En ciertos aspectos, la tarea de la medicina popular guarda relación con la medicina académica: curar a los enfermos mediante conocimientos adquiridos. Decidimos emplear medicina popular como concepto pues engloba a las prácticas médicas no institucionalizadas. El término “curanderismo” aparece en las fuentes como una referencia peyorativa a estas prácticas o como sinónimo, aunque el concepto hace mención a la implicancia de la religión en los tratamientos. En esta investigación adoptamos la nominación nativa que aparece en la documentación a fin de restituir la voz de los sujetos sociales del periodo estudiado.

La medicina popular está basada en acciones y conocimientos de la tradición. La tradición significa la transmisión de conocimientos y prácticas de una generación a otra, pero que está sujeta a cambios y modificaciones a fin de sobrevivir y no ser considerada obsoleta (Arévalo, 2004: 927). Es decir que las resignificaciones de costumbres, prácticas y creencias, entre otras cosas, se adaptan a los tiempos en los que se dan, en un juego entre el presente y el pasado que continúa vivo, pero con sus matices.

Elegimos esta noción porque nos permite comprender una de las razones por las que las personas en situaciones específicas preferían acudir a un curandero antes que a un médico. El término “tradición” implica un anclaje cultural de ciertas prácticas, en este caso médicas, que pueden ser de difícil desarraigo en la población. Como bien se puede ver en la actualidad, los patrones de racionalidad occidentales, que engloban tanto lo referido al comportamiento cotidiano como a las prácticas científicas (como curaciones), aún siguen siendo cuestionados y puestos muchas veces en duda por sociedades, sectores de estas e incluso personas que optan por otro tipo de prácticas.

Para muchos de los personajes mencionados en la documentación que analizamos, las prácticas ligadas a la medicina popular carecen de racionalidad y se describen como resabios de barbarie, pero en el seno de ciertas tradiciones poseen una determinada lógica. Dentro del espectro de creencias de la sociedad bonaerense de fines del siglo xix no era contradictoria la presencia de curanderos y médicos en el mismo territorio. Por el contrario, en el discurso de ciertos sectores de la academia, la administración estatal y la opinión pública de esa época, la creencia en curanderos u otro tipo de sanadores era condenada por no formar parte de los cánones de lo interpretado como civilización. En otras palabras, se lo considera obsoleto.

Las costumbres como mecanismo de reproducción cultural no son fácilmente reemplazables ni modificables en las sociedades, por lo que los dispositivos de legitimación pueden tardar en ser aceptados por la población. De esta forma, durante el proceso de medicalización comenzado a mediados del siglo xix convivieron los médicos diplomados junto con los médicos populares. En este capítulo nos centramos en las representaciones sobre la medicina popular y en las causas según las cuales sus consumidores y detractores acudían a ella. En primer lugar, presentamos un panorama económico-político de la provincia, como así también demográfico, a fin de comprender la coyuntura en la que se dieron los casos por analizar. En segundo lugar, explicamos qué leyes se sancionaron para regular la práctica de la medicina y cuáles fueron sus alcances y limitaciones, para luego finalmente en el tercer y cuarto apartado centrarnos en las representaciones y en las razones por las cuales la medicina popular tenía relevancia, según distintos actores, en la provincia de Buenos Aires durante el periodo contemplado.

Para ello examinamos la situación en la que se dieron casos caratulados como ejercicio ilegal de la medicina del Departamento Judicial del Sud de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital de la provincia en La Plata. En las carátulas podremos apreciar la tipificación bajo el rótulo “ejercicio ilegal de la medicina”, aunque para nuestro análisis empleamos las categorías medicina popular y curanderismo específicamente tal como ya las definimos. Aunque antes de ahondar en los casos judiciales es necesario señalar la legislación y su instrumentación, así como también sus limitaciones. En otra sección de este capítulo analizamos las causas de la propagación y existencia de la medicina popular desde la prensa de principios del siglo xx. Estos artículos permiten reconstruir la visión creada desde la opinión pública sobre los médicos populares, como también así la de los médicos, responsables en parte de la presencia de estos personajes en la provincia de Buenos Aires.

1. El escenario: la provincia de Buenos Aires, 1870-1940

Todas las localidades que alojaron a los curanderos por investigar tenían como característica primordial la importancia de la explotación agrícola-ganadera. El periodo abarcado en este libro es de una extensión temporal amplia, en la que convergieron diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales. Una de sus peculiaridades fue la frontera productiva, en expansión hasta las primeras décadas del siglo xx, como así también una de las mayores receptoras de inmigrantes desde 1830 (Bjerg, 2009) debido a las oportunidades laborales generadas por su inserción productiva en el mercado mundial. Buenos Aires, así, fue receptora de 30 000 personas en la década de los 70 del siglo xix (Bjerg, 2009: 22), que llegaban en busca de trabajo ya fuese desde otras provincias como de ultramar. Esta circulación de personas propició la llegada de saberes curativos desde diferentes regiones, al igual que creencias religiosas ligadas a ellos. El mismo Estado argentino fue promotor de diversas medidas para favorecer la inmigración ultramarina. La promoción de pasajes y hospedaje para inmigrantes, sumado a las cadenas migratorias generadas por los mismos extranjeros, hicieron de la Argentina un país receptor hasta la década del treinta, teniendo en cuenta periodos con altibajos de acuerdo a las coyunturas locales e internacionales. Si bien la mayoría de estas personas se concentraron en los centros urbanos, no tanto en las áreas rurales, estas fueron destinatarias de diferentes grupos de extranjeros. Los daneses (Bjerg, 1999), los españoles (Da Orden, 2005) o los vascos (Irianni, 2000), entre otros, son algunas de las muestras de la inmigración en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, españoles e italianos en su mayor parte.

Hacia fines del siglo xix la expansión agrícola cambiaría la forma de colonización de la pampa argentina, particularmente en nuestra área de estudio. La extensión de la frontera agrícola propició una modificación en los cultivos desde la década de los sesenta del siglo xix. Esta fue una razón determinante para que a fines del siglo xix el impulso inmigratorio se asentara en Buenos Aires y Córdoba. Entre 1850 y 1860 la expansión lanar del norte de la provincia de Buenos Aires favoreció la llegada de los inmigrantes de origen irlandés, pero esta expansión, sumada a los conflictos políticos que atravesaba la provincia, derivaron en un desarrollo desigual de la actividad (Míguez, 2009). Asimismo, los diferentes grados de conflictividad y criminalidad derivaron en diversas medidas tomadas por el gobernador Valentín Alsina para garantizar la institucionalidad de la provincia y reducir el poder de los jueces de paz instalados durante el rosismo (Yangilevich, 2007; Seidellán, 2012: 36). Estos esfuerzos dieron como lugar la creación de una justicia criminal letrada que, con la sanción del Código Rural en 1854 y el Código Penal, crearía una red institucional para detener el delito, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina.

A partir de 1862 los intentos de institucionalización, de acuerdo con Hilda Sábato (1998), marcaron el renacimiento cívico. El debate acerca de la centralización y las libertades individuales llevó a discusiones sobre la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado. Se contendió acerca del poder que podía brindarse a los espacios locales. Centralización o descentralización era el dilema, y esto mismo se trasladó a las cuestiones en materia de salud y prevención. Es así como la búsqueda de un equilibrio entre centralización y localismo llevó a que coexistieran diferentes tradiciones jurídicas e institucionales, entre ellas la justicia de paz, con las nuevas disposiciones legales de la República y la provincia, los códigos penales (Seidellán, 2012: 57-58).

La federalización de Buenos Aires en 1880 señalaría una nueva configuración espacial, sumada a los cambios en materia económica y social. Los diferentes patrones de asentamiento en la provincia fueron modificados gracias a la llegada lenta pero efectiva del ferrocarril al sur de la provincia, tal como lo atestiguan los casos de Castelli, General Guido, Dorrego, Balcarce y General Pueyrredón (Levene, 1941). En la frontera norte encontramos la zona de ocupación más antigua de la provincia. Allí se conjugaban antiguas estancias explotadas por sus dueños, pequeñas parcelas trabajadas por arrendatarios y aparceros y algunos inmigrantes que se habían hecho de las propiedades.

Al sur de la ciudad y al norte del río Salado se encontraba el último territorio colonial cercano a la ciudad de Buenos Aires (Quilmes y la actual ciudad de Chascomús), al que beneficiaría rápidamente el sistema ferroviario. Sus tierras eran destinadas al ganado, que pasó del ovino al bovino entre 1880 y 1890. En esta zona sería donde se instalaría la futura capital provincial. El resto de la provincia era la misma frontera sur que hasta la década de los setenta del siglo xix fue víctima de los malones. Es así que los límites provinciales se ampliaron en 1884. La llamada ocupación cristiana hasta 1870 se dio de manera lenta y constante en esta zona y solo Bahía Blanca era controlada por el Estado, por la ventaja de su puerto. La bonanza económica agrícola de 1880 no se vería resentida, mas la economía urbana sería otra cuestión. Míguez (2013: 23) rescata este punto y destaca, a través de los datos censales, cómo en 1895 la población urbana disminuye en contraste con la rural. En lo político, las décadas de los setenta y los ochenta del siglo xix marcarían las disputas entre distintas facciones políticas del PAN (Partido Autonomista Nacional) y señalarían el pulso político e institucional de la provincia. Acerca de la dinámica de la política nacional y la bonaerense se recomienda leer a Paula Alonso (2003, 2010) y los trabajos en la compilación dirigida por Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (2010); para un estudio más clásico sobre la conformación del Estado, leer a Oscar Oszlak (1982).

Hacia 1900 llegó el gran auge económico gracias a las cosechas de trigo, maíz y lino, sumado a la posterior exportación de carnes congeladas y más tarde refrigeradas. El crédito agrario se restableció, lo que favoreció la inversión por parte de los empresarios terratenientes. La década del diez del siglo xx trajo diversas complicaciones: por un lado, una protesta de arrendatarios y aparceros por los costos de arrendamientos en 1912 que acompañó las protestas del sur de Santa Fe con sede en Alcorta y, por el otro, las reformas en el plano político, como fue la Ley Sáenz Peña. A su vez en los noveles establecimientos industriales se generaron conflictos de mano de los inmigrantes. Un quiebre se generó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras lo cual el nivel de exportaciones cerealera se resintió, y los niveles se restablecerían hacia la década del veinte. Lo mismo ocurrió con los niveles de inmigrantes llegados a la provincia (Míguez, 2013).

Los cambios en los modelos de producción, el paso del ganado lanar al vacuno y el incremento de los cultivos cerealeros (Dolores) atrajeron población. Con la llegada del ferrocarril se activó otro tipo de economías, como el turismo (como General Pueyrredón, y particularmente Mar del Plata). Los censos poblacionales nacionales de 1869, 1895 y 1914, sumados al provincial de 1881, permiten reconstruir el peso de las diferentes actividades a lo largo de los años y en cierta forma junto con otras fuentes reproducir el panorama social y cultural que facilitó la presencia de curanderos.

2. Los instrumentos normativos y sus limitaciones

La persecución de las prácticas de medicina no institucionalizada, como así también de las creencias consideradas como supersticiones desde ciertos sectores, ha sido abordada recurrentemente por la historiografía. Un ejemplo de esto son las obras de Juan Pablo Bubello (2012) y Pablo Santos (2008), quienes han tomado a la persecución y condena de prácticas religiosas y curativas como objeto de análisis. Los trabajos de Mauro Vallejo (2014, 2017a, 2017b, 2018) han apuntado a la conformación del campo de la psicología y han demostrado cómo esta disciplina oscilaba entre la cientificidad y el ocultismo gracias a algunos personajes que se consideraban científicos, pero cuyos métodos estaban lejos de serlo.

