Hernán González Bollo^[1] y Esteban Vila^[2]

El bienio 1937-1938 fue una crisis económica que encadenó un conjunto de episodios hacia un incierto porvenir, ya sea por la guerra, ya sea por el final de la restauración neoconservadora. En 1937, se superaron las toneladas exportadas en 1928, se alcanzó el superávit en la balanza comercial y en la cuenta corriente y se saldó parte de la deuda externa (Beveraggi Allende, 1954, p. 181). En el primer semestre, ocurrió un repentino auge de los precios agrícolas, y en el segundo volvió la depresión de esos mismos precios. La campaña agrícola 1937/38 se perdió y quedaron descalzadas las exportaciones de las importaciones de 1938, lo que provocó la devaluación del peso. Finalmente, se decidió el reajuste del control de cambio, en las divisas de libre disponibilidad. En el centro del debate quedó en evidencia el crecimiento manufacturero, que se aceleró, al menos hasta 1943, respecto de la velocidad alcanzada entre 1914 y 1935 (Belini y Korol, 2020, p. 62).

La cuestión industrial de los años 1937-1943 se entrelaza con la sinuosa trayectoria en el poder de la Concordancia, una coalición que sobrellevó imprevistos y fue responsable de las primeras políticas y programas macroeconómicos.^[3] La suscripción del Tratado Roca-Runciman (1933), la creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los datos del censo industrial (1935) desembocaron en el boom exportador del bienio 1936-1937 (Salera, 1941, p. 189).^[4] Estos acontecimientos señalan el lento cambio de matriz en la creación de la riqueza nacional. Nada impidió que la producción y exportación de cereales, oleaginosas y carnes de la pampa húmeda perdiera paso cualitativo ante el incremento de la actividad manufacturera y, en menor medida, la inversión en obra pública. La urbanización acelerada dio cuenta de un denso entramado de instalaciones de diferentes dimensiones, ya sean fábricas, depósitos y centros de distribución. El caso emblemático fue la ciudad de Buenos Aires y Avellaneda, Lanús y Quilmes, tres distritos del sur del Gran Buenos Aires.^[5] Esa franja del Río de la Plata lideró la actividad secundaria en el país, incluso, más allá del golpe militar de junio de 1943, y al menos hasta 1960. Dispuso de un circuito de capitalización y crédito, ya sean bancos públicos y privados, una aceitada organización de sociedades comerciales, nativas o extranjeras (Lluch y Lanciotti, 2012, pp. 119-146) y contó con firmas industriales que ingresaron al recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio porteña. Estamos hablando de una compacta área urbana y suburbana que contó, además, con un amplio y fluido mercado laboral, no solo de trabajadores en los establecimientos, sino de administrativos y profesionales en las oficinas, sin olvidar a los directivos y familiares. Diremos también que el papel del Estado nacional no se agotó en los aranceles a las importaciones, las juntas reguladoras de la producción agrícola, el control de cambio o la devaluación del peso. A partir de la ley de presupuesto de 1937, quedaron establecidas exenciones en las tarifas de importación para el ingreso de bienes de capital e intermedios, así como la devolución de derechos abonados para industrias que exportaran manufacturas. La superposición de los planos productivo, de inversión, laboral y de incentivos oficiales convirtió a la ribera oeste rioplatense en un activo centro manufacturero y comercial que, en la posdepresión, se distinguió de la pampa húmeda descapitalizada.

Llegar hasta aquí supone una revisión de metodologías, como las canónicas narrativas sobre las oposiciones binarias.^[6] Resulta interesante la controversia en la que se enzarzaron dos militantes de fines de la década de 1950 e inicios de 1960, cuando polemizaron sobre la marcha de la industrialización argentina. Jorge Abelardo Ramos, autor de Revolución y contrarrevolución en la Argentina (1957) e Historia política del Ejército argentino (1959), exaltó la importancia histórica de la década peronista, pues “vuelca hacia la industrialización todos los recursos del país”. En cambio, Milcíades Peña (1986 [1964], p. 13) observa que el crecimiento de la actividad industrial sucedió durante los gobiernos neoconservadores, en la recuperación de la depresión y continuó con el surgimiento de nuevas industrias para cubrir el mercado interno, gracias a las trabas de la importación; en otras palabras, el peronismo convivió con el estancamiento fabril. Hasta aquí, la ironía sería que, en los años previos al golpe de junio de 1943, habría existido una industrialización sin planificación. Por su parte, Carlos Díaz Alejandro (1983 [1975], pp. 102-106 y 226) retoma las observaciones de Virgil Salera, sobre la bonanza del bienio 1936-1937, para recalcar que en 1937 la Argentina había logrado recuperar la actividad económica, mientras se encaminaba a un desequilibrio entre gastos e ingresos federales. Resalta que el país no descuidó las exportaciones tradicionales, mientras avanzó en el camino de la sustitución de las importaciones (por ejemplo, metales, químicos y maquinarias y herramientas, incrementaron el valor agregado de las manufacturas), al punto de que algunas ramas exportaron bienes (Díaz Alejandro (1983 [1975], p. 226). Gracias a Juan Llach (1984, p. 532), sabemos que entre 1942 y 1946 las exportaciones no tradicionales gravitaron significativamente en el comercio exterior. Aquí se abre un abanico de posibilidades en las políticas de estímulo del sector secundario, entre la ampliación del mercado interno y la exportación de bienes terminados (Belini, 2012, p. 287). Se completó una reestructuración del capitalismo nacional, en su composición productiva y diversificación societaria (para el caso Bunge & Born, Schvarzer, 1989, pp. 30-59). Y aconteció en medio del traspaso de poder dentro de la Concordancia, del dominio antipersonalista, bajo el liderazgo del general Agustín Pedro Justo y el doctor Roberto Marcelino Ortiz, al ascenso del conservadurismo raigal, de la mano del catamarqueño Ramón Antonio Castillo.

Pero volvamos a los vertiginosos acontecimientos económicos del verano 1937-1938, pues las medidas oficiales tomadas lograron desactivar la incertidumbre del escenario externo y potenciaron el nivel interno de actividad, al punto de impulsar al conjunto de ramas secundarias y el comercio interior. Detrás del protagonismo y la valiosa experiencia adquirida por Raúl Prebisch, gerente general del BCRA (1935-1943), existió un colectivo mayor de administradores gubernamentales responsables del manejo de las finanzas públicas y la política económica.^[7] Los economistas del BCRA y los ministerios de Agricultura y Hacienda integraron una comunidad invisible capaz de maniobrar con suficiente autonomía frente a los continuos desajustes de la economía atlántica. Enfrentaron unas coyunturas inesperadas, alternaron errores de diagnóstico y correcciones improvisadas. Lo hicieron gracias a la disponibilidad de una caja de múltiples herramientas de gestión, que habilitó una perspectiva macroeconómica desde una economía en transición, desde la producción competitiva de bienes agropecuarios al consumo interno. Hay que destacar que el BCRA y Hacienda no coincidieron sobre la salida de la crisis 1937-1938 ni sobre la creciente gravitación de la manufactura nativa en la economía nacional.^[8] Adelantemos que, a pesar de la velocidad alcanzada por la aparente industrialización sin planificación, estamos muy lejos de un caótico septenio 1937-1943.

Una revisión más detallada de las fuentes oficiales permite volver a considerar el papel de los incentivos oficiales en la composición ampliada del intercambio atlántico y latinoamericano. Sucedió de forma subyacente al efímero Programa de Reactivación Económica Nacional (septiembre 1940-enero 1941), más conocido como Plan Pinedo; y previo a la constitución misma de la Corporación para la Promoción del Intercambio (CPI). La ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Quilmes fueron los beneficiarios directos de la suscripción de tratados comerciales bilaterales o convenios internacionales de compensación y canje de bienes intermedios o materias primas. Estos acuerdos han sido vistos como unas tratativas de supervivencia en el maltrecho tráfico internacional de la década de 1930.^[9] Una vez más, Carlos Díaz Alejandro (1983 [1975], p. 104) señala que durante 1938 cerca del 60 % de las importaciones argentinas se realizaban por trueque o mediante acuerdos de compensación. Aquellos 615 km² dispusieron del estratégico puerto de Buenos Aires para el comercio internacional, que, según Anuario del Comercio Exterior, lideró el tonelaje exportado e importado declarado del país. Lo cierto es que, a partir de 1937, esos acuerdos bilaterales de compensación firmados por el Estado argentino, por un lado, y los flujos del comercio internacional, por otro, se convirtieron en un activo inestimable para dar cuenta de la marcha acelerada de la industrialización nativa. Queremos destacar que, desde la plaza porteña, se articularon cadenas de suministros con la correspondiente declaración de conjuntos de materias primas y piezas importadas, el armado de bienes y finalmente la exportación. Advertimos que ese flujo comercial no involucró exclusivamente a América del Norte y Sudamérica, sino a Gran Bretaña y sus colonias, y otras naciones de Europa continental, algunas con sus posesiones ultramarinas.

