Una campaña para la Ley de Víctimas

Victoria Igol^[1]

Este trabajo pretende poner en relación tres cuestiones relevantes que en nuestro mundo contemporáneo se encuentran estrechamente asociadas: la política, la movilización y las víctimas. En este caso particular este vínculo se abordará a partir de dos hechos: la realización de la campaña Para que no te pase y la sanción de la Ley de Víctimas de delitos (Ley n° 27.372). La campaña se desplegó durante algunos meses del año 2016 y la ley se sancionó en el año 2017. Presentados los hechos de este modo, parece tratarse de dos sucesos cuya correlación aparece como lógica y transparente: una campaña que tiene como consecuencia la sanción de una ley. Muchos ejemplos de esto hay en la historia argentina. Sin embargo, la propuesta analítica aquí presentada propone un recorrido menos lineal.

Para que el lector pueda situarse en el caso, voy a reponer brevemente alguna información que será profundizada a lo largo del capítulo. La campaña Para que no te pase fue impulsada en 2016 por un grupo de familiares de víctimas de delitos de alto perfil mediático. Su objetivo era visibilizar la situación de las víctimas frente a la justicia y exigir una ley que garantizara sus derechos. La principal observación crítica que tenían con respecto a la justicia radicaba en su falta de participación durante el proceso penal: a menos que se constituyeran en querellantes, lo que implicaba contar con los medios económicos para solventar los honorarios de un abogado, su rol era meramente el de ser testigos. Debido a que la mayoría de las víctimas habitualmente no podían acceder a un abogado, esto les imposibilitaba, por ejemplo, acceder al expediente de la investigación o a tener cualquier tipo de información sobre la causa penal. A esto se sumaba el maltrato que sentían por parte de la justicia y la tan denunciada “revictimización”, cuando se veían obligadas a revivir una y otra vez la situación traumática sufrida frente a distintas instancias judiciales. La campaña Para que no te pase tuvo como objetivo denunciar estas situaciones y demandar una solución, mediante actos y movilizaciones callejeras, spots audiovisuales y presencia en los medios de comunicación. En ese escenario, la Ley de Víctimas apareció como una respuesta al problema de las víctimas en la justicia, sancionando una serie de derechos para que ellas pudieran tener una mayor presencia y relevancia en el proceso penal.

Esta investigación se realizó posteriormente al año 2016, por lo que las fuentes para su reconstrucción y análisis son indirectas: entrevistas en medios a los distintos miembros del grupo, publicaciones en diarios, videos de las sesiones del congreso, etc. La posibilidad de reconstruir la campaña a través de su cobertura mediática nos habla de una característica distintiva de la misma: los principales medios de comunicación cubrieron la iniciativa a nivel nacional, invitando a los protagonistas de ese colectivo a dar entrevistas, que luego eran replicadas por medios locales más pequeños, y convocando a que la sociedad civil se involucrara en las demandas.

Si bien la idea de que la campaña derivó en la ley es tentadora, plantearemos aquí un proceso más complejo. La relación entre una cuestión y otra, entonces, no será abordada desde una lógica temporal lineal. Para ello, vamos a indagar quiénes eran esas víctimas que impulsaron la campaña, en qué consistió y cuáles eran las demandas pero, fundamentalmente, la pregunta será si la campaña encarnó un reclamo social que se hizo ley o, más bien, obró como una herramienta dentro de una estrategia más amplia de negociaciones y lobby legislativo para llevar a cabo una reforma vinculada a la agenda del poder Ejecutivo. La primera sección de este trabajo, entonces, será un repaso de la campaña Para que no te pase. Abordaremos allí las demandas del colectivo, las distintas intervenciones que las víctimas realizaron en el marco de la campaña y el contexto nacional en el que todas estas cuestiones tuvieron lugar. Luego, haremos un recorrido por las trayectorias de los principales actores de este proceso, tanto de las víctimas como del entonces ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano. Repondremos en este recorrido la relación que estos actores fueron tejiendo con el mundo de la política profesional. Los dos apartados siguientes se centrarán en el proceso posterior a la campaña Para que no te pase: el debate y sanción de la ley de víctimas y los caminos que los protagonistas de este proceso tomaron luego de la sanción de la ley. Este abordaje de la campaña y la posterior sanción de la ley nos permitirá reflexionar en torno al proceso de construcción de una causa pública, aspecto sobre el cual versará el último apartado.

¿Qué fue la campaña “Para que no te pase”?

Para hablar de la campaña propongo hacer un pequeño viaje hacia el pasado reciente, para ubicarnos en el contexto en el que surgió. Corría el año 2016, el gobierno de Mauricio Macri cumplía en octubre diez meses de gestión y dominaban la agenda pública temas vinculados con el futuro económico del país (la salida del “cepo cambiario”, los “fondos buitres”, las inversiones del exterior, etc.). El entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, había presentado, ese mismo mes, un proyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal con el objetivo de avanzar hacia un sistema acusatorio. Esto contribuiría, a su entender, a tener una justicia más eficaz y transparente. La inseguridad era, según encuestas realizadas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, un tema que preocupaba a poco más del 70% de la población: durante octubre habían sucedido varios casos de delitos violentos que tomaron las pantallas televisivas por semanas (Lucía Perez,^[2] Higui,^[3] entre otros). En ese contexto surgió la campaña Para que no te pase (de ahora en más PQNTP), como una iniciativa de familiares de víctimas de delitos violentos que demandaban una “justicia más justa”.