Entendemos que las motivaciones de las persecuciones pueden resumirse en dos proposiciones:

1. La necesidad del control de conocimientos y prácticas de parte de ciertos sectores en vías de institucionalización.
2. La ridiculización de saberes a fin de instaurar nuevos patrones de comportamiento y conocimiento.

Estas circunstancias se dieron tanto en el ámbito religioso como en la medicina occidental. En el actual territorio argentino podemos contabilizar dos momentos. El primero durante la Colonia, cuando la Iglesia intentó erradicar las creencias indígenas y las llamadas supersticiones de origen europeo del territorio americano tildándolas de brujería, idolatría y/o hechicería. Luego, en el siglo xix la búsqueda de reconocimiento del monopolio de un saber fue encabezada por la corporación médica persiguiendo prácticas tradicionales de la medicina popular.

La conformación de la corporación médica y su consecuente fortalecimiento y consolidación han sido procesos estudiados desde hace casi veinte años; para ello los investigadores se han servido de un variopinto corpus documental: publicaciones en revistas especializadas de las corporaciones, publicaciones de los medios de prensa, debates parlamentarios, leyes y memorias, entre otros. Para explicar el nacimiento y ascenso de la medicina racional científica académica los historiadores debieron investigar el panorama de las prácticas médicas antes, durante y después del proceso de medicalización (González Leandri, 1999; Di Liscia, 2002a, 2002b).

En este caso, a diferencia de trabajos anteriores, emplearemos una serie de fuentes inéditas, como lo son un conjunto de expedientes judiciales que narran denuncias bajo la carátula de práctica ilegal de la medicina en los departamentos judiciales dependientes de Dolores y de la capital provincial a partir de 1852. Los casos que analizaremos nos sirven para comprender la brecha entre las normas y las prácticas durante un proceso de medicalización. Los expedientes judiciales con sus limitaciones permiten reconstruir los usos y costumbres de la población y cómo estas colisionaban con las normas. En relación con la práctica de la medicina ilegal, son contadas las investigaciones que han empleado este tipo de documentación. Para periodos anteriores, los trabajos de Liliana Pizzo (2004) para Córdoba o de Judith Farberman (2005) en Santiago del Estero utilizaron fuentes en las que las concepciones religiosas de la parte acusadora eran preponderantes, pues lo que se perseguía básicamente era a la brujería. Primera gran diferencia: la justicia de fines del siglo xix y principios del xx era una justicia laica. Esto último no significó que algunos de los argumentos descalificadores hacia los acusados tuviesen similitudes con los esgrimidos por la Iglesia en siglos precedentes.

Particularmente lo encontramos cuando en las declaraciones y testimonios se preguntaba y apelaba a la moral de los testigos y acusados a fin de conseguir una reacción favorable de parte del juez. Sobre la aplicación de la justicia en el Río de la Plata y en la provincia de Buenos Aires han versado numerosos historiadores, que han sido prolíficos en los últimos años (Yangilevich, 2012; Palacios, 2006; Barreneche, 2001; Seidellan, 2012, entre otros), mas el ejercicio ilegal de la medicina ha sido un tema dejado de lado por los investigadores excepto contados trabajos (Bubello, 2010; Dahhur, 2018; Allevi-Carbonetti-Sedrán, 2018). Por ejercicio ilegal de la medicina en la cultura jurídica se entiende a todas aquellas prácticas curativas que no se encontraban englobadas en la medicina occidental académica, y quienes las practicaban carecían de títulos que los acreditasen como especialistas en medicina expedidos por instituciones universitarias.

Hacia 1854, con el Código Rural, se instaló en la campaña bonaerense la justicia letrada, que con la creación de jueces de primera instancia instruidos colisionarían en principio con los jueces de paz por sus atribuciones y actividades; sin embargo, unos y otros lograrían congeniar a fin de impartir justicia. La justicia letrada fue la institución modernizadora en materia judicial en la provincia de Buenos Aires. Particularmente los juzgados del crimen se encargarían de juzgar y dictaminar penas a los infractores de delitos penales en lugar de los jueces de paz (Seidellán, 2012: 45; Yangilevich, 2012: 72).

Existían dos formas de iniciar un proceso: la denuncia de un particular, ya fuese la víctima u otra persona, o que autoridades que tuvieron conocimiento de un delito decidieran que este fuera investigado. Acerca de los casos por ejercicio ilegal de la medicina encontraremos que ambas circunstancias están presentes en los expedientes judiciales. Se registraron las denuncias de familiares de víctimas de mala praxis por parte de curanderos como así también de médicos en los poblados, que hacían patente su indignación y descontento ante las actividades de estas personas.

La instrucción entonces era llevada a cabo por el juez de paz y ejecutada por los alcaldes y posteriormente por el cuerpo de policía. La información recabada, así como la existencia de pruebas y testigos, debía ser remitida para constituirse el sumario del caso.

Una vez finalizado esto y evaluado el sumario se podía proceder a la detención o no del acusado acorde a la disposición del juez de primera instancia. Consecuentemente se iniciaba la segunda etapa del expediente, denominada plenario, en la que comenzaba a actuar el juez de primera instancia. Usualmente el reo quedaba detenido en la cárcel pública y se le pedía que designara un defensor, que en la mayoría de las ocasiones era el defensor de pobres del juzgado, aunque algunos que podían costearlo optaban por un defensor del ámbito privado. Una vez rubricado esto con una firma el juez interrogaba al acusado. La estructura de preguntas era básicamente la misma: situación civil, edad, nombre completo, lugar de nacimiento, domicilio, oficio y años de residencia en el caso de ser extranjeros. Las preguntas sobre los casos apuntaban generalmente a saber si la persona acusada tenía un título que lo habilitase o no para ejercer la medicina, como así también si cobraba o no por sus servicios y si administraban algún tipo de medicación. El conocer el procedimiento exacto podía decidir la sentencia a favor o en contra del acusado. La recolección de pruebas era fundamental en el proceso judicial; una de las más importantes era la confesión del acusado, algo que no siempre se daba, pues en reiteradas oportunidades los reos negaban haber incurrido en un delito. Sobre este tema nos detendremos particularmente, pues analizaremos qué entendían por delito los miembros de la justicia y los acusados.

Posteriormente el agente fiscal tomaba conocimiento de la causa y realizaba su descargo para intentar demostrar la existencia de un ilícito en caso de que las pruebas fuesen suficientes. Así, en los expedientes se encuentran detallados los alegatos de la querella y la defensa que serían evaluados por el juez, quien posteriormente dictaría la sentencia de acuerdo con lo expuesto por las partes y lo labrado en el sumario. Una parte esencial de la sentencia era la fundamentación en la cual el magistrado recapitulaba las pruebas recabadas durante la instrucción y basaba su decisión en ellas. Culminada esta etapa la causa era elevada a la Cámara de Apelaciones en calidad de consulta a fin de corroborar la decisión de la primera instancia y lo mismo ocurría si existía una apelación (Yangilevich, 2012). Pero hubo que esperar hasta 1877 para un Código Penal Provincial. Los delitos graves eran enviados a la justicia letrada para que estos administraran justicia, mientras que los más leves eran sometidos a la justicia de paz. Es así como la mayoría de los expedientes que se encuentran en el Departamento Judicial del Sud sobre el ejercicio ilegal de la medicina tienen como consecuencia directa la muerte de la víctima o una lesión grave, es decir, un dolo. Sin embargo, denuncias al Consejo de Higiene Pública y posteriormente al Departamento Nacional de Higiene eran frecuentemente dados a conocer, como hemos visto en el capítulo uno, por la Revista Médico Quirúrgica y los Anales del Departamento Nacional de Higiene.

La sanción del Código Penal Provincial en 1877 facilitó paulatinamente el ordenamiento jurídico al anular la pluralidad de códigos y leyes que se empleaban hasta entonces. A fin de evitar condenas arbitrarias, el Código fijaba una serie taxativa de penalidades para cada delito, lo que unificaba las condenas. Asimismo, en la condena podían preverse una serie de atenuantes y agravantes que permitían aumentar o reducir las penas acordes a las circunstancias. En 1870 se sancionó una ley que regulaba la práctica de la medicina: en ella se estipulaba una multa de 1500 pesos para los casos de ejercicio ilegal de la medicina, como así también los meses de reclusión en caso de producirse una muerte o lesión grave. Sin embargo, a nivel nacional no existía una ley semejante debido a la dilación en la concreción de un código penal.

En 1921, con la sanción del proyecto de Tejedor, se dio finalmente origen al Código Penal argentino; previamente se generaron amplios debates que casi se prolongaron por veinte años. Este Código aplicaba la brecha entre las condenas mínimas y las más altas, lo que les permitía a los jueces un amplio abanico al momento de dictar sentencia. En este sentido a nivel nacional entraban en juego los atenuantes y agravantes que de acuerdo con cada delito podían incrementar o reducir las penas. Como señala Seidellan (2012: 122), la década de los 80 del siglo xix asentó la praxis de una tradición jurídica que uniformó criterios en la forma de interpretar los agravantes, atenuantes y eximentes, como así también de la valoración de las pruebas. Primaría entonces sobre la duda la inocencia del acusado, sin embargo, a fin de preservar el control social durante la instrucción se establecía la prisión preventiva para los acusados.

Los cambios realizados en materia de justicia reflejaban la voluntad de las élites políticas provinciales de 1870 por generar una modernización del derecho asentado en la escuela penal clásica o liberal (Seidellán, 2012: 48). Dos nociones regían estas modificaciones: que la conducta por castigar constituyera una ofensa moral y que el castigo revistiera como fin la preservación de la sociedad.

No obstante, la incipiente institucionalización derivó en problemas para poder garantizar la estabilidad en la provincia. Un factor para tener en cuenta era la extensión del territorio bonaerense y en relación con ello la vasta proporción de zonas rurales en contraposición a los núcleos urbanos. La dispersión de la población, la circulación constante y la falta de instituciones que permitieran la aplicación de las leyes promovían que la norma y la práctica en el siglo xix entraran en tensión continuamente.

En la ley de 1877 se dejó muy claro que “el ejercicio de las profesiones liberales debe ser reglamentado, restringido y vigilado por las autoridades de cada provincia”. En el Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (1877: 251-258) se señalaba: “Nadie podrá ejercer en el territorio de la Provincia ramo alguno del arte de curar, sin título expedido por la Facultad de Ciencias Médicas, o por los Tribunales que la han precedido”. En el caso de que alguien ejerciese alguna rama de la medicina sin título alguno, sería llamado ante el Consejo para ser apercibido, y si reincidía se lo multaba con la suma de 5000 $m/c la primera vez, con la suma de 10 000 $m/c por la segunda y la de 20 000 por la tercera. Finalmente, el artículo 41 concluía que, de no satisfacerse la multa o de existir una ulterior reincidencia probada, el Consejo remitiría los antecedentes al Juez del Crimen de turno, quien decidía si lo apresaba o no, a razón de un mes por cada 5000 pesos de multa.

A pesar de la sanción de esta ley que limitaba el accionar de los sujetos al prever una regulación mayor por parte del Estado y garantizaba un beneficio pecuniario y simbólico frente a los que la ley marginaba, hubo voces en contra al respecto. Es así como se dieron reclamos por la inconstitucionalidad de la ley resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en las sentencias dictadas el 13 de junio de 1878.^[1] Podemos citar el caso de Juan Petit de Murat, un homeópata, que aducía que la ley 1110, en la reglamentación que se hacía del ejercicio de la medicina, prohibía la homeopatía. El argumento en el que el Superior Tribunal se basó para rechazar el recurso fueron el entonces vigente artículo 25 de la Constitución provincial, que establecía que

La libertad de trabajo, industria y comercio es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero (Macagno, 2011: 8).