Al suscribir más acuerdos bilaterales, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) puso en marcha una política de Estado eslabonada. Tal como sucedió con la aprobación y reglamentación del artículo 40 de la ley de presupuesto de 1937, más la creación de forma sucesiva de tres organismos para diversificar las exportaciones en diferentes renglones (manufactureras o bienes agrícolas no tradicionales). Nos referimos a la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica (CIPPE, noviembre 1938) y el Comité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial (marzo 1941), ambos ubicados en el Ministerio de Agricultura; y finalmente la CPI (mayo 1941), situado en el BCRA. Si bien el último organismo ha recogido los mayores análisis, aún resta una exploración del papel, trayectoria y peso institucional de las tres agencias en cuestión como parte de la matriz regulatoria neoconservadora del comercio exterior. Por otra parte, el impacto político y público de la fugaz vuelta al Ministerio de Hacienda de Federico Pinedo no debe impedirnos estudiar los diagnósticos y decisiones de sus predecesores inmediatos, como Roberto M. Ortiz (enero 1936-junio 1937), Carlos Alberto Acevedo (junio 1937-febrero 1938) y Pedro Juan Groppo (febrero 1938-septiembre 1940). Del mismo modo, luego de ser cajoneado el Programa por la bancada de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), hallamos otra línea de gestión en Hacienda. La vuelta de Acevedo (marzo 1941-junio 1943), que continuó con Jorge Alejandro Santamarina (junio-octubre 1943) y César Ameghino (octubre 1943-mayo 1945). Los programas oficiales convivieron con la intensa dinámica política que supuso el traspaso presidencial de Justo a Ortiz, la renuncia de este último y muerte, el ascenso del vicepresidente Castillo y el golpe militar de junio de 1943, coronado por el hiato del general Pedro Pablo Ramírez en la primera magistratura.

De manera tal que el presente artículo propone una reevaluación del ciclo de expansión fabril del septenio 1937-1943, localizada en el espacio geográfico delimitado, a la luz de una serie de incentivos y garantías oficiales; y como parte activa de un mercado interno reconvertido. Una hipótesis sugiere que los acuerdos comerciales y unas activas estrategias internas y externas del gobierno argentino fueron componentes claves en la conformación de cadenas sectoriales de valor agregado; además de la renovación del tráfico de bienes en el puerto de Buenos Aires. Evidencia provisional apunta que en la franja compuesta por la ciudad-capital y su extensión al sur del Gran Buenos Aires (GBA) se consolidó un distrito de manufacturas. Este no se explicaría solo por la mera existencia de una infraestructura previa a la depresión 1929-1932 ni unos recursos humanos formados y disponibles del período de especialización agroexportadora. Allí debemos sumar la crucial disponibilidad de capitales, que añadió una densidad cualitativa al despliegue manufacturero ubicado en la orilla oeste rioplatense.

Diremos que desde la plaza porteña se consolidó un híbrido industrial y comercial, y fue gracias a una dotación más o menos competitiva de factores, que convivió con la guerra desarrollada en el Atlántico y debió lidiar ante la ocupación nazi-fascista de los tradicionales mercados de Europa continental. El programa nativo de diversificación de la balanza comercial recién logró una participación significativa en las exportaciones en momentos que el nacionalismo económico despuntaba sus ambiciosas directivas para la segunda posguerra. Debemos advertir que, a fines de 1943, el gobierno militar profundizó una normativa laboral hasta entonces incipiente. Se trató de la reglamentación a escala nacional de la suscripción de los convenios colectivos de trabajo por rama de actividad. Sin duda, impactó en las expectativas de consumo urbano, la estructura de los costos manufactureros y la trama sociolaboral, al punto de convertirse en garantía de las condiciones sociolaborales del próspero quinquenio 1944-1948.

Nos proponemos aquí explorar y poner en contexto ciertas condiciones de la singular industrialización forjada. Se trata de estudiar la creación y misión de los organismos de promoción del comercio exterior, como eslabones de una política económica posterior al Tratado Roca-Runciman. Y como parte de un rango mayor de incentivos públicos y privados que explicarían los flujos de intercambios (algunos no previstos por las iniciativas oficiales). Esta reconstrucción tendrá presente, en primer lugar, las iniciativas políticas bajo el protagonismo del ministro, candidato y presidente Ortiz (1937-1940), su impacto en el sector secundario y la trayectoria inicial de la CIPPE (1938-1940); en segundo lugar, analizaremos la continuidad de la CIPPE (1941-1942), el impulso del Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial, además de la CPI, sus impactos en los años 1941-1943, entre el ascenso y caída del vicepresidente Castillo, más los meses iniciales del gobierno del general Pedro Pablo Ramírez.

Roberto M. Ortiz, la CIPPE y el distrito industrial de la Capital Federal y el sur del Gran Buenos Aires

Un interrogante surge entre los programas económicos moderados de la Concordancia. Sin duda, en ellos primaron el ensayo y error, con unos elencos ministeriales atentos a unas coyunturas inestables. Existieron beneficios y concesiones a ciertas ramas y empresas que lograron sortear la tupida trama de intereses contrapuestos entre importadores, industriales, capitales nacionales y extranjeros, exportadores y representantes comerciales de países industriales (Belini, 2021, p. 38). ¿Es posible que antes de las ambiciosas directivas del nacionalismo económico de la segunda posguerra existieran medidas oficiales de estímulo a actividades secundarias geográficamente localizadas? ¿Se configuró un distrito industrial, que creció gracias a la radicación de numerosos establecimientos, de diferentes tamaños, y de destrezas laborales específicas, ya sean sociedades comerciales, familias o individuos (Becattini, 2002, pp. 9-32)? Sin duda, existió un decisivo rebalanceo demográfico y una reconfiguración sociolaboral, al punto de alcanzar el desacople de la pampa húmeda y más aún del interior.

La ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Quilmes vivieron una acelerada densificación de la población residente, bajo varios estímulos. Por ejemplo, tuvieron una baja de la mortalidad infantil, dada la infraestructura sanitaria disponible. Se sumó una migración interna gradual, de desplazamiento por etapas, en mayor medida de zonas afectadas por el impacto de la crisis agrícola (Torre, 1990, pp. 53-54). No debemos olvidar el aporte neto de extranjeros (transatlánticos y de países limítrofes), mayor al estimado originalmente por Gino Germani (Lattes y Recchini de Lattes, 1992, pp. 182-183). A fines de la década de 1930, el crecimiento vegetativo de la población residente había llegado a un piso y comenzaba a crecer asociado a la mayor actividad manufacturera (González Bollo, 2007, p. 253). Podemos conjeturar que, en 1939, vivían allí poco más de tres millones de vecinos, sobre una estimación de cerca de 12.800.000 habitantes en el país.^[10] El 24 % de la población nacional residiría en apenas 615 km², una densidad aproximada de 4995 habitantes por km², por lejos, la tasa más alta del país.^[11]

Gráfico 1: Población de la ciudad de Buenos Aires (CBA), Avellaneda, Lanús y Quilmes, 1936/1938-1947

Nota: Los puntos de partida son, a la izquierda, en negrita, las cifras oficiales de la población de la ciudad-capital (1936) y los municipios de Avellaneda, Lanús y Quilmes (1938). Luego, se calcula la tasa anual de crecimiento de ambos conjuntos, respecto de las cifras demográficas contenidas en el censo general de 1947; el punto de encuentro de las cifras porteña y sur del GBA es en 1939, que lleva a la estimación a+b, del 24% de la población total del país.
En el centro del cuadro, en 1943 hubo un censo escolar que contabilizó hijos de 0 a 21 años y padres y tutores masculinos; allí tenemos el segundo a+b, solo como referencia de la dinámica demográfica que operaba en la franja geográfica seleccionada. A la derecha, tenemos la población total, en 1947.
Fuentes: RA, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1939), Cuarto Censo General 1936. Población 22 X 1936, t. II, Buenos Aires, Guillermo Kraft; Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Registro General y Censo Permanente de la Población, Inmuebles, Comercio e Industrias (1942), Población de la Provincia, censo de 1938 y cálculo a 1942, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales; RA (1948), IV Censo Escolar de la Nación, t. I, Buenos Aires, Talleres Gráficos Consejo Nacional de Educación; Presidencia de la Nación (1952), IV Censo General de la Nación, t. III, Buenos Aires, Guillermo Kraft Ltda.

