Marina Medan y Florencia Graziano
Este libro trata sobre la justicia juvenil en la Argentina contemporánea y se enfoca en el despliegue institucional -discursivo y práctico- de estrategias no privativas de libertad y que procuran la resolución alternativa de conflictos, especialmente de aquellas inspiradas en la justicia restaurativa, en el marco de las tensiones e innovaciones relativas a la institucionalización de los derechos humanos.
Desde que en 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) -que Argentina incorporó a sus instrumentos jurídicos de jerarquía constitucional en 1994- estableció que la privación de libertad a menores de edad debe ser una medida tomada como último recurso y por el menor tiempo posible, se han sucedido distintos debates sobre cómo administrar justicia penal a adolescentes y jóvenes. A partir de entonces, argumentos alineados con los derechos humanos, los sistemas de protección de la infancia y adolescencia, y la especialidad que debería tener la justicia penal al gestionar el delito juvenil, han confrontado con reiteradas demandas de endurecimiento del sistema que tienen en el centro de sus objetivos bajar la edad mínima de responsabilidad penal. En estos casi 30 años, el debate está lejos de ser saldado. No obstante, las persistentes posiciones de endurecimiento penal no han logrado evitar que, por diversas razones, en el ámbito de las burocracias argentinas los modos de administrar judicialmente los hechos delictivos cometidos por adolescentes se hayan ido modificando, en términos normativos, institucionales y culturales.
Reconstruir el modo general en que se institucionalizan las formas alternativas de resolución de los conflictos penales en el ámbito de la justicia juvenil (en discursos, estructuras burocráticas y prácticas cotidianas), supone abordar de qué manera estas prácticas estatales que proveen recursos, implementan procedimientos burocráticos y aplican institutos judiciales, son doblemente productivas. En primer lugar, porque al construir interpretaciones particulares de derechos, necesidades y sujetos, modulan y también contribuyen a la reproducción estatal de la exclusión y la desigualdad material y cultural; en segundo lugar, porque generan espacios para la ampliación de derechos de adolescentes, jóvenes, sus familias, y las víctimas.
La justicia penal juvenil en Argentina. Debates y transformaciones en los inicios del siglo XXI es una compilación fruto del proyecto titulado “Transformaciones, innovaciones y tensiones en la justicia penal juvenil. Justicia restaurativa, medidas no privativas de la libertad y formas alternativas de resolución de conflictos en la Argentina contemporánea”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la Argentina en su convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) del año 2018. Así, el libro recoge, como detallaremos enseguida, algunos resultados producidos en el marco de dicha investigación.
Previo a ello, en esta introducción queremos señalar que, como suele suceder en estos casos, el conocimiento que se plasma en los capítulos desborda los límites específicos de este proyecto y se trama con las trayectorias de investigación propias de cada una de las autoras y autores de dichos capítulos, vinculadas también con otros estudios. En este sentido, podríamos sostener que esta compilación reúne recorridos de investigación individuales que en algún momento se encontraron para hacer sinergia en este proyecto. Pero en rigor, si compartimos el proceso inicial de este proyecto, cómo lo pensamos, en qué se sostuvieron sus preguntas y se inspiraron sus apuestas, no podemos dejar de subrayar la marca colectiva que lo gestó. Quienes coordinamos este libro, e ideamos y condujimos el estudio, hemos compartido previamente experiencias de investigación dirigidas en conjunto por Valeria Llobet y Carla Villalta, las cuales supusieron, desde 2011, la articulación académica de equipos de investigación radicados en la Universidad Nacional de San Martín (en el Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud, de la Escuela de Humanidades), y en la Universidad de Buenos Aires (en el Programa de Antropología Política y Jurídica, del Instituto de Ciencias Antropológicas). A la articulación institucional se sumó la disciplinar, al producir una conjunción teóricamente muy productiva entre los aportes de la literatura feminista, los estudios sociales del Estado, y la antropología jurídica. Quienes escribimos esta presentación nos formamos en este espíritu y en esta práctica de la investigación en equipo, con otras y otros, para aprender y enseñar, como parte de un compromiso político y ético con la producción de conocimiento científico y de calidad. Sobre la base de esos cimientos, el equipo amplió sus fronteras institucionales, disciplinares y geográficas, con la participación de Federico Medina, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de Julieta Nebra de la Universidad de Buenos Aires, de Sofía Ríos de la Universidad Nacional de Salta, y de Julia Sanabria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las contribuciones de los miembros del equipo, fruto de trabajos de investigación situados, aportan a una comprensión compleja de la regulación del delito juvenil en un país federal; además, representan un compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad y la producción científica a lo largo de todo el país.