A su vez, refería al artículo 33, disponía que la expedición de títulos profesionales era exclusiva de las universidades, y quedaban las leyes regulatorias de estas en manos de la Legislatura (Macagno, 2011: 8).

En síntesis, la ley no prohibía el ejercicio de la homeopatía, sino el de cualquier rama del arte de curar sin un título homologado o expedido por alguna de las facultades de medicina del país. Por esto mismo el voto mayoritario aseverara que el planteo subyacente de Mourat era la inexistencia de una facultad de homeopatía. Y finaliza en los argumentos resolutivos explicando que el artículo 20 de la Constitución no negaba el derecho a ningún extranjero para ejercer su profesión siempre que pudiese acreditar la validez de sus títulos ante las autoridades que lo solicitasen (Macagno, 2011: 9). Mauro Vallejo, en su investigación sobre el hipnotismo a fines del siglo xix, demostró cómo esto se daba con el caso del Conde de Das, un italiano que se hacía llamar médico sin serlo y que practicó sus procedimientos hasta que fue descubierto como un “embaucador” (Vallejo, 2017b) y denunciado por ejercicio ilegal de la medicina en la ciudad de Buenos Aires en 1893.

La ley provincial de 1877 fue adoptada a nivel nacional en 1891 bajo el número 2829, la cual prácticamente era una copia de su antecesora a nivel provincial en 1877. Esto demuestra la necesidad por parte del Estado a nivel nacional de uniformizar los criterios acerca de lo considerado como medicina o no a fin de poder ejercer un control irrestricto sobre la población, particularmente si tenemos en cuenta el surgimiento de diferentes epidemias años anteriores y hasta bien avanzado el siglo xx. Estas cuestiones eran incumbencia del Consejo de Higiene Pública a nivel provincial y del Departamento Nacional de Higiene en el plano nacional.

El Departamento Nacional de Higiene durante la presidencia de Ramos Mejía intentó denodadamente lograr una ley que le permitiese regular el ejercicio de la medicina en los años noventa del siglo xix. De ello se daba cuenta en su Memoria, en la que se exponía un racconto del periodo comprendido entre el 1.º de enero de 1892 y el 31 de diciembre de 1894. Informaba que se dictaron 93 resoluciones sobre infracciones en el ejercicio de la medicina y farmacia, entre otras; se multaron a 52 personas por distintas infracciones, mientras se apercibieron a 129. De tal informe resulta, además, que se labraron 151 actas y declaraciones por denuncias relacionadas con estas infracciones. Empero, aclara –con un halo de xenofobia– que entre los sancionados “desgraciadamente… se encuentran médicos diplomados, aunque para el honor del cuerpo médico nacional, los argentinos figuran como una excepción”.^[2]

A los fines de “proponer” al Poder Ejecutivo las maneras más eficaces para exterminar la “plaga social” durante su mandato, desde el Departamento Nacional de Higiene se proyectó y promovió la sanción de una ley que reglamentaba el “ejercicio de la medicina y demás ramos del arte de curar”,^[3] que se aprobó en la sesión del organismo del 17 de julio de 1894, y fue tratada por la Cámara de Senadores en agosto de 1897 y por la Cámara de Diputados en agosto de 1899. Este proyecto procuraba la represión del curanderismo en manos del Departamento Nacional de Higiene, castigando a quien lo ejerciera sin la autorización correspondiente.^[4]

Esto mismo entendemos intentaba aunar criterios a nivel nacional, pues más allá de Buenos Aires, en Córdoba –en 1890– y en Tucumán –en 1863– (Fernández, 2004: 122) se había creado un Tribunal de Medicina para regular la actividad de los médicos en reemplazo de las instituciones coloniales como el Protomedicato y en cierta medida al Santo Oficio trabajados por Judith Farberman (2005) para la Tucumán colonial. Esta historiadora demuestra la conexión existente entre lo considerado medicina, hechicería o curanderismo, nociones ligadas a la superstición ya en el siglo xix pero que se mantenían presentes en el imaginario de la población y de los mismos médicos que buscaban desterrarlas.

En otras palabras, la misión de la ciencia y de los médicos debía “ser el motor del progreso, del mejoramiento físico, moral e intelectual de las poblaciones”,^[5] aunque era difícil acceder a todos los públicos. Por ello, era imperante la sanción de una ley que regulase la práctica médica, existente desde los años setenta del siglo xix en la provincia de Buenos Aires, y su aplicación, como así también la reglamentación a nivel nacional en 1897. Era tal la preocupación por la regulación y su cumplimiento que las revistas pertenecientes a la cofradía médica y a los organismos estatales destacaban a lo largo del siglo xix los casos por ejercicio ilegal de la medicina.

Igualmente, la existencia de una legislación que penalizaba a aquellos que no contaban con la autorización para ejercer la medicina no garantizaba una aplicación verdadera, pues era lábil ejercer un control total en todo el territorio con los escasos recursos a disposición. El cuerpo jurídico condenaba dos cosas: el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento, como así también la prescripción de medicamentos para curarlas.

Estas dos cuestiones, al momento de probarlas durante una investigación, podían ser complicadas. En primer lugar, porque las pruebas básicamente se sustentaban en las declaraciones de los testigos, del acusado y del acusador. En relación con esto, demostrar fehacientemente el delito dependía de un cúmulo de testimonios que debían ser concienzudamente analizados por el juez a cargo del Juzgado del Crimen, como así también por el Consejo de Higiene Pública. Además, en el caso de las causas con fallecidos (la mayoría por analizar en esta tesis), las autopsias podían ser determinantes o no. El saber fehacientemente las causas del deceso podían exonerar o inculpar a los acusados –todo esto, claro, dependía de los adelantos técnicos de las necropsias–. Pero el grado de exactitud de estas operaciones post mortem podía ser casi nulo porque podían transcurrir semanas para ser realizadas. En pleno siglo xix las condiciones de preservación de los cadáveres no eran las mejores para detener el proceso de descomposición. Esta limitación implicaba que todo tipo de evidencia de tejido y fluidos podía perderse si no se actuaba con celeridad, e inclusive si se hacía los resultados eran objeto de interpretación del juez, quien tenía la potestad para determinar si había habido un crimen o no.

El ejemplo más claro de ello eran las autopsias y ya avanzando en el siglo xx las pericias psiquiátricas a los acusados, como por ejemplo con María de Turdera (esta fue una reconocida curandera de inicios del siglo xx, célebre por sus predicciones y por sus clientes políticos, tales como Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen, entre otros) o con lo que ocurría en la campaña bonaerense, con la muerte de niños o mujeres atendidos por curanderos.^[6] Es decir que en cierta forma se dio una relación simbiótica entre uno de los poderes del Estado y una corporación de saberes que buscaba posicionarse firmemente como monopolizadores del saber médico. La Justicia sancionaba con la cárcel los casos graves y con una multa los no tan graves; el Departamento Nacional de Higiene, al carecer de poder de policía, necesitaba del brazo ejecutor del Estado. Los detalles sobre patología, biología y química escapaban del ámbito de conocimiento de los juzgados, que estaban poblados por especialistas en cuestiones legales. Los peritos fueron entonces una de las armas de la ciencia forense más empleadas por parte de la Justicia para la averiguación de las causales de muerte y posibles casos de inimputabilidad.

Sin embargo, no todos los médicos cooperaban voluntariamente, como fue el caso del Dr. Zampuy,^[7] quien fue sometido por la fuerza pública para realizar una autopsia de un niño atendido por un curandero. Este expediente por ejemplo nos lleva a replantearnos los intereses de la corporación médica respecto del ejercicio de la medicina en la campaña. Del caso se desprende que la falta de colaboración del médico legista para la realización de la autopsia impidió conocer si realmente la víctima falleció por la negligencia del curandero. Además, se presenta la imagen de una campaña que carecía de médicos para hacer frente a las necesidades de una población que se veía empujada a acudir a la medicina popular independientemente de sus preferencias y creencias.

Por otro lado, los informes de autopsias y recomendaciones médicas no siempre eran tenidos en cuenta por los jueces,^[8] quienes podían desestimar el dictamen de una mala praxis y sobreseer al acusado debido a las circunstancias que rodeaban al caso. En el apartado siguiente retomaremos estas cuestiones y haremos foco en las representaciones sobre la medicina popular desde la óptica de diferentes actores: los médicos, los funcionarios judiciales, los clientes y por último los mismos curanderos.

Finalmente, la última cuestión es la de la prescripción y suministro de medicamentos a los enfermos. Aquí deben analizarse dos ítems que no dejan de ser complejos e intrincados. El primero es la capacidad y conocimiento de los curanderos para recetar plantas, emplastos, infusiones, cataplasmas y baños, entre otros, que pudiesen ser beneficiosos o perniciosos para la salud de los enfermos. Las proporciones de los preparados debían variar en función de las patologías, las edades y la gravedad de los cuadros. A modo de ejemplo, una purga en un niño de seis años no es comparable a la de una persona adulta. Además, debían poseer el conocimiento para poder identificar plantas, minerales y elementos de origen animal. Algunos sanadores populares oficiaban a su vez de farmacéuticos y/o boticarios, pues se encargaban ellos mismos de producir los medicamentos que suministraban a sus pacientes. De todo esto se desprenden dos cosas que no debemos dejar de analizar en ningún momento. En primer lugar, la falta de control y anuencia entre los boticarios y farmacéuticos sobre quiénes prescribían los medicamentos. Sobre esto mismo la legislación dejaba varios conos de sombra respecto a qué farmacopea debía ser empleada por los médicos. En segundo lugar, demostrar lo que hoy llamaríamos usurpación del título era una tarea ardua, especialmente en el siglo xix y las primeras décadas del siglo xx. En principio la acreditación de la documentación que permitía a una persona ejercer la medicina debía ser certificada por las autoridades, pero existían personas que decían ser médicos mas al momento en el que les solicitaban el título alegaban que no lo poseía en ese instante, pues lo habían enviado al exterior para un trámite. Este fue el caso de Edgardo Rasmmussen en la localidad de General Lamadrid en 1897, quien fue acusado por ejercicio ilegal de la medicina y cuando brindó su declaración indagatoria afirmó ser médico recibido en 1864 en la Universidad de Copenhague, pero que al momento no tenía el título consigo porque lo había enviado a Dinamarca para tramitar una herencia.^[9] Además de esta estrategia defensiva manifestó tener una autorización verbal del “Juez de Paz anterior Don Eduardo San Martín y que al actual Juez de Paz Don Felipe Borda le ha asistido a su esposa hace como nueve años más ó menos”.^[10] Aquí entra en juego la cuestión de la oralidad y cómo las prácticas superan a las leyes. No sabemos si lo que afirmaba era cierto o no, pero lo que podemos conjeturar es que no era imposible que lo hubiesen autorizado ante la falta de médicos y que las autoridades mencionadas creyesen o eligiesen creer que era médico. Esto mismo revestía varias cuestiones. Primeramente, las denuncias por ejercicio ilegal de la medicina debían ser acreditadas: el Consejo de Higiene Pública y a partir de 1880 el Departamento de Higiene, tanto nacional como provincial, serían los encargados de analizar las denuncias. Es decir, debían encontrar al sujeto infraganti, como ocurrió con Eliseo Kolak, un yugoslavo en la ciudad de Mar del Plata en el año 1944,^[11] o mediante publicidades en los diarios, como atestiguan casos en la ciudad de Córdoba y Buenos Aires (Rivero, Rodríguez y Carbonetti, 2017) con médicos que se autodenominaban como tales. A todo esto, debe sumársele la falta de comunicación entre los juzgados sobre los posibles antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina que podían tener en otras localidades, como fue el caso de Cecilia Serpes en Necochea,^[12] quien decía no tener profesión y que solo había sido arrestada por resistencia a la autoridad, aunque ejercía ilegalmente la medicina.

