derechos adquiridos. Este panorama atraviesa Argentina desde la asunción de un gobierno que se define como anarco-libertario, cuya meta –según las propias y recurrentes palabras del presidente– es destruir el Estado. En este contexto, las universidades públicas, al igual que los organismos científico-tecnológicos, vienen afrontando –desde comienzos del 2023– ajustes presupuestarios que limitan sus funciones. De modo tal que, si bien las instituciones académicas y científicas cuentan con autonomía para su funcionamiento, por las características ideológicas del actual gobierno, los recursos presupuestarios son recortados y limitados. Este breve análisis nos conduce a bucear hacia el interior de las universidades y plantearnos preguntas acerca de ofertas educativas y estrategias didácticas. Pues no solo es preciso tener en cuenta el momento político –nacional y global–, sino las características que muestra un mundo globalizado, hiperconectado, con fuerte presencia tecnológica y profundas transformaciones en el mundo laboral.

Cuando la educación era una quimera

En Argentina –y tal vez suceda en otros países–, durante años –que podría ser hasta más de un siglo–, de generación en generación se incorporó en el imaginario social una afirmación que nadie intentaba destruir: la educación favorece el ascenso social. Desde aquel libro escrito por Florencio Sánchez a comienzos del 1900, M’hijo el dotor, nadie parecía poner en duda la importancia de la educación. Sin embargo, esa institución no estuvo alejada de las conmociones históricas, políticas y sociales que atravesaron la vida institucional del país. En la actualidad, viviendo más de la mitad de la segunda década del siglo XXI, ¿adquirir una credencial educativa continúa manteniendo el prestigio y sentido de años anteriores?

Les consultamos a las juventudes a través de la encuesta que propusimos desde el proyecto de investigación qué opinaban acerca de la educación, y sus respuestas se ubicaron del siguiente modo:

• Es importante para lograr mejorar la vida de las personas: 50 %.
• Lo que se enseña está alejado de la realidad: 10 %.
• Requiere cambios: 26 %.
• No responde: 14 %.

Es importante señalar que los niveles educativos de quienes respondieron incluían secundario, terciario y universitario. Por consiguiente, todos ellos se hallan dentro del sistema educativo y vivencian cotidianamente esas experiencias. La lectura más sencilla conduce a mostrar que no es mayoritaria la opinión de quienes colocan como importante el educarse. Entonces surgen numerosas preguntas que, en ciertos casos, muestran que es más cómodo buscar responsables antes que razones, y allí una expresión reiterada puede ser aquella que expresa que los jóvenes no se esfuerzan, quieren rápidamente un beneficio que les aporte ingresos económicos. Desde otra mirada se respondería a tal afirmación que ella resulta de un prejuicio adultocéntrico. Otras voces colocarán la responsabilidad en las y los docentes: se pasan con paros, reclamos, licencias y siempre con los mismos contenidos de años. Y la calesita continúa su girar, y la sortija ya no atrae a nadie.

Veamos qué respondieron en la encuesta de nuestra investigación. Solo para organizar las expresiones, agruparemos los ejes que se identificaron para atender: a) docentes; b) contenidos; c) metodologías; d) contexto.

En cuanto al papel de los docentes, explicitaron que depende del interés y la preocupación que ellas y ellos coloquen en la tarea. Así, algunas y algunos muestran actitudes motivadoras y se preocupan por lo que les sucede a las y los estudiantes, mientras que a otras y otros se les reclama mayor compromiso con la actividad; se les solicita que algunos se capaciten más; una sola respuesta pidió que no se los adoctrine y no apelen al lenguaje inclusivo. En el nivel secundario, se les requiere más a las y los docentes en cuanto a la formación y actualización de programas y estrategias de enseñanza. Respecto a los contenidos, manifestaron que están alejados de la realidad y es preciso que se incluyan otras temáticas, tales como adicciones, diversidad de género, educación financiera, educación sexual, nutrición, formación ciudadana, meditación, robótica, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otras. Con relación a la metodología, demandan destinar atención a la lectura y comprensión de textos, currícula más exigente, requerir el 80 % de asistencia para aprobar, atender individualidades en las y los estudiantes y no generalizar los aprendizajes. Finalmente, y atendiendo al contexto institucional, demandan mayor presupuesto destinado a la educación y, por consiguiente, mejores salarios para las y los docentes, mayor compromiso de todos los actores educativos con la realidad y el contexto social, atención a aspectos edilicios, compromiso con la ciudadanía y actitudes que no conduzcan a la sumisión o dominación, y vinculación con el mundo del trabajo en los contenidos y las prácticas.

Solo como ejemplo, agregamos una respuesta dada en la encuesta, que pone de manifiesto la importancia de la educación en la sociedad actual:

La educación es fundamental en la creación de nuevos actores sociales; en la actualidad la educación pública se ha visto deteriorada fruto de políticas de ajuste estatal. Sin embargo, es necesario recalcar que la educación aun en decadencia es la única herramienta que permite el ascenso dentro de la estratificación social.

