Los casos de Comodoro Rivadavia y Salta

Sofía Ríos y Julia Sanabria

Introducción

En este capítulo presentamos las principales características de la Justicia Penal Juvenil en las provincias de Salta y de Chubut centrándonos en sus normativas, estructuras institucionales, actores y competencias. Ya que consideramos que este tipo de escenarios locales varían de acuerdo a los derroteros de los procesos de institucionalización de derechos de niñas, niños y adolescentes (de ahora en más, NNyA) en cada uno de ellos, conforme a particularidades relativas a la variabilidad cultural, política y económica de las provincias plasmadas, entre otros factores^[1] (Llobet y Villalta, 2019), nos abocamos a reponer aspectos generales sobre las características demográficas y socioeconómicas de un aglomerado urbano en cada provincia, en especial aquellas relacionadas a condiciones de vida de NNyA. Finalmente, consideraremos la estadística disponible sobre conflictividad penal juvenil y las modalidades empleadas en su administración estatal entre 2020 y 2022. Los distintos ejes desarrollados en este trabajo forman parte de contextualizaciones que enmarcan abordajes cualitativos sobre la administración de Justicia Penal Juvenil en Comodoro Rivadavia y Salta, que, en ambos casos, constituyen nuestras investigaciones doctorales en curso.

Siguiendo el tipo de descripción desarrollado en otros trabajos afines, como el de Magistris y Gaitán (2019) quienes detallan las arquitecturas institucionales del Sistema de Protección de derechos de NNyA y sus recientes transformaciones en jurisdicciones municipales de la provincia de Buenos Aires, en este caso profundizamos en los escenarios de la Justicia Penal Juvenil en dos provincias disímiles en cuanto a sus matrices productivas, mercados de trabajo e índices de pobreza por ingresos; cuyas arquitecturas judiciales y administrativas se han visto transformadas en distintas temporalidades en relación a las incorporaciones normativas en materia de protección integral de derechos y a la aplicación de un sistema acusatorio en los procesos penales seguidos contra adolescentes y que finalmente, presentan aparentes diferencias en sus “grados” de conflictividad penal juvenil y entre el tipo de delitos más frecuentes. En miras de que este ejercicio pueda abonar un futuro trabajo de comparación “lateral”, es decir, entre distintos casos antropológicos entre sí (Candea, 2016) exploramos estas diferencias y también algunas similitudes para construir nuevos interrogantes a ser profundizados en próximas investigaciones.

Aspectos demográficos, sociales y económicos

En este primer apartado, recuperaremos algunos indicadores cuantitativos provinciales y de dos de sus aglomerados urbanos (Salta y Comodoro Rivadavia) a fin de señalar las coordenadas socioeconómicas y demográficas más salientes de ambas jurisdicciones. Empezando por reflexiones de mayor a menor generalidad, destacamos la posición de las provincias en el escenario nacional. La provincia de Salta, integra el “Norte Grande Argentino” (NGA) junto con otras diez jurisdicciones del noroeste y nordeste. Para algunas lecturas (Bolsi y Meichtry, 2006) esta región se constituye como una de las más pobres y, a la vez, desiguales del país.^[2] En términos generales, su producción tiene una baja contribución en el PBI nacional, se encuentra relativamente excluida del circuito productivo nacional, presenta de manera notoria formas no capitalistas de producción, centralidad de las llamadas “economías regionales” (Rofman et al. 2020), así como una alta precariedad del empleo^[3] (Mignone 2005; Salvia et al. 2018). En síntesis, numerosos estudios señalan que las provincias del NGA aparecen con frecuencia encabezando las listas de los distintos indicadores de carencias (Mascareño, Barbetti, Gudiño, Padilla y Pozzer, 2022).

Dentro del contexto regional, el área metropolitana de la provincia de Salta^[4] presenta un crecimiento demográfico y económico mayor al de los centros urbanos de la región (Salvia y Poy, 2014). De acuerdo con el último Censo Nacional (2022) la provincia registra alrededor de 1.441.351 habitantes. Mayormente esta población se concentra en la capital salteña (627.704 habitantes), aunque se advierte un fuerte crecimiento en localidades vecinas^[5] debido a la llegada de migrantes provenientes de las zonas rurales y urbanas del interior provincial^[6] y al gran número de nacimientos. La dinámica social provincial se ha caracterizado históricamente por una fuerte concentración de la propiedad de la tierra, una tardía conformación del mercado de trabajo libre^[7], escasa industrialización e inmigración, concentración en los escasos sectores productivos dinámicos en las elites locales, junto con la existencia de economías de subsistencia y reservorios de mano de obra estacional para la agricultura. Estos elementos dieron forma a una histórica subordinación política, social y económica de los grupos pertenecientes a la población denominada mestiza e indígena (Alvarez Leguizamón, 2004; 2017) vinculada a los efectos de un patrón colonial estructurador de las relaciones sociales (Quijano, 2000). Se configura así un escenario de segmentación social, de clase y racial, al que tensiona una gran diversidad cultural con nueve etnias reconocidas por el estado provincial y otras cinco que continúan reclamando su reconocimiento (Buliubasich y Rodríguez, 2006; Milana y Villagra, 2020).

Por el otro, la provincia de Chubut ubicada en el extremo sur del país en la región Patagonia y con procesos recientes de formación de estado, tiene una de las extensiones geográficas más importantes del país (224.686 km²), que representa un 8,1% del territorio nacional. Sin embargo, su escasa población de 592.621 personas determina que sea una de las provincias con menor densidad poblacional. Dentro de este extenso territorio se ubican tres grandes zonas urbanas con diferentes patrones de especialización: la zona del “Valle”^[8], la comarca andina y la zona sur, correspondiente a la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ). A pesar de las diferencias productivas entre las respectivas zonas, en general el perfil productivo es caracterizado como “extractivo” (CEPAL, 2022), debido a la relevancia de algunas actividades de alta productividad, como la siderurgia, la pesca y el petróleo y gas, en la generación de empleo.^[9]

A los fines de este trabajo focalizamos en la zona sur que integra la CGSJ. En esta zona se realiza la actividad económica más relevante de la provincia, la cual contribuye de manera destacada al PBI^[10] nacional debido a la explotación de hidrocarburos, a la generación de empleo directo e indirecto y a las exportaciones provinciales.^[11] Por estas razones, en el contexto regional, las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CR-RT) son cabecera de la principal actividad productiva y tienen la mayor densidad poblacional de la zona con 215.453 habitantes de acuerdo con el censo 2022. En este aglomerado urbano el dinamismo de la actividad económica^[12] se asocia con bajos niveles de desempleo^[13] e ingresos muy superiores a la media nacional.^[14]