Existían variadas situaciones que podían encuadrarse en el ejercicio ilegal de la medicina. Las posibilidades detalladas a continuación son algunas de las que hemos hallado fruto del análisis de la documentación de carácter judicial.

Allí pudimos vislumbrar algunas de las características más recurrentes en los casos judicializados: a) personas que carecían de un título que los habilitase para el ejercicio de la medicina y sin conocimientos de base empírica para procurar alivio a males; b) personas carentes de un título que los habilitase para el ejercicio de la medicina y con conocimientos empíricos para curar; c) personas con estudios en ramas afines a la medicina (como farmacéuticos y veterinarios) que administrasen remedios y realizasen diagnósticos ; d) profesionales recibidos en el extranjero que no podían debido a trabas burocráticas ejercer libremente la medicina y e) la denuncia a ciertas prácticas que eran puestas en duda por su cientificidad, como por ejemplo la homeopatía. Estas cinco posibilidades pueden encontrarse en las diferentes fuentes, algunas con mayor asiduidad que otras. Las opciones a) y b) son las más frecuentes en los expedientes judiciales que recabamos. Normalmente son personas comunes que vivían del curanderismo, completaban sus ingresos con lo que recababan o lo hacían –como aseveraban en sus defensas– para dar una ayuda humanitaria a quien lo necesitase. De todos modos, las causas que esgrimían y todo tipo de argumentación era sometida al arbitrio de los jueces, quienes brindaban su parecer en las sentencias. Pero para ello oían y prestaban atención a las personas que denunciaban y a las motivaciones que las impulsaban.

3. Los denunciantes y sus motivos

Las respuestas a estas dos preguntas podemos hallarlas en los mismos expedientes judiciales. Recordamos que trabajamos en esta tesis con archivos de la Justicia del Crimen de la ciudad de Dolores y La Plata. Es decir que los casos analizados llegaron a la Justicia debido a lesiones graves o muertes, cuestiones que los jueces de paz no podían resolver, solo llevar a cabo las pesquisas ordenadas por los jueces criminales. Básicamente quienes denunciaban eran médicos que veían perjudicada su práctica por la presencia de curanderos. Los casos que analizamos a continuación ayudan a reafirmar la idea de que la confrontación y la denuncia fueron mecanismos para ganar prestigio dentro de la sociedad.

El caso de Fernando Blondeau, en Castelli, nos permite analizar también las acusaciones de personas vinculadas al Estado sobre la medicina popular. El director del Registro Civil de Castelli, Natalio Riva, denunciaba el fallecimiento de una niña de apellido Bernasconi, quien fue atendida por el “curandero” de origen francés llamado Fernando Blondeau. La denuncia fue realizada por otro extranjero, un médico, Pedro Pallotas, de 82, años que labró el certificado de defunción de la niña.^[13]

Las palabras remitidas en la denuncia por parte del jefe del Registro Civil señalaban una de las concepciones existentes sobre la medicina popular: atraso frente a la ciencia. Sin embargo, Riva apuntaba a numerosas cuestiones. En primer lugar, encontraba una sociedad que en su mayoría avalaba y encubría a los curanderos. Para este miembro del aparato estatal su sola presencia era una burla a la estructura jurídica diseñada años anteriores para regular la actividad médica: “Fernando Blondeau, quien, burlándose de la ley y de la sociedad, ejerce la medicina pública é ilegalmente en este Partido”.^[14] Pero de acuerdo con estas palabras Blondeau había sido denunciado en reiteradas oportunidades ante el Consejo de Higiene Pública, algo que en el expediente no se acreditó. El hecho de que ejerciese la medicina de manera pública implicaba que el acusado no veía razones para esconder su actividad en ningún momento. Posiblemente no temía las denuncias o sus implicancias, pues se resguardaba en que brindaba un servicio a la población. Asimismo, el que algunos encontraran su accionar como algo pernicioso no garantizaba que el resto de la sociedad lo percibiese así.

Además, el jefe del Registro Civil, según sus dichos, hacía hincapié en la falta de asepsia del rancho y a la reacción que podía generar el lugar en donde atendía a los enfermos, pues su morada tenía “un mayor grado de desorden y desaseo”.^[15] Es por ello que apelaba a las personas “sensatas” a que se horrorizaban al conocer las condiciones de atención. Por “sensatas” aparentemente se referían a aquellos que rechazaban la medicina popular y abrazaban de buen grado a la medicina académica: “Toda persona sensata experimentará la triste imprecion [sic] que causa la presencia de todo cuanto que desdice del adelanto y de la cultura de nuestro país [sic]”.^[16] Ya el ejercer la medicina sin titulación era una acusación que podía solucionarse con una multa, pero no la muerte producto de esta; al mismo tiempo aparentemente se incurrió en otro delito. Para Riva, en este caso el poseer sensatez significaba no creer que ciertas personas tuvieran poderes extraordinarios para curar. Se deduce que para él eran falsas sus actuaciones, como así también sus conocimientos y supuestas capacidades.^[17] De esta forma no es ilógico que efectuase la denuncia como funcionario público al igual que el Dr. Pallotas.

Ahora bien, como agravante a su supuesta violación del ejercicio de la medicina se le sumaba la acusación de fabricar y comercializar medicamentos, los que tenían efectos “casi siempre perjudiciales y algunas veces funestos”, según los acusadores. Prueba de esto para Riva y el Dr. Pallotas era la “infinidad de frascos y demás objetos que incitan a una farmacia” en el domicilio del acusado.^[18] Esta era una violación al artículo 15 de la ley 1110/1877, en la que se especificaba que el Consejo de Higiene Pública debía tener conocimiento y registro de las personas que expendían y fabricaban medicación. Es decir que, además de diagnosticar, prescribía medicación oficiando de médico y farmacéutico a la vez. Durante las declaraciones de Pallotas y Riva lo que se percibe es una idea de que cualquier persona que ejerciese la medicina sin título debía ser castigada. No interesaba quién fuese: en este caso Blondeau violaba una ley, por lo que se cuestionaba lo que representaba, una tradición médica distinta a la que se intentaba promover desde el Estado y la medicina académica. En este caso hay una fuerte impronta de lo cultural en el comportamiento de la sociedad de Castelli.

Las acusaciones provenían de un saber que buscaba su legitimación mediante el aparato legal frente a personajes que basaban su autoridad en la tradición y el carisma. El médico se presentaba como el epítome de la asepsia contraponiéndose a la figura del curandero, a saber, la de un hombre que en su rancho realizaba la fabricación de medicamentos en condiciones deplorables y cuyo accionar era pernicioso para la población. Blondeau, con el título o no, realizaba una labor que le correspondía a los médicos, que aparentemente no eran tan accesibles como se aspiraba desde el Estado. La figura de Blondeau además de mostrar un comportamiento cultural diferente al que se intentaba instalar desde las instituciones sanitarias del Estado señala las falencias de los organismos públicos para asistir a la población en materia de salud.

Las declaraciones testimoniales del médico, así como las de otros vecinos, daban cuenta de que Blondeau atendía a varias familias de Castelli, las cuales recibían medicación fabricada por el curandero. Entre los declarantes estaba el farmacéutico italiano del poblado, que acusó a Blondeau de ejercicio ilegal de la medicina. Su forma de acreditarlo era el testimonio del Jefe de Ferrocarriles, quien había visto cómo Blondeau recibía suministros desde una droguería en Buenos Aires.^[19] No es llamativo encontrar la asociación entre el farmacéutico y el médico para destruir la reputación de Blondeau y facilitar su condena: eran sus contrincantes directos en el mercado de la salud. La muerte de la niña Bernasconi era la excusa para presentarlo ante las autoridades.

Otro caso tuvo lugar en mayo de 1895 en la localidad de Coronel Pringles. Se efectuó una denuncia por parte de Matías Tomortigué, vecino del lugar, contra un individuo que aparentemente oficiaba el arte de curar sin ninguna titulación: “Tiene conocimiento exacto de que el individuo Sixto Cufré o Jofre (quien acostumbra a firmar con los dos apellidos mencionados), ejerce pública y descaradamente la medicina en cuanto pueblo y partido, titulándose médico del agua fría”.^[20] El empleo de los adverbios no es menor: “pública y descaradamente” se fundamentan en que hacía casi veinte años que regía la ley sobre ejercicio de la medicina en la provincia y catorce de su castigo en el Código Penal de la Nación, por lo que su accionar para el denunciante significaba una burla. Sin embargo, el solo hecho de que la normativa existiese no implicaba que la población la conociese o acatase, máxime en un poblado fundado en 1882 que hasta no hacía mucho formaba parte de la frontera; sobre estas cuestiones ver los trabajos de Gisella Seidellán (2012) y Melina Yangilevich (2012).

Entonces la pregunta es: ¿cómo era que una persona se jactara de sus conocimientos de manera pública sobre medicina si no tenía un título que lo respaldase? La respuesta podría hallarse en la connivencia y aceptación de las autoridades y la población. Debemos tener en cuenta que eran sociedades en construcción, en donde una persona que supuestamente sabía curar sería respetada tuviese o no un título. Es posible que a las autoridades locales poco les importara a menos que hubiese casos de lesiones graves o muertes, dado que brindaban un servicio no siempre disponible para la población como lo era la medicina. Así, el denunciante detalló los nombres de las ocho personas que aparentemente habrían fallecido por la impericia de este falso médico.

Otro caso es el de Untasun (o Huntasun, de estas dos maneras aparece en el expediente), un veterinario español de 1900 en el poblado de Las Martinetas. Interpretamos pues que a menos que hubiese una muerte directa la población en general y los agentes no realizaban las denuncias dado que los llamados curanderos cumplían una función que los médicos y el Estado no estaban en condiciones de afrontar. En esta oportunidad la acusación provenía del médico municipal Federico Carbonell, quien tomó conocimiento del caso de María Victorio, y explicó que cuando fue a asistirla, dos leguas antes de llegar le avisaron que esta había fallecido. Al momento en que el esposo le relató quién la había tratado y cómo, decidió denunciarlo, pues presumía que no contaba con autorización de la Dirección de Salubridad.^[21]

Un hecho ocurrido en Quilmes en el año 1876 en el que un curandero, Juan Francisco Halbout, apeló el fallo condenatorio del juez de paz que lo condenó por ejercicio ilegal de la medicina nos remite hacia las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Su acusación estaba basada en los dichos de Fabián Cueli, Salomé Luque y José Antonio Wilde, doctores en medicina, quienes lo denunciaron por asistir a enfermos en Quilmes sin tener el título correspondiente. El Consejo de Higiene Pública lo consideró culpable y finalmente debió abonar una multa de 2000 pesos por reincidencia, de acuerdo con lo que logró recabar el Juez del Crimen Damián Hudson.^[22] Los testigos declararon que sus tratamientos no eran efectivos,^[23] sin embargo, no lo denunciaron: lo hicieron sus competidores. Finalmente, Halbout recuperó su libertad luego de pagar la multa. Casos similares a este se dieron con anterioridad en el mismo departamento judicial. Ejemplo de esto fue el caso de Vicente Tagle, el cual fue denunciado ante el Consejo por el juez de paz de San Vicente, Juan J. Thompson, quien señalaba la multiplicidad de veces en las que fue apercibido para que no ejerciese la actividad por carecer de titulación, por lo que decidió notificar a este organismo.^[24]

Hasta aquí todos los denunciantes apelaban a la violación de la ley y el perjuicio a la salud de la población, sin embargo, no desarrollaban las causas por las cuales existían estos personajes. En los dos siguientes apartados analizamos los expedientes judiciales y las publicaciones de la prensa, que nos permiten ahondar en la conjugación de factores económicos, políticos, sociales y culturales que favorecían la existencia de la medicina popular y las razones que motivaban a la población a consultarlos.