Luego de la presentación general de las respuestas de las juventudes en la encuesta propuesta desde el proyecto de investigación, vale detenernos donde conducen esas interpelaciones relativas al papel de la educación en un particular contexto histórico, social y político como es el actual. Partimos de este último eje de los considerados en la encuesta para ir adentrándonos en los otros aspectos que componen el objeto actitudinal: la educación.

Cuando el globo se enfermó

Previamente al COVID-19, el mundo no pasaba por tiempos de florecimiento económico ni bienaventuranzas sociales. La pandemia solo agudizó y visibilizó las crisis que existían soterradamente y en muchos aspectos no se querían visualizar del modo en que la presencia del virus mostró tan palmariamente. Violencias y desigualdades se mostraron y acrecentaron. Según el informe de Oxfam (2024):

América Latina y el Caribe enfrenta una de las tasas más altas de desigualdad, en la región hay 98 milmillonarios cuya riqueza combinada es de USD$480.800 millones, equivalente al PIB de Chile y Ecuador juntos.

En ese panorama de desigualdades, se advierten grupos sociales sobre los cuales la crisis es más preocupante: las mujeres, las infancias, las diversidades, las juventudes y las vejeces. En cada uno de tales grupos, las desigualdades afectan de manera diferente, pero coinciden en el modo en que influyen en la vida cotidiana de todas y todos, pues ¿qué implican esas desigualdades? Recurrimos una vez más al informe de Oxfam, al cual ya referimos, y leemos: “… el 1 % más rico acumula una proporción significativa de la riqueza, mientras que el 50 % más pobre lucha por sobrevivir” (2024). Esa disparidad implica aumento de las dificultades para acceder a servicios esenciales y también derechos que corresponden a cada ciudadana y ciudadano.

Atendiendo a que el tema central de nuestras investigaciones son las juventudes, nos detendremos en este texto en sus particularidades y la afectación en la educación, en especial en Argentina. El perfil sociodemográfico del país indica que, en 2020 (año del último censo nacional), la cantidad de habitantes era 45,4 millones de personas, de las cuales el 29 % de la población total correspondía a la franja etaria de entre 0 y 17 años^[4]. De acuerdo con los mismos datos censales, el 92 % de la población vive en territorios urbanos. Tal situación –que podría inferirse favorece el desarrollo humano– agrega otras dificultades en cuanto al acceso a servicios, por ejemplo, al agua potable y también a viviendas dignas. Si se considera la situación social y económica de Argentina entre el período 2004 y 2020, los datos muestran un fuerte deterioro en la vida cotidiana de la población. Sin adentrarnos en datos económicos, mencionaremos algunas consecuencias observadas en aspectos sociales que devienen de la crisis socioeconómica. En primera instancia, vale tener en cuenta la diversidad y heterogeneidad que presenta el país en cuanto a las características demográficas de sus territorios. No obstante, algunas variables –con sus propias particularidades– se hallan presentes en todo el país y tan solo señalamos dos por las consecuencias sociales: crecimiento de los niveles de desempleo y subempleo y aumento de la pobreza.

En el informe de UNICEF titulado “Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina” (2021), se puede acceder a un panorama exhaustivo acerca de las características que presenta la situación en salud, nutrición, educación, protección y promoción de derechos, inclusión social, poblaciones originarias, discapacidad, migrantes, cambio climático, barrios populares, entre otros. De este informe solamente nos detendremos en aspectos relativos a la educación por ser el tema central de este texto. Así, con respecto a la educación primaria, el informe asevera que “prácticamente se ha universalizado desde hace más de 30 años en el país”; en cuanto a la secundaria, “ha habido un crecimiento sostenido de la asistencia a este nivel a partir de 2006”. Otro aspecto a considerar es la educación rural; en el informe leemos que el acceso a ella es más elevado en la primaria que en la secundaria. Hay indicadores que afectan las trayectorias escolares en aquellos niveles de educación que inciden en su continuidad: repitencia y abandono son unos de ellos. A fin de ir acercándonos al grupo poblacional que incluye nuestro objeto de estudio en la investigación, esto es, las juventudes, interesa atender una población que en ciertos espacios se identifica como “nini”, que incluye a aquellos grupos que ni estudian ni trabajan. Con acierto se entiende que tal denominación implica connotaciones negativas, pues sería desconocer las dificultades que enfrentan jóvenes, en su mayoría de sectores vulnerables que no pueden acceder a derechos por esa misma condición social. En ese grupo es posible hallar jóvenes que trabajan en condiciones de informalidad, con dificultades para asistir a la escuela ya sea por tener que cuidar a hermanos menores o adultos de sus familias, por embarazos adolescentes y por otras situaciones complejas.

Señalamos en este mismo texto, en apartados anteriores, la incidencia de la pandemia en la vida en sociedad y en especial en la educación.

