Martín Valdez^[1]

El fundamento ilustra claramente una idea cardinal en Hegel: la esencia de lo finito es la contradicción, pues él es esencialmente relativo a lo otro que lo niega y no tiene su verdad en sí mismo. […]. La única manera hegeliana de salir de la contradicción es alzándonos a la visión filosófica de la totalidad.

 

Jacinto Rivera de Rosales^[2]

I

Estaríamos saliendo de un intenso periodo de crisis política en el Perú^[3]: el Ejecutivo y el Legislativo enfrentados, cada poder apuntando al otro sus respectivas armas constitucionales: a la cuestión de confianza y eventual disolución del Congreso se le contraponen la censura de ministros y la vacancia del presidente por incapacidad moral. El despliegue de estos mecanismos, principalmente en los últimos siete años, deja un precedente que orienta a ambos poderes a una confrontación política donde la estabilidad misma del Estado se ve gravemente afectada.

No obstante, esta crisis se habría resuelto, no con la vacancia del presidente Pedro Castillo, sino más de un año antes del 7 de diciembre de 2022 con la promulgación de la Ley 31355^[4] el 21 de octubre de 2021 y su eventual ratificación meses después por parte del Tribunal Constitucional^[5]. La ley en cuestión niega en la práctica el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza y, en consecuencia, la posibilidad de un cierre constitucional del Congreso^[6]. El Ejecutivo queda sin mecanismos de defensa ante el Legislativo. El verdadero golpe de Estado no se hizo con un mensaje a la nación y menos aún con tanques, sino mediante esta ley que quiebra el balance constitucional de poderes. La resolución específica de esta crisis política tiene como resultado la sujeción del Ejecutivo al Legislativo, ambos poderes alineados en defensa, no del orden constitucional ni del Estado de derecho, que más bien vienen atropellando, sino del llamado modelo económico neoliberal.

II

Nos encontramos ahora a nivel de la crisis misma del neoliberalismo, modelo donde bienes y servicios básicos se hallan no solo privatizados, sino bajo control de monopolios y oligopolios. Los pocos servicios públicos que quedan se brindan en el Perú bajo la lógica subsidiaria; esto quiere decir que no están pensados como servicios universales, sino principalmente “para los pobres”^[7] y, en consecuencia, son de pésima calidad. De ahí no debe sorprendernos que el Perú, específicamente, haya sido el país más golpeado por la pandemia (número uno en el mundo en cantidad de fallecidos por millón de habitantes^[8]), dado el estado deplorable de la salud, vivienda, condiciones laborales, transporte, etc., justamente aquello que para los economistas y gestores de políticas públicas neoliberales tiene un valor, en el mejor de los casos, secundario.

Toca ya referirnos a la filosofía de Hegel. La dialéctica, en palabras de Jacinto Rivera, nos mueve a “buscar un punto en el que ambos elementos contradictorios encuentren su unión, su síntesis conciliatoria […]. La última palabra no la tiene la contradicción, sino la identidad, y la totalidad se define como la unidad de identidad y diferencia”^[9]. Las distintas fuerzas políticas, los poderes constitutivos del Estado, en última instancia, encuentran su unidad en tanto partes de un modelo que, en los últimos meses, han defendido al punto de masacrar ciudadanos ejerciendo pacíficamente el derecho a la protesta, con tal de no conceder siquiera la posibilidad de un referéndum sobre un posible cambio de constitución, medida que, por cierto, cuenta con un gran respaldo ciudadano.

La concepción del Estado peruano como “subsidiario” de la actividad empresarial tiene su principio, pues, en la actual constitución fujimorista^[10], a su vez implantada mediante un golpe de Estado, asesinando líderes sindicales y periodistas críticos al régimen. Es en este nuevo plano, más allá de lo meramente político, donde se nos presenta una nueva contradicción, más real, y que se puede plantear como una entre varias prioridades en torno a la relación Estado-Mercado: por un lado, la acumulación de capital, el crecimiento macroeconómico como fin último, y en el otro, el bienestar humano, la garantía de derechos sociales y el desarrollo del país. El Estado subsidiario del neoliberalismo versus el Estado de bienestar —o social-democrático—, uno que se comprometa genuinamente con garantizar el bienestar y la libertad sustancial de las personas, regulando como sea necesario la actividad industrial, e inclusive asumiéndola bajo la lógica de servicios públicos universales. Es decir, el Estado de la eticidad.