4. Las razones de los usuarios

¿Por qué un curandero? Esa es la pregunta clave para entender la estructura social de la provincia de Buenos Aires en el periodo estudiado y su impacto en la circulación de personas, información y prácticas por estructuras informales. La pervivencia de la medicina popular a través del tiempo señala las limitaciones del proceso de medicalización, particularmente las ligadas a las luchas entre las distintas esferas del poder político y estatal y a las tensiones jurisdiccionales entre provincia y nación sobre las medidas por tomar en materia de salud y epidemiología. A esto debe sumarse la carencia de médicos y profesionales aprobados por el Estado para ejercer la medicina y sus ramas afines hacia el final del siglo xix. Pero, a su vez, lo que se da con el curanderismo es un fenómeno cultural que es imposible de asir si no se comprende a las sociedades en donde se desarrolla. En este apartado nos focalizamos en las representaciones sobre la medicina popular o curanderismo desde la óptica de los médicos, como así también en las imágenes que nos devuelven los expedientes judiciales respecto de los propios usuarios. Asimismo, apuntamos a desentrañar las causas que los protagonistas de la época esgrimían para justificar el uso de la medicina popular y que permitían que esta no desapareciera.

Si seguimos la idea del complejo chamanístico de Lévi- Strauss (1995) veremos que, en la provincia de Buenos Aires, una conjunción de factores hicieron posible la presencia de curanderos: las condiciones económicas (escasez de dinero para hacer frente a un tratamiento), la falta de personal profesional en las zonas, la laxitud de las autoridades y por sobre todo la creencia de las personas en las facultades de estos galenos.

Específicamente nos centramos en dilucidar cuán efectivo fue el avance de la medicalización y a través de qué mecanismos se consolidaron ambas prácticas médicas. Es así que saber si los curanderos eran reconocidos como agentes sanitarios por el Estado es imprescindible antes de discutir las razones por las cuales existieron durante un largo periodo temporal. En los censos nacionales de 1869 y 1895, junto con el provincial de 1881, la categoría “curandero” se encuentra presente y particularmente en 1895 y 1881 forma parte de las profesiones sanitarias. Veamos los siguientes cuadros:

Cuadro 1. Profesiones sanitarias. Fuente: elaboración propia con base en el Censo General de la Provincia de Buenos Aires: demográfico, agrícola, industrial, comercial, &. 9 de octubre de 1881. Buenos Aires: Imprenta de El Diario, p. 263.

Cuadro 2. Profesiones sanitarias. Fuente: elaboración propia con base en el Segundo Censo de la República Argentina, 10 de mayo de 1895. Buenos Aires. Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, p. 142.

Podemos apreciar en ambos cuadros que la presencia de médicos superaba a la de los curanderos y otros profesionales de la salud. Pero no podemos omitir que el uso de categorías como curanderos en un Censo Nacional es llamativo. Especialmente si consideramos que se dio en un contexto de medicalización, en el que existía –por lo menos en la provincia de Buenos Aires– una reglamentación que prohibía la curandería desde la década de los 70 del siglo xix. Es así que, aunque en la provincia de Buenos Aires en 1869 los médicos superaban a los curanderos en razón de 243 a 127, en la campaña bonaerense la diferencia a favor de los académicos se reducía según la zona: en la región sud los curanderos eran 66, frente a 43 médicos, y en el centro la diferencia se reducía de 32 curanderos y 23 médicos. Estas estadísticas deben ser analizadas con cuidado, pues es factible que muchos de los que ejercían la curandería no se declarasen como tales por posibles represalias. Hernán Otero (1999: 43-44) ha advertido sobre el empleo de categorías en los registros censales y ha llamado la atención sobre cómo esas categorías no representan la estructura social del periodo que abordan, sino las representaciones sobre dicha sociedad de aquellos técnicos empleados para diseñar el censo. Asimismo, como se detallan en los cuadros, la estructura ocupacional de la población no distinguía entre ocupación, profesión u oficio, lo cual explica por qué hallamos profesiones como médicos junto a una ocupación como un pedicuro o un flebótomo.

Debemos considerar que a nivel nacional y también provincial le consignaban la categoría de profesión al curanderismo cuando desde el discurso jurídico y desde el arco médico se buscaba su descrédito y desaparición. Además, podemos entender que desde el Estado se reconocía la presencia de estos personajes como aquellos que dispensaban ayuda sanitaria a poblaciones rurales que recién a partir de 1881 comenzarían a tener un mayor flujo de habitantes gracias al ferrocarril, a la diversificación económica y a la alta concentración poblacional en comparación a las otras provincias (Rodríguez, Carbonetti y Andreatta, 2013: 92-93). Carbonetti y otros han sondeado en estas cuestiones en un análisis cuantitativo para el Primer Censo Nacional, sin embargo, sus explicaciones son parciales al no contemplar factores culturales cuando exploran la presencia de estos sanadores en distintas regiones del país. Particularmente basan sus afirmaciones en la ausencia de médicos y dejan de lado cuestiones de índole cultural que son tan determinantes como la presencia o falta de médicos diplomados en nuestra área de estudio. Pero al no cruzar los datos censales con otro tipo de documentación, la ausencia de médicos es el argumento elegido. En forma complementaria a lo que señalaron Carbonetti y otros, nosotros, al analizar casos puntuales en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires ligadas al desarrollo del modelo agroexportador, hallamos una confluencia de factores que desmitifican la idea de que solo la ausencia de médicos permitía la presencia de curanderos.

En este sentido los casos elegidos de las distintas localidades tienen como característica fundamental una eclosión demográfica con la llegada del ferrocarril, sumado a que eran poblados dedicados a la explotación agrícola-ganadera, casi todos fundados después de 1850 y que tuvieron en la expansión demográfica desde 1870 hasta el siglo xx su punto de esplendor. Tales fueron los casos de Lobería, Dolores, Coronel Pringles y General Villegas, entre otros. Sin embargo, demográficamente eran ciudades y poblados pequeños que en ocasiones carecían de la infraestructura de otras como sería el caso de Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca. Otra de las características que apreciamos es que casi todos los involucrados eran extranjeros –europeos principalmente–, producto de las oleadas inmigratorias en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires desde el último tercio del siglo xix. Respecto a esto último María Silvia Di Liscia (2002) y Mauro Vallejo (2017) destacan cómo la oleada inmigratoria de fines del siglo xix y principios del xx traía personas de toda índole y profesiones, desde jornaleros hasta “profesiones menos reputadas” (Vallejo 2017: 49) como magnetizadores, curanderos y falsificadores, entre otros. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se conjugaban el curanderismo, el mesmerimo, el hipnotismo y los espectáculos teatrales (Vallejo, 2017: 53), algo que en el interior de la provincia no hemos hallado. Personas que se consideraban instruidas, como las pertenecientes a la alta sociedad de Buenos Aires, creían y acudían a este tipo de personajes. Esto rompe con el preconcepto de que solo aquellas personas pobres y carentes de instrucción eran proclives a acudir a curanderos o charlatanes, entre otros.

A pesar de lo que ha señalado Vallejo (2017), uno de los argumentos habituales en esta época era la incultura de los involucrados en los casos de curanderismo. Se alegaba que el curanderismo crecía debido a la ausencia de médicos, a la laxitud en la aplicación de las leyes y al nivel de instrucción de los testigos, como así también de las víctimas y supuestos victimarios, pero no debe soslayarse el factor económico en las elecciones de atención de estas personas.

Una de las motivaciones para acudir a los médicos populares era la escasez o ausencia de recursos humanos diplomados en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente en las zonas rurales, pues la mayoría de los médicos preferían las ciudades más populosas para establecer sus consultorios. Las localidades que analizamos habían sido destinarias de inmigrantes de ultramar. Es así que los acusados de este apartado (Ernesto Preciado en Coronel Dorrego; Elías Kolak en Mar del Plata; Fernando Blondeau en Castelli; Sixto Jofre en Coronel Pringles y José Untasun en Las Martinetas) comparten la característica de ser inmigrantes europeos, siendo su clientela tanto nativa como extranjera. Un caso que tuvo lugar por ejercicio ilegal de la medicina en 1898 en Coronel Dorrego, la muerte de un menor, disparó una investigación sobre un curandero, Ernesto Preciado. Todo se desencadenó cuando el padre del niño llamado Alfredo Rust presentó un certificado de defunción ante el jefe del Registro Civil, quien se negó a recibirlo pues argumentaba que el individuo que lo había firmado carecía de autorización para ejercer la medicina. A partir de este certificado rechazado las autoridades tomaron conocimiento formalmente de que en la localidad de Coronel Dorrego una persona aparentemente se hacía llamar médico sin serlo. El acusado en esta oportunidad era un inmigrante español de 47 años que declaró ser propietario y que en ningún momento se autoproclamó “doctor”. Las veces que curó, según sus dichos, lo hizo por pedido de algún vecino y por no haber ningún facultativo cerca, según sus propias palabras. La declaración del padre del fallecido, un comerciante argentino de 49 años, confirmaba que por la falta de médicos en la zona recurría al curandero Ernesto Preciado:

… tiene conocimiento por referencias y por habérselo dicho además el mismo Preciado de que durante la ausencia hasta la fecha del Dr. González García, o sea desde el tiempo que este falta de la localidad, a [sic] ejercido la medicina, lo que es de pública notoriedad y que en cuanto a los medicamentos que haya suministrado á los enfermos no los declara porque ignora los que haya empleado.^[25]

Dos cuestiones se desprenden de estos dichos. La primera es que la ausencia de un médico aparentemente por un tiempo prolongado en el poblado derivaba en la búsqueda de la mejor opción para las curaciones. Evidentemente Preciado tenía alguna fama en la zona, por lo que las personas acudían a él. Entendemos que poseería conocimientos rudimentarios de las propiedades de ciertas plantas, lo que hoy llamaríamos medicina doméstica, y los emplearía en las personas que solicitaban sus servicios. En segundo lugar, la notoriedad y lo pública que era su actividad, es decir, que la denuncia en su contra se disparó por la muerte de un niño y un certificado que propulsó todo. Ese papel fue la prueba tangible de sus actividades y lo que derivó en la averiguación de sus credenciales para ejercer el arte de curar.

Más adelante en su testimonio Rust destacaba algo interesante: la supuesta cooperación del boticario del poblado con este presunto falso médico. Cuando Rust, el padre de la criatura fallecida, fue interrogado acerca de la composición de los medicamentos dijo que los desconocía y que la prescripción se la había dado al boticario del poblado para que lo preparase. El farmacéutico, un argentino llamado Ramón Bulla, negó rotundamente estos dichos y aseguró que no tenía recetas de este hombre en su comercio.^[26] Así, una de las pruebas más importantes se desplomaba, por lo que solo restaban las declaraciones testimoniales, como también la confesión anhelada por la fiscalía.

A continuación, en la declaración indagatoria el acusado especificaba que atendía a las personas porque no había un médico en veinte leguas a la redonda, por lo que solo dispensaba “primeros auxilios”. Al igual que otros harían, negó cobrar algún tipo de estipendio por sus tratamientos y aseguró que recibía los regalos que la gente le daba sin cobrar ningún canon. Otros testigos coincidieron en esto. Es decir que como argumento defensivo señalaba que solamente ayudaba en casos de necesidad y no como una forma de mantenerse, por lo que restaba cerrar el sumario y dictar sentencia.