Podemos hipotetizar que esa comunidad cívica vivió el progreso de una urbanización radial, desde las áreas acomodadas de clase media, cerca de las estaciones de trenes (los barrios porteños de Caballito y Villa Devoto, o las localidades bonaerenses de Quilmes y Ranelagh); esos mismos estratos sociales dominaban la ocupación en los municipios residenciales vecinos de Lomas de Zamora y Vicente López.^[12] Debemos sumar el bajo costo del transporte público, pues facilitó la movilidad y fluidez del mercado de empleo urbano y suburbano (Torres, 1978, p. 190). Las conexiones de estaciones de ferrocarriles, tranvías eléctricos y colectivos por las calles y avenidas pavimentadas intercomunicaban zonas fabriles, barrios populares, áreas residenciales y terrenos loteados en las periferias. Dividida por el Riachuelo, el sur bonaerense vivió bajo la alternativa esbozada por Juan Bautista Alberdi, sin excesos de instrucción y tan poco republicana, como la “república posible” (Halperín Donghi, 1982, pp. 40-42); al norte del Riachuelo no hubo fraude electoral, pero el escándalo de los sobornos en el Concejo Deliberante (1937) y su intervención (1941) deslegitimó un símbolo democrático (De Privitello, 2003, pp. 183-204).

En dicha franja, en 1939, se ocupaban el 47,2 % de los propietarios, directores y familiares, el 48,3 % de los administrativos y el 49,9 % de los obreros del país. Según una investigación, allí se concentraban los obreros y empleados en trabajos continuos, de 44 a 48 horas semanales, que contrastaba con la inestabilidad laboral y los bajos jornales pagados que dominaban el resto del país. Dicha pesquisa registró los niveles de ingresos mensuales de 1937 de obreros y empleados, $132 y $261, respectivamente, y los contribuyentes más bajos de la declaración de rentas, $333. Entre ambos niveles de ingresos prosperaban servicios y pequeños comerciantes y profesionales de los que poco se conoce. El informe sospechaba que constituían “una fracción importante de la población urbana total” (Corporación para la Promoción del Intercambio, 1944a, pp. 32-33).

Resulta notable el otorgamiento de estímulos adicionales en 1937, con la inclusión en el presupuesto nacional de la liberación de derechos para la introducción de, por ejemplo, equipos e insumos químicos, más la devolución de derechos para las industrias exportadoras, ya sea armado de automotores y maquinaria agrícola. Pero el Congreso no avanzó más allá. Un año más tarde rechazó mayores avances, al desestimar un proyecto de ley antidumping y otra normativa más sobre la devolución de reintegros de derechos de exportación (Belini, 2021, p. 39). En ese mismo 1938, el Ministerio de Hacienda advertía al país que debía formarse clara conciencia sobre, “no […] ha de volver prontamente la economía internacional a lo que fue antes, a lo que quisiéramos que fuesen las naciones de ingente producción agraria”. Sugirió llevar a cabo una política que combinara las capacidades internas y “abrir nuevas posibilidades para ensanchar el comercio exterior” (Memoria del Departamento de Hacienda correspondiente al año 1938, I 1939, p. 12). Bajo la dirección de la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica se entrecruzaron los tratados bilaterales con aquellos incentivos fiscales. La búsqueda de impulsar las exportaciones no tradicionales no maduró rápido. Sin duda, las franquicias estimularon el crecimiento interno de las ramas manufactureras, en medio de los preparativos de la guerra en el Atlántico y del rutilante paso de Federico Pinedo por Hacienda.

Visto en detalle, el presupuesto aprobado en 1937 contenía más decisiones que facilitarían otras condiciones de la expansión económica. El artículo 35 también eximió de derechos de importación a máquinas, materiales e instrumentos eléctricos, por ejemplo, cámaras de transformación y redes de distribución. Como no se producían localmente, fue un intento de incrementar la oferta de energía con el aliento a la construcción e instalación de usinas de energía eléctrica en los municipios del país. Todas las franquicias enumeradas quedaron bajo la aprobación del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), pues quienes ocuparan los puestos de las actividades beneficiadas debían recibir “salarios que satisfagan condiciones mínimas de vida”, bajo la aprobación del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) (República Argentina [RA], 1937, pp. 13-14]). Hacienda amplió la liquidez al adelantar fondos para las numerosas obras de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires y absorbió deudas provinciales, dando mayor liquidez.^[13] Pero la habilitación al Banco Nación para financiar las operaciones de la Junta Nacional de Granos (JNG) se convirtió en un colosal mecanismo nativo de multiplicador fiscal.^[14] Pensemos en las transferencias y cheques cobrados en sucursales del Nación a lo largo de la pampa húmeda, por tenedores de cosechas (expansión monetaria juzgada con suspicacia por el BCRA, Llach y Gerchunoff, 1998, p. 141). Así quedaban relegados a un módico impacto fiscal las obras y rutas regionales de la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas. La plaza porteña se expandía al calor de los estímulos citados a las actividades internas, en una relación difusa con las exportaciones que debían diversificarse. El objetivo político declarado era sostener de forma combinada el poder de compra popular y el incremento de las importaciones (Memoria del Departamento de Hacienda correspondiente al año 1938, I 1939, pp. 121-126).

A fines de 1938, se crea la CIPPE, encargada de “todas” las negociaciones comerciales internacionales bajo la delicada meta de conciliar “los intereses del comercio exterior y de la producción nacional” (“Ha sido creada la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica”, 1939, p. 7). El ministro de Agricultura, ingeniero José Padilla, aludió a que “la complejidad cada vez mayor de las cuestiones de política económica imponían una unidad de criterio” en las negociaciones internacionales (“Ha quedado constituida la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica”, 1939, pp. 7-8). La Comisión revisaba tratados, convenios o arreglos, así como las prórrogas o nuevas firmas. Además, podía organizar audiencias para escuchar las objeciones de cada sector afectado y en definitiva conciliar con los representantes o delegaciones extranjeras en comisiones mixtas de interpretación y aplicación. Los integrantes de la CIPPE quedaban encargados de la redacción de instrucciones y eran delegados en los congresos o conferencias internacionales.^[15] Asimismo, debían rendir cuentas al Congreso ante ratificaciones o consultas sobre detalles de lo firmado. La posibilidad de una reducción de aranceles aduaneros obligaba a publicar una lista de productos afectados, lo que dio comienzo a las inevitables réplicas sectoriales. La Comisión tenía dos sedes, una en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la otra en Agricultura; y sus funcionarios provenían de ambos ministerios y de Hacienda. Estuvo encabezada por Eduardo Ocantos Acosta (1938-1942), director general de Aduanas.

La firma de un tratado, más un protocolo adicional, con Dinamarca e Islandia (abril 1939) pretendió cubrir la demanda insatisfecha de forrajes para ganado, pero quedó en el camino, dada la invasión alemana de su vecino escandinavo (abril 1940) y la ocupación aliada de la isla (mayo 1940), respectivamente. Los convenios firmados con España en 1939 inicialmente giraron sobre las exportaciones tradicionales, como avena, centeno y trigo. Dos años más tarde se firmó un convenio de trueque de maíz por hierro, y en 1942 se estipuló la venta de un millón de toneladas de trigo, a cambio de 30.000 toneladas de hierro y la construcción de dos barcos mercantes y un destructor. Con Brasil, la Cancillería argentina e Itamaraty acordaron “someter a consideración […] facilidades para la introducción de productos industriales”, para consolidar un mercado a la producción manufacturera (RA, Ministerio de Agricultura de la Nación [MA], 1940, pp. 607-608; RA, MA, 1941, pp. 498-499). Con Italia se acordó ampliar de forma recíproca las licencias de importación, que facilitaron el ingreso aquí de materias primas, el armado del producto final y su exportación. Toneladas de bario italiano ingresaron al puerto de Buenos Aires, como sulfato impuro para la industria —utilizado en pinturas, vidrio o caucho—. Desde el mismo puerto, se exportó como pintura en pasta o líquida a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Reino Unido, Grecia y la misma Italia (RA, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística de la Nación, 1940, pp. 180 y 446).