Basado en UNICEF (2020e), el 10 % de los y las adolescentes de entre 13 y 17 años no asistía a la escuela en abril de 2020. La pandemia podría generar indirectamente una mayor deserción escolar, debido a la suspensión de las clases presenciales, en un contexto donde, a abril de 2020, el 18% de este grupo de edad no tenía acceso a internet en casa (el porcentaje se incrementaría si se considerara una conexión de calidad), el 37% manifestó no tener una computadora o tableta para hacer los deberes, y solo el 77% dijo haber tenido algún contacto con sus maestros (y, de ellos, la mitad solo una vez a la semana) (2021, 100).

En aquella cita del informe UNICEF, advertimos la presencia de actores contemporáneos que, si bien también tenían su espacio en las prácticas de las personas, y en particular entre las juventudes, por las urgencias que demandó la pandemia pasaron a tener un especial protagonismo: las comunicaciones mediadas por computadoras. Así, las pantallas de todos los dispositivos electrónicos se tornaron actores fundamentales para la continuidad de las actividades y los vínculos interpersonales. Por decisiones de los gobiernos de los diversos Estados, el mundo pasó a continuar su vida a través de pantallas. Estas fueron las ventanas a partir de las cuales se enfrentaría el encierro decidido por los propios gobiernos como una medida de protección ante la presencia de un virus del cual no se tenían certezas ni del modo de contagio ni de los medios para enfrentarlo. Tal vez, no muchos imaginaban la trascendencia que las comunicaciones virtuales, en especial las redes sociales, tendrían en la vida cotidiana de las personas. La posibilidad de acceder de modo rápido a todo tipo de informaciones, ya fuesen relativas a conocimientos científicos o a pasatiempos, se incorporó como una práctica habitual. Desde los ámbitos laborales, educativos, de militancia, de sociabilidad y hasta de sobrevivencia ante el encierro, disponer de pantallas y dispositivos resultó sencillo. Las particularidades del tiempo y del espacio durante la pandemia favorecieron la recurrencia a la virtualidad.

Es posible que en esos primeros momentos no resultara posible imaginar que esa misma manera de acercarse al mundo a través de esos dispositivos era un espacio propicio para el germen de comportamientos y actitudes que pasarían a teñir con violencia las interacciones. La irritabilidad frente a un encierro decidido por otros, la incertidumbre respecto al final, la soledad y compartir espacios domésticos en muchos casos, sin las condiciones apropiadas para un grupo, y, junto a todo ello, las consecuencias de desigualdades trajeron comportamientos de intolerancia y violencias. El contexto devino propicio para ir construyendo una cotidianidad distinta, y la caja de Pandora exhibió sin pudores muchos de aquellos pesares debido a los que –de acuerdo a la mitología– Zeus había encomendado mantenerla cerrada, pues era peligrosa su apertura.

De manera tal que el regreso a la presencialidad mostró que era posible acceder rápidamente a todo tipo de información; entonces, algunos contenidos de asignaturas quedaron obsoletos o no reflejaban las circunstancias de un mundo que cambia vertiginosamente. Si solo era necesario disponer de un dispositivo y hallar las respuestas que se buscaban, los docentes en las aulas tenían que apelar a estrategias que, sin disminuir la calidad y rigurosidad en sus propuestas educativas, no reiteraran las que se utilizaron en años anteriores porque había nuevos actores y nuevas herramientas para acceder a esos conocimientos.

Junto a estos aspectos instrumentales, la vida en sociedad iba mostrando otros temas que se incorporaban a la agenda pública y desde las organizaciones educativas requerían su atención no como espacios de divulgación, sino para aportar conocimientos con la necesaria rigurosidad científica que demanda ese ámbito. El contexto psicosocial que se construyó durante la pandemia también mostró el descontento hacia políticas implementadas desde organismos públicos, y las figuras políticas, en ciertos casos, no brindaban las respuestas que las y los ciudadanos demandaban. Eric Sadin afirma que, a partir del uso de las redes, “los ciudadanos vieron que se podían informar fácilmente, postear sus opiniones, hacer conocer su insatisfacción o su ira, movilizar muchedumbres más o menos densas en vistas a denunciar ciertas prácticas o defender ciertos intereses” (2022, 117).

No vamos a ahondar en el papel de las redes sociales y su incidencia en la construcción de la subjetividad pues ya abordamos este punto en otro artículo titulado “La vida cotidiana contemporánea”, por lo cual continuaremos ese nexo en otro eje –mencionado por los jóvenes en las respuestas a la encuesta que les propusimos desde el proyecto de investigación– y en el cual hicieron referencia a aspectos que, proviniendo del contexto, inciden en el funcionamiento adecuado de las organizaciones educativas.