Situaciones similares se daban también durante el siglo xx. La idea de que la medicina popular como fenómeno solo se circunscribe hasta las primeras décadas del siglo xx lejos está de ser cierta. Al ser un fenómeno de larga duración hallamos casos hasta en la década del cuarenta en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo.

Las circunstancias en la provincia durante el siglo xx se modificaron, como así también las leyes sobre el ejercicio de la medicina. La presencia de médicos y el proceso de medicalización habían avanzado, especialmente en la ciudad de Mar del Plata (Álvarez-Reynoso, 1995) ya durante el siglo xx con la presencia de hospitales públicos y la práctica privada. A pesar de esto, los curanderos seguían ejerciendo y cuando eran acusados por la justicia y los médicos no dudaban en defenderse apelando al gesto humanitario de su accionar. Otro ejemplo de esta argumentación la hallamos en la defensa de un curandero yugoslavo de 93 años de la ciudad de Mar del Plata en 1941 apellidado Kolak que apelaba a la tradición y la cultura de los personajes involucrados como mecanismos para desestimar las acusaciones de ejercicio ilegal de la medicina:

Como hombre generoso y dotado de gran bondad no ha vacilado en brindar a sus amigos y demás personas que le hicieran aquella solicitud, lo poco que él posee: sus conocimientos sobre excelentes propiedades medicinales de ciertos vegetales para amortiguar algún dolor.^[27]

Para el abogado defensor de Kolak esto ocurría diariamente en muchos hogares, “principalmente donde existen personas de costumbres anticuadas”.^[28] El nodo argumental de su defensa era que en casi todos los hogares se practicaba algún tipo de medicina popular transmitida de generación en generación:

Casi todas las personas tienen conocimiento [de] que tal o cual tienen una u otra virtud y se lo aconseja a su vecino o amigo porque a él le dio [sic] buen resultado para combatir determinado mal. ¿Podríamos afirmar que esto es un delito? No, Señor Juez, y eso es lo que ha hecho Kolak.^[29]

Los argumentos del abogado están basados en cierta judicatura del siglo xix y principios del xx esgrimida por ciertos personajes, jueces en particular, que cerraban los casos de ejercicio ilegal de la medicina porque consideraban que no había intención de dañar. Lo mismo sucedió en el caso de un veterinario español en 1900 que fue sobreseído.^[30] El acusado señaló que no era habitual que asistiese a personas, mas cuando lo hacía era por una cuestión de “caridad cristiana” al ver sufrir al prójimo.^[31] Esto mismo, más lo entendido por el juez, fue lo que favoreció su liberación posteriormente.

En los testimonios subyace a su vez la idea de que ciertas enfermedades podían ser curadas por conocimientos ancestrales. Otro de los argumentos esbozados por la defensa es la cuestión de la tradición, el empleo de ciertas experiencias de parte de un sector poblacional anclada en el pasado. La frase no es condenatoria, al contrario, manifiesta la existencia de dos destrezas conjugadas en la población marplatense. A lo que se refería el abogado era a la práctica de la medicina doméstica relacionada con tisanas, pomadas y emplastos realizados por las personas para el tratamiento de ciertas enfermedades como fiebres, esguinces y problemas reumáticos, entre otros. La supuesta bondad y acción humanitaria estaba refrendada por el hecho de que no se cobraba por sus servicios. Esto mismo se repetía tanto en curanderos conocidos como anónimos.^[32]

En otras oportunidades las personas renegaban de la atención de médicos seguramente por no poder costear los gastos. Una de las defensas más comunes en el espectro de los casos caratulados por ejercicio ilegal de la medicina apuntaba a esto, el no cobrar dinero y realizar actos de humanidad, pues esto agravaba la pena de acuerdo con la legislación. Con anterioridad citamos un caso en la localidad de Castelli en 1897, en donde un curandero de apellido Blondeau asistió a una niña enferma de difteria que luego falleció.^[33]

El hecho de que “nunca ha cobrado por los medicamentos que hace, dinero alguno, que algunas veces le suelen hacer regalos, como ser un cordero ó algo de poco valor”^[34] favorecía la situación de que no cobrase por sus servicios, sino más bien que su actividad respondía a un cierto grado de reciprocidad en una población rural. Varios testimonios avalaban esto y a su vez reafirmaban que en reiteradas oportunidades los más pobres solicitaban sus servicios.

Por otro lado, negaba tener un botiquín, renegando de las acusaciones de expendio de medicamentos: “No es cierto, que tiene algunas sustancias indispensables en la casa, como ser árnica, glicerina, azufre, etcétera, y que no es cierto tampoco que haga preparaciones para ser expedidas al público”.^[35] No se hacía cargo de la acusación de fabricación y comercialización de medicamentos, pues lo enumerado, de acuerdo con su declaración, eran materiales que cualquiera podía tener en su casa, lo cual no era falso.^[36]

A simple vista el accionar de Blondeau no tiene nada de extraordinario, sin embargo, si se tiene en cuenta la construcción cultural de la zona, el hecho de que una persona poseyera los conocimientos necesarios para curar podía ser asombroso para un amplio sector poblacional. Hallamos en su caso, como en otros, que el reconocimiento por parte de la población era determinante para su existencia. Posiblemente no todos sabían qué plantas o combinaciones de ellas emplear para ciertas patologías, pero el hecho de que una persona fuera depositaria de un saber la convertía en un lego a los ojos del resto de la población. En este caso no se hace hincapié en el origen de los conocimientos, sí en cambio en el reconocimiento y en su efectividad aparente. De otro modo el padre de la niña no hubiese solicitado sus servicios. Otro ejemplo de esto lo hallamos en un caso que detallaremos en los apartados relacionados con la religiosidad y las prácticas curativas. Nos referimos a las acusaciones por ejercicio ilegal de la medicina contra Sixto Jofré o Cufré en 1895 en Coronel Pringles. El acusado se defendía de las acusaciones negando ser médico y dejándoselo en claro a quienes acudía a él, pero también indicaba que “no los asiste como médico sino que les da agua en el nombre de Dios que es lo que hace con todos los que lo ocupan pues son varios y que no les cobra”.^[37] El acusado no les pedía nada a cambio y apelaba a nociones religiosas para justificar su efectividad y origen de su poder y conocimientos.

En el caso del curandero Kolak, del que hablábamos anteriormente, ocurrió algo similar. La nuera del acusado por ejercicio ilegal de la medicina apuntaba a que, más allá de la reputación de su suegro, la cuestión económica pesaba en las decisiones de los enfermos:

… la legión de personas enfermas que acuden diariamente a su casa en procura de paliativo a sus males físicos, desarrollando el nombrado una obra humanitaria y desinteresada, pues no fija tarifas u honorarios profesionales, limitándose a aceptar pequeñas dádivas de sus pacientes y a voluntad de estos, existiendo algunos que los benefician con veinte centavos por visita, otros con cincuenta centavos y muy pocos con sumas superiores a un peso m/nacional^[38].

Incluso aceptó que este recibía un pago mínimo por sus servicios que ascendía a lo que las personas pudieran darle, recalcando la diferencia con otros que exigían sumas más altas. Es decir que no existía una tarifa, sino que lo dejaba al criterio de las personas que lo consultaban, como restándole importancia, pues en su lógica no se aprovechaba de las personas. Lo mismo decían testigos/clientes de este personaje, como fue el caso de un ciudadano uruguayo de apellido Morales que estaba presente al momento de la detención de Kolak: “No le cobró nada pero igual le dejó 50 centavos”.^[39] Estos dos testimonios estaban en sintonía con lo manifestado por Kolak durante la indagatoria:

… no fija precios a ninguna persona y sigue en esto caso una tradición de sus antepasados, limitándose a aceptar pequeñas dádivas de sus pacientes consistentes en ínfimas cantidades de dinero, que oscilan en veinte centavos, treinta o cuarenta, excediendo rara vez de un peso moneda nacional.^[40]

El caso de otro veterinario en Las Martinetas, una estación, era similar. Allí quien ejercía la medicina era, para el esposo de la víctima, el “doctor Don José Huntasun”, un español de 59 años con 12 años de residencia en el país, pero para las autoridades judiciales era el curandero. La declaración de testigos y familiares de la víctima apuntaban a que este individuo practicaba usualmente la medicina y a que, al no haber una botica en la estación, él mismo se encargaba de la preparación de los medicamentos que recetaba. La falta de médicos no es aquí la cuestión de base; es cierto que en la estación no había médicos y que se debía recorrer cerca de dos leguas para llegar al facultativo más cercano, pero el mayor impedimento además de las distancias era el dinero, en palabras del acusado. La concepción del valor del dinero se hacía presente en una sociedad en donde el intercambio de bienes no siempre se hacía en metálico.

Finalmente, el prestigio de una persona sería determinante para que los pobladores acudiesen a él. Las autoridades tomaron conocimiento de las acciones de Untasun porque accedió a tratar a una mujer enferma por solitud de su marido, que argüía problemas económicos. A pesar de negarse en un principio,

… observándola vió [sic] que su estado era grave por lo que le aconsejó que sin pérdida de tiempo mandara en busca del médico de Lamadrid, manifestándole Victorio que esto era imposible pues le acarraría muchos gastos, lo que debido a su pobreza no lo podría sufragar.^[41]

A lo largo de estas páginas lo que demostramos es que no podemos reducir la motivación de las personas a una sola causa. La medicina popular y su consumo no pueden explicarse por un solo motivo, al contrario, son varias las causales. El poder acceder a un médico diplomado dependía de las distancias, al igual que el poder pagarle o no, pero también existían motivos de índole cultural que garantizaban la presencia de personas que oficiaban de médicos sin títulos. Esto es lo que se puede reconstruir a través de la documentación judicial: los investigadores (fiscales, jueces y abogados) se preguntaban por qué la gente acudía a aquellos; esto mismo se intentaba explicar desde la prensa, con ciertas peculiaridades, como explicamos a continuación.

5. La prensa, entre la publicidad y la condena

La prensa también se encargó de explicar y apuntar a una serie de razones sobre por qué el curanderismo seguía vigente entre la población. Desde la corporación médica con asidero en Buenos Aires, y particularmente la dependiente de la agencia sanitaria nacional, se pueden apreciar las quejas y el malestar de algunos miembros que aún durante el siglo xx veían con ojos críticos el accionar de la población. Este fenómeno se dio también en la provincia de Córdoba para el siglo xx (Rivero, Carbonetti, Rodríguez, 2017; Rivero y Valandía, 2018), en donde la medicina académica denunciaba, mientras que el periodismo, a través de los diarios, prestaba espacios publicitarios para estas personas. Cabe aclarar que estos agentes de la medicina popular han presentado fascinación y repulsión en igual medida hacia los periodistas y cronistas de las épocas que los han retratado favoreciendo los mitos (Márquez-Estrada, 2018: 85). La prensa, lejos de ser un observador objetivo, desde las editoriales expresaba distintas líneas ideológicas para buscar comprender y cambiar situaciones referidas a la medicina y al estado sanitario de la población.