PQNTP fue un colectivo integrado por un conjunto de personas con trayectorias heterogéneas que compartían dos aspectos fundamentales: todos se consideraban a sí mismos víctimas de algún tipo de delito violento perpetrado sobre un familiar. Es decir, las víctimas eran, en su mayoría, familiares (había algunos sobrevivientes, pero eran los menos) y los delitos habían sido todos contra la vida. El grupo inició la campaña en octubre de 2016 y se disolvió en 2017, una vez que lograron su objetivo principal: discutir una reforma en el código penal que mejorara la posición de las víctimas en la justicia. En la mayor parte de noticias periodísticas, artículos, videos y demás fuentes que hablan de la campaña, algunos nombres se repetían: Carolina Píparo,^[4] Matías Bagnato,^[5] Maria Luján Rey,^[6] Jimena Arduíz^[7] y Viviam Perrone.^[8] Estas víctimas fueron la cara más visible de la campaña. La mayoría de ellas ya se manejaban con cierta naturalidad en los medios, sus casos habían sido noticia y eran rostros conocidos para la gente de a pie. Sin embargo, no fueron las únicas que integraron el colectivo PQNTP, sino que también había otras víctimas menos mediáticas, pero vinculadas a casos resonantes: Gladys Cabezas,^[9] Silvina Gómez y Aida Isabel Rodas,^[10] Vivian Ayala y Maria Radminiski, Roberto Almeida y Karina Muño.^[11]

Ahora bien, ¿por qué y para qué se reunió este grupo de víctimas tan heterogéneas? Como dije en el inicio de este capítulo, las víctimas organizaron la campaña PQNTP con el objetivo de reclamar al Estado una justicia “más justa”. Visto así, el reclamo puede parecer muy ambiguo, pero las demandas de la campaña eran muy claras y específicas: reclamaban una serie de reformas urgentes en el proceso penal y una mayor protección para las víctimas de delitos. Partían de sus propias historias y recorridos en la justicia, para dar un diagnóstico de las dificultades que una víctima debía atravesar a lo largo del proceso: falta de información, revictimización, lentitud en la justicia, malas investigaciones, etc. Para hacerlo claro y sintético, estructuraré las demandas de la campaña alrededor de cinco ejes, todos relacionados entre sí:

1. Reforma de la justicia penal: se proponía una justicia más ágil, transparente y cercana a las víctimas, que considerase su opinión y perspectiva de los hechos, sobre todo a la hora de realizar liberaciones y otorgar beneficios a los imputados/condenados.
2. Derechos de las víctimas: impulsaban una ley que reconociera y garantizara su participación activa en el proceso penal –no solamente como testigos o mediante abogados privados y costosos–, que tuviera en cuenta la integralidad del sujeto garantizando asistencia psicológica, además de asistencia legal.
3. Cumplimiento efectivo de las penas: la campaña se manifestaba en contra de las excarcelaciones anticipadas, las prisiones domiciliarias sin controles adecuados y los beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos graves.
4. Mayor seguridad: demandaban que todo lo anterior se acompañase con acciones concretas contra la inseguridad y a favor de la prevención del delito, para que el Estado no llegara tarde, como había ocurrido en sus casos.
5. Fin de la revictimización: denunciaban que el sistema judicial las ignoraba y maltrataba, obligándolas a repetir sus testimonios múltiples veces, haciéndolas revivir una y otra vez el hecho traumático.

Estas demandas se fundamentaban y legitimaban en las experiencias que cada una de estas víctimas había tenido en la justicia penal. La mayor parte de ellas quedaron comprendidas en la sanción de la Ley de Víctimas, posterior a la realización de la campaña y principal objetivo de la misma. Previamente a la sanción y aplicación de la ley, las víctimas no estaban habilitadas a recibir información sobre las causas judiciales que las involucraban, a menos que tuvieran un abogado privado que las representara en la causa (el penal es el fuero con los honorarios más altos). Eran tratadas como meros testigos del hecho, lo cual implicaba que dieran testimonio cada vez que el fiscal o el juez lo requerían. Se consideraba que la fiscalía era la representante de los intereses de las víctimas, pero muchas veces las víctimas ni siquiera sabían quién era el fiscal de su causa. Para que no te pase aparece como una denuncia pública de esta situación. En palabras de Carolina Píparo: “durante muchos años las víctimas estuvimos invisibilizadas y abandonadas por el Estado. A vos te pasa algo e, ingenuamente, pensás que la Justicia iba a estar de tu lado, pero te encontrás con una realidad diferente”.^[12]

Cuando le preguntaron en una entrevista a María Luján Rey el porqué del nombre de la campaña, ella respondió: “Porque nosotros ya lo vivimos. A nosotros ya nos tocó. Pero hay una gran parte de la ciudadanía que ve el reclamo de la víctima como ajeno. Estas modificaciones que pedimos ya no nos tocan. Es para los que lo van a sufrir.” Esta declaración es un llamado a la sociedad civil, un intento de marcar agenda, de calar en el interés público: todos pueden ser víctimas, esto también es por ustedes. Garland sostiene que, en las sociedades actuales,

quien hable en nombre de las víctimas habla en nombre de todos nosotros, o por lo menos así lo sostiene el nuevo decálogo político de las sociedades con altas tasas de delito (…) las imágenes publicitadas de víctimas reales sirven como la metonimia personalizada, propia de la vida real –¡podría ser usted!–, de un problema de seguridad que se ha convertido en un rasgo definitorio de la cultura contemporánea (Garland, 2005: 47).

