Denuncias, responsabilización
y disputas profesionales

Joaquín Molina^[1]

Basta con abrir un portal de noticias para que el lector argentino contemporáneo encuentre notas periodísticas encabezadas de la siguiente manera: “El precio de la juventud”; “Murió una mujer por una operación de cirugía estética”; “Bisturí fatal”; “Una mujer falleció en Córdoba luego de una cirugía estética”; “Fue por nueva nariz, terminó cuadripléjica”, etc.^[2] Todos estos titulares presentan un rasgo en común: exponen casos de pacientes que experimentaron daños estéticos, psicológicos y/o funcionales (Winance, Barbot y Parizot, 2018) tras someterse a una cirugía estética. Dichas narrativas sobre víctimas de la cirugía estética (Barbot y Cailbault, 2010) comienzan a tener cierta presencia en los medios argentinos a principios de la década de 1980, adquiriendo primacía entre mediados de la década de 1990 y principios de los dos mil.

A partir del análisis de notas periodísticas y emisiones televisivas,^[3] en este capítulo examinaré varios escándalos mediáticos (de Blic y Lemieux, 2005; Lemieux, 2007) suscitados a raíz de procedimientos estéticos que resultaron en un daño para las pacientes, procurando examinar los modelos de imputación de responsabilidad causal articulados en la opinión pública y las consecuencias políticas derivadas de dichos modelos. La unidad de análisis a partir de la cual penetraré en estos escándalos son las narrativas atroces (Dingwall, 1977) sobre las víctimas de la cirugía estética en los medios de comunicación (Barbot y Cailbault, 2010). A los efectos de desglosar dichas narrativas examino dos modelos de imputación de responsabilidad (Holstein y Miller, 1990), cuya coexistencia refleja las tensiones persistentes en la representación mediática de estas víctimas. Por un lado, el modelo de opresión de género que responsabiliza a los estereotipos de belleza de compelir a las mujeres a someterse a prácticas de belleza riesgosas. Por el otro, el modelo de la “mala praxis médica” que enfatiza la responsabilidad de los médicos intervinientes, cuya falta de idoneidad técnica y moral deriva en un daño sobre los pacientes. Como veremos, cada modelo de imputación de responsabilidad habilita diferentes intervenciones públicas e iniciativas legislativas destinadas a prevenir el daño en cirugía estética. Por un lado, el modelo de opresión de género da lugar a políticas orientadas a restringir el acceso a estas prácticas, promoviendo la diversidad corporal. Por el otro, el modelo de la “mala praxis médica” sitúa a las víctimas como herramientas pedagógicas de mercado y opera como fundamento de iniciativas legislativas orientadas a instituir regulaciones en dicha arena.

Muertas para ser “más lindas”: víctimas de los “ideales de belleza”

“Linda, está en coma” es el título que lleva una nota publicada en la revista “Gente” el 6 de noviembre de 1997. Debajo del título, se ve la fotografía doméstica de una mujer sonriente mirando a cámara, presuntamente en algún evento social. En el copete, nos enteramos de que el nombre de esta mujer es Alicia Romagnoli, de 42 años. Su historia aparece resumida en tres líneas: “Quería borrarse dos arrugas. Se internó para hacerse un lifting. Hace catorce meses está en estado vegetativo”. A continuación, se afirma que “su caso no es el único” y que “varias famosas y desconocidas corren riesgos para verse más jóvenes y lindas”. En el cuerpo de la nota, nos encontramos con otras fotografías familiares de Alicia previas a la intervención, relatos breves de mujeres famosas y anónimas que padecieron complicaciones a raíz de cirugías estéticas y una infografía que sintetiza “Lo que hay que saber antes de operarse”.

Sin embargo, la parte más sustancial de la publicación está dedicada a narrar el caso de Alicia. Cada uno de los momentos de esta historia está identificado con subtítulos resaltados en color rojo y mayúsculas: “TODA UNA OBSESIÓN”, “LA DECISIÓN”, “LA OPERACIÓN” y “CUANDO LO QUE IMPORTA ES LA VIDA”. Bajo el primer subtítulo, se describe el momento y los motivos que llevaron a Alicia a plantearse la posibilidad de hacerse una cirugía estética: reveló las fotografías de unas recientes vacaciones veraniegas en Punta del Este e identificó algunas “imperfecciones de su cuerpo”. Notó que el bronceado resaltaba algunas arrugas de su rostro y que el traje de baño revelaba algunos kilos de más. Según nos enteramos a continuación, Alicia tenía un núcleo familiar constituido por su esposo y tres hijos, con quienes comentó la idea que había comenzado a rondarle por la cabeza durante un desayuno. Su esposo trató débilmente de disuadirla (“Pero si así estás perfecta”) y sus hijas sonrieron cómplices (“por lo coqueta que era su mamá”).