III

Pero nos hallamos inmersos en una crisis aún más peligrosa y con mayor potencial de perjuicio al bienestar y a la libertad humana, no solo de la actual, sino de futuras generaciones, a saber, la crisis climática. Las causas del calentamiento global son conocidas desde hace décadas^[11]. Básicamente, la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la industria de energía fósil; de igual modo, se conocen sus efectos catastróficos: destrucción de ecosistemas, hambrunas, falta de agua, migraciones masivas, extinción generalizada de especies, etcétera.

Las principales empresas responsables hicieron y siguen haciendo todo lo posible para ocultar esta información, gastando cientos –si no miles– de millones de dólares en meterse al bolsillo a políticos, así como a operadores mediáticos. No solo ello, sino que en las últimas cuatro décadas han quemado más combustible fósil que en los dos siglos previos. No es exagerado señalar que estamos hablando del crimen más grave de toda la historia: un daño no solo hacia una persona, un pueblo, ni siquiera para una generación entera, sino a todas las generaciones futuras; un daño irreversible al planeta.

Lo que hasta hace pocos años era un escenario todavía factible se torna ahora prácticamente imposible: mantener a 1,5º C el aumento de la temperatura global. El escenario más realista, pero cada vez más difícil, que requiere no sobrepasar el aumento de la temperatura en 2º C, implica que 400 millones de personas pasarán a estar en riesgo de inanición (además de las que ya lo están), 2000 millones de personas adicionales (un cuarto de la población mundial) quedarán sin acceso adecuado a agua, se dará una reducción de cultivos en un 30% hacia el 2080, y para el 2050, 140 millones de personas en África, el sur de Asia y Latinoamérica se volverán desplazados forzados por los efectos de la crisis. Estamos hablando, pues, de sequías y hambrunas extremas, deterioro generalizado de la salud y de la esperanza de vida, 4500 millones de personas sujetas a olas de calor, etc.

El neoliberalismo se ha mostrado absolutamente incapaz siquiera de pensar una solución al problema que vaya más allá de responsabilizar a los individuos, vender productos verdes, así como mercantilizar la contaminación. La responsabilidad, contrario a lo que señala esta ideología, no es de la humanidad en abstracto ni de los hábitos individuales. Un dato: 3500 millones de personas (la mitad más pobre de la población mundial) son responsables del 10% de las emisiones, mientras que el 10% más rico es responsable de la mitad de estas^[12].

Amortiguar significativamente los efectos catastróficos del calentamiento global solamente será posible mediante una transformación social sin precedente histórico: un redireccionamiento de la industria desde el afán de lucro cortoplacista hacia una que pueda significativamente considerar los intereses colectivos de todos los afectados por su actividad (trabajadores, consumidores, medio ambiente, etc.), lo que, en términos concretos, requiere un cambio urgente de toda la matriz energética basada en la quema de carbón y de petróleo, con todas las repercusiones que ello pueda traer para las actuales formas de vida.

IV

Hemos llegado al momento de abordar el concepto que le da título a esta ponencia, el de una eticidad capitalista. Con este oxímoron apuntamos a señalar que la totalidad no es ya abarcada por el Estado, sino que se presenta como mercado mundial. El neoliberalismo ha realizado esta eticidad capitalista en todo su esplendor. Como apunta Nancy Fraser, en esta forma de capitalismo “globalizado y financiarizado”, las “corporaciones oligopolísticas de alcance global” han quedado “liberadas del control público”^[13], “los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales han reemplazado a los Estados como árbitros de una economía cada vez más globalizada”, el capital financiero ha quedado autorizado “para disciplinar a los Estados y al público en general en favor de los intereses inmediatos de los inversores privados”^[14], enfrentando “descaradamente a cualquier poder público o fuerza política que pueda desafiarlos”^[15]. Esta eticidad ha logrado realizar de la forma más perfecta hasta el momento la libertad del capital, de aquel sujeto automático dotado de vida propia, resultado del movimiento incesante de la autovalorización del valor^[16].