El conocimiento versus las mercancías

2023 podría entenderse en Argentina como un año bisagra en que las ilusiones eran especiales, por cuanto en 2024 se cumplirían 40 años de regreso a la democracia, pero la situación económica del país iba en otra dirección y reclamaba otro tipo de respuestas y, finalmente, los resultados del proceso electoral mostraron una vía totalmente diferente que obturó las ilusiones de muchos. Si bien quien a la postre resultó el ganador había basado su campaña electoral en anuncios que presagiaban abruptos cambios de orientación en el país, sucedía que hasta quienes se mostraban esperanzados en ese candidato expresaban que muchas de las medidas propuestas en la campaña no las haría efectivas y eran solo anuncios de ese tiempo, en especial aquellas que anunciaban cierre de organismos científico-tecnológicos, de salud, ajustes pronunciados en educación en todos sus niveles y desmantelamiento de políticas públicas implementadas por gobiernos anteriores y muchas de ellas logradas tras luchas por conquistas de derechos sociales. Sin embargo, desde el preciso instante de la asunción del nuevo presidente, hasta las formas de comportarse institucionalmente exhibieron actitudes que anunciaban un nuevo modo de relación desde el poder político hacia los demás poderes institucionales y la ciudadanía.

En la misma encuesta a la cual hacemos referencia en este texto, se había consultado a las juventudes qué aspectos había modificado el nuevo gobierno en su vida cotidiana a solo cinco meses de la asunción. Únicamente, a manera de ejemplo, transcribimos respuestas similares a otras tantas:

La situación económica es alarmante, y con este gobierno se espera la pérdida de derechos adquiridos (sobre todo desde una perspectiva social), que nos afectan a todxs como conjunto social.
Soy docente, cobro en dos cuotas y hace tres meses que no tengo actualización del salario, con una inflación en el mismo período de más del 40 %. En enero mi alquiler subió un 80 %, y mi servicio de internet, un 300 %, con esta persona dos meses mi sueldo será insuficiente para cubrir mis gastos básicos.

En el ámbito educativo, las universidades públicas debieron iniciar y continuar sus actividades académicas, de extensión y de investigación contando solamente con un presupuesto reconducido con los mismos valores de 2023, lo que, obviamente, frente a las medidas económicas dispuestas por el nuevo gobierno con fuertes devaluaciones, ajustes presupuestarios, suspensión de las obras públicas, aumentos excesivos en las tarifas de los servicios públicos, disminución de las transferencias a las provincias, entre tantas otras decisiones, puso un freno al adecuado funcionamiento de las actividades universitarias de la misma manera que en otros organismos públicos.

En febrero de 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió el siguiente comunicado ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional. Vale reiterar que las universidades nacionales dependen para su funcionamiento del presupuesto que destina el Estado nacional:

Este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y nodocentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

Durante el primer semestre de 2024, ante la crítica situación presupuestaria que atravesaban las universidades públicas y que colocaba en grave riesgo su continuidad a partir de no contar con fondos para el funcionamiento, sin incluir el tema salarial de sus trabajadores y la carencia de subsidios para ciencia y tecnología, se sucedieron paros y clases públicas y, finalmente, el 23 de abril del citado año, se llevó a cabo una marcha federal. La marcha fue convocada por los gremios docentes universitarios CONADU Histórica, CONADU, FEDUN y FAGDUT y por las federaciones estudiantiles. Ese día, las calles de las distintas ciudades de todo el país donde hubiese una universidad pública vieron multitudes de ciudadanas y ciudadanos de diversas procedencias laborales: docentes de todos los niveles educativos, investigadores, trabajadores informales, de fábricas, gremios y ciudadanos comunes integrándose en multitudinarias marchas reclamando por el derecho a una educación universitaria para todas y todos. Ello demandaba contar con el presupuesto necesario para poder afrontar su funcionamiento.

Si bien, tras la marcha nacional, y continuando con las reuniones entre el CIN y autoridades nacionales, pareció que se atendería a la situación, y aunque de manera muy lenta se comenzaron a enviar a las universidades las partidas para el funcionamiento (tan solo el 10 % del presupuesto total), no se atendió el reclamo salarial de sus trabajadores docentes y no docentes (equivale a más del 90 % del presupuesto). Al regreso de las vacaciones de invierno, las actividades correspondientes al segundo semestre no mostraron diferencias en cuanto a las dificultades que ya se vivieron en la primera parte del año. Se reiteraron las medidas de lucha: paros, tomas de facultades, asambleas de interclaustros y todas las actividades académicas, de investigación, extensión y servicios totalmente alteradas en su funcionamiento. Es importante señalar que, desde el comienzo del año académico, en todas las medidas de lucha se fueron incorporando estudiantes, lo cual potenció los reclamos, aunque, desde el gobierno nacional, no se diesen respuestas favorables para resolver la situación. En medio de ese panorama sombrío para la educación y la ciencia en Argentina, el presidente de la nación, en un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (6/09/2024), en Buenos Aires, organizado por el Foro de Madrid –que agrupa a la extrema derecha internacional–, expresó respecto a los intelectuales y científicos argentinos:

Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado –como cualquier hijo del vecino–, investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado.