Así, el “ser víctima” une a este colectivo en una misma lucha (“somos víctimas de distintos hechos violentos y evitables”, “el reclamo es uno solo, nos involucra a todos, a las víctimas de distintas tragedias”, “hoy estamos aquí muchos que pensamos distinto, pero que sentimos igual”), pero también pretende funcionar como sensibilizador del interés público, como llamado a la solidaridad y a la unión, advirtiendo sobre un peligro en potencia: “todos nosotros somos ciudadanos comunes que proyectaron una vida y un día, en un instante, nos convertimos en víctimas” (Comunicado de PQNTP).^[13]

Además de la “gira mediática” de los principales referentes de PQNTP, el evento cúlmine de la campaña fue una concentración en la plaza de los dos Congresos. Esta concentración tuvo lugar el martes 11 de octubre de 2016, con repercusiones en otros puntos del país. La concentración consistió principalmente en un acto conducido por Lorena Maciel y Luis Novaresio, dos periodistas pertenecientes a grandes medios de comunicación. La convocatoria a la marcha no fue multitudinaria, como esperaban sus organizadores, aunque contó con una fuerte cobertura mediática. Hicieron un trabajo bastante intenso en redes sociales, y se cubrió la movilización en distintos medios de televisión y periódicos. La mayor parte de los asistentes eran adultos que pasaban los 45 años, familiares de víctimas o conocidos de, aunque había algunos pocos que fueron por solidaridad con la causa. No había presencia de partidos políticos con banderas (por pedido especial de la organización), ni de organizaciones de derechos humanos. Se leyó un documento que, entre otras cosas, tenía una lista específica de demandas y una declaración de “principios”: el reclamo era político y colectivo, pero no partidario, ni por intereses individuales.

Si se compara esta experiencia con otras similares a partir de las cuales se ha modificado una ley potencialmente controversial por la presión social, como el caso de Blumberg,^[14] aparecen algunas diferencias interesantes. En el caso Blumberg, las marchas multitudinarias y autoconvocadas ejercieron una presión significativa sobre el Congreso para que se modificara el código penal y se endurecieran las penas. Fueron el hartazgo y la presión popular los que presionaron la modificación. En PQNTP había algo de imitar esa experiencia, en el mecanismo de instalar en la agenda pública la problemática de las víctimas a través de una campaña mediática y de la movilización, pero con una demanda que no requería de la presión social que requirió la propuesta de endurecimiento penal de Blumberg (Schillagi, 2020; Calzado y Van Den Dooren, 2009). Sin embargo, tuvieron una dificultad fundamental: si bien la inseguridad era un asunto que preocupaba a la sociedad en su conjunto, esta preocupación no se leía en clave de derechos de las víctimas de delitos. La situación de las víctimas en la justicia era, cuando menos, algo desconocido por el común de la sociedad civil.

Esa perspectiva y ese interés sí estaban, en cambio, en el ejecutivo, encarnado en la figura del ministro Garavano, quien ya había presentado una reforma del código procesal penal tendiente a promover una mayor participación de la víctima y una clara distinción en cuanto al rol de la fiscalía como su representante. Ese proyecto de reforma fue presentado por el ministro en 2016 y se sometió a debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Finalmente no se logró el consenso necesario para elevarlo a votación y la iniciativa nunca salió de la comisión. Algunos sectores consideraban que el proyecto tenía un sesgo “punitivista”, mientras que otros lo veían como insuficiente en temas clave como violencia de género, aborto y delitos económicos. Pasados unos años y sin haber logrado avances contundentes, otras preocupaciones tomaron al ejecutivo y la reforma del código dejó de ser una prioridad. Finalmente, durante el último año de gestión macrista se decidió no avanzar en el debate parlamentario para evitar que la reforma se convirtiera en un eje de confrontación política.

Con la Ley de Víctimas la historia fue distinta. Esta ley fue aprobada por unanimidad. La campaña obró como una herramienta para legitimar una política pública que interesaba particularmente al poder ejecutivo y a las víctimas de delitos, pero que podía ser “controversial” si no se presentaba como una cuestión de interés de la sociedad en su conjunto. La campaña permitió abrir distintos espacios de diálogo entre los referentes de PQNTP y funcionarios políticos. Es por eso que el éxito en la ley se consiguió a pesar del “fracaso” en la convocatoria. La ley se sancionó en junio de 2017, luego de largas jornadas de debate y exposiciones de distintas víctimas y expertos. Una vez sancionada la ley, el colectivo Para que no te pase se disolvió y buena parte de sus integrantes pasaron a ocupar distintos cargos públicos, mayoritariamente en la órbita del Observatorio de Víctimas de Delitos, aunque algunos también pasaron a ocupar bancas en el Congreso.

Las trayectorias detrás de PQNTP

¿Quiénes eran las personas que se agruparon bajo la campaña PQNTP? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron a la campaña? ¿Qué nos dicen sus trayectorias acerca del mundo de las víctimas? En este apartado vamos a recorrer las trayectorias de las víctimas más mediáticas que conformaron PQNTP. Me refiero particularmente a Carolina Piparo, Matías Bagnato, María Luján Rey, Viviam Perrone y Jimena Arduíz.

El principal dato que nos aporta el estudio de los recorridos de estas víctimas está vinculado al universo de la política. En tanto representantes de la campaña PQNTP, las víctimas mediáticas siempre resaltaron el carácter apartidario de sus demandas y del grupo; sin embargo, si observamos sus trayectorias individuales, la mayoría de ellas fueron tejiendo, incluso antes de la campaña PQNTP (y mayoritariamente luego), vínculos con distintas personalidades del mundo de la política partidaria. Este fenómeno podría interpretarse como una contradicción o un “ocultamiento”, pero aquí las relaciones sociales y las alianzas se interpretan en sus contextos, considerando que los sujetos movilizan categorías sociales con sentidos que pueden ser opuestos y, sin embargo, convivir. Retomo la perspectiva de Pereyra y Berardi (2020), quienes sostienen que las víctimas se cruzan con la política de múltiples formas (protestas, negociaciones con funcionarios, declaraciones en prensa, etc.) que exceden el ámbito formal de las instituciones del sistema político, y que, mediante estas actividades, se transforman en activistas políticos sin necesidad de formar parte de partidos o estructuras formales.