Por su parte, Salta tiene una estructura productiva más heterogénea y orientada al mercado doméstico, en donde se destacan las actividades agrícola-ganaderas y de servicios.^[15] En este caso, la estructura productiva se relaciona con empleos de baja productividad, mayores tasas de subempleo y elevados niveles de empleo no registrado.^[16]

Los aspectos mencionados redundan en una gran discrepancia salarial entre las provincias^[17] e igual distancia porcentual de la pobreza medida por ingresos de la población. En este sentido, la encuesta permanente de hogares para el primer semestre del año 2023 señala que en Salta el 37,5% de las personas se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 6,6% debajo de la línea de indigencia, ambos porcentajes similares al promedio nacional (40,1% y 9,3%). Por su parte en Chubut, la pobreza medida por ingresos fue del 28%, ubicándose 12.1 puntos por debajo del total urbano (40,1%) y la indigencia también por debajo del total urbano afectó a un 2,8% de la población (total urbano 9,3%) (EPH, 2023).

Sin embargo, cuando tomamos los indicadores de pobreza multidimensional (NBI, 2010, último dato disponible)^[18], que posibilitan reflejar deficiencias estructurales vinculadas a condiciones habitacionales esenciales, a la escolarización en el nivel primario de educación formal y a la inserción en el mercado laboral de los(as) integrantes del hogar, se observa que las distancias entre los datos cuantitativos de las provincias se acercan. Así, para Salta señalan que casi la totalidad de departamentos de la provincia registran un 15% de hogares con al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas (a excepción de la capital provincial, donde esta cifra se ubica entre el 10% y el 15% de los hogares) y para las ciudades de CR- RT indican que el 9,3% de los hogares se encuentra con necesidades básicas insatisfechas, ambas ubicándose por encima del promedio nacional (9,1%).

En este sentido, investigaciones locales que estudian las desigualdades sociales en Comodoro Rivadavia, indican que el modelo de producción extractivista monodependiente marca desigualdades específicas y persistentes a lo largo de su historia (Barrionuevo, 2020). Los vaivenes económicos propios de esta industria a nivel internacional han incidido directamente en los momentos de auge económico, así como en los períodos de crisis económicas en la ciudad (Bachiller et al., 2022). Tanto durante el primer boom petrolero (1958-1963) como más reciente en el período del segundo boom petrolero (2005-2010) se produjo un crecimiento exponencial de la ciudad debido a la llegada de diversos grupos migrantes por sus posibilidades de trabajo en la industria (Grimson y Baeza, 2011) que estudios locales caracterizan como “disperso y con fuertes connotaciones de fragmentación socio espacial” (Usach y Freddo, 2016).^[19]

Ahora bien, cuando hacemos foco en las mediciones específicas de pobreza de hogares con población infanto juvenil en ambas provincias esta distancia se achica a una diferencia de 1,2 puntos según el informe de la SENAF (2022) para el segundo semestre de 2021.^[20] Así, en Salta los indicadores cuantitativos centrados en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes de esta área^[21] señalan que el porcentaje de hogares con presencia de NNyA debajo de la línea de pobreza fue de un 77,2%, mientras que datos específicos de esta población^[22] para Chubut indican que dentro del total de hogares un 76% de NNyA en CR-RT viven en hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Los resultados de ambas provincias son más elevados que el promedio de hogares con presencia de NNyA bajo la línea de pobreza en los aglomerados urbanos del país (73,4%). En esta línea, el porcentaje de NNyA en la población debajo de la línea de pobreza en CR-RT fue de 40,5% mientras que en Salta fue del 41,1% (frente al 39% a nivel nacional).

A partir de los datos brindados es posible observar que niños, niñas y adolescentes en ambas jurisdicciones se encuentran bajo condiciones materiales de vida aún más vulnerabilizadas por grupo de edad. Esto se refleja en indicadores que van más allá de la pobreza medida por ingresos y abarca indicadores multidimensionales (NBI) y de salud y educación pública, entre otros.

A modo de ejemplo podemos señalar los indicadores de salud referidos a NNyA en Salta. En 2019 un 50,7% de NNyA de la provincia solo contaban con cobertura en la salud pública (a nivel nacional la cifra fue de un 43,2%). En el año 2020 la tasa de mortalidad infantil fue del 12,4 (Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud, 2022). La estadística provincial (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2023) señala que el 2021 este indicador descendió a un 8,6 y en el mismo período, se produjeron 175 defunciones en menores de 1 año, cuya primera causa fue la de “peso extremadamente bajo al nacer” (32,53% del total). Asimismo, respecto al estado nutricional de la población de 0-5 años; un 3,6% de niños presentaba malnutrición por déficit en 2021. Finalmente, en el año 2020, a pesar de una tendencia descendente desde 2016, el número de nacidos vivos en madres de 10 a 19 años fue de 2499.^[23]

Por su parte, la situación crítica de las políticas públicas provinciales en Chubut en general y en particular de aquellas destinadas a esta franja etaria que se producen por el incumplimiento en el pago de los salarios de los(as) trabajadores estatales y el recorte presupuestario que principalmente afecta las áreas de educación, salud pública, desarrollo social y sus programas de inclusión social dan cuenta también de las vulneraciones de derechos específicas de la población que constituye la preocupación central de este trabajo.

De esta manera, con la comparación de los indicadores demográficos y socioeconómicos en dos aglomerados urbanos en las provincias estudiadas que aquí presentamos, nuestro interés es tener una primera aproximación a cierta variabilidad social y económica entre ambas jurisdicciones, la cual, suponemos, incide en las características generales de sus procesos de institucionalización del enfoque de derechos y las arquitecturas normativas e institucionales de la Justicia Penal Juvenil. Se observan entonces, dos escenarios con diferentes posiciones actuales en el contexto nacional considerando al menos su densidad poblacional, matrices productivas, la estructura de sus mercados de trabajo y sus índices de pobreza por ingresos. Sin embargo, los indicadores de pobreza de NNyA en ambas provincias y de (no) acceso a derechos se asemejan en términos relativos, presentando situaciones críticas.