Las actuales encrucijadas que se viven en Argentina tras el triunfo del candidato de la extrema derecha demandan urgentes análisis desde los ámbitos académicos, más allá de los que pueden efectuarse desde espacios políticos.

Tras la década del nuevo siglo en que Latinoamérica se caracterizó por la presencia de gobiernos con signos progresistas que permitieron que el coeficiente del índice Gini^[5] mostrara una evolución favorable en cuanto a la disminución de la desigualdad, no sucedió lo mismo con los gobiernos de derecha que continuaron a los primeros. ¿Cuál es el sentido de apelar acá a dicho coeficiente? Ya se ha expresado en numerosas ocasiones que Latinoamérica es el continente con mayor desigualdad entre su población. Tal situación se agudizó y visibilizó durante la pandemia. El coeficiente de Gini, entonces, es una herramienta estadística que permite conocer la manera en que se presenta dicha desigualdad.

Un índice de desigualdad es una medida que resume la manera como se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas (CEPAL, 2001, 9).

En los países de Latinoamérica, entre 2002 y 2012, el mencionado coeficiente no superó 0,6, lo cual permitía advertir que los gobiernos de esos países habían establecido políticas públicas tendientes a destinar recursos para disminuir las brechas de ingresos, de manera de permitir que las diferencias de desigualdad no acrecentaran las disparidades sociales. Desde ya que no era posible asimilar dicha estimación a todos los países pues entre ellos se advertían diferencias en el coeficiente, pero en términos generales no superaban el índice mencionado. En Argentina, en el primer trimestre de 2024, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el coeficiente de Gini fue de 0,467. Este número implica un aumento de la desigualdad con respecto a igual período de 2023, cuando el valor fue de 0,446. Esta situación muestra que los datos actuales superan al de 2020 en tiempos de pandemia, que alcanzó 0,45. Si tomamos los datos de pobreza, continuando con los datos aportados por el INDEC, en el segundo semestre de 2023, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,8 % y un 8,7 % de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI) (INDEC, 2024). La Universidad Católica Argentina (UCA) informó que, en el primer trimestre de 2024, el 54,6 % de los argentinos vivía en la pobreza. Este porcentaje, basado en el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), marca un aumento significativo en comparación con el 38,8 % registrado el año anterior. Por otro lado, el informe de UNICEF describe que “la indigencia en niñas y niños en Argentina aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que equivale a 1,8 millones de chicas y chicos, 250 mil más en comparación a 2022”.

En ese tema, ¿cuánto es el porcentaje en el PBI que se destina a educación en Argentina? Al respecto la organización Argentinos por la Educación^[6] detallaba lo siguiente: “El gasto público en educación en 2021 alcanzó el 4,65% del PIB, una caída de 0,63 puntos respecto a 2020, cuando el gasto fue el 5,28% del PIB”. En cuanto al presupuesto 2024, la misma organización explicita: “La inversión nacional en el Ministerio de Educación representará el 5,34% del total de gastos de la Administración Pública Nacional, según lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024”.

Frente al panorama señalado, es esperable hallarnos con respuestas de las juventudes en la encuesta respecto a la situación de la educación:

Para mejorar la educación, se necesitan fondos económicos, para mejoras de sueldo, edificación, alimentación.
La educación es el pilar fundamental para que un país progrese. Los cambios y/o mejoras está en la gratuidad y accesibilidad a todos. Cualquier persona que quiera estudiar tiene derecho a poder hacerlo, sin importar clase social, nivel económico y lugar donde viva.

Hacia dónde van las universidades hoy

Con frecuencia escuchamos expresiones que señalan que las universidades tienen que responder a los requerimientos del mundo laboral. De manera inmediata podemos preguntarnos qué tipo de trabajo requiere el mundo actual. Y a continuación, aquellas carreras que no cuenten con una rápida inserción en ese mundo –en particular las vinculadas con las ciencias sociales, humanidades y artes– ¿deben retirarse de la oferta educativa? ¿Las universidades deben responder únicamente a las demandas del mercado? González Casanova advierte: “Educar para producir el tipo de profesionistas y trabajadores calificados que demanda el mercado resulta falaz e insuficiente”. Y a continuación agrega:

… tomar como referente la demanda potencial y futura del mercado de trabajo es condenar a la política educativa y las universidades a tareas mínimas que probablemente beneficien a menos de la quinta parte de la población y en muchas regiones a menos del 5 y hasta el 1% de la población (2013, 128).