Bajo el segundo subtítulo, se relata el momento en que Alicia y su esposo viajaron desde la localidad santafesina de Santo Tomé a Buenos Aires a consultar con quien sería el cirujano plástico a cargo de su intervención: Rolando Pisanú. En la consulta hablaron de la posibilidad de hacer un lifting facial, una cirugía de nariz y lipoaspiración en las piernas. Luego de meditarlo unos días, la pareja decidió avanzar con el procedimiento y concertaron la cirugía para el 15 de agosto de 1996. “LA OPERACIÓN” (tercer momento) comenzó a las 15:30 y, cinco horas después, Alicia fue trasladada al cuarto. Al verla, “su marido la notó extraña: movía los brazos inconscientemente, como si le temblaran”.

El final de la narrativa es trágico. Durante el posoperatorio “Alicia hizo un paro cardiorrespiratorio” y fue trasladada de urgencia a un sanatorio en el que pronunciaron el “diagnóstico terminante: estado vegetativo”. Lo que antes era una vida más o menos plena asume el signo de la pérdida después de la cirugía: “Y no hubo más viajes, ni más fotos, ni más desayuno, ni más trabajo, ni más sonrisa”. Lo que antes era un cuerpo funcional deviene un cuerpo primario y dependiente del cuidado de los otros: “Luis y sus hijos aseguran que Alicia los oye. Que si le ponen la comida en la boca, ella chupa. Que si mencionan a Pisanú, grita. Y que cuando le muestran fotos viejas, llora”.^[4]

La narrativa del caso de Alicia, con la que decidí comenzar este apartado debido a la notoriedad pública que adquirió el hecho entre fines de la década de 1990 y principios de los dos mil, presenta varias características comunes a otras denuncias periodísticas presentes en los medios de comunicación contemporáneos. Entre dichas características, la primera que cabe destacar es el título, que sintetiza la narrativa dramatizando la desproporción entre el fin perseguido (ser “linda”) y el daño acaecido (“está en coma”). En este marco, en las narrativas atroces, los “defectos” físicos incomodan a sus portadoras en cierta etapa de la vida y en ciertos contextos, pero nunca adquieren una dimensión significativa. Aunque esto abriría la puerta para responsabilizar a las propias pacientes del trágico desenlace de sus historias, lo cierto es que sus motivaciones son interpretadas como una suerte de compulsión que las lleva a inmolarse en nombre de estereotipos de belleza impuestos por fuerzas externas.

Este modelo de atribución de responsabilidad, donde la demanda de cirugía estética es entendida como el producto de una cultura de las imágenes opresiva que impone un ajuste a ideales de belleza dominantes, constituye una constante en las publicaciones contemporáneas en las que se abordan estas prácticas. Generalmente, este tipo de interpretaciones son formuladas por expertos provenientes del campo de la psicología y, en menor medida, por personas de otras disciplinas del área de las ciencias sociales. Un ligero repaso por algunas de las afirmaciones más contundentes realizadas por estos expertos avala este punto: “La compulsa social hacia la belleza genera una obediencia tal que no contempla ni costos ni riesgos”; “Creemos que hacemos el cambio en libertad, pero lo hacemos porque estamos metidos en una especie de máquina ‘tragacerebros’ que nos impone criterios estéticos y hábitos de vida”; “‘Los jóvenes se ven presionados por la apariencia de la delgadez en todos los ámbitos. La televisión, es una repetición constante de este modelo…”; “En el siglo XX, la estandarización de ciertos cánones estéticos, su grado de penetración y universalización, han convertido al cuerpo en un blanco sobre el cual concentrarse en forma obsesiva”, etc.^[5]

Más allá de la denuncia periodística, esta perspectiva encuentra traducción política en un proyecto de ley presentado en 2014 por la diputada Mara Brawer (Frente para la Victoria), psicóloga, feminista y referente en políticas de género y educación. Brawer, cuya trayectoria incluye roles como Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa y autora de leyes sobre convivencia escolar, aporta una mirada que combina su formación psicológica con un enfoque feminista. En el breve articulado del proyecto establece la prohibición de “la realización de cirugías estéticas en personas menores de dieciocho (18) años de edad”, exceptuando de esta restricción las “intervenciones reparadoras, terapéuticas o de adecuación del cuerpo a la identidad de género, casos en los cuales la no realización de las cirugías repercute en la salud y en el desarrollo físico y/o psicosocial de la persona” (Brawer, 2014: 1).