Cuadro 1. Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Quilmes, datos claves para captar la trayectoria de la manufactura, 1937, 1939, 1941 y 1943

	1937	1939	1941	1943*
Número de establecimientos	16.316	17.567	19.087	s/d
Establecimientos / % total nacional	33	32,6	32,9	s/d
Establecimientos por km²	26,5	28,5	31	s/d
Propietarios, directores y familiares / % total nacional	46,8	47,2	46,5	46,5
Administrativos / % total nacional	58,2	48,3	47,9	28,4
Obreros / % total nacional	50,3	49,9	48,4	39,6
Producción / % total nacional	52,2	53	48,1	40,1
Materias primas / % total nacional	53	53,3	49,2	34,3
Electricidad / % total nacional	55	56,4	51,7	44
Combustibles y lubricantes / % nacional	36,9	39,1	39	29,3

Nota: *En la estadística industrial de 1943 no están desagregados los establecimientos por municipios o localidades de la provincia de Buenos Aires.

La estadística industrial de 1939 documenta que, sobre 16 grandes grupos de actividad, divididos en 205 ramas especializadas, en el ya citado polo de la producción nacional se registraron 17.567 plantas, que representaban el 32,6 % del total nacional, a razón de 28,5 establecimientos de todo tamaño por km². Consumían el 53,3 % de las materias primas, el 56,4 % de la electricidad y el 39,1 % de combustibles y lubricantes del país, para elaborar el 53 % de la producción total. En esa densa malla de fábricas y talleres, así como depósitos y centros de distribución, se destacaban dos concentraciones fabriles: una en la 15.a circunscripción porteña, San Bernardo,^[16] con 2335 plantas y 973 familiares, que ocupaban 2360 empleados y 29.213 obreros; la otra se afincaba en la localidad bonaerense de Avellaneda, que alcanzaba a 832 plantas y 226 familiares, que ocupaban 3831 empleados y 34.368 obreros. Sin duda, allí mantenía su dominio la poderosa rama “Alimentos, bebidas y tabaco” y seguida de la ascendente “Textiles y sus manufacturas”. En cambio, en nuestro lente de análisis importan otras tres ramas, no menos dinámicas y con otros valores agregados. Nos referimos a “Substancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas”, “Metales y sus manufacturas” y “Maquinaria y vehículos”. Para su desarrollo, necesitaron la importación de algún bien intermedio, materia prima o pieza, y así aprovecharon las franquicias de importación.^[17]

Dos referencias cualitativas surgen; una de la estrategia de capitales nativos y la otra sobre el arribo de inversiones extranjeras. Por un lado, el grupo Bunge & Born consolidó su participación en toda una rama de actividad, con la fundación de Compañía Química (1935), la ampliación de las instalaciones de Pinturas Alba (1936) y la creación de la Fábrica Argentina de Pigmentos (1940). Por otro lado, en el sur del GBA se radicó la empresa británica Pilkington, fabricante de cristales, que instaló un almacén y luego construyó un horno. Y junto con Rigolleau, organizó Vidriera Argentina S. A. (VASA). La sociedad ofreció vidrios para puertas corredizas, entre otros muchos otros tipos de cristales, como, por ejemplo, cristalería para automóviles (Jones, 1992, p. 148).^[18] Esta iniciativa empresarial contaba con el corredor sur del GBA, transitado por el tranvía eléctrico 22. La iluminación eléctrica, agua corriente y gas contó con el apoyo de la intendencia de Quilmes, gracias a la Ordenanza n.° 652 (1932), con las exenciones impositivas para 1932-1937 y una rebaja más para los tres años subsiguientes (Lombán, 1990, pp. 185-218). Compañía Química y el tándem Pilkington-Rigolleau importaron algún componente crítico, para cubrir cómodamente el creciente consumo doméstico. Si pensamos en aquellas ramas que ampliaron líneas de producción o renovaron catálogos de productos, queda el interrogante sobre los saldos de la producción final para la exportación.

Podemos refinar este análisis con los datos desagregados del distrito porteño (y suponer en dos tercios la gravitante participación de los tres municipios del sur del GBA sobre el total bonaerense). Substancias y productos químicos y farmacéuticos, metales y sus manufacturas y maquinarias y vehículos registraron en 1939 unos 4441 establecimientos porteños (estimamos otros 3229 bonaerenses) y ocupaban 1070 familiares (+1074), 7931 empleados (+2290) y 60.654 obreros (+24.984). En ese mismo año, el puerto y la aduana de Buenos Aires se convirtieron en un eslabón logístico de la ciudad-capital y sus alrededores, bajo el atractivo de la ya citada importación libre de derechos. En términos de volumen físico, las importaciones del “Título V. Substancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas” alcanzaron las 179.097 toneladas; mientras que las exportaciones del “Título VI, c)”, arrojaron unas modestas 2645 t (RA, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística de la Nación [DGEN], 1940a, pp. 161-212, 233-279 y 445-468). Estas disparidades en la balanza comercial se replicaron en los otros renglones seleccionados, con la importación de 509.746 t, del “Título VIII. Hierro y sus artefactos”, y la exportación de apenas 1586 t, del “Título VI, f)”, similar. De igual modo, sucedió con las 60.067 t importadas en el “Título IX. Maquinaria” y motores en general, contra las 610 t exportadas en el “Título VI, a) Maquinarias, y vehículos”, sin olvidar motores; y las 73.176 t importadas del “Título X, Metales, excluido el hierro y sus artefactos” frente a las 5602 t exportadas del “Título VI, h), Metales, excluido el hierro y sus artefactos”. Sumemos “Vidrios y Cristales”, como parte del Título XI, b), cuyas importaciones alcanzaron 1312 t y las exportaciones, Título VI, i), fueron 206 t (RA, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística de la Nación, 1940a, pp. 279-297, 303-311, 468-471 y 470). El total de 823.398 t importadas y unas magras 10.488 t exportadas sugieren que estamos frente a un polo de producción secundaria en expansión, que se volcaba a satisfacer la creciente demanda interna.

Gráfico 2. Índice de precios al por mayor, Nivel General y canastas de precios desagregadas, enero 1937-enero 1944

Fuente: Suplemento estadístico, Revista Económica, N.° 1-78, OIE, BCRA, Buenos Aires, enero 1937-enero 1944.

La variación mensual del índice de los precios mayoristas, cuyos valores eran tomados de las cotizaciones disponibles en la plaza porteña, ofrece evidencia de un segundo desacople, en este caso, de los precios de las manufacturas. El nivel general se componía de las oscilaciones de los precios de dos canastas ponderadas de bienes: los agropecuarios regulados y los precios no agropecuarios libres (entre los que se medían los valores de unos bienes importados, cada vez más escasos, y otros nacionales, cada vez más numerosos). A partir de enero de 1937 las dos canastas de precios comenzaron una bifurcación, que se hizo evidente a partir de enero 1940. Entre esas mismas fechas, el número índice de los precios agropecuarios regulados descendió de forma sensible de 96,1 a 91 y el número índice de los precios no agropecuarios libres saltó de 106,5 a 134,1. El resultado es que la primera canasta de precios fue el ancla del nivel general, a pesar de que no impidió el alza, de 104,5 a 124,9 (Banco Central de la República Argentina, Oficina de Investigaciones Económicas, junio 1941, p. 5). El incremento de los precios mayoristas presionó sobre los precios de bienes de consumo popular y motivó la primera reglamentación oficial de una lista de precios minoristas, sancionada en la primavera de 1939. Quedaron involucrados mayoristas, depósitos de acopio de mercaderías e importadores. Entre otros artículos en bruto o intermedios para la industria quedaban bajo control hierro, acero y otros metales no ferrosos, pinturas y barnices, materiales para la construcción y electromecánicos, drogas y hierbas medicinales, y artículos de farmacia y cirugía (RA, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Control de Abastecimientos, 1939). Entendemos que los precios de fábrica en alza reflejaban una ampliación de la demanda, así como el alza de los valores de componentes importados, dentro de cadenas de comercialización en plena sustitución de bienes extranjeros.