Justicia Penal Juvenil: arquitecturas normativas e institucionales

En este apartado, realizamos un breve desarrollo de las principales características de las arquitecturas normativas e institucionales de los sistemas penales juveniles, en tanto componentes del campo penal juvenil (Medina, 2019) en cada jurisdicción. Desde una perspectiva analítica, este campo aparece en una (no tan) estrecha relación con un campo institucional (Bourdieu y Wacquant, 2005) más amplio de intervenciones estatales sobre niñas, niños y adolescentes (Villalta, 2021) definido como un complejo diverso de agentes y organismos donde la protección y el control, el cuidado y la disciplina, la integración y la punición se presentan imbricados y enunciados en pos de “hacer el bien” (Vianna, 2010).

Así, entendemos que en la conformación de los sistemas penales juveniles en las localidades de estudio están involucrados diferentes actores, relaciones sociales, acuerdos y hegemonías que inciden en la configuración de la política criminal juvenil. A partir de observar al Estado como un ente complejo en el que se reflejan las luchas políticas (Haney, 1996; Fraser, 1991), poner el foco en la relación entre las modificaciones normativas específicas en materia penal juvenil así como también en las transformaciones de los sistemas procesales penales de inquisitivos a acusatorios a partir de los nuevos códigos procesales penales y las consecuentes modificaciones en las arquitecturas institucionales judiciales, nos permite atender a la forma en la cual se interviene de manera concreta sobre la conflictividad juvenil en cada provincia.

En Salta, la primera ley referida a los derechos de NNyA fue la ley Nº 7.039 de “Protección de la Niñez y la adolescencia”, sancionada en 1999 y vigente hasta el año 2016. Esta normativa ratificó la Convención de los Derechos del Niño^[24], definió obligaciones estatales con respecto a los derechos de NNyA y creó el Consejo Provincial de la Niñez integrado por agentes estatales y pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil^[25] “como órgano consultivo de todo plan y/o programa integral que aborde los problemas de los menores”. Por su parte, consignó un capítulo específico referido a la “Justicia Penal de Menores” que incluía casos donde NNyA fuesen víctimas de delitos (y las consecuentes obligaciones estatales de denuncia –al Ministerio Público Pupilar– y provisión de acompañamiento) junto con aquellos en los cuales éstos(as) fuesen infractores de la ley penal. Señalaba, de manera general, derechos y garantías de jóvenes en el proceso penal, y consignaba el carácter “socioeducativo” de las medidas estatales a adoptarse en casos de adolescentes infractores, refiriéndose puntualmente a la privación de la libertad. Esta ley tuvo vigencia^[26] hasta el año 2016, cuando se sancionó la Ley provincial de Protección Integral de Niñas, niños y adolescentes (N°7.970). Con ésta última, se definieron los procedimientos administrativos para la toma de medidas de protección y medidas de protección excepcional, excluyendo de la norma alguna referencia a las intervenciones en cuanto a adolescentes y jóvenes menores de 18 años acusados(as) de cometer delitos. Esta ley reformó la composición y funciones del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y creó la figura del Abogado del Niño.

Por su parte, en la provincia de Chubut un vacío normativo propició las condiciones de desarrollo de una ley especial referida a las infancias y adolescencias (N°4347) en el año 1997, actual Ley III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.^[27] A nivel provincial, se encuentra entre las pioneras en incorporar los lineamientos de los derechos humanos y de la protección integral de derechos, varios años antes incluso que la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos. De esta manera, se inicia un proceso de readecuación institucional y transformaciones en las políticas públicas organizadas en el Sistema de Protección Integral de Derechos que estructura el campo institucional de las infancias y adolescencias. Así, además de establecer las responsabilidades estatales respecto de los derechos de NNyA, crean los organismos necesarios para su ejecución y control, y un fondo especial destinado a la implementación de las medidas previstas en la norma.

En este sistema, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia provincial articula con los organismos administrativos de protección de derechos municipales lo relacionado con las medidas de protección integral y las medidas excepcionales de derechos, dejando en el Poder Judicial las funciones de contralor. También, para coordinar la implementación de las políticas públicas crea el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia que promueve y articula las acciones entre las distintas áreas gubernamentales. Además, forma parte de esta trama institucional, la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, bajo la órbita del Poder Legislativo que tiene como función recibir denuncias, reclamos y pedidos ante vulneraciones de derechos y establecer las vías de comunicación con los organismos competentes.

En la provincia de Salta, la institucionalidad con competencia en la protección de derechos de NNyA obtuvo el rango de Secretaría^[28] en 2003. Actualmente la denominación de la autoridad de aplicación de la Ley N° 7.970 es la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia (Ministerio de Desarrollo Social). Ésta territorializa la cobertura del Sistema Integral de Protección en la provincia de distintas maneras^[29], aunque principalmente mediante Delegaciones Regionales^[30] autónomas en la toma de medidas de protección y medidas excepcionales. Ahora bien, la institucionalidad propiamente referida a la Justicia Penal Juvenil tiene sus orígenes en Salta en el año 2009, con la creación de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil de manera “desvinculada” de la órbita de las políticas de infancia y adolescencia. El área se creó bajo la entonces Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En el decreto N° 3775, esta nueva institucionalidad consignó responder a una “adecuación a disposiciones internacionales” y dispuso el traspaso de la Unidad de Protección de Menores Nº 1 (o Comisaría del Menor), hasta entonces a cargo de la Policía de la Provincia a la nueva área, bajo el actual nombre de “Centro de Atención Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 1”.^[31] Luego de ser reubicada numerosas veces en la estructura ministerial entre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de Justicia Penal Juvenil se encuentra actualmente, y desde el inicio de la gestión del actual signo político en el gobierno (2019) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia. Administra la totalidad de dispositivos de Sistema Penal Juvenil: aquellos de privación de la libertad de régimen cerrado ubicados en Salta Capital (2, uno para adolescentes mujeres y otro para varones), en Orán (1), Tartagal (1) y en Metán^[32] (1); un dispositivo de restricción de la libertad ubicado en la capital, y un dispositivo de monitoreo territorial de medidas penales alternativas, también en la capital. Este último, en el año 2014, mediante un convenio entre el poder ejecutivo provincial y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (decreto provincial N° 1025) obtuvo financiamiento inicial para “fortalecer los mecanismos y estrategias de inclusión social de jóvenes que hayan transitado instituciones de privación y/o restricción de libertad, garantizando el acceso a sus derechos”. Es decir que, en sus inicios, funcionó como un dispositivo de egreso. Posteriormente, el programa dispuso ofrecer intervención en el monitoreo de medidas penales territoriales, como la primera medida en los casos que los actores judiciales consideren pertinentes, como alternativa a la aplicación de penas privativas de libertad. Este tipo de medidas eran definidas como acciones de orden socioeducativo, impuestas por el Juzgado interviniente y podrían ser ejecutadas en algunos o en todos los momentos del proceso judicial. Finalmente, y en la actualidad, esta área administrativa no cuenta con espacios de aprehensión especializados para alojar transitoriamente a adolescentes demorados por la policía u otra fuerza de seguridad ni con equipo técnico de guardia que garantice intervenciones especializadas.^[33]