En la fundamentación del proyecto resulta posible constatar que el objetivo de la prohibición es la protección de una población especialmente vulnerable a los embates de los ideales de belleza y que apela crecientemente a una práctica quirúrgica riesgosa a los efectos de borrar las marcas de la diversidad corporal en función de dichos ideales homogeneizadores. Desglosemos esta extensa afirmación. La población objeto de protección son los adolescentes, que transitan un período de la vida en el cual su “psiquismo no [está] consolidado y [se encuentra] en vías de estructuración”. Dentro de este grupo etario, destacan particularmente las “niñas” y las “adolescentes” (Brawer, 2014: 2). Según Brawer, es esta doble condición de adolescentes y mujeres lo que torna a este grupo particularmente vulnerable a presiones culturales.

La presión cultural empuja crecientemente a dicho grupo vulnerable a apelar a la cirugía estética: “La cantidad de adolescentes que se someten a cirugías con motivos estéticos es cada vez más alta en nuestro país” (Brawer, 2014: 3). El motivo por el cual esta tendencia constituye un “síntoma social alarmante” es que supone un ajuste compulsivo a ideales de belleza homogeneizadores mediante técnicas quirúrgicas que conllevan ciertos riesgos. El énfasis de la argumentación está colocado más en la cultura que en los riesgos, destacándose particularmente la interpretación de un “prestigioso psicoanalista de adolescentes” que es citado en el cuerpo del proyecto:

Tal vez la ilusión de garantizar la inclusión social a partir de la soldadura con el ideal estético pueda contarse entre las causas que impulsan a tantas muchachas a prestarse a un acto quirúrgico que más que acto quirúrgico es un acto sacrificial donde entregan el cuerpo como ofrenda al dios de la belleza guiadas por la vana ilusión de lograr, así, la aceptación y el éxito (Brawer, 2014: 4).

Desde la perspectiva de la autora, antes que dar vía libre a una práctica que modifica los cuerpos adolescentes para adecuarlos a un imperativo de belleza homogeneizador, la aspiración debería ser cuestionar estos imperativos mediante la educación en la diferencia. La Ley de Educación Sexual Integral (26.150) resulta clave en este sentido, al brindar los lineamientos pedagógicos “para ofrecer resistencia a patrones culturales, que producen el sufrimiento de quienes no responden a esos prototipos de belleza” (Brawer, 2014: 5). El proyecto fue tratado en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2014, sin obtener sanción.

La lectura en clave de opresión cultural podría constituir una línea rectora en el proceso de problematización y politización de las víctimas de la cirugía estética. Sin embargo, aunque este marco interpretativo no está del todo ausente en los medios de comunicación contemporáneos argentinos, ocupa un lugar secundario en relación a la primacía que asume el accionar de cirujanos carentes de idoneidad técnica y moral. Dedico la próxima sección a analizar este segundo modelo de imputación de responsabilidad.

Los victimarios: cirujanos del “horror”

Años después del trágico desenlace de Alicia Romagnoli, pueden hallarse varios artículos periodísticos que refieren al caso. En abril del año 2000, la revista “Veintidós” publicó una nota en la que habla acerca de varios casos resonantes de cirugías que terminaron mal, confiriéndole un lugar central a la historia de Alicia. Lo interesante de esta publicación es que permite identificar el conjunto de factores que habrían contribuido a producir el daño. El primer factor que salta a la vista es que Alicia eligió a este cirujano porque había operado a varias personas mediáticas, pero ignoró un dato crucial como el hecho de que Pisanú “no tenía título de especialista en cirugía plástica”. El segundo factor es que la “Clínica Excelsitas… no tenía unidad de terapia intensiva ni coronaria y en los ascensores no entraba una camilla”. El tercer factor refiere a la “negligencia” e “imprudencia” de Pisanú al permitir que “la paciente fuera trasladada a una sala común sin que estuviera ‘completamente recuperada’ y cuando tenía ‘dificultades para respirar’, y no cumplió con ‘el deber de cuidado de su paciente’: a los diez minutos de finalizada la operación había abandonado la clínica”.^[6]