De allí que muchas veces se produjo una tensión entre las publicaciones de las agencias sanitarias o de la academia médica y la prensa periódica. Así, por ejemplo, en los Anales del Departamento Nacional de Higiene del año 1908, los funcionarios de la repartición reclamaban, frente a la imposibilidad de poner un coto a las prácticas de los curanderos, una legislación actualizada para el siglo xx, pues los mecanismos de castigo y regulación eran considerados obsoletos. A esto le sumaban la ineficiencia de las prácticas curativas de los médicos. Según la revista, sobre cómo las curas milagrosas basadas en las capacidades extrasensoriales de los médicos populares parecían triunfar en donde la ciencia no había podido: “Muchos pacientes que han perdido la paciencia esperando una mejoría a sus dolencias en manos del médico, se dirigen allí donde se les garantiza la cura á ojo cerrado”.^[42] Pero para el Anuario del Departamento Nacional de Higiene lo más significativo en este aspecto era el papel que desempeñaba la prensa, pues “no cuesta mucho encontrar un anuncio que garantice esas curas” y si, finalmente, el paciente encuentra un alivio a su mal, se constituyen en “verdadero portavoz y el mejor propagandista del curandero”.^[43]

Así todo, la función de la prensa no fue solamente la de hacer propaganda de estas prácticas, sino que, también, esgrimió una postura crítica respecto de la población consumidora de las prácticas de la medicina popular. Anteriormente nos centramos en la prensa y los medios de publicación de los organismos gubernamentales y de las asociaciones médicas y de ciencias afines. En cambio, ahora, analizaremos publicaciones de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, Tandil. Elegimos este caso ya que para la época era uno de los nodos económicos más importantes de la provincia (1900-1930), junto con la producción agrícola y minera. Y más allá de esto la intelectualidad tandilense, desde conservadores hasta socialistas, tenía preocupaciones en común respecto al ejercicio de la medicina en la ciudad y los controles al respecto.

El Eco de Tandil a principios de siglo, en sintonía con las declaraciones en los Anales del Departamento Nacional de Higiene, cuestionaba a la medicina popular y buscaba hallar las causales de su existencia en la República Argentina. Es así como el 23 de septiembre de 1900 publicó un artículo en el que señalaba tres causas del curanderismo: los malos médicos, el precio de los medicamentos y la ignorancia del vulgo.

En la primera causa apuntaba directamente a la corporación médica y al afán de los médicos noveles por hacerse de un nombre y dinero en la campaña bonaerense:

Se lanzan á [sic] la campaña á [sic] ejercer su profesión, y sin preocuparse de seguir estudiando solo ponen todo su afán en ganar dinero; de manera que si hacer un estudio detenido de la enfermedad del paciente y con solo sacar la lengua y tomarle el pulso recetan lo que creen benéfico según su conciencia, cuando sobre esta debiera primar la ciencia.^[44]

Esto significaba para el observador que lo que los motivaba directamente era la codicia. Asimismo, se destacaba cómo la falta de un examen apropiado podía derivar en un diagnóstico errado y su consecuente tratamiento, siendo la muerte el resultado de una complicación innecesaria. Es en ese momento según el periodista anónimo en donde

“se declara que la ciencia ha sido impotente para combatir el mal, cuando lo que ha sucedido es que no se ha sabido dar con la clase de dolencia”.^[45] El autor de la nota apelaba al sarcasmo diciendo que como quien lo afirmaba poseía un título de médico su palabra era incuestionable. Lejos está la opinión de esta persona y del editor del diario de ver a la ciencia y sus representantes como omniscientes y omnipotentes, siendo sus actitudes contradictorias con respecto a su discurso.

Ahora bien, otra de las razones señaladas era el desahucio de los médicos a los pacientes, los cuales ante la desesperación apelan a los sanadores populares. Los resultados acertados en ocasiones de los curanderos perjudicaban la opinión ya deslucida de la sociedad sobre la medicina académica.

Tal fue el caso de algunos de los pacientes de Kolak en Mar del Plata en 1941, expediente que ya detallamos. Durante el proceso que se le siguió por ejercicio ilegal de la medicina a este ciudadano yugoslavo se presentó como prueba una carta en la que una enferma pedía que Kolak la asistiera:

Hermano, le encomiendo si puede atenderme por correspondencia porque estoy en enferma me valgo de huste [sic] estoy cansada de los Doctores ante me ay dicho quera Reumatismo haora [sic] me que es la horta [sic] y el corazón me late mucho el corazón en rato estoy algo tuyido [sic] de las manos y cuando me alivien si hun [sic] poco hice acusaros hermano me despido Alejandra de Cornales.^[46]

Las palabras de esta enferma apuntan a una crítica del accionar de la medicina académica que, según esta, mujer no daba ninguna solución a sus problemas de salud. Desatacaba que los médicos no sabían darle un diagnóstico acertado, por lo que prácticamente le imploraba que la ayudase. En paralelo, Manuel Vargas, un español de 44 años, comerciante y dueño de una chacra y que residía en Balcarce, se hallaba al momento de la detención de Kolak en su chacra. Esta persona manifestó sufrir una afección en los pulmones y estómago, por lo que decidió someterse al tratamiento que el curandero considerase correcto. Aunque aclaró que no había concurrido a ningún médico:

Como en Balcarce hay mucha gente que periódicamente concurre a Mar del Plata en procura de alivio para su salud y males que padecen, quienes son atendidos por curanderos y habiendo oído decir que estos hacían curas en verdad milagrosas resolvió someterse a un reconocimiento por parte de un curandero, a cuyo efecto arribó en la mañana de hoy a esta ciudad, con el propósito de dirigirse a la casa de un tal “Don Florindo o Fon Fiorindo” que se le había dicho que era uno de los que hacía curas extraordinarias.^[47]

Sin embargo, sus deseos se vieron frustrados: a poco de llegar supo que la policía local había privado de libertad a “don Florindo” por ejercicio ilegal de la medicina.^[48] Ante esto decide ir a ver a don Elías, pero tampoco puede verlo, pues fue apresado por práctica ilegal de la medicina, por ello mismo no puede responder cuáles son sus métodos y si cobra por sus servicios. En esta declaración se hace hincapié en tres cuestiones: la primera es que el declarante tenía claro que a las personas que acudía no eran médicos diplomados, eran curanderos, por lo que no podría decirse que estafaban a las personas diciendo que eran médicos; en segundo lugar, esta actividad era habitual a principios de los años cuarenta del siglo xx, así como viajar casi cincuenta kilómetros para hacerse ver por estas personas; por último, se consideraban las curas “milagrosas”, que poseían la capacidad de brindar una solución a personas desahuciadas o que descreían de la medicina oficial.

Asimismo, la falta de dinero o de médicos en las zonas rurales propiciaba que las personas acudieran a curanderos:

La familia desesperada pone al enfermo en manos de una curandera que con unas cuantas cataplasmas y dos ó tres brebajes, lo salva; no nos negaré que esto sucede con mucha frecuencia; y las gentes, que no necesitan mucho se aferran en la creencia de que los médicos son unos inservibles y solo es bueno el curanderismo.^[49]

En la nota de El Eco de Tandil el redactor daba como segunda razón el precio excesivo de los medicamentos, principalmente para aquellos enfermos de escaso poder económico: “Como el precio de los medicamentos no tiene taza y sólo está librado al capricho o buena voluntad de sus expendedores, estos les ponen el precio que le parece, pero ¿y el pobre?”.^[50]

Esta misma sería la razón por la cual los pobres acudirían a un curandero. Si bien esto no dejaba de ser cierto, el autor de la nota periodística cae en la falacia de creer que solo las personas de escasos recursos recurrían a los curanderos. Nuestra propia investigación (Dahhur, 2012; 2016), así como también la de terceros (Bubello, 2010; Vallejo, 2017, 2018), ha desestimado esta afirmación. Incluso Roberto Arlt, escritor y periodista del siglo xx, tenía esta misma visión, como veremos más adelante.

Sin embargo, el periodista de El Eco de Tandil coronaba su interpretación acerca del uso de la medicina popular, señalando la “ignorancia del vulgo”. En efecto, la última causa la direccionaba hacia la educación y el acceso que podía tener la población: “ascética e imbuida en el poder de las oraciones para remediar todos los males terrestres, se esparció y echó hondas raíces que costará arrancar, la creencia en el poder de los rezos”.^[51] Para el periodista el empleo de rezos solo servía para curar enfermedades de carácter “moral o nerviosa gracias a la sugestión”. Al ocurrir esto los curanderos gozaban de fama si efectivamente curaban a alguien.^[52]

Continuaba criticando fuertemente el accionar de la sociedad, que no se tomaba “el trabajo de combatir á los médicos del agua fría, á las curanderas y adivinas”. Pero en una sintonía similar no veía una desaparición de este tipo de prácticas pues no se las combatía desde todas las esferas del Estado. La crítica era fuerte, pues apelaba a que se le hablara a la población claramente para advertirles de que no oyeran “á [sic] las patrañas y embustes de las adivinas: que es una solemne mentira su pretendido poder de adivinación”.^[53]

Para finalizar su descargo publicaba a modo de ejemplo la carta de un lector indignado que denunciaba a una mujer: “Se dice ser adivina y que por sus tramas ha implantado intriga en varias familias de la localidad y como según creo la ley castiga con rigor a las adivinas, me parece que nuestras autoridades debieran poner atención a esto”.^[54]

Más allá de estas denuncias de principios del siglo xx, la situación en Tandil hacia la década del treinta no se había modificado. Las críticas al sistema sanitario de la ciudad y por extrapolación al de la provincia fueron temas de interés de la revista Germinal, editada por miembros del partido socialista tandilense que tenían como inquietud la salud de la población y veían en el curanderismo una de las causas de las miserias de la sociedad.

Es así como en el número 5 del 6 de febrero de 1929 aparecía una nota en la página bajo el título “El auge del curanderismo”. Pero no sería la única de este tipo: hemos encontrado por lo menos dos menciones más en el periodo comprendido entre 1929-1933. Según el autor, no pasaba un día sin que la sociedad a través de la prensa diera cuenta del “constante y pernicioso incremento del curanderismo”.^[55] El escritor veía las razones en la ignorancia de las personas que acudían a los sanadores, y advertía el escaso control que aplicaban las autoridades a la práctica de la medicina. Sus argumentos en lo referente a este último tema se basaban en unos panfletos que circulaban en la vía pública, uno de los cuales era reproducido:

Espiritismo y magnetismo. A los enfermos: Sea cual sea su enfermedad consultadme, sin perder tiempo, que con las nuevas y perfeccionadas aplicaciones de la Radioterapia […].

Miles de enfermos han recuperado su salud por medio de este maravilloso sistema. […].

Los que padeceis de males, daños, los que quieran adelantar en su negocio, los que quieran ser amados deben visitar al célebre Profesor Roberts recién llegado de Europa.^[56]

Nuevamente en el número 29 de la publicación Germinal los editores censuraban a varias de las prácticas que llevaban a cabo “los embaucadores”, que resolvían los problemas de la vida gracias a la “ingenuidad de la gente”. De acuerdo con la publicación, las personas que acudían a estos personajes eran quienes habían sido desahuciados por los médicos y que veían con ojos esperanzados las soluciones mágicas que se les ofrecían.^[57]

El “charlatanismo”, como lo llamaban los socialistas, no era frenado por el Departamento Nacional de Higiene ni por los círculos médicos. Se encontraba explicación a esto en la existencia de una convivencia entre el poder político y los supuestos estafadores. Para justificar la consulta por parte de la población hallaba en la educación y la poca predisposición que tenía “nuestro pueblo” a ella el motivo de la existencia de “los embaucadores”, que vivían de la ingenuidad de las personas.^[58]

Como reacción a este artículo redactado por A. Aguilar,^[59] en el número 31 Avelino Vela, uno de los principales colaboradores de Germinal, con su escrito Anhelos culturales (Barandiarán, 2004: 76) señalaba que “la mayoría del pueblo que, por desgracia, admite sin análisis previo cuanta superstición existe en la vida”.^[60] La solución que brindaba para este problema cultural era la fundación de bibliotecas, ya fuesen populares, de partidos políticos o demás instituciones. Estas nuevas (y las ya existentes) deberían generar ciclos de conferencias y actividades destinadas a eliminar la “superstición” y fomentar la cultura. Por ejemplo, al publicar una nota sobre el cáncer se sugería: “No se deje aconsejar por personas profanas a la medicina, que le harán perder tiempo y la curación. Cuídese de los charlatanes y de los que prometen curaciones con remedios no sancionados por la ciencia”.^[61]

Para la publicación, un tratamiento incorrecto de las dolencias podía derivar en la muerte de los pacientes, pero esto no solo era inherente a las prácticas de los sanadores populares, sino también a la de los médicos diplomados: “¿Qué causas han provocado tan doloroso suceso? ¿Inasistencia médica? ¿Falta de medicamentos? ¿Desatención del facultativo que intervino?”.^[62] Estas eran las preguntas en una nota titulada “La tragedia de los pobres”, en la que se daba cuenta de las muertes en dos familias de sus hijos por una enfermedad. El motivo intrínseco de la nota radicaba en la crítica a la atención médica en Tandil, que obligaba a la consulta a otros conocedores de las artes curativas no avalados por el Estado.