Respecto a los(as) actores del Fuero Penal Juvenil (creados por ley orgánica de la justicia penal Nº 7716 del año 2012), existen tres Juzgados de Menores (luego del año 2020, pasaron a denominarse Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil) únicamente en el Distrito Judicial Centro, mientras que en el resto de los distritos (Tartagal, Orán y Sur) no existe estructura judicial específica, sino que los Tribunales de Juicio Oral tienen competencia penal juvenil. Por su parte, en el ámbito del Ministerio Público existen dos Defensorías Penales Juveniles y dos Fiscalías Penales Juveniles (únicamente en distrito Centro). Intervienen, también, en los procesos penales seguidos contra adolescentes, Asesores de Incapaces (doce en el distrito centro; seis en el Sur; seis en Tartagal y cuatro en Orán).

La arquitectura propiamente judicial de la provincia de Salta se ha ido modificando conforme a un proceso iniciado en septiembre de 2018, luego de amplios debates dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando fue promulgado el proyecto de ley impulsado por la Corte Suprema de Justicia de Salta para la aplicación del Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes. Este Régimen ha sido prorrogado por sucesivas leyes entre 2018 y 2023, año en que finalmente fue aprobada con modificaciones esta normativa que establece un procedimiento aplicable a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de NNyA de acuerdo con un sistema de tipo acusatorio. Una de esas prórrogas habilitó un Régimen Transitorio en los procesos penales iniciados contra adolescentes a partir de septiembre de 2020, dictando la continuación de aplicación del Código Procesal de tipo inquisitivo (Ley 6.345, anterior al CPP acusatorio Ley N° 7.690) en conjunto con las modificatorias del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 7.716) referidas a los casos donde la investigación preparatoria se encontraría a cargo del Ministerio Publico Fiscal; así como la aplicación de numerosos artículos del Régimen, como los referidos a las audiencias de debate y sentencia, las “medidas socioeducativas y asegurativas del proceso”, los criterios de oportunidad y vías alternativas de solución del conflicto e incluso otros de contenido más controversial, tales como la creación de un “Registro Único de Antecedentes Penales Juveniles” (reglamentado por la Acordada N° 13251 de la Corte de Justicia).

Luego de la última prórroga (ley N° 8333) que creó una Comisión especial con el objeto de que proponga las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación, en septiembre de 2023, el Régimen fue aprobado con modificaciones por la Ley N° 8389. Entre las más significativas se encuentran aquellas sobre artículos como los referidos a los procedimientos a seguir cuando NNyA no sean punibles; las denominadas “medidas de protección” y no “socioeducativas” y el rol de la Autoridad Administrativa de Aplicación, institución que no era siquiera nombrada en la versión original del Régimen; y la incorporación de la remisión además de los criterios de oportunidad establecidos en el Código Procesal Penal de la Provincia (Ley N° 7690), entre otros.

Las sucesivas prórrogas de esta ley estuvieron estrechamente relacionadas con limitaciones presupuestarias para la adecuación institucional en pos de garantizar su aplicación, la cual implica la creación de institucionalidad en los distritos judiciales Tartagal, Orán y Sur y su ampliación en el distrito Centro. Este proceso se encuentra en curso desde septiembre de 2023 y ha sido establecido en documentos del Ministerio Público y el Poder Judicial (Resolución N° 22.409 y Acordada N° 13.981, respectivamente) con un plazo máximo hasta el 1° de diciembre de 2023. De esta manera tanto la normativa, la institucionalidad judicial, así como el tratamiento judicial en la Justicia Penal Juvenil en Salta, se encuentran en una coyuntura signada por los “reacomodamientos” asociados a la mudanza plena de un sistema procesal penal inquisitivo a uno adversarial. Sin embargo, se advierte cierto rezago en lo referido a la “adecuación” de la institucionalidad administrativa en materia penal juvenil. Esto último se evidenciaba ya en las recomendaciones que la Defensora Nacional de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realizó en el año 2021 a la provincia respecto a las necesidades de readecuación del sistema penal de las/los adolescentes y que aún no han tenido curso.

En Chubut, la ley de Protección Integral de Derechos en relación con la institucionalidad judicial para la tramitación de los procesos que involucren NNyA dispuso la creación del fuero de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, el cual se integra por juzgados de familia, juzgados penales y contravencionales de NNyA, asesorías de NNyA y familia, y equipos técnicos interdisciplinarios. Esta especialidad para el juzgamiento está pendiente de implementación y los adolescentes en conflicto con la ley penal son juzgados por jueces penales de adultos con competencia penal juvenil.^[34] Sin embargo, orientadas por el principio de integralidad en la protección, desde el año 2020 las asesorías de NNyA y familia del Ministerio Público de la Defensa tienen competencia en todas las causas en las que son parte NNyA y asumen las funciones del Abogado del Niño en los casos necesarios. Además, la ley de protección integral provincial consigna un apartado destinado a la justicia penal y contravencional, en el que se detallan las garantías procesales, los derechos y el procedimiento aplicable en caso de que un adolescente sea acusado de cometer un delito. Señala que si el juez determina su responsabilidad penal podrá aplicar una medida socioeducativa. Estas medidas están enumeradas de manera taxativa^[35] y de ser aplicadas es necesario fijar el tiempo de su duración al momento de dictarlas, ser proporcionales a la gravedad del hecho y pueden ser modificadas durante su implementación.

En cuanto a las medidas de privación de libertad se reconoce que siempre es una medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Para los casos en que sean consignadas existe un dispositivo de privación de libertad que lleva el nombre de Centro de Orientación Socio Educativa (COSE) bajo la órbita de la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de la provincia con dos sedes.^[36] Cada sede cuenta con operadores especializados, una escuela y talleres culturales, recreativos, deportivos y espacios para formarse en oficios.

En lo que refiere a espacios de aprehensión especializados, al igual que Salta, la provincia de Chubut no cuenta con dispositivos para alojar transitoriamente a adolescentes demorados por la policía u otra fuerza de seguridad ni con equipo técnico de guardia que garantice intervenciones especializadas.