Otras voces reclaman carreras de tipo tecnológico, en especial las vinculadas con la economía (tan en boga en estos tiempos, en especial las que prometen ganancias rápidas de dinero), y otros acentúan aquellas que se relacionan con el desarrollo minero y agrícola. Sin desestimar que vale priorizar aquellas que tienen directa vinculación con el desarrollo del territorio, en particular en un país como Argentina, que cuenta con importantes reservas de gas, petróleo, litio y grandes extensiones de campo –sin olvidar que muchas de ellas no están en manos de trabajadores de la tierra, sino de terratenientes o inversores, pero regresemos al punto–, se están cercenando otros intereses de la población; no solo en las ciencias que ya mencionamos, sino también en las ciencias básicas que permiten un muy importante desarrollo estratégico como los avances en construcción de radares, satélites y centrales atómicas, avances en salud, tal como demostró la pandemia, entre otras actividades. Y en esa planificación el papel del Estado es fundamental. Pero se precisa un Estado que priorice el bienestar de la población, proteja el medio ambiente (tan atacado por intereses financieros externos al país y desarrollos inmobiliarios privados), respete derechos de diversidades y pueblos originarios, no obture los avances científico-tecnológicos, y otros en la misma dirección.

Frente a tales encrucijadas, la universidad –si pretende continuar siendo un espacio para la construcción de conocimientos– no puede quedar anclada en discursos y modalidades de trabajo que no responden a las demandas del mundo actual. Al respecto Edgardo Lander, en su texto “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico”, nos invita a reflexionar sobre la dificultad en hallar alternativas teóricas y políticas ante el predominio del mercado, y afirma que tal situación responde

al hecho de que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida (2000, 4).

En Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, se aprobaron nuevas universidades que se radicaron en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, y, en la mayoría de ellas, la oferta académica incluyó carreras vinculadas con las necesidades de sus territorios. Es preciso agregar que, también durante esos períodos de gobiernos progresistas, se definieron políticas científicas que establecieron sólidas relaciones entre las universidades y los organismos científico-tecnológicos, atendiendo a demandas de un país que precisa desarrollarse reconociendo sus potencialidades. Sin embargo, el actual tiempo político nacional va camino a la destrucción de lo logrado. Frente a este sombrío panorama, las universidades públicas requieren un profundo debate que no se ancle únicamente en temas presupuestarios, sino en la propuesta académica y los vínculos entre la docencia y la investigación. Al respecto González Casanova señala que “la investigación nacional es el conjunto de investigaciones cuya producción aumenta el stock de conocimientos científicos y técnicos que pertenecen a una nación y del que disponen los poderes públicos” (1968, 6).

Para eso se requiere que cada país cuente con políticas científicas definidas, en las cuales se establecerán sus prioridades y los recursos necesarios para tales logros. En este sentido, hay un aspecto que no puede eludirse, el que se refiere a que las investigaciones sean localizadas o situadas. Las ciencias sociales, en particular, cuentan con esa posibilidad en cuanto a los temas de investigación. Esta posibilidad no es un detalle menor, en particular en un país como Argentina, con grandes extensiones en su territorio, donde habitan pueblos originarios –en muchos casos, vulnerados en sus derechos– junto a poblaciones herederas de migraciones europeas y asiáticas. Junto a tal situación, se pueden advertir amplias asimetrías en cuanto a la lejanía a centros de grandes densidades poblacionales y al acceso a posibilidades de desarrollo personal. Allí es donde deviene importante considerar las investigaciones situadas, pues permiten conocer y comprender que los territorios superan lo geográfico e incluyen aspectos culturales, sociales, políticos y económicos con amplias fortalezas.

Especialización versus interdisciplinariedad

La complejidad que muestra actualmente el mundo demanda ampliar la mirada en los análisis. Desde la década de 1960 en adelante, ese mundo observó el despliegue de la revolución científico-tecnológica. Así lo analizaba Alcira Argumedo cuando detallaba entre sus características “la competencia por el mercado mundial en el campo civil y la carrera armamentista y espacial entre las superpotencias” y “el poder económico-financiero mundial y de la acción de sus representantes fundamentales: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional” (1997). En ese mismo texto, la socióloga argentina ponía de relieve el papel de las tecnologías de avanzada y afirmaba:

Junto a otros cambios de magnitud, la Revolución Científico-Técnica impone al conocimiento –que incluye información y capacidad innovativa– como el nuevo recurso estratégico que ha de definir el papel de los distintos países y regiones al comenzar el tercer milenio (1997).

Desde aquellos momentos hasta la actualidad, se acrecentaron los avances tecnológicos, pero también sucedió lo mismo, aunque en sentido contrario, con las desigualdades y asimetrías globales. Sin embargo, el rol que compete al conocimiento no disminuye, sino que, por el contrario, urge atender a su papel calificado para enfrentar las condiciones actuales del mundo.

En 1983, Prigogine nos anunciaba acerca de una metamorfosis de la ciencia. En ese sentido, afirmaba: “Ya no queremos estudiar solamente lo que permanece, sino también lo que se transforma, los trastornos geológicos y climáticos, la evolución de las especies, la génesis y las mutaciones de las normas que intervienen en los comportamientos sociales” (1983, 35).

En otras páginas, el premio Nobel consideraba:

Creemos que nuestra ciencia se abrirá a lo universal cuando cese de negar, de considerarse ajena a las inquietudes y a los interrogantes de las sociedades en las que se desarrolla; cuando sea capaz de mantener un diálogo con la naturaleza cuyos múltiples encantos sabrá entonces apreciar y con los hombres de todas las culturas, cuyas preguntas aprenderá a respetar (1983, 47).