El parqué de la Bolsa de Comercio porteña y la creación de sociedades anónimas se convirtieron en otros canales del incremento de la actividad económica de la franja manufacturera. En 1937-1940 se estrecharon algunos componentes de las SA, tales como las fuentes de capitalización, la creación de sociedades y el valor de las firmas registradas de bienes manufacturados.

La Bolsa porteña acusó impacto inmediato de la expansión monetaria, incluso se tornó atractiva para los capitales flotantes provenientes del exterior. A lo largo de 1937 las casas comerciales interesadas en ingresar al parqué debían abonar una acción exclusiva de alrededor de $22.000.^[19] No obstante, debemos advertir que las dos terceras partes de las operaciones diarias tramitaban la compra y venta de papeles públicos y títulos hipotecarios; el tercio restante eran colocaciones privadas. Entre los dos tercios estaban las colocaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires o los empréstitos de los municipios de Avellaneda y Lomas de Zamora; en el tercio restante, podían cotizar Olivos Golf Club, Droguería La Estrella o Cristalería Rigolleau. Algunos viernes, la transacción de papeles de empresas privadas en el recinto superó la cifra de 24.000 acciones. La racha, con sus bajas y alzas, llegó hasta marzo de 1940 (“Cambios y negocios en títulos, cereales y otros productos”, 16 marzo 1940, p. 17).

En 1937-1940, las habilitaciones de sociedades anónimas (SA) en la ciudad-capital, a manos de la Inspección General de Justicia (IGJ), superaron a las sociedades de responsabilidad limitada (SRL). En aquel momento, esta última figura jurídica había facilitado la constitución inicial de empresas familiares (al punto que simplificaba la sucesión entre generaciones). Podemos deducir que algunas de las empresas familiares prosperaron y se convirtieron en SA (por su parte, las cooperativas porteñas perdían participación relativa a nivel nacional, frente a la continua creación de sociedades rurales equivalentes en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe). ¿He aquí unas pistas sobre la dirección y transformación del capital residente en la ciudad de Buenos Aires? Norma Lanciotti y Andrea Lluch (2015, pp. 119-135) prueban la acotada presencia de capital extranjero en la inversión industrial de 1937, cerca del 35 %, entre las grandes empresas del país. Entonces se alababa la fundación de SA “creadas en el país” para la industria y el comercio, que se vinculaba “a la constante intensificación de una mayor explotación de materias primas nacionales y al dominio del propio mercado consumidor” (“Datos comparativos sobre la marcha de S. A.”, febrero 1938, pp. 33-34).

No todas las SA constituidas eran exclusivamente “industriales”, pues había registros de “industriales y comerciales”, o “financieras, industriales y comerciales”; sin olvidar categorías más específicas, como “productos químicos, médicos y quirúrgicos” o “cinematografía, radiotelefonía y aeronáutica”. El registro porteño suponía la declaración de una oficina comercial (con una plantilla suplementaria de empleados, trabajadores manuales y puestos de jerarquía); mientras, la sede física del establecimiento podía ubicarse en algún otro barrio o en el sur del GBA. En 1939, todas las figuras societarias arriba citadas cubrieron cómodamente la tercera parte de las empresas constituidas en la ciudad-capital (“Sociedades anónimas autorizadas durante el año 1939”, enero 1940, p. 5). Un año más tarde, se sumaron “editoras” y “metalúrgicas, motores y máquinas”, y rubros cuya suma alcanzaron el 40 % del total de las firmas registradas (“Sociedades anónimas autorizadas durante el año 1940”, enero 1941, p. 5). En la habilitación quedaron declarados el capital autorizado total por la IGJ para el futuro desenvolvimiento comercial de la sociedad, el capital suscripto que los socios se comprometían a aportar en el futuro, y el capital realizado, efectivamente abonado en el momento de la apertura.

Cuadro 2. Autorización de Sociedades Anónimas por la Inspección General de Justicia y capitales declarados en m$n, 1937-1940

Año	Número	Autorizado $	Suscripto $	Realizado $
1937	86	125.710.000	37.282.080	4.680.660
1938	88	119.538.000	37.458.390	14.527.108
1939	101	113.610.000	33.859.300	9.080.115
1940	109	113.525.000	40.528.800	13.747.825
1937-1940	384	472.383.000	149.128.570	42.035.708

Fuente: “Sociedades anónimas autorizadas durante el año 1941”, Monitor de Sociedades Anónimas, t. LXVII, N.° 436, febrero 1942, p. 33.

En la estadística industrial de 1937, se declararon 2593 establecimientos porteños —con un giro comercial declarado de hasta $100.000 anuales por planta— que alcanzaron una producción total al costo de fábrica de $1.692.417.240 (RA, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística de la Nación, 1940b, p. 63). Dos años más tarde, quedaron registrados 2946 establecimientos con una producción de $1.873.995.000, bajo el mismo parámetro (RA, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística de la Nación, 1942, p. 121). En los años 1937-1940, surge a primera vista un respetable ritmo de creación de firmas y un interesante acumulado de capitales, en especial, suscripto y realizado. Existió un sólido flujo de inversión, más allá de la trayectoria de los papeles cotizados en la Bolsa y del ingreso y egreso del exterior de fondos flotantes a la plaza porteña, cuya trazabilidad fue monitoreada por el BCRA.

Podríamos sugerir que el curso ascendente del sector secundario, para el consumo interno y las aún incipientes exportaciones no tradicionales, estuvo promovido por unas directivas apenas indicativas de la política económica de la Concordancia. Sin duda, precondiciones cruciales fueron las devaluaciones, los aranceles a las importaciones, el control de cambio y un salario real porteño por debajo de la década precedente (Belini, 2021, pp. 30-31). Y las compras de las cosechas de la JNG y el crédito facilitado a tal fin por el Banco de la Nación inundaron de liquidez la plaza porteña, en una versión rioplatense del multiplicador fiscal. Los 615 km² se transformaron en un fluido entramado industrial, y también comercial, con más efectos multiplicadores gracias a las exenciones a las importaciones y la búsqueda de nuevos acuerdos bilaterales.

Vale destacar que la sólida marcha de la industrialización no se vio afectada por la sinuosa dinámica política. En el verano 1940-1941 sucedió el retiro definitivo del presidente Ortiz de la arena política, la renuncia de su gabinete y el ascenso a la primera magistratura del vicepresidente Castillo. Podríamos conjeturar la existencia de un exclusivo recambio dentro de la Concordancia, con la retirada del antipersonalismo ilustrado y el ascenso del conservadurismo raigal. En medio de todo, ocurrió el intenso paso de Federico Pinedo por el Ministerio de Hacienda. Fueron cinco meses plenos de expectativas públicas y anuncios políticos seductores para el empresariado industrial y los diputados demócratas progresistas, radicales y socialistas que debían aprobar la más ambiciosa propuesta desde el Plan de Acción Económica Nacional (1933-1935). ¿Acaso uno de los desafíos del profesor de derecho comercial, de origen catamarqueño, era congraciarse con la exitosa élite porteña? Esta, aliadófila y opuesta al neutralismo diplomático ante la guerra, y él, un político de tierra adentro, tolerante con el fraude. ¿Los antecedentes de Pinedo aplacarían las suspicacias? La audaz jugada política de Castillo tuvo corto impacto, ¿pero dejó diseminadas las partículas elementales sobre los alcances de un gran plan, tan expansivo como el anterior? La diferencia estribaba en la inflación minorista y mayorista, que se incorporaba como variable en una economía reconvertida y estimulada.