En segundo lugar, adoptamos como propia la tensión permanente de estudiar críticamente las políticas públicas, describirlas, comprenderlas y problematizar sus efectos y, a la vez, considerar que están encarnadas por personas reales, que representan a sujetos morales y reflexivos. Quienes, además de configurarse habitualmente como nuestros sujetos de estudio, son interlocutores indispensables para la comprensión de la propia regulación estatal, y también, quienes tienen la capacidad de incidir en políticas concretas. Tenemos la sentida expectativa de que en la lectura de estos capítulos se vean reflejadas estas coordenadas sobre las cuales trabajamos. Esta compilación tiene la pretensión de contribuir a debates teóricos pero también de intervención profesional en el ámbito de la política pública en el campo penal juvenil. A lo largo de los años y por nuestra triple inserción en la investigación, la docencia y la extensión universitaria, hemos conversado en entrevistas, en clases y seminarios de grado y posgrado, y en diversos encuentros académicos e institucionales con funcionarios y funcionarias judiciales, personal administrativo, trabajadores y trabajadoras de nivel territorial, del ámbito de la psicología, del derecho, del trabajo social, de la educación. Confiamos en poder seguir fortaleciendo esos vínculos, porque nos moviliza un modo de producir conocimiento científico que, lejos de abonar a la falsa dicotomía entre la investigación académica y la gestión política, reconoce sus especificidades, incumbencias y temporalidades y se esfuerza en potenciar intercambios y retroalimentaciones virtuosas (Buroway, 2005; Villalta, 2013; Llobet, 2019).
Un recorrido por los capítulos
Este libro se organiza en tres partes y se nutre de diferentes indagaciones llevadas adelante en el marco del proyecto de investigación que coordinamos y como parte de la formación de posgrado de algunos de sus integrantes. Ha sido un fecundo espacio para el intercambio que nos ha posibilitado lecturas compartidas y discusiones tanto conceptuales como metodológicas en torno a la investigación sobre justicia penal juvenil.
Algunos de los trabajos aquí reunidos han sido previamente publicados en revistas científicas, no obstante, entendemos que como compilación, revisados para esta obra y rodeados de trabajos inéditos, renuevan su aporte y diálogo con el campo de estudios y con el problema de indagación.
Se trata de investigaciones empíricas en el campo de la justicia penal juvenil que, desde una perspectiva etnográfica, abordan el ejercicio de la administración judicial destinada a personas menores de edad. A su vez, se proponen discutir las formas de pensar el campo de lo estatal y la justicia, en algunos casos mediante el uso del método comparativo, problematizando la dimensión formal e institucional del derecho e indagando en los mecanismos informales y en las tramas de relaciones sociales en las que se inscribe su práctica.
Con la compilación de estos trabajos, que indagan en las prácticas concretas y cotidianas del poder judicial, en sus actores, interacciones y moralidades, y en las intervenciones, sentidos y valores locales de la justicia penal juvenil, esperamos contribuir a la construcción de un conocimiento situado respecto de las formas de la gestión estatal de sujetos y conflictos. Asimismo, aportar a la problematización de categorías jurídicas y a la construcción de tipologías institucionales y del funcionamiento de las burocracias judiciales, especialmente de las destinadas a personas menores de edad acusadas de cometer delitos. Asimismo, tal como el título del libro lo indica, los artículos aquí reunidos se centran en las transformaciones ocurridas en este campo y, en este sentido, queremos resaltar que entendemos que esas innovaciones burocráticas revelan la capacidad reflexiva de actores judiciales y administrativos que de modo constante buscan revisar sus prácticas y repensarlas a la luz de la multiplicidad de demandas que cotidianamente presenta el abordaje institucional de la conflictividad penal juvenil.