Iniciaremos el recorrido con Carolina Píparo, una de las víctimas más conocidas del grupo. Desde el suceso que la convirtió en víctima, su caso despertó la sensibilidad de la sociedad y los medios. La historia de Carolina Píparo como víctima comenzó el 29 de julio de 2010 cuando, acompañada por su madre, se dirigió a una sucursal del banco Santander Río en La Plata para retirar dinero. Al regresar a su domicilio, fue víctima de un violento asalto: dos “motochorros” la abordaron en la esquina de su casa. Lo que transformó este robo en una verdadera tragedia fue que Carolina estaba embarazada de nueve meses y recibió un disparo que le perforó un pulmón y obligó a los médicos a practicarle una cesárea de urgencia. Su hijo sobrevivió solo una semana y ella, debido a su estado crítico, nunca pudo conocerlo. Permaneció internada en grave estado durante varios meses. El juicio por el hecho se llevó a cabo dos años después y resultó en la condena de cinco personas. En 2014, tras una entrevista publicada por el diario Clarín, Carolina comenzó a vincularse formalmente con el ámbito político y el activismo por los derechos de las víctimas. Fue contactada por Diana Cohen Agrest, una de las fundadoras de Usina de Justicia,^[15] una ONG dedicada a la asistencia a víctimas y a promover cambios en la justicia. Poco antes de integrarse a esta organización, conoció a María Eugenia Vidal, quien le propuso sumarse a la Fundación Pensar, un espacio de pensamiento político ligado al PRO/Cambiemos. Para 2016, cuando se lanzó la campaña PQNTP, Píparo ya participaba activamente en dos espacios con clara orientación partidaria y en relación directa con el Estado: Usina de Justicia y la Fundación Pensar. Incluso, durante la campaña, Emilio Monzó, entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, la invitó a integrar la Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional.

Otra de las víctimas con una larga trayectoria mediática es Matías Bagnato. Su historia es particular en comparación con los demás, ya que es el único sobreviviente. El crimen del que fue víctima se origina en una “venganza” de un ex socio de su padre a su familia. El hecho, conocido como La masacre de Flores, ocurrió la noche del 17 de febrero de 1994, cuando Matías tenía 16 años. Su familia estaba siendo amenazada por un ex socio comercial del padre de Matías. Aquella noche, luego de múltiples advertencias, esa persona incendió la casa familiar. En su interior estaban los padres de Matías, sus dos hermanos, un amigo de estos y él mismo. Matías fue el único que logró escapar con vida. En 1995, un Tribunal Oral condenó al agresor a prisión perpetua por homicidio múltiple. Sin embargo, años más tarde, un error burocrático hizo posible su liberación. En 2011, Matías recibió una llamada en la que éste lo amenazaba y así se enteró de que había sido excarcelado. Tras pasar un año prófugo, el agresor fue recapturado. A lo largo de los años, Matías ha acumulado una extensa experiencia como víctima enfrentada al sistema judicial. Se ha convertido en una figura de referencia en los debates mediáticos sobre los derechos de las víctimas. Trabajó como personal de cabina en distintas aerolíneas, participó en el programa de televisión Gran Hermano y fue secretario de Derechos Humanos del sindicato de Aeronavegantes. En cuanto a las filiaciones partidarias, Matías suele definirse como “independiente”, aunque ha mantenido contacto y relación con distintos referentes del mundo de la política profesional.

Otra figura relevante es María Luján Rey, cuya historia como víctima comenzó con la Tragedia de Once en el año 2012, en la que murieron 51 personas, entre ellas su hijo Lucas Menghini. Este fatídico hecho ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento no frenó al llegar a la estación Once (CABA) y chocó contra el paragolpes del andén. El hecho visibilizó el colapso del sistema ferroviario y derivó en una causa judicial en la que se condenó a funcionarios, empresarios y concesionarios por corrupción y abandono de los controles de seguridad. Luego de la Tragedia se conformó el grupo “Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Once” con el fin de exigir justicia y seguir de cerca las investigaciones judiciales. María Luján se convirtió en una de las principales referentes del grupo y de las voces más visibles a nivel mediático. Este rol público la acercó a la política profesional. Tras la finalización del juicio por la tragedia, dejó su trabajo como docente de geografía para convertirse en asesora parlamentaria del diputado Gustavo Vera quien formaba parte de la ONG La Alameda y trabajaba con organizaciones sociales, denunciando la explotación laboral y la trata de personas, entre otras cuestiones. Permaneció en ese puesto hasta 2016, cuando Vera se acercó al kirchnerismo, decisión que llevó a María Luján a renunciar. La relación de María Luján Rey con ese espacio político estaba teñida por su historia: la tragedia de Once sucedió durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y la relación de los familiares con el gobierno nacional fue tensa, teniendo a Maria Luján como principal representante de ese enfrentamiento. Poco después de su renuncia fue convocada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, con quien había entablado una relación desde el año 2012, para trabajar junto a ella. Aunque al principio no se identificaba como parte de Cambiemos, siempre expresó su afinidad con los valores del espacio.