Ramón Castillo, el Comité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial y la CPI

En otoño de 1941, en Agricultura se creó el Comité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial y en el BCRA se constituyó la CPI. Formalmente, ambos organismos convivieron con la CIPPE. Los tres se enfocaron en incrementar la exportación de producción secundaria y primaria, ya sea agropecuaria de economías regionales, ya sea minería. El ministro de Agricultura Daniel Amadeo y Videla enarboló la premisa sobre “las posibilidades que nuestro país ofrece al desarrollo industrial” y las actividades complementarias con otras naciones limítrofes, a partir de tratados comerciales (Memoria del Departamento de Hacienda correspondiente al año 1941, II1941, p. 1228; Amadeo y Videla, 1942, pp. 17-38). Del mismo modo, la memoria del BCRA dejó de lado las anteriores reservas y destacó que el esfuerzo manufacturero había aumentado la cantidad y mejorado la calidad de productos. Advertía que, sin embargo, la actividad estaba amenazada por la falta de piezas o materias primas importadas (BCRA, 1943: III-2 y III-3). Entre intenciones gubernamentales, coincidencias y advertencias, volvió Carlos Alberto Acevedo al Ministerio de Hacienda. Se convirtió en la segunda alternativa ante la exigente élite porteña, como mensaje de tranquilidad sobre el manejo de las cuentas públicas. Nada de lo dicho impidió la llegada de más inversiones extranjeras y la formación de SA, a pesar de la ampliación de la actividad bélica en el Atlántico Norte.

Las tareas de la CIPPE alcanzaron máximo protagonismo hacia 1941, con la firma de tratados comerciales de alcances variables. Un caso fue la misión especial española, que encabezó el canciller Eduardo Aunós y que amplió los pedidos de maíz y trigo, y sumó tabaco, algodón, aceite comestible y carne; a cambio, facilitó el envío de hierro para la creciente demanda de la industria metalúrgica argentina y aprobó despachar 60.000 t de petróleo. Otro caso fue a raíz de las necesidades de la maquinaria militar aliada; la Comisión quedó a cargo de una delicada negociación sobre la exportación de minerales considerados estratégicos. Apremiado por el ingreso a la guerra, Estados Unidos dejó de lado sus reclamos por el ingreso de automóviles terminados al país (tal como puede leerse en la tesis de Salera, 1941, pp. 199-214), y acordó la compra directa en la Argentina de concentrados de zinc, mineral y óxido de berilo, mica, tungsteno. El plan de compras, con el pago al contado, a través de la Metals Reserve Co., con sede en Washington, no formó parte de ningún mecanismo de reciprocidad comercial. La cancillería argentina buscó afanosamente suscribir un tratado comercial, que si bien logró firmarse (octubre 1941), no logró agilizar el ansiado intercambio entre ambos países. Todo sucedía mientras la CIPPE, el BCRA y la Dirección General de Aduana advirtieron la conversión del puerto de Buenos Aires en un centro logístico de depósitos y reexportaciones entre, por ejemplo, países limítrofes y nórdicos (CIPPE, s/d, pp. 12-14 y 16-17). Todos estos antecedentes llevaron a sancionar un decreto reglamentario que alcanzó metales y mercaderías en tránsito.

El decreto 97.742/1941 ratificó los alcances del bilateralismo impuesto a la Argentina por las circunstancias internacionales (“Ministerio de Hacienda”, 13 septiembre 1941, pp. 1-2). La plaza porteña tenía a la vista la recepción del exterior y resguardo de materias primas y artículos indispensables para la actividad secundaria nativa, que sin embargo eran reexportados a otros países (algunos ejemplos son alambre y clavos a Paraguay, piezas para armar maquinaria agrícola a Uruguay, chasis o camiones terminados a Chile o piezas, instrumental de precisión y motores para buques de cualquier bandera). Mientras, algunos países de origen de esas mercaderías sometían a los productos argentinos a un sistema de permisos de exportación lesivo al desarrollo nativo (tal era el caso de Estados Unidos). El decreto aspiraba a desalentar la tentación comercial nativa de colocar en el exterior productos esenciales para el consumo interno, la disminución de stocks y el encarecimiento de los artículos esenciales. El Ministerio de Hacienda sancionó un régimen de supervisión de exportaciones y reexportaciones consideradas estratégicas. Entre sus fines, quizá más general, asomó otra faceta del Estado tuitivo. En este caso, amparaba y protegía a la plaza porteña de malas prácticas mercantiles que afectarían el nivel de actividad alcanzado. Pero otro de los fines fue exigir —en particular, a los Estados Unidos— un compromiso de reciprocidad de artículos esenciales que la Argentina no podía conseguir por otro medio. Para entonces, la CIPPE se sumó un representante del Ministerio de Guerra, en momentos en que se replegaban los oficiales liberales y ascendían sus pares nacionalistas.

De la supervisión de las exportaciones surgió el Comité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial. Lo organizó el Ministerio de Agricultura, encabezado por Daniel Amadeo y Videla, con el apoyo de la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial Argentina (UIA), y contó con fondos provenientes de la JNG. Todo indica que estamos frente a una entidad de promoción público-privada, en un momento de auge tanto de la ideología corporativista europea como del gobierno corporativo (Corporate Governance) en Estados Unidos. Esta iniciativa convivió con la pugna del sector empresario porteño contra el alza de impuestos, con el Comité de Defensa Económica, organizado precisamente en la Bolsa de Comercio porteña. El fin inicial del Comité de Exportación fue expandir el comercio exterior argentino en las Américas, latina y anglosajona; luego, quedaron seleccionadas frutas, productos de la industria lechera, papa, cebo y metalurgia. Pronto se hicieron presentes los problemas de equilibrar los saldos exportables y el consumo doméstico. Así sucedió con las tramitaciones de los permisos de exportación, cuando se afirmaba que el “sesenta por ciento, aproximadamente, corresponde a artículos en los cuales entra el hierro como componente”, y se intentaba verificar que, en el caso de cebo, los “prorrateos correspondientes al treinta por ciento […] se reservan para el consumo interno” (“Comité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial”, 1943, pp. 40-41).

En el seminario dictado en la FCE (UBA), Raúl Prebisch (1945 II, pp. 325-326) se refirió a la Corporación para la Promoción del Intercambio como una decisión interna del BCRA. El fin inicial fue canalizar exportaciones a los Estados Unidos para compensar el egreso de divisas por la compra directa de automóviles terminados. El problema era la falta de saldo disponible en el mercado de divisas libres. Luego, continúa Prebisch, se sumaron maquinaria agrícola y repuestos, pero a lo largo de 1941 las dificultades de divisas se ahondaron. Solo quedaron los informes sobre ramas industriales. Uno de esos informes analizó la industria química (Corporación para la Promoción del Intercambio, 1944b, pp. 7-10 y 18-20). El informe contaba con datos industriales de 1939, al no tener disponible la estadística de 1941 ni de 1943. Con la información procesada mostraría una rama desarticulada, en apariencia. Sin duda, la ampliación de la actividad puso de relieve la escasez de técnicos. Un estudio matizado de las fuentes utilizadas permite observar una actividad pequeña y concentrada, claramente, lejos del podio liderado por alimentos, bebidas, tabaco y textiles. Y a pesar del punto de partida más modesto, mantuvo un crecimiento constante. Los procesos industriales encadenados e interdependientes de varias subramas y actividades auxiliares (soda cáustica y cloro; zinc y óxido de zinc, anhídrido sulfuroso y azufre importado) impedían distinguir del volumen de importación los efectos variables en las líneas de producción y en la competencia entre productores finales, nativos y extranjeros. El informe descubrió que los datos disponibles de la Oficina de Investigaciones Económicas del BCRA (bienio 1940-1941) no registraban la producción nacional de acetona cuando existía una importante planta de elaboración catalítica de ácido acético y otra planta más con un proceso de fermentación con el que se obtenía simultáneamente con el butanol. Algo no menos interesante ocurrió con la elaboración de agua oxigenada. La importación no afectó la construcción de nuevas fábricas, pues los propietarios se declaraban capaces de satisfacer enteramente la demanda nacional con su producción.