Luego de esta presentación, la primera parte consta de una introducción dividida en dos secciones. Una a cargo de Marina Medan, en la que se presenta el problema de la conflictividad penal juvenil en Argentina y se realiza una contextualización espacio temporal del mismo, al tiempo que se ofrecen ciertas coordenadas teóricas de lectura. En la otra, Florencia Graziano repone la perspectiva de la antropología jurídica como abordaje teórico metodológico desde el cual problematizar las transformaciones institucionales ocurridas en el campo penal juvenil.
Recogiendo estas perspectivas, el capítulo de Marina Medan y Florencia Graziano “La justicia juvenil restaurativa en Argentina: discursos y dilemas de un enfoque en ebullición” da inicio a la segunda parte. Este trabajo reconstruye las razones que se movilizan en torno a la justicia restaurativa y analiza las tramas de sentido que atraviesan los discursos de diferentes actores de la justicia juvenil que promueven el uso de este enfoque. Los principales argumentos que identifican son discutidos a la luz del paradójico contexto argentino en el que se traman avances de derechos humanos con demandas punitivas.
Marina Medan, Carla Villalta y Valeria Llobet, en el siguiente trabajo “Prácticas de justicia juvenil restaurativa en Argentina” describen y analizan cómo los principios del enfoque restaurativo se ponen en práctica en contextos específicos. Con ese objetivo, a través de la presentación de casos concretos, centran su atención en tres cuestiones claves de este enfoque: el encuentro, el trabajo con la víctima, y el rol de la comunidad. De esta manera, avanzan en la discusión sobre los efectos de las prácticas restaurativas en la configuración y comprensión de la conflictividad penal juvenil.
En el artículo “Prácticas judiciales y saberes: etnografiando la justicia penal juvenil en la Argentina”, Carla Villalta y Florencia Graziano examinan las principales coordenadas teórico-conceptuales que han conformado una perspectiva analítica para abordar y etnografiar las intervenciones estatales sobre la niñez y la adolescencia. Asimismo, describen y problematizan algunos de los rasgos más prominentes (familiarización, psicologización e individualización) de las intervenciones que son desplegadas en la Argentina por los distintos agentes que integran los dispositivos jurídico-burocráticos que componen el particular campo institucional en el que la justicia penal juvenil se inserta.
En el trabajo “Una mirada etnográfica sobre prácticas judiciales en audiencias de `conversión´ de procesos penales juveniles en Santiago del Estero, Argentina”, Federico Medina estudia las intervenciones judiciales en procesos penales juveniles acontecidos en Santiago del Estero. En particular, describe y analiza las actuaciones judiciales en las denominadas audiencias de “conversión”, para indagar en los sentidos y prácticas que allí se ponen en juego, tanto desde la perspectiva de distintos agentes judiciales como desde los jóvenes. El argumento que organiza el trabajo busca dar cuenta de cómo la gestión judicial de la conflictividad penal juvenil colabora con la producción de un sujeto pasible a las intervenciones del sistema penal a través de la multiplicación y acumulación de “verdades provisorias”, que recaen sobre las trayectorias juveniles.