La arquitectura institucional penal juvenil en Chubut se articula en materia judicial con el Código Procesal Penal de la provincia (Ley XV– Nº 9 sancionado en el año 2006– Antes Ley 5.478) estructurado sobre la base de un modelo del tipo adversarial. En éste el proceso penal juvenil es concebido como un proceso acusatorio, sumario, oral y privado. Además, el código contiene un capítulo específico destinado a las reglas a seguir en un juicio a adolescentes acusados de cometer un delito en el que señala que la sentencia se limitará a determinar la responsabilidad o no sobre el hecho que se le reclama, dejando el debate sobre la imposición de una pena para posterior. En el caso de que la persona sea declarada responsable, consigna que se podrán ordenar medidas socioeducativas similares a las que establece la Ley de Protección Integral de Derechos.

Finalmente, con respecto a las medidas socioeducativas se dicta la ley N° 1518/08 que modifica el Decreto Nº 1569/06, para el desarrollo en todo el territorio de la provincia el Sistema de Medidas Alternativas para la niñez, la adolescencia, la familia y la tercera edad con sus respectivos programas. Esta ley para los casos de adolescentes en los que se ha determinado su responsabilidad en la comisión de un delito crea el programa de Libertad Asistida que se efectiviza en dispositivos de medidas penales en territorio (con sedes en Trelew, Puerto Madryn y Esquel).

Por su parte, en Comodoro Rivadavia funciona de manera descentralizada el programa Haciendo Futuro, de supervisión y monitoreo de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en el ámbito socio comunitario bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del municipio y en articulación con la provincia. El programa busca dar respuesta a la situación de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal (presuntos infractores e infractores a la ley penal) de entre 16 y 18 años.^[37] Debido a limitaciones presupuestarias provinciales, el programa estuvo sin funcionamiento durante los últimos años y retomó sus funciones en marzo de 2023.

En este apartado observamos una diferencia central entre ambas jurisdicciones vinculada al paso de sistemas inquisitivos a sistemas adversariales en la Justicia Penal Juvenil. Estas modificaciones en las estructuras de los procesos penales suceden en diferentes momentos en una y otra provincia. Mientras que en Chubut se sanciona el nuevo código procesal penal en el año 2006 con un apartado específico sobre juicio con adolescentes, abonando a las modificaciones iniciadas con la reforma judicial introducida por la Ley N° 4347 del año 1997 (actual Ley III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia) en la que se dispone la creación del Fuero de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, en Salta, en cambio, la sanción de un nuevo código procesal penal (en 2012, Ley 7690) excluyó al fuero penal juvenil de la aplicación de un procedimiento acusatorio. No fue hasta la entrada en vigor plena del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil en septiembre de 2023 que se consolidó un sistema procesal penal de tipo acusatorio para el proceso penal juvenil.^[38]

En cuanto a la institución administrativa en materia de Justicia Penal Juvenil, en Salta la encontramos bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Penales, aspecto observado en numerosas oportunidades al gobierno provincial (Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, 2021); mientras, en Chubut, el escenario presenta otros matices, ya que los dispositivos penales juveniles (Centro de Orientación Socio Educativa, COSE) funcionan en la órbita de la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. También se observa, como es el caso de Comodoro Rivadavia, el funcionamiento descentralizado de programas como Haciendo Futuro, de gestión municipal. Resaltan, también ciertas similitudes entre ambas provincias, tales como la ausencia de dispositivos de aprehensión especializados en ambas jurisdicciones; la inestabilidad y precariedad institucional de los dispositivos del sistema penal juvenil, principalmente de los programas territoriales. En ambos casos dicha institucionalidad tuvo como impulso para su creación financiamiento nacional proveniente de SENAF.

Este ejercicio comparativo abre interrogantes para pensar la relación entre las características de las arquitecturas normativas e institucionales que conforman los campos penales juveniles, y el tipo de implicancias que éstas tienen sobre la gestión cotidiana de la conflictividad penal juvenil.

Estadística sobre la conflictividad penal juvenil

Tal como señala Marina Medan, en el capítulo inicial de esta compilación, nuestras indagaciones encuentran en los datos cuantitativos complementos necesarios para dimensionar el fenómeno de la participación de adolescentes y jóvenes en delitos urbanos y los modos en que el Estado lo regula. En este caso, a la luz de que se trata de distintas jurisdicciones provinciales con particulares realidades socioeconómicas y arquitecturas normativas e institucionales en la materia, consideramos que el relevamiento de la estadística judicial pública disponible puede abonar en un primer paso hacia la comprensión de las coordenadas generales que presenta los escenarios de la Justicia Penal Juvenil en cada una de ellas en cuanto a los rasgos salientes de la conflictividad penal juvenil y el tipo de gestión estatal empleada. No obstante, y siguiendo a Medan, es preciso considerar los inherentes recortes y sesgos de este tipo de mediciones, así como las transformaciones en los procesos administrativos y burocráticos de construcción de datos cuantitativos. Asimismo, reparamos en no considerarlos autoevidentes ni en explicarlos de manera simplificada, fundamentalmente de aquellos de los cuales podemos hacer una mínima comparativa en los últimos tres años (2020-2022), ya que aumentos o disminuciones de ciertos indicadores requieren de análisis mucho más exhaustivos para arribar a conclusiones formadas.

En base a estas consideraciones, retomamos dos fuentes de datos. En primer lugar, aquellos provistos por el Sistema Único de Indicadores Penales Juveniles que nuclea las estadísticas de esta población en la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de la necesidad de contar con datos sistematizados y significativos de la población penal juvenil del país, se inició este registro en el año 2020. Otro cuerpo de datos estadísticos producido por agencias estatales respecto de la conflictividad penal juvenil viene siendo realizado por la Dirección Nacional Para Adolescentes Infractores a la Ley Penal (SENAF) y UNICEF de manera unificada y consecutiva en los últimos 3 años. Este se focaliza en la situación de adolescentes en el sistema penal juvenil en las 24 jurisdicciones provinciales a diciembre de cada año. Finalmente consideramos algunos informes de estadística judicial de Salta y Chubut.