La eticidad propuesta por Hegel para su propio tiempo, con el Estado a la cabeza, se ha visto completamente desbordada por el capital, cuyo imperativo de acumulación y crecimiento le hace inconcebible detenerse. Marx apunta: “La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a salvar”^[17]. En el capitalismo, agrega, “por primera vez la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre”^[18]. Considerando esto, no debe sorprendernos que a pesar de la claridad científica sobre el peligro existencial que implica el continuo desenvolvimiento de la industria fósil, ya desde hace al menos cuatro décadas, no obstante, los Estados no hayan podido lograr detener esta industria que es, además, clave para todas las demás. El petróleo es, pues, la sangre del capitalismo. Abolir la industria fósil requerirá transformar radicalmente la economía mundial^[19].

¿Puede atacarse, destruirse esta industria sin darle, al mismo tiempo, una estocada definitiva al capital? Cualquier solución seria a la problemática desafía no solo el modelo neoliberal, el capitalismo financiarizado y globalizado, sino el capitalismo mismo, con su imperativo de crecimiento ilimitado. No solo el Estado neoliberal existe para el capital, sino que el Estado social-democrático necesita de este para poder redistribuir riqueza en la forma de servicios públicos y, en general, seguridad social. Históricamente, los países que han seguido este modelo y que han logrado generar bienestar dentro de sus fronteras lo han logrado exportando capital y, en ese sentido, explotación y miseria, saqueando recursos de otros continentes y dominando pueblos enteros. La unidad dialéctica de esta contradicción la hallamos en que, de una u otra forma, el Estado moderno parecería no poder sino servir al capital. Como afirmaron famosamente Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: “El gobierno del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”^[20].

El fundamento de la crisis ambiental se encontraría en la “idea misma del capital”, a saber, en el control privado de la producción y, en consecuencia, de las industrias, en la compra y venta (enajenación) de la fuerza de trabajo, intercambio que tanto Hegel como Kant legitimaron en la esfera del derecho abstracto, incapaces de prever la magnitud de este “monstruo animado” y su potencial de subyugar (alienar) la actividad humana en dirección diametralmente opuesta del bienestar y de la libertad, para dirigirla de acuerdo a su propia lógica, absolutamente indiferente a la explotación del hombre por el hombre y a la destrucción del planeta.

V

Antes de concluir, quiero volver sobre la necesidad de este cambio social sin precedente histórico como solución a la crisis climática. El bosquejo de este cambio está presente ya en la obra de Marx: se trataría de una democratización de la industria, lo que supone privar del control de esta a sus propietarios –interesados, fundamentalmente, en la maximización de sus beneficios, lo cual es, justamente, la base del problema– hacia una que sea controlada colectivamente. No basta con un Estado que busque regular su propio capital, es necesario que asuma un carácter anticapitalista: buscar activamente su superación. Aquí haríamos bien en mirar el caso de países como China, Vietnam, Laos: esto es, un modelo económico y político con un proyecto socialista constitucionalizado, una economía planificada de acuerdo a un plan que priorice el bienestar y el desarrollo humano. Pero los esfuerzos de estos Estados siguen enmarcados en la institucionalidad del mercado mundial, basada en la competencia y en la maximización de las ganancias privadas. La solución no puede apuntar a menos que una transformación del mercado mundial, la cima de la eticidad capitalista, siendo reemplazado por formas institucionales que promuevan la cooperación, compartan tecnología, y sean capaces de planificar priorizando el bienestar y la sostenibilidad. Es decir, una institucionalidad comunista.

¿La alternativa a este cambio? Un capitalismo del desastre, basado en ideologías ecofascistas, que estamos viendo ya cada vez con mayor frecuencia: normalizar la catástrofe culpando a la supuesta “sobrepoblación”, dejar morir a los inmigrantes en las fronteras, etc. La conocida frase de Rosa Luxemburgo se nos presenta ahora no solo con la urgencia de evitar la guerra mundial, sino la catástrofe ambiental planetaria: socialismo o barbarie.

Bibliografía

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Congreso de la República de Perú, Ley 31355 de 2021, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, El Peruano, Año XXXVIII – Nº 16270, 21 de octubre de 2021.

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Fraser, Nancy, Los talleres ocultos del capital, Madrid: Traficantes de sueños, 2020.

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Rivera De Rosales, Jacinto, “De la contradicción al fundamento. El inicio de la Lógica de la esencia de Hegel”, en: Eduardo Maraguat (ed.), La Lógica de Hegel, Valencia: Colección Filosofías, 2017.

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