Entonces, si el conocimiento es un bien en disputa, las instituciones educativas no pueden soslayar el desafío en sus propuestas. Ya lo demandaba González Casanova al aseverar la necesidad de atender a un objetivo fundamental: la educación democrática está sólidamente relacionada con el rigor científico. Así lo expresaba:

La “democratización del saber” se podrá y deberá hacer con un sentido no excluyente y con respeto lúcido y profundo de los valores locales y universales, sin dependencias de fobias de lo ajeno, sin endiosamiento ni olvido de lo propio, con un rico conocimiento de los valores y circunstancias locales y universales, de los avances científicos y humanísticos recientes entre plácida relectura de los clásicos (2013, 143).

En los ámbitos de la universidad, hacer realidad la propuesta del sociólogo mexicano requiere una formación transdisciplinaria en los docentes, en primer lugar, que luego se manifieste en los programas de estudio de todas las carreras. Tal vez de esa manera, los estudiantes dejen de repetir conceptos solo de las disciplinas que hayan elegido para su formación y comprendan que, frente a la complejidad del mundo, ninguna alternativa para la sobrevivencia de la humanidad y el cuidado de su población y el desarrollo de la sociedad será posible plantear considerando una sola mirada disciplinar.

Tal aspiración no deja de lado considerar otro aspecto que preocupa a la universidad: la masificación. Argentina muestra orgullosamente que la educación es un derecho para todas y todos y no un privilegio para unos pocos. Pero ese logro demanda que la universidad cuente con recursos presupuestarios para mantener ese derecho. Allí encontramos edificios obsoletos cuyas aulas y laboratorios no cuentan con espacios suficientes para las actividades de docencia. Entonces, ¿limitar un derecho? O ¿intentar aplicar estrategias didácticas y tecnológicas que estimulen el aprendizaje y motiven el pensamiento crítico? Las necesidades son urgentes, pero los desafíos pueden ser alentadores. La universidad pública, entonces, tiene que animarse a ese desafío. Sin embargo, mantener el perfil y las propuestas actuales puede conducir a disminuir la importancia del conocimiento para el desarrollo del país, en un contexto mundial que amenaza día a día la existencia humana. El debate interno y la integración regional deberían ser los retos para los años por venir.

A modo de final abierto

En el imaginario de la sociedad argentina, a través de muchos años nunca estuvo en discusión entender que la educación era un elemento necesario de movilidad social. Los tiempos cambian, y con ellos ciertas ideas que parecían formar parte constitutiva de aquel imaginario, en ocasiones, al escuchar ciertos comentarios, pareciese que ya no cuentan con la adhesión de otros momentos. Ya no resulta sorpresivo escuchar a algunos jóvenes en la actualidad colocar entre sus prioridades el obtener dinero de manera rápida y sin necesidad de dedicarle su tiempo a la educación. En un artículo anterior (2024), hicimos referencia a cierta premura en algunos jóvenes por aquella situación vinculada al mundo laboral. Junto a este ámbito, también es posible escuchar diálogos juveniles que muestran que la educación ya no resultaría imprescindible para lograr aquella movilidad social, instalada en el imaginario de otras generaciones.

En el recorrido final de este texto, nos detendremos en dos ejes: a) la educación universitaria como derecho, y b) cambios que reclama el tiempo actual.

Cuando expresamos que la educación es un derecho para todas y todos y no un privilegio para unos pocos, no responde a una mera consigna ideológica. Tras esa expresión hay un largo recorrido histórico y político y luchas populares en Argentina.

Recurrimos al artículo de Judith Naidorf, Daniela Perrotta y Melisa Cuschnir (2020) para iniciar el acercamiento al primero de los ejes señalados anteriormente: “El derecho a la educación superior se desprende y se inspira en parte también de las banderas de los reformistas del dieciocho orientadas a la ampliación de la base social de la universidad” (2020, 149).