Al igual que en la narrativa del caso de Alicia, las referencias en medios gráficos y emisiones televisivas sobre víctimas de la cirugía estética asumen el mismo tono condenatorio atribuyendo la responsabilidad del daño a las deficiencias técnicas y morales de la persona a cargo de la intervención. Esta manera de problematizar el fenómeno es una posibilidad entre otras, no sólo porque coloca en segundo plano el cuestionamiento a la cirugía estética como práctica que surge de la “opresión cultural”, sino también porque el nexo causal entre el acto quirúrgico y el daño acaecido admite otras interpretaciones posibles. Desde una perspectiva médica, siguiendo los planteos del cirujano plástico Correa-Iturraspe (1977), “[los] daños iatrogénicos producidos en cirugía plástica, como los originados en otras ramas médicas, tienen cuatro posibles etiologías: 1) el tributo exigido por el método aplicado, 2) los riesgos inherentes al mismo, 3) el error del médico, y 4) su intención dolosa”. Según argumenta el autor, “[aunque] en todos los casos el facultativo sea el agente del daño, sólo en los dos últimos éste proviene de su actuación incorrecta” (Correa Iturraspe, 1977: 121).

En la arena mediática, la indeterminación del nexo causal tiende a derivar en una condena unilateral y unánime, atribuyendo la responsabilidad al cirujano bajo el registro de la sospecha. La idoneidad técnica y moral del profesional interviniente es uno de los aspectos que con mayor frecuencia salen a relucir cuando se pretende explicar el resultado negativo de una cirugía estética. El interrogante en torno a la certificación en la especialidad de cirugía plástica del victimario es una de las cuestiones que suelen introducir los periodistas al desarrollar las historias. El supuesto que subyace a este cuestionamiento es que la carencia de certificación oficial en la especialidad de cirugía plástica es sinónimo de impericia y que es esta deficiencia en la formación técnica la que habría conducido a la producción del daño.

El cuestionamiento en torno al accionar del cirujano interviniente también suele centrarse en sus deficiencias morales. Las transgresiones de orden moral que pude identificar en estas narrativas son de tres órdenes: alteraciones psicofísicas al momento de realizar la operación, negligencia en la atención posoperatoria y orientación al lucro en el ejercicio de la función. Por cuestiones de espacio, me centraré en este último punto. En las narrativas, los victimarios emergen como comerciantes de la medicina que, con una mezcla de encanto, minimización de los riesgos y precios tentadores obnubilan a las víctimas y las empujan a operarse. Según las narrativas, las víctimas recurren a profesionales de baja tarifa porque es la única manera de acceder a la cirugía. Sin embargo, ignoran que detrás de una oferta tentadora se esconde un recorte en los costos que irá en detrimento de su salud. Aunque dicho recorte involucra varios aspectos de la atención médica, aquellos que con mayor frecuencia salen a relucir en las narrativas son la realización de operaciones en quirófanos no habilitados y la utilización de materiales de inclusión no aprobados por los organismos de control.

Para entender el nexo causal que suele establecerse entre el lugar de realización de la intervención y el daño ocasionado, veamos la narrativa de Roxana Mabel del Tránsito Bruna reconstruida por Mariana Carbajal (1999) en su libro “La seducción permanente”. Según relata la periodista, el 12 de junio de 1987, el cirujano José Héctor Soria realizó una mastoplastia de aumento a Roxana en su “propia casa-consultorio” en la ciudad de Buenos Aires. La precariedad de las condiciones del lugar en el que se realizó la cirugía aparece claramente explicitada en un pasaje de la narrativa:

Vestido con ropa de calle, el cirujano trabajó con la ayuda de su esposa y no evitó que su hija interrumpiera en medio de la operación con el uniforme escolar. Ni un anestesista ni un cardiólogo participaron de la intervención quirúrgica. En los días posteriores a la inclusión de las prótesis, la mujer empezó a sentirse “muy dolorida” y […] apenas cinco días después de la operación en la que le implantaron las bolsas de silicona en los pechos, Roxana falleció por una severa infección en ambas mamas […]” (Carbajal, 1999: 86-88).

A la realización de procedimientos por personal carente de idoneidad en lugares no habilitados, viene a sumarse un tercer elemento que termina de delinear a los victimarios: la utilización de materiales y sustancias de relleno no aprobados por organismos de control. La muerte por inyección de silicona líquida por manos inexpertas constituye una constante que asoma de tanto en tanto en los medios de comunicación. Aunque esta problemática afecta con elevada frecuencia a población de escasos recursos pertenecientes a la comunidad travesti-trans, lo cierto es que la utilización de materiales no aprobados asume contemporáneamente visibilidad pública a partir del testimonio de mujeres famosas.