En la provincia de Salta, de acuerdo con la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2022, 2106 NNyA ingresaron a la “Justicia de Menores” por causas penales de los(as) cuales el 82,6% fueron varones (1.740) mientras que el 17,4% fueron mujeres (366). A este total de NNyA se asociaron 2060 causas penales. La estadística del Poder Judicial de la Provincia de Salta^[39], registra un total de 1.915 causas ingresadas en los Juzgados de Menores del Distrito Judicial Centro, único distrito donde se encuentran juzgados especializados en la materia. Puede suponerse que al menos 191 causas ingresaron en juzgados multifuero con competencia en materia penal juvenil en los restantes 4 distritos de la provincia, que corresponden a numerosos municipios del interior de Salta. Respecto de las causas ingresadas en los juzgados especializados, el informe provincial advierte un leve incremento en el total de causas del período 2022, frente a las 1.743 ingresadas en el año 2021.

Por su parte, de acuerdo con la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del total de causas registradas en 2022, un 34% corresponde a delitos contra la propiedad (700); 32,6% a delitos contra las personas (672) y un 22,2% a delitos contra la integridad sexual (457). Cabe resaltar que la cantidad de denuncias por delitos contra la integridad sexual en el período enero-junio de 2022 en Salta fue de 895 casos, conforme a los datos del Sistema Informático de Denuncias del Ministerio Público de la provincia de Salta (OVcM, 2022). De acuerdo con esta misma fuente, durante todo el año 2022, se adoptaron medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones sobre 501 NNyA, de los(as) cuales el 90,08% (454) fueron varones y 9,2% (47), mujeres. En cuanto a sus edades, un 26,2% (131) tenía entre 14 y 15 años, mientras que un 73,8% (370) tenían entre 16 y 17 años. Estos últimos datos, en principio, indican un abordaje judicial propio de un sistema mixto vigente en la provincia antes de la implementación plena del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil en septiembre de 2023, donde la intervención penal sobre adolescentes inimputables no solo procede, sino que puede adoptar la forma de privación de la libertad.

Finalmente, de acuerdo con los datos de los relevamientos realizados por SENAF y UNICEF, el último reporte sobre la provincia de Salta, indicaba que, a fines de 2022, 49 NNyA se encontraban cumpliendo medidas en dispositivos del sistema penal juvenil de la provincia y se distribuían de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia en base a SENAF y UNICEF (2021; 2022; y 2023).

Esta fuente de datos unificada ha permitido observar el desenvolvimiento de los indicadores cuantitativos entre 2020 y 2022. Considerando incluso que se trata de un período de características particulares debido a los efectos sociales de la pandemia por COVID-19 con restricciones más fuertes a la circulación y de mayor despliegue de las fuerzas de seguridad y policiales, donde las intervenciones habilitadas a fin de dar cumplimiento a las medidas de aislamiento reforzaron el poder policial para amenazar, controlar, hostigar o violentar a los grupos sociales “comúnmente hostigados” tales como jóvenes varones cis género que residen en zonas urbanas segregadas (Garriga Zucal, 2023), se advierte un descenso en la cantidad de adolescentes en el Sistema Penal en general, y en particular, un descenso en la disposición de medidas de privación de la libertad. Si bien las medidas de monitoreo territorial ganan relevancia hacia 2022, con ello solamente igualan a las medidas de privación de la libertad.^[40]

Prov. de Salta	Medida territorial	Privación de la libertad	Restricción de la libertad	Total
2020	9	57	4	70
	12.86%	81.43%	5.71%	100.00%
2021	14	26	3	43
	32.56%	60.47%	6.98%	100.00%
2022	23	23	3	49
	46.94%	46.94%	6.12%	100.00%

Fuente: Elaboración propia en base a SENAF y UNICEF (2021; 2022; y 2023).

Según datos del Sistema Único de Indicadores Penales Juveniles de la provincia de Chubut en el año 2021 se iniciaron 62 causas en las cuales estuvo involucrada al menos una persona menor de 18 años, y se registraron 51 infractores en procesos penales iniciados, de los cuales el 90.2% son varones y el 9.8 son mujeres. En la mayoría de los casos (75,4 %) fueron delitos contra la propiedad, mientras que en menor medida se registraron delitos contra las personas (13,11%), contra la integridad sexual (3,28%) y otro tipo de delitos (8,2%).

En el año 2022, fueron 44 las causas penales iniciadas en las que participaron 49 adolescentes varones, lo que da cuenta de una disminución del 30% en las causas de un año a otro.

Respecto de las medidas adoptadas durante el proceso, en el 2021 se dictaron 32 medidas: 13 privativas de la libertad y 19 no privativas de la libertad o lo que conocemos como medidas penales en territorio. En el año 2022 las medidas fueron 24 (14 privativas de la libertad y 10 no privativas de la libertad).

Específicamente en Comodoro Rivadavia el 65% de los(as) jóvenes estaban señalados con delitos contra la propiedad caracterizados por ser de “baja lesividad” (en su mayoría en grado de tentativa) y sólo 3 de estos adolescentes fueron imputados por robo con armas (todos en grado de tentativa). Por su parte, 3 adolescentes fueron imputados por homicidio simple, y el resto señalados por otros delitos como encubrimiento, receptación de cosas u otros delitos leves. También, al igual que en los datos a nivel nacional y provincial se advierte el alto grado de masculinidad de la población penal juvenil: en Comodoro Rivadavia el 89% son adolescentes varones y sólo un 11% son mujeres.

Es notable la amplia diferencia entre los indicadores cuantitativos referidos a NNyA que ingresaron a la Justicia Penal Juvenil en 2022 en ambas jurisdicciones. En primer lugar, es necesario considerar estas estimaciones con relación al total de adolescentes en ambas provincias, aunque incluso de esta manera se observan marcadas diferencias relativas.^[41] En segundo lugar, resulta apropiado interrogar la aparente “baja conflictividad penal juvenil” en Chubut, en relación con lo que agentes judiciales entrevistados en el marco de una investigación sobre el sistema penal juvenil a nivel local durante el período 2021 y 2022 mencionan sobre una amplia discrepancia entre las causas que son iniciadas y la cantidad de adolescentes que son demorados en comisarías. En este sentido, es necesario reparar en las conclusiones alcanzadas por diversos estudios previos, que dan cuenta de cómo adolescentes, principalmente varones y de sectores populares, forman parte de la población regulada a través de prácticas policiales que consisten en diferentes formas de maltrato, humillación y hostigamiento (Cozzi, 2019; Cozzi, Font y Mistura, 2014; Bovillani, 2017). Esto mismo da pie a un interrogante similar para la estadística de la provincia de Salta, en cuanto a un posible “sub registro” de delitos de “menor cuantía” (hurtos, robos, etc.) que pudieran quedar bajo gestión policial y no necesariamente judicializarse. Estos interrogantes se vuelven relevantes ya que, como mencionamos, ni en Chubut ni en Salta existen Dispositivos de Aprehensión Especializados, y por consiguiente tampoco un registro correspondiente a aprehensiones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en Alcaidías y Comisarías dependientes del área de seguridad.