La estadística industrial de 1941 presentó un escenario que superó los indicadores alcanzados en 1939 y motivó decisiones sugestivas. Allí se documenta que la franja manufacturera en cuestión mantenía el podio de las instalaciones y la ocupación de recursos humanos de toda la actividad secundaria. Contenía el 59 % de las fábricas y talleres, el 33 % de los propietarios, familiares y directores, el 48,4 % de los asalariados y el 49,2 % de los operarios y jornaleros. La 15.a circunscripción porteña y la ciudad de Avellaneda ratificaban el liderazgo como núcleos fabriles: San Bernardo computaba 2660 establecimientos de todo tipo, que ocupaban 989 familiares, 3347 empleados y 36.423 obreros; Barracas al Sud registraba 915 plantas, con 230 familiares, 4515 empleados y 43.517 trabajadores. De la instantánea emergía la convivencia de tres universos productivos de diferentes habilidades y productividades. En la base de la pirámide de establecimientos se ubicaban los talleres familiares de menos de cinco obreros, que declaraban dificultades a la hora de la declaración contable ante el fisco y en el llenado mismo del formulario de la encuesta. Encima de ellos se situaban las firmas de cinco o más obreros, el grueso de la actividad, en términos de consumo de servicios públicos, compra de bienes intermedios, contratos de empleo y valor de la producción. Otro reflejo de su mayor competencia fue la descripción y precisión en la declaración de los productos terminados (detalles de torneado, composición de los materiales que componían los artículos para la construcción, tipos de metales trabajados, etcétera). Esas aclaraciones redundaron a favor de una mayor desagregación de los rubros y las clasificaciones que componían los números finales de la encuesta (RA, MH, DGEN, 1944, pp. 5-6, 14-15). El tercer universo surgía del segundo, y lo conformaban las sociedades anónimas, que controlaban el 4,6 % del total de los establecimientos. En 1939-1941, habían crecido un sólido 19,4 %; en 1941, dominaban la actividad, al elaborar el 54,5 % de la producción total. Cuadruplicaban la suma de obreros y empleados de los talleres artesanales que se ubicaban en la base de la pirámide manufacturera, sin duda, bajo un marco contractual menos inestable.

La velocidad de la industrialización alcanzada —sin duda, acompañada de la satisfacción de la UIA por los indicadores logrados— estableció una línea de eficiencia de las fábricas de cinco o más obreros. Esta demarcación reescribió la visión, magnitud y composición sectorial de la ciudad de Buenos Aires y sur del GBA, pues allí se ubicaba el grueso de los talleres. Tengamos en cuenta que en 1941 implicó prescindir en la ciudad-capital del 55,5 % de los establecimientos, y en Avellaneda, Lanús y Quilmes del 72 %. Esto sucedía en medio del rebalanceo interno entre el sur y el norte del Riachuelo. En particular, la encuesta sobre “Substancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas”, “Metales y sus manufacturas” y “Maquinaria y vehículos” exhibió un área porteña consolidada y madura y una zona bonaerense en crecimiento. La electricidad comprada subió 34 % (+62,3 % en la provincia de Buenos Aires), las materias primas empleadas, 16,7 % (+36,5 %), el consumo de combustible y lubricantes, 65,3 % (+124,2 %), y los productos elaborados 19 % (+34,6). Los 2025 establecimientos porteños (según la proporción de dos tercios realizada sobre 1939, estimamos otras 669 plantas ubicadas en el sur bonaerense) ocupaban a 210 familiares (+110), 9332 empleados (+3084) y 66.884 obreros (+27.776).

El volumen físico de las importaciones y las exportaciones seleccionadas desde el puerto de Buenos Aires en 1941 disminuyó, respecto de 1939: 517.882,4 t frente a 8388,3 t (RA, Ministerio de Hacienda, DGEN, 1942, pp. 221-267, 286-338, 343-347, 484-493, 497-514). Bajo el “Título V. Substancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas” se importaron 121.584 toneladas; mientras que, bajo el “Título VI, c)”, se exportaron 4994 t. Con el “Título VIII. Hierro y sus artefactos” se importaron 291.523,6 t y con el “Título VI, f)” se exportaron 2004,6 t. Respecto al “Título IX. Maquinaria” y motores en general, se importaron 22.741 t, contra las 530,3 t exportadas en el “Título VI, g) Maquinarias, y vehículos”, sin olvidar motores; en el “Título X, Metales, excluido el hierro y sus artefactos”, se importaron 81.034 t frente a las 614,5 t exportadas del “Título VI, h), Metales, excluido el hierro y sus artefactos”. Sumamos “Vidrios y Cristales”, como parte del Título XI, a) y b), cuyas importaciones alcanzaron 999.1 t y las exportaciones, Título VI, i), fueron 244,9 t.

En 1941-1943, la Bolsa de Comercio porteña consolidó los montos operados en cada rueda. Los fondos públicos y títulos hipotecarios mantuvieron el liderazgo en las transacciones diarias, y las acciones y obligaciones negociables de las empresas superaron las alzas alcanzadas en 1937-1939. En una jornada podían negociarse unos $11,188 millones, más de 52.000 acciones y 485 obligaciones negociables transadas, tal como ocurrió el viernes 19 de septiembre de 1941 (“Cambios y negocios en títulos, cereales y otros productos”,20 septiembre 1941, p. 17). Otros $11,276 millones, 43.032 acciones y 1822 obligaciones se operaron el 26 de marzo de 1943, con comentarios sobre el protagonismo de los papeles privados, a pesar de las oscilaciones de precios (“Cambios y negocios en títulos, cereales y otros productos”, 27 marzo 1943, p. 17). El golpe militar no impedirá que en el segundo semestre de 1943 se superara el volumen negociado. A principios de diciembre se alcanzaron los $13,951 millones, con 21.119 acciones y 720 obligaciones negociables transadas. La crónica resumió la jornada como “otro día de gran animación en el mercado bursátil, que siguió muy entonado para todo y firme para los principales valores” (“Cambios y negocios en títulos, cereales y otros productos”, 4 diciembre 1943, p. 9).

A su vez, las sociedades anónimas formadas en la ciudad-capital lograron una mayor diversificación y capitalización. Más sociedades de responsabilidad limitada readecuaron el estatuto comercial para convertirse en “anónimas”. La profundización de la guerra en Europa continental, y el esfuerzo bélico en el océano Pacífico, no impidió que empresas extranjeras ingresaron al país. Tal fue el caso de la húngara Tungsram (1941), dedicada a fabricar lámparas y aparatos de radio, las norteamericanas Dewey & Almy Compañía Química (1941) y Kolynos (1941), de higiene bucal, la francesa Laboratorio Annecy (1942) y la sueca SKF (1942), especializada en rodamientos. Alrededor del 42 % del total aprobado por el IGJ se declaraban empresas metalúrgicas, tanto fabricantes como importadoras; otras más estaban volcadas a la explotación y procesamiento de minerales^[20], para la fabricación y comercio de una amplia gama de productos químicos (barnices, plásticos, pólvora, tinturas), farmacéuticos, medicinales y perfumería; le seguían compañías montadoras de máquinas-herramientas, algunas de precisión, instalaciones y artículos eléctricos y de telefonía, así como laboratorios de investigación científica. Una vez más, los capitales suscriptos y realizados fueron las señales de una mayor liquidez de la plaza porteña.

Cuadro 3. Autorización de Sociedades Anónimas por la Inspección General de Justicia y capitales declarados, en m$n 1941-1943

Año	Número	Autorizado $	Suscripto $	Realizado $
1941	151	164.831.900	52.502.230	20.761.757
1942	250	342.222.200	116.148.900	28.294.930
1943	244	271.620.000	79.146.000	13.013.520
1941-1943	645	778.674.100	247.797.130	62.070.207

Fuente: “Sociedades anónimas autorizadas durante el año 1941”, Monitor de Sociedades Anónimas, t. LXVII, N.° 436, febrero 1942, p. 33 y nómina de autorizaciones subsiguientes.

Con estos números de la actividad privada, las agencias estatales tomaron medidas y realizaron varias innovaciones. Todo sucedió más allá de las quejas sobre los costos del Estado y sin esperar cambios políticos rotundos. En la órbita del Ministerio de Guerra, se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares (ley 12709, 1941). Se constituyó como entidad autárquica, en la búsqueda de más minerales considerados estratégicos para la fabricación de materiales de guerra, y para dar impulso a la descentralización industrial por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Flores, 2021, p. 153). Por su parte, la Dirección General de Aduanas tomó como declaración los importes contenidos en las facturas comerciales, que sustituían las desactualizadas tarifas computadas según un cálculo que se venía realizando desde 1916. Todas las actividades acusaron impacto de la corrección de los valores de los bienes importados, que, sin ser una devaluación, reajustaron costos y precios internos.