El caso de Viviam Perrone es particular, en tanto fue la única de estas víctimas que conformó una organización a partir de su lucha. Madre de Kevin Sedano, un adolescente de 14 años atropellado en 2002 por un conductor que lo abandonó. Kevin falleció tras una semana de internación. El responsable fue condenado en 2007 a tres años de prisión efectiva, pero sólo cumplió dos meses. Ante esta situación, que ella denunció como un caso de “impunidad”, Viviam fundó en 2004, junto a otras madres, la asociación civil Madres del Dolor.^[16] Esta organización ha acompañado a muchas de las víctimas mencionadas aquí. Viviam fue presidenta de la asociación muchos años, durante los cuales presentó iniciativas de reformas legales y proyectos de ley vinculados a seguridad vial, víctimas y delito. Abandonó la presidencia de la fundación cansada de las necesidades que le imponía ese rol pero continuó desempeñándose como secretaria, manteniendo una estrecha relación con funcionarios y miembros del Congreso Nacional, donde se mueve con naturalidad.

Jimena Aduriz, por su parte, es la madre de Ángeles Rawson, víctima de femicidio en 2013. El caso estuvo durante semanas en el prime time televisivo. Desde entonces, se ha involucrado activamente en la lucha contra la violencia de género y en el acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Participó en diversas organizaciones que brindan charlas de concientización a lo largo del país. También ha trabajado con Madres del Dolor en la redacción y presentación de proyectos de ley vinculados a la temática de género y víctimas.

Un rasgo común que puede identificarse en esta breve síntesis de algunas trayectorias es el esfuerzo realizado por estas víctimas por distanciarse de la política partidaria. Esto se debe a que la figura de la víctima se construye a partir de un lenguaje emocional, que legitima sus motivaciones y marca una diferencia con los intereses políticos tradicionales (Zenobi, 2014; Pereyra y Berardi, 2020). No obstante, este compromiso emocional no excluye el ingreso a la política institucional. De hecho, si bien la campaña no fue una iniciativa partidaria, su realización fue posible en gran parte gracias a las redes que los familiares fueron tejiendo, a partir de sus casos, con distintas personalidades del mundo de la política profesional.

También es pertinente mencionar que los representantes de la agenda de derechos de las víctimas, como Usina de Justicia o incluso la misma campaña PQNTP, suelen oponerse a la corriente “garantista” del derecho. El garantismo, bajo la visión de estas víctimas, se preocupa por la igualdad ante la ley solamente para los acusados, sin considerar la situación de las víctimas. El personaje que más asocian a esta postura penal es el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, explícitamente afín al kirchnerismo. En este sentido, hay cierto vínculo entre la lucha por la agenda de derechos de las víctimas y una postura crítica con respecto al garantismo y a aquel espacio político que atraviesa las trayectorias de los referentes de PQNTP. Es en parte ese mismo hilo el que los une con personajes abiertamente anti kirchneristas como la figura de Germán Garavano. Si bien no se trata de un miembro de PQNTP, su rol como impulsor y gestor de la ley de víctimas fue innegable. La carrera de Germán Garavano en el ámbito judicial siempre estuvo ligada a Mauricio Macri y su espacio político. Su primer cargo importante fue en 2004, cuando lo eligieron para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya en ese entonces manifestaba particular preocupación por el funcionamiento de la justicia penal, la transparencia institucional y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Su relación con el PRO se consolida en el año 2007, cuando asume como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Desde allí promovió transformaciones orientadas a modernizar la función del Ministerio Público Fiscal e impulsó la creación de espacios institucionales de asistencia a víctimas de delitos, algo poco frecuente en esa época. En diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente, Garavano fue nombrado Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su gestión en el ministerio se caracterizó, entre otras cosas, por la promoción de una agenda centrada en las víctimas, defendiendo su papel central en el proceso penal, y una fuerte crítica al paradigma garantista anterior.

Puede verse que al mismo tiempo que las víctimas de PQNTP se definen como “independientes” y “apartidarias” establecen relaciones con el mundo de la política profesional, que resultan ser más cercanas a ciertos espacios partidarios que a otros. Su condición de víctimas funciona como un recurso que les permite convertirse en voces legítimas de su demanda y negociar con sectores más amplios que no llevan necesariamente la defensa de los derechos de las víctimas de delitos como una bandera distintiva.

El debate legislativo por la Ley de víctimas

El proyecto que más tarde sería sancionado como Ley nacional 27.372, Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, se trató por primera vez en la Cámara de Diputados el 16 de noviembre del 2016, casi un mes después del acto de PQNTP. Fueron varias sesiones, donde participaron como oradores distintos actores vinculados a la temática.^[17] Dentro de los oradores que fueron invitados a disertar, había víctimas del grupo PQNTP, víctimas de otros colectivos, expertos (abogados penalistas, trabajadores de dispositivos de asistencia a víctimas), funcionarios públicos, entre otros. Los organismos de derechos humanos no participaron del debate, no porque no hayan sido invitados, sino porque se negaron a hacerlo ya que el tema les resultaba controversial en relación a sus propios posicionamientos históricos. Las cámaras, en ese entonces, no tenían una mayoría que permitiera al ejecutivo prescindir de la negociación para que se sancionara la ley. En ese contexto fue la capacidad de negociación del ejecutivo y de las víctimas lo que garantizó el acuerdo de todos los partidos políticos para que se sancionara la norma.