Sin embargo, en una nota titulada “El auge del curanderismo” los editores de Germinal acusaban directamente a los médicos de las consecuencias aparejadas con la práctica ilegal de la medicina. En principio el relato comenzaba con el horror, y en nuestra opinión vergüenza, ante la existencia y continua reproducción de “curalotodos y manosantas”. Se los señalaba como los autores de muertes por sus tratamientos. En esta oportunidad se acusaba a una mujer que oficiaba de partera, aparentemente sin el título pertinente, de ser la responsable de la muerte de tres parturientas, aunque la acusación más grave era que esta supuesta partera trabajaba en “connilencia [sic] con ciertos médicos, o que por lo menos estos se prestan a sacarla de apuros cuando comete una barrabasada, diagnosticando cualquier enfermedad a fin de relevarla de cualquier responsabilidad”.^[63] Si bien se aclaraba que este era un rumor, se instaba al Círculo Médico de Tandil a que se pronunciase al respecto y que tomase medidas para evitar casos similares en el futuro.

Hasta aquí analizamos publicaciones disímiles temporal e ideológicamente sobre el curanderismo en una de las ciudades medianas de la provincia de Buenos Aires, como lo era Tandil. A modo de refutación de la idea de que solo las personas carentes de instrucción eran quienes acudían a los curanderos, Roberto Arlt, en una versión ficcionada, relata una conversación con un médico indignado: “En estos momentos, mi señora está terminando de vestirse para ir a consultar a un curandero”. Su mayor estupor radicaba en que él la había diagnosticado y explicado el motivo por el cual su condición no mejoraba: “Ir a lo de un desvergonzado, que se las da de naturalista, con el objeto de que le adivine qué enfermedad padece, la cual, entre parénte­sis, consiste en unas [sic] eczemas, naturalmente duras de curar, debido a que es diabética”.

Las palabras del médico eran de espanto al describir la práctica curativa, que consistía en el análisis de la letra y el nombre del paciente. Para el médico el problema radicaba en la simpleza de su mujer, que caía en un embauco. Agregaba en su descargo ante Arlt que el curandero vivía en Villa Domínico, y no cobraba la consulta. Sin embargo, recetaba “yuyitos que un cómplice suyo, en la herboristería de la esquina, vende a peso de oro” (Arlt, 2010: 138). El tema de la gratuidad del servicio es algo que en los expedientes judiciales también está presente y que en ocasiones parecía inclinar la balanza a favor de los médicos populares. La descripción es la de un timo que a gran escala redituaba ganancias para él y su cómplice. Lamentablemente el relato novelado no se extiende en mayores detalles, salvo por la reflexión del periodista, que ve al público femenino como susceptible por su propia naturaleza de creer en los dichos de personajes como estos.

El relato de Arlt continúa con una serie de descargos entre el reportero y el médico sobre la naturaleza de las mujeres y lo volátil de su pensamiento y cómo las propias cuestiones hormonales del sexo femenino propiciaban que creyesen en estos personajes: “hasta las mujeres de los médicos tienen aserrín en el cerebro”. El problema aparentemente eran las mujeres, que, por su propia naturaleza, se convertían en la presa de estos embaucadores, según el indignado médico: “Las necias se mueren por los charlatanes. Como las necias abundan, el problema del hombre inteligente es mucho más grave de lo que puede suponerse. Los charlatanes son los únicos individuos que acaparan la aten­ción de las frívolas y mentecatas”. Apelaba en su alocución a la necesidad de creer en lo imposible y los milagros de parte de un sector de la población por lo que para este profesional de la salud: “Él me va a curar”. “Él me va a mandar a Jolibud”. “Él hará que yo supere a Berta Singerman” (Arlt, 2010: 140).

Sin embargo, a través de este relato ficcionado, lo que puede verse es el profundo malestar de la corporación médica frente al fracaso que representaba su rol en la sociedad. En este caso hay tres cuestiones que se destacan: el género femenino como más susceptible a los engaños debido a su propia condición, algo que recientemente se ha abordado para Córdoba en 1920 (Rodríguez, Aizanberg y Carbonetti, 2018) y su incultura; el fracaso de la medicalización, debido al cual hasta la esposa de un médico recurre a un curandero, y la credulidad de ciertas personas que iban en busca de lo improbable, prácticamente del milagro. Sumado a esto la cólera por el tiempo invertido para prepararse como médico –unos siete años sin contar el bachillerato–; es decir, dinero y tiempo invertidos y que luego personajes sin titulación que prometían curas milagrosas o los secretos del éxito sin ningún respaldo científico ocuparan su lugar. Este relato lo que manifiesta en verdad es el fracaso de la medicalización y de la educación de la población en materia sanitaria y el resabio de prácticas y creencias que para ciertos sectores intelectuales no eran más que meros actos folclóricos lejanos que debían ser recolectados y preservados como propios de la tradición. En los artículos anteriores la credulidad básicamente era patrimonio de las personas que carecían de recursos intelectuales. Sin embargo, el caso de María de Turdera, una curandera con gran repercusión en la ciudad de Buenos Aires como también en las localidades linderas, rompía con este molde.

Hasta aquí en este apartado reservado para la prensa pudimos hallar la indignación de los médicos y del periodismo, pero no se aprecia lo que opinaba la sociedad o sus clientes. Para subsanar esta cuestión empleamos los expedientes judiciales, de los cuales ya señalamos sus limitaciones y fortalezas. En los casos que analizamos en este apartado, como así también en las fuentes censales, lo que podemos apreciar es cómo la conjugación de factores favoreció la presencia de curanderos en el interior de la provincia. Si bien la ausencia de médicos y la falta de dinero alentaron su presencia, la idea de que personas con conocimientos sobre medicina casera o de otro tipo pudieran curar independientemente de si poseían título o no para un sector poblacional no debe dejarse pasar por alto.

Es decir que la definición de medicina para la población era más amplia que la que se intentaba instaurar desde las esferas estatales y de los médicos. La complejidad de las situaciones económicas, personales, sociales y hasta de los organismos estatales encargados del control y de garantizar el acceso de la población a la medicina favoreció la presencia de médicos sin titulación en todo el territorio bonaerense. Estos médicos brindaban un servicio que a los ojos de quienes los solicitaban era posiblemente la única opción para acceder a una cura u alivio a las patologías que los aquejaban.

6. A modo de cierre

Los expedientes judiciales en estas circunstancias son una fuente inagotable de información, como así también una limitación para la investigación. Acceder a las voces de los curanderos y sus clientes reparando en que sus testimonios son mediados por los agentes judiciales y en que el cuestionario al que son sometidos posee un sesgo particular no es un impedimento para su análisis. Es así como a pesar de la dispersión de los casos y las zonas su análisis junto con el entrecruzamiento de datos censales y trabajos de otros historiadores nos permite comprender y reconstruir la situación sanitaria en la que se hallaba la población. Mediante la lectura de las fuentes hallamos el peso de la cuestión cultural en la existencia de la medicina popular. Pero esto no era determinante: la realidad social y económica de las personas influenciaba las decisiones tomadas en materia de salud.

Entre las cuestiones de orden material podemos mencionar cómo el acceso a la medicina académica podía ser prohibitivo para muchos. Estos casos analizados son la muestra de lo que acontecía en el interior de la provincia durante la medicalización. La accesibilidad a un tratamiento influía en la vida o la muerte de la población, particularmente la de los niños. Aquí lo que apreciamos es la presencia continua de individuos en la provincia, tanto en zonas rurales como urbanas, que cumplían las labores que los médicos no realizaban. Independientemente de los argumentos esgrimidos por los curanderos –posesión de un don, caridad o lucro económico–, es insoslayable la función que cumplían para un sector poblacional.

En este contexto quienes por cuestiones de distancias no podían acceder a un facultativo recurrían a personas en las localidades cuyos conocimientos sobre algún tipo de medicina era público. La reputación y la fama en este periodo eran imprescindibles al momento de recomendarlos: el mentado “boca en boca” era la mejor publicidad. A diferencia de otros médicos populares en las grandes urbes, nuestros llamados “curanderos” no se hacían conocidos por anuncios en los diarios, sino por la circulación de información. En sociedades en donde podía haber uno o dos médicos (o tal vez ninguno), los veterinarios y médicos populares sustituían su presencia. Esto, como lo señalamos oportunamente, podía generar malestar en ciertos sectores que buscaban instaurarse como monopólicos de un saber: nos referimos a los médicos titulados y a los farmacéuticos.

Ahora bien, la población en ciertas circunstancias no hacía distinción entre quien poseía título y quien no, pues otorgaban el título de médico a quien tenía la reputación de curar. En el interior de la provincia los títulos poco importaban, el conocimiento era lo solicitado.

En relación con esto, a través de los expedientes, se destaca el poco poder coercitivo del Consejo de Higiene Pública para detener estas prácticas y arraigar la idea de que un médico es quien posee un título otorgado por la Universidad. A lo largo del capítulo se deslizaron las frases “público y notorio” para referirse al accionar de los curanderos y las quejas de distintos agentes del Estado porque no fueron detenidos anteriormente. La debilidad del poder de policía quedaba manifestada allí: el Estado carecía de los recursos para controlar fehacientemente el ejercicio de la medicina en la provincia de Buenos Aires. Y, por otra parte, las sentencias de algunos jueces que no veían un delito en que las personas ayudasen a quienes estaban en peligro y la noción de caridad o solidaridad imperaban por momentos antes que el apego a la ley. En resumen, los motivos por los cuales se recurría a la medicina popular radicaban en lo económico (disponibilidad de dinero), poca disponibilidad de recursos humanos, negación a atender pacientes, desesperación, ignorancia de la carencia de un título en medicina o las carencias mismas del sistema sanitario.

Acerca de estas cuestiones los médicos y sus acólitos, al igual que la prensa, eran conscientes y denunciaban en sus órganos de difusión (revistas específicas y diarios) la presencia y propagación de la medicina popular apuntando principalmente a la inacción del Estado; también, a la falta de recursos humanos y a la ineptitud de los médicos. Las críticas a la medicina desde la prensa eran duras, al hallarla responsable de las cuestiones más acuciantes: el desatender a la población, que se veía forzada a recurrir a aquellos personajes. No obstante ello, la prensa también reforzó las prácticas de la medicina popular en la medida que publicitaba los servicios de algunos curanderos, o a través de los relatos de las prácticas de los médicos populares allí donde la medicina académica no se encontraba disponible.