Por su parte, los datos señalados presentan una amplia diferencia relativa entre el peso de delitos contra las personas y contra la integridad sexual en ambas jurisdicciones: mientras en Salta estos suman el 54,8% del total, en Chubut, abarcan el 15,4%, y son mayoritarios los delitos contra la propiedad. Mientras que este último caso parece ser consonante con los indicadores de la Justicia Nacional de Menores^[42], la provincia de Salta parece ir a contramano. Esto suscita, en primer lugar, algunas inquietudes sobre aquello que subyace a la significativa diferencia entre los tipos de delitos en ambas jurisdicciones, relacionados con las características de la política de persecución penal en cada una de ellas, así como de los mecanismos sociales, y en particular institucionales, ya sean facilitadores u obstaculizadores, que hacen a las condiciones de posibilidad para la denuncia de vulneraciones a la integridad sexual, por ejemplo.

Por otro lado, se presenta como una variable común en ambas provincias el hecho de que casi la totalidad de los adolescentes contra los cuales se iniciaron procesos penales sean varones, reforzando nuevamente análisis que advierten la singular relación entre construcciones sexo genéricas y delito (Nebra, 2021; Haney, 2010; Medan, 2011) y vuelven, una vez más, necesario el análisis interseccional (Viveros Vigoya, 2016) de este fenómeno, a fin de dar cuenta de la particular imbricación de las relaciones de poder con eje en la edad, la clase social, el género y la raza.

Finalmente, poniendo atención en las modalidades de administración estatal de esta conflictividad penal en ambas jurisdicciones, en Salta entre 2020 y 2022, se advierte un incremento en la adopción de medidas territoriales en detrimento de las medidas de privación de la libertad, en consonancia con la tendencia nacional. Sin embargo, este aspecto, considerado como positivo con relación a estándares de derechos de NNyA, se da en un marco de precariedad institucional, también presente en otras jurisdicciones del país (BID, 2021): existe un solo programa de monitoreo territorial, centralizado en el principal aglomerado urbano, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Mientras tanto, en Chubut, este tipo de medidas son centrales en las formas de gestión estatal, sin embargo, el programa encargado de éstas en Comodoro Rivadavia retomó funciones luego de un prolongado período de inactividad en el año 2023. Si bien depende de Desarrollo Social y funciona en mejor articulación con áreas de protección de derechos de NNyA, su precariedad institucional es similar a la de Salta.

El ejercicio comparativo deja al menos dos interrogantes abiertos a próximas indagaciones en los casos aquí estudiados: relacionando las condiciones económicas, sociales y demográficas de cada jurisdicción y el tipo de delitos cometidos por NNyA, cabe preguntarnos, en un nivel macro, ¿cuál es la relación entre estas condiciones y las decisiones de política criminal que regulan la persecución penal sobre determinados delitos?, y en lo micro, ¿cuál es la relación entre las condiciones de vida de los hogares a los cuales pertenecen estos(as) NNyA y el tipo y cantidad de delitos en los cuales resultan involucrados(as)? Retomando lo que otros antecedentes han señalado (Cabral, 2019) podemos suponer que en contextos de mayor pobreza y desigualdad existe un elevado índice de delitos contra las personas -en el caso de Salta de homicidios y contra la integridad sexual- que en muchos casos pueden estar relacionados con conflictos interpersonales vinculados a las propias condiciones de vida en barrios desfavorecidos económicamente. En este sentido, nos interesa problematizar las cuestiones que tienen que ver con la relación entre las violencias estructurales que conllevan estas condiciones de vida y las violencias que frecuentemente atraviesan los jóvenes en su cotidianidad, así como las dinámicas que utilizan para gestionarlas (Cozzi, 2014; Cabral, 2016). Advertido esto, creemos importante señalar que, si bien estas conflictividades en su amplia mayoría están asociadas a una estructura económica desigual, las privaciones materiales no resultan suficientemente explicativas de ciertos delitos que suceden en ámbitos locales y generalmente entre personas conocidas, ya que entran en juego otras lógicas que no necesariamente buscan un rédito económico (Kessler, 2014).

En esta línea de análisis también podemos reflexionar sobre el caso de Chubut. Si bien a primera vista pareciera que la conflictividad penal juvenil no adquiere gran magnitud en la problemática social, y la persecución penal se orienta más bien a delitos contra la propiedad, intentar comprender este fenómeno desde otras perspectivas de análisis es relevante. Ello porque no sólo inciden las estructuras económicas en las que los jóvenes están insertos, sino también, otras dinámicas de la organización social, vinculadas con las desigualdades de edad, género, raza, clase social que intersectan a los sujetos de manera particular.

A modo de cierre

A lo largo de este capítulo buscamos profundizar en aspectos que permiten comparar dos escenarios de la Justicia Penal Juvenil en la Argentina. En primer lugar, realizamos una caracterización demográfica y socioeconómica, la cual nos permitió advertir que Salta casi triplica la densidad poblacional de Chubut. En relación con sus estructuras productivas, observamos que Salta se orienta al mercado doméstico con actividades diversificadas y con una elevada cantidad de empleo precarizado en cuanto a su estabilidad y salarios; en cambio, en Chubut tienen una amplia incidencia las actividades “extractivas” destinadas en gran parte a exportaciones, lo que produce un amplio mercado de trabajo formal y con altos salarios. Esto se ve reflejado en los indicadores de pobreza de la población: en Salta el 37,5% de las personas se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 6,6% debajo de la línea de indigencia. En cambio, en Chubut, los indicadores fueron 28% y 2,8% respectivamente, porcentajes por debajo del promedio nacional (40,1% y 9,3%).