El capítulo de Julieta Nebra titulado “`Si lo detienen, voy presa yo también´. Intervenciones, regulaciones y vínculos familiares atravesados por una medida penal” reconstruye algunos nudos centrales que dan forma a la relación política sociopenal, jóvenes y familias en Buenos Aires. Por un lado, da cuenta de los modos en que los lineamientos normativos internacionales y nacionales conciben el lugar de las familias en relación a la conflictividad penal juvenil y las tensiones que este encuadre normativo suscita en lo cotidiano. Y por el otro, analiza las formas en las que las familias son interpeladas por los dispositivos sociopenales y las estrategias, negociaciones y alianzas entre los distintos actores. A su vez, presenta algunas “zonas grises” en las cuales se tensionan las tareas y responsabilidades que les “corresponden” a cada actor, así como las “zonas grises” entre las intervenciones sociales y penales. Por último, sostiene que la centralidad que reviste la participación de la familia en las políticas sociopenales debe ser discutida a la luz de las percepciones y valoraciones que los actores tienen de ella.
En el trabajo “Dos escenarios de la Justicia Penal Juvenil en provincias de la Argentina: los casos de Chubut y Salta”, Sofía Ríos y Julia Sanabria analizan las principales características y dinámicas de los sistemas penales juveniles en las provincias de Salta y de Chubut poniendo el foco tanto en sus normativas como en sus estructuras institucionales, sus actores y competencias. Mediante un análisis comparativo de estos dos escenarios locales significativamente disímiles, buscan aproximarse a las particulares nociones y categorías estatales sobre la conflictividad juvenil, el rol del estado en su regulación o administración, y el papel de la comunidad y las familias en cada una de estas provincias.
Cerrando esta segunda parte, Sofía Ríos, en su trabajo “Condiciones y compromisos en la administración de medidas alternativas sobre jóvenes en conflicto con la ley penal en la Ciudad de Salta”, indaga en torno a las formas de intervención estatal destinadas a jóvenes en conflicto con la ley penal en la ciudad de Salta. Lo hace mediante la descripción y el análisis de prácticas administrativo-judiciales que tienen lugar cotidianamente en un programa de monitoreo territorial de medidas penales alternativas. Analiza las categorías estatales de “inclusión social” y “responsabilización” en el marco del dispositivo penal, así como las estrategias prácticas que despliegan sus agentes, con ellas como horizonte.
La tercera parte resulta una instancia fundamental para debatir y enriquecer las perspectivas de análisis a partir del intercambio con investigadores extranjeros con los cuales compartimos diferentes redes, como el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) y el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes (OLAJUSPA), y con quienes hemos realizado diferentes actividades académicas, como la coordinación de un número temático en una revista científica, publicaciones conjuntas, organización de mesas de trabajo en congresos internacionales y regionales, docencia de grado y posgrado, entre otras. De este modo, invitar a nuestros colegas uruguayos a formar parte de este libro, constituye un elemento de central importancia en tanto implica la posibilidad de discutir los resultados alcanzados con trabajos desarrollados en otros contextos cercanos y con la bibliografía especializada y los debates más actualizados sobre los temas que investigamos, así como afianzar la vinculación con estas redes y la articulación con equipos de investigación.
Gabriel Tenenbaum, en su artículo titulado “La política criminal uruguaya en la era progresista (2005-2020): el caso de la justicia para adolescentes”, problematiza la política criminal progresista para el caso del sistema de responsabilidad penal adolescente durante los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020) en Uruguay. Su trabajo procura evidenciar las “sensibilidades” que guiaron las políticas públicas criminales del partido de gobierno y plantear una discusión acerca de los dilemas de las izquierdas con respecto a la seguridad pública.
Por su parte, en el texto “(Des) cuidar en el Sistema Penal Juvenil Uruguayo”, Cecilia Montes Maldonado y Laura López Gallego, nos proponen trabajar en relación a preguntas que traman los cuidados, el castigo y los afectos en el marco de las medidas judiciales que se implementan sobre adolescentes que transitan por el sistema penal juvenil uruguayo. A partir del análisis situado en los encuentros cotidianos entre agentes estatales y adolescentes, esa trilogía cuidados-castigo-afectos, les permite enunciar algunos dilemas del funcionamiento de las prácticas de castigo y de cuidado y tensionar las nociones en torno a ello.