La dinámica de la votación y el debate fue fluida: existía un consenso general en torno a la importancia y a la necesidad de la ley, que había sido fortalecido por la campaña mediática del grupo PQNTP (varias veces mencionado durante las sesiones). Incluso, muchos legisladores manifestaron su orgullo de ser partícipes de una jornada histórica. Voy a focalizarme en analizar la instancia de discusión de la Cámara de Senadores, porque allí se dieron las modificaciones y principales debates en torno a la ley. Ente los representantes institucionales que participaron del debate estuvieron: un representante del Ministro de Justicia y DDHH, del Ministerio Público de la Defensa (su Defensora general y otros funcionarios encargados de distintos programas de asistencia a víctimas), representantes de las Oficinas de Atención a Víctimas dependientes del Ministerio Público Fiscal, el Colegio de abogados y algunos penalistas, ONG y Asociaciones civiles de víctimas (como Usina de Justicia, Red Social Solidaria Responsable, Familias por la Vida, AVISE, Madres del dolor, etcétera). A su vez, participaron más de 50 víctimas y familiares de víctimas que expusieron como oradores independientes. La lista de invitados se fue haciendo a lo largo de las siete sesiones de plenario de comisiones, y eran los mismos legisladores quienes proponían a las personas y les hacían llegar la invitación: si querían participar, las víctimas estaban obligadas a establecer, de alguna forma, vínculos con legisladores y/o asesores (el universo de la política profesional). En este sentido se puede pensar que las víctimas fueron personajes claves a la hora de hacer el lobby legislativo para que se sancionara la ley. Este proceso de selección de oradores mostró un doble juego. Por un lado se dio un reconocimiento a la demanda de aquellos considerados como outsiders (las víctimas), que fueron reconocidos como interlocutores válidos en el Congreso (Corbelle, 2013). Pero, a su vez, también funcionó a la inversa: que los legisladores se hayan tomado el tiempo de escuchar a las víctimas y trabajar con ellas hizo de la ley una herramienta más legítima, y de los legisladores, funcionarios más comprometidos, sensibles e informados a los ojos de las víctimas.

La ley fue presentada como una reparación, una solución a las consecuencias de un problema mayor: el delito. El delito era entendido aquí como una “fábrica de víctimas”, por lo que el debate también giró en torno a qué políticas de prevención y de seguridad debía adoptar el Estado. Si bien no era objeto de la ley legislar en torno a esto, las diferencias se hicieron notar y fue casi el único punto donde se escucharon distintas opiniones: mientras que para algunos el delito era producto de la desigualdad social y la ausencia del Estado, para otros era una decisión individual de quienes “elegían” dedicarse a una actividad ilegal. Cada posicionamiento implicaba una política penal distinta: los primeros proponían fortalecer la asistencia Estatal, mientras que los segundos reclamaban leyes más duras. Lo curioso es que ambos extremos votaron a favor de la ley de víctimas, lo que implica que se puede ser pro-víctima defendiendo distintas políticas penales (Barbot y Dodier, 2017).

La mayor parte de las víctimas que expusieron evitaron la cuestión de la prevención del delito, marcando permanentemente la diferencia entre ellos y “los expertos”, encargados de pensar políticas públicas para prevenir el delito. Frases como “yo no soy abogado, ni legislador, yo sé lo que tuve que sufrir durante estos años” (Matías Bagnato, exposición en comisiones del Senado, 18/4/2017), o bien, “yo les cuento cuál es mi experiencia y mis necesidades y ustedes son los encargados del cómo” (María Luján Rey, exposición en comisiones del Senado, 23/3/2017). Incluso, la campaña PQNTP buscó activamente diferenciarse de Blumberg y su propuesta de reforma del código penal, con un lema que decía “nosotros no queremos mano dura, queremos justicia justa”. En este sentido, la diferenciación entre el conocimiento experto, vinculado al saber técnico y vaciado de emocionalidad, y la experiencia como aquello que es sobre todo sentimiento, permite pensar a la ley de víctimas y a la instancia de debate de la ley como un espacio donde compiten, conviven y colaboran dos formas muy diferentes de construir conocimiento. El conocimiento producido desde la experiencia, a diferencia de la expertise, “es siempre conocimiento parcial y, por ello, situado (…) es el único que comporta la responsabilidad ética de su construcción” (Trebisacce, 2016: 5). Este involucramiento ético juega distintos papeles a lo largo del debate: por un lado, otorga legitimidad a las víctimas para enunciar sus demandas y definir sus necesidades, pero, por otro lado, genera cierta sospecha sobre su capacidad de intervenir sin prejuicios, de una forma objetiva (tal como se supone que lo haría un experto) en el proceso penal y en los dispositivos de asistencia. Así, el vínculo que la experiencia tiene inevitablemente con lo emocional actúa en una dimensión positiva (en tanto permite a las víctimas construirse como actores legítimos en su demanda al Estado), y negativa (en tanto genera sospechas sobre la capacidad de esas víctimas para ocupar determinados cargos que exigen un manejo racional del conocimiento).

En lo que refiere a los discursos expertos durante la discusión de la ley, se pueden dividir en dos: los que señalaban cuestiones técnicas que debían mejorarse en el proyecto y aquellos enfocados en contar el trabajo que realizaban en distintos programas de asistencia a víctimas. Las agencias/dispositivos estatales de asistencia a víctimas que estuvieron representadas en el debate de la ley fueron: DOVIC^[18] dependiente del Ministerio Público Fiscal, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito del Ministerio Público de la Defensa, el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a Víctimas, la Dirección General de Asistencia a Víctimas del Delito de Entre Ríos y la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa. Se hizo hincapié en la necesidad de brindar una asistencia integral, entendida como la posibilidad de articulación entre distintas agencias del Estado para poder brindar a la víctima distintos tipos de asistencia acorde a sus necesidades (psicológica, social, legal). En el caso de los discursos ofrecidos por el primer tipo de expertos, era muy marcada la voluntad de objetividad en sus exposiciones, deteniéndose a analizar la letra de la ley. En cambio, los funcionarios que expusieron en base a sus experiencias de asistencia a víctimas destacaron que su trabajo ayudaba a las víctimas a lidiar con una justicia fría y poco empática.