Uno de los casos más resonantes es el protagonizado por el cirujano Aníbal Lotocki, acusado de inyectar “metacrilato” en glúteos y piernas de varias pacientes célebres. Una de las primeras en exponer públicamente las consecuencias del tratamiento realizado por Lotocki fue la ex “Gran Hermano” Silvina Luna^[7] en una entrevista realizada en el programa de Susana Giménez el 12 de agosto de 2014. En años posteriores, los casos de mujeres famosas continuarían tomando estado público, sumando al listado de famosas a Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. El daño ocasionado por el tratamiento se exhibiría mediante el testimonio en primera persona de estas mujeres e informes periodísticos.

En todas las narrativas, las mujeres afirman que fueron engañadas por Lotocki. Algunas señalan que el cirujano no mencionó que se trataba de un material no autorizado y otras que solicitaron determinado procedimiento pero que el médico decidió colocarles dicha sustancia sin su consentimiento. Sea como fuere, lo cierto es que el motivo que parece subyacer al empleo de una sustancia no aprobada es de carácter económico. Así lo explica un cirujano plástico de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica (SACPER) en una entrevista televisiva:

Ahora la moda es decir pongo Metacrill® y ponen Metacrilato. Que no es lo mismo. El Metacrill es un producto que está polimerizado, está preparado para ser inyectado y que no migre. Si yo quisiera poner 500 centímetros en cada glúteo, tendría que gastarme más o menos 40 o 50 mil dólares en productos. Por ende, voy a un producto similar, parecido, pero que no tienen nada de saludable, que es el metacrilato. Que es un acrílico que se vende en polvo, para la industria odontológica, para la industria traumatológica. Con la diferencia de que con lo que yo pago un centímetro de Metacrill®, compro 500 de metacrilato.^[8]

Públicamente, el cirujano Aníbal Lotocki constituye la representación arquetípica del victimario en el ejercicio de la cirugía estética, en el que aparecen condensadas varias de las características que vimos hasta aquí: carece de certificación en cirugía plástica, atrae a sus pacientes a partir del carisma, oculta información acerca de los riesgos de los procedimientos, opera en lugares que no están habilitados y utiliza materiales de relleno que no están aprobados. Sobre sus espaldas recaen dos muertes, varias denuncias judiciales y una sentencia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación que tuvo lugar el 9 de febrero de 2022 por las lesiones ocasionadas a las cuatro mujeres famosas enumeradas más arriba.

Más allá de que a los ojos de un espectador inadvertido todos estos casos asuman visos de ilegalidad, lo cierto es que no existe un marco legal regulatorio que establezca la obligación expresa de poseer título de especialista para ejercer la cirugía plástica.^[9] Esto último torna al mercado de procedimientos estéticos como una arena particularmente propicia a las disputas jurisdiccionales, en la que se ven involucradas personas carentes de certificación médica pero también especialistas que reclaman legitimidad para intervenir sobre determinados sectores anatómicos. Ante este panorama, los escándalos mediáticos devienen en una pieza clave de la resolución de las disputas jurisdiccionales, constituyéndose en una apoyatura dramática que orienta la demanda hacia los cirujanos plásticos certificados y en fundamento de iniciativas legislativas tendientes a consolidar el predominio de estos especialistas.

Víctimas y construcción de fronteras de mercado

En la atribución de responsabilidad por los daños provocados por la cirugía estética, cirujanos plásticos certificados, periodistas y víctimas parecen estar de acuerdo. La diferencia estriba en que, mientras los primeros reafirman un diagnóstico de situación ante cada cimbronazo y advierten a la población acerca de los riesgos de caer en manos inexpertas, las víctimas y sus familiares claman por justicia en los medios de comunicación. Aunque en algunos casos la articulación de la demanda se produce como reacción inmediata ante la comprobación del daño, en la mayor parte de las narrativas podemos constatar que el arribo a esta instancia constituye un proceso paulatino y relacional (Barthe, 2023). En principio, la demanda hacia sus cirujanos no es instantánea, sino que opera un lapso de tiempo en el que la paciente percibe que algo anda mal, pero confía en la evaluación posoperatoria de su cirujano y en los tratamientos que este propone para corregir el daño.