Sin embargo, esta distancia que reflejan los indicadores de pobreza medida por ingresos se achica cuando se incluyen otras variables, por ejemplo, el índice de NBI para ambas provincias. En la provincia de Salta se registra alrededor de un 15% de hogares con al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas y en Chubut esta cifra asciende al 9,3%, ambas por encima del promedio nacional (9,1%). Lo mismo podemos observar en relación con los indicadores específicos de pobreza de NNyA que señalan que el porcentaje de hogares con presencia de NNyA debajo de la línea de pobreza en Salta es de un 77,2%; en Chubut, dentro del total de hogares un 76% de NNyA en CR-RT viven en hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Luego, repasamos las características generales de las arquitecturas judiciales y administrativas en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en particular de los sistemas penales juveniles señalando los momentos de sanción de sus principales normativas e institucionalización de los organismos administrativos y judiciales. En líneas generales, advertimos distintos derroteros y temporalidades en los procesos de institucionalización de los sistemas penales adversariales (códigos procesales de tipo acusatorio). Éstos inciden en las institucionalidades judiciales existentes en cada una de las jurisdicciones pero también producen la (re)configuración de las lógicas propias de los procesos. Por ejemplo, instalan el instrumento de los juicios orales y modifican las reglas de producción de las pruebas. Estas son cuestiones que impactan en la forma en que se construye y se gestiona el problema de la conflictividad penal juvenil. Encontramos que, en Chubut, la sanción del nuevo Código Procesal Penal en el año 2006, con un apartado específico sobre juicio con adolescentes abonó a las modificaciones que se habían iniciado con la reforma judicial introducida por la Ley N° 4347 del año 1997 (actual Ley III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia) en la que se dispone la creación del Fuero de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Mientras, en Salta la sanción de un nuevo código procesal penal (en 2012, Ley N° 7690) excluyó al fuero penal juvenil de la aplicación de un procedimiento acusatorio. No fue hasta la entrada en vigencia plena del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil en septiembre de 2023 que se consolidó un sistema procesal penal de tipo acusatorio para el proceso penal juvenil.^[43] Respecto a esta diferencia nos preguntamos para el caso de la provincia de Salta, qué tipo de gestión judicial de la conflictividad penal juvenil se habilitó en un marco de “transición” tan extendida en la adopción de un procedimiento acusatorio.

En términos de institucionalidad administrativa, señalamos también escenarios diferenciados. En Chubut, los dispositivos penales juveniles (Centro de Orientación Socio Educativa –COSE–) funcionan en la órbita de la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. También se observa, como es el caso de Comodoro Rivadavia, el funcionamiento descentralizado de Programas Territoriales de gestión municipal. En Salta, los dispositivos penales juveniles, así como la autoridad administrativa que los abarca, se encuentran desde su creación desvinculados del Organismo de Protección Integral de Derechos de NNyA, lo cual imprime una lógica particularmente penitenciaria en su gestión actual. Entre las jurisdicciones encontramos también algunas similitudes, tales como la ausencia de dispositivos de aprehensión especializados; cierta precariedad institucional de los dispositivos del sistema penal juvenil, principalmente de los programas territoriales, los cuales en ambas provincias tuvieron un financiamiento inicial nacional proveniente de SENAF.

Por último, presentamos algunos indicadores penales juveniles como la cantidad de causas iniciadas en 2022, la cantidad de adolescentes involucrados(as) en ellas, los tipos de delitos que originaron estos procesos, y el tipo de medidas dispuestas en consecuencia. A simple vista, es posible advertir un peso diferencial de la conflictividad penal juvenil en ambas provincias (Salta, 1,7% NNyA en conflicto con la ley penal, en un porcentaje de 8,6% de NNyA en la población total; y Chubut, 0,1% de NNyA en conflicto con la ley penal de un porcentaje de 7,6% NNyA en la población total), lo cual, en principio invita a indagar en otros niveles en los cuales se gestionan los conflictos juveniles en Chubut. Asimismo, resalta el peso diferencial entre los delitos contra las personas y la integridad sexual en Salta (54,8% del total), frente al porcentaje que éstos representan en Chubut, donde la mayor parte se definen como delitos contra la propiedad de “baja lesividad”. Estos datos abren numerosos interrogantes en relación con los lineamientos de la política de persecución penal, especialmente respecto de la población joven en cada jurisdicción y al impacto que ésta pueda tener en la producción de estadística. También sobre los mecanismos sociales, y en particular institucionales, que funcionan como facilitadores u obstaculizadores en relación a las condiciones de posibilidad para la denuncia de delitos particulares como aquellos que vulneran la integridad sexual. De igual manera nos preguntamos por el rol que cumple una posible “gestión policial” de delitos de “menor cuantía” (hurtos, robos, etc.) que no necesariamente se registran ni judicializan. Esto cobra relevancia ya que, como mencionamos, ni en Chubut ni en Salta se cuenta con Dispositivos de Aprehensión Especializados, y por consiguiente tampoco un registro correspondiente a aprehensiones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en Alcaidías y Comisarías dependientes del área de seguridad. Por último, se renueva la necesidad de apelar a un enfoque interseccional para comprender las singularidades (cuantitativas y cualitativas) de la conflictividad penal juvenil reparando no solo en las condiciones materiales de vida de los hogares en general, y en particular de aquellos donde viven NNyA, sino también considerando clivajes de desigualdad como los sexogenéricos y etnicoraciales.

Finalmente, nos preguntamos también, en relación al creciente número de medidas territoriales adoptadas frente a las infracciones cometidas por adolescentes en ambas jurisdicciones. Específicamente, por las características particulares bajo las cuales éstas se gestionan. Consideramos no solo los rasgos que adoptan según el tipo y “gravedad” de los delitos, sino también las arquitecturas institucionales de las provincias; en Chubut se advierte escaso financiamiento y, en Salta, una gestión centralizada territorialmente y a cargo de organismos administrativos de lógica penitenciaria.

Como señalamos al inicio de este capítulo buscamos que este primer ejercicio pueda abonar un futuro trabajo de comparación entre distintos casos antropológicos entre sí. En este sentido, encontramos orientadoras las definiciones metodológicas que Matei Candea hacía en un texto del año 2016 donde desarrolla lo que entiende como dos tipos de movimientos mutuamente constitutivos del conocimiento antropológico: la comparación frontal y la comparación lateral. La primera, de manera (muy) sintética, podría definirse como el dispositivo heurístico que busca hacer extraño lo familiar y familiar lo extraño. Mientras que la comparación lateral, es decir, “entre” casos tiene lugar desde una perspectiva que, aunque “externa” es crucialmente colectiva e involucra diálogos dentro y entre “áreas de especialización”. Pone en juego “la división y el agrupamiento, la delimitación y el rebote” entre conceptos y entidades (sociedades, instituciones, acontecimientos, etc.). La comparación lateral puede revelar diferencias o conexiones inesperadas entre casos, así como desestabilizar puntos de comparación que pueden encontrarse momentáneamente alineados. De esta manera, cuando el conocimiento parecía haberse estabilizado, la comparación lateral genera nuevas preguntas e invita a más desafíos laterales.

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