Antes de continuar con el debate de la ley, voy a detenerme para explicar brevemente su contenido. El primer cambio que introduce la ley es el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho. Esto significa que pasan a ser una parte central del proceso penal, participando en todas las etapas, independientemente de que sean o no querellantes. Se establecen una serie de derechos específicos: ser tratada con respeto, dignidad y privacidad, ser informada de sus derechos, del estado de la causa y de las decisiones relevantes (como excarcelaciones, beneficios, traslados), ser escuchada antes de que se adopten decisiones judiciales que afecten sus derechos o intereses, acceder a asistencia legal gratuita, aportar pruebas, solicitar medidas, impugnar decisiones, y controlar el avance del proceso, recibir protección y asistencia integral, incluyendo atención médica, psicológica y social, y acceder a una indemnización cuando corresponda. Además, se modificó el código procesal penal, introduciendo reformas en los artículos 80 y 81 y garantizando que el Estado y el sistema judicial notifiquen a la víctima sobre actos procesales relevantes. Se creó la figura del defensor público de Víctimas, dentro de la órbita de la Defensoría General de la Nación. También se creó el CENAVID (Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos), como el organismo que nuclearía a todos los centros de asistencia a víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación y se estableció la obligación de crear nuevos centros donde aún no los hubiese. Por último, se fundó el Observatorio de Víctimas de Delitos integrado por víctimas y familiares de víctimas, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la ley, proponer reformas y monitorear políticas públicas y se estableció una capacitación obligatoria para funcionarios judiciales y del Ministerio Público enfocada en los derechos de las víctimas.

Aunque la Ley de Víctimas tuvo su origen formal en un proyecto presentado por los legisladores Sergio Massa y Alicia Caamaño del Frente Renovador su tratamiento y sanción respondieron a una activa apropiación por parte del Poder Ejecutivo nacional. A través del Ministerio de Justicia el Ejecutivo impulsó el avance del proyecto en ambas cámaras, articulando con organizaciones de familiares de víctimas y posicionando la iniciativa dentro de una agenda institucional más amplia de reformas judiciales. El proyecto original tuvo modificaciones que surgieron, mayoritariamente, de las exposiciones de las víctimas. Fueron ellas quienes a partir de sus experiencias enumeraron las faltas de la justicia y, en base a esos testimonios, los legisladores con sus equipos fueron trazando los cambios.^[19] El texto finalmente aprobado en la Cámara de Diputados no era exactamente igual al original. Los principales cambios que se introdujeron en el Senado tuvieron que ver tanto con cuestiones de redacción, como con derechos específicos. Por ejemplo, en el proyecto presentado originalmente no estaba la figura del Defensor Público de Víctimas. Este punto fue complejo porque la Defensora General de la Nación argumentaba que no existían recursos suficientes para garantizar la existencia de dicha figura a nivel Nacional; otros discutían respecto de otorgar ese beneficio únicamente a las víctimas vulnerables, en tanto generaría una diferenciación entre víctimas. Finalmente se agregó por insistencia de las víctimas, dejando una definición amplia de “vulnerabilidad”. El texto original tampoco establecía de manera explícita la obligación de notificar a las víctimas sobre decisiones relevantes en el proceso penal y particularmente en la etapa de ejecución (este último punto fue muy discutido por algunos expertos, pero muy apoyado por las víctimas).^[20] Por último, el proyecto original no detallaba la participación activa de las víctimas en todas las etapas del proceso más allá de que contaran con abogado, ni tampoco especificaba medidas de protección diferenciadas para grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien en el debate participaron muchas víctimas de distintos colectivos, a la hora de los agradecimientos lo que más se mencionaba era Para que no te pase, como si todas las víctimas estuvieran allí condensadas.

La rapidez en la sanción, reglamentación e implementación de la ley es un indicio del interés activo de la gestión macrista en el asunto. Germán Garavano desempeñó un papel central en la promoción e implementación de la ley; fue clave en la articulación con distintos actores sociales y políticos, y negociando para que los distintos bloques acordaran. Incluso, el hecho de tomar un proyecto presentado por el Frente Renovador y promulgarlo como propio muestra la predisposición a hacer de la ley de víctimas una iniciativa plural, que involucrase a distintos sectores políticos. Tras la sanción de la ley, lideró su reglamentación e impulsó la estructura para crear el Observatorio de Víctimas de Delitos y el CENAVID. También estuvo detrás de la coordinación con las provincias para asegurar la adhesión a la ley y su implementación efectiva en todo el país, aunque aún hay provincias que no se adhirieron.

Después de la sanción

Una vez sancionada la ley el grupo que había impulsado la campaña PQNTP dejó de funcionar como tal, aunque eso no significó el fin del trabajo y del compromiso de estas víctimas por la causa. La sanción fue, para muchas de ellas, el inicio de su carrera dentro del Estado, en los nuevos organismos creados gracias a la ley. Algunas otras, a partir de la experiencia de activismo en PQNTP, se lanzaron a construir una carrera dentro de la política profesional. Retomaremos brevemente a cada una de las víctimas mencionadas en el segundo apartado, a fin de continuar detallando el avance de sus trayectorias y explorar qué conclusiones podemos sacar de ello.