Aquella universidad reformista contaba con una deuda que era la gratuidad de su funcionamiento. Así, en 1949, a través de un decreto de Juan Domingo Perón, se estableció la gratuidad, y se suprimió, por consiguiente, el cobro de aranceles en las universidades públicas. Sin embargo, el devenir de la situación política de Argentina también dejó sus huellas en su funcionamiento. Los gobiernos surgidos de golpes militares obstaculizaron su continuidad no solo con ajustes económicos, sino particularmente a través de comportamientos violentos contra docentes y estudiantes. En los primeros años de la década de 1970, en un breve interregno democrático, se crearon unas pocas universidades en el interior del país como un intento de responder a la masificación de otras de mayor envergadura y también evitar espacios de ebullición de participación estudiantil. Tras la última dictadura, la más violenta y atroz soportada en el país, se logró la reapertura democrática en 1983. En esos primeros años, se acrecentó la matrícula estudiantil, se reabrieron carreras que la dictadura había cerrado, se estimularon las actividades científicas y se comenzaron a fortalecer las formaciones de posgrado. Durante la década de 1990, las políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno de entonces impulsaron la incorporación –en el ámbito universitario– de medidas determinadas por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial, que atravesaron –no sin rechazo por parte de los actores universitarios– el funcionamiento de las instituciones de educación superior. En el nuevo siglo XXI, se sucedieron dos gobiernos con signos progresistas que influyeron favorablemente en ese ámbito. En esos años se crearon universidades alejadas de los grandes centros urbanos y se localizaron en territorios con menor densidad poblacional, para procurar que las juventudes de esos lugares contasen con la posibilidad de acceder a su derecho sin alejarse demasiado de sus ciudades y con menores gastos en sus traslados. A partir de esa política pública, fue posible advertir un amplio porcentaje de jóvenes que se convertían en el primer integrante de una familia en acceder a la universidad.

La ampliación del universo de universidades públicas en zonas accesibles para quienes estudien, las becas y los programas de acompañamiento se constituyeron en directamente proporcionales al derecho efectivo a la educación superior (Naidorf, Perrotta y Cuschnir, 2020, 156).

Resulta importante señalar que, en 1995, cuando se sancionó la Ley de Educación Superior (LES), entre otros aspectos, otorgaba a las universidades autonomía administrativa para administrar sus recursos, la selección de estudiantes y el cobro de aranceles. En 2015 se modificaron seis artículos de aquella ley y se introdujeron dos que permitieron “cristalizar garantías hasta entonces enunciadas y enraizadas en nuestra cultura académica, como la gratuidad del grado y establecer a la educación superior como un bien social y un derecho” (Naidorf, Perrotta y Cuschnir, 2020, 159).

Sin embargo, el transcurrir de la historia argentina, con sus luces y sombras casi recurrentes, vuelve a colocar en una compleja situación a las universidades públicas en el país. Durante la campaña del actual presidente, se presagiaba que llegaría el arancelamiento o voucher^[7]. Así lo expresaba Víctor Moriñigo, por entonces presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):

Cuando asumió Milei teníamos temor de que afrontaríamos cierres, arancelamientos, vouchers. Pero tuvimos una equivocación en el diagnóstico. Lo que finalmente pasó es que comenzó un desmantelamiento de nuestras universidades en cuotas. O, dicho de otra manera, no talaron el árbol, sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco^[8].

Las tres características que mencionan Naidorf, Perrotta y Cuschnir (2020) que resultaron de las configuraciones en las instituciones de educación superior a partir del siglo XXI, es decir, universalización, inclusión y democratización, en los días de 2024 están atravesando tiempos de retroceso. De allí, entonces, que resulte comprensible la lucha por salarios dignos para los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, frente a recortes presupuestarios para las actividades científico-tecnológicas, la imposibilidad de continuar con proyectos sociales y educativos en los territorios, la alteración en las becas estudiantiles, entre otras tantas dificultades que hoy se advierten en todas las universidades. Esas situaciones han conducido a que las actividades previstas estén gravemente comprometidas en su adecuado funcionamiento. El derecho para todas y todos corre serio riesgo de convertirse en un privilegio para pocos.

A pesar de la situación referida en párrafos anteriores acerca del funcionamiento institucional de las universidades públicas, es preciso detenernos en los reclamos de las juventudes que demandan mayor formación en los docentes, actualización de los contenidos de los programas y atención a temáticas que se hallan en la agenda pública, tal como expresa una respuesta a nuestra encuesta:

Tenemos que mejorar los métodos de estudios, la forma de analizar los problemas, tanto personales como lógicos. Impulsar a que los profesores se capaciten pedagógicamente y lógicamente en los contenidos que dictan. Que se actualicen los nuevos conocimientos, hallazgos y que haya un sector dedicado a la mejora continua del sistema.

El reclamo por la formación de las y los docentes transita por otro carril al del presupuesto institucional pues ya no es posible olvidar que todas las universidades cuentan con carreras y cursos de posgrado que posibilitan espacios de formación. Tal vez sería apropiado no desconocer las actitudes de sus trabajadores docentes. La educación no solo implica transmisión de conocimientos, los cuales, desde ya, demandan que incluyan y consideren problemas de la realidad social, económica, cultural y política, no únicamente del país, sino del mundo. También requiere un compromiso social por parte de tales trabajadores, pues se está estimulando en esos espacios el pensamiento crítico y el disfrute por el conocimiento para responder a las solicitudes de la sociedad y acrecentar su desarrollo.

Entender la educación con un sentido mercantilista y meritocrático es limitar considerablemente su función social. Se hace preciso un profundo diálogo interdisciplinario sin dejar de lado la formación integral de las juventudes, que incluye el conocimiento y disfrute de la cultura en las artes y la literatura, y el respeto al medio ambiente y a las diversidades.

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