La frustración reiterada extingue poco a poco el encanto inicial, conduciendo a estas mujeres a consultar con distintos expertos. Por un lado, con otros cirujanos plásticos y también con médicos de otras especialidades. Su papel en el itinerario de las víctimas es doble: certificar el daño y/o intentar repararlo. Además de médicos, en dicho itinerario se encuentran los abogados, expertos a los que apelan las damnificadas para presentar una demanda en instancia judicial. Su papel es exhibir evidencia del daño y demostrar la responsabilidad del cirujano interviniente en su producción. Por último, y no menos importante, es evidente que los periodistas cumplen un papel central en la articulación de la demanda de las víctimas en los medios de comunicación. En sus intervenciones, más que operar como neutros facilitadores de una historia que está por ser contada, fungen como insistentes instigadores de un relato prefigurado. A través de este proceso, las víctimas permanecen como casos individuales en el marco de escándalos periodísticos que resaltan sus experiencias sin articularlas en una demanda común. Con esto, no aspiro a pintar una imagen de víctimas pasivas que, en lugar de hablar, son habladas. Más bien, pretendo dejar entrever que lejos de constituir solamente un espontáneo grito de dolor e indignación, el pedido de justicia es el producto de un proceso relacional a partir del cual las víctimas construyen un relato que confiere un sentido a la vivencia de la pérdida.

Sin embargo, más allá de escenificar el dolor por la pérdida y la demanda de reparación de las víctimas, los escándalos que asoman con cierta frecuencia en la opinión pública son recogidos como una muestra de un problema más general que requiere que alguien haga algo para resolverlo (Gusfield, 2014). En este marco, el cuerpo de las víctimas devela su poder instituyente al brindar testimonio de un mercado plagado de irregularidades y al constituir una ventana de oportunidad para educar a la población en el consumo “seguro” de cirugía estética. Periodistas y cirujanos certificados comparten este diagnóstico de situación y contribuyen a la difusión de consejos destinados a potenciales consumidores. En suma, en lugar de politizar la demanda remarcando la “opresión” y promoviendo la diversidad corporal, esta perspectiva plantea una visión liberal (Karsenti y Lemieux, 2017) sustentada en el consumo responsable de cirugía estética y promoviendo un equipamiento de mercado para las candidatas a la operación (Callon y Muniesa, 2005).

Una muestra elocuente de ello es la postura que asumen unos y otros frente a dos escándalos resonantes de los que ya hemos hablado: el caso de Alicia Romagnoli y el caso Aníbal Lotocki. El primero de ellos, es tratado en profundidad por la periodista Mariana Carbajal en su libro “La seducción permanente” (1999), publicado tres años después de que el caso saliera a la luz. Según relata en la introducción, decidió iniciar la investigación cuando conoció la historia de Romagnoli y descubrió “que muchas mujeres, como Alicia, asumen el riesgo de una operación sin demasiada información, minimizando los riesgos de la cirugía” (Carbajal, 1999: 4). El problema de la falta de información, según argumenta, se torna particularmente problemático en un contexto en el que el culto a la belleza perfila un filón lucrativo y genera la proliferación de personas que incursionan en este mercado careciendo de idoneidad técnica y moral. En este sentido, el problema no es la práctica médica per se (“No hay dudas de que la cirugía plástica es una especialidad médica muy noble. Los cirujanos plásticos curan”), sino más bien el afán de lucro con el que algunos la ejecutan:

El problema en el mundo de la cirugía estética son los abusos. Al ritmo del aumento de la demanda de operaciones cosméticas, se multiplicó la oferta de médicos que vieron en los procedimientos cosméticos una buena salida laboral. El abrupto crecimiento del número de consultorios del ramo trajo consigo cierta anarquía y descontrol, que se tradujo en la aparición de especialistas que, en lugar de atender pacientes, trabajan con clientes. Y los convencen de que ingresar a un quirófano es similar a ir a una peluquería, soslayando riesgos y complicaciones asociados a las operaciones estéticas (Carbajal, 1999: 6).

Ante este panorama, el libro se inserta como una intervención pública destinada a “alertar sobre ciertos engaños y atropellos que sufren en algunos consultorios los pacientes de esta especialidad” y a “aportar un granito de arena para que quienes resuelvan ingresar a un quirófano con fines cosméticos, cuiden su salud” (Carbajal, 1999: 8). En este contexto, las narrativas sobre víctimas de la cirugía estética que insumen buena parte de la publicación funcionan como respaldo a un diagnóstico, pero también como señales de alerta acerca de las consecuencias que puede acarrear la elección de un cirujano siguiendo pautas de consumo ordinarias. Más precisamente, el daño abiertamente exhibido opera como una herramienta pedagógica de mercado que graba a fuego los riesgos de guiarse por la fama o los buenos precios que ofrece un profesional.