Una consecuencia fue que otra vez más quedaron deprimidos los precios de bienes primarios. La Oficina de Investigaciones Económicas del BCRA reaccionó con un retoque en el índice de precios mayoristas (recordemos que todas las cotizaciones se tomaban exclusivamente de la plaza porteña). El “reajuste de cifras” intentaba, sin confesarlo, una compensación nominal de poder de compra en la canasta agropecuaria, con otro rebalanceo de ponderaciones de valores de granos, carnes, cueros, lana, productos lácteos y forestales.^[21] Así, en ese mismo julio de 1941, esta canasta obtuvo un módico 76,4 %, mientras los no agropecuarios llegaron a 168,1 %, con un nivel general de 148,4 %. Otra consecuencia fue la decisión del Ministerio de Hacienda de convocar a una comisión mixta, con funcionarios y delegados de entidades empresariales, para consensuar una “modificación de fondo” sobre aforos, derechos y clasificación de las mercaderías que entonces dejaron de importarse y se producían en el país. Se trataba de avanzar en el estudio de “partidas que aplican un mayor derecho a las materias primas que a los productos semielaborados y elaborados en los que aquellas entran como componentes”, sin descuidar el intercambio comercial existente ni los convenios vigentes.^[22]

Un dato curioso surge del cuarto censo escolar nacional, realizado en el otoño de 1943, a raíz de las declaraciones individuales sobre la condición laboral y productiva de los vecinos adultos del norte y del sur del Riachuelo. Se entrevistaron a los padres varones (no madres), que declaraban ocupación, con hijos entre cero y veintiún años. El 45,7 % de los padres porteños declaraban una actividad comercial; en cambio, el 43,7 % de los radicados en Avellaneda, Lanús y Quilmes declaraban una actividad industrial (RA, I 1948, pp. 333 y 505-506). Esta distinción, ¿refleja cambios en la composición de la ocupación porteña o era el resultado de una autopercepción urbana, respecto de la suburbana? Mientras, en agosto de 1943, la embajada argentina en Londres acordaba con el Ministerio de Alimentos de Gran Bretaña, en nombre de las Naciones Unidas, un contrato de dos años para venta de 1,5 millones toneladas de carne envasada para destinos tan distantes como las tropas aliadas en los frentes de combate occidental y la Unión Soviética (Monitor de sociedades anónimas, agosto 1943, p. 247).^[23]

Conclusiones

El interrogante sobre qué debe entenderse como una política industrial bajo los gobiernos de la Concordancia revela la existencia de un conjunto de medidas oficiales con efectos múltiples, quizá lejos de las ambiciosas políticas favorables al sector secundario que sucederán en la segunda posguerra. De ese conjunto de medidas, el efímero Plan Pinedo tuvo un impacto coyuntural, que llenó de expectativas públicas a la UIA. En la segunda mitad de la década de 1930, la actividad manufacturera se vio estimulada por los recursos humanos formados, la infraestructura urbana y suburbana disponible, el relativo bajo costo laboral, más las devaluaciones de la moneda, los mayores aranceles y las cuotas de importación. A partir de 1937, se sumaron los fondos disponibles de la JNG, los acuerdos bilaterales y las franquicias oficiales a las importaciones. Esta combinación de procesos infraestructurales y decisiones gubernativas explicaría la conformación de un distrito industrial que cubrió la demanda del mercado interno en expansión, que no dejó de recibir inversiones extranjeras y que cobijó un embrionario parque exportador de bienes terminados. Todo ocurrió con el mismo vértigo en que la Argentina pasó de sufrir la vuelta de la depresión de precios agrícolas al ingresar como un proveedor secundario al escenario bélico del Atlántico Norte.

En los 615 km² sucedieron más cosas. El menos comentado aquí fue la acelerada urbanización que extendió la densificación de las circunscripciones de la ciudad-capital a los municipios de Avellaneda, Lanús y Quilmes, en un vecindario con municipios residenciales, como Lomas de Zamora o Vicente López. En la franja en cuestión se establecieron plantas y depósitos de diferentes escalas (debemos añadir las flotas de camiones y camionetas para la logística y distribución). La concentración fabril consumió más de la mitad de las materias primas y electricidad, y elaboró en esa misma proporción los bienes manufacturados del país. Se trabajó a tiempo completo, dentro de una movilidad socioespacial de obreros, administrativos, familiares, personal técnico y jerárquico, algunos bajo convenio colectivo y otros por jornales diarios. Un cálculo conservador podría afirmar que estamos frente a una localización regional del producto bruto interno per cápita superior al resto del país y que se ubicaría entre las áreas con mayores ingresos de América Latina. El impulso se ve reflejado en el volumen físico de las importaciones arribadas al puerto de Buenos Aires, en 1939, que disminuyeron en 1941. En cambio, la disparada de los precios mayoristas exige una explicación más comprensiva, que incluya otra ponderación de valores importados en disminución y nacionales en crecimiento, además de un deflactor con un año-base de la década de 1930. ¿He aquí el modelo de una economía y sociedad industrial lista para ser replicada en el resto del país? Pudo ser un deseo implícito, cuando Fabricaciones Militares tuvo entre su misión institucional la descentralización fabril de la franja en cuestión. La reglamentación a escala nacional de la firma de convenios laborales por rama de actividad, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en noviembre de 1943, obró como un incentivo en esa vía. Pero no podemos omitir que la misma dinámica política de los militares nacionalistas también amplió la concentración fabril, hasta tomar forma el primer anillo en el sudoeste, continuado en el oeste del Gran Buenos Aires.

Las oposiciones binarias citadas en la introducción dan paso a una visión de mayor amplitud y matices cualitativos del distrito industrial. Aquí convivieron diferentes productividades y nichos de mercado. Por ejemplo, los talleres de menos de cinco obreros, con dificultades en el llenado del formulario de la encuesta y la declaración contable al fisco (podemos deducir las dificultades en el acceso al crédito) y el notable crecimiento de la composición de la subrama de productos químicos, farmacéuticos y médicos, a pesar de la falta de fuentes fiables y actualizadas para testear su desempeño. Mas no debemos olvidar que la continua creación de sociedades anónimas y la movilidad de capitales estimularon la inversión en la construcción de edificios de oficinas en el microcentro, en las circunscripciones porteñas de Montserrat y San Nicolás, antes de la sanción de la primera ley sobre propiedad horizontal (1952).

A partir de la exploración realizada, ¿qué decir de la CIPPE, el Comité y la CPI? En esta reconstrucción, salta a la vista el decisivo y discreto protagonismo de la primera, la concepción corporativista estatal-societal de la segunda y las relativas chances de la Corporación, según los dichos de Raúl Prebisch (hasta octubre de 1943, gerente general del BCRA y responsable de las divisas para operar en el comercio exterior). En otoño de 1944, las tres quedaron subordinadas a los ambiciosos objetivos macroeconómicos del Consejo Nacional de Posguerra. Nada impidió la participación de las exportaciones manufactureras no tradicionales en un 11 %. Resta desagregar la composición de las toneladas importadas y exportadas, en 1943, para profundizar el despliegue productivo de las ramas y subramas citadas, “Substancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas”, “Metales y sus manufacturas”, ferrosos y no ferrosos, “Maquinaria y vehículos” y “Vidrios y cristales”. El interés aquí se relaciona con el valor agregado que articularon sobre el resto de las ramas secundarias.

Quedan sugerencias dispersas. Por ejemplo, las tesis bienintencionadas de Jorge Abelardo Ramos, sobre pequeñas industrias amparadas por el Plan de Gobierno 1947-1951, ¿conectan con los talleres segregados en la estadística industrial de 1941 y que serán reintegrados al empadronamiento del censo industrial de 1947? Sobre la propuesta de Marcelo T. de Alvear, materializada por Roberto M. Ortiz, de promover industrias que usaran materias primas extranjeras,^[24] ¿sugiere la existencia en la UCR de otra línea directriz de política económica? Asimismo, existen fuentes que refieren a empresarios argentinos en viaje al exterior con apoyo diplomático, ¿quiénes fueron? Hacia adelante quedará el próspero quinquenio 1944-1948, que sin duda se expandió sobre esta base fabril, entrelazado con la desconfianza patronal y las ambiciosas directivas del nacionalismo económico.

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