Carolina Píparo es un caso que ejemplifica el recorrido que trazan muchas otras víctimas: ingresar al mundo de la política profesional a partir de su activismo como víctima. Luego de la sanción de la ley, en 2017, se postuló como diputada por la provincia de Buenos Aires en la lista de Cambiemos y resultó electa. Su mandato se enfocó en el trabajo legislativo relacionado principalmente con temas de seguridad y derechos de las víctimas y finalizó en 2021. Luego, volvió a presentarse para ser diputada nacional, pero esta vez bajo el espacio Avanza Libertad, liderado por Espert. Actualmente es parte de La Libertad Avanza e incluso logró el tercer puesto como candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por ese espacio, en 2023. María Luján Rey construyó una trayectoria similar a la de Píparo luego de PQNTP; una vez sancionada la ley, se incorporó a la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Dirección Técnica y Social de la provincia de Buenos Aires y ocupó el cargo de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023, representando al PRO/Cambiemos. Tras finalizar su mandato como diputada, María Lujan Rey asumió la dirección del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados, donde se reencontró con otras víctimas de PQNTP.

La historia de Matías Bagnato y Jimena Arduiz, aunque también vinculada al mundo de la política, tuvo diferencias con la experiencia de sus compañeras. Ambas víctimas profundizaron su participación en políticas públicas y organismos estatales vinculados a víctimas de delitos, pero sin hacer de ello una carrera como políticos profesionales. Apenas se creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, Bagnato y Arduiz ingresaron como miembros, junto con Germán Garavano (quien lo presidió hasta 2019) y otras víctimas de PQNTP. El observatorio tenía la función de monitorear y analizar la situación de las víctimas a nivel nacional, fiscalizar el funcionamiento de la ley y proponer soluciones. Matías nunca se afilió a ningún partido político y su participación en el Estado fue siempre, según sus palabras, “aportar su experiencia como víctima”. La trayectoria de Jimena Arduiz es bastante similar en ese aspecto: ha colaborado con distintas organizaciones y funcionarios en la promoción de los derechos de las víctimas, y está mucho más cerca de ser una víctima activista, que una integrante de un espacio político. La construcción de Viviam Perrone también siguió por esta línea: miembro del Observatorio y de Madres del Dolor, siguió vinculada al diseño de políticas públicas, pero siempre “colaborando” con distintas gestiones.

Tal como puede advertirse, estas víctimas tienen en común el hecho de haber desarrollado formas de compromiso político mucho más allá de sus casos, con causas públicas (derechos de las víctimas, educación vial) o con una carrera política (ocupando bancas o como funcionarios de organismos públicos). Y ello en el marco de la defensa de los derechos de las víctimas de delitos. Con esto no busco presentar una cronología lineal y simplificada que enlace de manera directa la campaña Para que no te pase, la sanción de la Ley de Víctimas y la trayectoria política de los actores involucrados. Tanto los acontecimientos como las trayectorias presentan dinámicas mucho más complejas. Es razonable suponer que muchas de las afinidades políticas que se manifestaron tras la aprobación de la ley ya existieran con anterioridad. No obstante, la participación activa de las víctimas en los organismos estatales creados específicamente en virtud de sus intereses y su incorporación a partidos políticos constituyen un rasgo distintivo.

La co-producción de “la causa de las víctimas”

El recorrido por la campaña Para que no te pase y la sanción de la Ley de Víctimas nos permite reflexionar en torno al proceso que implica la construcción de demandas públicas por parte de un colectivo específico como son las víctimas de delitos. Al contrario de lo que tiende a suponerse a la hora de abordar este tipo de casos, la construcción de demandas públicas no es un proceso lineal y unidireccional: de la sociedad civil hacia el Estado o “de abajo” hacia “arriba”, ni tampoco a la inversa. Por el contrario, con este análisis proponemos acercarnos a lo que fue la campaña y posterior sanción de la ley atendiendo a los cruces, las porosidades y los intercambios entre las víctimas y el Estado, representado en la figura de funcionarios y expertos. Esos intercambios hablan el lenguaje de la política. En este sentido, la campaña funcionó como un dispositivo de visibilización y legitimación de la causa de las víctimas en la justicia, pero también obró como catalizador de la agenda del Ejecutivo Nacional. La dualidad del proceso se evidencia incluso en el rol que los actores desempeñaron en el debate: las víctimas, los funcionarios y los expertos construyeron a la par la causa de las víctimas.

Asimismo, cuando nos enfocamos en las trayectorias individuales de los referentes de PQNTP, vemos que la relación entre víctimas y política no es lineal ni homogénea. A lo largo de sus recorridos, y usualmente en relación a “sus casos”, las víctimas fueron tejiendo nuevas formas de participación que combinaron denuncia, activismo y gestión. La campaña no fue solo un espacio de demanda, sino también un canal para que sus protagonistas ingresaran en circuitos de representación institucional. Esto permite pensar a las víctimas como sujetos que, basados en el capital que supone la experiencia de victimización, pueden disputar sentidos y ocupar espacios en la construcción de las políticas públicas.

En este sentido, la campaña Para que no te pase, la sanción de la ley y el armado institucional posterior han sido tratados en este trabajo como parte de un mismo proceso que tuvo como protagonistas tanto a las víctimas como a los expertos, esto es, a los técnicos y funcionarios. En cada etapa de este proceso las víctimas y los expertos fueron construyendo mutuamente el problema de las víctimas en la justicia. A lo largo del proceso de coproducción del problema, los límites entre víctimas, profesionales del derecho y de la política, se vieron negociados y redefinidos.

Referencias bibliográficas

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Fuentes

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Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (21/06/2016). Diario de sesiones cámara de Diputados, Período 135, 10° reunión- 6° sesión ordinaria (especial). Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/sesiones/sesiones/sesion.html?id=3405&numVid=1

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