Además de advertencias, al cierre del libro la periodista explicita una serie de recomendaciones y material informativo sobre los distintos tipos de intervenciones. Entre ellas, destaca particularmente una sugerencia que contribuiría a minimizar los riesgos de la cirugía:

La elección del cirujano
No es tarea sencilla elegir al especialista. Guiarse por modas, avisos en diarios y revistas o recomendaciones caseras no siempre da resultado. Lo mejor –y en esto coinciden las sociedades de cirugía del mundo entero– es elegir un cirujano certificado, que pueda acreditar que ha continuado con su formación médica, que participa en congresos y se recertifica periódicamente. […] Cabe asesorarse en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) o en sus filiales regionales (Carbajal, 1999: 137).

Ya ingresados en la segunda década del siglo XXI, las víctimas de la cirugía estética continúan ocupando la atención de los medios de comunicación. Como hemos visto, probablemente debido a la fama de las damnificadas, el caso Lotocki figura como el escándalo más saliente de los años recientes. Aunque los protagonistas cambian, las historias atroces continúan suscitando el mismo tipo de diagnósticos de situación y las mismas medidas preventivas para atenuar el problema. Veamos, por ejemplo, dos entrevistas televisivas realizadas a miembros de la SACPER en abril de 2021 y febrero de 2022 en los canales de noticias “TN” y “C5N”. Ambas versan sobre el caso Lotocki, aunque la primera se vincula a la muerte de un paciente luego de una lipoaspiración y la segunda a las novedades relacionadas a la causa judicial de las famosas inyectadas con “Metacrilato”:

Si de algo puede ayudar el fallecimiento de este paciente es que se concientice a toda la población de que la cirugía hay que minimizar los riesgos al máximo. Hay que operarlos en un buen lugar, con estudios prequirúrgicos, en un buen sanatorio.^[10]

    
Lo que les está pasando a los cirujanos plásticos de todo el mundo, y no solamente en Argentina, es el intrusismo. Hay gente que se pone a hacer procedimientos, que se pone a poner sustancias que no están aprobadas y después terminan en esta situación. Lo que hay que hacer para no terminar en esta situación, es cuidarse, nada más. Tomar conciencia, buscar profesionales adecuados, buscar cirujanos plásticos.^[11]

Como vemos, lejos de constituirse en víctimas sacrificiales que “entregan al cuerpo como ofrenda al dios de la belleza”, la irrupción esporádica de las damnificadas en la opinión pública constituye una ventana de oportunidad para que los cirujanos plásticos certificados desacrediten a sus competidores y justifiquen públicamente su aspiración a detentar un monopolio sobre este conjunto de prácticas médicas. Esto último, dependerá en parte de la suerte que corra el proyecto de ley sobre “Regulación del ejercicio de la cirugía plástica, estética y reparadora” presentado por la diputada Karina Alejandra Molina (PRO, La Rioja) en el año 2019. El proyecto establece tres cuestiones centrales: define y enumera el conjunto de prácticas que abarca el ejercicio de la cirugía plástica; establece los requisitos formales para ejercerla; y dispone la creación de un registro de acceso público de los profesionales que cumplen con dichos requisitos.

En lo que concierne al primer punto, cabe destacar la definición amplia de las actividades que caen en la esfera de la “cirugía plástica”, incluyendo no sólo actividades médicas de tipo quirúrgicas sino también procedimientos no invasivos. Por su parte, si la delimitación del área de expertise se caracteriza por ser abarcadora, las condiciones formales para ejecutar las prácticas de dicha área son sumamente restrictivas. De esta manera, en el Artículo 5 se enumeran los siguientes requisitos: “ser médico y cirujano” con título habilitante; disponer de “título en la especialidad médica de cirugía plástica” expedido por instituciones universitarias; validar el título de especialista en cirugía plástica “ante la autoridad de salud competente en el gobierno de la matrícula profesional”; y estar inscripto en el “Registro Público Nacional de Cirujano Plásticos” que se propone crear con la sanción del proyecto de ley (Molina, 2019: 3).