En suma, el análisis que todos estos trabajos realizan sobre lo estatal, sobre el funcionamiento del “derecho en acción” y sobre el campo judicial y administrativo, nos invita a estimular un pensamiento reflexivo y crítico acerca de los modos convencionales de producción del saber jurídico y burocrático. Y abordar desde esta perspectiva el campo penal juvenil y la producción de reformas que allí se están sucediendo, nos permite atender a que la tarea de transformar la administración judicial no consiste en un derrotero lineal ni en el que la normativa sea el único recurso que haga falta movilizar; más vale, implica la participación de múltiples actores que desarrollan diversas acciones y disputas en un escenario dinámico compuesto de variadas relaciones, intereses y tensiones.
Hacia nuevas preguntas
Los distintos capítulos de este libro si bien no permiten reconstruir el panorama de todo el país, ni sus institucionalidades, ni prácticas de modo exhaustivo, sí intentan ser una contribución al conocimiento y comprensión de esta forma de practicar la justicia hacia adolescentes -centrada en medidas alternativas, o informadas por la filosofía restaurativa- y también de los debates que traen hacia cómo comprendemos la conflictividad penal.
Una de las conclusiones que puede formularse a partir de la lectura conjunta de los capítulos es que en el contexto argentino, la combinación entre la adhesión a perspectivas subjetivistas sobre la acción, la influencia del discurso psi, ciertas formas remozadas de tutelarismo, y la escasa problematización respecto del carácter interseccional de la experiencia juvenil, especialmente en contextos de agudización de las desigualdades sociales, confluyen en propuestas institucionales que individualizan la gestión del delito juvenil. Así, se deja en las sombras su carácter relacional e histórico. A ello se adiciona la consideración marginal que las políticas y programas del campo penal juvenil tienen de ciertos fenómenos como: el consumo problemático de drogas de los/as adolescentes y jóvenes que delinquen, y las dificultades para acceder a servicios para su tratamiento; la deficiente (o delegada) regulación estatal sobre mercados ilegales e investigación sobre redes criminales de las cuales los/as adolescentes son las principales víctimas; y la persistente violencia y hostigamiento policial sobre varones jóvenes de sectores populares. Este escenario conlleva efectos en la capacidad de las políticas tanto de ampliar los derechos humanos, como de proveer seguridad pública en términos de disminuir la delincuencia y las conflictividades sociales. A su vez, contribuye a la reproducción de desigualdades sociales, formas de estigmatización y minorización de poblaciones persistentemente vulneradas en materia de derechos humanos.
Como en todo proceso de investigación, las conclusiones del proyecto configuran, más que cierres, aperturas. Los hallazgos nos llevan a formular nuevas preguntas y a trasladar el foco de la indagación a otros escenarios que desbordan los institucionales. En particular, sostenemos la necesidad de avanzar en indagaciones que recojan la experiencia de los destinatarios de las intervenciones del campo penal juvenil, ya sean directos como jóvenes y víctimas, así como de familiares u otros miembros del entorno cercano de esos protagonistas. Esa es nuestra próxima orientación. Nos guía la convicción de que el conocimiento sobre las experiencias de este tipo de actores en relación al delito juvenil permitirá destacar aspectos que las definiciones institucionales invisibilizan, deslegitiman, menosprecian; aspectos que hacen a la complejidad de los procesos y cuya comprensión es necesaria para amplificar los efectos democratizadores de las políticas, pero también para mejorar su eficacia en materia de restitución de derechos humanos y provisión de bienestar y seguridad pública. Esperamos poder avanzar en esa línea.
Referencias
Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. American Sociological Review, 70(1), 4–28. https://doi.org/10.1177/000312240507000102
Llobet, V. (2019). Las investigaciones en infancia y algunos desafíos para la política y la intervención. Salud Mental y Derechos Humanos en las infancias y adolescencias. (Argentina). UNLA, 27-32.
Villalta, C. (2013). Un campo de investigación: las técnicas de gestión y los dispositivos jurídico- burocráticos destinados a la infancia pobre en la Argentina. Civitas, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 245-268, maio-ago.