En los fundamentos, la diputada Molina explicita un diagnóstico de situación marcado por un aumento de la “demanda de prácticas quirúrgicas y tratamientos estéticos” y un “incremento exponencial de los casos de mala praxis llevados a cabo por quienes no acreditan idoneidad por carecer de la especialidad de cirugía plástica”. A pesar de no presentar datos para avalar la afirmación, la atribución de responsabilidad por los “daños a la salud” y las “muertes” en cirugía plástica recae sobre aquellos “profesionales médicos que no se encuentran debidamente capacitados para el ejercicio de la especialidad o aquellos que sin poseer el título de médico prometen y actualmente realizan tratamientos estéticos que deberían estar reservados a especialistas en cirugía plástica” (Molina, 2019: 5).

Para evitar el daño provocado por manos inexpertas, es que la diputada propone “la creación de un Registro Público Nacional de Cirujanos Plásticos”, con el objeto de que el paciente pueda “corroborar que aquel que va a intervenir sobre su cuerpo y salud, tenga la capacitación y conocimientos necesarios a la especialidad requerida”. De esta manera, se delimita o delega el ejercicio de la cirugía plástica en aquellos que “cuentan con la formación académica y práctica específica para ofrecer un servicio óptimo y responsable a la sociedad”. La aprobación del proyecto, por lo tanto, implicaría una contribución a la “seguridad” y al “derecho a la salud que les es dable exigir a cualquier paciente” (Molina, 2019: 7).

Al momento de escribir estas líneas, el proyecto de ley se encuentra en comisiones en la cámara de origen. El tiempo y la voluntad política de los legisladores dictaminarán su aprobación o su rechazo. Por lo pronto, podemos sostener que los fugaces escándalos mediáticos que alimentan los noticieros de cada día pasaron a formar parte de la agenda parlamentaria, convirtiendo a las víctimas en inesperadas aliadas de la cruzada de los cirujanos plásticos certificados para instituir fronteras de mercado.

Conclusiones

Las narrativas sobre las víctimas de la cirugía estética en Argentina, tal como se analizan en este capítulo, revelan una compleja interacción entre la atribución de responsabilidades causales y las consecuencias políticas que emergen de los escándalos mediáticos. A través del análisis de las narrativas atroces presentes en los medios de comunicación, se identifican dos modelos principales de imputación de responsabilidad: el modelo de opresión de género y el modelo de la falta de idoneidad técnica y moral de los cirujanos. Estos modelos no solo estructuran la comprensión pública de los daños sufridos por las víctimas, sino que también moldean las formas en que estas experiencias de sufrimiento se resignifican en contextos contenciosos, dando lugar a demandas de justicia y a iniciativas de regulación.

El modelo de opresión de género sitúa el origen del daño en una cultura que impone ideales de belleza homogeneizadores, los cuales empujan a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, a someterse a procedimientos quirúrgicos riesgosos. En este sentido, las víctimas no solo encarnan el sufrimiento derivado de estas intervenciones, sino que también se convierten en catalizadoras de un debate político que cuestiona la legitimidad de prácticas que refuerzan estereotipos opresivos. El segundo modelo, centrado en la falta de idoneidad técnica y moral de los profesionales, identifica a los cirujanos como los principales responsables de los daños. Casos emblemáticos como los de Alicia Romagnoli y Aníbal Lotocki ilustran cómo la ausencia de certificación en cirugía plástica, la realización de procedimientos en lugares no habilitados y el uso de sustancias prohibidas configuran un perfil de “victimario” que condensa la falta de regulación del mercado de cirugía estética. Estas narrativas no solo exponen el sufrimiento de las víctimas, sino que también funcionan como herramientas pedagógicas de mercado y respaldan iniciativas destinadas a regular este mercado. De esta manera, las víctimas son movilizadas en el marco de las disputas por la jurisdicción profesional que atraviesan al mercado de la cirugía estética, contribuyendo a la consolidación institucional de los cirujanos plásticos certificados.

En conclusión, las narrativas sobre las víctimas de la cirugía estética en Argentina ilustran el doble juego entre la denuncia pública del sufrimiento y su resignificación en contextos contenciosos. Mientras el modelo de opresión de género problematiza las estructuras culturales que subyacen a la demanda de estas intervenciones, el modelo de la falta de idoneidad profesional predomina en los medios, promoviendo una narrativa de responsabilidad individual que refuerza la necesidad de regulación del mercado. En ambos casos, las víctimas no solo dan testimonio de su dolor, sino que también desempeñan un rol instituyente, al impulsar debates y políticas públicas que buscan prevenir futuros daños y garantizar el derecho a la salud en un mercado signado por la precariedad y la desregulación.

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Fuentes

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